Sin lugar a duda, en un país tan inestable y polarizado como el nuestro, mucho ha pasado en esta última década. Hoy las realidades económica, social y política son bastante distintas y, lamentablemente, no para mejor. En el 2014 el presidente era Ollanta Humala, el tercero elegido democráticamente desde el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de vacancias presidenciales ni de disoluciones constitucionales con tanta ligereza como ahora. En economía, la producción venía de crecer a tasas de hasta 6%, y la pobreza se había reducido en 8 puntos porcentuales en apenas cuatro años: pasó de 30.7% a 22.7%. El panorama pintaba prometedor.

Pero, tras las elecciones del 2016 empezó este periodo caótico del cual aún no podemos salir. Tras asumir la Presidencia en julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una férrea oposición desde el Congreso de la República que, sumada a sus propios errores, lo llevan a renunciar en marzo del 2018. No obstante, ya desde fines del 2016, la agenda estaba agitada por el estallido del caso Lava Jato, del que forma parte el caso Odebrecht.​

El 2017 llega con acontecimientos como los fuertes impactos del fenómeno de El Niño, y la orden de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. En contraposición, la noticia que sin duda salva el ánimo nacional es la clasificación del Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, el Mundial de Rusia 2018.

Hacia fines del 2017 se da el primer intento de vacancia a PPK. En marzo del año siguiente, tras la revelación de nuevos escándalos de corrupción, PPK se ve forzado a renunciar. Desde ese año nos hemos vuelto expertos en vacancias, pedidos de confianza y disoluciones. Además, las noticias judiciales se hacen parte común de nuestra política. En mayo del 2018 se solicita la extradición de Alejandro Toledo, en octubre se dicta prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

El 2019 no se queda atrás: en abril el expresidente Alan García se suicida para evitar su detención y en setiembre, el entonces mandatario Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Nuestro PBI no vuelve crecer por encima de 4% y la pobreza casi que no se reduce.

Desde 2020, y por los siguientes dos años, la COVID-19 marca la agenda de todo el planeta. En nuestro país los resultados son devastadores, con más de 200,000 muertos, personas suplicando por oxígeno, y escenas dantescas de familias con sus hijos en hombros caminando cientos de kilómetros para volver a sus comunidades de origen. La pandemia nos muestra, de la manera más cruda, lo mucho que teníamos por mejorar. Esto mientras, en plena emergencia sanitaria, el Congreso decide vacar al presidente, se desatan protestas violentas en Lima y el escándalo del “Vacunagate” termina por mellar la moral nacional. Luego vendrían las elecciones del 2021 y todos los escándalos que, dada su cercanía en el tiempo, ya no vale la pena recordar.

La intención de este resumen, poco exhaustivo y sin duda con muchos vacíos, no es deprimir al lector, aunque así lo parezca. Busca valorar y dimensionar la magnitud del esfuerzo de los peruanos por tratar de salir adelante. En el caso de Videnza, seguimos y seguiremos comprometidos con construir valor para nuestro país.

Escrito por: Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto 

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¿Cómo así llegó este tema al Legislativo?

Pues sucede que se debatió la Resolución Legislativa N° 2548, que proponía aprobar la celebración de la 52° asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, en octubre de este año.

En el segundo anexo de dicha resolución de 199 páginas se disponía que el Gobierno peruano, entre muchas otras cosas, debía proporcionar en las instalaciones para el evento, “además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro”.

Este detalle, que en cualquier país desarrollado no hubiera causado controversia alguna, suscitó un enardecido debate de una hora en torno a las supuestas consecuencias catastróficas que dicha cláusula tendría para el devenir nacional.

“El problema es que se está metiendo en el acuerdo, de contrabando, el concepto de ideología de género”, refirió el congresista Ernesto Bustamante, principal opositor de resolución, que ya en la víspera había señalado su preocupación al respecto.

Vamos por partes. ¿Qué es un baño neutro? Pues es un baño individual cuyo uso no se restringe a un determinado sexo. Es decir, que puede ser utilizado por cualquiera, al igual que los baños que existen en muchísimos centros de trabajo o restaurantes. Tan simple como eso.

En muchos países del mundo existe la tendencia de asegurar la disponibilidad de baños neutros con la finalidad de hacerle la vida más fácil a aquellos que no se sienten cómodos utilizando baños comunes exclusivamente masculinos o femeninos.

La posición de Bustamante, y de aparentemente muchos de sus colegas, es que una medida como esta supuestamente promueve la homosexualidad o el “transgenerismo”. Un absurdo y risible disparate. Digámoslo con claridad: nadie va a definir su orientación sexual por el tipo de baño que use para hacer pila.

Además, el debate estuvo marcado por un vergonzoso nivel de desinformación. Así, por ejemplo, Bustamante dijo literalmente que “el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el Derecho interno peruano”.

Esto es falso. La resolución en cuestión tan solo disponía los detalles de organización de la referida asamblea, y en ningún modo modifica la legislación nacional ni genera obligaciones futuras en materia de acceso a servicios higiénicos.

Luego de este paupérrimo debate, la resolución fue rechazada con 55 votos en contra. Esto ponía en peligro la realización del importante evento internacional, que traería al Perú a jefes de Estado y personalidades de toda Latinoamérica y generaría una dinámica económica muy beneficiosa para la capital. Pero quizás más dañino que esto es el papelón internacional que una decisión de esta naturaleza implica.

Lo paradójico de todo esto es que el tema de la asamblea de este año es “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

Bien harían muchos de nuestros congresistas en asistir a la misma y, quizás así, abrirían un poco su mente y desarrollarían su empatía hacia quienes son distintos a ellos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 17 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Por ello, los múltiples ataques que viene sufriendo la prensa resultan muy preocupantes. Esta semana en particular, se han producido dos hechos condenables: el secuestro de dos periodistas en Chota y el proyecto de ‘Ley Mordaza’ presentado por el Ejecutivo.

Como se sabe, el último miércoles el periodista de Cuarto Poder Eduardo Quispe, su camarógrafo Elmer Valdivieso y el conductor de la camioneta que los transportaba fueron secuestrados por 40 integrantes de las rondas campesinas de la comunidad de La Palma, distrito de Chadín, en Chota.

Luego de amenazarlos verbalmente, tomar su cámara y celulares, y retenerlos por cinco horas, fueron obligados a leer un comunicado en el que se “disculpaban” por el reportaje sobre la cuñada del presidente emitido el domingo pasado y se comprometían a “no hacer daño al Gobierno”.

Ante lo ocurrido, es francamente insólito escuchar tantas voces que pretenden relativizar la gravedad del hecho y llenarlo de atenuantes. Seamos claros: un suceso de esta naturaleza es claramente un secuestro, ya sea en Lima, en Cajamarca o en cualquier lugar del mundo donde exista un mínimo respeto por los derechos fundamentales.

Cierto es que las rondas campesinas cumplen un importante rol para contribuir a la seguridad y paz en sus ámbitos de influencia, pero tal como señala el reglamento que las regula, estas deben siempre sujetarse a las leyes y la Constitución.

Lo sucedido el miércoles viola varias leyes y configura potencialmente los delitos de secuestro, robo agravado y coacción. Así lo ha reconocido el propio ministro del Interior de la administración Castillo.

Minimizar la gravedad del hecho argumentando razones de interculturalidad es comparable con la infame justificación que en su momento diera el congresista Cueto para normalizar los embarazos adolescentes en la selva aduciendo razones de idiosincrasia.

Cabe destacar que acá Pedro Castillo tiene una importante cuota de responsabilidad, pues desde la campaña azuzó a la violencia contra los periodistas en general. Su tibia condena del hecho vía Twitter se queda corta ante la gravedad del mismo y revela su desprecio por el rol de la prensa.

Por si esto fuera poco, el jueves el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley N°2508-2021-PE, que establece sanciones de entre dos y cuatro años de cárcel para los responsables de la filtración de información de investigaciones fiscales.

Es evidente que el propósito de esta iniciativa es amedrentar a la prensa para que retroceda en su labor en los múltiples casos que comprometen al Gobierno y, por ende, limitar la información a la que los ciudadanos tenemos acceso.

Francamente no sorprende en absoluto que sea esta administración la que plantee una medida de esta naturaleza, considerando que es gracias a la prensa que hoy sabemos de casos como los “100 grandes” entregados al ministro Juan Silva, o el de Los Dinámicos del Centro, o del despacho paralelo en el pasaje Sarratea, o del ya referido caso que implica a la hermana de la primera dama.

Quienes amamos la democracia debemos rechazar enérgicamente la actitud que el Gobierno ha tomado contra la libertad de expresión, puesto que esta es, al fin y al cabo, un ataque directo a la propia ciudadanía. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 10 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Con esto, Castillo evidencia una vez más el desprecio por los medios que mostró desde su campaña, en la que incluso azuzaba a sus seguidores a atacar a los periodistas. Una actitud que en el fondo es un desprecio por la ciudadanía que se informa a través de la prensa.

La entrevista no dio respuesta a ninguna de las reales inquietudes de la ciudadanía, y más bien puso en evidencia el vacío del presidente y las contradicciones que son el sello de esta administración.

El presidente abrió señalando su respeto irrestricto por el rol de los medios, e incluso se jactó de no haber coordinado los términos de la entrevista previamente con su interlocutor, como si fuera algo excepcional o meritorio, cuando es lo mínimo que se esperaría.

Pero lo realmente descarado es que hoy sabemos que los detalles sí habían sido coordinados antes del encuentro en una reunión que tuvo Alejandro Salas –supuesto ministro de Cultura que más ejerce como vocero oficioso de Castillo– con el periodista a cargo.

En una nota similar, cuando fue consultado por la investigación que le ha iniciado la Fiscalía por el caso puente Tarata, Castillo señaló que estaba totalmente dispuesto a colaborar con las acciones de la justicia.

Cabe preguntar entonces por qué dos semanas atrás su abogado Benji Espinoza presentó un recurso de nulidad contra la pesquisa ante la propia Fiscalía. Si realmente se quiere colaborar con una investigación, lo último que se debe hacer es pedir su suspensión.

Más adelante, el presidente fue contundente en declarar que nunca había conocido ni sostenido una reunión con Karelim López. No obstante, el propio presidente había declarado a la Fiscalía que sí había conocido a la hoy célebre lobista. ¿En qué quedamos entonces?

Sobre sus primeros meses de gobierno, en los que pasó la mayor parte del tiempo en la casa de una familia chotana en el pasaje Sarratea, Castillo señaló que nunca trató ningún asunto de gobierno en la misma.

¿Para qué recibía entonces a sendos integrantes de su gabinete ahí? El propio Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones y hoy prófugo de la justicia, era uno de los más asiduos visitantes. ¿Alguien podría creer, como dijo alguna vez el presidente, que se reunían ahí solo para tomar caldo verde?

Como si esta seguidilla de absurdos no fuera suficiente, Castillo remató diciendo que había conseguido “con el sudor de su frente” su grado de maestría cuando ya está demostrado que el 54% de su tesis está íntegramente plagiado.

Plagio al que se suman el del ministro de Educación, Rosendo Serna, y el de la exministra de Trabajo Betssy Chávez.

Si Pedro Castilllo hubiera tenido al frente a un verdadero periodista, mínimamente incisivo, y no a un mero facilitador de su discurso, ninguna de estas aseveraciones hubiera pasado tan alegremente.

Así las cosas, esta aparición difícilmente puede ser considerada como una rendición de cuentas a la ciudadanía. El compromiso del presidente, por tanto, sigue pendiente. Seguimos esperando.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 19 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Por primera vez en nuestra historia, las elecciones presidenciales y congresales se darán en pandemia, atravesando la peor crisis sanitaria y económica de los últimos tiempos, y con una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Frente a este panorama, junto con mis colegas Milton von Hesse y Luis Miguel Castilla decidimos convocar a reconocidos expertos en políticas públicas para poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio del país. Porque, como dice este último, hay un sentido de urgencia: mantener el statu quo no solo es insostenible, sino que alimentará aún más la polarización.

Gracias al apoyo de organismos multilaterales y del sector privado, acabamos de lanzar “Propuestas del Bicentenario”. Esta iniciativa contiene medidas concretas en nueve sectores claves para el desarrollo social, económico y ambiental del Perú, que ponemos a disposición de la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas.

El próximo Gobierno, venga del partido que venga, necesitará contar con propuestas técnicas concretas que le permitan tomar acciones rápidas y eficientes. No solo sugerimos qué hacer para mejorar el bienestar de los peruanos y fortalecer la institucionalidad del país, sino explicamos cómo hacerlo, con metas e indicadores. Incluimos las 100 medidas que se pueden llevar a cabo en los 100 primeros días de gestión. Pero también aquellas de mediano y largo plazo. Esas que deben ser asumidas como política de Estado por las siguientes administraciones para realmente avanzar hacia el desarrollo.

El año pasado, el Perú cerró con un déficit fiscal igual al de 1990: 9% del PBI. ¿Cómo recuperar ese espacio fiscal para retomar el crecimiento pero, a la vez, poder financiar las propuestas que planteamos? Luis Miguel Castilla lo responde en sus ejes “Reactivación económica” y “Reforma tributaria”. Los otros sectores trabajados son “Empleo, formalización y protección social”, a cargo de Miguel Jaramillo; “Educación para la empleabilidad”, Daniel Alfaro; “Gestión sostenible de recursos naturales”, Roxana Barrantes; “Gestión pública eficiente para mejores servicios”, Carlos Oliva; “Agua y saneamiento de calidad” y “Recursos hídricos y su eficiente aprovechamiento”, Milton von Hesse; y “Salud desde la prevención y los cuidados médicos cercanos”, a mi cargo.

Hay temas fundamentales que, por ser ajenos a nuestra especialización, hemos debido dejar de lado –seguridad ciudadana, por ejemplo–. Otros igual de importantes, como la lucha contra la corrupción, no los abordamos de forma directa, pero creemos que esta naturalmente disminuirá de tomarse en cuenta nuestras recomendaciones. Sobre todo, considerando nuestras propuestas en reforma del Estado, gobierno electrónico, transparencia, simplificación administrativa y profesionalización de la carrera pública.

Los planes de gobierno de los partidos políticos en carrera contienen enunciados amplios y buenas intenciones, pero no desarrollan cómo se avanzará en el próximo quinquenio. Creo que todos los candidatos, sin excepción, se pueden nutrir de “Propuestas del Bicentenario”.

Los invito a visitar www.propuestasdelbicentenario.pe

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Como se viene resaltando desde distintos sectores, el Gobierno tiene problemas de comunicación que resolver. La noticia del jueves y lo principal del mensaje presidencial debió ser que las vacunas confirmadas para el primer trimestre del año suman poco más de dos millones y permitirán vacunar al millón de personas que constituyen la primera prioridad: personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están en primera línea, y miembros de mesas electorales.

Al día siguiente, el mandatario hizo otro anuncio, mucho más efectivo. Confirmó que un primer lote de 300.000 dosis de Sinopharm llegará a Lima hoy, domingo. Y que el segundo lote, con las 750.000 vacunas restantes, saldrá de China este 13 de febrero.

Cómo se dividen el resto de estas dos millones de vacunas según laboratorio y cuándo llegarán al Perú son cifras que no se retienen al ser escuchadas, pero que sí conviene precisar acá: 250.000 de Pfizer en marzo, 300.000 también de Pfizer en abril, y 517.000 vía Covax Facility, divididas en 117.000 de Pfizer entre febrero y marzo y 400.000 de AstraZeneca entre marzo y abril. Esta es la información que se debe hacer llegar a los medios y transmitir en conferencias de prensa con un solo vocero y con mensajes puntuales.

Sagasti anunció, además, que la vacunación empezará, a más tardar, este miércoles. Este es, sin duda, el siguiente gran reto. Aunque el Perú tiene amplia experiencia en planes de inmunización, el contexto actual demanda nuevos desafíos. Por ejemplo, las vacunas que requieren refrigeración de -70 grados se podrán destinar solo a las grandes ciudades. Además, lanzar campañas de comunicación para, con evidencia, convencer a la población de que las vacunas son la salida a esta pandemia. Y dejar clarísimo el cronograma de vacunación para evitar aglomeraciones y descontrol de gente que quiera vacunarse a destiempo.

¿Cómo van el resto de países en este proceso? Bloomberg ha creado Vaccine Tracker, la base de datos más grande de inyecciones de covid-19 aplicadas en todo el mundo. Al cierre de esta columna, las dosis administradas superaban los 119 millones. Pero esa es la foto de hoy, con solo un tercio de los países habiendo iniciado sus campañas de vacunación. Se espera que este ritmo se acelere a medida que algunos de los centros de fabricación de vacunas más grandes del mundo en India y México comiencen su producción, y los procesos se vayan perfeccionando.

Israel, el país con la tasa de vacunación más alta, se dirige a una cobertura del 75% de su población en solo dos meses. Y Estados Unidos llegaría a fines de año, aunque esto podría acelerarse desde la próxima semana, cuando las vacunas empezarán, gradualmente, a ser aplicadas en farmacias. Estas tienen la capacidad de satisfacer la demanda de 100 millones de dosis en un mes, cuando ese nivel de suministro esté disponible.

¿Cómo será este proceso en nuestro país? Confiamos en que el Gobierno encontrará la manera de comunicarlo eficientemente.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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¿Cómo se gestionarán los temas de almacenamiento, distribución, manejo de datos y criterios de aplicación de la vacuna: en establecimientos de salud, domicilios, farmacias? ¿Estaremos preparados para identificar reacciones adversas en quienes la reciben, en caso se den? ¿Lograremos, finalmente, que Estado y sector privado puedan colaborar para que los peruanos accedamos a estas vacunas en el menor plazo posible y con la seguridad que ello demanda?

La llegada del primer millón de vacunas este mes debe ser considerada una fase piloto. Será más sencilla que las siguientes porque sus destinatarios son fáciles de ubicar: los trabajadores de salud, de las fuerzas del orden y de servicios esenciales. Idealmente, se debería conseguir otra cantidad equivalente de vacunas para todos nuestros trabajadores en la primera línea. Luego, se espera alcanzar a personas vulnerables con enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes, cáncer— y adultos mayores hasta llegar a un 20% de los peruanos, aproximadamente seis millones. Finalmente, le tocará el turno a la población de entre 18 y 59 años.

El Ministerio de Salud debe desarrollar en detalle el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ello incluye definir cómo ubicarán las autoridades a quienes se quiere atender primero en la segunda fase y cuántos serán. La información deberá estar sistematizada y homologada entre instituciones. Esta carencia de data oportuna no puede seguir siendo un problema que arrastramos pese a las tecnologías existentes.

Para prepararnos, tenemos que recurrir de manera acelerada a las bases de datos de los hospitales del Minsa, EsSalud y fuerzas del orden.

Si se optara por vacunar por hogares o por establecimientos de salud, será imperativo trabajar con las regiones y en coordinación con los primeros niveles de atención: centros de salud y postas médicas. Estos, qué duda cabe, requieren ser fortalecidos para contar con profesionales y sistemas de información adecuados.

Para la distribución de las vacunas, un desafío será su transporte a cada región. Aunque la de Sinopharm representa menos retos que otras como la de Pfizer/BioNTech, que requiere temperaturas bajísimas de almacenamiento, un país tan complejo y poco articulado como el nuestro demanda un gran esfuerzo.

Todo lo anterior mientras el Gobierno comunica a la población que la inmunidad no será inmediata y, sobre todo, deberemos continuar con el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y la distancia social.

Nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Es imprescindible estar a la altura.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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En este contexto, el Perú no ha sido la excepción. De acuerdo con el último informe publicado por INEI, en el segundo trimestre del 2020 se perdieron más de 1.3 millones de empleos con respecto al primer trimestre 2020 para jóvenes menores de 25 años. Esto significó una caída de -46.3%. Solo en Lima fueron más de 600,000 empleos, con una caída de -64.4%. Entre tanto, en el caso de los adultos entre 25 y 44 años se perdieron casi 3 millones de empleos a nivel nacional, lo que significó una caída de -36%, mientras que en Lima se perdieron 1.2 millones de empleos, con una caída de -50%.

Entre otros grupos vulnerables, los jóvenes estarían más expuestos a padecer reducciones en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones o despidos permanentes. En efecto, para Lima, entre los jóvenes menores de 25 años el empleo adecuado (trabajar 35 horas o más a la semana y recibir ingresos por encima del sueldo mínimo, o trabajar menos de 35 horas semanales y no querer trabajar más horas) disminuyó en 73.3% entre el segundo y el primer trimestre del 2020: pasó de 352,200 a 94,000 empleos adecuados. A su vez, su nivel de ingreso promedio se redujo en 1.9%: de S/ 1,057 a S/ 1,037 en el mismo período.

Los datos de la ENAHO revelan que la situación es aún más crítica entre las mujeres jóvenes (entre 14 y 24 años). Entre el primer y el segundo trimestre, su ocupación cayó en 50%, mientras que el número de hombres jóvenes ocupados cayó en 44%. Además, de acuerdo con la CEPAL, las mujeres han asumido gran parte del trabajo adicional que surge en los hogares debido al confinamiento, incluyendo el cuidado de niños que dejaron de ir a la escuela y de adultos mayores, lo que exacerba aún más las desigualdades preexistentes.

Por su parte, el Gobierno ha dispuesto medidas laborales excepcionales, las que han resultado imprescindibles para mitigar el impacto de la pandemia sobre la población. Entre ellas están la implementación del trabajo remoto, subsidios a la planilla, flexibilización de los aportes previsionales por parte de los empleadores e inyecciones de liquidez para los trabajadores como la liberación de los fondos de compensación por tiempo de servicios (CTS) o de los fondos de pensiones. Sin embargo, no se han implementado medidas específicas para la problemática de los jóvenes. Entre las recomendaciones de la OIT se incluyen la implementación de programas de capacitación, préstamos y asesoramientos para emprendimientos dirigidos por jóvenes y subsidios salariales específicos para incentivar su contratación. 

Es necesario que más jóvenes participen en el diseño de políticas a su favor. En el 2011 se estimaba que el 60% de jóvenes entre 14 y 24 años estaba interesado en la política. Los últimos acontecimientos han llevado a que hoy, según una encuesta realizada por Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años muestre interés en la política. Con las elecciones tan cerca, será fundamental traducir ese interés en propuestas concretas y en votos informados. Es momento que los políticos se interesen en los jóvenes para, con ellos, establecer medidas que los beneficien.

Realizado por: Carla Calero y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Los acontecimientos de mediados de noviembre quedarán en la memoria de los peruanos. Fuimos testigos de un sabotaje al Estado de derecho por un grupo de oportunistas que confirmaron estar dispuestos a comprometer el futuro del país para mantener sus privilegios y vivir en impunidad. Pero terminaron siendo el catalizador de una nueva era en la que vivir en una sociedad justa, democrática e inclusiva se puede convertir en una realidad. La generación del Bicentenario ha abierto paso a un nuevo Gobierno y, con ello, a una nueva oportunidad para retomar el rumbo del Perú.

Un primer reto que enfrenta esta administración de transición es garantizar la gobernabilidad del país. Fomentar un clima conciliador entre Ejecutivo y Legislativo y garantizar la transparencia de las elecciones generales de abril próximo.

Un segundo reto es resguardar la estabilidad económica y financiera, donde son claves la recuperación de la inversión pública y privada, y la estimulación del empleo. Se requiere poner en marcha los grandes proyectos de infraestructura, especialmente aquellos hoy paralizados, como Chavimochic o Majes Siguas II. Y los mercados requieren la certeza de que el Gobierno tiene la capacidad de estabilizar la crisis económica, sanitaria y política del Perú.

El fortalecimiento de la educación superior y la reforma universitaria es, sin duda, clave. Estudios como el de Yamada et al (2014) demuestran que un servicio educativo deficiente deriva en una baja empleabilidad: la probabilidad de estar subempleado para quienes asisten a universidades de baja calidad aumenta de 19% a 30%, lo que se traduce en una menor capacidad para generar ingresos.

En salud, tres son los principales desafíos para los siguientes meses. Primero, gestionar adecuadamente la pandemia y, a partir de las lecciones aprendidas, contar con un plan de respuesta ante una eventual segunda ola de contagios. Segundo, organizar la logística y el buen uso de la vacuna contra la COVID-19. Tercero, retomar la agenda sanitaria de atención de problemas de salud no COVID, pues la falta de servicios para proteger a los peruanos de otras enfermedades está afectando a miles de personas. De acuerdo con SUSALUD, en setiembre de este año se registró una caída del 53% en el número de atenciones por consulta ambulatoria, emergencia y hospitalizaciones, respecto al mismo mes del 2019. 

Finalmente, y tal vez el reto más importante, será mantener un diálogo con los jóvenes de la generación del Bicentenario. Apuntan a ser partícipes y críticos de las decisiones del Gobierno desde sus tribunas. No se detendrán hasta ver reflejados sus ideales en un país sin corrupción, con igualdad de oportunidades y donde se reconozca y celebre la diversidad. ¿Qué los hace diferentes? Tienen redes sociales, tienen coraje, quieren cambios pero, sobre todo, tienen amor, mucho amor por el Perú.

Realizado por: Janice Seinfeld y Camila Rodríguez, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Su autor es el reconocido economista, profesor y consultor Michael Porter, experto en estrategia corporativa y competitividad de las naciones. La pronunció la semana pasada, en “Perú Sostenible 2020”, un evento de primer nivel organizado por la asociación de empresas Perú 2021.

Porter sostiene que el empresariado puede satisfacer necesidades sociales de una manera que a los gobiernos les resultará muy difícil, porque tiene las capacidades estratégicas y el talento para hacerlo. A esto se le llama crear valor compartido.

Se suele creer que resolver los problemas de un país –incluido el crecimiento económico– es tarea exclusiva del Gobierno. Y, ciertamente, el Perú tiene muchos retos, sobre todo en cuanto a fortalecer sus instituciones, cuya debilidad afecta la competitividad y el éxito económico. Pero Porter señala que aquellos países en los que el empresariado está dispuesto a asumir la responsabilidad o corresponsabilidad de hacer al país mejor, son los que mayor crecimiento y bienestar están consiguiendo. “Los empresarios deben ser parte de la solución, no solo quejarse”.

Pensar que los empresarios hacen negocios y que el Gobierno es responsable de todo lo demás es caer en una visión simplista e ineficiente. Para avanzar hacia una economía del primer mundo, el empresariado debe involucrarse y aportar su conocimiento sobre innovación, uso de tecnología, y habilidades organizacionales y de gestión. Esto implicará que la mentalidad de los propios funcionarios se adapte también; hay que construir una nueva relación empresariado-Estado y romper las barreras que cada uno tiene frente al otro. De ida y vuelta.

Pero, claro, ¿cómo hacer esto? Porter responde que, para empezar, los empresarios deben entender que su rol en los negocios va mucho más allá de liderar una gran empresa y producir ganancias. “El empresariado es la única institución de la sociedad que puede crear riqueza y prosperidad. El Gobierno no puede. Lo que el Gobierno hace es usar esa riqueza, pero no la crea”. El conductor de la economía de un país es el empresariado, no el Gobierno.

Y agrega Porter: “El capitalismo es una poderosa herramienta no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social. Porque abordar problemas sociales desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, producirá una solución escalable y autosostenible”. No es filantropía para mejorar la reputación corporativa; es entender que éxito económico y social no solo no se contraponen, sino que se complementan. Se crea un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Para ilustrar su punto, el expositor resalta la importancia de la educación y pone como ejemplo Innova Schools. Esta iniciativa de Intercorp es hoy un caso de estudio de valor compartido en Harvard Business School. El objetivo estuvo claro desde el inicio: crear un colegio de categoría internacional, asequible para la clase media emergente y que pudiera ser escalable a todo el sistema educativo peruano. Hoy es la red de colegios privados más grande del país. “Muestra el enorme poder del empresariado yendo más allá de sus negocios, como factores de cambio en la sociedad”.

Tener buenos colegios beneficia al empresariado, porque habrá gente más preparada y productiva. Lo mismo con la salud: invertir desde el sector privado en esquemas de prevención y de atención primaria de calidad disminuiría el ausentismo laboral, mejoraría la productividad y demandaría menos costos en tratamiento.

La otra cara de la moneda es lo que vemos en un sector del empresariado peruano, más preocupado por generar ganancias a toda costa que por escuchar a sus clientes. Un ejemplo claro, lamentablemente, son los fondos privados de pensiones. Es un sistema que tiene fallas estructurales, de planteamiento de modelo, que bien harían sus representantes en corregir. Evitarían que el descontento de sus propios afiliados –con quienes no han sabido construir legitimidad ni alianzas– los lleve a apoyar medidas legislativas populistas que pongan en jaque lo avanzado.

La agenda social compete a todos, pero Porter pone el foco en los empresarios para que se asuman como verdaderos líderes. ¿Alguien dijo yo?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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