Este fenómeno parece estar finalmente llegando a su fin. Cada día parece más claro que la incompetencia y el desgobierno que caracterizan al gobierno de Castillo están pasando factura a la economía. Pero a las acciones y omisiones del Ejecutivo se suma ahora la vocación demagógica del Parlamento, que en los últimos días parece abocado a aprobar medidas en directa oposición a lo que la prudencia y sensatez económica sugerirían.

Así, en las últimas dos semanas hemos tenido, por el lado del Ejecutivo, medidas como la elevación del sueldo mínimo y la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para combustibles. Asimismo, por el lado del Congreso, se han aprobado disposiciones como la exoneración del IGV para diversos alimentos, y la Comisión de Economía aprobó un dictamen para un sexto retiro de las AFP hasta por cuatro unidades impositivas tributarias.

¿Por qué estas medidas constituyen una irresponsabilidad? Vamos por partes. Tanto la reducción del ISC a combustibles como la exoneración del IGV a alimentos presentan un enorme problema de focalización. Ambas estrategias dan el mismo tratamiento a los peruanos de mayores y menores ingresos, cuando los esfuerzos de esta naturaleza deberían estar dirigidos a proteger a los realmente vulnerables. Particularmente torpe fue la selección inicial de alimentos exonerados del IGV, que incluía a productos de lujo como el lomo fino o el faisán. Pero, además del problema de focalización, como ha sido advertido, esta reducción no se trasladará directamente al precio final pagado por los consumidores, dada la existencia de varios intermediarios en la cadena de venta.

Las deficiencias de estas medidas son particularmente preocupantes dado el costo que tendrán. Entre la reducción del ISC y la exoneración del IGV, se estima que el Estado dejará de recaudar unos S/400 millones mensuales. De permanecer hasta fin de año, su costo será de unos S/3,600 millones, lo que equivale a la sumatoria del gasto en el programa Juntos, Qali Warma y Pensión 65.

Mucho más efectiva habría sido una medida de subsidio directo a familias realmente vulnerables, dado que habría permitido una focalización efectiva, así como el traslado de todo el beneficio al usuario final. Pero tanto el Ejecutivo como el Legislativo optaron por el camino fácil.

Por otro lado, en lo que respecta a la elevación del sueldo mínimo, lejos de implicar un incremento real en el sueldo disponible para los trabajadores peruanos, la medida se terminará traduciendo en un incremento de la informalidad. Y es que una medida de esta naturaleza solo es apropiada si es que viene como consecuencia de un incremento en la productividad de los trabajadores, que no ha sido el caso.

Finalmente, como expliqué en estas líneas la semana pasada, el retiro adicional de las AFP planteado por la Comisión de Economía adolece también de un grave problema de focalización, profundiza el ya enorme problema de cobertura del sistema previsional, y tendrá graves consecuencias para nuestro sistema financiero. Ante medidas de esta naturaleza, no debe sorprendernos que la inversión privada –principal motor del crecimiento económico– vaya a tener un nulo crecimiento este año de acuerdo con las estimaciones del BCRP.

Construir nuestras fortalezas macroeconómicas tomó décadas. Pero dilapidarlas nos está tomando solo unos meses. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 17 de abril de 2022 en el diario Perú21.

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Pasado un año, las modificaciones planteadas han tenido un efecto significativo en el mercado automotor. Según Veritrade, con respecto al 2017 y 2018, la importación de vehículos nuevos a gasolina disminuyó de 33 a 25.9 millares en febrero y de 36.4 a 25.5 millares en marzo. En ese mismo sentido, la importación de vehículos usados con gasolina aumentó de 45 a 79 millares en enero, de 36 a 63 millares en febrero y de 47 a 83 millares en marzo. Por otro lado, con respecto a la inversión de vehículos usados con gas, tuvo un aumento de 98 a 227 millares en enero, de 62 a 122 millares en febrero y de 101 a 195 millares en marzo.

Este hecho es consistente con las estimaciones econométricas que realizamos en Videnza Consultores el año pasado a solicitud de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Concluimos que la disminución en el consumo de autos nuevos a gasolina no solo se daría por el incremento en su precio como consecuencia de un mayor ISC, sino también por la sustitución de estos autos por autos usados a gas y a gasolina.

Si bien el MEF redujo el ISC a la importación de autos usados a gas bajo la lógica de que estos contaminan menos que los usados a gasolina, lo que no consideró es que la evidencia internacional muestra que los vehículos usados a GLP contaminan más que los vehículos nuevos a gasolina con tecnología Euro 4.

Es así que, el análisis técnico desarrollado por Videnza Consultores consideraba perjudicial la disminución en el ISC a los autos usados a gas. Y resultaba necesario establecer una nueva estructura de ISC para asegurar que no se incentive el reemplazo de la importación de autos nuevos (menos contaminantes) por autos usados a gasolina y GLP (más contaminantes).

El 15 de junio pasado, el MEF modificó nuevamente la estructura del ISC de los vehículos automotores tomando en cuenta estos ajustes. Con relación a los autos usados, la principal medida ha sido incrementar la tasa de ISC de los autos usados a gas de 10% a 40%; es decir, no solo dejó sin efecto la disminución de hace un año, sino que incrementó en 10 puntos porcentuales la tasa de ISC respecto al 30% original.

Por ello, consideramos fundamental tomar en cuenta todas las aristas de los posibles escenarios que se podrían presentar, con el objetivo de ejecutar cambios sostenibles dentro del mercado.

Realizado por: Nicolás Besich y Mauricio Ibañez, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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