¿Y la emergencia climática?

La urgencia por tomar acciones para reactivar la economía en medio de la actual emergencia sanitaria podría dejar de lado estrategias que hoy se perciben como menos rentables. Tal es el caso de la emergencia climática, que también requiere incurrir en costos para afrontarla.

Según el Índice de riesgo climático global, el Perú fue el tercer país más vulnerable en América del sur frente a los eventos vinculados al cambio climático en el periodo 1998-2018 (Ekckstein y otros, 2019). Además, en sectores como agricultura, los impactos del cambio climático generarían una potencial reducción en los ingresos de los productores de entre 8 y 13%, dependiendo de cuánto aumente la temperatura (Galindo y otros, 2015).

Hoy, las acciones tomadas para hacer frente a la COVID-19 han afectado nuestras finanzas públicas. El país ha debido priorizar estrategias y recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, revela que la deuda pública del Perú como porcentaje del PBI se incrementaría en 8.8 p.p. respecto a lo registrado en el 2019. Asimismo, según el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, el presupuesto del Estado por fuente de recursos ordinarios se reduciría en 15 p.p. respecto al 2020.

El sentido de urgencia y las decisiones políticas ante la emergencia medioambiental son aún insuficientes en América Latina (Bárcena y otros, 2020). En el Perú, el deterioro de las finanzas públicas debido a la pandemia deja poco espacio para hacer frente a los impactos del cambio climático. En un escenario normal, el país podría acceder a fondos no reembolsables y al financiamiento a través de bancos multilaterales o bilaterales, estos últimos estarían supeditados a la capacidad del Estado para reactivar la economía.

Por ello, surge como opción de financiamiento el acceso fondos climáticos no reembolsables. En el 2016, el Perú accedió a 15.98 millones de dólares provenientes de fondos climáticos. No obstante, esta cifra representó el 3.5% del total del financiamiento climático del país y el 3.6% de la cartera de fondos provenientes de fondos climáticos para América Latina y el Caribe ese mismo año (Samaniego & Schneider, 2019).

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) es una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París. En el 2015 inició operaciones, al año siguiente financió su primer proyecto en el Perú y un segundo proyecto desarrollado en América Latina y África Subsahariana. El Perú también ha participado en programas de preparación para acceder a más recursos del fondo. Sin embargo, a la fecha se ha beneficiado menos de estos fondos en comparación a otros países de la región:

En este contexto de escasez de recursos, se vuelve más importante alinear las políticas de desarrollo nacional con las metas climáticas. Además, tomar acciones que puedan incorporar ambas emergencias como parte de las prioridades nacionales hacia un desarrollo sostenible.

El país tiene en los fondos climáticos una oportunidad de acceder a financiamiento no reembolsable que permita implementar proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Aunque por su magnitud no serán suficientes para hacer frente a todos los compromisos que el Perú ha asumido la CMNUCC, estos fondos son una oportunidad de financiamiento que deberá utilizarse eficientemente. Por ejemplo, priorizando intervenciones que no solo generen un impacto positivo en el medioambiente, sino que tengan el potencial de reactivar la economía.

Por: Roxana Vivar y Mauricio Ibáñez, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente