La semana pasada, el Gobierno oficializó la normativa que obliga a las farmacias y boticas públicas y privadas del país a transparentar información sobre su inventario disponible y los precios de venta de los medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19. Deberán publicarla en el Observatorio de Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Está muy bien tener mayor transparencia de la información. Aplausos allí. Pero falta más.

El Estado Peruano es el gran asegurador de la población a través del Seguro Integral de Salud (SIS) y de Essalud. En consecuencia, es el responsable de que las personas accedan a medicamentos. Hasta el año pasado, el SIS sumaba 17 millones de afiliados. Pero, con el decreto de urgencia que estableció medidas para la cobertura universal en salud, toda persona sin seguro pasó a estar adscrita al SIS, que ahora tiene alrededor de 22 millones de afiliados. Y Essalud atiende a 11 millones más. Sin embargo, en el decreto de urgencia no se establece cómo hacer para que el ciudadano reciba el medicamento. Eso es lo que necesitamos y debemos medir.

El Estado debe utilizar las herramientas a su disposición para mejorar el abastecimiento de medicamentos. Tiene recursos y capacidad de provisión desde la droguería del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que le permite importar medicamentos, encargar su fabricación –de ser necesario– y salir al mercado internacional a conseguir lo que falte. Pero, a la par, debe aplicar estrategias efectivas y rápidas para gestionar la distribución. Miremos a Essalud. Tiene una experiencia que está funcionando y se puede imitar. Gracias a una asociación público-privada, cuenta con un operador logístico en Lima y el Callao que articula la información de la prestación –qué receta el médico– con lo que efectivamente recibe el paciente. Así, es capaz de determinar cuál es la demanda real de medicamentos y de identificar problemas en la cadena de suministro que impiden que el paciente los reciba, para corregirlos con la agilidad debida.

La Digemid es un actor clave y, para sumar esfuerzos, debe ser muy diligente con los trámites de las autorizaciones sanitarias. Es prioritario tener una ruta rápida para los medicamentos de escasa oferta en el país, como los antivirales, antibióticos y antiparasitarios, imprescindibles para enfrentar la pandemia. Y ya hemos esperado suficiente para la digitalización y mayor transparencia en esta institución. Es ahora, señores, cuando necesitamos este cambio.

Es correcto e indispensable fiscalizar al privado, pero el Estado no puede desentenderse de una labor a su cargo. Las boticas, farmacias y cadenas tendrían que ser sus aliadas para suministrar medicamentos que el paciente no encuentre en el hospital donde ha sido atendido. Y para eso precisamos de acuerdos y que el Estado use la información –que debe ser pública– para la toma de decisiones transparentes.

En esa línea, celebramos que el Ministerio de Salud haya, finalmente, liberado la data sobre los casos positivos de COVID-19. Para enfrentar esta emergencia sanitaria requerimos usar todas las capacidades públicas y privadas. Y eso solo será posible analizando la evidencia disponible para elaborar modelos y plantear estrategias.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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La Ley de Contrataciones del Estado establece los diferentes mecanismos de compra permitidos —licitaciones públicas, subasta inversa, contrataciones directas, entre otros—, y determina los actores y procesos que intervienen en ellos. Destacan el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), que se encarga de optimizar los procesos y la gestión de contratación a nivel nacional, y el Tribunal de Contrataciones del Estado, que soluciona las controversias y emite sanciones, de ser necesario. Asimismo, Perú Compras es la Central del Compras Públicas del Estado, y el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) funciona como la herramienta de información y difusión sobre los procesos de contratación vigentes.

Además de los organismos antes mencionados, por tratarse de productos específicos y relacionados con la salud de la población, los medicamentos se rigen por el esquema del Sistema Integrado de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos (SISMED). Se trata de una herramienta de salud pública creada en 2002 que está dirigida, regulada y monitoreada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Por otro lado, el organismo encargado de la adquisición, almacenamiento y distribución de las compras corporativas es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

La selección de medicamentos que pueden ser adquiridos directamente se realiza desde el año 2010, de acuerdo al Petitorio Único de Medicamentos Esenciales (PNUME). Este documento normativo prioriza una serie de medicamentos y regula su prescripción, dispensación, adquisición y utilización en los diferentes niveles de atención (MINSA, 2012). Como podría esperarse, el PNUME debería ser un referente a nivel nacional, al menos en las entidades públicas del sector salud. Sin embargo, esto no ocurre ya que EsSalud tiene su propio Petitorio Farmacológico, el cual contiene más medicamentos que los incluidos en el PNUME. Así, se genera una brecha inicial en el acceso a medicamentos únicamente por las diferencias existentes en los petitorios: los asegurados de EsSalud potencialmente pueden acceder a una mayor variedad de medicamentos.

La compra de medicamentos determinados en el PNUME se puede realizar por dos modalidades distintas: el sistema compras corporativas y las compras individuales de cada entidad. La primera es gestionada por CENARES, organismo que realiza las compras que se determinan por la unidades ejecutoras en un Plan de Contrataciones y Adquisiciones Anual. Este proceso permite reducir costos administrativos, obtener mejores precios y lograr un estándar nacional en la compra de medicamentos priorizados. Sin embargo, la determinación ex ante de las necesidades de todo un año —incluso de dos años, con las compras bienales que está aplicando CENARES desde este año— puede generar una brecha entre oferta y demanda con el exceso de una u otra si es que la planificación de la unidad ejecutora no se ha realizado de forma adecuada. Así, no sorprende que exista escasez de determinados medicamentos, mientras que otros abunden y caduquen en los almacenes.

La segunda forma de compra es realizada por las unidades ejecutoras en procesos propios. En ella se presentan ineficiencias y retrasos por la determinación de los medicamentos en los petitorios. Cuando se quiere adquirir uno que no forma parte del PNUME, es necesario iniciar un proceso de evaluación realizado por el Comité Farmacoterapéutico si el medicamento es solicitado por una IPRESS o por la DIGEMID, en caso de una intervención sanitaria nacional. Esta situación ocurre también para EsSalud con los medicamentos no determinados en su Petitorio Farmacológico, lo cual retrasa su adquisición.

Una vez realizada la compra, se pasa al almacenamiento y distribución, etapas en las cuales también existen problemas. CENARES posee dos almacenes centrales desde los que distribuye a todo el país los medicamentos obtenidos mediante compras corporativas, y en las regiones hay diversos almacenes especializados. La calidad debe asegurarse en todas las etapas del sistema para brindar medicamentos óptimos a los pacientes. Empíricamente esto no ocurre, ya que la DIGEMID certifica las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), mas no las de distribución. Más aún, existen muy pocos almacenes certificados con BPA: el de la DIREMID Loreto, el de la IAFAS SALUDPOL y EsSalud, con un almacén provisto por SALOG S.A. (asociación público–privada).

Existen otros problemas, tales como el desabastecimiento de medicamentos por retrasos en las compras o por declaratorias de “desierto” en los procesos, cuando no postulan proveedores o ninguno de ello es válido. Además, existen problemas en los sistemas de información utilizados, tanto en la implementación individual de cada uno de ellos, como en el proceso de compartir la data obtenida —situación actualmente inexistente— por los diversos subsistemas de salud que funcionan. Por todo ello, las decisiones que se toman son poco informadas y la planificación es deficiente.

Si las diferentes etapas del proceso de abastecimiento de medicamentos no funcionan, entonces el sistema no funciona. Para mejorar esta situación es necesario que se implemente un enfoque sistémico en la planificación y la gestión. Solo así será posible que los pacientes que acuden a los establecimientos de salud puedan acceder rápida y eficientemente a medicamentos de calidad.

Realizado por: Oriana Salomón, analista de Videnza Consultores

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El análisis de estas enfermedades y de sus medicamentos —los llamados medicamentos huérfanos— constituye un problema de salud pública, pues ni siquiera en los países con más recursos es sencillo resolver las demandas de más de 5,000 enfermedades padecidas por poblaciones dispersas.

Siendo este el escenario, a fines de febrero la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura y Videnza Consultores organizamos un simposio internacional para debatir cómo las evaluaciones de tecnologías sanitarias pueden contribuir a un mejor abordaje de estas enfermedades. Sobre todo considerando que en un sistema de salud como el peruano, que dispone de escasos recursos, la priorización de las intervenciones resulta imprescindible.

En el caso de estas enfermedades, las evaluaciones de tecnologías sanitarias deben considerar no solo los costos de los tratamientos o la relación costo-efectividad, sino también criterios como el impacto en la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Además, es fundamental contar con protocolos de atención y guías de práctica clínica de ámbito nacional que permitan uniformizar el tratamiento de las enfermedades, costear la atención y aportar a la sostenibilidad financiera del sistema. Las guías son un elemento valioso de auditoria de costos, así como de la calidad de la atención en los procesos asistenciales.

En el encuentro, Diego Rosselli, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que si bien las discusiones académicas, políticas y sociales conceden a las enfermedades raras una valoración especial, importantes problemas afectan su cobertura y financiamiento. Por un lado, existe aún desconocimiento médico, hay menos recursos para la investigación (y con tamaños de muestra muy pequeños), lo que deriva en menos información para el paciente e incentivos más limitados para la provisión. Dado que su tratamiento no es costo-efectivo según estándares usuales, la “regla de salvamento” de la Australian Pharmaceutical Benefits Advisory sugiere dar cobertura cuando la condición es severa, no existe tratamiento alterno y afecta a un número reducido de personas. De esta manera, las personas no están condenadas a carecer de un tratamiento adecuado cuando nacen con una enfermedad rara.

Para ilustrar el panorama en el Perú, José Del Carmen, jefe del Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) del Ministerio de Salud, compartió interesantes cifras: si bien el número de pacientes con enfermedades huérfanas atendidos por Fissal aumentó de 15,493 en el 2014 a 18,559 en el 2016, el financiamiento para dichos pacientes disminuyó de S/ 16.4 millones a S/ 15.2 millones durante el mismo periodo.

Igualmente, el doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud (INS), resaltó la importancia de las enfermedades infecciosas desatendidas, tales como la fiebre amarilla y la malaria, que podrían evitarse destinándoles pequeños montos de inversión. Es inconcebible que, existiendo los tratamientos y las vacunas respectivas, en nuestro país se sigan dando rebrotes de estas enfermedades, con consecuencias verdaderamente fatales.

Si bien el reto es inmenso, estoy segura de que las evaluaciones de tecnologías sanitarias cobrarán cada vez mayor relevancia en la agenda nacional, como lo han hecho ya en otros países. Al ofrecer información científica e imparcial, son un mecanismo para mejorar la eficiencia del sector salud y una importante herramienta de gestión para los sectores público y privado. Los peruanos nos merecemos contar con un sistema de salud de calidad. Nos merecemos medir nuestros niveles de bienestar y estar satisfechos con los resultados.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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