Era el sexto mes del 2023 y ya habían muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, cuando un fenómeno de El Niño costero intensificó la expansión de esta enfermedad. Alertábamos sobre que, en los últimos dos años, el Minsa había dejado de realizar un control vectorial riguroso, que no es otra cosa que buscar casa por casa la presencia del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Hoy, ya tenemos la más alta tasa de letalidad de América del Sur y, al cierre de la semana epidemiológica número siete, se había registrado 50% más casos que en el 2023, que ya venía como récord histórico. Esto considerando que es probable que en las últimas semanas se esté presentando un subreporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que puede afectar las decisiones que se adopten.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Su titular, César Vásquez, ha señalado que Áncash, La Libertad, Ica y Piura serán declaradas en emergencia sanitaria por casos de dengue, pero que el decreto saldría en las próximas semanas. ¡No podemos esperar! A estas alturas, lo que queda es declarar cuanto antes la emergencia sanitaria nacional por la epidemia de dengue este año, para poder disponer de mayores recursos, prevenir el colapso del sistema de salud y, sobre todo, evitar que las muertes se incrementen.

Para variar, estamos muy tarde: para campañas de fumigación, para vacunación, para control preventivo. Lo que se requiere es asegurar atención médica a los contagiados. El Minsa necesita definir cuál será la estrategia y cómo pretende enfrentar la ola de casos. Como lo hemos repetido tantas veces en este espacio: asumir de una buena vez su rol como ente rector del sector salud. Vásquez ha señalado que se reforzará la respuesta del Gobierno central, municipios y gobiernos regionales, pero no sabemos cómo.

El 12 de febrero último, el “New York Times” publicó una nota titulada: “Brasil, en emergencia por el dengue, presagia una crisis de salud en América”. Señalaba que el Ministerio de Salud del Brasil “tiene previstos más de 4,2 millones de casos para este año, por encima de los 4,1 millones de casos que registró la Organización Panamericana de la Salud en los 42 países de la región el año pasado”. Ante este escenario, nuestro vecino inició una campaña de emergencia para vacunar a niños en áreas con las tasas más altas o de mayor riesgo de transmisión de dengue, pero esto llegó muy tarde para combatir el actual brote. Sin embargo, anuncia que el ensayo clínico de una vacuna que se probó en el Instituto Butantan, un centro de investigaciones de salud pública en São Paulo, halló que protegía al 80% de los vacunados de desarrollar la enfermedad viral del dengue. De aprobarla el Gobierno Brasileño, empezarían a entregarlas en el 2025. Ojalá así sea.

Mientras tanto, coincido con el experto Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular, quien en un reciente tuit señalaba cómo el actual panorama de desborde del dengue “obliga a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para controlar” su transmisión. Y destacó algo fascinante: una “estrategia emergente de uso de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que interfiere en la transmisión del virus del dengue a los humanos”. Explicó que desde la primera liberación de estos mosquitos con Wolbachia, en Australia en el 2011, la medida ha mostrado resultados prometedores en más de 50 ciudades en 13 países. “Estudios en Indonesia y Brasil han reportado reducciones significativas en la incidencia del dengue, demostrando que esta estrategia es segura, sostenible y efectiva”, precisa Tsukayama, coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Existe sobrada evidencia de que las mayores temperaturas producto del cambio climático y del Fenómeno de El Niño aumentan la ovoposición de las mosquitas aedes –es decir, el proceso de puesta o de expulsión de huevos–. Esto eleva el índice de picadura, disminuye el período de ubicación del virus dentro de ellas y expande su presencia a nuevos espacios, propagando el virus. Además, el Perú es país endémico de dengue, con lo que la posibilidad de contagio siempre está presente. Sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla, pero nada de eso se hace. Las respuestas institucionales llegan tarde y, consecuentemente, son ineficientes. Una epidemia absolutamente evitable se vuelve emergencia nacional. Vez tras vez. Muy frustrante. Esperemos que esto no suceda con los aún contados casos de sarampión que se han detectado en Lima.

Realizado por: Janice Seinfeld en el Diario El Comercio el 26 de febrero

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A finales del año pasado, casi el 70% de pacientes diabéticos no tenía la enfermedad controlada; es decir, presentaba niveles de azúcar en la sangre superiores a lo óptimamente establecido (Minsa-CDC, 2023). Ello aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones renales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Según datos del estudio “Estimación de la carga económica de la diabetes mellitus tipo 2 en el Perú” realizado por Videnza Consultores en 2021, esto puede llegar a costar al Estado hasta 6.5 veces más que atender un paciente controlado.

¿Hasta qué punto las intervenciones tradicionales de política sanitaria pueden revertir esta preocupante situación? Es innegable la importancia de fortalecer el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención, incrementar la disponibilidad de recursos físicos, humanos y farmacológicos, y reforzar el sistema organizacional. Sin embargo, esto podría no ser suficiente.

Uno de los grandes desafíos para hacerle frente a la diabetes recae en su naturaleza crónica. Dada la ausencia de una cura efectiva, el control de la enfermedad depende, en gran medida, de cuán constante sea cada paciente con su tratamiento. Ello implica no solo la toma oportuna de los medicamentos prescritos y chequeos médicos regulares, sino también el seguimiento de una dieta balanceada, un régimen regular de actividad física y el abandono de vicios como el consumo de cigarrillos.

Este cambio de comportamiento resulta muy difícil de cumplir para la mayoría de pacientes, incluso cuando cuentan con toda la información necesaria para hacerlo. Y es que las personas no somos completamente racionales; no siempre estamos buscando optimizar recursos o maximizar nuestra utilidad. Por el contrario, nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones, instintos, preferencias y nuestro entorno social. Así, los pacientes diabéticos presentan una serie de sesgos que les impiden adoptar sostenidamente las medidas necesarias para controlar su enfermedad.

Según este estudio realizado en Argentina, entre los principales sesgos están el exceso de confianza y optimismo: los pacientes se resisten en reconocer la envergadura de su enfermedad, menosprecian sus repercusiones y, por ende, se involucran en conductas de riesgo como faltar a sus controles médicos o retrasar su tratamiento. Además, existe un marcado sesgo hacia el presente que los lleva a darle más valor a la satisfacción inmediata (como comer un antojito o mantener el sedentarismo), que a los beneficios futuros, incluso cuando saben que estos últimos pueden ser mayores. Y ejercer autocontrol es agotador y tiende a deteriorarse a lo largo del tiempo. Los autores definen a esta conducta como agotamiento del ego, que dificulta tremendamente mantener conductas saludables en el largo plazo.

Considerando lo anterior, resulta evidente que incluso el mejor tratamiento médico solo podrá ser eficaz con un cambio en la actitud del paciente. Una aliada para aportar con soluciones es la economía del comportamiento con la implementación de intervenciones nudge. Estas consisten en influir en el comportamiento de las personas mediante modificaciones en la “arquitectura de la elección”. Al alterar sutilmente su entorno social y físico, buscan impulsar cierto tipo de conductas pero sin restringir opciones u obligar a tomar una opción en particular (Kwan, y otros, 2020; Yoong, y otros, 2020).

Diversos estudios concuerdan que las intervenciones nudge ofrecen un enfoque prometedor para tratar la diabetes. Entre las estrategias más comunes destacan la configuración de opciones predeterminadas, las alertas o recordatorios, la influencia y el modelamiento social.

La primera consiste en establecer opciones predeterminadas que faciliten el camino hacia el comportamiento deseado (Wolf, Sant’Anna, & Vilhelmsson, 2022). Por ejemplo, se puede optar por establecer fechas predeterminadas para citas médicas de seguimiento para aquellos pacientes que asisten previamente a una. De esta manera, sin esfuerzo adicional se impulsaría a los pacientes a continuar con sus controles. Las alertas o recordatorios también han logrado resultados efectivos para la consistencia en el tratamiento médico. (Kwan, y otros, 2020). Finalmente, la influencia y el modelamiento social han sido estrategias utilizadas para motivar a los pacientes a implementar comportamientos más saludables. Sesiones para compartir experiencias los incentivaron a mejorar su dieta, actividad física, automonitoreo y control de su enfermedad (Kwan, y otros, 2020).

En definitiva, comprender la naturaleza del comportamiento de los pacientes diabéticos resulta esencial para controlar y combatir esta enfermedad. Las intervenciones nudge pueden constituir herramientas valiosas que, bien diseñadas y adaptadas al contexto particular de la población peruana, permitirían superar las barreras conductuales que hoy limitan el éxito de los tratamientos.

Realizado por: María Laura Rosales y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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¿Cómo se gestionarán los temas de almacenamiento, distribución, manejo de datos y criterios de aplicación de la vacuna: en establecimientos de salud, domicilios, farmacias? ¿Estaremos preparados para identificar reacciones adversas en quienes la reciben, en caso se den? ¿Lograremos, finalmente, que Estado y sector privado puedan colaborar para que los peruanos accedamos a estas vacunas en el menor plazo posible y con la seguridad que ello demanda?

La llegada del primer millón de vacunas este mes debe ser considerada una fase piloto. Será más sencilla que las siguientes porque sus destinatarios son fáciles de ubicar: los trabajadores de salud, de las fuerzas del orden y de servicios esenciales. Idealmente, se debería conseguir otra cantidad equivalente de vacunas para todos nuestros trabajadores en la primera línea. Luego, se espera alcanzar a personas vulnerables con enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes, cáncer— y adultos mayores hasta llegar a un 20% de los peruanos, aproximadamente seis millones. Finalmente, le tocará el turno a la población de entre 18 y 59 años.

El Ministerio de Salud debe desarrollar en detalle el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ello incluye definir cómo ubicarán las autoridades a quienes se quiere atender primero en la segunda fase y cuántos serán. La información deberá estar sistematizada y homologada entre instituciones. Esta carencia de data oportuna no puede seguir siendo un problema que arrastramos pese a las tecnologías existentes.

Para prepararnos, tenemos que recurrir de manera acelerada a las bases de datos de los hospitales del Minsa, EsSalud y fuerzas del orden.

Si se optara por vacunar por hogares o por establecimientos de salud, será imperativo trabajar con las regiones y en coordinación con los primeros niveles de atención: centros de salud y postas médicas. Estos, qué duda cabe, requieren ser fortalecidos para contar con profesionales y sistemas de información adecuados.

Para la distribución de las vacunas, un desafío será su transporte a cada región. Aunque la de Sinopharm representa menos retos que otras como la de Pfizer/BioNTech, que requiere temperaturas bajísimas de almacenamiento, un país tan complejo y poco articulado como el nuestro demanda un gran esfuerzo.

Todo lo anterior mientras el Gobierno comunica a la población que la inmunidad no será inmediata y, sobre todo, deberemos continuar con el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y la distancia social.

Nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Es imprescindible estar a la altura.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Hoy, Wakefield es uno de los rostros más virulentos del movimiento antivacunas. Sostiene que hay una conspiración mundial para proteger a las farmacéuticas y se presenta como víctima del sistema por tratar de exponerlo. Lo que es peor: millones le creen y su número de seguidores crece cada día. Donald Trump, no sorprenderá, se toma fotos con él.

La vacuna contra el COVID-19 todavía no existe, pero ya hay quienes aseguran –sin evidencia científica que lo sustente, por supuesto– que causará esterilidad y que con ella se intenta “manipular” a escala masiva el genoma humano y provocar “daños irreparables”. Otros aseguran que la vacuna de la gripe provoca la COVID-19, y que, para evitar enfermarse, basta con ser vacunado contra la neumonía.

Esto en medio de teorías conspirativas absolutamente delirantes como que Estados Unidos ha realizado ensayos de la vacuna con ciudadanos ucranianos, algunos de los cuales murieron. O que Bill Gates ha dicho que una vacuna contra el coronavirus podría matar a un millón de personas. O que microchips serán inyectados junto con las vacunas para desplegar así el 5G en un contexto de control de masas tecnológico. Despropósitos.

El movimiento antivacuna sostiene que las farmacéuticas y las autoridades conspiran para lucrar con medicamentos que saben que no son seguros. Es decir, dicen proteger a la población del ‘establishment’ y “los poderes fácticos”. Pero lo único que logran es que las personas sean vulnerables frente a enfermedades contra las que sí existe protección. El sinsentido en su máxima expresión.

Ya el año pasado, antes de que la pandemia paralizara al mundo, la Organización Mundial de la Salud calificó este creciente escepticismo hacia las vacunas comunes como una de las diez principales amenazas para la salud humana. Basta ver cómo, a raíz de que la tasa de vacunación entre los niños de preescolar en la mayoría de estados de Estados Unidos ha caído por debajo del objetivo del 90%, se dio el brote de sarampión más grave del país en un cuarto de siglo.

Cada año, entre dos y tres millones de vidas se salvan entre las poblaciones infantiles gracias a la vacunación sistemática de los recién nacidos y los niños. Después del saneamiento del agua y la nutrición básica, las vacunas son el recurso sanitario más importante con el que cuenta la humanidad. Negar su impacto en el bienestar colectivo es, sencillamente, irracional. Pero bien sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Mientras centenares de científicos trabajan contra el tiempo para encontrar vacunas contra el virus SARS-CoV-2 –que provoca la enfermedad COVID-19–, los movimientos antivacunas pueden poner en peligro su credibilidad. Previendo que puedan generar resistencia entre la población, la Universidad Johns Hopkins ha publicado un informe con recomendaciones para médicos y autoridades sobre cómo persuadir al público de aceptar estas vacunas una vez que sean aprobadas.

Solo volveremos a la normalidad cuando contemos con vacunas –cuya efectividad, por cierto, nunca es del 100%–, se pueda inmunizar a la mayor parte de la población y veamos sus efectos acumulados. Sin embargo, una encuesta realizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) entre agosto y setiembre a más de 400.000 personas de 67 países reveló una de cada tres personas de todo el mundo no se vacunaría o no sabría si vacunarse contra el COVID-19.

La duda no puede ser si vacunarse o no, sino cómo hacerlo al mayor número de personas en el menor tiempo posible. El proceso para lograr la inmunidad colectiva, de por sí largo y complejo, no puede verse socavado sin fundamentos científicos.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Este problema estructural ha encontrado un agravante creciente y silencioso con la actual pandemia de COVID-19: la carga de enfermedad no atendida y que se acumula peligrosamente por el limitado acceso al cuidado médico. La siguiente ilustración muestra cómo las atenciones ambulatorias entre los distintos prestadores durante el 2020 se redujeron significativamente en comparación al 2019.

El Perú, hoy más urbano e informal, tiene un perfil epidemiológico crónico-degenerativo, en particular relacionado al síndrome metabólico: hipertensión, diabetes y obesidad. Un aspecto clave para evitar que estas afecciones se compliquen es el mantenimiento de una terapia individualizada, ajustada periódicamente, acompañada del monitoreo a cargo de un profesional de la salud calificado. Es decir, para un paciente hipertenso o diabético son fundamentales diagnóstico precoz, tratamiento continuo y seguimiento efectivo.

En el ámbito legal, desde noviembre pasado todos los peruanos tienen derecho a un seguro de salud. El Decreto de Urgencia N.° 017-2019 estableció que la población no asegurada sería afiliada al Salud Seguro Integral de Salud (SIS).

Según el último Reporte Nominal de Asegurados de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 96% de peruanos cuenta con un seguro. De ellos, el 64% está afiliado al SIS. Si bien el aseguramiento es un avance, lamentablemente la atención continúa siendo heterogénea e incompleta según el sector al que se acuda.

En el campo de las terapias, hay marcadas diferencias. EsSalud, bajo la estrategia Farmacia Vecina que acerca los medicamentos prescritos al usuario mediante una red de farmacias y boticas privadas, llega a entregar el 99% de las recetas, según su reporte al 29 de setiembre. Y en las farmacias de sus establecimientos, el 86% de los pacientes recibe toda su receta.

Pero en los establecimientos del Ministerio de Salud-Gobiernos regionales (Minsa-GORE), donde se atiende la población afiliada al SIS, la atención apenas llega al 57%. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas no recibe su tratamiento completo, según el Informe final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016.

Evidentemente, esta situación afecta la salud de las personas e incrementa su gasto de bolsillo, lo que puede llegar a ser catastrófico para el hogar. Además, para el sistema nacional de salud es significativamente más costoso atender la hospitalización de un paciente en estado de mayor gravedad, que monitorear oportunamente su tratamiento.

¿Por qué existe tanta diferencia en la atención?

EsSalud tiene un mejor desempeño logístico que el Minsa-GORE por dos razones principales. En primer lugar, sus sistemas de información son más robustos y están en línea, lo que permite analizar la información diaria y comparar datos de las prestaciones y el abastecimiento. En segundo lugar, la operación logística en Lima y Callao (donde se despliega Farmacia Vecina) está integrada y a cargo de un actor privado. Al emplear tecnología que optimiza el reparto bienes y entrega de recetas de pacientes ambulatorios cerca a sus domicilios, logra el alto nivel de servicio mencionado.

¿Cómo mejorar la atención en el Minsa-GORE? Analizando los flujos existentes se ven claras barreras de papel que dividen pliegos y unidades ejecutoras, escenario complicado además por el variopinto modelo organizacional existente en salud. Por ello se deben simplificar y optimizar estos procesos y aplicar alguna de las alternativas ya utilizadas hoy en el país.

Además, es importante dejar de hacer “autopsias” que solo emplean información mensual para reconocer la disponibilidad de recursos, y pasar rápidamente a lograr conectividad y un sistema de información en la “nube” que vincule los datos de las recetas emitidas y efectivamente atendidas. De este modo se lograría identificar la demanda insatisfecha en menor tiempo y adoptar una primera generación de medidas correctivas, lo que requiere de un buen operador logístico.

El país atraviesa una severa crisis sanitaria que agrava los problemas existentes en el sistema de salud. Corresponde ahora aplicar las mejores prácticas —que, paradójicamente, están muy cerca— y extenderlas en bien de los peruanos.

Autores: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Diversos estudios resaltan la importancia de contar con una adecuada estrategia de distribución de vacunas en el marco de una pandemia (Rambhia y otros, 2010; Smith y otros, 2011; Gilbert, 2017; Yangzi y otros, 2020). Por un lado, las características geográficas del país y el heterogéneo avance de la pandemia en el territorio son factores que deberían considerarse en cualquier estrategia de distribución. Por otro lado, la distribución de las vacunas debe tomar en cuenta criterios de priorización de beneficiarios, así como las lecciones aprendidas de las pandemias recientes como la H1N1.

Cuatro son los aspectos fundamentales a considerar para la estrategia de distribución de la tan esperada vacuna contra la COVID-19. En primer lugar, el Estado debe definir una estrategia de focalización y priorización de los beneficiarios de la vacuna. Para ello se requiere contar con criterios claros y consensuados, tales como variables geográficas, condiciones de vulnerabilidad, nivel de exposición, entre otros. Dichos criterios deben ser insumo para elaborar un cronograma de vacunación con metas claramente establecidas, que debe acompañarse de una estrategia de comunicación que brinde información del proceso y promueva la aceptación de la vacuna.

El segundo aspecto tiene que ver con los retos de distribución interna de la vacuna. Esta tarea puede ser abordada con el apoyo un operador logístico que tenga a cargo el almacenamiento, distribución y manejo de datos del proceso. Debe garantizar las adecuadas condiciones de almacenamiento y cadena de frío para la preservación de la vacuna a lo largo del proceso. Asimismo, establecer una estrategia de almacenamiento y distribución descentralizada con una lógica de red integrada.

En tercer lugar, se debe habilitar una red de centros de aplicación de vacunas cuya ubicación garantice la cercanía al ciudadano y minimice las aglomeraciones. Para este fin, el Estado puede apoyarse en las capacidades privadas. Así, por ejemplo, en el contexto de la pandemia H1N1 en Estados Unidos, varios estados se respaldaron en cadenas privadas de farmacias para la vacunación de la población prioritaria.

Por último, se requiere desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo que permita la trazabilidad de la vacuna desde su ingreso al país hasta su aplicación al paciente. Este factor es indispensable para una adecuada gestión de los aspectos logísticos de la estrategia de inmunización. Además, permite realizar un seguimiento farmacológico a los pacientes vacunados.

Planificar la aplicación de la vacuna es una tarea igual o más importante que su adquisición masiva. Más aun cuando en el Perú, en contextos normales, las campañas de inmunización enfrentan retos considerables. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuando vemos que al 2019, y a pesar de los avances, solo el 61% de los niños menores a tres años contaban con la totalidad de vacunas requeridas a su edad. No dejemos que la pandemia más grande de la historia reciente nos encuentre desprevenidos ante este desafío.

Realizado por: Joaquín Rey y César Núñez, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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La semana pasada, el Gobierno oficializó la normativa que obliga a las farmacias y boticas públicas y privadas del país a transparentar información sobre su inventario disponible y los precios de venta de los medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19. Deberán publicarla en el Observatorio de Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Está muy bien tener mayor transparencia de la información. Aplausos allí. Pero falta más.

El Estado Peruano es el gran asegurador de la población a través del Seguro Integral de Salud (SIS) y de Essalud. En consecuencia, es el responsable de que las personas accedan a medicamentos. Hasta el año pasado, el SIS sumaba 17 millones de afiliados. Pero, con el decreto de urgencia que estableció medidas para la cobertura universal en salud, toda persona sin seguro pasó a estar adscrita al SIS, que ahora tiene alrededor de 22 millones de afiliados. Y Essalud atiende a 11 millones más. Sin embargo, en el decreto de urgencia no se establece cómo hacer para que el ciudadano reciba el medicamento. Eso es lo que necesitamos y debemos medir.

El Estado debe utilizar las herramientas a su disposición para mejorar el abastecimiento de medicamentos. Tiene recursos y capacidad de provisión desde la droguería del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que le permite importar medicamentos, encargar su fabricación –de ser necesario– y salir al mercado internacional a conseguir lo que falte. Pero, a la par, debe aplicar estrategias efectivas y rápidas para gestionar la distribución. Miremos a Essalud. Tiene una experiencia que está funcionando y se puede imitar. Gracias a una asociación público-privada, cuenta con un operador logístico en Lima y el Callao que articula la información de la prestación –qué receta el médico– con lo que efectivamente recibe el paciente. Así, es capaz de determinar cuál es la demanda real de medicamentos y de identificar problemas en la cadena de suministro que impiden que el paciente los reciba, para corregirlos con la agilidad debida.

La Digemid es un actor clave y, para sumar esfuerzos, debe ser muy diligente con los trámites de las autorizaciones sanitarias. Es prioritario tener una ruta rápida para los medicamentos de escasa oferta en el país, como los antivirales, antibióticos y antiparasitarios, imprescindibles para enfrentar la pandemia. Y ya hemos esperado suficiente para la digitalización y mayor transparencia en esta institución. Es ahora, señores, cuando necesitamos este cambio.

Es correcto e indispensable fiscalizar al privado, pero el Estado no puede desentenderse de una labor a su cargo. Las boticas, farmacias y cadenas tendrían que ser sus aliadas para suministrar medicamentos que el paciente no encuentre en el hospital donde ha sido atendido. Y para eso precisamos de acuerdos y que el Estado use la información –que debe ser pública– para la toma de decisiones transparentes.

En esa línea, celebramos que el Ministerio de Salud haya, finalmente, liberado la data sobre los casos positivos de COVID-19. Para enfrentar esta emergencia sanitaria requerimos usar todas las capacidades públicas y privadas. Y eso solo será posible analizando la evidencia disponible para elaborar modelos y plantear estrategias.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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“En estos 54 días, hemos estado evaluando dónde están los principales focos de contagio. Y los focos de contagio se dan, entre otros, en los mercados, en los bancos donde las personas van a cobrar sus bonos, en los vehículos de transporte y en los paraderos. En cada uno de esos espacios tenemos que intervenir”, sostuvo el presidente Martín Vizcarra el viernes último. ¿Cincuenta y cuatro días para “confirmar” aglomeraciones que, desde el inicio de esta crisis, venían siendo denunciadas en redes sociales y medios de comunicación?

Preocupa que el ímpetu inicial que llevó al Perú a ser el primer país latinoamericano en establecer la inamovilidad obligatoria parezca dar paso a la inercia clásica de nuestro aparato público. Cómo explicar, si no, que el mandatario anuncie que, junto con autoridades locales y asociaciones de comerciantes, este mes se intervendrán 380 mercados para reordenarlos y garantizar su salubridad. ¡Este mes! También dijo que se controlará el aforo diario en el transporte público. ¿Cómo? ¿Desde cuándo?

El Gobierno amplía la cuarentena, modifica los horarios de toque de queda, anuncia multas, pero empezamos a escuchar cada vez más tráfico en las calles, continuamos viendo imágenes de aglomeraciones –incluso tiendas abiertas y vendedores ambulantes instalados en veredas del Centro de Lima–, y sabemos que alargar la inmovilización social es inviable para quienes viven con lo que ganan en el día. El argumento de que si el brote se descontrola, será por culpa tuya, peruano irresponsable, podrá aplicarse a casos puntuales; pero su generalización resulta ofensiva.

“Yo te convoco, peruano, peruana. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdate!”, dice Vizcarra. ¿Somos los peruanos unos adolescentes perpetuos que desafiamos a la autoridad y nos creemos inmortales? ¿Carecemos acaso de sentido común? Ninguna evidencia lo sustenta. Lo que sí puede explicar este incumplimiento es la falta de confianza en nuestras instituciones.

El estudio “Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response”, publicado a fines de abril en la revista científica “Nature Human Behaviour”, sostiene que una población que desconfía de sus autoridades difícilmente acatará sus indicaciones. Y como ejemplo cita la crisis del ébola en Sierra Leona, donde las recomendaciones sanitarias fueron encargadas a los líderes religiosos cuando fracasaron las intervenciones de expertos extranjeros.

Acercándonos al fin de la cuarentena, bien haría el Ejecutivo en identificar distintos espacios de enseñanza –incluidas sus conferencias de prensa– que permitan reforzar, machaconamente, cómo evitar los contagios: la importancia de no tocarnos la cara y de toser cubriéndonos con el brazo, cómo mantener la distancia social, cómo lavarnos bien las manos, cómo usar la mascarilla. Sabemos que es muy difícil cambiar los hábitos de las personas, incluso si su salud está bajo amenaza –ahí están los fumadores como mejor prueba–. Pero, mientras esta sea la mejor forma de protegernos, es lo que debemos hacer.

Otro estudio, titulado “Applying principles of behaviour change to reduce SARS-CoV-2 transmission” y elaborado por tres especialistas en ciencias del comportamiento, revela que las personas nos tocamos la cara entre 10 y 35 veces por hora. Para evitar la propagación de este coronavirus, sugieren acciones sencillas como acostumbrarnos a cruzar los brazos, entrelazar los dedos o meter las manos en los bolsillos. Advierten, asimismo, de un sesgo cognitivo por trabajar, y es la desproporción obvia entre el problema y la solución: lo difícil que puede ser interiorizar que controlar la mayor crisis sanitaria en un siglo está, literalmente, en nuestras manos, y pasa por dejar de tocarnos la nariz y los ojos.

Es indispensable trabajar la adherencia al distanciamiento social y a los citados hábitos para disminuir la ola de contagios y evitar rebrotes. Ningún país, menos uno tan informal y desigual como el nuestro, puede darse el lujo de desandar lo avanzado.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Entre 2014 y 2019, las tentativas de feminicidio en el Perú pasaron de 198 a 404 casos, y la cifra de feminicidios se duplicó, hasta llegar a 166. Según el portal estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 51% fueron a manos de la pareja de la víctima. Lo preocupante es que el 64% no tomó ninguna medida como la denuncia o separación.

La violencia contra la mujer no distingue nivel socioeconómico. La Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes) de 2019 muestra que el 57.7% de las encuestadas alguna vez sufrió violencia ejercida por su esposo o compañero. Al reportar esta información por quintiles de bienestar, este porcentaje alcanza el 56.2% y 49.5% de mujeres del primero y último quintil, respectivamente. Esta brecha de siete puntos porcentuales ha sido constante en los últimos cinco años.

La situación es especialmente dramática porque la violencia suele comenzar en las etapas tempranas de la relación: el 65.3% de las mujeres casadas reportó que se inició en los dos primeros años o antes (Endes, 2018) (Ver Ilustración N.° 1).

Ilustración N.° 1: Inicio de la violencia física o sexual en mujeres casadas

Hay un grupo particularmente vulnerable: las menores de edad. Según el último censo penitenciario (2016), el 47.9% de los procesados o sentenciados por violación a menores cometió la agresión en la vivienda de la víctima o en el hogar del interno. Un factor de riesgo potenciador en estos casos fueron las sustancias psicoactivas: 23% consumió alguna, de las cuales 90.7% fue alcohol.

¿Qué tenemos detrás de esta situación que año tras año parece empeorar? Según la Política Nacional de Igualdad de Género (DS N.° 008-2019-MIMP), la discriminación estructural contra las mujeres tiene tres causas fundamentales: (i) la asignación de roles desiguales entre hombres y mujeres (primordialmente reproductivo); (ii) patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino; y (iii) normas y una cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. En consecuencia, al enfrentar la violencia contra la mujer se debe considerar tanto la dimensión institucional como la social.

En la dimensión institucional, el Estado ha mostrado grandes avances normativos desde 2007, cuando promulgó la Ley N.° 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, que busca garantizar la igualdad de derechos y eliminar las desventajas de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. En 2019, para adaptar su estructura y funciones a las necesidades actuales, se estableció la citada política y se creó el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), sobre la base del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). Una señal alentadora es que el presupuesto de este programa se ha incrementado en 24 veces: en 2009, el PNCVFS tenía solo 17 millones de soles, mientras Aurora, en 2020, contó con un presupuesto institucional modificado de 417 millones de soles (SIAF, 2020).

En la dimensión social todavía hay un largo camino por recorrer, porque la desigualdad y, más aún, la violencia, están normalizadas y arraigadas en nuestra sociedad: el 55% de mujeres que han sido maltratadas reportó no buscar ayuda porque “no fue necesario”.

Urge fortalecer la aplicación del enfoque de género, tanto en las políticas e intervenciones estatales como en nuestras vidas diarias, asumiendo la responsabilidad que nos toca como ciudadanos. Desde el Estado debe promoverse la transversalización del enfoque, entendida como la “integración sistemática de las condiciones, las prioridades y las necesidades propias de las mujeres y los hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad” (ACSUR-Las Segovias, 2006). Es decir, para planificar políticas y programas efectivos es necesario comprender las bases de las inequidades bajo una visión integral y sistémica.

Luego será fundamental analizar el impacto esperado y empírico de estas intervenciones para garantizar su adecuado seguimiento y evaluación. Asimismo, es necesario articularlas bajo una lógica intersectorial prestando especial atención al sector educación. Al formar a los ciudadanos desde muy temprana edad, tiene la posibilidad de potenciar el necesario cambio cultural para desarraigar las desigualdades intrínsecas a nuestra sociedad.

Finalmente, como ciudadanos debemos ser conscientes y asumir nuestra parte de la responsabilidad en el problema. Cooperemos, como estos días de cuarentena, luchando por cambiar aquellos factores normalizados desde hace tanto tiempo: desde hacer notar lo erróneo de esa broma machista o silbido que escuchamos, hasta auxiliar a quien veamos en una situación de maltrato.

Realizado por Oriana Salomón y Mauricio Ibañez, analista senior y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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Sin embargo, hay un asunto que tenemos que visibilizar: hoy, los servicios de salud no solo están combatiendo esta emergencia nacional. Tienen también el enorme reto de, simultáneamente, satisfacer las necesidades de atención de personas con otras enfermedades como las crónicas –cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc.– y las contingencias que se presentan en el tiempo –urgencias y emergencias, por ejemplo–.

La experiencia de China confirma la importancia de atender en espacios distintos a quienes presentan síntomas no vinculados con el COVID-19. Y esto se logra mediante la asignación de establecimientos diferenciados y el triaje: la valoración inicial del paciente por la que se decide cómo se le tratará en función de su estado.

En España e Italia, donde la magnitud del contagio colapsó la capacidad de sus sistemas de salud –considerados entre los mejores del mundo–, los pacientes crónicos no urgentes no pueden ser atendidos en centros diferenciados. Alemania, que destaca por su baja mortalidad, tiene una oferta sanitaria similar a la de Singapur y Corea del Sur, con “espalda” para soportar y controlar esta ola. En Reino Unido y Estados Unidos se recomienda distanciar a los pacientes de los hospitales y, en la medida de lo posible, asistirlos empleando la telemedicina, aunque la crisis está también poniendo a prueba la capacidad de sus sistemas.

En el Perú, este flujo diferenciado de atención viene siendo abordado, sobre todo, por Essalud, que está seleccionando instituciones prestadoras de servicios de salud para consultas no ligadas al COVID-19. Por ejemplo, la atención para aseguradas embarazadas del hospital Rebagliati se está trasladando a la clínica Cada Mujer, en Jesús María.

En hospitales y policlínicos de Lima y regiones, Essalud ha instalado unidades de triaje diferenciado exclusivamente para sintomáticos respiratorios. Ahí aplican, siguiendo el protocolo, los hisopados y las pruebas rápidas. Según los resultados, se determina si se requiere hospitalización de aislamiento y observación, sea en hospitales o en la Villa Panamericana, donde se han equipado 900 camas y un centro médico de urgencias. Para los casos más graves, se están reforzando las unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya demanda aumentará en las próximas semanas dada la conocida progresión de este coronavirus.

Es importante que el Ministerio de Salud, como ente rector, comunique el despliegue de su estrategia para articular la acción en todas las regiones del país. Por ahora, se sabe que está ampliando los hospitales de Ate y Villa El Salvador para tener 200 camas UCI COVID-19 en cada uno.

Para hacer el sistema eficiente y descongestionarlo de consultas de pacientes crónicos, hay dos medidas que debemos implementar con rapidez.

Primero, apelemos a la telemedicina. En nuestro país, está la demanda de garantizar que a ambos lados de la consulta se cuente con un profesional de la salud con las credenciales adecuadas. Por tanto, urge revisar la normativa y la cobertura de este servicio para poder aumentar estas atenciones, más aún con escenarios de aislamiento social que persistirán en el futuro.

Segundo, debemos imitar la iniciativa de Essalud denominada Farmacia Vecina, que convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos. Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinas en lugares cercanos a su hogar y con menores riesgos para su salud. Las grandes cadenas de boticas tendrían que sumarse a este esfuerzo, que debe permanecer superada la emergencia y extenderse a todo el país.

Pasado este escenario de crisis, debemos profundizar los esquemas de colaboración público-privados con el objetivo de que el ciudadano acceda a servicios más eficientes. Así, se aligera la carga operativa del Estado y se permite al sector privado desplegar sus competencias y desarrollar nuevo conocimiento. Todos ganamos. No esperemos a que otra amenaza nos haga llegar a esta misma conclusión.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Países como España e Italia optaron por ser “cautelosos” y ahora Europa es el foco de la pandemia. Por el contrario, en China –donde se originó el brote– y Corea del Sur, que actuaron rápidamente, se está desacelerando. Como informó “El País” de España, mientras el alcalde de Daegu, la ciudad surcoreana del primer foco, pidió a sus conciudadanos quedarse en casa cuando los contagiados no sumaban cincuenta, en Madrid este llamado se dio cuando superaban el millar.

Un caso especialmente interesante es el de Singapur. Esta ciudad-Estado de 5,7 millones de habitantes y con una de las mayores densidades poblacionales del mundo, pasó de ser el segundo país más afectado por este brote a registrar ayer 134 contagios y cero muertes. ¿Su receta? Rápida decisión política para identificar y aislar a las personas contagiadas, y transparencia ante la ciudadanía.

Así, confirmada la presencia del virus, el primer ministro, Lee Hsien Loong, se dirigió a la población para pedir que aquellos con síntomas leves acudieran al hospital –cuyo personal sabía lo que debía hacer y decir–. Es el único vocero oficial con mensajes consistentes que transmiten seguridad.

Desde un inicio las autoridades de salud optaron por evaluar todos los casos similares a la gripe y neumonía, y no solo aquellos sospechosos de ser el COVID-19. Usaron estas primeras infecciones para establecer un sistema avanzado de rastreo de contactos que permitiera reconstruir la cadena de transmisión de una persona a otra. Paralelamente, desarrollaron kits de detección que repartieron en todos los puntos de entrada al país. Todos los costos de las pruebas y del internamiento hospitalario para residentes son asumidos por el Gobierno.

Además, fue de los primeros países en imponer restricciones a personas con visitas recientes a China y Corea del Sur. Incluso cuando todavía la Organización Mundial de la Salud consideraba que las prohibiciones de viaje no eran necesarias. A todo pasajero que arriba al aeropuerto de Changi le realizan la prueba de hisopo COVID-19 y le piden sus datos de contacto. Cuando a las pocas horas reciben los resultados, quienes dan positivo son localizados y trasladados en ambulancia a instalaciones de cuarentena.

Para potenciales infectados, el régimen de cuarentena hospitalaria y domiciliaria incluye que las autoridades puedan llamarlos, pedirles compartir su ubicación desde su teléfono y hacer visitas sorpresa.

Muy tempranamente, también, implementaron medidas de distanciamiento social en colegios, universidades y centros para adultos mayores, e impulsaron la flexibilización del teletrabajo. Y el Ministerio de Salud brinda información en tiempo real sobre quienes dan positivo en el virus. No revela su identidad, pero sí adónde viajaron recientemente, cuándo buscaron ayuda médica, cuándo fueron hospitalizados y cuándo fueron dados de alta. Además, envía actualizaciones diarias sobre la evolución de la epidemia. Esto ayuda a reducir la paranoia y permite a expertos comprender la propagación del virus.

Es claro que Singapur tiene características imposibles de replicar. Pero confirma que ningún sistema de salud será eficiente sin información que permita tomar decisiones sobre la base de evidencia y que asegure la memoria institucional. Todos aprendimos del SARS y de la gripe H1N1; sin embargo, mientras Singapur desarrolló los protocolos que hoy usa, nosotros fuimos perdiendo el aprendizaje ante tanto cambio de autoridades y con un sistema desarticulado: Essalud, Ministerio de Salud,gobiernos regionales y entidades privadas.

En Singapur se tiene trazabilidad casi perfecta; en nuestros colegios y hospitales no tenemos jabón. De lo sublime a lo ridículo. Esto debe cambiar, pero hoy debemos atacar lo urgente: evitar que los contagios por este coronavirus aumenten.

Por Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores y Daolu Cai, profesor de la Universidad Nacional de Singapur

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Los datos epidemiológicos son primordiales para analizar e implementar medidas de control que permitan proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Estas medidas serán efectivas siempre y cuando estén basadas en evidencia. En la era de la información en la que vivimos, el desafío no es la falta de datos, sino cómo utilizarlos. Es importante identificar aquellos más relevantes y combinar diversas fuentes que podrían no estar estandarizadas o no ser interoperables para facilitar la evaluación. Los investigadores deben poder determinar rápidamente si los datos existentes se pueden analizar o si se deben recopilar otros, además de cómo hacerlo de manera eficiente.

En Canadá, una start-up llamada BlueDot que automatiza la vigilancia de enfermedades infecciosas logró alertar a sus clientes (entidades públicas, hospitales y empresas privadas) sobre el coronavirus. Esto gracias a un algoritmo que desarrolló y que lee noticias publicadas en medios locales donde se mencionan casos de gripe, muertes sin explicación aparente y síntomas que no se ubican en un diagnóstico concreto, tanto en humanos como en animales. De la misma manera, con la información de rutas de vuelos, frecuencia y cantidad de pasajeros, BlueDot puede advertir hacia dónde se dispersaría el virus. Eso sucedió con el del Zika: logró predecir, hasta con seis meses de anticipación, los lugares a los cuales llegaría.

Por su parte, la Universidad de Johns Hopkins lanzó un tablero interactivo con información en tiempo real sobre la dispersión del coronavirus. Se puede observar dónde y cuándo se han producido los brotes, cuántos pacientes se han recuperado y cuántos han fallecido. El tablero busca que la población comprenda la situación del brote a medida que se desarrolla, con fuentes de datos transparentes. Esta información sirve no solo para que los Estados se encuentren preparados, sino también para contrarrestar la difusión de noticias falsas.

En el Perú, un esfuerzo digno de fortalecer y replicar es la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud. Creada en septiembre de 2019 analiza, integra y difunde información estratégica para mejorar la calidad de las decisiones en la institución. Centraliza y estructura información que antes se manejaba de manera dispersa y que incluso mostraba poca consistencia. Según EsSalud, desde la UIAD se puede monitorear casos de influenza, neumonía y otras afecciones respiratorias que podrían estar asociadas a un brote de riesgo, para así lograr un diagnóstico y tratamiento oportunos, además de gestionar las medidas en caso sea necesaria una escala mayor de respuesta.

La UIAD también cuenta con tableros de control para ver el manejo de las camas hospitalarias, abastecimiento de medicinas, tiempo de espera para el otorgamiento de citas, atención de los pacientes en los turnos programados en los consultorios y áreas de hospitalización, stock crítico de recursos clave como reactivos de laboratorio, pruebas rápidas, material médico y otros insumos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Al ser un proceso nuevo, sus resultados se apreciarán de modo creciente en el tiempo.

De igual modo sabemos que el Ministerio de Salud está desplegando esfuerzos para articular la diversidad de fuentes de información existentes. En particular, los datos provenientes de la gestión de las prestaciones, financiamiento y soporte que son clave para mejorar los procesos. En el ente rector, destaca el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades como encargado de gestionar “los procesos de prevención y control de enfermedades de importancia sanitaria nacional e internacional, elevando la capacidad resolutiva del nivel nacional para las acciones de vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global y respuesta rápida en brotes, epidemias, desastres y emergencias”. Una tarea a su cargo es implementar, desarrollar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública en todo el país, lo que en el contexto actual es muy importante.

En tiempos donde las empresas utilizan nuestra información para saber nuestras preferencias, qué nos pueden vender, cuánto cobrarnos, etc., es importante que el Estado también saque provecho de esta data para el beneficio ciudadano. Los equipos de inteligencia sanitaria deben aprovechar al máximo las capacidades analíticas de las instituciones y apoyar la toma de decisiones para mejorar los servicios y estar preparados ante situaciones de emergencia.

Realizado por: César Amaro y Miluska Patrnogic, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Como destaca Unicef, invertir en la primera infancia puede aumentar los ingresos individuales en edad adulta en hasta un 25%. Y esto es posible a un costo asequible, porque muchas intervenciones pueden ser integradas en los servicios existentes, como la atención en salud y nutrición. Desaprovechar esta etapa crucial tiene consecuencias negativas de largo plazo como peores condiciones de salud, aprendizaje y capacidad de generar ingresos. También perpetúa los ciclos intergeneracionales de desigualdad, pues los niños más afectados provienen de familias en situación de pobreza.

La primera infancia ofrece una oportunidad única en la formación del cerebro de los niños y niñas, pues las conexiones neuronales se producen a una mayor velocidad que en el resto del ciclo de vida. Unicef señala, además, que este proceso requiere de una adecuada nutrición y estado de salud, protección contra el daño, estimulación positiva y oportunidades de aprendizaje temprano. Por ello, el desarrollo infantil temprano requiere ser abordado desde un enfoque multidimensional, como considera el nuevo programa presupuestal en cuestión. Este sigue el modelo conceptual de los lineamientos “Primero la Infancia”, aprobados en el 2016, que considera cuatro componentes clave en el desarrollo infantil temprano, como se muestra a continuación:

Desde la última década, los distintos sectores vienen realizando esfuerzos que abordan algunos componentes del desarrollo infantil temprano. Por ejemplo, el Ministerio de Salud (Minsa) dirige los programas presupuestales “Programa articulado nutricional” y “Salud materno neonatal”, cuyo objetivo es disminuir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, así como la morbilidad y mortalidad materno-neonatal. Según las cifras oficiales más recientes publicadas por el INEI, se ha logrado reducir la incidencia de desnutrición crónica infantil en menores de cinco años de 14.6% a 12.2% entre el 2014 y el primer semestre del 2019, indicador que ascendía a 28.5% en el 2007.

Por su parte, el Midis encabeza los programas presupuestales “Cuna Más”, orientado a mejorar el nivel de desarrollo infantil de menores de tres años en situación de pobreza, y “Juntos”, dirigido a incrementar el acceso informado a servicios de salud, nutrición y educación por parte de gestantes, niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza en zonas rurales. La desnutrición crónica en los niños beneficiarios del programa “Juntos” a nivel nacional se redujo de 27.6% a 21% entre el 2013 y la primera mitad del 2019.

Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lidera el programa presupuestal “Lucha contra la violencia familiar”, que busca reducir la violencia sufrida por niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en el hogar. Entre el 2014 e inicios del 2019 se logró reducir la proporción de mujeres que sufrieron violencia a manos de su esposo o compañero de 12.1% a 9.8%.

No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer en materia de desarrollo infantil. A pesar de los esfuerzos, la anemia sigue siendo un problema grave. Entre el 2014 y el primer semestre del 2019 solo se redujo de 46.8% a 42.2%. Esta cifra dista mucho del objetivo del Minsa de reducir la anemia infantil en el 2021 a 19%. Asimismo, si bien se han alcanzado importantes logros en desnutrición crónica, en el ámbito rural tiene una prevalencia de 25.2%.

La lactancia materna en menores de seis meses se redujo de 68.4% en el 2014 a 64.0% en el primer semestre del 2019, cuando dicho indicador debería haber aumentado. Además, aún es común y a veces socialmente aceptado el uso del castigo físico como forma de corregir comportamientos inadecuados en menores de cinco años.

Integrar la complejidad del desarrollo infantil temprano en un solo programa con un responsable claro representa un gran avance en el camino de unificar esfuerzos, crear sinergias y ser más efectivos en las intervenciones. Queda pendiente que el Midis emita las disposiciones requeridas para la articulación del nuevo programa. Asimismo, la elaboración de los protocolos, guías e investigaciones necesarias para su implementación.

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Dado que la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, conviene subrayar la importancia de aumentar la cultura de donación en el país. Luz Esperanza Meza, directora general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, sostiene que “necesitamos donantes solidarios, personas desinteresadas que ayuden a nuestros pacientes a tener una nueva oportunidad”.

La sangre recolectada por donaciones es utilizada para el tratamiento de pacientes que van a pasar por cirugías o trasplantes de órganos, como personas con cáncer, quemaduras o que han sido víctimas de accidentes de tránsito. Además, Meza explica que los más vulnerables son los más pequeños, pues necesitan constantes transfusiones de sangre.

Sin embargo, en el Perú solo el 1.22% de la población dona sangre. ¿Cómo explicar esta poca cultura de donación de sangre? Según Meza, una de las razones es que todavía existen temores infundados alrededor de ella. “Se cree que es un proceso doloroso, pero esto no es cierto. Tampoco es verdad que se puedan contagiar de VIH o alguna otra enfermedad por donar sangre. Todos los equipos que se utilizan son completamente esterilizados e incluso descartables”. Y tampoco es cierto que debilite al donante, pues el volumen de sangre del cuerpo vuelve a la normalidad al día siguiente.

José Fuentes Rivera Salcedo, titular de la Dirección Ejecutiva de Banco de Sangre y Hemoterapia (Pronahebas) del Minsa, coloca el tema en perspectiva: un donante voluntario de sangre puede salvar la vida de al menos tres personas. Además, nueve de cada diez personas necesitarán donación de sangre en algún momento de sus vidas.

Donemos sangre. Salvemos vidas.

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