Esta semana, mediante el D.U. Nº 087-2021, su sector dispuso la no ampliación del régimen de suspensión perfecta introducido en abril de 2020, por lo que su vigencia llegará solo al 2 de octubre. Este régimen se estableció para permitir que las empresas cuya demanda se había reducido dramáticamente como consecuencia de la pandemia –restaurantes, cines, gimnasios y un largo etc.– pudieran suspender temporalmente la relación con sus trabajadores por un plazo de tres meses.

Si bien la figura de suspensión perfecta ya existía en nuestra legislación, el cambio introducido en abril del año pasado potenció su alance y agilizó sus procedimientos. El objetivo era uno solo: preservar empleos en un contexto de parálisis económica sin precedentes. En ausencia de un mecanismo como este, muchas empresas tendrían que haber apostado por ceses colectivos o por el camino de la informalidad para evitar una quiebra.

El mecanismo contempla una serie de requisitos para evitar su abuso. Así, por ejemplo, el empleador debe demostrar haber agotado posibilidades alternativas como el otorgamiento de vacaciones adelantadas, la reducción de la jornada laboral o una disminución salarial concertada con el trabajador. Es decir, se trata de un recurso de última instancia para evitar una pérdida permanente del empleo.

A pesar de que el funcionamiento del mecanismo ha quedado demostrado, el ministro Maraví parece creer –como es habitual en la izquierda anacrónica– que los principios fundamentales de la economía se pueden cambiar mediante ley. Pero, desgraciadamente, la realidad es bastante más dura: los despidos no pueden evitarse por decreto. Cuando una empresa no factura, solo tiene dos opciones: o reduce costos o quiebra. Si la regulación laboral no da salidas para una disminución temporal de costos en situaciones extremas como esta, las pérdidas de empleo serán mucho más grandes y definitivas. Esto es lo que inevitablemente sucederá con industrias que aún no se reactivan al 100% y que siguen apoyándose en la suspensión perfecta –al día de hoy, unos 10,000 trabajadores se encuentran en este régimen–.

Más allá de los problemas de esta medida específica, cabe notar que el foco de este ministro sigue en el lugar equivocado. En un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores se desempeña en el mercado formal, la prioridad debería ser la incorporación a la formalidad de esos otros tres, que son, además, los de menores ingresos. Pero el foco de la regulación sigue siendo esa privilegiada minoría formal. En esa misma línea, va el incremento de la remuneración mínima vital que el ministro viene impulsando.

Para generar un impacto positivo en la población más vulnerable, no solo hacen falta buenas intenciones. Hace falta consultar la teoría y, sobre todo, la evidencia. Pero esa no parece ser una preocupación de este gobierno.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 19 de septiembre del 2021 en el diario Perú 21.

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En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Qué duda cabe de que la pandemia está siendo un desafío para todos los peruanos. Pero creo que, especialmente, tiene rostro femenino. Y esto por varias razones.

En primer lugar, las mujeres invertimos mayor tiempo atendiendo a nuestros hijos. Y más en estas circunstancias, que se han visto obligados a seguir sus estudios a distancia. Eso conlleva un mayor acompañamiento pero, también, impactos socioemocionales en ellos y en nosotras.

Así, una encuesta del BID a cuidadores de niños en países de América Latina el 2020 reveló que la desigualdad de aprendizajes aumentará, entre otras razones, por su impacto en la salud mental. Y que será más severa en las niñas y adolescentes que, a la par con estudiar desde casa, continúan cargando con mayor responsabilidad en las tareas domésticas en comparación con los niños y jóvenes.

En segundo lugar, más mujeres que hombres han perdido sus empleos en la crisis actual. Solo en Lima, en el trimestre abril-mayo-junio del 2020, el nivel de población ocupada cayó en 55% en comparación al 2019. Mientras los hombres con empleo decrecieron 34.9%, las mujeres lo hicieron en 45.3%.

En tercer lugar, el confinamiento agregó tensión a espacios vulnerables, donde mujeres se vieron obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Según ONU Mujeres, en el Perú las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar aumentaron de forma alarmante durante el confinamiento.

Y, antes de la pandemia, una de cada tres mujeres sufría de violencia física o sexual. Este es un problema de salud pública y de consecución de derechos. Y debe ser abordado como tal.

Siendo ese el contexto, que una candidata a la vicepresidencia haya afirmado que el 89% de la violencia familiar se da en mujeres que usan anticonceptivos, y sugerido que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”, no contribuye a un debate basado en evidencia y a favor de los derechos de la mujer. Dogma y política nunca son buena combinación.

En este Día Internacional de la Mujer, recordemos que debemos seguir en la lucha por lograr mayor equidad. Y la equidad no es otra cosa que darle a cada quien aquello que necesita. Así como los padres sabemos que no todos los hijos necesitan lo mismo, lo mismo sucede en una sociedad.

Luchar, por ejemplo, porque el Estado ofrezca a sus ciudadanos una real protección social. Con la que podamos contar en circunstancias de tanta vulnerabilidad como la actual y que son muy difíciles de manejar de manera individual o a través del mercado.

Luchar por construir una mayor confianza entre las personas, y entre ellas y las instituciones, sean estas públicas o privadas.

Y luchar porque, en ese proceso, no se pierda el respeto. Ese que se necesita para que seamos un país viable.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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“Hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solo los hospitales, sino también el primer nivel de atención, que lleva a cabo la contención del mal”, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el miércoles último.

Esto porque en la primera ola de la COVID-19 se optó por contener la emergencia sanitaria desde los hospitales —que son el tercer nivel de atención en salud— y se cerró el primer nivel de atención —centros de salud y postas médicas—. Este replanteamiento de estrategia es, justamente, lo que el sistema y, sobre todo, los pacientes necesitan.

El primer nivel de atención es aquel adonde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud. En el Perú, uno de cada dos establecimientos no tiene médico. Esta situación es anterior a la pandemia e incluso se da por normativa; es decir, ni siquiera responde a ineficiencia.

Además, nueve de cada diez establecimientos públicos usan historias clínicas en papel, en contraposición con las historias clínicas electrónicas. Esto lleva a que un mismo paciente, cuando acude a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, deba repetir exámenes de apoyo al diagnóstico y realizarse todos los análisis. Además del obvio desperdicio de recursos, es un maltrato al ciudadano.

Un esquema eficiente debe poder atender el 85% de la demanda de servicios de salud de la población. Solo deberían “subir” al segundo nivel el 10% y al tercero el 5% de los pacientes. Esto implica que el foco debe estar en ofrecer servicios oportunos y completos desde el primer nivel de atención.

Pero lo que tenemos en el Perú es un sistema invertido. En este esquema “hospitalocéntrico”, el primer nivel de atención es muy débil, está desarticulado y solo recibe el 24% del presupuesto general. Por eso, ocho de cada diez de estos establecimientos tienen infraestructura precaria y equipos obsoletos. El segundo nivel de atención prácticamente es inexistente y no impide que la demanda escale al tercer nivel hospitalario. Es a este nivel de hospitales de alta especialización adonde se destina el 65% del presupuesto total, el 61% del presupuesto en recursos humanos y el 83% de los suministros médicos.

El foco en el sistema de salud peruano ha estado centrado en la construcción de hospitales a través de la obra pública tradicional. Esto lleva a tener S/ 1.900 millones congelados en 14 hospitales cuya construcción está paralizada. Y que, de ser inaugurados, carecerán de personal, equipos, tecnología e información.

El esquema debe virar de la obra pública tradicional de cemento y ladrillo a un modelo centrado en el nivel de servicio, principalmente en este primer nivel de atención. En este nuevo modelo será imprescindible que Estado y empresariado establezcan alianzas que, vía asociaciones público-privadas, permitan a los peruanos acceder a salud de calidad.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Su autor es el reconocido economista, profesor y consultor Michael Porter, experto en estrategia corporativa y competitividad de las naciones. La pronunció la semana pasada, en “Perú Sostenible 2020”, un evento de primer nivel organizado por la asociación de empresas Perú 2021.

Porter sostiene que el empresariado puede satisfacer necesidades sociales de una manera que a los gobiernos les resultará muy difícil, porque tiene las capacidades estratégicas y el talento para hacerlo. A esto se le llama crear valor compartido.

Se suele creer que resolver los problemas de un país –incluido el crecimiento económico– es tarea exclusiva del Gobierno. Y, ciertamente, el Perú tiene muchos retos, sobre todo en cuanto a fortalecer sus instituciones, cuya debilidad afecta la competitividad y el éxito económico. Pero Porter señala que aquellos países en los que el empresariado está dispuesto a asumir la responsabilidad o corresponsabilidad de hacer al país mejor, son los que mayor crecimiento y bienestar están consiguiendo. “Los empresarios deben ser parte de la solución, no solo quejarse”.

Pensar que los empresarios hacen negocios y que el Gobierno es responsable de todo lo demás es caer en una visión simplista e ineficiente. Para avanzar hacia una economía del primer mundo, el empresariado debe involucrarse y aportar su conocimiento sobre innovación, uso de tecnología, y habilidades organizacionales y de gestión. Esto implicará que la mentalidad de los propios funcionarios se adapte también; hay que construir una nueva relación empresariado-Estado y romper las barreras que cada uno tiene frente al otro. De ida y vuelta.

Pero, claro, ¿cómo hacer esto? Porter responde que, para empezar, los empresarios deben entender que su rol en los negocios va mucho más allá de liderar una gran empresa y producir ganancias. “El empresariado es la única institución de la sociedad que puede crear riqueza y prosperidad. El Gobierno no puede. Lo que el Gobierno hace es usar esa riqueza, pero no la crea”. El conductor de la economía de un país es el empresariado, no el Gobierno.

Y agrega Porter: “El capitalismo es una poderosa herramienta no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social. Porque abordar problemas sociales desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, producirá una solución escalable y autosostenible”. No es filantropía para mejorar la reputación corporativa; es entender que éxito económico y social no solo no se contraponen, sino que se complementan. Se crea un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Para ilustrar su punto, el expositor resalta la importancia de la educación y pone como ejemplo Innova Schools. Esta iniciativa de Intercorp es hoy un caso de estudio de valor compartido en Harvard Business School. El objetivo estuvo claro desde el inicio: crear un colegio de categoría internacional, asequible para la clase media emergente y que pudiera ser escalable a todo el sistema educativo peruano. Hoy es la red de colegios privados más grande del país. “Muestra el enorme poder del empresariado yendo más allá de sus negocios, como factores de cambio en la sociedad”.

Tener buenos colegios beneficia al empresariado, porque habrá gente más preparada y productiva. Lo mismo con la salud: invertir desde el sector privado en esquemas de prevención y de atención primaria de calidad disminuiría el ausentismo laboral, mejoraría la productividad y demandaría menos costos en tratamiento.

La otra cara de la moneda es lo que vemos en un sector del empresariado peruano, más preocupado por generar ganancias a toda costa que por escuchar a sus clientes. Un ejemplo claro, lamentablemente, son los fondos privados de pensiones. Es un sistema que tiene fallas estructurales, de planteamiento de modelo, que bien harían sus representantes en corregir. Evitarían que el descontento de sus propios afiliados –con quienes no han sabido construir legitimidad ni alianzas– los lleve a apoyar medidas legislativas populistas que pongan en jaque lo avanzado.

La agenda social compete a todos, pero Porter pone el foco en los empresarios para que se asuman como verdaderos líderes. ¿Alguien dijo yo?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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El boom de la minería registrado desde mediados de los 2000 hasta mediados de la década del 2010 incrementó de manera sustantiva la recaudación tributaria. Así, el país pudo casi duplicar la inversión pública: desde alrededor del 3% del PBI hasta superar el 5% del PBI en el momento cumbre del auge. Esta mayor inversión permitió disminuir las brechas de acceso a servicios básicos de la población (educación, salud, agua potable, electrificación) y generar una muy importante disminución de la pobreza, medida tanto en términos monetarios como no monetarios. Así, por ejemplo, entre los años 2005 y 2015, el índice de pobreza monetaria del país —entendido como el porcentaje de hogares cuyos ingresos no cubren el costo de una canasta básica de consumo— disminuyó de 55.6% a 21.8%; es decir, en 33.8 puntos porcentuales, la mayor reducción de pobreza registrada en América Latina en el siglo XXI.

Además, como consecuencia de la expansión de la explotación minera, los recursos fiscales que se generaron para los Gobiernos subnacionales se incrementaron significativamente. Los recursos del canon transferidos a municipios y Gobiernos regionales pasaron de S/ 399 millones en el 2004 a S/ 5,645 millones el 2012, y en el 2018 registraron un monto de S/ 4,709 millones. En el periodo 2004-2018, el total de transferencias de recursos fiscales generados por la minería superó los 50,000 millones de soles. ¿Cómo y en qué se ejecutaron dichos recursos? ¿Cuán efectivas fueron las autoridades locales y regionales invirtiéndolos para incrementar el bienestar de la población beneficiaria? Son preguntas que merecen ser planteadas. Por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, que pertenece a la Provincia de Cotabambas y donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, el monto recibido anualmente por concepto de canon minero se elevó de S/ 9 millones en el 2004 a S/ 233 millones el 2018. Y en la década entre los años 2007 y 2017 la pobreza en Chalhuahuacho —medida como número de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha— se redujo a la mitad, mientras que sus coberturas de agua, alcantarillado y electricidad en el hogar se triplicaron.

Resulta evidente, por lo tanto, que la actividad minera ha contribuido de manera decisiva a generar los recursos que financiaron la exitosa lucha contra la pobreza del país en los últimos lustros. Dependerá de la capacidad de gestión de los alcaldes y gobernadores que los recursos del canon contribuyan de forma más decisiva a la erradicación de la pobreza en las zonas de influencia de la actividad minera.

Realizado por: Milton von Hesse, director de Videnza 

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Con esto en mente, le pedí a Nicolás Besich, jefe de proyectos de Videnza Consultores, que compartiera la odisea de sacar una simple orden de servicio con el Estado. Es decir, el documento donde se fijan las condiciones del trabajo, los plazos y los honorarios que recibirá el contratado por parte del Estado. Acá su texto:

“Durante mi experiencia profesional, son innumerables las veces que he escuchado expresiones como las siguientes: ‘Nunca trabajes con el Estado’, ‘solo contratamos con privados’, ‘a menos que sea dinero de la cooperación, no participamos en proyectos del sector público’. No fue sino hasta que realicé una consultoría para un ministerio que comprendí la razón de esas frases y viví en carne propia lo surrealista que puede llegar a ser contratar con el Estado. En las siguientes líneas quiero contar todos los trámites que tuve que realizar para poder sacar adelante una simple orden de servicio. Además de ilustrar lo absurdo que puede llegar a ser todo el proceso, plantearé algunas ideas que podrían hacerlo más eficiente.

Lo primero para iniciar el contrato fue enviar la propuesta técnico-económica, el CV documentado, el código de cuenta interbancario, una copia del DNI y la constancia de afiliación a una AFP o a la ONP. A un compañero de trabajo, que ya había realizado servicios similares para otras unidades del mismo ministerio, le habían solicitado los mismos documentos. Confiado, usé sus formatos. Sin embargo, al enviar por correo electrónico los documentos solicitados, grande fue mi sorpresa cuando me respondieron que debía usar formatos distintos y que, además, era necesario mandar todos los documentos en físico y visados. Es decir, un mismo ministerio usa formatos distintos para la contratación del mismo tipo de servicio.

Una semana después, recibí un correo electrónico en el que me solicitaban actualizar mi propuesta técnico-económica y enviar nuevamente todos los documentos, pues en mi CV solo se sustentaban dos años y diez meses de trabajo, y no los tres que se mencionaba en la propuesta. Ya un tanto molesto por no poder empezar con el trabajo (que, dicho sea de paso, el ministerio necesitaba con urgencia), volví a enviar todos los documentos en físico y visados. Me consolaba pensando que por lo menos habían aceptado la validez de todos mis documentos, y no como le sucedió a Janice Seinfeld a quien una vez le dijeron que su doctorado no valía por ser en filosofía y no en economía, porque su título de doctorado dice Philosophy Doctor; es decir, PhD (¡!).

Durante cinco días llamé y envié correos electrónicos preguntando si ya tenían la orden de servicio. Al quinto día me pidieron que volviera a enviar la copia de mi DNI, porque la que había mandado estaba muy oscura. Solucionado este “problema”, y pasados ya más de 21 días desde el primer envío de la documentación, finalmente me llegó la notificación con la cual podía empezar la consultoría. Paradójicamente, indicaba que debía entregarla en un plazo máximo de 15 días. A los 14 días de recibida la notificación, entregué por mesa de partes el informe final de la consultoría y mi recibo por honorarios (una impresión de la constancia de recibo electrónico). Al día siguiente me llamaron para informarme que el formato de recibo por honorarios que adjunté no era el correcto, pues debía utilizar el que sale en PDF. Ya sin ganas de discutir, volví a imprimir el recibo electrónico que, precisamente por ser electrónico, se supone que no debería ser necesario entregar en físico pues, al estar registrado en el sistema de la SUNAT, bastaría con enviar una constancia de su emisión en cualquier formato (virtual o físico). Finalmente, y luego de levantar los comentarios recibidos (todos de forma, ninguno de fondo) y esperar más de mes y medio (tiempo al parecer breve tratándose del Estado), recibí el pago acordado por el servicio.

¿Cómo es posible que existan tantas trabas y se desperdicien tantos recursos en la contratación de una consultoría cuyo costo, de menos de S/. 10.000, resulta insignificante para el presupuesto de cualquier ministerio? Sin embargo, si se considera que solo el Gobierno central durante el 2014 gastó más de S/. 550 millones en la contratación de servicios de consultorías desarrollados por personas naturales (monto mayor al presupuesto de entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Congreso de la República, el Ministerio de la Producción, etc.) entonces, esto deja de ser el dolor de cabeza de unos desafortunados consultores y se convierte en un serio problema de ineficiencia estatal.

¿Cómo solucionar el problema? En primer lugar, resulta necesario hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso y eliminar todos aquellos requisitos que no hacen sentido. Por ejemplo, tener que enviar toda la documentación en físico cuando tranquilamente se podría adjuntar por correo electrónico. Luego, se debería estandarizar el proceso de contratación de servicios de terceros en todas las instituciones del sector público; así, los requisitos y formatos para contratar deberían ser los mismos en todo el Estado –no sólo en la teoría sino también en la práctica. Igualmente creo que sería útil generar una base de datos en la que se registre el perfil de todas las personas que realizan consultorías para el sector público, con lo cual se evita tener que estar pidiendo los mismos documentos varias veces. Finalmente, resulta indispensable cambiar la lógica de gran parte del personal de las unidades de adquisiciones y abastecimiento, más interesados en encontrar el error de forma que en verificar que se cumplan los requisitos de fondo”.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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A esta pobre gestión se suma la poca capacidad de las distintas instituciones que hacen monitoreo y evaluación del gasto público. Si bien el Perú ha avanzado mucho en hacer transparentes los montos del presupuesto que se asignan a cada sector y a cada programa, para que el Gobierno realmente rinda cuentas sobre los recursos públicos es imprescindible discutir no solo cómo se asignan los recursos entre distintas prioridades, sino también quiénes terminan siendo los beneficiarios de las mismas. Es más, deberíamos poder saber cuáles son los objetivos que se intenta alcanzar con cada programa que el Estado pone en marcha o sigue financiando. Sólo así será posible saber si en efecto esa es la manera más adecuada de lograr dichos objetivos o si hay maneras más costo-efectivas de hacerlo.

Este Gobierno se ha preocupado por tener un equipo ministerial mucho más técnico que político, que está tomando medidas adecuadas, una de las cuales, por ejemplo, es ceñirse al Presupuesto por Resultados (PpR) y empezar con el monitoreo y la evaluación de diversos programas. Pero todavía un gran porcentaje del Estado se maneja pensando en obtener beneficios personales y no enfocando las decisiones en cómo optimizar el uso de los recursos públicos y emplearlos eficientemente para el bien de todos los peruanos.

El 14 de septiembre, estando a pocos días de elegir a nuestras autoridades municipales y regionales, una encuesta de Ipsos Perú reveló que para decidir su voto, el 58% de limeños se fija en la experiencia y la capacidad de gestión del candidato. Es un dato interesante. Pero como ciudadanos debemos ir más allá: deberíamos poder saber si las decisiones presupuestales son las más adecuadas, las más focalizadas y las de mayor retorno por la inversión realizada. No basta con ejecutar los presupuestos asignados para determinado sector. Lo importante es saber que se están gestionando de la mejor manera posible.

Y que los presupuestos se gestionen de la mejor manera posible significa, además, que se gestionan sin corrupción. Según los resultados de la mencionada encuesta de Ipsos Perú, “solo” el 22% de los limeños presta atención a los casos de corrupción al momento de decidir su voto.

Estos son campos en lo que todavía nos falta mucho por recorrer.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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En uno de los ensayos más grandes jamás registrados en Gran Bretaña, donde participaron más de un millón de personas que estaban renovando su información tributaria o sacando nuevas licencias de conducir, se presentó al azar uno de ocho mensajes y fotografías diferentes que buscaban animar a la gente a inscribirse en el Registro de Donantes de Órganos. El estudio fue conducido el año pasado por el Behavioural Insights Team, grupo de trabajo constituido por el Gobierno británico. Su reto era el siguiente: por qué, pese a que más del 90% de la población apoya el principio de la donación de órganos, solo un tercio se une a dicho registro. Esto se traduce en que tres personas mueren al día por no poder realizarse un trasplante.

Los mensajes mejor recibidos por la población en Gran Bretaña fueron aquellos que parecían afectarlos personalmente, en lugar de apelar a la presión de grupo o a mensajes impactantes. Por ello, no sorprenderá que la frase menos exitosa haya sido: “Cada día miles de personas que ven esta página deciden registrarse”, seguida de “Si tú apoyas la donación de órganos, por favor transforma tu apoyo en acción”. La tercera frase que obtuvo menos acogida fue justamente la que da inicio a este post: “Tú podrías salvar o transformar la vida de hasta nueve personas si decidieras firmar como donante de órganos”.

En oposición, la variante más exitosa fue la que apeló al concepto de reciprocidad: “Si necesitaras un trasplante de órganos, ¿tendrías uno? De ser así, por favor ayuda a otros”. El segundo mensaje con mayor acogida se centró en la idea de pérdida y fue formulado de la siguiente manera: “Tres personas mueren cada día debido a que no hay suficientes donantes de órganos”. Como resultado de este estudio se espera que cada año por lo menos 100.000 personas se unan al Registro de Donantes de Órganos de Gran Bretaña. Es importante destacar la importancia de la cultura e idiosincrasia de los grupos poblacionales. Por ello, para replicar estas experiencias en el Perú -donde el año pasado apenas 98 personas donaron órganos– es fundamental realizar pruebas piloto para identificar aquellas frases que tienen mayor impacto.

¿Qué nos revela toda esta historia? Que, como lo sostienen los reconocidos investigadores On Amir, Dan Ariely y Sendhil Mullainathan, existe una gran oportunidad para que ciencias como la economía del comportamiento y la psicología contribuyan a la elaboración de políticas públicas más eficientes.

Siendo tantos los problemas por resolver en nuestro país y tan escasos los recursos que se pueden destinar a ellos, ¿no deberíamos acaso ponernos más creativos? Empecemos por conocer más de estas teorías innovadoras y de cómo pueden aplicarse a la realidad peruana. Para ello, en un esfuerzo compartido de Videnza Consultores con la Universidad de Piura y el auspicio de Backus | Sab Miller, este 21 de agosto estará con nosotros Sendhil Mullainathan, Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, donde se desempeña como profesor de Economía. Mullainathan es uno de los más importantes investigadores en el campo de la economía del comportamiento a nivel mundial y en el desarrollo de la Teoría del Refuerzo Positivo. Una oportunidad única cuyos resultados compartiremos con ustedes en este espacio.

Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores

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Se trata, sin duda, de un paso hacia adelante, pues las carencias de infraestructura, médicos especialistas y acceso a medicamentos son limitantes enormes del sistema.

La firma de convenios para el intercambio prestacional entre el SIS, EsSalud y los gobiernos regionales es una primera iniciativa importante. Sin embargo, para que sea una solución efectiva debe existir oferta disponible. ¿Es suficiente este intercambio entre gobiernos regionales y EsSalud? Las limitaciones de oferta parecen ser demasiado grandes en Lima y las regiones como para que esta iniciativa sea suficiente.

No solo se requieren mayores recursos, sino también combatir una serie de ineficiencias para aprovechar de mejor manera aquellos disponibles. En ese sentido, uno de los principales problemas de la salud pública en el Perú es su alto grado de fragmentación. La evidencia internacional muestra que los servicios de salud fragmentados disminuyen el acceso a los servicios, generan uso irracional e ineficiente de los recursos y una menor satisfacción de la población.

Para combatir esta situación hay que formar redes integradas de salud (también reguladas por el DL N° 1166 emitido en el marco de la reforma). Estas deben organizarse territorialmente, además de convocar y articular aliados en el sector privado. Igualmente, se debe:

• Alinear la oferta de servicios de salud con la demanda en cada territorio específico.
• Cambiar el foco de atención actual, centrado en la atención hospitalaria, hacia un modelo centrado en las atenciones primarias y dando mayor relevancia a la prevención y promoción de la salud (dado que las enfermedades crónicas son cada vez más prevalentes: cáncer, diabetes, hipertensión, entre otras).
• Institucionalizar un programa de técnicos comunitarios en salud, apropiadamente capacitados y equipados, como primer eslabón de la formación de las redes integradas de salud.

En la última CADE, el sector privado se comprometió a invertir US$ 1,000 millones para ampliar la oferta en 2,000 camas hospitalarias, crear modelos de baja complejidad para descongestionar el primer nivel de atención, elaborar una plataforma virtual de historias clínicas compartidas, y promover el uso de medicamentos genéricos de calidad. En cuanto al Estado, el presupuesto del sector para este año aumentó en 22% respecto del 2013.

Al parecer, tanto el Estado como los privados se están tomando en serio el tema. Ojalá, porque la salud en el Perú demanda gran esfuerzo y requiere tener la voluntad expresa y la ruta a seguir clara.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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