Hagamos un poco de memoria para situar este mandato en su real dimensión. En 1994, el principal acuerdo de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo, fue cambiar el enfoque tradicional de planificación familiar —centrado en combatir las altas tasas de fecundidad— hacia la visión actual de derechos y empoderamiento de la mujer. Esto tuvo efectos en el mundo entero.

En nuestro país, si bien este nuevo paradigma llevó a una mayor provisión de información y métodos anticonceptivos, recién en el 2001 se incluye la anticoncepción oral de emergencia como política pública. Esta se empieza a implementar cuatro años después con la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. El objetivo principal de esta disposición fue contar con un método seguro y accesible frente al riesgo de embarazos no deseados y sus consecuencias de gestaciones de alto riesgo o, peor aun, de abortos provocados y su impacto en la mortalidad materna.

Sin embargo, en el 2009, tras una acción de amparo contra la distribución de la píldora presentada por un grupo conservador religioso, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que el Minsa dejara de distribuirla. Dos hechos resultaron sorprendentes de este fallo. Primero, que el TC considerara que existía una “duda razonable” respecto a la naturaleza abortiva de la píldora cuando, tres años antes, el mismo TC había aseverado que la anticoncepción oral de emergencia era anticonceptiva y no abortiva. Y, segundo, que en dicho fallo el TC no se pronunciara sobre la venta comercial de la píldora, que continúa ininterrumpidamente hasta hoy. Es decir, era una medida discriminatoria contra quienes no tenían los recursos para comprar el producto. Algunos especialistas consideraron esta decisión como una de las incongruencias más notables en la salud pública peruana.

En el 2014, la fiscal Violeta Gómez presentó una acción de amparo contra la decisión del TC, y es así como llegamos a esta decisión del Poder Judicial que restablece los derechos negados entre el 2006 y 2009 a las personas más vulnerables y con menos recursos de nuestra sociedad. Durante esos tres años de vigencia de la política de anticoncepción oral de emergencia, según datos del Minsa, se benefició a más de 107.000 mujeres en la sierra, la selva y los conos populosos de Lima.

Está científicamente probado –como lo sostiene la Organización Mundial de la Salud– que la píldora del día siguiente no interrumpe un embarazo. Lo que hace es retrasar o evitar la ovulación, con lo que impide que un espermatozoide fecunde un óvulo y, por lo tanto, evita el embarazo. Pero si la concepción ya se produjo, no la interrumpirá.

El informe “Estado de la población mundial 2019. Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas”, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reveló que al 2019 el 56% de peruanas de 15 a 49 años usa algún tipo de método anticonceptivo moderno: píldoras anticonceptivas, esterilización, implantes hormonales, dispositivos intrauterinos, preservativos, etc. Además, el 13% de las adolescentes peruanas de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas. En estos casos, el 70% de los embarazos no fueron planificados.

Si bien dicho informe muestra que en las últimas cinco décadas ha habido un avance del 10% al 56% en el uso de métodos anticonceptivos modernos en el Perú, todavía existen brechas en el acceso a estas políticas de salud sexual y reproductiva. Esto es especialmente notorio entre mujeres de poblaciones vulnerables, zonas rurales o en situación de pobreza. La anticoncepción oral de emergencia es, en este contexto, solo una medida a inscribirse dentro de un paquete de políticas intersectoriales.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En el Perú, según la encuesta mundial de salud mental, las enfermedades mentales más prevalentes en la población son la ansiedad (15%) y los trastornos del ánimo (8%). Asimismo, el “Estudio Carga de Enfermedad en el Perú” llevado a cabo por el Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2012 sitúa a la depresión como la primera causa de carga de enfermedad en el país. El estudio concluye que los trastornos neuropsiquiátricos constituyen el 17.4% del total de años de vida saludables perdidos. Frente a este escenario, veamos cómo se está abordando la prevención y el tratamiento de la salud mental desde el programa presupuestal (PP) en salud mental y otras estrategias en el Perú.

En el año 2015 nace el Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental (PP0131) con el objetivo de brindar atención al elevado número de personas afectadas por trastornos de salud mental en la población general y en la población de alto riesgo. Su diseño recoge la evidencia identificada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección General de Epidemiologia del Ministerio de Salud (MINSA) en relación a los efectos generados por los trastornos neuro-psiquiátricos. El PP0131 está estructurado en función a diez productos orientados a prevenir, detectar y tratar trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos psicóticos, así como trastornos mentales generados por el alcoholismo y como producto de violencia política.

Como característica primordial, el PP0131 promueve que la gran mayoría de las intervenciones propuestas tengan un enfoque comunitario; es decir, generar entornos saludables para reducir trastornos mentales y problemas psicosociales con servicios de salud mental basados en la prevención y la promoción de la salud de la atención primaria. Así, buscan reducir la necesidad de hospitalización y que los servicios de salud mental se enfoquen en la rehabilitación y la reinserción del enfermo mental en coordinación con servicios sociales.

Al valorar la evolución presupuestal del PP0131 comparando las cifras del 2017 con respecto a la asignación en salud mental en el 2012, vemos un incremento acumulado de 292% en los últimos cinco años, lo que significó a su vez un incremento en la participación del gasto en salud mental del 0.2% al 1% del gasto total en salud; aún inferior a los montos asignados en países como Chile (2.8%) o Brasil (2.4%) (OMS, 2012).

Con el objetivo de fortalecer la atención del paciente al interior de su comunidad y promover la participación de sus familias desde el primer nivel de atención, el MINSA planea tener implementados 40 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) para el final del año 2017.
A la fecha funcionan 29 CSMC, los cuales cuentan con psiquiatras, médicos de familia, psicólogos y terapeutas que brindan servicios de tratamiento a niños y adolescentes, adultos, adultos mayores y pacientes con casos de adicción. Asimismo, realizan actividades para la atención ambulatoria de usuarios con trastornos mentales o problemas psicosociales. La medición de los logros de estos centros comunitarios en la disminución de la incidencia de enfermedades mentales debería ser el siguiente paso a seguir para poder decidir la sostenibilidad o la reformulación de este enfoque del manejo de los trastornos mentales.

Entonces, existe un esfuerzo por establecer una política de salud mental con enfoque comunitario en el país. El aumento en la asignación presupuestaria para los programas de salud mental por resultados es un reflejo de la voluntad del Estado por darle importancia a la salud mental de la población. Sin embargo, no existe una medición de los indicadores de resultados del programa, de modo que se está caminando sin mucha información respecto a los logros de la política de salud mental. Sin una evaluación periódica del programa y sus resultados no es posible conocer su grado de implementación ni el éxito que tiene sobre todo en la atención primaria. Es deber de la estrategia de salud mental del MINSA liderar los procesos que permitan hacer las mediciones de los resultados del PP0131 con la finalidad de ir mejorando las metas de dichos programas.

Realizado por: Vicente Benites Zapata y Jose Choque, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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