Urge fortalecer el primer nivel de atención, para que cuente con profesionales de la salud con capacidad de resolver los problemas de la población que atienden. Además, que cuente con un sistema de historia clínica electrónica y plataformas de información interconectadas que permitan ahorrar tiempo y costos a los pacientes y al sistema, que opere en red para la referencia y contrarreferencia de pacientes, y que ofrezca los medicamentos que el médico receta.

Para lograr buenas prácticas de atención y gestión de información necesitamos alianzas entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a los asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecida en un contrato, lo que permitía tener menor tiempo de espera para las citas médicas, mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, mayor percepción de calidad, entre otros. Cada establecimiento de salud tenía asignada una determinada población a la que debía dar promoción, prevención y atención en salud.

Para incentivar a los prestadores de salud a lograr resultados sanitarios a menores costos, en las UBAP se optó por el financiamiento ca-pitado, donde a cada asegurado se le asignaba una tarifa a cambio de un determinado paquete de prestaciones de salud. Y se disponía de una plataforma digital para la historia clínica electrónica que permitía la trazabilidad de las atenciones brindadas y facilitaba otros procesos de soporte. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y tenía menor margen para la corrupción. Pese a todo ello, fue desactivado durante el gobierno de Pedro
Castillo. Es decir, en lugar de replicar las experiencias exitosas, aquí se eliminan.

Otro ejemplo de alianza público-privada que permite mejores resultados para los pacientes a menores costos es
Farmacia Vecina, un programa de Essalud que opera exitosamente en colaboración con la empresa Salog. Farmacia
Vecina convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos.
Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinasen lugares cercanos a su hogar. Este servicio es especialmente vital para los pacientes con enfermedades crónicas.

En conclusión, los retos para tener un sistema de salud de calidad en nuestro país son muchos, pero todos pasan por que el Ministerio de Salud asuma la labor rectora que le corresponde. Sin ello, los peruanos no tendremos la salud que necesitamos.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Era el sexto mes del 2023 y ya habían muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, cuando un fenómeno de El Niño costero intensificó la expansión de esta enfermedad. Alertábamos sobre que, en los últimos dos años, el Minsa había dejado de realizar un control vectorial riguroso, que no es otra cosa que buscar casa por casa la presencia del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Hoy, ya tenemos la más alta tasa de letalidad de América del Sur y, al cierre de la semana epidemiológica número siete, se había registrado 50% más casos que en el 2023, que ya venía como récord histórico. Esto considerando que es probable que en las últimas semanas se esté presentando un subreporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que puede afectar las decisiones que se adopten.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Su titular, César Vásquez, ha señalado que Áncash, La Libertad, Ica y Piura serán declaradas en emergencia sanitaria por casos de dengue, pero que el decreto saldría en las próximas semanas. ¡No podemos esperar! A estas alturas, lo que queda es declarar cuanto antes la emergencia sanitaria nacional por la epidemia de dengue este año, para poder disponer de mayores recursos, prevenir el colapso del sistema de salud y, sobre todo, evitar que las muertes se incrementen.

Para variar, estamos muy tarde: para campañas de fumigación, para vacunación, para control preventivo. Lo que se requiere es asegurar atención médica a los contagiados. El Minsa necesita definir cuál será la estrategia y cómo pretende enfrentar la ola de casos. Como lo hemos repetido tantas veces en este espacio: asumir de una buena vez su rol como ente rector del sector salud. Vásquez ha señalado que se reforzará la respuesta del Gobierno central, municipios y gobiernos regionales, pero no sabemos cómo.

El 12 de febrero último, el “New York Times” publicó una nota titulada: “Brasil, en emergencia por el dengue, presagia una crisis de salud en América”. Señalaba que el Ministerio de Salud del Brasil “tiene previstos más de 4,2 millones de casos para este año, por encima de los 4,1 millones de casos que registró la Organización Panamericana de la Salud en los 42 países de la región el año pasado”. Ante este escenario, nuestro vecino inició una campaña de emergencia para vacunar a niños en áreas con las tasas más altas o de mayor riesgo de transmisión de dengue, pero esto llegó muy tarde para combatir el actual brote. Sin embargo, anuncia que el ensayo clínico de una vacuna que se probó en el Instituto Butantan, un centro de investigaciones de salud pública en São Paulo, halló que protegía al 80% de los vacunados de desarrollar la enfermedad viral del dengue. De aprobarla el Gobierno Brasileño, empezarían a entregarlas en el 2025. Ojalá así sea.

Mientras tanto, coincido con el experto Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular, quien en un reciente tuit señalaba cómo el actual panorama de desborde del dengue “obliga a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para controlar” su transmisión. Y destacó algo fascinante: una “estrategia emergente de uso de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que interfiere en la transmisión del virus del dengue a los humanos”. Explicó que desde la primera liberación de estos mosquitos con Wolbachia, en Australia en el 2011, la medida ha mostrado resultados prometedores en más de 50 ciudades en 13 países. “Estudios en Indonesia y Brasil han reportado reducciones significativas en la incidencia del dengue, demostrando que esta estrategia es segura, sostenible y efectiva”, precisa Tsukayama, coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Existe sobrada evidencia de que las mayores temperaturas producto del cambio climático y del Fenómeno de El Niño aumentan la ovoposición de las mosquitas aedes –es decir, el proceso de puesta o de expulsión de huevos–. Esto eleva el índice de picadura, disminuye el período de ubicación del virus dentro de ellas y expande su presencia a nuevos espacios, propagando el virus. Además, el Perú es país endémico de dengue, con lo que la posibilidad de contagio siempre está presente. Sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla, pero nada de eso se hace. Las respuestas institucionales llegan tarde y, consecuentemente, son ineficientes. Una epidemia absolutamente evitable se vuelve emergencia nacional. Vez tras vez. Muy frustrante. Esperemos que esto no suceda con los aún contados casos de sarampión que se han detectado en Lima.

Realizado por: Janice Seinfeld en el Diario El Comercio el 26 de febrero

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¿Cómo se gestionarán los temas de almacenamiento, distribución, manejo de datos y criterios de aplicación de la vacuna: en establecimientos de salud, domicilios, farmacias? ¿Estaremos preparados para identificar reacciones adversas en quienes la reciben, en caso se den? ¿Lograremos, finalmente, que Estado y sector privado puedan colaborar para que los peruanos accedamos a estas vacunas en el menor plazo posible y con la seguridad que ello demanda?

La llegada del primer millón de vacunas este mes debe ser considerada una fase piloto. Será más sencilla que las siguientes porque sus destinatarios son fáciles de ubicar: los trabajadores de salud, de las fuerzas del orden y de servicios esenciales. Idealmente, se debería conseguir otra cantidad equivalente de vacunas para todos nuestros trabajadores en la primera línea. Luego, se espera alcanzar a personas vulnerables con enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes, cáncer— y adultos mayores hasta llegar a un 20% de los peruanos, aproximadamente seis millones. Finalmente, le tocará el turno a la población de entre 18 y 59 años.

El Ministerio de Salud debe desarrollar en detalle el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ello incluye definir cómo ubicarán las autoridades a quienes se quiere atender primero en la segunda fase y cuántos serán. La información deberá estar sistematizada y homologada entre instituciones. Esta carencia de data oportuna no puede seguir siendo un problema que arrastramos pese a las tecnologías existentes.

Para prepararnos, tenemos que recurrir de manera acelerada a las bases de datos de los hospitales del Minsa, EsSalud y fuerzas del orden.

Si se optara por vacunar por hogares o por establecimientos de salud, será imperativo trabajar con las regiones y en coordinación con los primeros niveles de atención: centros de salud y postas médicas. Estos, qué duda cabe, requieren ser fortalecidos para contar con profesionales y sistemas de información adecuados.

Para la distribución de las vacunas, un desafío será su transporte a cada región. Aunque la de Sinopharm representa menos retos que otras como la de Pfizer/BioNTech, que requiere temperaturas bajísimas de almacenamiento, un país tan complejo y poco articulado como el nuestro demanda un gran esfuerzo.

Todo lo anterior mientras el Gobierno comunica a la población que la inmunidad no será inmediata y, sobre todo, deberemos continuar con el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y la distancia social.

Nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Es imprescindible estar a la altura.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Este problema estructural ha encontrado un agravante creciente y silencioso con la actual pandemia de COVID-19: la carga de enfermedad no atendida y que se acumula peligrosamente por el limitado acceso al cuidado médico. La siguiente ilustración muestra cómo las atenciones ambulatorias entre los distintos prestadores durante el 2020 se redujeron significativamente en comparación al 2019.

El Perú, hoy más urbano e informal, tiene un perfil epidemiológico crónico-degenerativo, en particular relacionado al síndrome metabólico: hipertensión, diabetes y obesidad. Un aspecto clave para evitar que estas afecciones se compliquen es el mantenimiento de una terapia individualizada, ajustada periódicamente, acompañada del monitoreo a cargo de un profesional de la salud calificado. Es decir, para un paciente hipertenso o diabético son fundamentales diagnóstico precoz, tratamiento continuo y seguimiento efectivo.

En el ámbito legal, desde noviembre pasado todos los peruanos tienen derecho a un seguro de salud. El Decreto de Urgencia N.° 017-2019 estableció que la población no asegurada sería afiliada al Salud Seguro Integral de Salud (SIS).

Según el último Reporte Nominal de Asegurados de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 96% de peruanos cuenta con un seguro. De ellos, el 64% está afiliado al SIS. Si bien el aseguramiento es un avance, lamentablemente la atención continúa siendo heterogénea e incompleta según el sector al que se acuda.

En el campo de las terapias, hay marcadas diferencias. EsSalud, bajo la estrategia Farmacia Vecina que acerca los medicamentos prescritos al usuario mediante una red de farmacias y boticas privadas, llega a entregar el 99% de las recetas, según su reporte al 29 de setiembre. Y en las farmacias de sus establecimientos, el 86% de los pacientes recibe toda su receta.

Pero en los establecimientos del Ministerio de Salud-Gobiernos regionales (Minsa-GORE), donde se atiende la población afiliada al SIS, la atención apenas llega al 57%. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas no recibe su tratamiento completo, según el Informe final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016.

Evidentemente, esta situación afecta la salud de las personas e incrementa su gasto de bolsillo, lo que puede llegar a ser catastrófico para el hogar. Además, para el sistema nacional de salud es significativamente más costoso atender la hospitalización de un paciente en estado de mayor gravedad, que monitorear oportunamente su tratamiento.

¿Por qué existe tanta diferencia en la atención?

EsSalud tiene un mejor desempeño logístico que el Minsa-GORE por dos razones principales. En primer lugar, sus sistemas de información son más robustos y están en línea, lo que permite analizar la información diaria y comparar datos de las prestaciones y el abastecimiento. En segundo lugar, la operación logística en Lima y Callao (donde se despliega Farmacia Vecina) está integrada y a cargo de un actor privado. Al emplear tecnología que optimiza el reparto bienes y entrega de recetas de pacientes ambulatorios cerca a sus domicilios, logra el alto nivel de servicio mencionado.

¿Cómo mejorar la atención en el Minsa-GORE? Analizando los flujos existentes se ven claras barreras de papel que dividen pliegos y unidades ejecutoras, escenario complicado además por el variopinto modelo organizacional existente en salud. Por ello se deben simplificar y optimizar estos procesos y aplicar alguna de las alternativas ya utilizadas hoy en el país.

Además, es importante dejar de hacer “autopsias” que solo emplean información mensual para reconocer la disponibilidad de recursos, y pasar rápidamente a lograr conectividad y un sistema de información en la “nube” que vincule los datos de las recetas emitidas y efectivamente atendidas. De este modo se lograría identificar la demanda insatisfecha en menor tiempo y adoptar una primera generación de medidas correctivas, lo que requiere de un buen operador logístico.

El país atraviesa una severa crisis sanitaria que agrava los problemas existentes en el sistema de salud. Corresponde ahora aplicar las mejores prácticas —que, paradójicamente, están muy cerca— y extenderlas en bien de los peruanos.

Autores: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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La semana pasada, el Gobierno oficializó la normativa que obliga a las farmacias y boticas públicas y privadas del país a transparentar información sobre su inventario disponible y los precios de venta de los medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19. Deberán publicarla en el Observatorio de Medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Está muy bien tener mayor transparencia de la información. Aplausos allí. Pero falta más.

El Estado Peruano es el gran asegurador de la población a través del Seguro Integral de Salud (SIS) y de Essalud. En consecuencia, es el responsable de que las personas accedan a medicamentos. Hasta el año pasado, el SIS sumaba 17 millones de afiliados. Pero, con el decreto de urgencia que estableció medidas para la cobertura universal en salud, toda persona sin seguro pasó a estar adscrita al SIS, que ahora tiene alrededor de 22 millones de afiliados. Y Essalud atiende a 11 millones más. Sin embargo, en el decreto de urgencia no se establece cómo hacer para que el ciudadano reciba el medicamento. Eso es lo que necesitamos y debemos medir.

El Estado debe utilizar las herramientas a su disposición para mejorar el abastecimiento de medicamentos. Tiene recursos y capacidad de provisión desde la droguería del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que le permite importar medicamentos, encargar su fabricación –de ser necesario– y salir al mercado internacional a conseguir lo que falte. Pero, a la par, debe aplicar estrategias efectivas y rápidas para gestionar la distribución. Miremos a Essalud. Tiene una experiencia que está funcionando y se puede imitar. Gracias a una asociación público-privada, cuenta con un operador logístico en Lima y el Callao que articula la información de la prestación –qué receta el médico– con lo que efectivamente recibe el paciente. Así, es capaz de determinar cuál es la demanda real de medicamentos y de identificar problemas en la cadena de suministro que impiden que el paciente los reciba, para corregirlos con la agilidad debida.

La Digemid es un actor clave y, para sumar esfuerzos, debe ser muy diligente con los trámites de las autorizaciones sanitarias. Es prioritario tener una ruta rápida para los medicamentos de escasa oferta en el país, como los antivirales, antibióticos y antiparasitarios, imprescindibles para enfrentar la pandemia. Y ya hemos esperado suficiente para la digitalización y mayor transparencia en esta institución. Es ahora, señores, cuando necesitamos este cambio.

Es correcto e indispensable fiscalizar al privado, pero el Estado no puede desentenderse de una labor a su cargo. Las boticas, farmacias y cadenas tendrían que ser sus aliadas para suministrar medicamentos que el paciente no encuentre en el hospital donde ha sido atendido. Y para eso precisamos de acuerdos y que el Estado use la información –que debe ser pública– para la toma de decisiones transparentes.

En esa línea, celebramos que el Ministerio de Salud haya, finalmente, liberado la data sobre los casos positivos de COVID-19. Para enfrentar esta emergencia sanitaria requerimos usar todas las capacidades públicas y privadas. Y eso solo será posible analizando la evidencia disponible para elaborar modelos y plantear estrategias.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Entre 2014 y 2019, las tentativas de feminicidio en el Perú pasaron de 198 a 404 casos, y la cifra de feminicidios se duplicó, hasta llegar a 166. Según el portal estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el 51% fueron a manos de la pareja de la víctima. Lo preocupante es que el 64% no tomó ninguna medida como la denuncia o separación.

La violencia contra la mujer no distingue nivel socioeconómico. La Encuesta Demográfica y Salud Familiar (Endes) de 2019 muestra que el 57.7% de las encuestadas alguna vez sufrió violencia ejercida por su esposo o compañero. Al reportar esta información por quintiles de bienestar, este porcentaje alcanza el 56.2% y 49.5% de mujeres del primero y último quintil, respectivamente. Esta brecha de siete puntos porcentuales ha sido constante en los últimos cinco años.

La situación es especialmente dramática porque la violencia suele comenzar en las etapas tempranas de la relación: el 65.3% de las mujeres casadas reportó que se inició en los dos primeros años o antes (Endes, 2018) (Ver Ilustración N.° 1).

Ilustración N.° 1: Inicio de la violencia física o sexual en mujeres casadas

Hay un grupo particularmente vulnerable: las menores de edad. Según el último censo penitenciario (2016), el 47.9% de los procesados o sentenciados por violación a menores cometió la agresión en la vivienda de la víctima o en el hogar del interno. Un factor de riesgo potenciador en estos casos fueron las sustancias psicoactivas: 23% consumió alguna, de las cuales 90.7% fue alcohol.

¿Qué tenemos detrás de esta situación que año tras año parece empeorar? Según la Política Nacional de Igualdad de Género (DS N.° 008-2019-MIMP), la discriminación estructural contra las mujeres tiene tres causas fundamentales: (i) la asignación de roles desiguales entre hombres y mujeres (primordialmente reproductivo); (ii) patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino; y (iii) normas y una cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. En consecuencia, al enfrentar la violencia contra la mujer se debe considerar tanto la dimensión institucional como la social.

En la dimensión institucional, el Estado ha mostrado grandes avances normativos desde 2007, cuando promulgó la Ley N.° 28983 “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, que busca garantizar la igualdad de derechos y eliminar las desventajas de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada. En 2019, para adaptar su estructura y funciones a las necesidades actuales, se estableció la citada política y se creó el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), sobre la base del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). Una señal alentadora es que el presupuesto de este programa se ha incrementado en 24 veces: en 2009, el PNCVFS tenía solo 17 millones de soles, mientras Aurora, en 2020, contó con un presupuesto institucional modificado de 417 millones de soles (SIAF, 2020).

En la dimensión social todavía hay un largo camino por recorrer, porque la desigualdad y, más aún, la violencia, están normalizadas y arraigadas en nuestra sociedad: el 55% de mujeres que han sido maltratadas reportó no buscar ayuda porque “no fue necesario”.

Urge fortalecer la aplicación del enfoque de género, tanto en las políticas e intervenciones estatales como en nuestras vidas diarias, asumiendo la responsabilidad que nos toca como ciudadanos. Desde el Estado debe promoverse la transversalización del enfoque, entendida como la “integración sistemática de las condiciones, las prioridades y las necesidades propias de las mujeres y los hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad” (ACSUR-Las Segovias, 2006). Es decir, para planificar políticas y programas efectivos es necesario comprender las bases de las inequidades bajo una visión integral y sistémica.

Luego será fundamental analizar el impacto esperado y empírico de estas intervenciones para garantizar su adecuado seguimiento y evaluación. Asimismo, es necesario articularlas bajo una lógica intersectorial prestando especial atención al sector educación. Al formar a los ciudadanos desde muy temprana edad, tiene la posibilidad de potenciar el necesario cambio cultural para desarraigar las desigualdades intrínsecas a nuestra sociedad.

Finalmente, como ciudadanos debemos ser conscientes y asumir nuestra parte de la responsabilidad en el problema. Cooperemos, como estos días de cuarentena, luchando por cambiar aquellos factores normalizados desde hace tanto tiempo: desde hacer notar lo erróneo de esa broma machista o silbido que escuchamos, hasta auxiliar a quien veamos en una situación de maltrato.

Realizado por Oriana Salomón y Mauricio Ibañez, analista senior y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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Sin embargo, hay un asunto que tenemos que visibilizar: hoy, los servicios de salud no solo están combatiendo esta emergencia nacional. Tienen también el enorme reto de, simultáneamente, satisfacer las necesidades de atención de personas con otras enfermedades como las crónicas –cáncer, diabetes, insuficiencia renal, etc.– y las contingencias que se presentan en el tiempo –urgencias y emergencias, por ejemplo–.

La experiencia de China confirma la importancia de atender en espacios distintos a quienes presentan síntomas no vinculados con el COVID-19. Y esto se logra mediante la asignación de establecimientos diferenciados y el triaje: la valoración inicial del paciente por la que se decide cómo se le tratará en función de su estado.

En España e Italia, donde la magnitud del contagio colapsó la capacidad de sus sistemas de salud –considerados entre los mejores del mundo–, los pacientes crónicos no urgentes no pueden ser atendidos en centros diferenciados. Alemania, que destaca por su baja mortalidad, tiene una oferta sanitaria similar a la de Singapur y Corea del Sur, con “espalda” para soportar y controlar esta ola. En Reino Unido y Estados Unidos se recomienda distanciar a los pacientes de los hospitales y, en la medida de lo posible, asistirlos empleando la telemedicina, aunque la crisis está también poniendo a prueba la capacidad de sus sistemas.

En el Perú, este flujo diferenciado de atención viene siendo abordado, sobre todo, por Essalud, que está seleccionando instituciones prestadoras de servicios de salud para consultas no ligadas al COVID-19. Por ejemplo, la atención para aseguradas embarazadas del hospital Rebagliati se está trasladando a la clínica Cada Mujer, en Jesús María.

En hospitales y policlínicos de Lima y regiones, Essalud ha instalado unidades de triaje diferenciado exclusivamente para sintomáticos respiratorios. Ahí aplican, siguiendo el protocolo, los hisopados y las pruebas rápidas. Según los resultados, se determina si se requiere hospitalización de aislamiento y observación, sea en hospitales o en la Villa Panamericana, donde se han equipado 900 camas y un centro médico de urgencias. Para los casos más graves, se están reforzando las unidades de cuidados intensivos (UCI), cuya demanda aumentará en las próximas semanas dada la conocida progresión de este coronavirus.

Es importante que el Ministerio de Salud, como ente rector, comunique el despliegue de su estrategia para articular la acción en todas las regiones del país. Por ahora, se sabe que está ampliando los hospitales de Ate y Villa El Salvador para tener 200 camas UCI COVID-19 en cada uno.

Para hacer el sistema eficiente y descongestionarlo de consultas de pacientes crónicos, hay dos medidas que debemos implementar con rapidez.

Primero, apelemos a la telemedicina. En nuestro país, está la demanda de garantizar que a ambos lados de la consulta se cuente con un profesional de la salud con las credenciales adecuadas. Por tanto, urge revisar la normativa y la cobertura de este servicio para poder aumentar estas atenciones, más aún con escenarios de aislamiento social que persistirán en el futuro.

Segundo, debemos imitar la iniciativa de Essalud denominada Farmacia Vecina, que convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos. Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinas en lugares cercanos a su hogar y con menores riesgos para su salud. Las grandes cadenas de boticas tendrían que sumarse a este esfuerzo, que debe permanecer superada la emergencia y extenderse a todo el país.

Pasado este escenario de crisis, debemos profundizar los esquemas de colaboración público-privados con el objetivo de que el ciudadano acceda a servicios más eficientes. Así, se aligera la carga operativa del Estado y se permite al sector privado desplegar sus competencias y desarrollar nuevo conocimiento. Todos ganamos. No esperemos a que otra amenaza nos haga llegar a esta misma conclusión.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Países como España e Italia optaron por ser “cautelosos” y ahora Europa es el foco de la pandemia. Por el contrario, en China –donde se originó el brote– y Corea del Sur, que actuaron rápidamente, se está desacelerando. Como informó “El País” de España, mientras el alcalde de Daegu, la ciudad surcoreana del primer foco, pidió a sus conciudadanos quedarse en casa cuando los contagiados no sumaban cincuenta, en Madrid este llamado se dio cuando superaban el millar.

Un caso especialmente interesante es el de Singapur. Esta ciudad-Estado de 5,7 millones de habitantes y con una de las mayores densidades poblacionales del mundo, pasó de ser el segundo país más afectado por este brote a registrar ayer 134 contagios y cero muertes. ¿Su receta? Rápida decisión política para identificar y aislar a las personas contagiadas, y transparencia ante la ciudadanía.

Así, confirmada la presencia del virus, el primer ministro, Lee Hsien Loong, se dirigió a la población para pedir que aquellos con síntomas leves acudieran al hospital –cuyo personal sabía lo que debía hacer y decir–. Es el único vocero oficial con mensajes consistentes que transmiten seguridad.

Desde un inicio las autoridades de salud optaron por evaluar todos los casos similares a la gripe y neumonía, y no solo aquellos sospechosos de ser el COVID-19. Usaron estas primeras infecciones para establecer un sistema avanzado de rastreo de contactos que permitiera reconstruir la cadena de transmisión de una persona a otra. Paralelamente, desarrollaron kits de detección que repartieron en todos los puntos de entrada al país. Todos los costos de las pruebas y del internamiento hospitalario para residentes son asumidos por el Gobierno.

Además, fue de los primeros países en imponer restricciones a personas con visitas recientes a China y Corea del Sur. Incluso cuando todavía la Organización Mundial de la Salud consideraba que las prohibiciones de viaje no eran necesarias. A todo pasajero que arriba al aeropuerto de Changi le realizan la prueba de hisopo COVID-19 y le piden sus datos de contacto. Cuando a las pocas horas reciben los resultados, quienes dan positivo son localizados y trasladados en ambulancia a instalaciones de cuarentena.

Para potenciales infectados, el régimen de cuarentena hospitalaria y domiciliaria incluye que las autoridades puedan llamarlos, pedirles compartir su ubicación desde su teléfono y hacer visitas sorpresa.

Muy tempranamente, también, implementaron medidas de distanciamiento social en colegios, universidades y centros para adultos mayores, e impulsaron la flexibilización del teletrabajo. Y el Ministerio de Salud brinda información en tiempo real sobre quienes dan positivo en el virus. No revela su identidad, pero sí adónde viajaron recientemente, cuándo buscaron ayuda médica, cuándo fueron hospitalizados y cuándo fueron dados de alta. Además, envía actualizaciones diarias sobre la evolución de la epidemia. Esto ayuda a reducir la paranoia y permite a expertos comprender la propagación del virus.

Es claro que Singapur tiene características imposibles de replicar. Pero confirma que ningún sistema de salud será eficiente sin información que permita tomar decisiones sobre la base de evidencia y que asegure la memoria institucional. Todos aprendimos del SARS y de la gripe H1N1; sin embargo, mientras Singapur desarrolló los protocolos que hoy usa, nosotros fuimos perdiendo el aprendizaje ante tanto cambio de autoridades y con un sistema desarticulado: Essalud, Ministerio de Salud,gobiernos regionales y entidades privadas.

En Singapur se tiene trazabilidad casi perfecta; en nuestros colegios y hospitales no tenemos jabón. De lo sublime a lo ridículo. Esto debe cambiar, pero hoy debemos atacar lo urgente: evitar que los contagios por este coronavirus aumenten.

Por Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores y Daolu Cai, profesor de la Universidad Nacional de Singapur

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Los datos epidemiológicos son primordiales para analizar e implementar medidas de control que permitan proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Estas medidas serán efectivas siempre y cuando estén basadas en evidencia. En la era de la información en la que vivimos, el desafío no es la falta de datos, sino cómo utilizarlos. Es importante identificar aquellos más relevantes y combinar diversas fuentes que podrían no estar estandarizadas o no ser interoperables para facilitar la evaluación. Los investigadores deben poder determinar rápidamente si los datos existentes se pueden analizar o si se deben recopilar otros, además de cómo hacerlo de manera eficiente.

En Canadá, una start-up llamada BlueDot que automatiza la vigilancia de enfermedades infecciosas logró alertar a sus clientes (entidades públicas, hospitales y empresas privadas) sobre el coronavirus. Esto gracias a un algoritmo que desarrolló y que lee noticias publicadas en medios locales donde se mencionan casos de gripe, muertes sin explicación aparente y síntomas que no se ubican en un diagnóstico concreto, tanto en humanos como en animales. De la misma manera, con la información de rutas de vuelos, frecuencia y cantidad de pasajeros, BlueDot puede advertir hacia dónde se dispersaría el virus. Eso sucedió con el del Zika: logró predecir, hasta con seis meses de anticipación, los lugares a los cuales llegaría.

Por su parte, la Universidad de Johns Hopkins lanzó un tablero interactivo con información en tiempo real sobre la dispersión del coronavirus. Se puede observar dónde y cuándo se han producido los brotes, cuántos pacientes se han recuperado y cuántos han fallecido. El tablero busca que la población comprenda la situación del brote a medida que se desarrolla, con fuentes de datos transparentes. Esta información sirve no solo para que los Estados se encuentren preparados, sino también para contrarrestar la difusión de noticias falsas.

En el Perú, un esfuerzo digno de fortalecer y replicar es la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud. Creada en septiembre de 2019 analiza, integra y difunde información estratégica para mejorar la calidad de las decisiones en la institución. Centraliza y estructura información que antes se manejaba de manera dispersa y que incluso mostraba poca consistencia. Según EsSalud, desde la UIAD se puede monitorear casos de influenza, neumonía y otras afecciones respiratorias que podrían estar asociadas a un brote de riesgo, para así lograr un diagnóstico y tratamiento oportunos, además de gestionar las medidas en caso sea necesaria una escala mayor de respuesta.

La UIAD también cuenta con tableros de control para ver el manejo de las camas hospitalarias, abastecimiento de medicinas, tiempo de espera para el otorgamiento de citas, atención de los pacientes en los turnos programados en los consultorios y áreas de hospitalización, stock crítico de recursos clave como reactivos de laboratorio, pruebas rápidas, material médico y otros insumos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Al ser un proceso nuevo, sus resultados se apreciarán de modo creciente en el tiempo.

De igual modo sabemos que el Ministerio de Salud está desplegando esfuerzos para articular la diversidad de fuentes de información existentes. En particular, los datos provenientes de la gestión de las prestaciones, financiamiento y soporte que son clave para mejorar los procesos. En el ente rector, destaca el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades como encargado de gestionar “los procesos de prevención y control de enfermedades de importancia sanitaria nacional e internacional, elevando la capacidad resolutiva del nivel nacional para las acciones de vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global y respuesta rápida en brotes, epidemias, desastres y emergencias”. Una tarea a su cargo es implementar, desarrollar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública en todo el país, lo que en el contexto actual es muy importante.

En tiempos donde las empresas utilizan nuestra información para saber nuestras preferencias, qué nos pueden vender, cuánto cobrarnos, etc., es importante que el Estado también saque provecho de esta data para el beneficio ciudadano. Los equipos de inteligencia sanitaria deben aprovechar al máximo las capacidades analíticas de las instituciones y apoyar la toma de decisiones para mejorar los servicios y estar preparados ante situaciones de emergencia.

Realizado por: César Amaro y Miluska Patrnogic, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Tras clasificar la población total de Essalud en trabajadores del sector privado (52%), trabajadores del sector público (26%) y pensionistas y sus familias (13%), estima cuánto aporta cada grupo y cuánto recibe en beneficios de Essalud. Siguiendo esta clasificación, analicemos quiénes asumen la carga de financiamiento sobre la seguridad social y cómo hay una evidente disparidad entre los grupos de aportantes.

Los trabajadores públicos aportan S/1.850’813.369, pero consumen S/2.282’408.027 en servicios de salud. Esto porque, aunque la contribución a Essalud la debe realizar el empleador por cada trabajador y debe equivaler al 9% del salario, el Estado elude pagar parte de su contribución a la seguridad social como empleador amparado en reglas asimétricas. Así, por los trabajadores de la modalidad CAS, el empleador público paga el 9% del 30% de una UIT, contribuyendo solo con alrededor del 4% del salario. Por su parte, para los trabajadores del magisterio y del Ministerio de Salud, el monto aportado por trabajador es del 65% del salario total, con lo que su contribución efectiva es de alrededor de 6%.

En el sector privado, un grupo privilegiado son los empleadores de los trabajadores agrarios, que pagan solo el 4% de su salario. Y, aunque aportan S/155’675.618, las atenciones de este grupo ascienden a S/351’960.431.

En el caso de los pensionistas, hay un tema importante: la entrada en vigor de la Ley 30478, que permite que quienes alguna vez aportaron a una administradora de fondos de pensiones (AFP) –incluso si no llegaron a contribuir de modo suficiente para alcanzar una pensión mínima– sean automáticamente admitidos de forma vitalicia en Essalud cuando cumplen 65 años. Basta con que soliciten que se les entregue el 95,5% del monto disponible en su cuenta y que el 4,5% restante –así sea un valor insignificante– sea transferido a Essalud para lograr su cobertura y la de su familia. Ellos ya suman 237.000 personas, equivalentes al 2% de la población total de Essalud.

Como explica Cotlear, históricamente empleadores y empleados pagaban contribuciones a la seguridad social. Pero, cuando en la década de 1990 se separa la salud de las pensiones, la contribución del trabajador pasó enteramente a pensiones para crear cuentas individuales en el sistema privado. Por ausencia de opciones, las contribuciones del empleador fueron asignadas a Essalud. La tasa aplicable para trabajadores en actividad es del 9% de la remuneración y para los pensionistas es del 4% de la pensión. Según la OIT, el 54% de las pensiones pagadas por las AFP son inferiores que la pensión mínima pagada por la ONP.

Dadas todas estas excepciones y tratos diferenciados, son los trabajadores formales del sector privado quienes terminan siendo el principal financiador de Essalud: contribuyen con S/6.297’125.694 pero consumen S/3.266’898.676. En este sentido, me pregunto si no sería deseable que tanto el Estado como los empleadores del sector agrario aporten por igual, sin sistemas preferentes, para que los asegurados cuenten con un mejor sistema de salud. Y si no sería aconsejable que, antes de aprobar una ley como la 30478, los congresistas analicen su impacto en la sostenibilidad de Essalud y el efecto sobre la calidad de los servicios para los asegurados. O, si en el escenario ideal que Essalud se diera abasto con los recursos que tiene, no sería mejor disminuir los costos laborales para todos y tener un mercado laboral más flexible.

Necesitamos evaluar seriamente nuestra política de protección social. Esta, como afirma Cotlear, no es transparente, no es equitativa y no incluye el financiamiento necesario para permitir, en este caso a Essalud, mantener su función original de dar cobertura financiera y prestacional a los trabajadores del sector formal.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos análisis multidisciplinarios de intervenciones en salud que, al ofrecer la mejor evidencia científica disponible, permiten un uso más eficiente de los recursos. Suponen estudiar la seguridad, eficacia y efectividad clínica de los medicamentos, así como su costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias organizacionales y presupuestales. Todo lo anterior tomando en cuenta las consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Al presentar información imparcial, mejoran la toma de decisiones y transparentan los procesos.

Hace unos días, el Ietsi recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, que organizan el colectivo Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Se reconoció el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para mejorar la toma de decisiones oportunas en la adquisición de medicamentos, dispositivos y equipos biomédicos en beneficio de los más de once millones de asegurados de Essalud en todo el país.

Entre los resultados conseguidos resalta que el tiempo de respuesta promedio por asegurado se redujo de 180 días en el 2015, a un máximo de tres semanas este año. Esto debido a que la autorización para cada paciente es ahora otorgada por el comité farmacológico local y ya no desde el nivel central.

Además, entre los años 2011 y 2017, Essalud pasó de destinar 70,5 millones de soles para atender adecuadamente a 547 pacientes, a brindar los mismos servicios a 1.100 asegurados invirtiendo 38,8 millones de soles. Es decir, se generan ahorros que permiten atender a más personas.

Aprovechando las buenas prácticas del Ietsi, debemos apuntar a consolidar una sola agencia a nivel nacional que evalúe las tecnologías sanitarias que ingresan al país y sea independiente del financiador; es decir, de la entidad que compra. Debemos evitar que cada institución evalúe sus propias tecnologías y más bien tener un organismo único, al estilo de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Esto ofrecería certezas de por qué se opta por el ingreso de determinados medicamentos al país. Luego, ya cada asegurador decidiría cuál de ellos adquiere.

Hay muchas experiencias internacionales de las que podemos aprender, siempre adaptándolas a nuestra realidad. Sigamos pensando en cómo mejorar, transparentar y hacer más eficientes los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta que está probando ayudar en esa ruta.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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