Tal ha sido el caso del Ministerio de Educación (Minedu) de nuestro país, que alertó sobre cómo, en diez años, la tasa de embarazo adolescente en el Perú no ha descendido. “Por ello, es necesario brindar acceso a una educación sexual integral que reduzca en nuestras niñas las probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado”, agregaba el Minedu en su mensaje. Y es que, mientras en el 2009 la tasa de embarazo de jóvenes entre 15 a 19 años a nivel nacional era de 13,7%, actualmente se sitúa en 13,5%.

En el 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Una de sus metas emblemáticas al 2021 es reducir el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. ¿Cuál era la tasa de embarazo adolescente entonces? 13,5%. Es decir, no ha habido mejora.

Sin embargo, para el INEI el embarazo adolescente a nivel nacional sí descendió en 1,6% en el período intercensal 2007-2017. Y precisa que las localidades con mayor reducción fueron Madre de Dios, (5,5%), San Martín (5,4%) y Loreto (4,6%). ¿Cómo plantear políticas intersectoriales cuando instituciones rectoras manejan distinta información sobre un tema tan sensible?

Como sabemos, la maternidad temprana trae mayor riesgo para la salud y la vida de la madre y el bebe, la pérdida de oportunidades de educación y de empleo digno, y perpetúa la pobreza y la exclusión. Suele estar vinculada a contextos de falta de oportunidades, exclusión y, especialmente en las menores de 15 años, a violencia sexual.

Según la última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, Endes 2017), el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres. En comparación, solo el 1% de los hombres de la misma edad son padres. Además, el 77,2% de las madres de 15 a 19 años del área urbana no asiste a un centro educativo, cifra que en el área rural sube a 88,9%.

El limitado acceso a la educación y la deserción escolar, así como la falta de instrucción en métodos modernos de planificación familiar, contribuyen a agravar la situación. No acceder a formación escolar y a una educación sexual integral pone en situación de riesgo a las niñas y adolescentes, pues tienen más probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado.

¿Qué hacer? Urge diseñar e implementar políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia. Estas obviamente requerirán de recursos que el Estado debe estar dispuesto a proveer y, sobre todo, de decisión política para aplicarlos. Si los diagnósticos no llevan a ejecutar políticas concretas, no sirven para nada.

Entre las estrategias, por supuesto, debe estar incluir la educación sexual y reproductiva en los programas curriculares de educación primaria y secundaria para prevenir embarazos no deseados. La educación sexual temprana es especialmente necesaria para generar conciencia sobre potenciales situaciones de abuso físico o sexual y poder detectarlas. Complementariamente, el sistema debe poder proteger a quien realiza la denuncia —de poco sirve generar conciencia si se carece de herramientas para resguardar a la persona agredida y castigar al agresor—.

Todo lo anterior solo será posible capacitando a los profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Ilustración: Rolando Pinillos / Diario El Comercio

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