Urge fortalecer el primer nivel de atención, para que cuente con profesionales de la salud con capacidad de resolver los problemas de la población que atienden. Además, que cuente con un sistema de historia clínica electrónica y plataformas de información interconectadas que permitan ahorrar tiempo y costos a los pacientes y al sistema, que opere en red para la referencia y contrarreferencia de pacientes, y que ofrezca los medicamentos que el médico receta.

Para lograr buenas prácticas de atención y gestión de información necesitamos alianzas entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a los asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecida en un contrato, lo que permitía tener menor tiempo de espera para las citas médicas, mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, mayor percepción de calidad, entre otros. Cada establecimiento de salud tenía asignada una determinada población a la que debía dar promoción, prevención y atención en salud.

Para incentivar a los prestadores de salud a lograr resultados sanitarios a menores costos, en las UBAP se optó por el financiamiento ca-pitado, donde a cada asegurado se le asignaba una tarifa a cambio de un determinado paquete de prestaciones de salud. Y se disponía de una plataforma digital para la historia clínica electrónica que permitía la trazabilidad de las atenciones brindadas y facilitaba otros procesos de soporte. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y tenía menor margen para la corrupción. Pese a todo ello, fue desactivado durante el gobierno de Pedro
Castillo. Es decir, en lugar de replicar las experiencias exitosas, aquí se eliminan.

Otro ejemplo de alianza público-privada que permite mejores resultados para los pacientes a menores costos es
Farmacia Vecina, un programa de Essalud que opera exitosamente en colaboración con la empresa Salog. Farmacia
Vecina convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos.
Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinasen lugares cercanos a su hogar. Este servicio es especialmente vital para los pacientes con enfermedades crónicas.

En conclusión, los retos para tener un sistema de salud de calidad en nuestro país son muchos, pero todos pasan por que el Ministerio de Salud asuma la labor rectora que le corresponde. Sin ello, los peruanos no tendremos la salud que necesitamos.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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La Federación Mundial de la Obesidad, con sede en Londres, acaba de publicar su Atlas Mundial de la Obesidad 2024. Y las cifras son escalofriantes. Las estimaciones de los niveles mundiales de IMC elevado sugieren que casi 3.300 millones de adultos podrán padecer obesidad en el 2035, frente a los 2.200 millones del 2020. Esto significa un aumento del 42% al 54% en obesidad en adultos en un lapso de 15 años. En el caso de los jóvenes de entre 5 y 19 años, en ese mismo período la cifra aumentaría del 22% con IMC elevado (430 millones) a más del 39% (770 millones) en el 2035.

Veamos más señales de alerta del citado atlas: de los 41 millones de muertes anuales en adultos como consecuencia de enfermedades no transmisibles (ENT), cinco millones se deben a un IMC elevado. Casi cuatro millones de ellas responden únicamente a la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías coronarias y el cáncer. Un IMC elevado es responsable de más de 120 millones de años-persona perdidos cada año solo por estas cuatro ENT.

De mantenerse estas tendencias, para el 2035 más de 750 millones de niños (de 5 a 19 años) vivirán con sobrepeso y obesidad. Esto equivale a dos de cada cinco niños en todo el mundo. Además, el informe destaca que tres cuartas partes de estas muertes y enfermedades evitables en adultos se producirán en países de renta media. Es decir, las poblaciones más pobres son y seguirán siendo las más perjudicadas por la obesidad.

Por su elevado IMC, estos 750 millones de niños correrán un mayor riesgo de sufrir los primeros síntomas de ENT durante su infancia. Según los mismos cálculos, para el 2035, 68 millones de niños padecerán hipertensión arterial, 27 millones vivirán con hiperglucemia y 76 millones tendrán el colesterol HDL (el colesterol bueno) bajo. Es decir, estos niños ingresarán a su adultez ya encaminados a sufrir accidentes cerebrovasculares, diabetes y cardiopatías.

El documento destaca que, de no adoptar medidas importantes y coordinadas, cada vez más personas morirán prematuramente por obesidad o por alguna de las enfermedades atribuibles a ella. Además, las ENT asociadas a la obesidad, que antes afectaban únicamente a los adultos, serán cada vez más frecuentes en niños.

Para el Perú, según las tendencias actuales, el número de adultos con IMC elevado crecerá 2,3% cada año en el período 2020-2035. Entre los niños, este crecimiento se calcula en 2,1% anual.

Si bien la prevención y el tratamiento de la obesidad demandan una inversión hoy, el costo de no prevenirla y tratarla será mucho mayor. En su edición del año pasado, este atlas advertía que el IMC elevado reducirá la economía mundial en más de US$ 4.000 millones de millones en el 2035, casi el 3% del producto interno bruto mundial. Esta cifra, señaló, es comparable al impacto del COVID-19 en el 2020.

A inicios de marzo, la prestigiosa revista científica “The Lancet” publicó un estudio que revela que el exceso de peso, factor de riesgo para decenas de enfermedades, ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de países. Señala que entre niños se ha cuadruplicado en tres décadas y en los adultos casi se ha triplicado. La investigación recopila datos de más de 3.600 estudios y analiza la evolución de obesidad y el bajo peso en el mundo entre 1990 y el 2022. Confirma una consolidación de dos fenómenos paralelos: mientras caen las cifras de insuficiencia ponderal –esto es, un bajo peso para la edad de una persona producto de una insuficiente alimentación–, gana terreno la obesidad.

El estudio precisa que el exceso de peso es tan malo como una alimentación deficiente, porque son dos caras de una misma moneda. Y que, mientras la malnutrición está asociada a problemas de salud a lo largo de la vida y la desnutrición supone un riesgo de muerte prematura, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer o la diabetes y la hipertensión, precursora, a su vez, de dolencias cardiovasculares.

Tenemos que entender que la obesidad no es –solo– un problema estético. Es un tema muchísimo más complejo, con causas que van mucho más allá de una correcta alimentación y consecuencias, literalmente, de vida o muerte. Que esta pandemia no nos tome desprevenidos.

Columna de opinión realizada por Janice Seinfeld, presidenta del directorio de Videnza, y publicada el 11 de marzo de 2024 en El Comercio.

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Era el sexto mes del 2023 y ya habían muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, cuando un fenómeno de El Niño costero intensificó la expansión de esta enfermedad. Alertábamos sobre que, en los últimos dos años, el Minsa había dejado de realizar un control vectorial riguroso, que no es otra cosa que buscar casa por casa la presencia del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Hoy, ya tenemos la más alta tasa de letalidad de América del Sur y, al cierre de la semana epidemiológica número siete, se había registrado 50% más casos que en el 2023, que ya venía como récord histórico. Esto considerando que es probable que en las últimas semanas se esté presentando un subreporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que puede afectar las decisiones que se adopten.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Su titular, César Vásquez, ha señalado que Áncash, La Libertad, Ica y Piura serán declaradas en emergencia sanitaria por casos de dengue, pero que el decreto saldría en las próximas semanas. ¡No podemos esperar! A estas alturas, lo que queda es declarar cuanto antes la emergencia sanitaria nacional por la epidemia de dengue este año, para poder disponer de mayores recursos, prevenir el colapso del sistema de salud y, sobre todo, evitar que las muertes se incrementen.

Para variar, estamos muy tarde: para campañas de fumigación, para vacunación, para control preventivo. Lo que se requiere es asegurar atención médica a los contagiados. El Minsa necesita definir cuál será la estrategia y cómo pretende enfrentar la ola de casos. Como lo hemos repetido tantas veces en este espacio: asumir de una buena vez su rol como ente rector del sector salud. Vásquez ha señalado que se reforzará la respuesta del Gobierno central, municipios y gobiernos regionales, pero no sabemos cómo.

El 12 de febrero último, el “New York Times” publicó una nota titulada: “Brasil, en emergencia por el dengue, presagia una crisis de salud en América”. Señalaba que el Ministerio de Salud del Brasil “tiene previstos más de 4,2 millones de casos para este año, por encima de los 4,1 millones de casos que registró la Organización Panamericana de la Salud en los 42 países de la región el año pasado”. Ante este escenario, nuestro vecino inició una campaña de emergencia para vacunar a niños en áreas con las tasas más altas o de mayor riesgo de transmisión de dengue, pero esto llegó muy tarde para combatir el actual brote. Sin embargo, anuncia que el ensayo clínico de una vacuna que se probó en el Instituto Butantan, un centro de investigaciones de salud pública en São Paulo, halló que protegía al 80% de los vacunados de desarrollar la enfermedad viral del dengue. De aprobarla el Gobierno Brasileño, empezarían a entregarlas en el 2025. Ojalá así sea.

Mientras tanto, coincido con el experto Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular, quien en un reciente tuit señalaba cómo el actual panorama de desborde del dengue “obliga a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para controlar” su transmisión. Y destacó algo fascinante: una “estrategia emergente de uso de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que interfiere en la transmisión del virus del dengue a los humanos”. Explicó que desde la primera liberación de estos mosquitos con Wolbachia, en Australia en el 2011, la medida ha mostrado resultados prometedores en más de 50 ciudades en 13 países. “Estudios en Indonesia y Brasil han reportado reducciones significativas en la incidencia del dengue, demostrando que esta estrategia es segura, sostenible y efectiva”, precisa Tsukayama, coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Existe sobrada evidencia de que las mayores temperaturas producto del cambio climático y del Fenómeno de El Niño aumentan la ovoposición de las mosquitas aedes –es decir, el proceso de puesta o de expulsión de huevos–. Esto eleva el índice de picadura, disminuye el período de ubicación del virus dentro de ellas y expande su presencia a nuevos espacios, propagando el virus. Además, el Perú es país endémico de dengue, con lo que la posibilidad de contagio siempre está presente. Sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla, pero nada de eso se hace. Las respuestas institucionales llegan tarde y, consecuentemente, son ineficientes. Una epidemia absolutamente evitable se vuelve emergencia nacional. Vez tras vez. Muy frustrante. Esperemos que esto no suceda con los aún contados casos de sarampión que se han detectado en Lima.

Realizado por: Janice Seinfeld en el Diario El Comercio el 26 de febrero

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En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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“Hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solo los hospitales, sino también el primer nivel de atención, que lleva a cabo la contención del mal”, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el miércoles último.

Esto porque en la primera ola de la COVID-19 se optó por contener la emergencia sanitaria desde los hospitales —que son el tercer nivel de atención en salud— y se cerró el primer nivel de atención —centros de salud y postas médicas—. Este replanteamiento de estrategia es, justamente, lo que el sistema y, sobre todo, los pacientes necesitan.

El primer nivel de atención es aquel adonde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud. En el Perú, uno de cada dos establecimientos no tiene médico. Esta situación es anterior a la pandemia e incluso se da por normativa; es decir, ni siquiera responde a ineficiencia.

Además, nueve de cada diez establecimientos públicos usan historias clínicas en papel, en contraposición con las historias clínicas electrónicas. Esto lleva a que un mismo paciente, cuando acude a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, deba repetir exámenes de apoyo al diagnóstico y realizarse todos los análisis. Además del obvio desperdicio de recursos, es un maltrato al ciudadano.

Un esquema eficiente debe poder atender el 85% de la demanda de servicios de salud de la población. Solo deberían “subir” al segundo nivel el 10% y al tercero el 5% de los pacientes. Esto implica que el foco debe estar en ofrecer servicios oportunos y completos desde el primer nivel de atención.

Pero lo que tenemos en el Perú es un sistema invertido. En este esquema “hospitalocéntrico”, el primer nivel de atención es muy débil, está desarticulado y solo recibe el 24% del presupuesto general. Por eso, ocho de cada diez de estos establecimientos tienen infraestructura precaria y equipos obsoletos. El segundo nivel de atención prácticamente es inexistente y no impide que la demanda escale al tercer nivel hospitalario. Es a este nivel de hospitales de alta especialización adonde se destina el 65% del presupuesto total, el 61% del presupuesto en recursos humanos y el 83% de los suministros médicos.

El foco en el sistema de salud peruano ha estado centrado en la construcción de hospitales a través de la obra pública tradicional. Esto lleva a tener S/ 1.900 millones congelados en 14 hospitales cuya construcción está paralizada. Y que, de ser inaugurados, carecerán de personal, equipos, tecnología e información.

El esquema debe virar de la obra pública tradicional de cemento y ladrillo a un modelo centrado en el nivel de servicio, principalmente en este primer nivel de atención. En este nuevo modelo será imprescindible que Estado y empresariado establezcan alianzas que, vía asociaciones público-privadas, permitan a los peruanos acceder a salud de calidad.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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¿Cómo se gestionarán los temas de almacenamiento, distribución, manejo de datos y criterios de aplicación de la vacuna: en establecimientos de salud, domicilios, farmacias? ¿Estaremos preparados para identificar reacciones adversas en quienes la reciben, en caso se den? ¿Lograremos, finalmente, que Estado y sector privado puedan colaborar para que los peruanos accedamos a estas vacunas en el menor plazo posible y con la seguridad que ello demanda?

La llegada del primer millón de vacunas este mes debe ser considerada una fase piloto. Será más sencilla que las siguientes porque sus destinatarios son fáciles de ubicar: los trabajadores de salud, de las fuerzas del orden y de servicios esenciales. Idealmente, se debería conseguir otra cantidad equivalente de vacunas para todos nuestros trabajadores en la primera línea. Luego, se espera alcanzar a personas vulnerables con enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes, cáncer— y adultos mayores hasta llegar a un 20% de los peruanos, aproximadamente seis millones. Finalmente, le tocará el turno a la población de entre 18 y 59 años.

El Ministerio de Salud debe desarrollar en detalle el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ello incluye definir cómo ubicarán las autoridades a quienes se quiere atender primero en la segunda fase y cuántos serán. La información deberá estar sistematizada y homologada entre instituciones. Esta carencia de data oportuna no puede seguir siendo un problema que arrastramos pese a las tecnologías existentes.

Para prepararnos, tenemos que recurrir de manera acelerada a las bases de datos de los hospitales del Minsa, EsSalud y fuerzas del orden.

Si se optara por vacunar por hogares o por establecimientos de salud, será imperativo trabajar con las regiones y en coordinación con los primeros niveles de atención: centros de salud y postas médicas. Estos, qué duda cabe, requieren ser fortalecidos para contar con profesionales y sistemas de información adecuados.

Para la distribución de las vacunas, un desafío será su transporte a cada región. Aunque la de Sinopharm representa menos retos que otras como la de Pfizer/BioNTech, que requiere temperaturas bajísimas de almacenamiento, un país tan complejo y poco articulado como el nuestro demanda un gran esfuerzo.

Todo lo anterior mientras el Gobierno comunica a la población que la inmunidad no será inmediata y, sobre todo, deberemos continuar con el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y la distancia social.

Nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Es imprescindible estar a la altura.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Este problema estructural ha encontrado un agravante creciente y silencioso con la actual pandemia de COVID-19: la carga de enfermedad no atendida y que se acumula peligrosamente por el limitado acceso al cuidado médico. La siguiente ilustración muestra cómo las atenciones ambulatorias entre los distintos prestadores durante el 2020 se redujeron significativamente en comparación al 2019.

El Perú, hoy más urbano e informal, tiene un perfil epidemiológico crónico-degenerativo, en particular relacionado al síndrome metabólico: hipertensión, diabetes y obesidad. Un aspecto clave para evitar que estas afecciones se compliquen es el mantenimiento de una terapia individualizada, ajustada periódicamente, acompañada del monitoreo a cargo de un profesional de la salud calificado. Es decir, para un paciente hipertenso o diabético son fundamentales diagnóstico precoz, tratamiento continuo y seguimiento efectivo.

En el ámbito legal, desde noviembre pasado todos los peruanos tienen derecho a un seguro de salud. El Decreto de Urgencia N.° 017-2019 estableció que la población no asegurada sería afiliada al Salud Seguro Integral de Salud (SIS).

Según el último Reporte Nominal de Asegurados de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 96% de peruanos cuenta con un seguro. De ellos, el 64% está afiliado al SIS. Si bien el aseguramiento es un avance, lamentablemente la atención continúa siendo heterogénea e incompleta según el sector al que se acuda.

En el campo de las terapias, hay marcadas diferencias. EsSalud, bajo la estrategia Farmacia Vecina que acerca los medicamentos prescritos al usuario mediante una red de farmacias y boticas privadas, llega a entregar el 99% de las recetas, según su reporte al 29 de setiembre. Y en las farmacias de sus establecimientos, el 86% de los pacientes recibe toda su receta.

Pero en los establecimientos del Ministerio de Salud-Gobiernos regionales (Minsa-GORE), donde se atiende la población afiliada al SIS, la atención apenas llega al 57%. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas no recibe su tratamiento completo, según el Informe final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016.

Evidentemente, esta situación afecta la salud de las personas e incrementa su gasto de bolsillo, lo que puede llegar a ser catastrófico para el hogar. Además, para el sistema nacional de salud es significativamente más costoso atender la hospitalización de un paciente en estado de mayor gravedad, que monitorear oportunamente su tratamiento.

¿Por qué existe tanta diferencia en la atención?

EsSalud tiene un mejor desempeño logístico que el Minsa-GORE por dos razones principales. En primer lugar, sus sistemas de información son más robustos y están en línea, lo que permite analizar la información diaria y comparar datos de las prestaciones y el abastecimiento. En segundo lugar, la operación logística en Lima y Callao (donde se despliega Farmacia Vecina) está integrada y a cargo de un actor privado. Al emplear tecnología que optimiza el reparto bienes y entrega de recetas de pacientes ambulatorios cerca a sus domicilios, logra el alto nivel de servicio mencionado.

¿Cómo mejorar la atención en el Minsa-GORE? Analizando los flujos existentes se ven claras barreras de papel que dividen pliegos y unidades ejecutoras, escenario complicado además por el variopinto modelo organizacional existente en salud. Por ello se deben simplificar y optimizar estos procesos y aplicar alguna de las alternativas ya utilizadas hoy en el país.

Además, es importante dejar de hacer “autopsias” que solo emplean información mensual para reconocer la disponibilidad de recursos, y pasar rápidamente a lograr conectividad y un sistema de información en la “nube” que vincule los datos de las recetas emitidas y efectivamente atendidas. De este modo se lograría identificar la demanda insatisfecha en menor tiempo y adoptar una primera generación de medidas correctivas, lo que requiere de un buen operador logístico.

El país atraviesa una severa crisis sanitaria que agrava los problemas existentes en el sistema de salud. Corresponde ahora aplicar las mejores prácticas —que, paradójicamente, están muy cerca— y extenderlas en bien de los peruanos.

Autores: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Por otro lado, desde una perspectiva económica y social, los desbordes populares observados sobre todo en los mercados de los distritos periféricos y en los grupos de personas que buscan masivamente regresar a sus regiones de origen, así como los reclamos de los gremios empresariales ante la enorme pérdida de empleos y actividad económica, sugieren que cada día que pasa el costo de la cuarentena se hace insostenible para los segmentos de menores ingresos y para las empresas. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportó que el 51% de la población entrevistada teme más al hambre que al coronavirus.

En el contexto de esta discusión, es útil recurrir a las herramientas básicas de la microeconomía para construir un marco conceptual que permita evaluar hasta qué punto puede ser sostenible la política de extensión continua del periodo cuarentenario.

En el siguiente gráfico se puede observar, en primer lugar, la curva del Beneficio Marginal Social (BMgS) de estar en cuarentena. Esta señala que el beneficio para la sociedad de extender la cuarentena por un día adicional es positivo, aunque decreciente. Durante los primeros días de la epidemia, la tasa de contagio (R0) es alta —el R0 del COVID-19 era cercano a 3 al inicio de la pandemia— y las medidas restrictivas evitan, por un lado, que el virus se propague a muchos y, por otro, que se pueda mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. En la medida que la cuarentana se sigue extendiendo, la tasa de contagio irá disminuyendo y, por consiguiente, cada día se producirán menos contagios. El beneficio para la sociedad será positivo, pero cada vez menor. Por lo tanto, el BMgS tiene una pendiente negativa, pues conforme se va ampliando la cuarentena, esta es menos beneficiosa para la población.

El gráfico muestra, también, la curva del Costo Marginal Social (CMgS) de estar en cuarentena. Esta tiene una pendiente positiva, porque por cada día adicional que se deja a la población en cuarentena, sus costos en términos de empleos pérdidos, menores ingresos, disminución de la capacidad productiva y costos fiscales de protección social son cada vez mayores.

En un momento del tiempo como t₁, la decisión de extender la cuarentena por un día más es conveniente para la sociedad porque los beneficios de dicha ampliación superan a sus costos. El gráfico muestra también que el momento límite para la prórroga está definido por el punto E en el día t₀, cuando los beneficios y los costos son similares. Prorrogar la cuarentena más allá del periodo t₀ —por ejemplo, hasta t₂— puede resultar tremendamente costoso para el país, pues cada día que pasa sus costos resultan superiores a sus beneficios.

En la medida que el periodo acumulado de la cuarentena vaya más allá de t₀, será más difícil y costoso mantener el estado de inmovilidad de la población y probablemente los niveles de desobediencia civil superen los límites que un Gobierno pueda controlar.

El corolario del análisis microeconómico señala que a partir de t_0,  para la lucha contra el COVID-19 será necesario contemplar una estrategia de mayor flexibilidad para las actividades productiva y comercial combinada con medidas de confinamiento más selectivas orientadas a proteger a los grupos más vulnerables. El comportamiento de la población en los últimos días —de circular cada vez más masivamente en las calles sin permiso—, así como el nivel de actividad económica, sobre todo informal, observado en los mercados y alrededores, parecen sugerir que, efectivamente, el país se encuentra a la derecha de t₀.

Por: Milton von Hesse y Franco Sebastiani, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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“En estos 54 días, hemos estado evaluando dónde están los principales focos de contagio. Y los focos de contagio se dan, entre otros, en los mercados, en los bancos donde las personas van a cobrar sus bonos, en los vehículos de transporte y en los paraderos. En cada uno de esos espacios tenemos que intervenir”, sostuvo el presidente Martín Vizcarra el viernes último. ¿Cincuenta y cuatro días para “confirmar” aglomeraciones que, desde el inicio de esta crisis, venían siendo denunciadas en redes sociales y medios de comunicación?

Preocupa que el ímpetu inicial que llevó al Perú a ser el primer país latinoamericano en establecer la inamovilidad obligatoria parezca dar paso a la inercia clásica de nuestro aparato público. Cómo explicar, si no, que el mandatario anuncie que, junto con autoridades locales y asociaciones de comerciantes, este mes se intervendrán 380 mercados para reordenarlos y garantizar su salubridad. ¡Este mes! También dijo que se controlará el aforo diario en el transporte público. ¿Cómo? ¿Desde cuándo?

El Gobierno amplía la cuarentena, modifica los horarios de toque de queda, anuncia multas, pero empezamos a escuchar cada vez más tráfico en las calles, continuamos viendo imágenes de aglomeraciones –incluso tiendas abiertas y vendedores ambulantes instalados en veredas del Centro de Lima–, y sabemos que alargar la inmovilización social es inviable para quienes viven con lo que ganan en el día. El argumento de que si el brote se descontrola, será por culpa tuya, peruano irresponsable, podrá aplicarse a casos puntuales; pero su generalización resulta ofensiva.

“Yo te convoco, peruano, peruana. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdate!”, dice Vizcarra. ¿Somos los peruanos unos adolescentes perpetuos que desafiamos a la autoridad y nos creemos inmortales? ¿Carecemos acaso de sentido común? Ninguna evidencia lo sustenta. Lo que sí puede explicar este incumplimiento es la falta de confianza en nuestras instituciones.

El estudio “Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response”, publicado a fines de abril en la revista científica “Nature Human Behaviour”, sostiene que una población que desconfía de sus autoridades difícilmente acatará sus indicaciones. Y como ejemplo cita la crisis del ébola en Sierra Leona, donde las recomendaciones sanitarias fueron encargadas a los líderes religiosos cuando fracasaron las intervenciones de expertos extranjeros.

Acercándonos al fin de la cuarentena, bien haría el Ejecutivo en identificar distintos espacios de enseñanza –incluidas sus conferencias de prensa– que permitan reforzar, machaconamente, cómo evitar los contagios: la importancia de no tocarnos la cara y de toser cubriéndonos con el brazo, cómo mantener la distancia social, cómo lavarnos bien las manos, cómo usar la mascarilla. Sabemos que es muy difícil cambiar los hábitos de las personas, incluso si su salud está bajo amenaza –ahí están los fumadores como mejor prueba–. Pero, mientras esta sea la mejor forma de protegernos, es lo que debemos hacer.

Otro estudio, titulado “Applying principles of behaviour change to reduce SARS-CoV-2 transmission” y elaborado por tres especialistas en ciencias del comportamiento, revela que las personas nos tocamos la cara entre 10 y 35 veces por hora. Para evitar la propagación de este coronavirus, sugieren acciones sencillas como acostumbrarnos a cruzar los brazos, entrelazar los dedos o meter las manos en los bolsillos. Advierten, asimismo, de un sesgo cognitivo por trabajar, y es la desproporción obvia entre el problema y la solución: lo difícil que puede ser interiorizar que controlar la mayor crisis sanitaria en un siglo está, literalmente, en nuestras manos, y pasa por dejar de tocarnos la nariz y los ojos.

Es indispensable trabajar la adherencia al distanciamiento social y a los citados hábitos para disminuir la ola de contagios y evitar rebrotes. Ningún país, menos uno tan informal y desigual como el nuestro, puede darse el lujo de desandar lo avanzado.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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El decreto plantea actualizar el PEAS y es una oportunidad para establecer un plan de beneficios que responda a las necesidades sanitarias actuales. Esta labor, que recae en la comisión multisectorial, debe considerar el nuevo perfil epidemiológico de la población, con clara incidencia de las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las dolencias renales. Para ponernos en contexto: mientras que en 1990 estas representaban el 36% del total de carga de enfermedad, en el 2017 ya habían escalado al 66%, según el Global Health Data Exchange. Este ajuste permitirá que el PEAS sea garantía de un piso de protección para la cobertura prestacional. Asimismo, este plan de beneficios único y consensuado deberá ser costeado para estimar una “prima” que garantice su financiamiento.

Este decreto representa, además, una oportunidad para ordenar el financiamiento de todo el sistema de salud. Y justamente el PEAS debe ser el gran organizador del uso de recursos. Es decir, priorizar la inversión que permita su cumplimiento para todos los residentes del Perú. De igual modo, debe perfilar y alinear la formación de los recursos humanos, las inversiones y la adquisición de tecnologías sanitarias.

En esa ruta, es fundamental reducir la fragmentación de las fuentes de financiamiento y ordenar la prestación de servicios. Para esto último, será esencial promover convenios y contratos entre instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) públicas e instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) públicas y privadas, con mecanismos de pago eficientes y transparentes, lo que permitirá ampliar la oferta prestacional.

En cuanto a cómo mejorar la gestión, el decreto de urgencia propone medidas como implementar un sistema en línea para modernizar los flujos de las citas, automatizar el apoyo al diagnóstico y definir los indicadores de desempeño de las Ipress. Esto representa un enorme reto para cerrar la gran brecha digital del sistema de salud público, y obliga a tomar decisiones en terrenos donde hay mucho por hacer, como la mejora de la atención en los establecimientos de salud del sector público.

Sin embargo, en el decreto hay una serie de aspectos relacionados con la prestación y el financiamiento que deben ser analizados. Así, el acceso a planes complementarios (enfermedades que no estén cubiertas en el PEAS) dependerá de criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad económica. Esta medida deberá ser transitoria y tender, en el largo plazo, a equiparar las coberturas.

La actualización de los planes complementarios representa una oportunidad para definir los de segunda capa explícitamente. Estos deben definir los criterios para la cobertura de enfermedades costosas con gran riesgo de generar gasto catastrófico y empobrecedor. Ello es fundamental para lograr la protección financiera de los hogares y cautelar la sostenibilidad del sistema de salud.

Para el avance del aseguramiento, en cobertura de la población no asegurada y en oportunidad y calidad de la atención, será clave contar con el financiamiento que acompañará la propuesta. Por ahora se ha señalado que quedará a cargo del presupuesto destinado a salud. Sin embargo, aunque es indudable que urge hacer un uso más eficiente de los recursos del sector, también lo es la necesidad de financiamiento adicional para hacer frente a las atenciones de 4,8 millones de personas que entrarán al sistema. Más aún porque las Ipress verán disminuir los ingresos de bolsillo que hoy reciben de quienes carecen de un seguro de salud.

Finalmente, un aspecto pendiente es la gestión del aseguramiento público mediante un fondo. Este le daría al SIS mayor autonomía, pues gestionaría el riesgo y la provisión de los servicios para la población a su cargo.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 12% de la población mundial, equivalente a 800 millones de personas, gasta el 10% de su presupuesto en servicios de salud. Asimismo, el gasto catastrófico ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

Para hacer frente a este problema, Colombia, Uruguay y Chile —entre otros muchos países— han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, diluyen la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos y de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo aquellas enfermas o con más riesgos se aseguren. Esto, además, permite la sostenibilidad del seguro de salud.

Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitarias, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional logrando garantizar la intangibilidad de sus recursos.

¿Cuál es la situación en el Perú? No hay duda de que en los últimos diez años ha habido grandes avances: en el 2009, con la promulgación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se dio el primer paso para alcanzar la cobertura universal en salud. Esta comenzará a ser realidad este 2019 con la incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS) de la población que hoy no cuenta con un seguro, como lo anunció el presidente de la República en julio último.

A pesar de ello, aún tenemos mucho por hacer en materia de enfermedades de alto costo. Dada la fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra un mismo diagnóstico, el nivel de protección varía dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica duplicación de los escasos recursos.

De otro lado, aunque tenemos un fondo de alto costo, su funcionamiento no puede compararse con los de Colombia, Uruguay y Chile. En el 2012, el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) inició actividades para cubrir a los afiliados al SIS en siete tipos de cáncer, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Pero, además de su limitada autonomía institucional y financiera, cubre solo el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos), por lo que no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados. Todo esto perjudica su capacidad real de desarrollar estrategias para gestionar el riesgo, contener costos y estandarizar la prestación a nivel nacional. Esta heterogeneidad impide una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.

Por todo lo anterior, urge desarrollar una cobertura universal para las enfermedades de alto costo que disminuya la fragmentación y segmentación del sistema, mejore la gestión financiera y consiga las ganancias de eficiencia asociadas. Las opciones son múltiples: esquemas de reaseguro, fondos mancomunados, listas explícitas de cobertura. Lo importante es poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Oriana Salomón, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores.

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Aunque no han faltado opiniones escépticas respecto a la propuesta, lo fundamental –como sucede con cualquier reforma social– es que exista voluntad política y que esta vaya acompañada de mayor financiamiento y eficiencia en la gestión.

Las grandes reformas sociales siempre parten de la decisión política de garantizar los derechos de las personas. Solo entonces es posible su implementación. Por ejemplo, en nuestro país la Constitución de 1933 fue la primera en reconocer el derecho a la educación primaria universal y gratuita. A los dos años se creó el Ministerio de Educación, justamente para garantizar ese derecho. Si los constituyentes de la carta de 1933 hubiesen opinado que primero había que tener todo garantizado, nunca se habría aprobado ese derecho.

Lo mismo pasó en 1979, cuando se incorporó a la Constitución el derecho a la educación inicial, primaria y secundaria en forma universal y gratuita. Hoy, el 85% de los niños en edad preescolar cursan educación inicial y el 95% en edad escolar están en primaria y secundaria.

Cuando en el 2009 se aprobó la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, hubo muchas voces críticas. En ese entonces, poco más del 40% de la población tenía algún seguro de salud y el presupuesto del SIS era de solo S/429 millones. Diez años después, el 85% de la población tiene un seguro y el presupuesto del SIS ascendió a los S/2.200 millones en el 2018.

Lo que la historia demuestra es que la viabilidad de una política se construye sobre la base de reconocer, primero, el derecho ciudadano. Por eso, las reformas sociales no se hacen de la noche a la mañana, sino que requieren de largos períodos de construcción e implementación.

En Videnza Consultores estimamos que se requieren aproximadamente S/700 millones adicionales para el financiamiento en el 2020 de la propuesta del presidente, así como para su implementación progresiva. Dicho monto equivale a no más del 4% del presupuesto de apertura para Salud de este año, que suma S/18.217 millones. Y solo el 0,4% de los S/168.074 millones del Presupuesto General de Apertura de la República para el 2019. Estamos a tiempo de incluir este tema en el presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso a fines de agosto.

Sin embargo, debemos tener claro que la sola afiliación a un seguro no debe considerarse un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la cobertura universal. Por ello, la propuesta debe articular todas las estrategias del sector e ir acompañada tanto de una estrategia de cierre de brechas como de la optimización de la oferta actual. Por ejemplo, urge reforzar recursos humanos en regiones como Piura, que tienen apenas 4,2 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 7,3. Así también, se podría apelar a la telesalud para acercar los servicios al ciudadano, solicitar la ampliación de plazas para el apoyo de los serumistas en las zonas que registran mayores brechas de personal médico o retomar el programa Más Salud para cubrir necesidades puntuales de especialistas en determinados territorios y períodos.

Además, se debe poner énfasis en medidas de promoción y prevención, impulsar la ley de medicamentos, la ley de salud mental, la digitalización de la información, las redes integradas de servicios, el intercambio prestacional y el mejoramiento de la infraestructura y de los recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención. Dado que los recursos económicos son siempre limitados, el reto consistirá en optimizarlos para garantizar el acceso de todos los peruanos a atenciones de salud oportunas, de calidad y con protección financiera.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Aunque es evidente la superioridad de nuestra oferta culinaria, reconozcamos que Chile sí nos lleva la delantera en un aspecto primordial para el desarrollo de un país: su sistema de salud.

Por ello, con el atenuante de no ser la primera vez que este tipo de incidentes ocurren, propongo apropiarnos del Plan AUGE chileno, que hoy se denomina Plan de Garantías Explícitas de Salud y que asegura la cobertura de salud en el país del sur.

En vigencia desde agosto del 2004 —con una línea constante de construcción y errores corregidos—, el Plan AUGE ha subsistido a Gobiernos de tendencias distintas e incluso antagónicas. Pero, más importante que decir al mundo que el Plan AUGE es peruano, es laborar para hacer realidad uno parecido en el Perú y lograr la garantía explícita de acceso, que obliga a asegurar las prestaciones de salud; la garantía explícita de calidad, mediante la cual se otorga la atención de salud por un prestador acreditado; la garantía explícita de oportunidad, que establece un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento; y, por supuesto, la garantía explícita de protección financiera, que incluye —de ser necesaria— la contribución, pago o copago máximo que deberá efectuarse por prestación o grupo de prestaciones considerando el monto de los ingresos de las personas.

Recientemente, Bloomberg, la empresa especializada en noticias de negocios y mercados, identificó los países con los sistemas de salud más eficientes, y aquellos que se encuentran en la otra orilla. Chile lidera al grupo de países de América del Sur. España destaca en el mundo al ocupar el tercer lugar en este ranking, detrás de Hong Kong y Singapur. Acorde a ello, ¿no deberíamos ver la valiosa experiencia española, principalmente en lo concerniente a la atención primaria de salud? (¡Y quizá apropiarnos también de los fundamentos de su sistema!). Olvidémonos de pensar en un hospital para cada provincia y reemplacemos este paradigma obsoleto por uno centrado en construir una red con un primer nivel de atención fortalecido, que brinde continuidad e integralidad al cuidado de la salud de cada peruano. Dejemos de concentrar de modo malsano el presupuesto de EsSalud únicamente en los dos hospitales de Lima, lo que, por ejemplo, solo perpetúa la saturación de atenciones que no son emergencias en sus servicios dedicados a atenderlas.

¿Cuál es el secreto de estos avances en países parecidos al nuestro? Políticas de Estado acompañadas de decisión, constancia e institucionalidad. Emplear lo mejor del conocimiento e información disponibles. No tener temor a equivocarse, tomar las decisiones necesarias con sentido común. Y, sobre todo, acumular conocimiento para continuar construyendo; es decir, evitar que un eventual nuevo Adán reinvente la pólvora.

En el Perú podemos añadir algo en el sector público: superar el paradigma funcional centrado en el mero cumplimiento de la obligación formal de cada funcionario o trabajador de salud, a otro mayor centrado en gestionar procesos para lograr los productos y resultados que sirvan al bien común.

Invirtamos nuestras fuerzas, más que en reclamarle al país vecino, en construir un mejor sistema de salud. Al pasar el bono demográfico, será algo más que necesario para nuestra sociedad.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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Los niveles de sobrepeso y obesidad en la niñez peruana son alarmantes. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) estimó que, entre los años 2013 y 2014, en el grupo etario de 5 a 9 años la prevalencia de sobrepeso era 17.5% y la de obesidad 14.8%. Esto se traduce en que más de 900,000 niños presentaban problemas de peso. Los resultados son mayores en las áreas urbanas y las tendencias señalan que ambos indicadores se han incrementado en los últimos años.

La OMS advierte que padecer de los problemas mencionados se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura, dificultades respiratorias y problemas sicológicos. Hacia la adultez, incrementa el riesgo de padecer diabetes y, con ello, de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

A pesar de los conocidos efectos del sobrepeso y la obesidad, el CENAN identificó que los padres no eran conscientes de la gravedad de que sus hijos de entre 2 y 17 años sean obesos. El 25% tenía la percepción de que su peso era normal, el 63% lo consideraba algo excedido y solo el 12% reparaba en que el peso de sus niños era muy excedido. Esto resulta preocupante pues reducir los riesgos de padecer enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión está, en parte, en manos de las familias: la OMS indica que la razón principal del sobrepeso y obesidad es el desequilibrio energético, producto del consumo de alimentos altos en grasas y la inactividad física.

Los hábitos alimenticios se inician en casa, pues las preferencias de alimentación se establecen en los años iniciales de vida, desde los primeros alimentos que ofrecemos a los bebés cuando empieza la alimentación complementaria. No obstante, en una encuesta realizada en Estados Unidos en más de 3000 hogares con bebés entre 4 y 24 meses, se encontró que casi el 45% de aquellos entre 9 y 11 meses consumía alimentos y bebidas azucaradas. Lo mismo se encontró en dos tercios de los bebés entre 12 y 18 meses. Creemos que esta situación alarmante no es ajena al Perú.

¡Mami, quiero gaseosa! es una frase que escuchamos con frecuencia. Las fiestas infantiles son, generalmente, una bomba de azúcar. Las loncheras también suelen incluir malos contenidos nutricionales, entre otros ejemplos.

¿Qué podemos hacer? Debemos tomar conciencia de la gravedad de preservar malos hábitos alimenticios. ¿De qué sirve tener un producto etiquetado como “altamente azucarado” si igualmente se termina comprándolo?

Debemos cambiar los hábitos sobre la base de recomendaciones nutricionales confiables. Consumamos más frutas y verduras. Vivimos en un país con una amplia diversidad de alimentos naturales ricos y nutritivos, por lo que mantener una dieta balanceada no responde a problemas de acceso, sino de información y hábitos.

Hay mucho por hacer para mejorar el estado nutricional de los niños y para contribuir a que tengan una adultez saludable. ¡A hacer la tarea!

Realizado por: Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

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El análisis de estas enfermedades y de sus medicamentos —los llamados medicamentos huérfanos— constituye un problema de salud pública, pues ni siquiera en los países con más recursos es sencillo resolver las demandas de más de 5,000 enfermedades padecidas por poblaciones dispersas.

Siendo este el escenario, a fines de febrero la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura y Videnza Consultores organizamos un simposio internacional para debatir cómo las evaluaciones de tecnologías sanitarias pueden contribuir a un mejor abordaje de estas enfermedades. Sobre todo considerando que en un sistema de salud como el peruano, que dispone de escasos recursos, la priorización de las intervenciones resulta imprescindible.

En el caso de estas enfermedades, las evaluaciones de tecnologías sanitarias deben considerar no solo los costos de los tratamientos o la relación costo-efectividad, sino también criterios como el impacto en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Además, es fundamental contar con protocolos de atención y guías de práctica clínica de ámbito nacional que permitan uniformizar el tratamiento de las enfermedades, costear la atención y aportar a la sostenibilidad financiera del sistema. Las guías son un elemento valioso de auditoria de costos, así como de la calidad de la atención en los procesos asistenciales.

En el encuentro, Diego Rosselli, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que si bien las discusiones académicas, políticas y sociales conceden a las enfermedades raras una valoración especial, importantes problemas afectan su cobertura y financiamiento. Por un lado, existe aún desconocimiento médico, hay menos recursos para la investigación (y con tamaños de muestra muy pequeños), lo que deriva en menos información para el paciente e incentivos más limitados para la provisión. Dado que su tratamiento no es costo-efectivo según estándares usuales, la “regla de salvamento” de la Australian Pharmaceutical Benefits Advisory sugiere dar cobertura cuando la condición es severa, no existe tratamiento alterno y afecta a un número reducido de personas. De esta manera, las personas no están condenadas a carecer de un tratamiento adecuado cuando nacen con una enfermedad rara.

Para ilustrar el panorama en el Perú, José Del Carmen, jefe del Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) del Ministerio de Salud, compartió interesantes cifras: si bien el número de pacientes con enfermedades huérfanas atendidos por Fissal aumentó de 15,493 en el 2014 a 18,559 en el 2016, el financiamiento para dichos pacientes disminuyó de S/ 16.4 millones a S/ 15.2 millones durante el mismo periodo.

Igualmente, el doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud (INS), resaltó la importancia de las enfermedades infecciosas desatendidas, tales como la fiebre amarilla y la malaria, que podrían evitarse destinándoles pequeños montos de inversión. Es inconcebible que, existiendo los tratamientos y las vacunas respectivas, en nuestro país se sigan dando rebrotes de estas enfermedades, con consecuencias verdaderamente fatales.

Si bien el reto es inmenso, estoy segura de que las evaluaciones de tecnologías sanitarias cobrarán cada vez mayor relevancia en la agenda nacional, como lo han hecho ya en otros países. Al ofrecer información científica e imparcial, son un mecanismo para mejorar la eficiencia del sector salud y una importante herramienta de gestión para los sectores público y privado. Los peruanos nos merecemos contar con un sistema de salud de calidad. Nos merecemos medir nuestros niveles de bienestar y estar satisfechos con los resultados.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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El Estudio mundial de salud mental publicado en el 2014 estimó que en el Perú el 29% de la población urbana entre 18 y 65 años de edad ha presentado algún trastorno mental en su vida. Los más frecuentes están relacionados a ansiedad (fobia específica, fobia social y trastorno de ansiedad de separación, 15%), trastornos del ánimo (depresión mayor, distimia, trastorno bipolar, 8%), trastornos de control de impulsos (trastorno explosivo intermitente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, 8%) y trastornos por consumo de sustancias (6%). La magnitud de las enfermedades mentales en nuestro país nos ubica por encima de Italia (18%) o España (19%), pero por debajo de Colombia (39%) o Sao Paulo en Brasil (45%).

A pesar de que carecemos de una ley de salud mental, en el 2015 se publicó el D.S. N°033-2015-SA que aprueba el reglamento de la Ley N° 29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. La norma tiene como objeto garantizar que los pacientes con problemas de salud mental tengan acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción y protección de la salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, con un enfoque comunitario y de derechos humanos. La publicación de esta norma establece por primera vez un marco normativo que orienta un cambio en el paradigma de los modelos de institucionalización de los pacientes por uno enfocado en la rehabilitación y en el respeto a los derechos humanos.

Un caso emblemático del cambio de este paradigma es el cierre definitivo, a fines del 2015, del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (CREMI), que vulneraba de forma flagrante el respeto a la dignidad de los pacientes psiquiátricos ahí internados. Los expacientes del CREMI han sido trasladados a hogares protegidos y vienen mostrando resultados que confirman la viabilidad y los beneficios de un modelo comunitario en nuestro país; es decir, están dejando en evidencia que el aislamiento no favorece la recuperación ni estimula el proceso de reinserción social del paciente. Actualmente, existen 23 centros de atención comunitaria a nivel nacional que brindan una atención de calidad a los pacientes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que padecen algún trastorno mental. Ahí tienen acceso a servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, rehabilitación, además de actividades de participación familiar, social y comunitaria.

Se debe reconocer en estas iniciativas locales y regionales una necesidad por dar respuesta a un problema apremiante y que, junto al nuevo reglamento de atención a las enfermedades en salud mental, son el punto de partida de un proceso de reforma que está enmarcado en una tendencia global que prioriza los derechos de los pacientes y que demuestra que el tratamiento de los trastornos mentales, desde un enfoque comunitario, puede combatir uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país. Uno que debe ser abordado considerando la abundante evidencia existente sobre los beneficios sanitarios y económicos que se obtiene a nivel individual y colectivo.

Realizado por: Jose Choque, analista de Videnza Consultores

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En estas líneas quiero reconocer el esfuerzo y la dedicación de los más de cien profesionales que destinaron su tiempo ad honorem para recibir de la autoridad saliente la documentación de la situación administrativa, operativa y económico-financiera de cada sector, así como los informes sobre los resultados alcanzados y los asuntos urgentes de prioritaria atención en los que deberá enfocarse la nueva gestión.

Pero, además, esta experiencia de trabajo me permitió confirmar, de primera mano, que los Gobiernos están entendiendo la importancia de continuar las políticas de Estado que muestran resultados positivos concretos. En el caso del sector salud, por ejemplo, aunque hay mucho por hacer, incluido reforzar y mejorar ciertas políticas, hay otras que sí deben continuar, como aquellas que están permitiendo avanzar en el aseguramiento universal y que priorizan la atención primaria en salud.

Es estimulante comprobar, además, que hoy tenemos más profesionales técnicos que entienden la importancia de la gestión política. Como lo explicó Hugo Santa María en el diario Gestión, “los servidores públicos claves tienen que pensar y hablar permanentemente en el idioma de la gestión eficiente orientada a resultados y en el idioma de la viabilidad política de la gestión pública”. Esto lo venía ya observando desde Videnza Consultores en nuestro trabajo con distintas entidades del Estado, y ahora lo pude apreciar con mayor profundidad desde la comisión de transferencia del sector salud.

Si bien es cierto que todavía se necesita contar con un aparato estatal mucho más preparado en temas de gestión pública, es un buen indicador que los puestos de toma de decisiones estén, cada vez más, integrados por profesionales técnicos que saben manejarse en el terreno de la política. Pero a ello se le debe sumar la necesidad de tener liderazgos claros cuyo enfoque no sea gestionar más recursos, sino hacerlo con eficiencia.

Liderazgo y buen manejo político son exigencias fundamentales sobre todo en un sector como salud, donde se requiere del funcionamiento en armonía de distintas instituciones (EsSalud, por ejemplo) y de cada uno de los Gobiernos subnacionales, y que, además, enfrenta enormes retos. Entre ellos están mejorar la planificación de la atención primaria en salud —para lo cual urge articular eficientemente las distintas instituciones prestadoras de servicios de salud—; aplicar medidas de contingencia ante la disminución del presupuesto destinado a salud para este año —incluido solucionar el problema de desabastecimiento de medicinas—, y determinar qué estrategias de planificación, logística, control y monitoreo se pueden implementar para hacer más eficiente el sector.

Como bien dijo el presidente Kuczynski en su primer mensaje a la nación, “sin salud no hay desarrollo posible”. Por ello, saludo que el nuevo Gobierno haya colocado como objetivos esenciales mejorar el saneamiento y la salud pública en el país, poniendo especial atención en eliminar la anemia, reducir las cifras de mortalidad materno-infantil y dotar con vacunas a los centros de salud. Tengo la certeza de que la ministra Patricia García está a la altura de asumir estos grandes desafíos, y desde este espacio le deseo el mayor de los éxitos en su gestión.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En el Perú, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos por incrementar el porcentaje de personas afiliadas a un seguro de salud. Así, según el último reporte de SuSalud disponible, a abril del 2016 el 80.8% de la población cuenta con algún seguro de salud (10 puntos porcentuales más que en el 2013). Este crecimiento se debe principalmente al aumento en la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), que en dicho periodo incrementó su número de afiliados en más de 35% y hoy asegura a 16.4 millones de peruanos.

Del 20% de la población que todavía carece de un seguro de salud, el 34% se encuentra en situación de vulnerabilidad y debiera ser cubierto gratuitamente por el SIS, mientras que el resto está conformado por población no pobre, en su mayoría trabajadores independientes o con empleo informal. La evidencia de diversos países nos indica que lograr el aseguramiento de este grupo de personas es, precisamente, uno de los principales retos para alcanzar el aseguramiento universal.

¿Qué proponen los planes de gobierno de Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK) en términos de aseguramiento en salud?

El de FP, en su apartado Oportunidades, nos habla de “garantizar el acceso universal a la atención primaria en salud en todas las localidades del país”, para lo que propone la reinstauración de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) y el fortalecimiento del primer nivel de atención priorizando la promoción y prevención en salud. Es la única propuesta del plan de gobierno de FP que, aunque indirectamente, se acerca al tema de aseguramiento en salud. Sin embargo, no se menciona qué institución debería garantizar el acceso universal a la atención primaria en salud ni cómo se financiará. El resto del plan en lo referido a salud hace mención a la necesidad de mejorar la gestión del sector, asegurar el financiamiento de las prestaciones de salud en todos sus niveles, brindar oportunamente medicamentos de calidad y reducir la brecha de profesionales en salud.

Por su parte, el plan de gobierno de PPK se refiere al aseguramiento en salud en dos ocasiones. Establece como objetivo de mediano plazo “llegar a una cobertura de 95% de la población con servicios públicos de salud (SIS, EsSalud, sanidades)”. Para alcanzar esta meta, se propone consolidar al SIS como institución clave en el proceso de aseguramiento, establecer un presupuesto proporcional al número de afiliados y aplicar la simplificación administrativa a los procesos de afiliación y atención. Además, se plantea aumentar el presupuesto en salud en 0.5% del PBI cada año. Complementariamente, en el capítulo de reactivación económica, como parte del lineamiento estratégico titulado “Provisión de una seguridad social de calidad”, se propone la universalización del seguro de salud. Para lograrlo se plantea unificar los sistemas de información del SIS y EsSalud con la creación de un Sistema Único de Información en Salud y la Tarjeta Única de Salud.

Si bien el plan de gobierno de PPK es más específico respecto al tema de aseguramiento en salud que el de FP, desde Videnza Consultores creemos que el debate sobre el tema de aseguramiento debería responder a las siguientes preguntas: ¿se va a subsidiar el seguro de trabajadores independientes y del sector informal, o se buscarán mecanismos a través de los cuales estos grupos aporten para tener derecho al seguro? ¿Qué atenciones y servicios se cubrirá, y qué proporción de los gastos en salud estará cubierta? ¿Se buscará tener una cobertura casi total, como la que ofrece actualmente EsSalud, o se propondrá un racionamiento explícito de los beneficios que se ofrecen, como ocurre en el SIS?

Teniendo en cuenta que el aseguramiento universal en salud es una política nacional, consideramos que el Estado debería garantizar al 100% de la población el acceso a un plan básico de salud, como el ya existente Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). A partir de este punto, el Estado debe evaluar los mejores mecanismos para ampliar la cobertura en salud, teniendo en cuenta criterios de eficiencia y equidad.

Finalmente, como ya hemos insistido en este espacio, no debemos olvidar que la sola afiliación a algún seguro de salud no debe ser considerada un fin en sí mismo, sino un medio para efectivamente lograr la cobertura universal en salud. En ese sentido, los esfuerzos del próximo Gobierno deberían estar orientados también a cumplir con las garantías ya reconocidas en la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud; es decir, a garantizar el acceso de todos los peruanos a atenciones de salud oportunas, de calidad y con protección financiera.

Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores

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En esa ocasión describí las razones que podrían explicar desde el punto de vista de la economía del comportamiento esta conducta en el ser humano. Algunas de ellas: el sesgo por el presente que sobrevalora el corto plazo, el exceso de confianza en nuestra invulnerabilidad, el “ancho de banda” mental que hace que nos enfoquemos solo en lo que consideramos urgente, entre otras.

Ante estas limitaciones es necesario plantear alternativas innovadoras que ayuden a mejorar el grado de adherencia, entendida como el seguimiento que un paciente hace de las recomendaciones dadas por el personal médico. En esa línea, el Banco Mundial ha centrado su último Informe sobre el Desarrollo Mundial 2015 en revelar cómo las personas toman decisiones en diversos ámbitos, incluida la salud. Si bien este análisis va más allá de la adherencia, plantea recomendaciones útiles que pueden ser usadas a favor de lograr que los pacientes sigan su tratamiento.

El informe se basa en tres principios fundamentales: en que gran parte de nuestros pensamientos son automáticos y llegan a nuestra mente sin esforzarnos; en que, al los seres humanos ser profundamente sociales, nos gusta involucrarnos siempre y cuando los demás también hagan su parte; y, finalmente, en que nuestro pensamiento está basado en modelos mentales: cuando pensamos, en general no inventamos conceptos sino apelamos a patrones de la sociedad a la que pertenecemos. Estos tres principios tienen importantes consecuencias para las intervenciones y las políticas de desarrollo.

Los hacedores de política muchas veces asumen que la conducta humana surge de una elección puramente racional: que las personas sopesan cuidadosamente sus opciones, analizan toda la información disponible y toman decisiones por sí mismas. Tras un análisis de numerosas experiencias internacionales, el reporte del Banco Mundial confirma que no es suficiente proveer información de los beneficios o perjuicios de no tomar una acción para lograr un cambio en la conducta de las personas. Por ejemplo: una campaña relacionada a salud será exitosa siempre que logre un vínculo emocional con las personas y active o cambie alguna norma social. Además, será más exitosa si se dirige a la comunidad en su conjunto, pues las personas estarán más dispuestas a comprometerse con un comportamiento si saben que recibirán apoyo, reforzamiento, retroalimentación o recordatorios.

Volviendo al tema de la adherencia, ¿cómo logramos un vínculo con los pacientes? Los medios de comunicación masivos tienen gran eficacia en influenciar socialmente a grandes multitudes. ¿Por qué no utilizar a figuras públicas para que expongan la importancia de seguir las indicaciones expresas de los médicos y de cultivar una cultura de prevención? En el 2011, el entonces presidente brasileño Luiz Ignácio Lula da Silva discutió públicamente acerca del cáncer de garganta que le había sido diagnosticado y que atribuyó a su hábito de largo plazo de fumar. La noticia fue cubierta ampliamente por los medios de comunicación. Tras su anuncio, el interés por dejar de fumar alcanzó precedentes nunca antes reportados. Las búsquedas en Google sobre dejar de fumar aumentaron en 71% durante las cuatro semanas que los medios abordaron este tema.

Las intervenciones conductuales buscan afianzar hábitos. Para el caso de la adherencia, es clave hacer que sus beneficios a largo plazo sean destacados en el corto plazo, que se puedan percibir día a día. Un ejemplo son los mensajes de texto que se envían como recordatorio para que los pacientes tomen sus medicinas. Éstos tienen más probabilidad de ser efectivos cuando se les hace seguimiento, son personalizados y cuando su frecuencia y contenido son relevantes para el paciente.

Otro elemento fundamental es la confianza que el paciente tiene en su proveedor de salud, quienes no siempre hacen el mejor trabajo. ¿Qué se puede hacer? El reconocimiento entre pares –trabajadores de salud- funciona como incentivo y señal de aprobación social. Podemos ponerlo a prueba.

Realizado por: Alejandra Sota, analista de Videnza Consultores

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¿A qué se refieren? Para entenderlo, analicemos uno de los principales problemas de salud pública en el Perú: la falta de adherencia a tratamientos de enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Esta baja adherencia —entendida como no seguir las recomendaciones dadas por el personal médico— deriva en complicaciones médicas y psicológicas, reduce la calidad de vida de los pacientes y genera pérdida de recursos económicos que podrían destinarse al cuidado de la salud. Además, se da independientemente del tipo de enfermedad, su gravedad o la disponibilidad de medicamentos.

¿Por qué los pacientes no siguen el tratamiento? No existe una sola razón para responder a esta pregunta. Desde el punto de vista de la economía tradicional, se podría decir que una persona que no cumple con su tratamiento, a pesar de conocer los beneficios del mismo y de contar con los recursos necesarios para cumplirlo, actúa de manera irracional (un simple análisis costo-beneficio concluirá que seguir el tratamiento es mejor a no seguirlo). Sin embargo, desde el punto de vista de la economía del comportamiento, rama de la economía que incorpora a su análisis fundamentos psicológicos que describen de manera más real al ser humano, vemos que existen diversos factores que pueden explicar esta conducta. Acá algunos de ellos:

• Sesgo por el presente: las personas tienden a sobrevalorar el corto plazo en relación al largo plazo. Por ejemplo, pueden darle mayor importancia a los efectos secundarios inmediatos de su tratamiento —malestar, cansancio— frente a los beneficios futuros de seguirlo.
• Exceso de confianza: solemos tener un exceso de optimismo de nuestras habilidades y supuesta invulnerabilidad. Así, al considerar más probable que otro sufra un infarto a que uno lo padezca, podemos no cumplir con el tratamiento recomendado para la hipertensión arterial.
• Nuestro “ancho de banda” mental: en su libro Scarcity, el economista del comportamiento Sendhil Mullainathan se refiere al mental bandwidth, entendido como la capacidad cognitiva de toda persona para tomar decisiones y enfocarse en lo importante. Asegura que frente a la escasez (económica, de tiempo, de calorías, entre otras), las personas entramos en una especie de túnel que nos hace concentrarnos en lo urgente, en lo inmediato, en lo necesario para sobrevivir. No es que optamos por determinada decisión; es que no ha habido evaluación alguna.

Según información del Ministerio de Salud, en el Perú la incidencia de mortalidad en enfermedades no transmisibles pasó de 47% en 1990 a 65% en el 2006. Por su parte, la OMS estima que el grado de adherencia entre los enfermos crónicos alcanza el 50% en países desarrollados. En países en desarrollo la situación, previsiblemente, es peor.

Teniendo en cuenta estas limitaciones en el comportamiento del ser humano y el alarmante escenario al que nos enfrentamos, se deben plantear alternativas innovadoras que ayuden a mejorar el grado de adherencia a los tratamientos médicos. Una opción interesante es el envío de mensajes de texto con recordatorios sobre el tratamiento, su importancia y las consecuencias de no seguirlo adecuadamente. Estudios en África han demostrado la efectividad de esta medida en la adherencia al tratamiento antirretroviral estándar.

Desde Videnza Consultores queremos compartir con ustedes que este jueves 21 de agosto, Sendhil Mullainathan ofrecerá una conferencia en nuestro país. Se trata de uno de los más importantes investigadores de la economía del comportamiento a nivel mundial. Quiero invitarlos a seguirla desde el siguiente enlace: videnzaorg.lavacamu.pe. El encuentro se realizará de 8 a 10 a.m. y contará, además, con un panel de lujo integrado por los ministros Milton Von Hesse y Piero Ghezzi, y por el representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo.

Si antes quieren conocer un poco más de Mullainathan, les recomiendo escuchar su charla TED titulada “Solving social problems with a nudge”. Les aseguro que la disfrutarán.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Hace unos meses tuve la oportunidad de dirigir en Ayacucho grupos focales para asegurados del SIS y de EsSalud, y claramente pude percibir el descontento de los asistentes hacia el uso de medicamentos genéricos, a los cuales —sin considerar su verdadera eficacia— denominaban “los medicamentos que no curan”.

Fomentar el consumo de medicamentos genéricos pasa, en primer lugar, por garantizar que en el mercado encontremos productos de calidad. Solo así se podrá incentivar su uso y cambiar la idea generalizada en el país de que son medicamentos de inferior condición, cuando deberían producir el mismo efecto terapéutico en el paciente. Para que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) logre asegurar su eficacia, seguridad y calidad es indispensable, como lo reconoce la propia ministra de Salud, que se implemente adecuadamente la nueva Ley de Medicamentos (Ley N° 29459) y sus respectivos reglamentos (DS-014-2011-SA y DS-016-2011-SA). Sobre todo resulta fundamental reglamentar las pruebas de bioequivalencia, destinadas a demostrar que los genéricos son equivalentes a los productos de marca.

En segundo lugar, se debe fomentar la aceptación de los medicamentos genéricos no solo entre los pacientes, sino también entre los médicos y farmacéuticos. Como parte de esta promoción, la Digemid debería publicar los resultados de las evaluaciones que realiza a dichos productos, para que la población pueda sentirse tranquila de consumirlos. Si bien a nivel nacional (a través del SIS) y en Lima Metropolitana (en las farmacias del SISOL) el Estado viene realizando distintos esfuerzos por promover el consumo de medicamentos genéricos, primero debe asegurar que son equivalentes a sus contrapartes de marca. De lo contrario, estas iniciativas no tendrán el éxito esperado.

Finalmente, resulta esencial desarrollar una fármaco-vigilancia activa que permita contar con informes periódicos de seguridad. Esto aportará evidencia de los medicamentos que se encuentran ya en el mercado, así como de aquellos que están por entrar.

Si bien el Estado debe promover el consumo de medicamentos genéricos, tiene que evitar caer en el error de prácticamente prohibir la compra de medicamentos de marca. Al respecto, creo que proyectos de ley como el presentado por el congresista Omar Chehade, que prohibiría a los médicos recetar medicamentos de marca a menos que el paciente lo solicite, son contraproducentes y limitan la competencia. Se debe tener en cuenta que actualmente la ley ya obliga al médico a consignar la Denominación Común Internacional (DCI) del medicamento que receta. El problema está, como en muchos otros casos, en hacer que la ley se cumpla.

Un estudio del Banco Mundial elaborado en el 2010 por Alexandra Cameron y Richard Laing analizó cuánto ahorro generaría cambiar el consumo privado de medicamentos de marca —aquellos desarrollados por laboratorios de investigación— por el de medicamentos genéricos en 17 países en desarrollo, incluido el Perú. Los autores concluyeron que, en el caso peruano y solo tomando en cuenta 11 medicamentos específicos, si se consumiera genéricos se obtendría un ahorro de 79% en promedio del gasto privado, lo que equivale a más de 2.5 millones de dólares en estos medicamentos. En esa misma línea, la Digemid afirma que con la adquisición de medicamentos genéricos se puede lograr un ahorro de hasta 90%. Así, incentivar y promocionar el consumo de medicamentos genéricos de calidad debe ser una de las prioridades sanitarias en el país.

En la medida que la DIGEMID afronte estos retos y avance en su solución, lograremos reducir los altos costos que enfrentamos hoy en día y tendremos un sistema de salud más equitativo y con mejores indicadores sanitarios.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza 

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Se trata, sin duda, de un paso hacia adelante, pues las carencias de infraestructura, médicos especialistas y acceso a medicamentos son limitantes enormes del sistema.

La firma de convenios para el intercambio prestacional entre el SIS, EsSalud y los gobiernos regionales es una primera iniciativa importante. Sin embargo, para que sea una solución efectiva debe existir oferta disponible. ¿Es suficiente este intercambio entre gobiernos regionales y EsSalud? Las limitaciones de oferta parecen ser demasiado grandes en Lima y las regiones como para que esta iniciativa sea suficiente.

No solo se requieren mayores recursos, sino también combatir una serie de ineficiencias para aprovechar de mejor manera aquellos disponibles. En ese sentido, uno de los principales problemas de la salud pública en el Perú es su alto grado de fragmentación. La evidencia internacional muestra que los servicios de salud fragmentados disminuyen el acceso a los servicios, generan uso irracional e ineficiente de los recursos y una menor satisfacción de la población.

Para combatir esta situación hay que formar redes integradas de salud (también reguladas por el DL N° 1166 emitido en el marco de la reforma). Estas deben organizarse territorialmente, además de convocar y articular aliados en el sector privado. Igualmente, se debe:

• Alinear la oferta de servicios de salud con la demanda en cada territorio específico.
• Cambiar el foco de atención actual, centrado en la atención hospitalaria, hacia un modelo centrado en las atenciones primarias y dando mayor relevancia a la prevención y promoción de la salud (dado que las enfermedades crónicas son cada vez más prevalentes: cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras).
• Institucionalizar un programa de técnicos comunitarios en salud, apropiadamente capacitados y equipados, como primer eslabón de la formación de las redes integradas de salud.

En la última CADE, el sector privado se comprometió a invertir US$ 1,000 millones para ampliar la oferta en 2,000 camas hospitalarias, crear modelos de baja complejidad para descongestionar el primer nivel de atención, elaborar una plataforma virtual de historias clínicas compartidas, y promover el uso de medicamentos genéricos de calidad. En cuanto al Estado, el presupuesto del sector para este año aumentó en 22% respecto del 2013.

Al parecer, tanto el Estado como los privados se están tomando en serio el tema. Ojalá, porque la salud en el Perú demanda gran esfuerzo y requiere tener la voluntad expresa y la ruta a seguir clara.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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