En diciembre de 2020, el Growth Lab del Center for International Development de la Universidad de Harvard, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, realizó un estudio sobre las posibilidades de crecimiento inclusivo en Loreto. Concluyeron que Loreto no está aprovechando al máximo sus capacidades. ¿Qué lo impide?

Una de las barreras identificadas es lo que el Growth Lab denomina el autodescubrimiento; es decir, la capacidad de averiguar qué industrias tienen potencial en la región y, luego, asignar los insumos necesarios —públicos y privados— para efectivamente lograr su desarrollo. Ahora bien, identificado el problema, corresponde plantear una solución.

Una propuesta del estudio para superar esta barrera es la creación de una Oficina Descentralizada de Desarrollo Productivo. Esta deberá liderar la coordinación público-público y público-privada e integrar los planes y programas que ya existen en la región. Además, podría asumir el rol de promoción y atracción de inversiones. Una figura similar a esta propuesta, las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), se ha venido implementando con éxito en diferentes localidades del país.

Las ARD funcionan como un mecanismo de coordinación intersectorial e intergubernamental. Buscan impulsar y fortalecer la competitividad de los territorios mediante la promoción de cadenas productivas priorizadas (PCM, 2019). Al ser espacios de diálogo y discusión entre los diferentes actores territoriales, involucran a representantes de los sectores público, privado, academia y de la sociedad civil organizada. Con ello, buscan potencian el desarrollo económico en cada territorio de la mano con la innovación y la garantía de sostenibilidad ambiental y social. Además, unir esfuerzos locales contribuirá a mejorar la competitividad regional. Esto deriva en menores desigualdades y una descentralización efectiva (El Peruano, 2021).

En 2018 se inició el proceso de implementación de las ARD en siete departamentos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, San Martín y Piura. Y este año se están implementando otras cuatro agencias en Áncash, Huánuco, Tacna y Tumbes. La meta para fines de 2021 es contar con 12 ARD implementadas.

En 2019, las siete ARD ya implementadas lograron hitos relevantes: sensibilizar a los actores participantes sobre el concepto de la ARD; construir y desarrollar la gobernanza de la ARD; elaborar la Estrategia de Desarrollo de Innovación Regional (EDIR), y promover proyectos de inversión pública y privada en ejecución sobre la base de las EDIR.

Las ARD nos demuestran cómo la implementación de estos mecanismos institucionales puede adaptarse a los diferentes departamentos para enfocarse en sus necesidades y fomentar sectores específicos con el aporte de los diferentes actores. Consideramos que estas agencias, en las que se prioriza la articulación de actores estratégicos, deben replicarse en Loreto. La propuesta del Growth Lab justamente se alinea con el objetivo de establecer los canales de comunicación y fomentar actividades específicas que contribuyan al crecimiento sobre la base de criterios de sostenibilidad y de innovación. Sería un primer paso importante para encaminar a Loreto hacia un crecimiento sostenible.

Realizado por: Roxanna Vivar y María Alejandra Ormeño, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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“Hoy tenemos desconfianza hacia los genéricos, lo que lleva a adquirir ‘productos de marca’ más costosos”.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Uno de sus objetivos tangibles es garantizar la accesibilidad a medicamentos genéricos, que hoy se entregan en los hospitales del Estado, pero que no son promocionados en farmacias privadas. La iniciativa pone de relieve la importancia de tener un mercado más competitivo con productos seguros, eficaces y de calidad. Además, plantea la necesidad de contar con información consistente y transparente, aunque no se precisa cómo se logrará este objetivo ni tampoco aborda un tema clave postergado: la necesidad de contar con trazabilidad de los recursos para gestionar y verificar que realmente llegan a donde se necesitan.

Veamos otros aspectos que deben afinarse. El sector público es responsable del 70% de la adquisición y distribución de medicamentos en el país. En su mayoría adquiere productos genéricos (salvo excepciones, como los oncológicos) y consigue los mejores precios gracias a compras corporativas anuales (todavía no oportunas, por cierto). Sin embargo, como señala el proyecto, entre el 25% y el 30% de la población no tiene acceso a medicamentos esenciales. Además, si bien el 80% de usuarios que acude al sistema de salud recibe una receta médica, casi uno de cada dos debe comprar las medicinas en farmacias privadas por falta de disponibilidad en los establecimientos públicos. Ante este escenario, cabría suponer que el problema es el (des)abastecimiento en el sector público. Sin embargo, el proyecto propone exigir inventarios físicos de genéricos a farmacias y boticas privadas. Es decir, se demanda al particular lo que el propio Estado no cumple. Además de generar sobrecostos, ¿cómo se aplicará esta parte de la ley? Y si es una buena medida, ¿por qué no pedirle lo mismo al público?

En lo que deberíamos trabajar es en precisar cómo hacer que el privado participe en el mercado de medicamentos de manera que añada valor al sistema y contribuya a atender demandas insatisfechas. Un mecanismo interesante para abordar el problema del acceso a medicamentos son las farmacias inclusivas, cuyo DL (1165) está vigente desde el 2013. Aunque necesitan repensarse para una ágil implementación, permitirían al Estado reforzar su red de atención apoyándose en cadenas y boticas particulares para que los pacientes reciban sus medicinas, bajo los términos y condiciones que el Gobierno establezca. Además, reducirían el problema de gasto y combatirían el mercado ilegal de medicamentos si se fortalece a los formales y se emplea el poder de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Cómo fomentar el uso de genéricos en el país? Empecemos por implementar efectivamente la Ley 29459, promulgada en el 2009. Por ejemplo, con la exigencia de que el Ministerio de Salud establezca, de modo completo, la reglamentación y los procedimientos para la intercambiabilidad de medicamentos, y priorice los productos de mayor riesgo sanitario. Esto permitiría garantizar que los medicamentos genéricos que se comercializan en el Perú han demostrado el mismo efecto terapéutico que su par de marca. Es decir, que además de tener los mismos insumos y la misma cantidad de sustancia activa, son igual de efectivos. Lo que tenemos hoy es desconfianza hacia los genéricos, lo que lleva a adquirir “productos de marca” más costosos. Con la implementación de la exigencia, un ciudadano podría comprar el genérico sabiendo que funciona igual que el original. Incluso se puede añadir en el rotulado un color o característica que permita identificar con facilidad a un medicamento intercambiable.

Es fundamental, también, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) agilice sus procesos. Esto considerando que demoró diez años en publicar el Reglamento de Intercambiabilidad, pero solo incluyó siete productos de un total mayor a 1.000. De seguir a ese ritmo necesitaríamos dos siglos para tener un mercado de genéricos de verdad. Y el cuidado de la salud no puede esperar.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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