Por ello, los múltiples ataques que viene sufriendo la prensa resultan muy preocupantes. Esta semana en particular, se han producido dos hechos condenables: el secuestro de dos periodistas en Chota y el proyecto de ‘Ley Mordaza’ presentado por el Ejecutivo.

Como se sabe, el último miércoles el periodista de Cuarto Poder Eduardo Quispe, su camarógrafo Elmer Valdivieso y el conductor de la camioneta que los transportaba fueron secuestrados por 40 integrantes de las rondas campesinas de la comunidad de La Palma, distrito de Chadín, en Chota.

Luego de amenazarlos verbalmente, tomar su cámara y celulares, y retenerlos por cinco horas, fueron obligados a leer un comunicado en el que se “disculpaban” por el reportaje sobre la cuñada del presidente emitido el domingo pasado y se comprometían a “no hacer daño al Gobierno”.

Ante lo ocurrido, es francamente insólito escuchar tantas voces que pretenden relativizar la gravedad del hecho y llenarlo de atenuantes. Seamos claros: un suceso de esta naturaleza es claramente un secuestro, ya sea en Lima, en Cajamarca o en cualquier lugar del mundo donde exista un mínimo respeto por los derechos fundamentales.

Cierto es que las rondas campesinas cumplen un importante rol para contribuir a la seguridad y paz en sus ámbitos de influencia, pero tal como señala el reglamento que las regula, estas deben siempre sujetarse a las leyes y la Constitución.

Lo sucedido el miércoles viola varias leyes y configura potencialmente los delitos de secuestro, robo agravado y coacción. Así lo ha reconocido el propio ministro del Interior de la administración Castillo.

Minimizar la gravedad del hecho argumentando razones de interculturalidad es comparable con la infame justificación que en su momento diera el congresista Cueto para normalizar los embarazos adolescentes en la selva aduciendo razones de idiosincrasia.

Cabe destacar que acá Pedro Castillo tiene una importante cuota de responsabilidad, pues desde la campaña azuzó a la violencia contra los periodistas en general. Su tibia condena del hecho vía Twitter se queda corta ante la gravedad del mismo y revela su desprecio por el rol de la prensa.

Por si esto fuera poco, el jueves el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley N°2508-2021-PE, que establece sanciones de entre dos y cuatro años de cárcel para los responsables de la filtración de información de investigaciones fiscales.

Es evidente que el propósito de esta iniciativa es amedrentar a la prensa para que retroceda en su labor en los múltiples casos que comprometen al Gobierno y, por ende, limitar la información a la que los ciudadanos tenemos acceso.

Francamente no sorprende en absoluto que sea esta administración la que plantee una medida de esta naturaleza, considerando que es gracias a la prensa que hoy sabemos de casos como los “100 grandes” entregados al ministro Juan Silva, o el de Los Dinámicos del Centro, o del despacho paralelo en el pasaje Sarratea, o del ya referido caso que implica a la hermana de la primera dama.

Quienes amamos la democracia debemos rechazar enérgicamente la actitud que el Gobierno ha tomado contra la libertad de expresión, puesto que esta es, al fin y al cabo, un ataque directo a la propia ciudadanía. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 10 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Con esto, Castillo evidencia una vez más el desprecio por los medios que mostró desde su campaña, en la que incluso azuzaba a sus seguidores a atacar a los periodistas. Una actitud que en el fondo es un desprecio por la ciudadanía que se informa a través de la prensa.

La entrevista no dio respuesta a ninguna de las reales inquietudes de la ciudadanía, y más bien puso en evidencia el vacío del presidente y las contradicciones que son el sello de esta administración.

El presidente abrió señalando su respeto irrestricto por el rol de los medios, e incluso se jactó de no haber coordinado los términos de la entrevista previamente con su interlocutor, como si fuera algo excepcional o meritorio, cuando es lo mínimo que se esperaría.

Pero lo realmente descarado es que hoy sabemos que los detalles sí habían sido coordinados antes del encuentro en una reunión que tuvo Alejandro Salas –supuesto ministro de Cultura que más ejerce como vocero oficioso de Castillo– con el periodista a cargo.

En una nota similar, cuando fue consultado por la investigación que le ha iniciado la Fiscalía por el caso puente Tarata, Castillo señaló que estaba totalmente dispuesto a colaborar con las acciones de la justicia.

Cabe preguntar entonces por qué dos semanas atrás su abogado Benji Espinoza presentó un recurso de nulidad contra la pesquisa ante la propia Fiscalía. Si realmente se quiere colaborar con una investigación, lo último que se debe hacer es pedir su suspensión.

Más adelante, el presidente fue contundente en declarar que nunca había conocido ni sostenido una reunión con Karelim López. No obstante, el propio presidente había declarado a la Fiscalía que sí había conocido a la hoy célebre lobista. ¿En qué quedamos entonces?

Sobre sus primeros meses de gobierno, en los que pasó la mayor parte del tiempo en la casa de una familia chotana en el pasaje Sarratea, Castillo señaló que nunca trató ningún asunto de gobierno en la misma.

¿Para qué recibía entonces a sendos integrantes de su gabinete ahí? El propio Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones y hoy prófugo de la justicia, era uno de los más asiduos visitantes. ¿Alguien podría creer, como dijo alguna vez el presidente, que se reunían ahí solo para tomar caldo verde?

Como si esta seguidilla de absurdos no fuera suficiente, Castillo remató diciendo que había conseguido “con el sudor de su frente” su grado de maestría cuando ya está demostrado que el 54% de su tesis está íntegramente plagiado.

Plagio al que se suman el del ministro de Educación, Rosendo Serna, y el de la exministra de Trabajo Betssy Chávez.

Si Pedro Castilllo hubiera tenido al frente a un verdadero periodista, mínimamente incisivo, y no a un mero facilitador de su discurso, ninguna de estas aseveraciones hubiera pasado tan alegremente.

Así las cosas, esta aparición difícilmente puede ser considerada como una rendición de cuentas a la ciudadanía. El compromiso del presidente, por tanto, sigue pendiente. Seguimos esperando.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 19 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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