La sociedad civil incluye a todas aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal: ONG, grupos de afectados, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, organizaciones religiosas, instituciones académicas, sociedades culturales, entre otras. Su trabajo nace de la motivación por el interés público y no del beneficio personal. De allí su preocupación por temas como los derechos humanos, la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

Una sociedad civil fuerte y organizada tiene más capacidad y autonomía para exigir el cumplimiento de sus derechos, puede promover cambios y asegurar la correcta inversión de los fondos públicos, la adecuada implementación de las políticas estatales y la incorporación de cuestiones básicas como interculturalidad y género en las agendas y los planes del Estado. Es más, su participación es reconocida en el marco normativo nacional y regional: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 17, la incluye como parte de los principales actores con los cuales coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno central. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promueve su participación en la fiscalización de la gestión administrativa regional, cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios.

Sin embargo, la participación de la sociedad civil también enfrenta retos: al estar fragmentada, sus representantes no necesariamente llevan la voz colegiada de sus miembros, y su participación es predominantemente voluntaria, por lo que deben compartir sus actividades de representación con su trabajo. Además, pueden tener posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, como es el caso de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional.

En un mundo cada vez más interconectado, ¿qué mecanismos podemos emplear para fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de un país? Por ejemplo, ¿puede la tecnología promover Gobiernos más inteligentes y participativos? Un análisis interesante lo encontramos en el libro “Civic Tech: Assessing Technology for the Public Good”, del Banco Mundial (2017). Estudia el uso de 23 plataformas digitales diseñadas para aumentar la participación de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios.

Los autores plantean dos preguntas centrales: ¿la tecnología facilita la participación de los individuos que están habitualmente excluidos? En otras palabras: ¿fortalece aún más a las personas que ya están empoderadas? Y la segunda pregunta se refiere a la capacidad de respuesta del Gobierno, pues contestar hoy es más difícil que nunca dada la avalancha de información. Estas dos interrogantes son un punto de partida interesante para discutir y lanzar propuestas, pues debemos tener claro que, como sociedad civil, podemos impactar directamente en nuestro desarrollo. Los verdaderos cambios sociales los impulsamos todos nosotros.

Realizado por: María del Pilar Pinto de la Sota, investigadora principal de Videnza Consultores

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Creo que la mayoría de peruanos compartimos la perspectiva que el desarrollo de una sociedad basada en información es importante, incluso para nuestra propia vida. Veamos algunos conceptos clave: los datos son hechos sin relación entre sí —como la serie de números 280721—, mientras que la información es un conjunto de datos a los que se les da sentido mediante un vínculo o una descripción —28 de julio del 2021, por ejemplo—. El conocimiento, a su vez, es un conjunto de representaciones entretejidas basadas en información y que incluyen análisis, interpretación y argumentación. Es lo que nos lleva a saber que la fecha presentada es la del bicentenario de la Independencia del Perú, hito para reflexionar y lograr cambios relevantes.

Más información, mayor bienestar

El desarrollo de este proceso (datos, información, conocimiento) es relevante al abordar temas críticos como la salud de las personas. Por ejemplo, ¿somos conscientes del riesgo que corremos si nos administran un medicamento al cual somos alérgicos? ¿O que para un médico es difícil conocer en tiempo real la disponibilidad de camas hospitalarias o los servicios de emergencia en los centros hospitalarios de su ciudad? Imagínese qué pasaría si alguno de nosotros o un familiar los requiere. Estas situaciones se pueden y se deben evitar.

Para empezar a construir este ciclo virtuoso, el Estado debe aplicar un concepto ya normado en el DS 024-2005, pero que hasta la fecha no se implementa: las identificaciones estándar de datos en salud (IEDS). Estas definen un “idioma” común para registrar y conocer quiénes son las personas y cuáles son sus dolencias, los procedimientos y los tratamientos que necesitan, así como dónde los recibieron. Esta información facilita la atención en los servicios de salud y permite tomar mejores decisiones.

Si bien los países vecinos empezaron este camino años después que el Perú, han avanzado bastante más. En Chile y Colombia se ha progresado mucho en la implementación de la historia clínica electrónica, y en Argentina se emplea estándares de información para la trazabilidad de los medicamentos de mayor riesgo o alto costo. ¿El secreto? La persistencia de una decisión en el tiempo, con equipos renovados periódicamente, pero que mantienen una línea de trabajo constante.

¿Nuestro país, con tanto “ruido”, podrá lograr la reflexión y firmeza necesarias para que los gestores públicos —a pesar de que son eventualmente reemplazados— tomen una decisión al respecto y la mantengan en el tiempo? Difícil, pero no imposible. Una fecha tan importante como el bicentenario nos lo impone.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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El análisis de estas enfermedades y de sus medicamentos —los llamados medicamentos huérfanos— constituye un problema de salud pública, pues ni siquiera en los países con más recursos es sencillo resolver las demandas de más de 5,000 enfermedades padecidas por poblaciones dispersas.

Siendo este el escenario, a fines de febrero la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura y Videnza Consultores organizamos un simposio internacional para debatir cómo las evaluaciones de tecnologías sanitarias pueden contribuir a un mejor abordaje de estas enfermedades. Sobre todo considerando que en un sistema de salud como el peruano, que dispone de escasos recursos, la priorización de las intervenciones resulta imprescindible.

En el caso de estas enfermedades, las evaluaciones de tecnologías sanitarias deben considerar no solo los costos de los tratamientos o la relación costo-efectividad, sino también criterios como el impacto en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Además, es fundamental contar con protocolos de atención y guías de práctica clínica de ámbito nacional que permitan uniformizar el tratamiento de las enfermedades, costear la atención y aportar a la sostenibilidad financiera del sistema. Las guías son un elemento valioso de auditoria de costos, así como de la calidad de la atención en los procesos asistenciales.

En el encuentro, Diego Rosselli, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que si bien las discusiones académicas, políticas y sociales conceden a las enfermedades raras una valoración especial, importantes problemas afectan su cobertura y financiamiento. Por un lado, existe aún desconocimiento médico, hay menos recursos para la investigación (y con tamaños de muestra muy pequeños), lo que deriva en menos información para el paciente e incentivos más limitados para la provisión. Dado que su tratamiento no es costo-efectivo según estándares usuales, la “regla de salvamento” de la Australian Pharmaceutical Benefits Advisory sugiere dar cobertura cuando la condición es severa, no existe tratamiento alterno y afecta a un número reducido de personas. De esta manera, las personas no están condenadas a carecer de un tratamiento adecuado cuando nacen con una enfermedad rara.

Para ilustrar el panorama en el Perú, José Del Carmen, jefe del Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) del Ministerio de Salud, compartió interesantes cifras: si bien el número de pacientes con enfermedades huérfanas atendidos por Fissal aumentó de 15,493 en el 2014 a 18,559 en el 2016, el financiamiento para dichos pacientes disminuyó de S/ 16.4 millones a S/ 15.2 millones durante el mismo periodo.

Igualmente, el doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud (INS), resaltó la importancia de las enfermedades infecciosas desatendidas, tales como la fiebre amarilla y la malaria, que podrían evitarse destinándoles pequeños montos de inversión. Es inconcebible que, existiendo los tratamientos y las vacunas respectivas, en nuestro país se sigan dando rebrotes de estas enfermedades, con consecuencias verdaderamente fatales.

Si bien el reto es inmenso, estoy segura de que las evaluaciones de tecnologías sanitarias cobrarán cada vez mayor relevancia en la agenda nacional, como lo han hecho ya en otros países. Al ofrecer información científica e imparcial, son un mecanismo para mejorar la eficiencia del sector salud y una importante herramienta de gestión para los sectores público y privado. Los peruanos nos merecemos contar con un sistema de salud de calidad. Nos merecemos medir nuestros niveles de bienestar y estar satisfechos con los resultados.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Sin información confiable y oportuna, no había forma de refutar, tampoco de confirmar, lo que la prensa decía. No había forma de saber lo que estaba sucediendo en el país, si los delitos aumentaban o disminuían, mucho menos cuáles aumentaban y cuáles disminuían y por qué. Por tanto, la prensa imponía la agenda de los problemas que había que priorizar y atender, muchas veces desviando la atención de aquellos que eran realmente importantes.

Sin embargo, la información no es solo importante para responder o refutar lo que la prensa dice; es fundamental para aproximarse a un mejor diagnóstico y comprensión de los fenómenos y, por tanto, para formular las políticas, los planes y los programas de seguridad ciudadana y tomar decisiones sobre ellos.

Es a partir de la caracterización de los fenómenos en términos de su comportamiento temporal y espacial y de la identificación de los sectores sociales que más los sufren que se pueden generar acciones específicas y, por otra parte, realizar una distribución más racional de los recursos (por ejemplo, personal policial, videocámaras, acciones de educación en calle y medios de comunicación, construcción de puentes peatonales, etc.).

Sin embargo, la importancia de la información no se reduce al diagnóstico y el diseño de intervenciones. La toma de decisiones requiere la evaluación de sus efectos, que son los que confirman su acierto u orientan hacia la necesidad de una rectificación. Y los sistemas de información constituyen instrumentos valiosos para evaluar el impacto de diversas decisiones y para propiciar su enmienda.

Más allá de estos usos, que son los habituales —al menos en la tradición de la salud pública—, la información ha mostrado utilidad, también, en la defensa de las decisiones ante la opinión pública y, eventualmente, en los tribunales, frente a las acciones que pudieran interponer sectores afectados por ellas. Y, más importante aún, ha mostrado ser una herramienta fundamental en la acción educativa, para generar compromisos ciudadanos en función de metas y evaluación de resultados.

En Bogotá, durante la administración del alcalde Antanas Mockus, hace ya 20 años, el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD) de dicha ciudad estableció que uno de los días con mayor frecuencia de homicidios y muertes por accidentes de tránsito era el “Día del amor y la amistad”. A raíz de ello, el alcalde decidió, unas semanas antes, decretar la ley seca para ese día, lo cual desató una fuerte polémica y la presentación de recursos de amparo por parte de los dueños de bares y tabernas. En la audiencia en la Corte Constitucional, el alcalde presentó las cifras de las muertes violentas y las curvas que mostraban su incremento en esa fecha y, al mismo tiempo, los resultados de la implementación de la “hora zanahoria”, que restringía el horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos (bares y discotecas) en los meses anteriores. Entonces, recordó a la Corte que “ningún derecho puede estar por encima del derecho a la vida” y que “ningún interés privado puede primar sobre el interés colectivo”. La Corte no tuvo otra opción que dar la razón al alcalde.

Al terminar la audiencia lo esperaban los medios de comunicación. El alcalde, en lugar de festejar su victoria, señaló que no era la intención de su gestión perjudicar a nadie, menos a quienes generaban riqueza y trabajo para la ciudad, pero que su compromiso mayor era con la vida; que si los dueños de bares tenían una propuesta razonable que permitiera prever que los índices de mortalidad no subirían, revocaría la medida. En tal sentido, los convocó a una reunión en la Alcaldía.

Propusieron que, por cada grupo de clientes, identificarían al “conductor elegido”; a él le regalarían una camiseta con una inscripción que lo distinguiese y todos los jugos de zanahoria o de frutas que deseara. En caso el “conductor elegido” hubiera bebido, le solicitarían las llaves de su vehículo —que cuidarían hasta el día siguiente— y le pedirían un taxi seguro. Ante tal propuesta, la administración municipal no solo suspendió la ley seca, sino que postergó el inicio de la hora zanahoria por dos horas, convocando a los propietarios a una reunión de evaluación, con la información del SUIVD procesada, para el lunes siguiente al “Día del amor y la amistad”.

Los resultados dieron “parte de victoria”: el número de muertes no solo fue menor que el del “Día del amor y la amistad” del año anterior, sino incluso que los fines de semana previos, que ya venían registrando reducciones sostenidas.
Ciertamente, la información no basta; se requiere de acciones y decisiones, de creatividad y conocimiento. Pero sin aquella, estas serán a ciegas.

En Perú, la situación respecto a la generación y usos de la información no ha cambiado mucho. Se entendió por “Observatorio de la violencia” llenar de cámaras la capital en lugar de implementar un sistema de información para la toma de decisiones (hoy casi todo lo que sucede se puede ver, para no saber nada, que era el propósito fundamental del Observatorio). Las decisiones se siguen tomando tardíamente como reacción ante los hechos consumados y en el ámbito estrictamente policial-judicial, casi nunca en el marco de políticas dirigidas a reducir sus causas, que es donde, sin preguntas ni interés por responderlas, sin información, sin diagnóstico de lo que acontece, sin posibilidad de evaluar, estamos condenados a continuar.

Realizado por: Alfonso Gushiken, investigador principal de Videnza Consultores

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El Estudio mundial de salud mental publicado en el 2014 estimó que en el Perú el 29% de la población urbana entre 18 y 65 años de edad ha presentado algún trastorno mental en su vida. Los más frecuentes están relacionados a ansiedad (fobia específica, fobia social y trastorno de ansiedad de separación, 15%), trastornos del ánimo (depresión mayor, distimia, trastorno bipolar, 8%), trastornos de control de impulsos (trastorno explosivo intermitente, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, 8%) y trastornos por consumo de sustancias (6%). La magnitud de las enfermedades mentales en nuestro país nos ubica por encima de Italia (18%) o España (19%), pero por debajo de Colombia (39%) o Sao Paulo en Brasil (45%).

A pesar de que carecemos de una ley de salud mental, en el 2015 se publicó el D.S. N°033-2015-SA que aprueba el reglamento de la Ley N° 29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. La norma tiene como objeto garantizar que los pacientes con problemas de salud mental tengan acceso universal y equitativo a las intervenciones de promoción y protección de la salud, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, con un enfoque comunitario y de derechos humanos. La publicación de esta norma establece por primera vez un marco normativo que orienta un cambio en el paradigma de los modelos de institucionalización de los pacientes por uno enfocado en la rehabilitación y en el respeto a los derechos humanos.

Un caso emblemático del cambio de este paradigma es el cierre definitivo, a fines del 2015, del Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (CREMI), que vulneraba de forma flagrante el respeto a la dignidad de los pacientes psiquiátricos ahí internados. Los expacientes del CREMI han sido trasladados a hogares protegidos y vienen mostrando resultados que confirman la viabilidad y los beneficios de un modelo comunitario en nuestro país; es decir, están dejando en evidencia que el aislamiento no favorece la recuperación ni estimula el proceso de reinserción social del paciente. Actualmente, existen 23 centros de atención comunitaria a nivel nacional que brindan una atención de calidad a los pacientes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que padecen algún trastorno mental. Ahí tienen acceso a servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, rehabilitación, además de actividades de participación familiar, social y comunitaria.

Se debe reconocer en estas iniciativas locales y regionales una necesidad por dar respuesta a un problema apremiante y que, junto al nuevo reglamento de atención a las enfermedades en salud mental, son el punto de partida de un proceso de reforma que está enmarcado en una tendencia global que prioriza los derechos de los pacientes y que demuestra que el tratamiento de los trastornos mentales, desde un enfoque comunitario, puede combatir uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país. Uno que debe ser abordado considerando la abundante evidencia existente sobre los beneficios sanitarios y económicos que se obtiene a nivel individual y colectivo.

Realizado por: Jose Choque, analista de Videnza Consultores

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Usualmente, las políticas más influidas por los sectores religiosos son aquellas relativas a la libertad sexual, la igualdad de género, los derechos reproductivos y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

En nuestro país, modernizar el Estado pasa, entre otros muchos aspectos, por hacer que en la práctica sea auténticamente laico. Y en esa línea, en este espacio consideramos acertada la decisión del Poder Judicial de ordenar la distribución de la píldora del día siguiente en dependencias públicas de salud. Era una medida que limitaba el acceso a personas con menores recursos económicos y, por tanto, vulneraba sus derechos.

Los hacedores de política pública deben tener en cuenta, sin embargo, que si bien la disponibilidad de métodos anticonceptivos es un buen paso, no necesariamente cambia las decisiones personales o colectivas en relación a la reproducción y/o conductas sexuales riesgosas. El cambio de paradigmas y conductas tiene que venir acompañado de una estrategia combinada que ataque los verdaderos impulsores de la toma de decisiones; y para lograrlo, la economía del comportamiento podría ser un aliado a considerar.

Su premisa es que las personas no siempre tomamos decisiones desde el punto de vista racional, sino que hay muchos otros factores involucrados: en el caso de embarazo adolescente, influye el descontar más el futuro a favor de beneficios o ingresos presentes, la búsqueda de sensaciones nuevas y cómo las normas sociales aceptadas en el grupo influyen en la toma de decisiones y los llevan muchas veces a comportamientos sexuales riesgosos.

En Australia se aplicó un programa piloto que enviaba mensajes de texto a jóvenes con consejos para tener una adecuada salud sexual y reproductiva. Los resultados arrojaron una tasa relativamente baja de retirada, retroalimentación positiva y una mejora observada en el conocimiento de la salud sexual y de pruebas de enfermedades de transmisión sexual: el 80% encontró los mensajes entretenidos, el 68% informativos y el 73% se los mostró a otras personas.

Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país deben conminarnos a ser más creativos. El Estado debe plantearse intervenciones transversales y multidisciplinarias que permitan generar cambios visibles y de rápido impacto.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En la actualidad, se ha tomado el concepto de esta institución inca para implementar una interesante y muy prometedora política pública. Los tambos hoy en día son locales que sirven de plataformas multiservicios mediante las cuales las instituciones del Estado en sus diferentes niveles (nacional, regional y local) pueden hacer llegar sus servicios a las poblaciones de las zonas más alejadas del país. Por ejemplo, si el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) tiene que tramitar Documentos de Identidad (DNI) en una localidad muy remota, coordina con el tambo para utilizar sus instalaciones.

Estos establecimientos se vienen implementando como parte del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los tambos de hoy en día poseen salones de reuniones comunales, dormitorios, cocinas, almacenes y oficinas que han sido equipadas con proyectores, computadoras, mobiliario, acceso a Internet satelital, luz y agua. Su fin es ser el nexo entre el Gobierno y la población. Gracias a ellos, los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de Salud (MINSA), de Educación, de Energía y Minas, de Comercio Exterior y Turismo, de Justicia y Derechos Humanos, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como el Banco de la Nación, el Banco Agrario, el RENIEC, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) pueden hacer llegar sus servicios a las poblaciones que habitan en zonas rurales dispersas.

¿Qué ha logrado este programa? Según el Ministerio, desde el 2012 se han implementado 222 tambos y el programa ha llegado a 281 mil beneficiarios directos. Su rol de articulador multisectorial ha sido desempeñado con mayor énfasis en las épocas de heladas y friaje, cuando han servido como plataformas desde las cuales las entidades públicas han atendido a las poblaciones afectadas en las zonas altoandinas. El MIMP distribuyó kits de abrigo, Agrorural los equipó de congeladoras, termos, vacunas pecuarias, vitaminas y otros; el INDECI, de kits de emergencia; y el MINSA, de equipamiento para los tópicos de salud. Así, los tambos son un medio o canal para que otras instituciones del Estado brinden sus servicios a las poblaciones más vulnerables.

Aunque la construcción de tambos se ha concentrado en zonas altoandinas, la mayor dificultad de este programa es su poco acercamiento a la selva, la región con mayor superficie geográfica y menor tamaño demográfico del país. Según el MIMP, al 2007 en la selva vivían más de 3 millones de personas en 14.245 centros poblados, de los cuales el 95% tenía menos de 500 habitantes. Y, como constata el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los menores valores de Índice de Densidad del Estado (IDE) se encuentran en la selva baja y selva alta.

Lo que le queda por hacer al Programa Nacional Tambos es, por lo tanto, incluir a la selva y lograr que el Estado tenga presencia en esta región. Recordemos que según el Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007, las comunidades nativas de la Amazonía agrupan a unas 59 etnias distribuidas en 1509 comunidades. Son más de 300.000 habitantes localizados en pequeños caseríos ubicados en las riberas de los ríos amazónicos. Por cierto, estos grupos también carecen de los servicios básicos: más del 54% vive en chozas con piso de tierra, solo el 5% tiene acceso a agua potable, menos del 1% cuenta con desagüe y menos del 14% tiene luz eléctrica en sus viviendas. En consecuencia, un reto actual de los Tambos es superar uno de los mayores desafíos del Estado peruano: llegar a la selva.

Realizado por: Alejandra Sota, analista de investigación de Videnza Consultores

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La economía del comportamiento nos da evidencia sobre cómo diseñar políticas públicas más eficientes, que consideren cómo se comportan las personas en la realidad, con su limitaciones y restricciones.

Para ilustrar cómo esta rama de la economía puede ayudar a solucionar problemas concretos en el Perú, desde Videnza Consultores decidimos analizar los retos que afronta el distrito del Rímac, y plantear propuestas de solución. Para ello, entrevistamos a autoridades municipales y realizamos grupos focales con jóvenes, adultos y adultos mayores del distrito.

Cabe anotar que las propuestas que planteamos deben ser validadas para su correcta aplicación y, además, deben ser entendidas como complementos a las políticas implementadas en dicha localidad. Es decir, no pretenden reemplazar medidas en marcha ni disuadir al Estado de ejercer su rol regulador. La idea es sumar esfuerzos.

Me gustaría compartir con ustedes una de las intervenciones planteadas, la cual, además de ser sencilla y económica de implementar, ha demostrado ser efectiva en otros países y se podría replicar no solo en el Rímac, sino en otros distritos. Esta intervención, orientada a combatir los problemas sanitarios en restaurantes y carretillas, consiste en que la autoridad sanitaria y la municipalidad evalúen la situación de cada local y entreguen el resultado en un sticker, el mismo que debería ser colocado en un lugar visible del establecimiento. Esta información no solo serviría para que las personas decidan sobre consumir o no en dicho local, sino que motivaría a estos establecimientos a buscar obtener cada vez una mejor calificación.

Cualquier intervención solo tendrá éxito si la gente realmente se comporta de la manera como quienes diseñaron la política lo previeron. Aquellos programas diseñados sobre la base de un modelo de elección racional a menudo no logran los resultados esperados porque la gente no siempre se comporta de manera completamente racional. He ahí el poder de la economía del comportamiento, donde es fundamental un buen diagnóstico que mire la estructura del problema y que, mediante programas piloto, pruebe su efectividad.

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El texto anterior es un extracto del discurso que ofrecí el pasado jueves 21 de agosto en el evento “A problemas sustanciales, soluciones innovadoras: aportes concretos de la economía conductual a las políticas públicas”, organizado por Videnza Consultores con el apoyo de la Universidad de Piura y de Backus | Sab Miller. La conferencia magistral estuvo a cargo de Sendhil Mullainathan —uno de los más importantes exponentes de la economía del comportamiento a nivel mundial—, y el panel lo integraron los ministros Milton Von Hesse y Piero Ghezzi, y el representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo. Espero pronto tener el video del encuentro para poderlo compartir con todos ustedes.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Esta última, como sostienen Camerer y Loewenstein, es la rama de la economía que amplía su poder explicativo y predictivo al incorporar a su análisis fundamentos psicológicos que describen de manera más real el actuar del ser humano. Desde el año 2002, cuando Smith y Kahneman —considerado el fundador de la economía del comportamiento—ganaron el Premio Nobel de Economía por integrar al análisis económico conocimientos fundamentales de la psicología cognitiva —sobre todo aquellos relacionados al comportamiento humano bajo condiciones de incertidumbre—, el desarrollo académico de la esta disciplina ha sido notable.

Sin embargo, recién en los últimos años, particularmente desde que el Gobierno británico creó el Behavioural Insights Team, también conocido como “The Nudge Unit”, la economía del comportamiento ha sido de gran ayuda para la formulación de novedosas políticas públicas en diversos sectores, como la educación, el medioambiente, la salud y la seguridad, todos ellos críticos para el desarrollo de los países. Qué duda cabe que en el Perú son áreas indispensables de mejorar en la actualidad.

Uno de los principales aportes de la economía del comportamiento para la formulación de políticas públicas ha sido The Nudge Theory o Teoría del Refuerzo Positivo, que propone influir en la toma de decisiones de los agentes, pero sin restringir su libertad de elección. Así, en su libro Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Thaler y Sunstein definen nudge como cualquier aspecto que interviene en la toma de decisiones alternando el comportamiento de las personas de una manera predecible sin prohibir opciones o cambiar significativamente sus incentivos económicos.

Un ejemplo bastante simple de nudge es el documentado por Kim Ly et ál. en A Practitioner’s Guide to Nudging. Los autores mencionan cómo en Copenhague, para incentivar a la gente a usar los basureros públicos sin recurrir a multas u otro tipo de políticas coercitivas, se colocó en la acera una serie de huellas verdes que guiaban hacia tachos de basura pintados del mismo color. Una evaluación del programa determinó que el porcentaje de personas que arrojaban basura en la calle disminuyó en 46%.

El ejemplo anterior demuestra cómo se pueden aprovechar los conceptos desarrollados por la economía del comportamiento para implementar políticas públicas simples y eficientes. Durante las siguientes semanas seguiré compartiendo casos de cómo diferentes refuerzos positivos pueden ser utilizados para mejorar la política pública en el Perú.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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