Emergencias sanitarias recientes como del ébola, con once mil fallecidos en África del Este entre los años 2014 y 2015, forzaron a tomar medidas similares. Según el Banco Mundial, en Sierra Leona se cerraron las escuelas durante ocho meses y, aunque los alumnos mantuvieron su relación con ellas mediante programas radiales, cuando las actividades se reiniciaron fue evidente que habían perdido gran parte de lo avanzado hasta antes del cierre. Debieron, entonces, empezar de cero y simplificar la malla curricular para brindar los principales contenidos de dos años en uno solo. Si bien el impacto en resultados educativos fue magro, esta oferta resultó siendo mucho mejor que la alternativa: no hacer nada.

En el Perú, la respuesta del Ministerio de Educación (Minedu) ha sido oportuna y rápida: iniciar el año escolar bajo una modalidad no presencial diversa. Desde el 6 de abril se empezó a implementar la estrategia de educación a distancia “Aprendo en casa”, en alianza con el sector privado, empresas de radio y televisión, y organismos multilaterales. La propuesta pretende poner las experiencias de aprendizaje a disposición de los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas de educación básica a nivel nacional. Los contenidos y recursos pedagógicos, disponibles en diez lenguas originarias y en lenguaje de señas, son difundidos a través de diversas plataformas como páginas web, radio y televisión.

Se sabe que transitar hacia un esquema de esta naturaleza exacerba las preocupaciones en torno a la equidad, y basta con mirar los datos relativos a infraestructura. Según el Censo 2017, solo el 28.04% de hogares peruanos tiene conexión a internet. Incluso en Lima, la región con el mayor índice de acceso, menos de la mitad (47.23%) cuenta con este servicio. Además, por lo general el uso de internet se realiza desde celulares, pero en regiones como Loreto o Huancavelica alrededor del 30% de hogares no cuenta con dispositivo móvil alguno.

Si bien la alternativa de transmisión por radio y televisión tiene un mayor alcance, también presenta limitaciones. Existen regiones donde cerca del 60% de hogares no tiene televisión y donde solo entre el 13% y 19% de esos mismos hogares posee una radio.

Evidentemente, estos problemas son estructurales y no atribuibles a la respuesta del Minedu. Será tarea del Gobierno y de todos los agentes involucrados afinar estrategias de Estado de corto y mediano plazo para cada entorno particular. Más aún considerando que las clases probablemente se reanudarán bajo un esquema semipresencial.

Más allá de las limitaciones de infraestructura, es evidente que los niños más pequeños y los estudiantes con problemas de atención u otras necesidades especiales serán los menos favorecidos en este contexto. En cuanto a los niños de menores recursos, la problemática puede extenderse al ámbito de la alimentación, puesto que esta era provista por las escuelas públicas.

En el espectro opuesto, algunos grupos se pueden ver favorecidos por cuanto el aprendizaje online puede, en algunos casos, dar mejores resultados que el presencial. En un estudio que analiza de manera global diversos aportes previos sobre el efecto del aprendizaje vía web en comparación al presencial para estudiantes de secundaria y educación superior (Means, Toyama, Murphy, & Baki, 2013), se encontró que el aprendizaje vía web da mejores resultados para la adquisición de conocimientos declarativos (conozco que), pero no para conocimientos sobre procedimientos (conozco el cómo). Por su parte, el Banco Mundial resalta que son los alumnos más motivados, y típicamente los que responden mejor a la educación presencial, los que aprovechan mejor la educación no presencial. Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, las diferencias que ya existían en la educación presencial se acrecientan al pasar a esquemas no presenciales.

El contexto actual debe ser visto como una gran oportunidad. Recordemos que, si bien no se puede estar del todo preparado para afrontar una crisis de esta magnitud, hay contingencias que son recurrentes. Por ejemplo, el Fenómeno El Niño nos azota cada dos a siete años con diferentes niveles de intensidad. Esta experiencia debe sentar las bases para potenciar los métodos de enseñanza existentes, concentrar esfuerzos en alternativas innovadoras y buscar cerrar brechas para responder mejor en el futuro.

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Tal ha sido el caso del Ministerio de Educación (Minedu) de nuestro país, que alertó sobre cómo, en diez años, la tasa de embarazo adolescente en el Perú no ha descendido. “Por ello, es necesario brindar acceso a una educación sexual integral que reduzca en nuestras niñas las probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado”, agregaba el Minedu en su mensaje. Y es que, mientras en el 2009 la tasa de embarazo de jóvenes entre 15 a 19 años a nivel nacional era de 13,7%, actualmente se sitúa en 13,5%.

En el 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Una de sus metas emblemáticas al 2021 es reducir el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. ¿Cuál era la tasa de embarazo adolescente entonces? 13,5%. Es decir, no ha habido mejora.

Sin embargo, para el INEI el embarazo adolescente a nivel nacional sí descendió en 1,6% en el período intercensal 2007-2017. Y precisa que las localidades con mayor reducción fueron Madre de Dios, (5,5%), San Martín (5,4%) y Loreto (4,6%). ¿Cómo plantear políticas intersectoriales cuando instituciones rectoras manejan distinta información sobre un tema tan sensible?

Como sabemos, la maternidad temprana trae mayor riesgo para la salud y la vida de la madre y el bebe, la pérdida de oportunidades de educación y de empleo digno, y perpetúa la pobreza y la exclusión. Suele estar vinculada a contextos de falta de oportunidades, exclusión y, especialmente en las menores de 15 años, a violencia sexual.

Según la última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, Endes 2017), el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres. En comparación, solo el 1% de los hombres de la misma edad son padres. Además, el 77,2% de las madres de 15 a 19 años del área urbana no asiste a un centro educativo, cifra que en el área rural sube a 88,9%.

El limitado acceso a la educación y la deserción escolar, así como la falta de instrucción en métodos modernos de planificación familiar, contribuyen a agravar la situación. No acceder a formación escolar y a una educación sexual integral pone en situación de riesgo a las niñas y adolescentes, pues tienen más probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado.

¿Qué hacer? Urge diseñar e implementar políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia. Estas obviamente requerirán de recursos que el Estado debe estar dispuesto a proveer y, sobre todo, de decisión política para aplicarlos. Si los diagnósticos no llevan a ejecutar políticas concretas, no sirven para nada.

Entre las estrategias, por supuesto, debe estar incluir la educación sexual y reproductiva en los programas curriculares de educación primaria y secundaria para prevenir embarazos no deseados. La educación sexual temprana es especialmente necesaria para generar conciencia sobre potenciales situaciones de abuso físico o sexual y poder detectarlas. Complementariamente, el sistema debe poder proteger a quien realiza la denuncia —de poco sirve generar conciencia si se carece de herramientas para resguardar a la persona agredida y castigar al agresor—.

Todo lo anterior solo será posible capacitando a los profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Ilustración: Rolando Pinillos / Diario El Comercio

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