En este escenario, y en el marco del décimo aniversario de Videnza Consultores, les pregunté a cuatro exministros de Economía y Finanzas de esos países que se reunieron hace diez años en un cónclave de ministros de la Alianza del Pacífico cómo retomar el rumbo perdido.

“Me preocupa la falta de énfasis y de prioridad en el crecimiento económico. Muchos de los gobiernos de la región se han contentado con entrar a tratar de recaudar, de redistribuir, olvidándose que el mejor recaudador es el crecimiento económico de los países”, señaló Felipe Larraín, de Chile. Él sostuvo que la Alianza del Pacífico todavía “tiene todo el potencial de poder llevar la integración latinoamericana en los hechos a la práctica, y no quedarnos en los bonitos discursos que ocurren muchas veces después de las reuniones de otros organismos de integración regional sin mucho contenido”. Pero nos abandonó la calidad de la política y de las instituciones.

Coincidió con él Mauricio Cárdenas, de Colombia. “La política nos hizo una mala jugada”, porque nos sacó de lo pragmático, de la evidencia, y nos movió hacia políticas cortoplacistas. Ese inmediatismo desvirtuó la filosofía de la alianza de conformar un mercado más grande y atractivo para la inversión, impulsado por el sector privado. “Necesitamos retomar ese camino y la prueba reina de eso es que nuestros países no están creciendo bien”.

Para José Antonio Meade, de México, a la alianza le faltó una agenda que abordara los problemas cotidianos de la gente. “Mi impresión, sin embargo, es que la forma de responder a esa mayor exigencia de la ciudadanía no es hacer menos de lo que hacíamos antes; es probablemente hacer más. Yo creo que no hay un solo problema de los que enfrentan nuestros países que no se beneficie de una visión latinoamericana”. Como ejemplos señaló a la delincuencia, la falta de vivienda para los pobres y los riesgos del medio ambiente.

En el caso del Perú, Luis Miguel Castilla coincidió en que faltó ponerle rostro humano a la integración comercial. Mencionó tres desafíos a encarar. El primero es cómo propiciamos un Estado que brinde una capa mínima de protección a los ciudadanos. “Hoy lo vemos en la discusión previsional que hay en el país, donde, en lugar de abordar cómo ampliar la cobertura y cómo tener pensiones más dignas, son otros los móviles que están ahí puestos”.

El segundo reto es que caímos en una fase de total desconfianza y de crisis de gobernabilidad, de representación. Y el tercero es que, como parte del debilitamiento de la Alianza del Pacífico, cuyo gran líder fue el sector empresarial, comenzó una demonización de la actividad privada. El estatismo nunca será la salida, sino construir institucionalidad.

¿Cómo retomar las reformas procrecimiento? Cárdenas señaló una paradoja que debe hacernos reflexionar: que las cartas que tiene América Latina entre sus manos hoy son las mejores que ha visto. Y debemos aprovecharlas. El mundo está lleno de problemas geopolíticos, ninguno de los cuales se origina en nuestros países y frente a los que podemos ser parte de la solución. Sin embargo, somos la región que menos crece porque no tenemos una buena política. Se requiere liderazgo, confianza y un norte común.

Espero en una década poder decir que lo logramos.

Realizada por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 30 de abril de 2024.

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A finales del año pasado, casi el 70% de pacientes diabéticos no tenía la enfermedad controlada; es decir, presentaba niveles de azúcar en la sangre superiores a lo óptimamente establecido (Minsa-CDC, 2023). Ello aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones renales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Según datos del estudio “Estimación de la carga económica de la diabetes mellitus tipo 2 en el Perú” realizado por Videnza Consultores en 2021, esto puede llegar a costar al Estado hasta 6.5 veces más que atender un paciente controlado.

¿Hasta qué punto las intervenciones tradicionales de política sanitaria pueden revertir esta preocupante situación? Es innegable la importancia de fortalecer el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención, incrementar la disponibilidad de recursos físicos, humanos y farmacológicos, y reforzar el sistema organizacional. Sin embargo, esto podría no ser suficiente.

Uno de los grandes desafíos para hacerle frente a la diabetes recae en su naturaleza crónica. Dada la ausencia de una cura efectiva, el control de la enfermedad depende, en gran medida, de cuán constante sea cada paciente con su tratamiento. Ello implica no solo la toma oportuna de los medicamentos prescritos y chequeos médicos regulares, sino también el seguimiento de una dieta balanceada, un régimen regular de actividad física y el abandono de vicios como el consumo de cigarrillos.

Este cambio de comportamiento resulta muy difícil de cumplir para la mayoría de pacientes, incluso cuando cuentan con toda la información necesaria para hacerlo. Y es que las personas no somos completamente racionales; no siempre estamos buscando optimizar recursos o maximizar nuestra utilidad. Por el contrario, nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones, instintos, preferencias y nuestro entorno social. Así, los pacientes diabéticos presentan una serie de sesgos que les impiden adoptar sostenidamente las medidas necesarias para controlar su enfermedad.

Según este estudio realizado en Argentina, entre los principales sesgos están el exceso de confianza y optimismo: los pacientes se resisten en reconocer la envergadura de su enfermedad, menosprecian sus repercusiones y, por ende, se involucran en conductas de riesgo como faltar a sus controles médicos o retrasar su tratamiento. Además, existe un marcado sesgo hacia el presente que los lleva a darle más valor a la satisfacción inmediata (como comer un antojito o mantener el sedentarismo), que a los beneficios futuros, incluso cuando saben que estos últimos pueden ser mayores. Y ejercer autocontrol es agotador y tiende a deteriorarse a lo largo del tiempo. Los autores definen a esta conducta como agotamiento del ego, que dificulta tremendamente mantener conductas saludables en el largo plazo.

Considerando lo anterior, resulta evidente que incluso el mejor tratamiento médico solo podrá ser eficaz con un cambio en la actitud del paciente. Una aliada para aportar con soluciones es la economía del comportamiento con la implementación de intervenciones nudge. Estas consisten en influir en el comportamiento de las personas mediante modificaciones en la “arquitectura de la elección”. Al alterar sutilmente su entorno social y físico, buscan impulsar cierto tipo de conductas pero sin restringir opciones u obligar a tomar una opción en particular (Kwan, y otros, 2020; Yoong, y otros, 2020).

Diversos estudios concuerdan que las intervenciones nudge ofrecen un enfoque prometedor para tratar la diabetes. Entre las estrategias más comunes destacan la configuración de opciones predeterminadas, las alertas o recordatorios, la influencia y el modelamiento social.

La primera consiste en establecer opciones predeterminadas que faciliten el camino hacia el comportamiento deseado (Wolf, Sant’Anna, & Vilhelmsson, 2022). Por ejemplo, se puede optar por establecer fechas predeterminadas para citas médicas de seguimiento para aquellos pacientes que asisten previamente a una. De esta manera, sin esfuerzo adicional se impulsaría a los pacientes a continuar con sus controles. Las alertas o recordatorios también han logrado resultados efectivos para la consistencia en el tratamiento médico. (Kwan, y otros, 2020). Finalmente, la influencia y el modelamiento social han sido estrategias utilizadas para motivar a los pacientes a implementar comportamientos más saludables. Sesiones para compartir experiencias los incentivaron a mejorar su dieta, actividad física, automonitoreo y control de su enfermedad (Kwan, y otros, 2020).

En definitiva, comprender la naturaleza del comportamiento de los pacientes diabéticos resulta esencial para controlar y combatir esta enfermedad. Las intervenciones nudge pueden constituir herramientas valiosas que, bien diseñadas y adaptadas al contexto particular de la población peruana, permitirían superar las barreras conductuales que hoy limitan el éxito de los tratamientos.

Realizado por: María Laura Rosales y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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La ausencia de conectividad y su deficiente calidad han generado una brecha digital entre las áreas urbanas y rurales. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares al tercer trimestre del 2022, solo el 21% de los hogares rurales accede a internet, lo que representa alrededor de la mitad de la cifra registrada en zonas urbanas. Esta situación se agrava en términos de calidad, pues la mayoría de los hogares rurales solo dispone de internet móvil, una alternativa más lenta y menos confiable que el internet fijo. Alrededor del 6% de la población en el ámbito rural cuenta con acceso a esta última alternativa, mientras que la cobertura urbana supera el 90%, de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

La falta de acceso a internet de calidad limita disponer de servicios básicos en línea, como educación y atención médica. Asimismo, es una barrera importante para el desarrollo de las funciones del Estado, en particular para la implementación de políticas públicas en todo el país. ¿Cómo mejorar esta situación?

El 30 de abril del 2023, Starlink quedó habilitado para brindar servicios en Perú a través de una resolución ministerial emitida por el MTC. La llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, puede ser de gran ayuda para aumentar la conectividad en áreas rurales y reducir la brecha digital. Gracias a su red de satélites, Starlink ofrece una conexión de alta velocidad y calidad en lugares donde actualmente es difícil obtener dicho servicio. Esta red, que funciona como una torre de internet en el espacio, brinda acceso a internet sin importar las condiciones geográficas de sus usuarios.

En el actual contexto de fuertes lluvias que afectan al país, el acceso a información y a servicios básicos en línea —como poder recibir alertas tempranas y coordinar acciones de ayuda y rescate— se vuelve aún más crucial. Además, Starlink lleva ventaja como alternativa de conectividad porque no se ve afectado por la destrucción de infraestructura de telecomunicaciones y la consecuente la interrupción del servicio.

No obstante, la llegada de Starlink también plantea desafíos. El elevado costo del servicio de internet satelital puede ser prohibitivo para muchos. Además, la falta de capacitación y educación en tecnología podría limitar el uso efectivo del servicio. Convendría explorar formas de reducir el costo del servicio para los hogares y las empresas, especialmente en áreas rurales, donde hay una mayor brecha por cerrar. Además, invertir en programas de capacitación y alfabetización digital para garantizar que todas las personas posean las habilidades necesarias para aprovechar al máximo la conectividad que ofrece Starlink. Solo así se podrá garantizar que esta tecnología sea una herramienta para la inclusión y el desarrollo en el Perú.

Realizado por: Verónica Tello y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Según la Encuesta Nacional de Transformación Digital (2020), este proceso sirve como apoyo para la resolución de los problemas públicos. Del total de entrevistados, el 57% coincidió en que el avance digital permitiría un mejor acceso a los servicios sanitarios, ubicando a este beneficio como el principal de la transformación digital.

Por eso, vale la pena pensar en qué tipo de medidas digitales conducirían a un mayor avance en temas sanitarios. Primero, es necesario recordar que el sistema nacional de salud está altamente fraccionado y desarticulado, y que la falta de información adecuada y completa impide la interoperabilidad dentro y fuera de cada subsistema. Esto termina perjudicando a los ciudadanos, quienes en reiteradas ocasiones deben repetir exámenes de laboratorio o llenar múltiples formularios, según estudio realizado por Padilla en 2018.

Para solucionar estas deficiencias, surge la propuesta de un sistema de historias clínicas electrónicas. Estas son registros electrónicos que almacenan el estado de la salud de cada persona en distintos momentos de su vida y las acciones que se desarrollaron a razón de ello, según la OPS. La implementación de este sistema tiene el potencial de generar grandes beneficios que permitirían optimizar la gestión clínica y epidemiológica. Así, se podría estructurar datos de calidad sobre las diferentes enfermedades que aquejan a los pacientes con el fin de proveer información fundamental para su atención.

Además, abre la posibilidad de interoperar los diversos subsistemas existentes para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes. Es decir, si una persona se atiende en un hospital de EsSalud y luego pasa a atenderse en un hospital de Minsa, el médico que la reciba podrá ver sus antecedentes médicos, si es que tiene alergia a algún medicamento, cuál es su tipo de sangre, entre otros.

Otra característica de un sistema como este es que tiene la capacidad de introducir y almacenar recetas médicas, análisis y otros servicios. Esto genera grandes ahorros de tiempo, pues favorece la legibilidad, reduce duplicaciones de fichas y genera ahorro por la reducción de impresiones ahora que los registros son digitales.

Los países pioneros en la implementación de los sistemas de historias clínicas electrónicas son los más desarrollados e incluso ya están interoperando historias clínicas entre ellos. En Latinoamérica todavía no se llega a ese nivel, aunque existen experiencias positivas que sirven de ejemplo. Uno de los casos de gran avance es Uruguay, donde desde 2016 los prestadores integrales cuentan al 100% con un sistema de historias clínicas electrónicas implementado y del total de instituciones, el 78% tiene esta herramienta. Para finales de 2020, el 95% de la población uruguaya poseía algún documento clínico en la plataforma digital.

¿Cómo se traduce esto en beneficios para los pacientes? Según un estudio del BID, en 2020, el 84% de los usuarios notó que el médico accedió rápidamente a su historia clínica digital y no fueron necesarias preguntas sobre consultas o enfermedades previas. Asimismo, 70% de directores o directores técnicos afirman que este sistema aumenta la eficiencia de atención, 80% opinó que mejora los procesos de trabajo de sus equipos y 60% señaló que mejora la satisfacción de pacientes y la calidad de decisiones. Se concluyó que este tipo de historias clínicas disminuye los exámenes duplicados o innecesarios entre 60% y 80%, los errores médicos entre 60% y 70%, y las fallas en la administración de medicamentos entre 60% y 70%.

En Perú, ya existen las historias clínicas electrónicas, pero aún queda un gran camino por recorrer para alcanzar un sistema completo y eficiente en torno a ellas. Si nos centramos solo en el primer nivel de atención, vemos una brecha importante en el uso de esta herramienta: en Lima Metropolitana se tiene entre el 49% y el 80% de establecimientos implementados, pero regiones como Cajamarca llegan a un mínimo 3%. Es necesario impulsar su uso en todas las regiones del país.

Además, falta interoperar estas historias para que exista un flujo óptimo de pacientes entre establecimientos de distintos niveles y distintos subsistemas, y que estas historias clínicas interactúen con bases de datos de otras instituciones estatales, como el Reniec. Los servicios de salud deben darle prioridad a esta implementación para que puedan ofrecer la atención oportuna, eficiente y de calidad que nos merecemos todos los peruanos.

Realizado por: Nicolás Besich y Delia Ruiz, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Pese a la recurrencia de estos fenómenos, recién en 2012 el Gobierno nacional se planteó tomar acciones que contribuyan a prevenir sus consecuencias. Estas acciones se plasman anual y multianualmente en los Planes Multisectoriales ante Heladas y Friajes (PMHF). El más reciente es el PMHF 2022-2024, aprobado mediante el Decreto Supremo 047-2022-PCM del 6 de mayo último.

Este plan busca reducir la vulnerabilidad de más de dos millones de peruanos en 9580 centros poblados y 553 distritos de 10 departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. El presupuesto previsto asciende a S/ 524 millones para los tres años. Sin embargo, estando en proceso de formulación del presupuesto para el año 2023, debe lograrse que la asignación sea la estipulada —es decir, que no se reduzca el presupuesto al año 2023—. De lo contrario, las metas previstas no se podrán cumplir oportunamente.

Las 31 intervenciones del PMHF involucran el compromiso y la acción de 10 sectores: Salud; Desarrollo e Inclusión Social; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Interior; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; y Energía y Minas. Entre las principales intervenciones están la entrega de kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia; kits de abrigo para poblaciones vulnerables, niñas, niños, gestantes y actores comunales vinculados al Programa Cuna Más; kits de agua segura; kits veterinarios, de aplicación foliar y de conservación de forraje, y módulos de protección de cultivos. Asimismo, contempla ejecutar campañas de salud y vacunar contra el neumococo y la influenza a niños y niñas menores de 5 años y a adultos mayores de 60 años.

Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en la implementación de estas intervenciones. Esto pese a que las heladas y el friaje ya se vienen sintiendo, sobre todo en los departamentos del sur andino y de la selva.

Hasta el 4 de junio, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) tenía registrados 1302 episodios de neumonía, de los cuales 901 fueron niños menores de 5 años y 401 adultos mayores. Asimismo, 39 fallecidos, 11 de ellos menores de 5 años y 28 adultos mayores.

Si miramos el avance de la vacunación de influenza, vemos que, hasta el 16 de junio, no superaba el 20% de la población menor de dos años en ningún departamento del país. Los de mayor avance son Huancavelica, Tumbes y La Libertad, con poco más de 15% de cobertura; los de menor cobertura son Arequipa, Madre de Dios y Ucayali.

La vacunación de influenza entre mayores de 60 años alcanza al 20% de dicha población objetivo. Lideran la tabla Ucayali, el Callao y Loreto, mientras que Lambayeque, Huancavelica y Pasco llegan solo al 10%.

El avance de la vacunación de neumococo a nivel nacional es superior al de la influenza: alcanza al 26.4% de los menores de dos años. Los departamentos con mayor avance son Apurímac, Cajamarca y Huánuco; los de menor avance son Loreto, Arequipa y Ucayali (cercanos al 20%).

Urge que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregue los más de 65,000 kits de abrigo en el menor plazo posible. Además, que se termine de implementar los cobertizos y de entregar alimentos para los animales, para evitar que mueran de frío y hambre.

Es la Presidencia del Consejo de Ministros la que, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, tiene a su cargo la coordinación del PMHF y que se garanticen los recursos humanos para su implementación. ¿Qué están esperando?

Realizado por: Paola Bustamante y César Núñez, directora y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Otro hecho indiscutible es que en el largo plazo es imposible reducir la pobreza sin crecimiento económico. Por más amplios que sean los esfuerzos del Gobierno en términos de programas sociales y gasto público, la reducción en pobreza solo es sostenible si viene acompañada por un incremento del producto.

De las dos ideas anteriores se desprende que una de las grandes prioridades de la actual administración debiera ser la promoción de la inversión privada, más aún en el adverso escenario actual.

De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva, el crecimiento de la inversión privada será nulo para este año y muchos analistas coinciden en que podría incluso ser negativo.

No obstante, parece que los esfuerzos del partido de gobierno estuvieran orientados en la dirección exactamente opuesta. Esta semana, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de “nacionalización del cobre y creación de la empresa nacional Las Bambas S.A.C.”.

No hace falta ahondar en las razones por las que este proyecto es una muy mala idea si queremos promover el crecimiento económico. Particularmente absurda es la iniciativa de creación de una empresa estatal, como si el ejemplo de Petroperú no sobrara para ilustrar por qué es mejor evitar las aventuras empresariales del Estado.

La petrolera hoy tiene pasivos totales por más de cinco mil millones de dólares, lo que equivale a 3.5 veces el tamaño de su patrimonio. Es decir, una situación financiera a todas luces insostenible. ¿Queremos promover más Petroperús?

Dada la debilitada posición del partido de gobierno, parece improbable que este mamarracho legislativo pase a mayores, pero su sola presentación ya genera un daño. El hecho de que la bancada del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno suscriba un despropósito de esta naturaleza solo da mayores razones a los inversionistas para dudar antes de apostar por el Perú. Total irresponsabilidad.

LA MEJOR OPOSICIÓN

Ante la debilidad e inefectividad de la oposición para ejercer un contrapeso al Ejecutivo, la prensa cumple hoy un rol fundamental. Es la presión de los medios la que permitió la salida de ministros nefastos como Luis Barranzuela o Juan Silva. Por ello no debe sorprender la hostilidad del Ejecutivo para con la prensa desde los inicios de la administración.

Esta semana, el presidente cumplió 100 días sin dar una sola declaración a los medios. Una actitud profundamente reñida con los valores democráticos, y que a la larga solo debilita al propio mandatario. Pero la hostilidad para con la prensa no se suscribe al Ejecutivo.

A pesar de que ya no hay una buena razón para ello, en el Legislativo, los periodistas siguen prohibidos de ingresar al hall de Pasos Perdidos y al hemiciclo, rompiendo una antigua tradición del Congreso.

Aunque esta disposición se entendía durante las fases más críticas de la pandemia, lo cierto es que el escenario es profundamente distinto hoy y que la razón sanitaria no es más que una excusa dado que ya se vienen realizando muchos eventos partidarios o de distinta índole en estos espacios.

Este legítimo reclamo de la prensa no es ningún capricho. La presencia física de los periodistas en Pasos Perdidos y el hemiciclo les permitía abordar a congresistas y dar cuenta de aquello que las cámaras oficiales no registran, como la baja concurrencia de legisladores al Pleno.

No es posible defender a la democracia si menoscabamos el rol de la prensa. Ya estuvo bueno.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 05 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Si nos ceñimos a los resultados de la ONPE, Pedro Castillo suma más votos que Keiko Fujimori. Hasta que el JNE pueda oficialmente determinar al ganador, Castillo debe darle calma a la población. Hace bien Pedro Francke en salir a asegurar que se respetará la propiedad privada, los ahorros, la autonomía del Banco Central de Reserva… Pero con tantos anuncios que durante la campaña tuvieron idas y vueltas, los ciudadanos y el mercado necesitamos mayores precisiones. Más aún en este contexto de bombardeo de noticias falsas, intolerancia generalizada, incitación a la violencia de uno y otro lado, irresponsables gritos de fraude y con un Congreso que pretende desestabilizar todavía más este escenario político tan complejo.

¿Alguien se ha puesto a pensar en cómo será el proceso de transferencia en estas condiciones donde, además, no puede haber el menor bache posible en el avance de la vacunación? El coordinador de salud del plan de gobierno de Perú Libre, Hernando Cevallos, ha declarado que están abiertos a escuchar al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Eso no debería siquiera estar en discusión. Tiene el deber de escucharlo, y cuanto antes.

En el 2016, tras la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, asumí el encargo de liderar al equipo de transferencia del sector salud. Durante poco más de tres semanas, las comisiones de transferencia de los 19 ministerios recibimos de la autoridad saliente la documentación de la situación administrativa, operativa y económico-financiera de cada sector, así como informes sobre los resultados alcanzados y los asuntos urgentes en los que debería enfocarse la nueva gestión. Dada la coyuntura actual, los equipos de transferencia de funciones deberían plantearse trabajar juntos unas semanas. Superponerse para que haya realmente una transferencia de capacidades, no solo administrativa.

Esa experiencia del 2016 me permitió, también, confirmar que los Gobiernos estaban entendiendo la importancia de continuar aquellas políticas de Estado que mostraban resultados positivos concretos. En el caso del sector salud, por ejemplo, eran entonces –y lo son ahora con mayor razón– aquellas medidas que permitieron avanzar en el aseguramiento universal y que priorizaban la atención primaria en salud. Ese darle continuidad a lo bueno no puede cambiar.

En plena pandemia, con la posibilidad latente de una tercera ola de contagios y tratando de remontar el severo deterioro político e institucional de los últimos cinco años, debemos ya considerar cómo se dará este proceso de cambio de mando.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 13 de junio del 2021 en el diario La República.

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Qué duda cabe de que la pandemia está siendo un desafío para todos los peruanos. Pero creo que, especialmente, tiene rostro femenino. Y esto por varias razones.

En primer lugar, las mujeres invertimos mayor tiempo atendiendo a nuestros hijos. Y más en estas circunstancias, que se han visto obligados a seguir sus estudios a distancia. Eso conlleva un mayor acompañamiento pero, también, impactos socioemocionales en ellos y en nosotras.

Así, una encuesta del BID a cuidadores de niños en países de América Latina el 2020 reveló que la desigualdad de aprendizajes aumentará, entre otras razones, por su impacto en la salud mental. Y que será más severa en las niñas y adolescentes que, a la par con estudiar desde casa, continúan cargando con mayor responsabilidad en las tareas domésticas en comparación con los niños y jóvenes.

En segundo lugar, más mujeres que hombres han perdido sus empleos en la crisis actual. Solo en Lima, en el trimestre abril-mayo-junio del 2020, el nivel de población ocupada cayó en 55% en comparación al 2019. Mientras los hombres con empleo decrecieron 34.9%, las mujeres lo hicieron en 45.3%.

En tercer lugar, el confinamiento agregó tensión a espacios vulnerables, donde mujeres se vieron obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Según ONU Mujeres, en el Perú las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar aumentaron de forma alarmante durante el confinamiento.

Y, antes de la pandemia, una de cada tres mujeres sufría de violencia física o sexual. Este es un problema de salud pública y de consecución de derechos. Y debe ser abordado como tal.

Siendo ese el contexto, que una candidata a la vicepresidencia haya afirmado que el 89% de la violencia familiar se da en mujeres que usan anticonceptivos, y sugerido que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”, no contribuye a un debate basado en evidencia y a favor de los derechos de la mujer. Dogma y política nunca son buena combinación.

En este Día Internacional de la Mujer, recordemos que debemos seguir en la lucha por lograr mayor equidad. Y la equidad no es otra cosa que darle a cada quien aquello que necesita. Así como los padres sabemos que no todos los hijos necesitan lo mismo, lo mismo sucede en una sociedad.

Luchar, por ejemplo, porque el Estado ofrezca a sus ciudadanos una real protección social. Con la que podamos contar en circunstancias de tanta vulnerabilidad como la actual y que son muy difíciles de manejar de manera individual o a través del mercado.

Luchar por construir una mayor confianza entre las personas, y entre ellas y las instituciones, sean estas públicas o privadas.

Y luchar porque, en ese proceso, no se pierda el respeto. Ese que se necesita para que seamos un país viable.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Por primera vez en nuestra historia, las elecciones presidenciales y congresales se darán en pandemia, atravesando la peor crisis sanitaria y económica de los últimos tiempos, y con una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Frente a este panorama, junto con mis colegas Milton von Hesse y Luis Miguel Castilla decidimos convocar a reconocidos expertos en políticas públicas para poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio del país. Porque, como dice este último, hay un sentido de urgencia: mantener el statu quo no solo es insostenible, sino que alimentará aún más la polarización.

Gracias al apoyo de organismos multilaterales y del sector privado, acabamos de lanzar “Propuestas del Bicentenario”. Esta iniciativa contiene medidas concretas en nueve sectores claves para el desarrollo social, económico y ambiental del Perú, que ponemos a disposición de la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas.

El próximo Gobierno, venga del partido que venga, necesitará contar con propuestas técnicas concretas que le permitan tomar acciones rápidas y eficientes. No solo sugerimos qué hacer para mejorar el bienestar de los peruanos y fortalecer la institucionalidad del país, sino explicamos cómo hacerlo, con metas e indicadores. Incluimos las 100 medidas que se pueden llevar a cabo en los 100 primeros días de gestión. Pero también aquellas de mediano y largo plazo. Esas que deben ser asumidas como política de Estado por las siguientes administraciones para realmente avanzar hacia el desarrollo.

El año pasado, el Perú cerró con un déficit fiscal igual al de 1990: 9% del PBI. ¿Cómo recuperar ese espacio fiscal para retomar el crecimiento pero, a la vez, poder financiar las propuestas que planteamos? Luis Miguel Castilla lo responde en sus ejes “Reactivación económica” y “Reforma tributaria”. Los otros sectores trabajados son “Empleo, formalización y protección social”, a cargo de Miguel Jaramillo; “Educación para la empleabilidad”, Daniel Alfaro; “Gestión sostenible de recursos naturales”, Roxana Barrantes; “Gestión pública eficiente para mejores servicios”, Carlos Oliva; “Agua y saneamiento de calidad” y “Recursos hídricos y su eficiente aprovechamiento”, Milton von Hesse; y “Salud desde la prevención y los cuidados médicos cercanos”, a mi cargo.

Hay temas fundamentales que, por ser ajenos a nuestra especialización, hemos debido dejar de lado –seguridad ciudadana, por ejemplo–. Otros igual de importantes, como la lucha contra la corrupción, no los abordamos de forma directa, pero creemos que esta naturalmente disminuirá de tomarse en cuenta nuestras recomendaciones. Sobre todo, considerando nuestras propuestas en reforma del Estado, gobierno electrónico, transparencia, simplificación administrativa y profesionalización de la carrera pública.

Los planes de gobierno de los partidos políticos en carrera contienen enunciados amplios y buenas intenciones, pero no desarrollan cómo se avanzará en el próximo quinquenio. Creo que todos los candidatos, sin excepción, se pueden nutrir de “Propuestas del Bicentenario”.

Los invito a visitar www.propuestasdelbicentenario.pe

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Como se viene resaltando desde distintos sectores, el Gobierno tiene problemas de comunicación que resolver. La noticia del jueves y lo principal del mensaje presidencial debió ser que las vacunas confirmadas para el primer trimestre del año suman poco más de dos millones y permitirán vacunar al millón de personas que constituyen la primera prioridad: personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en primera línea, y miembros de mesas electorales.

Al día siguiente, el mandatario hizo otro anuncio, mucho más efectivo. Confirmó que un primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm llegará a Lima hoy, domingo. Y que el segundo lote, con las 750.000 vacunas restantes, saldrá de China este 13 de febrero.

Cómo se dividen el resto de estas dos millones de vacunas según laboratorio y cuándo llegarán al Perú son cifras que no se retienen al ser escuchadas, pero que sí conviene precisar acá: 250.000 de Pfizer en marzo, 300.000 también de Pfizer en abril, y 517.000 vía Covax Facility, divididas en 117.000 de Pfizer entre febrero y marzo y 400.000 de AstraZeneca entre marzo y abril. Esta es la información que se debe hacer llegar a los medios y transmitir en conferencias de prensa con un solo vocero y con mensajes puntuales.

Sagasti anunció, además, que la vacunación empezará, a más tardar, este miércoles. Este es, sin duda, el siguiente gran reto. Aunque el Perú tiene amplia experiencia en planes de inmunización, el contexto actual demanda nuevos desafíos. Por ejemplo, las vacunas que requieren refrigeración de -70 grados se podrán destinar solo a las grandes ciudades. Además, lanzar campañas de comunicación para, con evidencia, convencer a la población de que las vacunas son la salida a esta pandemia. Y dejar clarísimo el cronograma de vacunación para evitar aglomeraciones y descontrol de gente que quiera vacunarse a destiempo.

¿Cómo van el resto de países en este proceso? Bloomberg ha creado Vaccine Tracker, la base de datos más grande de inyecciones de covid-19 aplicadas en todo el mundo. Al cierre de esta columna, las dosis administradas superaban los 119 millones. Pero esa es la foto de hoy, con solo un tercio de los países habiendo iniciado sus campañas de vacunación. Se espera que este ritmo se acelere a medida que algunos de los centros de fabricación de vacunas más grandes del mundo en India y México comiencen su producción, y los procesos se vayan perfeccionando.

Israel, el país con la tasa de vacunación más alta, se dirige a una cobertura del 75% de su población en solo dos meses. Y Estados Unidos llegaría a fines de año, aunque esto podría acelerarse desde la próxima semana, cuando las vacunas empezarán, gradualmente, a ser aplicadas en farmacias. Estas tienen la capacidad de satisfacer la demanda de 100 millones de dosis en un mes, cuando ese nivel de suministro esté disponible.

¿Cómo será este proceso en nuestro país? Confiamos en que el Gobierno encontrará la manera de comunicarlo eficientemente.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Un claro ejemplo de cómo las fake news nos pueden llevar a adquirir comportamientos irracionales y darnos una sensación de falsa seguridad es el tan normalizado mal uso de los termómetros de radiación infrarroja. Esos que se utilizan al ingreso de centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos o instituciones. Veamos.  

Los protocolos sanitarios para la reanudación de diferentes actividades establecen como requisito la medición de la temperatura corporal con termómetros de radiación infrarroja, que evitan el contacto con otra persona u objeto. Los protocolos aprobados, así como la Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de Perú, concuerdan en que la medición adecuada debe realizarse en la frente, sien o detrás del oído del individuo, por no más de tres segundos y de manera paralela a la superficie donde se mide, la cual debe estar limpia y seca.

Es decir, la medición de la temperatura en la muñeca o alguna parte del antebrazo no es útil para identificar con precisión si una persona tiene o no fiebre. Sin embargo, hoy en día, salvo excepciones, la medición de la temperatura en esta parte del cuerpo se ha convertido en la norma social. ¿Por qué? Pues por la difusión de información falsa. Hace ya más de seis meses se esparcieron rumores sobre el peligro de la radiación de estos aparatos en las neuronas y el cerebro. Por ello, muchas personas comenzaron a exigir que la medición de temperatura se realice en los brazos y no en la sien o frente, tal como las autoridades sanitarias y las indicaciones de los propios dispositivos señalan.   

Así, una medida de prevención como la toma de temperatura, que ya de por sí tiene importantes limitaciones porque al menos una de cada cinco personas contagiadas sería asintomática, se convierte en virtualmente inútil por rumores infundados. Si bien ha habido ciertos esfuerzos por desmentirlos, como dar entrevistas en medios y publicar videos informativos y notas periodísticas, estos no han tenido éxito.

El caso del mal uso de los termómetros nos muestra cómo la información falsa se puede “contagiar” muy rápidamente. De hecho, según una investigación publicada en la revista Science, la información falsa tiene más alcance y se transmite más rápido y más profundamente que la verdadera. Esto porque suele inspirar miedo, disgusto o sorpresa, y por su factor de novedad y excepcionalidad: una “noticia” sobre cómo el termómetro te puede matar las neuronas es claramente novedosa y excepcional.

Ciudadanos y autoridades debemos hacer todos los esfuerzos necesarios por combatir la desinformación. En el caso de los termómetros, viralicemos tres ideas claves: los termómetros infrarrojos no dañan las neuronas, es inútil medir la temperatura en el brazo e, incluso con una buena medición, el no tener fiebre no significa que no se pueda estar contagiado.

Realizado por: Nicolás Besich y Verónica Tello, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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“Hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solo los hospitales, sino también el primer nivel de atención, que lleva a cabo la contención del mal”, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el miércoles último.

Esto porque en la primera ola de la COVID-19 se optó por contener la emergencia sanitaria desde los hospitales —que son el tercer nivel de atención en salud— y se cerró el primer nivel de atención —centros de salud y postas médicas—. Este replanteamiento de estrategia es, justamente, lo que el sistema y, sobre todo, los pacientes necesitan.

El primer nivel de atención es aquel adonde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud. En el Perú, uno de cada dos establecimientos no tiene médico. Esta situación es anterior a la pandemia e incluso se da por normativa; es decir, ni siquiera responde a ineficiencia.

Además, nueve de cada diez establecimientos públicos usan historias clínicas en papel, en contraposición con las historias clínicas electrónicas. Esto lleva a que un mismo paciente, cuando acude a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, deba repetir exámenes de apoyo al diagnóstico y realizarse todos los análisis. Además del obvio desperdicio de recursos, es un maltrato al ciudadano.

Un esquema eficiente debe poder atender el 85% de la demanda de servicios de salud de la población. Solo deberían “subir” al segundo nivel el 10% y al tercero el 5% de los pacientes. Esto implica que el foco debe estar en ofrecer servicios oportunos y completos desde el primer nivel de atención.

Pero lo que tenemos en el Perú es un sistema invertido. En este esquema “hospitalocéntrico”, el primer nivel de atención es muy débil, está desarticulado y solo recibe el 24% del presupuesto general. Por eso, ocho de cada diez de estos establecimientos tienen infraestructura precaria y equipos obsoletos. El segundo nivel de atención prácticamente es inexistente y no impide que la demanda escale al tercer nivel hospitalario. Es a este nivel de hospitales de alta especialización adonde se destina el 65% del presupuesto total, el 61% del presupuesto en recursos humanos y el 83% de los suministros médicos.

El foco en el sistema de salud peruano ha estado centrado en la construcción de hospitales a través de la obra pública tradicional. Esto lleva a tener S/ 1.900 millones congelados en 14 hospitales cuya construcción está paralizada. Y que, de ser inaugurados, carecerán de personal, equipos, tecnología e información.

El esquema debe virar de la obra pública tradicional de cemento y ladrillo a un modelo centrado en el nivel de servicio, principalmente en este primer nivel de atención. En este nuevo modelo será imprescindible que Estado y empresariado establezcan alianzas que, vía asociaciones público-privadas, permitan a los peruanos acceder a salud de calidad.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Su autor es el reconocido economista, profesor y consultor Michael Porter, experto en estrategia corporativa y competitividad de las naciones. La pronunció la semana pasada, en “Perú Sostenible 2020”, un evento de primer nivel organizado por la asociación de empresas Perú 2021.

Porter sostiene que el empresariado puede satisfacer necesidades sociales de una manera que a los gobiernos les resultará muy difícil, porque tiene las capacidades estratégicas y el talento para hacerlo. A esto se le llama crear valor compartido.

Se suele creer que resolver los problemas de un país –incluido el crecimiento económico– es tarea exclusiva del Gobierno. Y, ciertamente, el Perú tiene muchos retos, sobre todo en cuanto a fortalecer sus instituciones, cuya debilidad afecta la competitividad y el éxito económico. Pero Porter señala que aquellos países en los que el empresariado está dispuesto a asumir la responsabilidad o corresponsabilidad de hacer al país mejor, son los que mayor crecimiento y bienestar están consiguiendo. “Los empresarios deben ser parte de la solución, no solo quejarse”.

Pensar que los empresarios hacen negocios y que el Gobierno es responsable de todo lo demás es caer en una visión simplista e ineficiente. Para avanzar hacia una economía del primer mundo, el empresariado debe involucrarse y aportar su conocimiento sobre innovación, uso de tecnología, y habilidades organizacionales y de gestión. Esto implicará que la mentalidad de los propios funcionarios se adapte también; hay que construir una nueva relación empresariado-Estado y romper las barreras que cada uno tiene frente al otro. De ida y vuelta.

Pero, claro, ¿cómo hacer esto? Porter responde que, para empezar, los empresarios deben entender que su rol en los negocios va mucho más allá de liderar una gran empresa y producir ganancias. “El empresariado es la única institución de la sociedad que puede crear riqueza y prosperidad. El Gobierno no puede. Lo que el Gobierno hace es usar esa riqueza, pero no la crea”. El conductor de la economía de un país es el empresariado, no el Gobierno.

Y agrega Porter: “El capitalismo es una poderosa herramienta no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social. Porque abordar problemas sociales desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, producirá una solución escalable y autosostenible”. No es filantropía para mejorar la reputación corporativa; es entender que éxito económico y social no solo no se contraponen, sino que se complementan. Se crea un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Para ilustrar su punto, el expositor resalta la importancia de la educación y pone como ejemplo Innova Schools. Esta iniciativa de Intercorp es hoy un caso de estudio de valor compartido en Harvard Business School. El objetivo estuvo claro desde el inicio: crear un colegio de categoría internacional, asequible para la clase media emergente y que pudiera ser escalable a todo el sistema educativo peruano. Hoy es la red de colegios privados más grande del país. “Muestra el enorme poder del empresariado yendo más allá de sus negocios, como factores de cambio en la sociedad”.

Tener buenos colegios beneficia al empresariado, porque habrá gente más preparada y productiva. Lo mismo con la salud: invertir desde el sector privado en esquemas de prevención y de atención primaria de calidad disminuiría el ausentismo laboral, mejoraría la productividad y demandaría menos costos en tratamiento.

La otra cara de la moneda es lo que vemos en un sector del empresariado peruano, más preocupado por generar ganancias a toda costa que por escuchar a sus clientes. Un ejemplo claro, lamentablemente, son los fondos privados de pensiones. Es un sistema que tiene fallas estructurales, de planteamiento de modelo, que bien harían sus representantes en corregir. Evitarían que el descontento de sus propios afiliados –con quienes no han sabido construir legitimidad ni alianzas– los lleve a apoyar medidas legislativas populistas que pongan en jaque lo avanzado.

La agenda social compete a todos, pero Porter pone el foco en los empresarios para que se asuman como verdaderos líderes. ¿Alguien dijo yo?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Así empezó el diario español “El País” su artículo del sábado último, donde, con data de una veintena de naciones de Europa y Latinoamérica, comparó los registros oficiales de personas fallecidas en dichos meses con las muertes que se esperan en un año normal. Este indicador es útil para dimensionar el impacto de la pandemia porque no está condicionado por la cantidad de pruebas realizadas ni por los criterios clínicos locales para determinar causas de defunción.

En el Perú, según la data abierta del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cada mes mueren aproximadamente 9.000 personas. Y así fue hasta marzo de este año. En abril, las muertes registradas subieron a 12.275 (1.770 oficialmente atribuidas al virus) y en mayo se dispararon hasta 23.410. De estas últimas, 2.802 fueron oficialmente atribuidas al virus. A ese desfase es al que se refiere el diario español, y que sostiene supera, en porcentaje, a todos los otros países analizados, muchos de los cuales ya están en etapas de desescalada.

Sabemos que hay un subreporte de muertes por COVID-19, pero no creo que podamos atribuir al virus la totalidad de fallecimientos adicionales. La agenda no-COVID —pacientes con enfermedades crónicas, urgencias, etc.— sigue ahí, aunque con dificultades para ser atendida. Ya antes del inicio de la pandemia, las limitaciones en el acceso a cuidados oportunos y de calidad llevaba a que el 41% de la población buscara atención médica en farmacias o boticas en lugar de acudir al primer nivel de atención médica. La cifra de estos meses sin duda será mayor, más aún considerando que el primer nivel de atención cerró para evitar la expansión del virus, y que la gente está con mucho temor de acercarse a una posta, clínica u hospital. ¿Cómo controlar el avance de la pandemia y, a la vez, retomar los servicios de salud para quienes requieren de atención que hoy no están recibiendo? La respuesta no es nada sencilla, pero necesitamos que las autoridades lo determinen y que los ciudadanos la sigamos.

Las investigaciones más recientes sobre cómo contener la propagación del virus se enfocan en cuatro factores que, combinados, multiplican el riesgo de contagio: muchas personas juntas, con poca distancia entre ellas, en espacios cerrados y por periodos de tiempo prolongados. Para evitar más muertos, el Gobierno debe impedir que estos factores confluyan. El abordaje tardío que vimos en los mercados no puede repetirse en espacios como, por ejemplo, el transporte público. 

No basta con publicar una norma; ahí es cuando empieza el trabajo de transmitir la estrategia a los ciudadanos. Insistimos con que falta comunicar permanentemente a la población mensajes claros, diferenciados según perfiles, que vayan logrando cambiar nuestro comportamiento. En lugar de decir “Guarda una distancia de dos metros con el prójimo”, decir “Imagínate una cama de distancia entre tú y los demás”. En vez de “En personas jóvenes, un 5% de casos se complican”, decir “La semana pasada falleció un joven deportista de 25 años por COVID-19”. Y así.

En el 2011, a propósito de las cifras de muertos civiles durante el régimen de Alberto Fujimori versus las dos administraciones que lo precedieron, un vocero del fujimorismo pronunció la hoy tristemente célebre frase “Nosotros matamos menos”. Hoy lo que estamos viendo es que todos los Gobiernos nos fallaron. Fallaron en arreglar un Estado mal armado, en gestionar pensando en el bien común, en implementar políticas de largo plazo, en denunciar la corrupción pública y privada en todos los niveles y todas sus formas. Y todos, sin excepción, fallamos en construir esa ciudadanía que nos permita mirar más allá de nuestro beneficio propio. Los Gobiernos no solo no mataron menos; es por ellos, y por nosotros, que hoy morimos más. Cambiarlo es, como pocas veces, una cuestión de vida o muerte.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 12% de la población mundial, equivalente a 800 millones de personas, gasta el 10% de su presupuesto en servicios de salud. Asimismo, el gasto catastrófico ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

Para hacer frente a este problema, Colombia, Uruguay y Chile —entre otros muchos países— han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, diluyen la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos y de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo aquellas enfermas o con más riesgos se aseguren. Esto, además, permite la sostenibilidad del seguro de salud.

Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitarias, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional logrando garantizar la intangibilidad de sus recursos.

¿Cuál es la situación en el Perú? No hay duda de que en los últimos diez años ha habido grandes avances: en el 2009, con la promulgación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se dio el primer paso para alcanzar la cobertura universal en salud. Esta comenzará a ser realidad este 2019 con la incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS) de la población que hoy no cuenta con un seguro, como lo anunció el presidente de la República en julio último.

A pesar de ello, aún tenemos mucho por hacer en materia de enfermedades de alto costo. Dada la fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra un mismo diagnóstico, el nivel de protección varía dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica duplicación de los escasos recursos.

De otro lado, aunque tenemos un fondo de alto costo, su funcionamiento no puede compararse con los de Colombia, Uruguay y Chile. En el 2012, el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) inició actividades para cubrir a los afiliados al SIS en siete tipos de cáncer, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Pero, además de su limitada autonomía institucional y financiera, cubre solo el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos), por lo que no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados. Todo esto perjudica su capacidad real de desarrollar estrategias para gestionar el riesgo, contener costos y estandarizar la prestación a nivel nacional. Esta heterogeneidad impide una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.

Por todo lo anterior, urge desarrollar una cobertura universal para las enfermedades de alto costo que disminuya la fragmentación y segmentación del sistema, mejore la gestión financiera y consiga las ganancias de eficiencia asociadas. Las opciones son múltiples: esquemas de reaseguro, fondos mancomunados, listas explícitas de cobertura. Lo importante es poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Oriana Salomón, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores.

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