Un claro ejemplo de cómo las fake news nos pueden llevar a adquirir comportamientos irracionales y darnos una sensación de falsa seguridad es el tan normalizado mal uso de los termómetros de radiación infrarroja. Esos que se utilizan al ingreso de centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos o instituciones. Veamos.  

Los protocolos sanitarios para la reanudación de diferentes actividades establecen como requisito la medición de la temperatura corporal con termómetros de radiación infrarroja, que evitan el contacto con otra persona u objeto. Los protocolos aprobados, así como la Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de Perú, concuerdan en que la medición adecuada debe realizarse en la frente, sien o detrás del oído del individuo, por no más de tres segundos y de manera paralela a la superficie donde se mide, la cual debe estar limpia y seca.

Es decir, la medición de la temperatura en la muñeca o alguna parte del antebrazo no es útil para identificar con precisión si una persona tiene o no fiebre. Sin embargo, hoy en día, salvo excepciones, la medición de la temperatura en esta parte del cuerpo se ha convertido en la norma social. ¿Por qué? Pues por la difusión de información falsa. Hace ya más de seis meses se esparcieron rumores sobre el peligro de la radiación de estos aparatos en las neuronas y el cerebro. Por ello, muchas personas comenzaron a exigir que la medición de temperatura se realice en los brazos y no en la sien o frente, tal como las autoridades sanitarias y las indicaciones de los propios dispositivos señalan.   

Así, una medida de prevención como la toma de temperatura, que ya de por sí tiene importantes limitaciones porque al menos una de cada cinco personas contagiadas sería asintomática, se convierte en virtualmente inútil por rumores infundados. Si bien ha habido ciertos esfuerzos por desmentirlos, como dar entrevistas en medios y publicar videos informativos y notas periodísticas, estos no han tenido éxito.

El caso del mal uso de los termómetros nos muestra cómo la información falsa se puede “contagiar” muy rápidamente. De hecho, según una investigación publicada en la revista Science, la información falsa tiene más alcance y se transmite más rápido y más profundamente que la verdadera. Esto porque suele inspirar miedo, disgusto o sorpresa, y por su factor de novedad y excepcionalidad: una “noticia” sobre cómo el termómetro te puede matar las neuronas es claramente novedosa y excepcional.

Ciudadanos y autoridades debemos hacer todos los esfuerzos necesarios por combatir la desinformación. En el caso de los termómetros, viralicemos tres ideas claves: los termómetros infrarrojos no dañan las neuronas, es inútil medir la temperatura en el brazo e, incluso con una buena medición, el no tener fiebre no significa que no se pueda estar contagiado.

Realizado por: Nicolás Besich y Verónica Tello, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 12% de la población mundial, equivalente a 800 millones de personas, gasta el 10% de su presupuesto en servicios de salud. Asimismo, el gasto catastrófico ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

Para hacer frente a este problema, Colombia, Uruguay y Chile —entre otros muchos países— han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, diluyen la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos y de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo aquellas enfermas o con más riesgos se aseguren. Esto, además, permite la sostenibilidad del seguro de salud.

Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitarias, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional logrando garantizar la intangibilidad de sus recursos.

¿Cuál es la situación en el Perú? No hay duda de que en los últimos diez años ha habido grandes avances: en el 2009, con la promulgación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se dio el primer paso para alcanzar la cobertura universal en salud. Esta comenzará a ser realidad este 2019 con la incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS) de la población que hoy no cuenta con un seguro, como lo anunció el presidente de la República en julio último.

A pesar de ello, aún tenemos mucho por hacer en materia de enfermedades de alto costo. Dada la fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra un mismo diagnóstico, el nivel de protección varía dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica duplicación de los escasos recursos.

De otro lado, aunque tenemos un fondo de alto costo, su funcionamiento no puede compararse con los de Colombia, Uruguay y Chile. En el 2012, el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) inició actividades para cubrir a los afiliados al SIS en siete tipos de cáncer, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Pero, además de su limitada autonomía institucional y financiera, cubre solo el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos), por lo que no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados. Todo esto perjudica su capacidad real de desarrollar estrategias para gestionar el riesgo, contener costos y estandarizar la prestación a nivel nacional. Esta heterogeneidad impide una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.

Por todo lo anterior, urge desarrollar una cobertura universal para las enfermedades de alto costo que disminuya la fragmentación y segmentación del sistema, mejore la gestión financiera y consiga las ganancias de eficiencia asociadas. Las opciones son múltiples: esquemas de reaseguro, fondos mancomunados, listas explícitas de cobertura. Lo importante es poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Oriana Salomón, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores.

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Más alarmante aún: estas cifras representan un aumento del 36% respecto de los casos atendidos en el 2017. Asimismo, la incidencia fue mayor en las mujeres (65%) y el principal tipo de violencia atendido fue el psicológico (45%). Cabe precisar que los CEM son centros de servicios públicos para víctimas de violencia familiar o sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier tipo de acción que daña la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o negligencia. En el Perú, la Ley 30403 —aprobada en el 2015 y reglamentada tres años después— prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, al margen de dónde este se desarrolle: el hogar, la institución educativa, la comunidad o lugares afines. Estas definiciones abarcan desde gritos, palmadas o jalones de oreja, hasta casos de violencia sexual o trata de niños.

Entonces, cuando los padres o cuidadores corrigen a los niños con gritos, amenazas o indiferencia, los están maltratando. Cuando les jalan el cabello o les pegan con la mano u otro elemento, los están maltratando. Cuando no les ponen límites, los están maltratando. Cuando permiten que presencien violencia entre los padres o son expuestos a otros peligros, los están maltratando.

Lo anterior se evidencia en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES) del 2017, que recogió información acerca de la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad). En dicho sondeo, el 59% de las entrevistadas reportó que sus padres las golpeaban como forma de castigo, y el 43% que recibía una reprimenda verbal. Asimismo, de aquellas con hijos menores de 5 años, el 42% respondió que los corrigen principalmente hablándoles y explicándoles su conducta. Sin embargo, el 60% aplican la reprimenda verbal, el 34% les prohíben algo que les gusta, el 8% emplean golpes o castigos físicos, y el 13% apelan a palmadas.

¿Qué nos revelan estas cifras? Que las madres (y los padres) de hoy crecieron en medio de gritos y castigos físicos y, aunque en menor proporción, los aplican a sus hijos. Fuimos maltratados y repetimos el ciclo porque adoptamos prácticas normalizadas. De hecho, el 36% de las personas mayores a 18 años encuestadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2015 dijo estar de acuerdo con la aplicación del castigo físico si los hijos se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. Asimismo, el 24,5% coincidió en que los padres deben castigar físicamente a sus hijas o hijos si salen de casa sin su permiso o si llegan tarde. Un dato alentador, sin embargo, es que, en términos generales, la aceptación del castigo físico se redujo en 4 puntos porcentuales respecto a los resultados del 2013.

Además de generar estrés y sufrimiento inmediato en los niños, el maltrato infantil puede tener efectos a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los adultos que lo han sufrido presentan mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, caer en depresión, presentar obesidad y comportamientos sexuales de alto riesgo, tener embarazos no deseados y consumir tabaco, alcohol y drogas. A su vez, esto contribuye a un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cáncer e infecciones de transmisión sexual, e incrementa el riesgo de suicidio. Todo lo anterior tiene claros impactos en términos económicos: atender estas secuelas genera un mayor gasto en salud y en programas para la infancia. Estas, a su vez, reducen la productividad de los afectados.

Para ser una sociedad que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes requerimos un cambio de paradigma desde la política nacional hasta los hogares y las instituciones educativas. Es necesario diseñar e implementar una red de protección que involucre acciones intersectoriales cuyo objetivo sea garantizar buenos tratos a la infancia y la adolescencia a nivel nacional y que permitan responder oportuna y adecuadamente frente a casos que requieran atención. Esta política debe ajustarse a la realidad que viven los niños, e incorporar a actores de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a la comunidad en su conjunto. Además, para romper la cadena del maltrato, padres, madres, tutores y el personal directivo y docente de las instituciones educativas deben acceder a información que promueva los buenos tratos y que puedan aplicar diariamente.

Nos toca, a todos, ser parte del cambio.

Realizado por: Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

Ilustración: Jose Antonio Rojas

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