Este fenómeno parece estar finalmente llegando a su fin. Cada día parece más claro que la incompetencia y el desgobierno que caracterizan al gobierno de Castillo están pasando factura a la economía. Pero a las acciones y omisiones del Ejecutivo se suma ahora la vocación demagógica del Parlamento, que en los últimos días parece abocado a aprobar medidas en directa oposición a lo que la prudencia y sensatez económica sugerirían.

Así, en las últimas dos semanas hemos tenido, por el lado del Ejecutivo, medidas como la elevación del sueldo mínimo y la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para combustibles. Asimismo, por el lado del Congreso, se han aprobado disposiciones como la exoneración del IGV para diversos alimentos, y la Comisión de Economía aprobó un dictamen para un sexto retiro de las AFP hasta por cuatro unidades impositivas tributarias.

¿Por qué estas medidas constituyen una irresponsabilidad? Vamos por partes. Tanto la reducción del ISC a combustibles como la exoneración del IGV a alimentos presentan un enorme problema de focalización. Ambas estrategias dan el mismo tratamiento a los peruanos de mayores y menores ingresos, cuando los esfuerzos de esta naturaleza deberían estar dirigidos a proteger a los realmente vulnerables. Particularmente torpe fue la selección inicial de alimentos exonerados del IGV, que incluía a productos de lujo como el lomo fino o el faisán. Pero, además del problema de focalización, como ha sido advertido, esta reducción no se trasladará directamente al precio final pagado por los consumidores, dada la existencia de varios intermediarios en la cadena de venta.

Las deficiencias de estas medidas son particularmente preocupantes dado el costo que tendrán. Entre la reducción del ISC y la exoneración del IGV, se estima que el Estado dejará de recaudar unos S/400 millones mensuales. De permanecer hasta fin de año, su costo será de unos S/3,600 millones, lo que equivale a la sumatoria del gasto en el programa Juntos, Qali Warma y Pensión 65.

Mucho más efectiva habría sido una medida de subsidio directo a familias realmente vulnerables, dado que habría permitido una focalización efectiva, así como el traslado de todo el beneficio al usuario final. Pero tanto el Ejecutivo como el Legislativo optaron por el camino fácil.

Por otro lado, en lo que respecta a la elevación del sueldo mínimo, lejos de implicar un incremento real en el sueldo disponible para los trabajadores peruanos, la medida se terminará traduciendo en un incremento de la informalidad. Y es que una medida de esta naturaleza solo es apropiada si es que viene como consecuencia de un incremento en la productividad de los trabajadores, que no ha sido el caso.

Finalmente, como expliqué en estas líneas la semana pasada, el retiro adicional de las AFP planteado por la Comisión de Economía adolece también de un grave problema de focalización, profundiza el ya enorme problema de cobertura del sistema previsional, y tendrá graves consecuencias para nuestro sistema financiero. Ante medidas de esta naturaleza, no debe sorprendernos que la inversión privada –principal motor del crecimiento económico– vaya a tener un nulo crecimiento este año de acuerdo con las estimaciones del BCRP.

Construir nuestras fortalezas macroeconómicas tomó décadas. Pero dilapidarlas nos está tomando solo unos meses. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 17 de abril de 2022 en el diario Perú21.

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Una de las primeras tareas que tendrá que realizar el próximo Gobierno será presentar el proyecto de ley de presupuesto de la República del 2022. Para ello tendrá que establecer sus nuevas proyecciones macroeconómicas y la trayectoria de gasto público para el próximo quinquenio.

La reciente evaluación del FMI recomienda mantener una política fiscal expansiva en el corto plazo; sin embargo, también resalta la necesidad de elaborar una estrategia creíble de consolidación a partir del año entrante que le permita al fisco mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y preservar su calificación crediticia.

Esta tarea será desafiante debido a la pérdida en la recaudación ocasionada por la recesión y las propuestas de mayor gasto público que el nuevo Ejecutivo querrá emprender. En este contexto, resulta ineludible una reforma tributaria que incremente los ingresos permanentes del país pero que, a la vez, no perjudique la reactivación de la actividad productiva.

Es importante señalar que una mayor recaudación no se logrará necesariamente incrementando las tasas impositivas las que de por sí son elevadas comparadas con nuestros pares en la región (o creando nuevos tributos), sino que deberá centrarse en lograr que se apliquen las normas vigentes, se mejore el grado de cumplimiento y se perfeccionen los regímenes existentes.

Más allá de la necesidad de buscar una mayor eficiencia del gasto público (lo que podría representar ahorros de alrededor de 2% del PBI según el BID), este esfuerzo podría no alcanzar para reducir el elevado déficit fiscal que se registra y estabilizar el patrón ascendente de la deuda pública respecto del PBI. De hecho, el Informe Pre-Electoral del MEF establece la necesidad de identificar medidas de política que incrementen los ingresos públicos en al menos 0.7% del PBI.

Esta tarea no será trivial en vista de que los ingresos fiscales se han mantenido estancados los últimos años y la presión tributaria es baja. La dimensión del esfuerzo recaudatorio dependerá, sin duda, del crecimiento económico que se logre alcanzar y de la magnitud de las demandas de gasto público en el futuro.

“Una reforma deberá también contemplar la racionalización de los gastos tributarios para evitar la erosión de la base imponible y la generación de incentivos inadecuados”.

La política tributaria que se plantee deberá profundizar los esfuerzos que hoy lleva adelante el MEF por aumentar la base de contribuyentes y formalizar a un mayor número de personas y empresas, y reducir el elevado nivel de incumplimiento tributario que existe en el país.

Dado que los niveles de incumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) se mantienen elevados, 34.4% y 49.6% respectivamente, se debe continuar adoptando medidas antielusivas y de fiscalización con la finalidad de gravar la renta universal de los contribuyentes, cuestión que se logrará a medida que se profundice el intercambio de información entre las administraciones tributarias. Estos esfuerzos deberán complementarse con la masificación de las boletas electrónicas (que hoy abarca a más de 50% de los contribuyentes) y la simplificación del pago de impuestos.

No obstante, estos esfuerzos podrían ser insuficientes y el nuevo gobierno tendría que plantear un conjunto de medidas adicionales orientadas a incrementar los ingresos, mejorar la progresividad y estructura del sistema tributario. En primer lugar, las empresas se enfrentan a una compleja arquitectura tributaria que deriva en arbitraje, subdivisión de negocios, evasión y pocos incentivos para la formalización. Ante esto, se deberán simplificar los regímenes tributarios para pequeños negocios. Además, existen múltiples exenciones y deducciones que, además de estar desalineadas con otros países de la región, excluyen a cerca del 80% de los contribuyentes. Por ello, se podría modificar el tramo de inafectación del impuesto a la renta personal estableciendo que parte esté sujeta a la presentación de boletas electrónicas para deducir los gastos permitidos. Por su parte, se podría incrementar también la tasa del IGV en un punto porcentual, dado que este tributo cuenta con una base más amplia, una mayor eficiencia relativa en cuanto a su cobro, y un incremento de esta magnitud tendría un impacto limitado sobre el crecimiento económico. Este aumento estaría justificado en tanto sea para garantizar el financiamiento de una reforma estructural, como la previsional.

Si bien existe el potencial de generar mayores ingresos fortaleciendo la recaudación del impuesto predial, responsabilidad de los gobiernos municipales, se deberá primero impulsar las tareas de valuaciones, registros y catastros nacionales de predios y la actualización gradual de los valores arancelarios de terrenos y edificaciones, orientándolos al valor de mercado.

Por su parte, aunque políticamente más desafiante, una reforma deberá también contemplar la racionalización de los gastos tributarios para evitar la erosión de la base imponible y la generación de incentivos inadecuados. En el caso de ciertas exoneraciones, es más efectiva (y transparente) la adjudicación de gasto público en lugar de la inafectación del IGV, como lo muestra la experiencia de la Amazonía. En otros casos, se deberá iniciar un proceso de gradual eliminación, especialmente de incentivos tributarios que ya cumplieron con su objetivo promotor primigenio o que han probado ser ineficaces.

Una reforma tributaria que conjugue estos elementos permitiría incrementar los ingresos fiscales en alrededor de 2% del PBI, cuyo detalle puede encontrarse en www.propuestasdelbicentenario.pe. La oportunidad para la adopción de estas medidas es clave, para lo cual es fundamental contar con un plan de acción desde el primer día de gobierno y así aprovechar de la usualmente efímera luna de miel que se tiene al inicio de un mandato presidencial.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

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Una mala gestión pública compromete la cantidad y la calidad de la provisión de bienes y servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Por lo general, el análisis de la gestión pública a nivel de opinión pública se restringe a evaluar si se gastó mucho o poco, y no se enfoca en si se gastó bien o mal. Y a veces, lamentablemente, los que gastan un alto porcentaje de su presupuesto no necesariamente lo gastan bien. Por ello, es fundamental que la gestión pública se oriente hacia resultados y no se centre exclusivamente en la capacidad de gasto.

Como ha comentado mi colega Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, la ineficiente ejecución del presupuesto –sobre todo a niveles locales–, responde, principalmente, a tres causas. En primer lugar, a la inexistencia de una carrera pública que impide contar con capital humano capacitado para asumir estos retos. Esto sumado a la alta rotación del personal. En segundo lugar, a la falta de continuidad en los procesos. Cada nueva gestión cuestiona lo priorizado y realizado por sus predecesores. Estas idas y vueltas lógicamente se traducen en pérdida de tiempo y dinero. Finalmente, existe la tendencia a solo invertir en proyectos efectistas de corto plazo que no impactarán significativamente en la calidad de vida de la comunidad.

Una herramienta que, de ser correctamente usada, permitirá priorizar mejor las inversiones este 2020 será el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, elaborado por el Ejecutivo. Este ha calculado la brecha total de infraestructura del Perú en 363.000 millones de soles en el largo plazo, monto que equivale al 49% del PBI. Pero esta cifra, por inconmensurable que parezca, considera solo infraestructura pura y dura: construcción de hospitales y colegios, implementación de tuberías, etc. Es decir, si bien es fundamental cerrar las brechas de acceso, también lo es garantizar servicios de calidad y contemplar sus costos de mantenimiento. De poco sirve, por ejemplo, que el 85% de nuestros alumnos acceda a educación secundaria si, cuando se mide su rendimiento en segundo de media, solo el 14% obtiene resultados satisfactorios.

Esta inequidad justamente ha sido abordada por la edición 2019 del Informe sobre Desarrollo Humano. Este se centró en comprender la desigualdad en el siglo XXI, aquello que la impulsa y su impacto en el bienestar de las personas. Fue más allá de analizar el nivel de ingresos para enfocarse en dimensiones como la salud y la educación. Esto porque, si bien en el mundo se está avanzando en la reducción de las privaciones extremas, continúan existiendo amplias disparidades en el terreno del desarrollo humano. Por ejemplo, “en algunos países desarrollados el diferencial de esperanza de vida a los 40 años entre el 1% de la población con mayores ingresos y el 1% con menores ingresos es de 15 años para los hombres y 10 años para las mujeres”, señala el informe.

Para disminuir la desigualdad en la calidad de los servicios en nuestro país requerimos cambiar el modelo de gestión. Hacer las cosas diferente teniendo un norte definido (¿cuál es el plan?) y garantizando que los recursos de todos están siendo eficientemente empleados. Ese no parece haber sido el caso en el 2019. Ojalá el 2020 arranque con mayor claridad.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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