Es a través de los teléfonos celulares que se está trabajando en implementar el sistema de dinero electrónico, como mecanismo de formalización e inclusión financiera. Para ello, el sistema bancario en su conjunto debe no solo mejorar sus niveles de confianza frente a los sectores renuentes a formalizarse, sino sobre todo ofrecer productos que se ajusten a las necesidades de la población local. Es necesario buscar soluciones innovadoras y costo-eficientes que alcancen a ciudadanos cuyas necesidades de otra manera no serían satisfechas.

Uno de los ejemplos más exitosos de billetera electrónica es M-Pesa, que significa “m-money” o “mobile money” en el idioma suajili. Iniciado en el 2007 en Kenia y luego expandido a otros países de África, es un joint venture entre Safaricom y Vodafone que permite ahorrar, trasferir y recibir dinero de manera rápida y directa mediante mensajes de texto. En algunos países incluso se pueden realizar otras transacciones con el dinero electrónico, como el pago de servicios o de taxis. M-Pesa nació originalmente como un medio de pago de créditos de microfinanzas, pero su acogida le permitió expandirse y, actualmente, es el sistema de billetera electrónica más exitoso del mundo (The Economist, 2013). Es más utilizado en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, pues en ellos los índices de inclusión financiera son menores, permite disminuir los altos costos asociados a transferir o recibir dinero por medios “convencionales”, y evita el traslado de dinero en efectivo. En consecuencia, es un sistema fácil de usar, inclusivo y seguro (BBC, 2010), además de ser más rápido y menos costoso para sus usuarios.

En nuestro país, la billetera electrónica presenta un gran potencial de crecimiento, ya que la población que cuenta con teléfonos celulares es considerablemente mayor a la que tiene cuentas bancarias [Comninos et al. (2009), Ndiwalana et al. (2010), InterMedia (2012)]. Además, las operaciones realizadas podrían permitir a estas personas crear un historial crediticio, en aras de acceder a otros productos y servicios financieros.

Ya en el 2013 se promulgó la Ley N° 29985, cuyo objetivo es “regular la emisión de dinero electrónico, determinar las empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco regulatorio y de supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico”. Desde el lado privado, especial mención merece el proyecto de dinero electrónico denominado Modelo Perú, impulsado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y liderado por la economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Sus objetivos son ambiciosos: en cinco años lograr que cinco millones de peruanos hagan uso de este nuevo canal transaccional. Para ello, recientemente empezó a funcionar Bim, que permite enviar, recibir y ahorrar dinero, únicamente con un número de celular y afiliándose al sistema, sin necesidad de contar con un smartphone o con conexión a Internet; simplemente a través de mensajes de texto.

La banca electrónica será una manera efectiva de llevar modernidad a más peruanos y de integrarlos al sistema financiero. La oportunidad está dada; esperemos que el sistema sea bien aprovechado. A este objetivo no solo están convocados los operadores de telefonía móvil y las instituciones que conforman el sistema financiero, sino que el rol del Estado es fundamental: sin la ley de dinero electrónico la iniciativa no sería viable. Además, la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), lanzada en julio del 2015 y que busca promover la inclusión financiera a través de la ejecución de acciones multisectoriales, favorecerá la penetración de  productos como el BIM. Como bien sostiene la propia Trivelli, este documento es resultado de varios años de trabajo entre entidades de gobierno, del ámbito privado y organismos multilaterales.

Es, pues, tiempo de aprender de estas iniciativas que logran el trabajo conjunto entre los sectores privado y público para que la inclusión financiera se consolide efectivamente como una política de Estado.

Realizado por: Ximena Medina, analista de Videnza Consultores

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¿Por qué es importante la inclusión financiera? Según un reporte de Cull y otros del 2014, la inclusión financiera genera impactos positivos en tres diferentes niveles económicos. En un nivel microeconómico hay una relación positiva entre el empleo de diferentes productos financieros y la calidad de vida de sus usuarios, pues mejora la actividad económica local. En el nivel macroeconómico, existe una relación positiva entre la inclusión financiera y el crecimiento económico y el nivel de empleo. Finalmente, contribuye a la eficacia y eficiencia de los programas de transferencias monetarias del Estado, como Juntos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de hogares en situación de pobreza y extrema pobreza.

Ahora bien, es importante considerar que tener una cuenta de ahorros no necesariamente motiva el ahorro o el uso de transacciones financieras. Esto lo comprobó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que, en el 2012, reveló que la mitad de los beneficiarios del programa Juntos no sabía que poseía una cuenta de ahorros, a pesar de que estaba recibiendo sus pagos a través de esta. Más aún, la mayoría no tenía conocimiento de lo que era una tarjeta de débito o una tasa de interés. En consecuencia, para que esta inclusión realmente se dé, se requiere que los individuos hagan uso efectivo de los servicios financieros. Pero esto difícilmente sucederá si los potenciales usuarios no entienden el sistema. Así, como lo mencionan García y otros en un estudio del 2013, la educación financiera es no solo un complemento a los programas de transferencia monetaria directa, sino un requisito para mejorar su efectividad.

Para combatir este desconocimiento, otra institución que está haciendo esfuerzos significativos en educación financiera es el Centro de Estudios Financieros (CEFI) de Asbanc. Su labor es especialmente importante porque está haciendo bien las cosas: con línea de base y con evaluaciones de impacto para saber con certeza y a profundidad qué funciona y qué se debe mejorar.

Pero, todo este intento por bancarizar a más peruanos sufre un duro revés cuando salen a la luz hechos como el robo a beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65 por más de dos millones y medio de soles, que comentamos en un post anterior (“Círculo vicioso”). ¿Cómo decirles a estos beneficiarios que parte de lo que puedan dejar de gastar lo ahorren en el banco y no bajo el colchón? Los costos indirectos de hechos delictivos como este son altísimos. No es solamente el costo de la plata que los beneficiarios no recibieron a tiempo; es el costo de la desconfianza que se genera en el sistema financiero en su conjunto. Por eso la importancia de una sanción para los responsables pero, también, de determinar qué controles verdaderamente tomamos como país para que hechos similares no se repitan.

Los programas de educación financiera tendrán real éxito solo si en paralelo se genera confianza entre los beneficiarios y el sistema bancario.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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