Un estudio del Consorcio de Universidades estimó que el 39% de los estudiantes tuvo síntomas de depresión durante la pandemia y que el 31% reportó pensamientos suicidas. Estas cifras alarmantes no son solo producto de la emergencia sanitaria, sino son también consecuencia de un problema de salud pública que el Perú afronta limitadamente hace años.

En 2016, los trastornos mentales y del comportamiento fueron la principal causa de pérdida de años de vida saludables (AVISA) en el país. Los AVISA son una medida empleada para estimar cuántos años de vida saludable se pierden por muerte prematura o por discapacidad. En este caso, los trastornos mentales y del comportamiento hicieron perder más AVISA (principalmente por discapacidad) que las enfermedades cardiovasculares o los tumores malignos, por poner algunos ejemplos.

En 2019, un estudio similar a nivel regional reveló que en todos los departamentos del país, los trastornos mentales y del comportamiento se ubicaban en el top 10 entre las principales causas de pérdida de AVISA. En ciertas regiones, como Madre de Dios, Tumbes, Junín y Arequipa, estaban en el top 3.

Para hacer frente a esta situación, el Estado ha tomado algunas medidas, aunque limitadas. Por el lado normativo, en 2019 se promulgó la Ley de Salud Mental (Ley 30947), cuyo principal objetivo es brindar un “marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental”.

Por el lado de la prestación, desde 2015 se vienen implementando Centros de Salud Mental Comunitaria. Se enfocan en la atención ambulatoria de pacientes con trastornos mentales o problemas psicosociales graves o complejos, y ofrecen servicios de prevención y promoción de la salud mental. Existen 205 centros en todo el Perú, el 78.5% de los cuales están ubicados fuera de Lima.

Un estudio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y del Banco Mundial catalogó estos centros como viables y sostenibles. Representan una oportunidad eficiente para abordar el tratamiento de la salud mental, pues se estima que cinco de ellos atenderían a una cantidad equivalente de pacientes que un hospital.

Además, si el 90% de los tratamientos externos de los principales hospitales psiquiátricos fueran llevados a los centros, el sistema de salud peruano ahorraría USD 7,669,519 al año. Esto es particularmente importante considerando que la atención médica de salud mental puede ser costosa y afectar, en mayor medida, a la población pobre y vulnerable.

No obstante, según el informe “El derecho a la salud mental” publicado por la Defensoría del Pueblo en 2018, ocho de cada diez personas con un trastorno mental no recibe tratamiento adecuado u oportuno, lo que demuestra la amplia brecha aún por cerrar.

¿Cuál es la agenda pendiente?

En primer lugar, se requiere seguir abordando el problema estructural. Existe un estigma hacia los pacientes con patologías de salud mental, tanto por parte de la sociedad como del personal de salud. Ello puede limitar el acceso a la atención especializada.

En segundo lugar están la consolidación y expansión enfocadas en el tratamiento, promoción y prevención de la salud mental en todo el país. Tomando en cuenta los efectos negativos de las medidas sanitarias contra la COVID-19 (como las cuarentenas) sobre la precaria situación de la salud mental en el país, es necesario priorizar la implementación de los centros de salud comunitarios, particularmente en las regiones más afectadas. Una forma de guiar la intervención puede ser considerando los AVISA.

Otro desafío es la brecha de médicos especialistas para prestar una atención oportuna. En 2020, 5221 psicólogos prestaban sus servicios en el sector salud  —incluidos Minsa-Gobiernos regionales, EsSalud, sanidades de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, SISOL, sector privado y Ministerio de Educación—. No obstante, existen regiones como San Martín y Áncash que requieren estos servicios de salud y están por debajo del promedio nacional.

La atención de la salud mental debe ser una prioridad de salud pública en el Perú. Si bien presenta grandes brechas de especialistas e infraestructura, existen alternativas costo-efectivas para abordar la situación.

Considerando que los efectos positivos de una atención en salud mental de calidad trascienden al individuo que la recibe —mejoras en el aprendizaje y productividad futura, reducción de la violencia familiar y mejora del bienestar—, es fundamental tratarla con la importancia que se merece.

Realizado por: Alfredo Dancuart y Génesis Hernández, analista senior y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Sabemos que, ante la emergencia del COVID-19, los sistemas de salud de todo el mundo debieron centrarse en frenar la crisis sanitaria. Todo pasó a segundo plano, incluida la atención de la salud mental.

Entre junio y agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una encuesta en 130 países y encontró que la pandemia ha interrumpido o detenido los servicios de salud mental en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de salud mental está aumentando.

En el Perú, el último estudio de carga de enfermedades encontró que los trastornos mentales y del comportamiento afectan principalmente a las personas de entre 15 y 44 años. Las afecciones más comunes son depresión, trastornos de ansiedad, abuso y dependencia del alcohol, trastornos obsesivos, entre otros.

Más aún, se calcula que la incidencia de trastornos mentales es del 33,7%. Es decir, uno de cada tres peruanos tendrá algún problema de salud mental en algún momento de su vida. Sin embargo, como ha advertido la Defensoría del Pueblo, el 80% de la población con problemas de salud mental no recibe tratamiento. Y aquella que sí accede a estos servicios, luego no tiene asegurado el tratamiento, recuperación y continuidad de cuidados.

En este período, según el Ministerio de Salud (Minsa), siete de cada diez peruanos han reportado haber sufrido algún tipo de ansiedad, mientras que 28,5% experimentó algún rasgo depresivo. Entre los síntomas más frecuentes están las dificultades para dormir (55,7%), problemas con el apetito (42,8%), cansancio o falta de energía (44%), falta de concentración (35,5%) y pensamientos suicidas (13,1%).

Entre el personal de salud también se ven problemas de salud mental, especialmente en aquellos que trabajan con casos de COVID-19. Presentan gran presión por el alto riesgo de infección, la intensidad de su labor, el aislamiento y discriminación, y mucha frustración ante la muerte de pacientes y compañeros.

En abril del 2018, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Comunitaria 2018–2021, que pasa de un modelo de atención tradicional centrado en hospitales psiquiátricos a otro con centros de atención en el primer nivel. Es decir, centros de salud mentales comunitarios que cuenten con servicios ambulatorios especializados en niños, adolescentes y adultos, y otros enfocados en adicciones. El Minsa ya ha implementado 154 de estos centros en todo el país, y se espera ampliar la oferta a 281 establecimientos hasta el 2021. En este modelo es clave el diagnóstico precoz y el involucramiento de la familia. En muchos centros los usuarios incluso han creado asociaciones a modo de redes de apoyo.

Sin embargo, la advertencia de que lo peor está por venir debe ser escuchada. “A medida que continúe la pandemia, se impondrá una demanda aún mayor a los programas de salud mental nacionales e internacionales que han sufrido años de insuficiencia crónica de fondos. Gastar el 2% de los presupuestos nacionales de salud en salud mental no es suficiente”, ha señalado la OMS.

Atender la salud mental y el bienestar emocional es tan importante como atender la salud física. El confinamiento, el temor al contagio, el duelo por los familiares perdidos y la incertidumbre laboral y económica han aumentado el estrés en la población y, con ello, las necesidades de atención y cuidados relacionados. Implica abordarla no como un problema individual, sino como uno de salud pública. La tarea de prevención y cobertura la debe liderar el Minsa. Simultáneamente, otro desafío será considerar la cobertura de salud mental en los seguros privados sin que ello les suponga riesgos financieros. Los recursos son siempre escasos, pero priorizarlos para velar por la salud mental de la población es hoy más urgente que nunca.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Intente encontrar, estimado lector, leyes sustanciales que haya presentado y aprobado el actual Congreso. De una decena no pasaremos, siendo generosos. Como lo señaló la semana pasada Darío Pedraglio, analista de Parlamento Abierto, tenemos más de cuatro mil proyectos de ley, cifra que supera en más del 50% la producción legislativa en la región. La máxima de “calidad, no cantidad” claramente no es aplicada por nuestros parlamentarios.

Y es que para qué legislar sobre lo sustantivo, si se puede proponer declarar el 15 de octubre “día de la etnia china en el Perú”, que el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo sea “cuna de intelectuales y valientes defensores de la patria”, o proclamar “prócer de la independencia” a “quienes continuaron con la gesta independentista de Túpac Amaru II o sufrieron martirio por su causa” (¡!).

Lo peor de esta empapelada de leyes irrelevantes es que afecta el funcionamiento de las instituciones y, en consecuencia, dificulta el desarrollo del país.

Ahora bien, de lo poco bueno que se ha aprobado, está la Ley 30947, Ley de Salud Mental, a todas luces necesaria, pues el 80% de peruanos con trastornos mentales no recibe tratamiento. La norma sitúa la salud mental como un derecho y refuerza avances anteriores en ese sentido. Además, estandariza servicios priorizando acciones promocionales y preventivas desde la comunidad.

Sin embargo, como toda ley, tiene aspectos perfectibles. Veamos dos. Primero, el texto precisa que las farmacias de los establecimientos de salud públicos y privados deben tener un inventario de psicofármacos equivalente al 30% de la dispensación mensual en unidades para garantizar el acceso a los mismos. Esta exigencia carece de sentido, pues basta con contar con un eficiente sistema de distribución que las abastezca oportunamente. Más bien lo que demuestra es cómo la inmensa mayoría de las leyes que pretenden mejorar la gestión pública se enfoca, equivocadamente, en las funciones específicas de cada institución y no en los procesos que se requieren para alcanzar determinado objetivo.

En segundo lugar, la norma estipula que los seguros públicos y privados deberán suministrar todos los medicamentos necesarios para el tratamiento de los problemas de salud mental, bajo la respectiva prescripción médica. No se define, sin embargo, cómo esta inclusión obligatoria de medicamentos en los seguros, que sin duda generará costos adicionales, será financiada. Probablemente, por lo menos en un inicio, deberíamos empezar por cubrir las enfermedades contempladas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

En nuestro país, las enfermedades neuropsiquiátricas son la primera causa de carga de enfermedad: representan el 17,5% del total y generan una pérdida de 33,5 años de vida saludables por cada mil habitantes. A esto se suma que el 20% de la población adulta mayor presenta algún tipo de trastorno mental –principalmente depresión, ansiedad y alcoholismo– y que la mitad de las enfermedades mentales comienza antes de los 14 años, aunque en la mayoría de los casos no son detectadas.

Según Junaid Nabi, investigador en salud pública en Brigham and Women’s Hospital y del Harvard Medical School, solo en Estados Unidos la carga económica total ocasionada por la salud mental supera los US$210.000 millones cada año. Y en la Unión Europea, los costos vinculados con problemas de salud mental se estiman en más del 4% del PBI de sus 28 países; es decir, en más de 600.000 millones de euros. Esto de acuerdo con el informe “Health at a Glance: Europe 2018”, elaborado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para completar el panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido ya que la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo en el 2030 (hoy es la tercera).

Por todo lo anterior, debemos invertir en soluciones costo-efectivas, escalables y sostenibles enfocadas en mejorar la salud mental de los peruanos. En medio de la maraña de leyes delirantes que produce nuestro inagotable Congreso, rescatemos la de salud mental –comentario sin ironías incluidas– y démosle el impulso de política de Estado que requiere.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En el Perú, según la encuesta mundial de salud mental, las enfermedades mentales más prevalentes en la población son la ansiedad (15%) y los trastornos del ánimo (8%). Asimismo, el “Estudio Carga de Enfermedad en el Perú” llevado a cabo por el Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2012 sitúa a la depresión como la primera causa de carga de enfermedad en el país. El estudio concluye que los trastornos neuropsiquiátricos constituyen el 17.4% del total de años de vida saludables perdidos. Frente a este escenario, veamos cómo se está abordando la prevención y el tratamiento de la salud mental desde el programa presupuestal (PP) en salud mental y otras estrategias en el Perú.

En el año 2015 nace el Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental (PP0131) con el objetivo de brindar atención al elevado número de personas afectadas por trastornos de salud mental en la población general y en la población de alto riesgo. Su diseño recoge la evidencia identificada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección General de Epidemiologia del Ministerio de Salud (MINSA) en relación a los efectos generados por los trastornos neuro-psiquiátricos. El PP0131 está estructurado en función a diez productos orientados a prevenir, detectar y tratar trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos psicóticos, así como trastornos mentales generados por el alcoholismo y como producto de violencia política.

Como característica primordial, el PP0131 promueve que la gran mayoría de las intervenciones propuestas tengan un enfoque comunitario; es decir, generar entornos saludables para reducir trastornos mentales y problemas psicosociales con servicios de salud mental basados en la prevención y la promoción de la salud de la atención primaria. Así, buscan reducir la necesidad de hospitalización y que los servicios de salud mental se enfoquen en la rehabilitación y la reinserción del enfermo mental en coordinación con servicios sociales.

Al valorar la evolución presupuestal del PP0131 comparando las cifras del 2017 con respecto a la asignación en salud mental en el 2012, vemos un incremento acumulado de 292% en los últimos cinco años, lo que significó a su vez un incremento en la participación del gasto en salud mental del 0.2% al 1% del gasto total en salud; aún inferior a los montos asignados en países como Chile (2.8%) o Brasil (2.4%) (OMS, 2012).

Con el objetivo de fortalecer la atención del paciente al interior de su comunidad y promover la participación de sus familias desde el primer nivel de atención, el MINSA planea tener implementados 40 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) para el final del año 2017.
A la fecha funcionan 29 CSMC, los cuales cuentan con psiquiatras, médicos de familia, psicólogos y terapeutas que brindan servicios de tratamiento a niños y adolescentes, adultos, adultos mayores y pacientes con casos de adicción. Asimismo, realizan actividades para la atención ambulatoria de usuarios con trastornos mentales o problemas psicosociales. La medición de los logros de estos centros comunitarios en la disminución de la incidencia de enfermedades mentales debería ser el siguiente paso a seguir para poder decidir la sostenibilidad o la reformulación de este enfoque del manejo de los trastornos mentales.

Entonces, existe un esfuerzo por establecer una política de salud mental con enfoque comunitario en el país. El aumento en la asignación presupuestaria para los programas de salud mental por resultados es un reflejo de la voluntad del Estado por darle importancia a la salud mental de la población. Sin embargo, no existe una medición de los indicadores de resultados del programa, de modo que se está caminando sin mucha información respecto a los logros de la política de salud mental. Sin una evaluación periódica del programa y sus resultados no es posible conocer su grado de implementación ni el éxito que tiene sobre todo en la atención primaria. Es deber de la estrategia de salud mental del MINSA liderar los procesos que permitan hacer las mediciones de los resultados del PP0131 con la finalidad de ir mejorando las metas de dichos programas.

Realizado por: Vicente Benites Zapata y Jose Choque, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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El Estudio mundial de salud mental publicado en el 2014 estimó que en el Perú el 29% de la población urbana entre 18 y 65 años de edad ha presentado algún trastorno mental en su vida. Los más frecuentes están relacionados a ansiedad (fobia específica, fobia social y trastorno de ansiedad de separación, 15%), trastornos del ánimo (depresión mayor, distimia, trastorno bipolar, 8%), trastornos de control de impulsos (trastorno explosivo intermitente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, 8%) y trastornos por consumo de sustancias (6%). La magnitud de las enfermedades mentales en nuestro país nos ubica por encima de Italia (18%) o España (19%), pero por debajo de Colombia (39%) o Sao Paulo en Brasil (45%).

A pesar de que carecemos de una ley de salud mental, en el 2015 se publicó el D.S. N°033-2015-SA que aprueba el reglamento de la Ley N° 29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. La norma tiene como objeto garantizar que los pacientes con problemas de salud mental tengan acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción y protección de la salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, con un enfoque comunitario y de derechos humanos. La publicación de esta norma establece por primera vez un marco normativo que orienta un cambio en el paradigma de los modelos de institucionalización de los pacientes por uno enfocado en la rehabilitación y en el respeto a los derechos humanos.

Un caso emblemático del cambio de este paradigma es el cierre definitivo, a fines del 2015, del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (CREMI), que vulneraba de forma flagrante el respeto a la dignidad de los pacientes psiquiátricos ahí internados. Los expacientes del CREMI han sido trasladados a hogares protegidos y vienen mostrando resultados que confirman la viabilidad y los beneficios de un modelo comunitario en nuestro país; es decir, están dejando en evidencia que el aislamiento no favorece la recuperación ni estimula el proceso de reinserción social del paciente. Actualmente, existen 23 centros de atención comunitaria a nivel nacional que brindan una atención de calidad a los pacientes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que padecen algún trastorno mental. Ahí tienen acceso a servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, rehabilitación, además de actividades de participación familiar, social y comunitaria.

Se debe reconocer en estas iniciativas locales y regionales una necesidad por dar respuesta a un problema apremiante y que, junto al nuevo reglamento de atención a las enfermedades en salud mental, son el punto de partida de un proceso de reforma que está enmarcado en una tendencia global que prioriza los derechos de los pacientes y que demuestra que el tratamiento de los trastornos mentales, desde un enfoque comunitario, puede combatir uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país. Uno que debe ser abordado considerando la abundante evidencia existente sobre los beneficios sanitarios y económicos que se obtiene a nivel individual y colectivo.

Realizado por: Jose Choque, analista de Videnza Consultores

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