A finales del año pasado, casi el 70% de pacientes diabéticos no tenía la enfermedad controlada; es decir, presentaba niveles de azúcar en la sangre superiores a lo óptimamente establecido (Minsa-CDC, 2023). Ello aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones renales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Según datos del estudio “Estimación de la carga económica de la diabetes mellitus tipo 2 en el Perú” realizado por Videnza Consultores en 2021, esto puede llegar a costar al Estado hasta 6.5 veces más que atender un paciente controlado.

¿Hasta qué punto las intervenciones tradicionales de política sanitaria pueden revertir esta preocupante situación? Es innegable la importancia de fortalecer el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención, incrementar la disponibilidad de recursos físicos, humanos y farmacológicos, y reforzar el sistema organizacional. Sin embargo, esto podría no ser suficiente.

Uno de los grandes desafíos para hacerle frente a la diabetes recae en su naturaleza crónica. Dada la ausencia de una cura efectiva, el control de la enfermedad depende, en gran medida, de cuán constante sea cada paciente con su tratamiento. Ello implica no solo la toma oportuna de los medicamentos prescritos y chequeos médicos regulares, sino también el seguimiento de una dieta balanceada, un régimen regular de actividad física y el abandono de vicios como el consumo de cigarrillos.

Este cambio de comportamiento resulta muy difícil de cumplir para la mayoría de pacientes, incluso cuando cuentan con toda la información necesaria para hacerlo. Y es que las personas no somos completamente racionales; no siempre estamos buscando optimizar recursos o maximizar nuestra utilidad. Por el contrario, nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones, instintos, preferencias y nuestro entorno social. Así, los pacientes diabéticos presentan una serie de sesgos que les impiden adoptar sostenidamente las medidas necesarias para controlar su enfermedad.

Según este estudio realizado en Argentina, entre los principales sesgos están el exceso de confianza y optimismo: los pacientes se resisten en reconocer la envergadura de su enfermedad, menosprecian sus repercusiones y, por ende, se involucran en conductas de riesgo como faltar a sus controles médicos o retrasar su tratamiento. Además, existe un marcado sesgo hacia el presente que los lleva a darle más valor a la satisfacción inmediata (como comer un antojito o mantener el sedentarismo), que a los beneficios futuros, incluso cuando saben que estos últimos pueden ser mayores. Y ejercer autocontrol es agotador y tiende a deteriorarse a lo largo del tiempo. Los autores definen a esta conducta como agotamiento del ego, que dificulta tremendamente mantener conductas saludables en el largo plazo.

Considerando lo anterior, resulta evidente que incluso el mejor tratamiento médico solo podrá ser eficaz con un cambio en la actitud del paciente. Una aliada para aportar con soluciones es la economía del comportamiento con la implementación de intervenciones nudge. Estas consisten en influir en el comportamiento de las personas mediante modificaciones en la “arquitectura de la elección”. Al alterar sutilmente su entorno social y físico, buscan impulsar cierto tipo de conductas pero sin restringir opciones u obligar a tomar una opción en particular (Kwan, y otros, 2020; Yoong, y otros, 2020).

Diversos estudios concuerdan que las intervenciones nudge ofrecen un enfoque prometedor para tratar la diabetes. Entre las estrategias más comunes destacan la configuración de opciones predeterminadas, las alertas o recordatorios, la influencia y el modelamiento social.

La primera consiste en establecer opciones predeterminadas que faciliten el camino hacia el comportamiento deseado (Wolf, Sant’Anna, & Vilhelmsson, 2022). Por ejemplo, se puede optar por establecer fechas predeterminadas para citas médicas de seguimiento para aquellos pacientes que asisten previamente a una. De esta manera, sin esfuerzo adicional se impulsaría a los pacientes a continuar con sus controles. Las alertas o recordatorios también han logrado resultados efectivos para la consistencia en el tratamiento médico. (Kwan, y otros, 2020). Finalmente, la influencia y el modelamiento social han sido estrategias utilizadas para motivar a los pacientes a implementar comportamientos más saludables. Sesiones para compartir experiencias los incentivaron a mejorar su dieta, actividad física, automonitoreo y control de su enfermedad (Kwan, y otros, 2020).

En definitiva, comprender la naturaleza del comportamiento de los pacientes diabéticos resulta esencial para controlar y combatir esta enfermedad. Las intervenciones nudge pueden constituir herramientas valiosas que, bien diseñadas y adaptadas al contexto particular de la población peruana, permitirían superar las barreras conductuales que hoy limitan el éxito de los tratamientos.

Realizado por: María Laura Rosales y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Por eso, a inicios de año lanzamos “Propuestas del Bicentenario”, donde planteamos acciones técnicas para superar la actual crisis y sentar las bases para el desarrollo social, económico y ambiental que el Perú se merece. Anhelábamos que el Gobierno 2021-2026, independientemente de quién lo liderara, tuviera una línea clara con la cual empezar a trabajar desde el primer día y que fuera coherente con la realidad del país y sus prioridades sectoriales.

Lamentablemente, el Gobierno de Castillo no está caminando en esa dirección. Mientras se dispara al pie, activa alarmantes señales de desconfianza e incertidumbre en la población y va dejando cada vez más cojo a nuestro querido país. La opacidad con la que viene despachando el presidente, sin registros de actividades y de las personas con las que se reúne, y la negativa a que la prensa cubra sus actos, son inaceptables.

Se ha discutido mucho estos días sobre la escandalosa inexperiencia y falta de visión del gabinete del señor Guido Bellido, inadmisible para nosotros desde un punto de vista democrático y meritocrático. También sobre cómo se viene contratando en el Ejecutivo a personas que carecen de los requisitos mínimos de idoneidad profesional y ética para desempeñar dichos cargos.

Habiendo tantos cuestionamientos incluso sobre la legalidad de ciertas designaciones –es el caso del ministro del Interior, que juró al cargo siendo aún fiscal en Lambayeque–, ¿cómo van a tomar decisiones los servidores públicos? ¿Qué garantía existe para la continuidad de las políticas públicas vigentes?

Desde “Propuestas del Bicentenario” insistiremos en seguir poniendo en el debate las medidas planteadas. Nos enfocaremos en las regiones y haremos seguimiento de indicadores claves por ejes sectoriales. Con el foco siempre centrado en el ciudadano, propondremos políticas públicas que permitan llevar servicios básicos como agua, educación y salud de calidad a la población, políticas que fomenten la competencia, velen por la estabilidad fiscal y promuevan la inversión privada, que es la que más riqueza genera en el país.

El Gobierno de Pedro Castillo debe entender que, sin la búsqueda de consensos y sin apelar a gabinetes de ancha base con experiencia en cada uno de los sectores, será imposible superar los retos que enfrenta el país.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 08 de agosto del 2021 en el diario La República.

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En el 2018, un equipo de Videnza Consultores analizó de cerca la realidad de la lucha contra la anemia en cinco regiones del país: Arequipa, Ucayali, Huancavelica, Lima y Callao. Además, trabajamos con data sobre el estado nutricional en niños y las características asociadas a la condición de anemia; es decir, a tener baja concentración de hemoglobina en la sangre. Sobre esa base resumiremos algunos puntos importantes a nivel operativo que involucran a los hogares, la oferta de servicios de salud y las autoridades locales.

En primer lugar, para entender la conducta de los hogares es preciso saber que, desde el 2009, se promueve el uso de micronutrientes como complemento a la ingesta diaria de alimentos. Asimismo, la norma técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia establece el uso de jarabes o gotas de sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico para el tratamiento de la anemia leve o moderada en niños menores de tres años. Sin embargo, el porcentaje de ellos que, según el INEI, consumieron suplementos de hierro en los últimos siete días asciende al 29.8% en zona urbana y al 35.6% en zona rural. Es decir, solo uno de cada tres niños a nivel nacional consume suplementos de hierro.

Esta baja adherencia —entendida como el seguimiento que un paciente hace de las recomendaciones dadas por el personal médico— responde tanto a conductas en los hogares como a la oferta en servicios de salud. Según la Defensoría del Pueblo, algunos hogares en Lambayeque han advertido la entrega de micronutrientes vencidos en establecimientos de salud, mientras que en Tumbes se repartieron micronutrientes muy próximos a la fecha de vencimiento. Asimismo, en las regiones visitadas por Videnza Consultores se hizo mención de la baja adherencia del sulfato ferroso debido a los efectos secundarios adversos que genera su consumo. Ambas circunstancias producen desconfianza entre los hogares. En consecuencia, para aumentar la eficacia del tratamiento preventivo y terapéutico contra la anemia es preciso mejorar la comunicación y el alcance de información nutricional, así como el acceso a esta información en los hogares.

Además, existen disparidades en el tratamiento contra la anemia por nivel socioeconómico. Contra lo que muchos pueden suponer, los dos quintiles más ricos muestran el mayor incremento en la prevalencia de anemia: 4.7% y 0.9%, respectivamente. En cambio, los otros tres quintiles muestran en promedio una reducción de 1.3%. Ello hace pensar que, si bien el enfoque de intervenciones debe estar en aquellos hogares con menores recursos, no se debe descuidar el alcance de información nutricional oportuna para toda la población. Por ejemplo: la importancia de darle a los niños alimentos ricos en hierro, tales como el hígado y la sangrecita.

En segundo lugar, la oferta en servicios de salud incluye, también, el tamizaje de descarte de anemia en los establecimientos del primer nivel de atención. Al respecto, la norma señala que es en ellos donde se reparten los suplementos de hierro necesarios para el tratamiento del niño. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, el 22% del dicho personal de salud reconoce que carecen de suficientes medicamentos e insumos para el control de la hemoglobina.

Finalmente, es pertinente señalar que el compromiso de las autoridades de los establecimientos de salud y de los gobiernos locales favorece a la ejecución de los planes regionales y locales de lucha contra la anemia. Esta premisa se pudo corroborar en Arequipa, donde existe un plan de lucha contra la anemia elaborado sobre la base de las experiencias de las redes y microrredes de salud. En él, son los mismos directores quienes plantean sus metas de seguimiento, lo cual favorece su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo señala que, de un total de 25 regiones, 21 de ellas presentan un plan regional de lucha contra la anemia, de las cuales solo seis reconocen acciones intergubernamentales con gobiernos locales: Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y Tacna. En todas, salvo Tacna, la prevalencia de anemia se redujo del año 2016 al 2017.

De no tratarse en los primeros años de vida, la anemia acarrea consecuencias irreversibles. Erradicarla pasa por sustentar con evidencia las fallas y críticas a nivel operativo del plan de lucha contra la anemia para poder plantear medidas correctivas oportunas y eficientes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Mauricio Ibañez, presidenta y analista de Videnza Consultores, respectivamente

Ilustración: José Antonio / Videnza Consultores.

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La sociedad civil incluye a todas aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal: ONG, grupos de afectados, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, organizaciones religiosas, instituciones académicas, sociedades culturales, entre otras. Su trabajo nace de la motivación por el interés público y no del beneficio personal. De allí su preocupación por temas como los derechos humanos, la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

Una sociedad civil fuerte y organizada tiene más capacidad y autonomía para exigir el cumplimiento de sus derechos, puede promover cambios y asegurar la correcta inversión de los fondos públicos, la adecuada implementación de las políticas estatales y la incorporación de cuestiones básicas como interculturalidad y género en las agendas y los planes del Estado. Es más, su participación es reconocida en el marco normativo nacional y regional: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 17, la incluye como parte de los principales actores con los cuales coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno central. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promueve su participación en la fiscalización de la gestión administrativa regional, cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios.

Sin embargo, la participación de la sociedad civil también enfrenta retos: al estar fragmentada, sus representantes no necesariamente llevan la voz colegiada de sus miembros, y su participación es predominantemente voluntaria, por lo que deben compartir sus actividades de representación con su trabajo. Además, pueden tener posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, como es el caso de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional.

En un mundo cada vez más interconectado, ¿qué mecanismos podemos emplear para fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de un país? Por ejemplo, ¿puede la tecnología promover Gobiernos más inteligentes y participativos? Un análisis interesante lo encontramos en el libro “Civic Tech: Assessing Technology for the Public Good”, del Banco Mundial (2017). Estudia el uso de 23 plataformas digitales diseñadas para aumentar la participación de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios.

Los autores plantean dos preguntas centrales: ¿la tecnología facilita la participación de los individuos que están habitualmente excluidos? En otras palabras: ¿fortalece aún más a las personas que ya están empoderadas? Y la segunda pregunta se refiere a la capacidad de respuesta del Gobierno, pues contestar hoy es más difícil que nunca dada la avalancha de información. Estas dos interrogantes son un punto de partida interesante para discutir y lanzar propuestas, pues debemos tener claro que, como sociedad civil, podemos impactar directamente en nuestro desarrollo. Los verdaderos cambios sociales los impulsamos todos nosotros.

Realizado por: María del Pilar Pinto de la Sota, investigadora principal de Videnza Consultores

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