Tregua y contrarreforma

La moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo discutida esta semana se quedó a solo seis votos de ser admitida. Aunque el gobierno ha presentado este desenlace como un triunfo político, lo cierto es que pasar esta prueba raspando a los cinco meses de gestión no parece ser un inicio auspicioso. Si el presidente sigue sumando indicios de corrupción y continúa con su estrategia de no dar una sola respuesta a la ciudadanía o la prensa sobre casi ninguna materia, lo más probable es que otra moción de vacancia llegue más temprano que tarde. Por lo tanto, en lugar de tomar el resultado como una victoria, el presidente debería leerlo como un serio llamado de atención.

En lo que respecta a las bancadas de oposición, lejos de enfocarse en buscar una nueva vacancia, harían bien en empezar por donde tendrían que haber comenzado: censurando a ciertos ministros que no deberían permanecer un día más en el cargo; y es que resulta francamente incoherente que, mientras el Pleno buscaba la vacancia presidencial, haya tratado con tanta benevolencia a los ministros de Transportes y de Educación en sus sesiones de interpelación.

En el caso del ministro de Transportes, Juan Silva –abiertamente en contra de la reforma de su sector, quien ofreció las cabezas de la ATU y Sutran y la condonación de multas a gremios de transportistas–, su moción de censura mereció el apoyo de solamente 29 congresistas. Respecto del ministro de Educación, responsable político de la filtración del examen para el nombramiento de docentes, su sesión de interpelación fue francamente un saludo a la bandera ante un Pleno casi vacío.

Si el Congreso exige al presidente Castillo que esté a la altura del encargo –lo que está muy bien–, debería también asumir el rol que le corresponde; y este pasa por interpelar y censurar a los malos elementos del gabinete antes que buscar una vacancia. Pero, por lo visto, pareciera que lo que realmente mueve a las bancadas es una motivación política más que un genuino interés en ejercer un rol de fiscalización y contrapeso al Ejecutivo.

Educación en jaque

Hace dos semanas advertí en este espacio que se venía un esfuerzo concertado de diversas bancadas para petardear la reforma universitaria. Las peores sospechas se han confirmado: el viernes la Comisión de Educación aprobó dos predictámenes que son bombas para esta importante política de Estado. El primero de ellos da un plazo adicional de dos años a las universidades privadas sin fines de lucro con licencia denegada para que tengan una segunda oportunidad de licenciamiento. El segundo busca recomponer el Consejo Directivo de la Sunedu para volver al modelo de la Asamblea Nacional de Rectores, en la que los regulados eran también los reguladores.

Como he referido antes, la reforma universitaria es, quizás, la única política de Estado realmente exitosa que se ha podido implementar en el último tribulado quinquenio. Su concreción ha permitido poner un piso mínimo a nuestra calidad universitaria y ha detenido la impune estafa de la que eran víctimas 250,000 jóvenes peruanos y sus familias.

La defensa de esta reforma debería ser un elemento que una a los actores políticos de todo el espectro. ¿Qué explica esta votación entonces? La respuesta es tan evidente como vergonzosa: la defensa de intereses económicos particulares. Una no tan sutil forma de corrupción que une tanto al oficialismo como a la oposición.

Afortunadamente estas dos iniciativas aún deben pasar por el Pleno, y los ciudadanos no vamos a permitir que las ganancias de los mercachifles de la educación pesen más que el interés ciudadano.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 12 de diciembre de 2021 en el diario Perú21.