El incremento de estos impactos en el planeta resulta cada vez más obvio. De acuerdo con el Financial Times, la fuerte sequía que vivió el hemisferio norte a mitad de este año fue 20 veces más probable de ocurrir debido al cambio climático. Según reporta el World Economic Forum, este fenómeno trajo consigo efectos desiguales, al crear “islas de calor” en vecindarios con menos espacios verdes, usualmente de bajos recursos.

Asimismo, como informa el New York Times, estudios confirman que, a pesar de que se esperaban fuertes lluvias este año, el cambio climático jugó un rol decisivo en el grave impacto generado por las inundaciones en Pakistán en agosto. Las intensas precipitaciones, combinadas con la alta vulnerabilidad de esta región, dieron pie a un evento mucho mayor de lo previsto que tuvo su desenlace en el desplazamiento de millones de personas.

En el caso de Lima, se pudo observar impactos análogos durante el Fenómeno El Niño del 2017. También se evidenció la magnitud de los daños dada la poca preparación para enfrentar estos eventos: 34 distritos fueron declarados en emergencia, con Chosica, Lurigancho-Chosica y Huarochirí con los casos más apremiantes.

La mayoría de los distritos de la capital se vieron afectados por la falta de suministro de agua, a raíz del cierre de una planta de tratamiento de agua potable para evitar daños por los desbordes de ríos. El balance final: 16,000 damnificados, 41,000 afectados, 17 fallecidos, 139 puentes destruidos, 181 puentes afectados y 962 kilómetros de carretera destruidos.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, en 2021 se presentó el “Plan local de cambio climático de la provincia de Lima 2021-2030”. De manera general, plantea acciones para asegurar la gobernanza climática, así como para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Una de sus tres estrategias aborda la adaptación. Esta apunta a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando continuamente las capacidades de adaptación ante peligros climáticos.

A pesar del optimismo resultante de contar con un plan como este, para que pueda ser llevado a la realidad es necesario contar con iniciativa política desde la nueva gestión de la alcaldía. Sin embargo, no se ha encontrado mucho énfasis en ello, visto desde los planes electorales.

En las elecciones, varias propuestas electorales contemplaron el incremento de áreas verdes mediante forestación y reforestación en zonas estratégicas de la ciudad. La mayoría consideró acciones de control e infraestructura para prevenir los riesgos del cambio climático e iniciar una recuperación ecológica de espacios naturales, especialmente en defensas ribereñas en los ríos más representativos de la ciudad.

Fueron menos del 50% los partidos que consideraron implementar programas o proyectos para incrementar la capacidad de respuesta frente a peligros climáticos. En tal sentido, a pesar de haber identificado medidas vinculadas moderadamente a la adaptación, ninguna cumplía con atender el alcance de la problemática relacionada a ella, el cual sí es contemplado por el plan local mediante múltiples acciones.

De acuerdo con el plan, alcanzar el objetivo final de resiliencia y reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático, no solo requiere incrementar la proyección de infraestructura, sino además implementar sistemas de alerta temprana ante peligros climáticos. Además, integrar principios de sostenibilidad en la propuesta urbanística y de vivienda, fortalecer la infraestructura natural, entre otras acciones.

Asimismo, el plan busca impulsar medidas de forestación y reforestación como las propuestas, pero además contempla una Red de Vigilancia Ambiental de Ecosistemas e Infraestructura Natural que abarque de manera integral la promoción y conservación del ecosistema limeño. Finalmente, propone reducir los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la salud de la población, con prioridad en los grupos vulnerables.

El candidato elegido tendrá la tarea de preparar a la ciudad ante los futuros eventos climatológicos. Desde este espacio, esperamos que las pueda abordar con mayor profundidad que en su plan electoral. Lima y su población lo necesitan.

Realizado por: Verónica Tello y Claudia Alvarado, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Se trata de un tema crítico. Se estima que más de la mitad de limeños pasa unas 60 horas al mes desplazándose de un punto a otro de la capital. Esto tiene un tremendo impacto sobre nuestra calidad de vida y productividad.

Lamentablemente, las últimas gestiones capitalinas han abordado este reto con una estrategia que nos condena al fracaso: privilegiar soluciones para el automóvil particular.

Así, el rol protagónico lo han tenido intervenciones como la ejecución del by-pass del óvalo Monitor, el paso a desnivel de 28 de Julio, el intercambio vial de El Derby, la ampliación de la vía de la Costa Verde a tres carriles, y un larguísimo etcétera.

La razón por la que este es el camino incorrecto es simple: solo un 16% de limeños se moviliza en vehículo particular. Destinar la mayor parte de recursos a obras que benefician a este pequeño sector es absurdo e injusto. Más aún, en la práctica, es un subsidio que proviene de la gran mayoría y se destina a aquella minoría que se encuentra en una situación de relativo privilegio económico.

Además, el uso del vehículo particular genera aquello que los economistas llaman externalidades. Es decir, costos de acciones individuales que se trasladan a terceros. A saber: contaminación ambiental y sonora, tráfico, depreciación de las vías, incremento general en los tiempos de viaje, etc. Por ello la tendencia en el mundo es implementar mecanismos para “internalizar” esos costos mediante cargas tributarias.

Así, por ejemplo, en Londres existe el denominado “cargo por congestión”, un impuesto diario de 15 libras (equivalente a unos 70 soles) para todo conductor que utilice su vehículo en zonas centrales de la ciudad. Este mecanismo desincentiva el uso del vehículo particular y provee recursos para mitigar los costos sociales del uso de automóviles.

Pero en Perú vamos en la dirección opuesta, y los grandes proyectos de transporte público van a un ritmo tan lento como el de nuestros viajes diarios por la capital. Ya van 12 años desde que empezó a operar el Metropolitano, pero hasta la fecha permanece incompleta la ampliación del servicio hasta Carabayllo. La Línea 2 del Metro de Lima tendría que haber iniciado operaciones parciales en julio del año pasado, pero hasta hoy seguimos esperando.

Por otro lado, en los últimos ocho años prácticamente no ha habido avances en la reforma del transporte para reemplazar gradualmente la marea de colectivos informales por operadores formales con carriles segregados.

Cierto es que, desde la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el alcalde de Lima no tiene competencias directas en materia de transporte público.

No obstante, es parte del consejo directivo de dicho organismo y, además, como máxima autoridad metropolitana, tiene la capacidad –y obligación– de articular a los diferentes actores para garantizar mejores políticas para la ciudad que gobierna.

El avance del transporte público, por supuesto, debe venir acompañado de alternativas para los viajes de menor distancia, como el desarrollo de ciclovías, y la mejora de condiciones para el peatón, quien parece ser la última prioridad en nuestra ciudad.

Lo invito, estimado lector, a escuchar a los candidatos, y exigir propuestas que hagan de Lima una ciudad más humana y amable para todos. No regalemos el voto.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 05 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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¿Cómo así llegó este tema al Legislativo?

Pues sucede que se debatió la Resolución Legislativa N° 2548, que proponía aprobar la celebración de la 52° asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, en octubre de este año.

En el segundo anexo de dicha resolución de 199 páginas se disponía que el Gobierno peruano, entre muchas otras cosas, debía proporcionar en las instalaciones para el evento, “además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro”.

Este detalle, que en cualquier país desarrollado no hubiera causado controversia alguna, suscitó un enardecido debate de una hora en torno a las supuestas consecuencias catastróficas que dicha cláusula tendría para el devenir nacional.

“El problema es que se está metiendo en el acuerdo, de contrabando, el concepto de ideología de género”, refirió el congresista Ernesto Bustamante, principal opositor de resolución, que ya en la víspera había señalado su preocupación al respecto.

Vamos por partes. ¿Qué es un baño neutro? Pues es un baño individual cuyo uso no se restringe a un determinado sexo. Es decir, que puede ser utilizado por cualquiera, al igual que los baños que existen en muchísimos centros de trabajo o restaurantes. Tan simple como eso.

En muchos países del mundo existe la tendencia de asegurar la disponibilidad de baños neutros con la finalidad de hacerle la vida más fácil a aquellos que no se sienten cómodos utilizando baños comunes exclusivamente masculinos o femeninos.

La posición de Bustamante, y de aparentemente muchos de sus colegas, es que una medida como esta supuestamente promueve la homosexualidad o el “transgenerismo”. Un absurdo y risible disparate. Digámoslo con claridad: nadie va a definir su orientación sexual por el tipo de baño que use para hacer pila.

Además, el debate estuvo marcado por un vergonzoso nivel de desinformación. Así, por ejemplo, Bustamante dijo literalmente que “el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el Derecho interno peruano”.

Esto es falso. La resolución en cuestión tan solo disponía los detalles de organización de la referida asamblea, y en ningún modo modifica la legislación nacional ni genera obligaciones futuras en materia de acceso a servicios higiénicos.

Luego de este paupérrimo debate, la resolución fue rechazada con 55 votos en contra. Esto ponía en peligro la realización del importante evento internacional, que traería al Perú a jefes de Estado y personalidades de toda Latinoamérica y generaría una dinámica económica muy beneficiosa para la capital. Pero quizás más dañino que esto es el papelón internacional que una decisión de esta naturaleza implica.

Lo paradójico de todo esto es que el tema de la asamblea de este año es “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

Bien harían muchos de nuestros congresistas en asistir a la misma y, quizás así, abrirían un poco su mente y desarrollarían su empatía hacia quienes son distintos a ellos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 17 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Como se viene resaltando desde distintos sectores, el Gobierno tiene problemas de comunicación que resolver. La noticia del jueves y lo principal del mensaje presidencial debió ser que las vacunas confirmadas para el primer trimestre del año suman poco más de dos millones y permitirán vacunar al millón de personas que constituyen la primera prioridad: personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en primera línea, y miembros de mesas electorales.

Al día siguiente, el mandatario hizo otro anuncio, mucho más efectivo. Confirmó que un primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm llegará a Lima hoy, domingo. Y que el segundo lote, con las 750.000 vacunas restantes, saldrá de China este 13 de febrero.

Cómo se dividen el resto de estas dos millones de vacunas según laboratorio y cuándo llegarán al Perú son cifras que no se retienen al ser escuchadas, pero que sí conviene precisar acá: 250.000 de Pfizer en marzo, 300.000 también de Pfizer en abril, y 517.000 vía Covax Facility, divididas en 117.000 de Pfizer entre febrero y marzo y 400.000 de AstraZeneca entre marzo y abril. Esta es la información que se debe hacer llegar a los medios y transmitir en conferencias de prensa con un solo vocero y con mensajes puntuales.

Sagasti anunció, además, que la vacunación empezará, a más tardar, este miércoles. Este es, sin duda, el siguiente gran reto. Aunque el Perú tiene amplia experiencia en planes de inmunización, el contexto actual demanda nuevos desafíos. Por ejemplo, las vacunas que requieren refrigeración de -70 grados se podrán destinar solo a las grandes ciudades. Además, lanzar campañas de comunicación para, con evidencia, convencer a la población de que las vacunas son la salida a esta pandemia. Y dejar clarísimo el cronograma de vacunación para evitar aglomeraciones y descontrol de gente que quiera vacunarse a destiempo.

¿Cómo van el resto de países en este proceso? Bloomberg ha creado Vaccine Tracker, la base de datos más grande de inyecciones de covid-19 aplicadas en todo el mundo. Al cierre de esta columna, las dosis administradas superaban los 119 millones. Pero esa es la foto de hoy, con solo un tercio de los países habiendo iniciado sus campañas de vacunación. Se espera que este ritmo se acelere a medida que algunos de los centros de fabricación de vacunas más grandes del mundo en India y México comiencen su producción, y los procesos se vayan perfeccionando.

Israel, el país con la tasa de vacunación más alta, se dirige a una cobertura del 75% de su población en solo dos meses. Y Estados Unidos llegaría a fines de año, aunque esto podría acelerarse desde la próxima semana, cuando las vacunas empezarán, gradualmente, a ser aplicadas en farmacias. Estas tienen la capacidad de satisfacer la demanda de 100 millones de dosis en un mes, cuando ese nivel de suministro esté disponible.

¿Cómo será este proceso en nuestro país? Confiamos en que el Gobierno encontrará la manera de comunicarlo eficientemente.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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