En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Sabemos que, ante la emergencia del COVID-19, los sistemas de salud de todo el mundo debieron centrarse en frenar la crisis sanitaria. Todo pasó a segundo plano, incluida la atención de la salud mental.

Entre junio y agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una encuesta en 130 países y encontró que la pandemia ha interrumpido o detenido los servicios de salud mental en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de salud mental está aumentando.

En el Perú, el último estudio de carga de enfermedades encontró que los trastornos mentales y del comportamiento afectan principalmente a las personas de entre 15 y 44 años. Las afecciones más comunes son depresión, trastornos de ansiedad, abuso y dependencia del alcohol, trastornos obsesivos, entre otros.

Más aún, se calcula que la incidencia de trastornos mentales es del 33,7%. Es decir, uno de cada tres peruanos tendrá algún problema de salud mental en algún momento de su vida. Sin embargo, como ha advertido la Defensoría del Pueblo, el 80% de la población con problemas de salud mental no recibe tratamiento. Y aquella que sí accede a estos servicios, luego no tiene asegurado el tratamiento, recuperación y continuidad de cuidados.

En este período, según el Ministerio de Salud (Minsa), siete de cada diez peruanos han reportado haber sufrido algún tipo de ansiedad, mientras que 28,5% experimentó algún rasgo depresivo. Entre los síntomas más frecuentes están las dificultades para dormir (55,7%), problemas con el apetito (42,8%), cansancio o falta de energía (44%), falta de concentración (35,5%) y pensamientos suicidas (13,1%).

Entre el personal de salud también se ven problemas de salud mental, especialmente en aquellos que trabajan con casos de COVID-19. Presentan gran presión por el alto riesgo de infección, la intensidad de su labor, el aislamiento y discriminación, y mucha frustración ante la muerte de pacientes y compañeros.

En abril del 2018, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Comunitaria 2018–2021, que pasa de un modelo de atención tradicional centrado en hospitales psiquiátricos a otro con centros de atención en el primer nivel. Es decir, centros de salud mentales comunitarios que cuenten con servicios ambulatorios especializados en niños, adolescentes y adultos, y otros enfocados en adicciones. El Minsa ya ha implementado 154 de estos centros en todo el país, y se espera ampliar la oferta a 281 establecimientos hasta el 2021. En este modelo es clave el diagnóstico precoz y el involucramiento de la familia. En muchos centros los usuarios incluso han creado asociaciones a modo de redes de apoyo.

Sin embargo, la advertencia de que lo peor está por venir debe ser escuchada. “A medida que continúe la pandemia, se impondrá una demanda aún mayor a los programas de salud mental nacionales e internacionales que han sufrido años de insuficiencia crónica de fondos. Gastar el 2% de los presupuestos nacionales de salud en salud mental no es suficiente”, ha señalado la OMS.

Atender la salud mental y el bienestar emocional es tan importante como atender la salud física. El confinamiento, el temor al contagio, el duelo por los familiares perdidos y la incertidumbre laboral y económica han aumentado el estrés en la población y, con ello, las necesidades de atención y cuidados relacionados. Implica abordarla no como un problema individual, sino como uno de salud pública. La tarea de prevención y cobertura la debe liderar el Minsa. Simultáneamente, otro desafío será considerar la cobertura de salud mental en los seguros privados sin que ello les suponga riesgos financieros. Los recursos son siempre escasos, pero priorizarlos para velar por la salud mental de la población es hoy más urgente que nunca.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Así empezó el diario español “El País” su artículo del sábado último, donde, con data de una veintena de naciones de Europa y Latinoamérica, comparó los registros oficiales de personas fallecidas en dichos meses con las muertes que se esperan en un año normal. Este indicador es útil para dimensionar el impacto de la pandemia porque no está condicionado por la cantidad de pruebas realizadas ni por los criterios clínicos locales para determinar causas de defunción.

En el Perú, según la data abierta del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cada mes mueren aproximadamente 9.000 personas. Y así fue hasta marzo de este año. En abril, las muertes registradas subieron a 12.275 (1.770 oficialmente atribuidas al virus) y en mayo se dispararon hasta 23.410. De estas últimas, 2.802 fueron oficialmente atribuidas al virus. A ese desfase es al que se refiere el diario español, y que sostiene supera, en porcentaje, a todos los otros países analizados, muchos de los cuales ya están en etapas de desescalada.

Sabemos que hay un subreporte de muertes por COVID-19, pero no creo que podamos atribuir al virus la totalidad de fallecimientos adicionales. La agenda no-COVID —pacientes con enfermedades crónicas, urgencias, etc.— sigue ahí, aunque con dificultades para ser atendida. Ya antes del inicio de la pandemia, las limitaciones en el acceso a cuidados oportunos y de calidad llevaba a que el 41% de la población buscara atención médica en farmacias o boticas en lugar de acudir al primer nivel de atención médica. La cifra de estos meses sin duda será mayor, más aún considerando que el primer nivel de atención cerró para evitar la expansión del virus, y que la gente está con mucho temor de acercarse a una posta, clínica u hospital. ¿Cómo controlar el avance de la pandemia y, a la vez, retomar los servicios de salud para quienes requieren de atención que hoy no están recibiendo? La respuesta no es nada sencilla, pero necesitamos que las autoridades lo determinen y que los ciudadanos la sigamos.

Las investigaciones más recientes sobre cómo contener la propagación del virus se enfocan en cuatro factores que, combinados, multiplican el riesgo de contagio: muchas personas juntas, con poca distancia entre ellas, en espacios cerrados y por periodos de tiempo prolongados. Para evitar más muertos, el Gobierno debe impedir que estos factores confluyan. El abordaje tardío que vimos en los mercados no puede repetirse en espacios como, por ejemplo, el transporte público. 

No basta con publicar una norma; ahí es cuando empieza el trabajo de transmitir la estrategia a los ciudadanos. Insistimos con que falta comunicar permanentemente a la población mensajes claros, diferenciados según perfiles, que vayan logrando cambiar nuestro comportamiento. En lugar de decir “Guarda una distancia de dos metros con el prójimo”, decir “Imagínate una cama de distancia entre tú y los demás”. En vez de “En personas jóvenes, un 5% de casos se complican”, decir “La semana pasada falleció un joven deportista de 25 años por COVID-19”. Y así.

En el 2011, a propósito de las cifras de muertos civiles durante el régimen de Alberto Fujimori versus las dos administraciones que lo precedieron, un vocero del fujimorismo pronunció la hoy tristemente célebre frase “Nosotros matamos menos”. Hoy lo que estamos viendo es que todos los Gobiernos nos fallaron. Fallaron en arreglar un Estado mal armado, en gestionar pensando en el bien común, en implementar políticas de largo plazo, en denunciar la corrupción pública y privada en todos los niveles y todas sus formas. Y todos, sin excepción, fallamos en construir esa ciudadanía que nos permita mirar más allá de nuestro beneficio propio. Los Gobiernos no solo no mataron menos; es por ellos, y por nosotros, que hoy morimos más. Cambiarlo es, como pocas veces, una cuestión de vida o muerte.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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En el 2015, en su ya famosa charla TED, Bill Gates anticipaba que el próximo gran riesgo global sería una pandemia causada por un virus muy infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y contra el que no estaríamos listos para luchar. Dado lo acertado de su pronóstico, conviene escuchar lo que el multimillonario empresario y filántropo ha dicho hace pocos días. Básicamente, que necesitamos trabajar en prevención, pero –y esta es la clave del mensaje, por obvia que pueda parecer– que requerimos hacerlo de forma conjunta desde los distintos sectores de la sociedad.

La Fundación Bill y Melinda Gates viene años invirtiendo en el estudio de brotes epidémicos. Y ahora está financiando a diferentes equipos de investigadores para encontrar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Una inversión de esta envergadura no la podría hacer un solo Gobierno porque, dado que muchos laboratorios que se encuentran abocados a esta tarea no tendrán éxito, sería acusado de despilfarrar recursos públicos. Tampoco podría embarcarse en esta tarea la empresa privada, pues los elevados costos de investigación y los altos riesgos de fracaso no la harían rentable. Pero desde la filantropía esto sí es posible, siempre de la mano de la ciencia y la academia. Tener a varios laboratorios trabajando en simultáneo, muchos de ellos en una lógica de red, permitirá minimizar el daño ya de por sí inconmensurable de esta pandemia. El que descubra la vacuna estará en capacidad de inmediatamente activar su producción junto con los otros y, así, inmunizar cuanto antes a la mayor cantidad de personas en el mundo.

En Alemania, investigadores del Servicio de Donación de Sangre de la Cruz Roja Alemana y del Instituto de Virología Médica de la Universidad Goethe han desarrollado un procedimiento para detectar el virus realizando ‘pool testings’ o pruebas en grupo, lo que permite multiplicar la capacidad de diagnóstico. Y eso es justamente lo que se requiere en este momento: poder evaluar a grandes poblaciones para dimensionar la extensión de la infección y determinar cuánta gente es asintomática y cuánta está ya inmunizada.

En cuanto a organismos multilaterales, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece apoyo financiero a los países que así lo requieran para monitorear, hacer pruebas de laboratorio y fortalecer sus servicios de salud pública, la Organización Mundial de la Salud está trabajando en protocolos por seguir.

El historiador Yuval Harari sostiene que necesitamos un espíritu de cooperación y confianza mundial y un plan de acción conjunto, porque tanto la pandemia como la crisis económica resultante son problemas globales. Sociedades donde se comparta información confiable transversalmente, pero también entre países. Y líderes que –contrariamente a lo que vemos hoy en políticos de toda tendencia ideológica– usen el conocimiento con sentido común y apuesten por reconstruir la confianza de la gente en la ciencia, los medios de comunicación y las instituciones.

Este virus nos ha mostrado que los sectores público y privado pueden actuar juntos, cada quien desde su rol: el público, articulando para dar acceso masivo al diagnóstico y la cobertura de servicios, y el privado, buscando la mayor eficiencia de los distintos servicios requeridos. “Tenemos que encontrar una forma de unirnos”, dijo enfática la semana pasada la titular del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, a autoridades de la Macrorregión Sur. 

Este virus también nos ha confirmado que trabajar de forma desarticulada en un mundo tan interconectado como el actual es un sinsentido. Confirámosle valor a toda labor, porque cada una es un engranaje vital de la sociedad. Empecemos por reconocer a aquellas autoridades que nos dicen la verdad, que actúan con corrección y velan por el bien común, y rechacemos a aquellas con el perfil al que, por desidia, nos hemos acostumbrado. Seamos ciudadanos comprometidos, empoderados y responsables. Pensemos en el bienestar del otro. Y trabajemos para que estos cambios sustanciales se vuelvan permanentes.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Entre 2014 y 2019, las tentativas de feminicidio en el Perú pasaron de 198 a 404 casos, y la cifra de feminicidios se duplicó, hasta llegar a 166. Según el portal estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 51% fueron a manos de la pareja de la víctima. Lo preocupante es que el 64% no tomó ninguna medida como la denuncia o separación.

La violencia contra la mujer no distingue nivel socioeconómico. La Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes) de 2019 muestra que el 57.7% de las encuestadas alguna vez sufrió violencia ejercida por su esposo o compañero. Al reportar esta información por quintiles de bienestar, este porcentaje alcanza el 56.2% y 49.5% de mujeres del primero y último quintil, respectivamente. Esta brecha de siete puntos porcentuales ha sido constante en los últimos cinco años.

La situación es especialmente dramática porque la violencia suele comenzar en las etapas tempranas de la relación: el 65.3% de las mujeres casadas reportó que se inició en los dos primeros años o antes (Endes, 2018) (Ver Ilustración N.° 1).

Ilustración N.° 1: Inicio de la violencia física o sexual en mujeres casadas

Hay un grupo particularmente vulnerable: las menores de edad. Según el último censo penitenciario (2016), el 47.9% de los procesados o sentenciados por violación a menores cometió la agresión en la vivienda de la víctima o en el hogar del interno. Un factor de riesgo potenciador en estos casos fueron las sustancias psicoactivas: 23% consumió alguna, de las cuales 90.7% fue alcohol.

¿Qué tenemos detrás de esta situación que año tras año parece empeorar? Según la Política Nacional de Igualdad de Género (DS N.° 008-2019-MIMP), la discriminación estructural contra las mujeres tiene tres causas fundamentales: (i) la asignación de roles desiguales entre hombres y mujeres (primordialmente reproductivo); (ii) patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino; y (iii) normas y una cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. En consecuencia, al enfrentar la violencia contra la mujer se debe considerar tanto la dimensión institucional como la social.

En la dimensión institucional, el Estado ha mostrado grandes avances normativos desde 2007, cuando promulgó la Ley N.° 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, que busca garantizar la igualdad de derechos y eliminar las desventajas de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. En 2019, para adaptar su estructura y funciones a las necesidades actuales, se estableció la citada política y se creó el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), sobre la base del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). Una señal alentadora es que el presupuesto de este programa se ha incrementado en 24 veces: en 2009, el PNCVFS tenía solo 17 millones de soles, mientras Aurora, en 2020, contó con un presupuesto institucional modificado de 417 millones de soles (SIAF, 2020).

En la dimensión social todavía hay un largo camino por recorrer, porque la desigualdad y, más aún, la violencia, están normalizadas y arraigadas en nuestra sociedad: el 55% de mujeres que han sido maltratadas reportó no buscar ayuda porque “no fue necesario”.

Urge fortalecer la aplicación del enfoque de género, tanto en las políticas e intervenciones estatales como en nuestras vidas diarias, asumiendo la responsabilidad que nos toca como ciudadanos. Desde el Estado debe promoverse la transversalización del enfoque, entendida como la “integración sistemática de las condiciones, las prioridades y las necesidades propias de las mujeres y los hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad” (ACSUR-Las Segovias, 2006). Es decir, para planificar políticas y programas efectivos es necesario comprender las bases de las inequidades bajo una visión integral y sistémica.

Luego será fundamental analizar el impacto esperado y empírico de estas intervenciones para garantizar su adecuado seguimiento y evaluación. Asimismo, es necesario articularlas bajo una lógica intersectorial prestando especial atención al sector educación. Al formar a los ciudadanos desde muy temprana edad, tiene la posibilidad de potenciar el necesario cambio cultural para desarraigar las desigualdades intrínsecas a nuestra sociedad.

Finalmente, como ciudadanos debemos ser conscientes y asumir nuestra parte de la responsabilidad en el problema. Cooperemos, como estos días de cuarentena, luchando por cambiar aquellos factores normalizados desde hace tanto tiempo: desde hacer notar lo erróneo de esa broma machista o silbido que escuchamos, hasta auxiliar a quien veamos en una situación de maltrato.

Realizado por Oriana Salomón y Mauricio Ibañez, analista senior y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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Sin embargo, hay un asunto que tenemos que visibilizar: hoy, los servicios de salud no solo están combatiendo esta emergencia nacional. Tienen también el enorme reto de, simultáneamente, satisfacer las necesidades de atención de personas con otras enfermedades como las crónicas –cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc.– y las contingencias que se presentan en el tiempo –urgencias y emergencias, por ejemplo–.

La experiencia de China confirma la importancia de atender en espacios distintos a quienes presentan síntomas no vinculados con el COVID-19. Y esto se logra mediante la asignación de establecimientos diferenciados y el triaje: la valoración inicial del paciente por la que se decide cómo se le tratará en función de su estado.

En España e Italia, donde la magnitud del contagio colapsó la capacidad de sus sistemas de salud –considerados entre los mejores del mundo–, los pacientes crónicos no urgentes no pueden ser atendidos en centros diferenciados. Alemania, que destaca por su baja mortalidad, tiene una oferta sanitaria similar a la de Singapur y Corea del Sur, con “espalda” para soportar y controlar esta ola. En Reino Unido y Estados Unidos se recomienda distanciar a los pacientes de los hospitales y, en la medida de lo posible, asistirlos empleando la telemedicina, aunque la crisis está también poniendo a prueba la capacidad de sus sistemas.

En el Perú, este flujo diferenciado de atención viene siendo abordado, sobre todo, por Essalud, que está seleccionando instituciones prestadoras de servicios de salud para consultas no ligadas al COVID-19. Por ejemplo, la atención para aseguradas embarazadas del hospital Rebagliati se está trasladando a la clínica Cada Mujer, en Jesús María.

En hospitales y policlínicos de Lima y regiones, Essalud ha instalado unidades de triaje diferenciado exclusivamente para sintomáticos respiratorios. Ahí aplican, siguiendo el protocolo, los hisopados y las pruebas rápidas. Según los resultados, se determina si se requiere hospitalización de aislamiento y observación, sea en hospitales o en la Villa Panamericana, donde se han equipado 900 camas y un centro médico de urgencias. Para los casos más graves, se están reforzando las unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya demanda aumentará en las próximas semanas dada la conocida progresión de este coronavirus.

Es importante que el Ministerio de Salud, como ente rector, comunique el despliegue de su estrategia para articular la acción en todas las regiones del país. Por ahora, se sabe que está ampliando los hospitales de Ate y Villa El Salvador para tener 200 camas UCI COVID-19 en cada uno.

Para hacer el sistema eficiente y descongestionarlo de consultas de pacientes crónicos, hay dos medidas que debemos implementar con rapidez.

Primero, apelemos a la telemedicina. En nuestro país, está la demanda de garantizar que a ambos lados de la consulta se cuente con un profesional de la salud con las credenciales adecuadas. Por tanto, urge revisar la normativa y la cobertura de este servicio para poder aumentar estas atenciones, más aún con escenarios de aislamiento social que persistirán en el futuro.

Segundo, debemos imitar la iniciativa de Essalud denominada Farmacia Vecina, que convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos. Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinas en lugares cercanos a su hogar y con menores riesgos para su salud. Las grandes cadenas de boticas tendrían que sumarse a este esfuerzo, que debe permanecer superada la emergencia y extenderse a todo el país.

Pasado este escenario de crisis, debemos profundizar los esquemas de colaboración público-privados con el objetivo de que el ciudadano acceda a servicios más eficientes. Así, se aligera la carga operativa del Estado y se permite al sector privado desplegar sus competencias y desarrollar nuevo conocimiento. Todos ganamos. No esperemos a que otra amenaza nos haga llegar a esta misma conclusión.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Hagamos un poco de memoria para situar este mandato en su real dimensión. En 1994, el principal acuerdo de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo, fue cambiar el enfoque tradicional de planificación familiar —centrado en combatir las altas tasas de fecundidad— hacia la visión actual de derechos y empoderamiento de la mujer. Esto tuvo efectos en el mundo entero.

En nuestro país, si bien este nuevo paradigma llevó a una mayor provisión de información y métodos anticonceptivos, recién en el 2001 se incluye la anticoncepción oral de emergencia como política pública. Esta se empieza a implementar cuatro años después con la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. El objetivo principal de esta disposición fue contar con un método seguro y accesible frente al riesgo de embarazos no deseados y sus consecuencias de gestaciones de alto riesgo o, peor aun, de abortos provocados y su impacto en la mortalidad materna.

Sin embargo, en el 2009, tras una acción de amparo contra la distribución de la píldora presentada por un grupo conservador religioso, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que el Minsa dejara de distribuirla. Dos hechos resultaron sorprendentes de este fallo. Primero, que el TC considerara que existía una “duda razonable” respecto a la naturaleza abortiva de la píldora cuando, tres años antes, el mismo TC había aseverado que la anticoncepción oral de emergencia era anticonceptiva y no abortiva. Y, segundo, que en dicho fallo el TC no se pronunciara sobre la venta comercial de la píldora, que continúa ininterrumpidamente hasta hoy. Es decir, era una medida discriminatoria contra quienes no tenían los recursos para comprar el producto. Algunos especialistas consideraron esta decisión como una de las incongruencias más notables en la salud pública peruana.

En el 2014, la fiscal Violeta Gómez presentó una acción de amparo contra la decisión del TC, y es así como llegamos a esta decisión del Poder Judicial que restablece los derechos negados entre el 2006 y 2009 a las personas más vulnerables y con menos recursos de nuestra sociedad. Durante esos tres años de vigencia de la política de anticoncepción oral de emergencia, según datos del Minsa, se benefició a más de 107.000 mujeres en la sierra, la selva y los conos populosos de Lima.

Está científicamente probado –como lo sostiene la Organización Mundial de la Salud– que la píldora del día siguiente no interrumpe un embarazo. Lo que hace es retrasar o evitar la ovulación, con lo que impide que un espermatozoide fecunde un óvulo y, por lo tanto, evita el embarazo. Pero si la concepción ya se produjo, no la interrumpirá.

El informe “Estado de la población mundial 2019. Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas”, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reveló que al 2019 el 56% de peruanas de 15 a 49 años usa algún tipo de método anticonceptivo moderno: píldoras anticonceptivas, esterilización, implantes hormonales, dispositivos intrauterinos, preservativos, etc. Además, el 13% de las adolescentes peruanas de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas. En estos casos, el 70% de los embarazos no fueron planificados.

Si bien dicho informe muestra que en las últimas cinco décadas ha habido un avance del 10% al 56% en el uso de métodos anticonceptivos modernos en el Perú, todavía existen brechas en el acceso a estas políticas de salud sexual y reproductiva. Esto es especialmente notorio entre mujeres de poblaciones vulnerables, zonas rurales o en situación de pobreza. La anticoncepción oral de emergencia es, en este contexto, solo una medida a inscribirse dentro de un paquete de políticas intersectoriales.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Se estima que en el mundo existen entre cinco mil y siete mil enfermedades raras, el 75% de las cuales tiene un origen genético. Se caracterizan por tener frecuencia baja (menos de cinco casos por cada diez mil habitantes), presentar peligro de muerte o de invalidez crónica, y ser de difícil diagnóstico y seguimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, el 7% de la población global sufre alguna de ellas, lo que supone más de 42 millones en América Latina y al menos 2,5 millones en nuestro país.

El análisis de las enfermedades raras y de sus medicamentos –los llamados medicamentos huérfanos– constituye un problema de salud pública porque ni siquiera en los países con más recursos es sencillo resolver las demandas de un número tan variado de enfermedades que son padecidas por poblaciones dispersas. Su diagnóstico requiere de especialistas que cuenten con instrumentos tecnológicos más sofisticados.

En ese escenario, las evaluaciones de tecnologías sanitarias son herramientas fundamentales para un mejor abordaje de dichas enfermedades. Estas evaluaciones deben considerar no solo los costos de los tratamientos o la relación costo-efectividad, sino también criterios como el impacto en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Además, es fundamental contar con protocolos de atención y guías de práctica clínica que permitan uniformizar el tratamiento de las enfermedades en todo el país, costear la atención y aportar a la sostenibilidad financiera del sistema.

Al ofrecer información científica e imparcial, las evaluaciones de tecnologías sanitarias mejoran la eficiencia del sector salud y son una importante herramienta de gestión para los ámbitos público y privado. Sobre todo considerando que en un sistema de salud como el peruano, que dispone de escasos recursos, la priorización de las intervenciones resulta imprescindible.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Creo que la mayoría de peruanos compartimos la perspectiva que el desarrollo de una sociedad basada en información es importante, incluso para nuestra propia vida. Veamos algunos conceptos clave: los datos son hechos sin relación entre sí —como la serie de números 280721—, mientras que la información es un conjunto de datos a los que se les da sentido mediante un vínculo o una descripción —28 de julio del 2021, por ejemplo—. El conocimiento, a su vez, es un conjunto de representaciones entretejidas basadas en información y que incluyen análisis, interpretación y argumentación. Es lo que nos lleva a saber que la fecha presentada es la del bicentenario de la Independencia del Perú, hito para reflexionar y lograr cambios relevantes.

Más información, mayor bienestar

El desarrollo de este proceso (datos, información, conocimiento) es relevante al abordar temas críticos como la salud de las personas. Por ejemplo, ¿somos conscientes del riesgo que corremos si nos administran un medicamento al cual somos alérgicos? ¿O que para un médico es difícil conocer en tiempo real la disponibilidad de camas hospitalarias o los servicios de emergencia en los centros hospitalarios de su ciudad? Imagínese qué pasaría si alguno de nosotros o un familiar los requiere. Estas situaciones se pueden y se deben evitar.

Para empezar a construir este ciclo virtuoso, el Estado debe aplicar un concepto ya normado en el DS 024-2005, pero que hasta la fecha no se implementa: las identificaciones estándar de datos en salud (IEDS). Estas definen un “idioma” común para registrar y conocer quiénes son las personas y cuáles son sus dolencias, los procedimientos y los tratamientos que necesitan, así como dónde los recibieron. Esta información facilita la atención en los servicios de salud y permite tomar mejores decisiones.

Si bien los países vecinos empezaron este camino años después que el Perú, han avanzado bastante más. En Chile y Colombia se ha progresado mucho en la implementación de la historia clínica electrónica, y en Argentina se emplea estándares de información para la trazabilidad de los medicamentos de mayor riesgo o alto costo. ¿El secreto? La persistencia de una decisión en el tiempo, con equipos renovados periódicamente, pero que mantienen una línea de trabajo constante.

¿Nuestro país, con tanto “ruido”, podrá lograr la reflexión y firmeza necesarias para que los gestores públicos —a pesar de que son eventualmente reemplazados— tomen una decisión al respecto y la mantengan en el tiempo? Difícil, pero no imposible. Una fecha tan importante como el bicentenario nos lo impone.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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