En este escenario, y en el marco del décimo aniversario de Videnza Consultores, les pregunté a cuatro exministros de Economía y Finanzas de esos países que se reunieron hace diez años en un cónclave de ministros de la Alianza del Pacífico cómo retomar el rumbo perdido.

“Me preocupa la falta de énfasis y de prioridad en el crecimiento económico. Muchos de los gobiernos de la región se han contentado con entrar a tratar de recaudar, de redistribuir, olvidándose que el mejor recaudador es el crecimiento económico de los países”, señaló Felipe Larraín, de Chile. Él sostuvo que la Alianza del Pacífico todavía “tiene todo el potencial de poder llevar la integración latinoamericana en los hechos a la práctica, y no quedarnos en los bonitos discursos que ocurren muchas veces después de las reuniones de otros organismos de integración regional sin mucho contenido”. Pero nos abandonó la calidad de la política y de las instituciones.

Coincidió con él Mauricio Cárdenas, de Colombia. “La política nos hizo una mala jugada”, porque nos sacó de lo pragmático, de la evidencia, y nos movió hacia políticas cortoplacistas. Ese inmediatismo desvirtuó la filosofía de la alianza de conformar un mercado más grande y atractivo para la inversión, impulsado por el sector privado. “Necesitamos retomar ese camino y la prueba reina de eso es que nuestros países no están creciendo bien”.

Para José Antonio Meade, de México, a la alianza le faltó una agenda que abordara los problemas cotidianos de la gente. “Mi impresión, sin embargo, es que la forma de responder a esa mayor exigencia de la ciudadanía no es hacer menos de lo que hacíamos antes; es probablemente hacer más. Yo creo que no hay un solo problema de los que enfrentan nuestros países que no se beneficie de una visión latinoamericana”. Como ejemplos señaló a la delincuencia, la falta de vivienda para los pobres y los riesgos del medio ambiente.

En el caso del Perú, Luis Miguel Castilla coincidió en que faltó ponerle rostro humano a la integración comercial. Mencionó tres desafíos a encarar. El primero es cómo propiciamos un Estado que brinde una capa mínima de protección a los ciudadanos. “Hoy lo vemos en la discusión previsional que hay en el país, donde, en lugar de abordar cómo ampliar la cobertura y cómo tener pensiones más dignas, son otros los móviles que están ahí puestos”.

El segundo reto es que caímos en una fase de total desconfianza y de crisis de gobernabilidad, de representación. Y el tercero es que, como parte del debilitamiento de la Alianza del Pacífico, cuyo gran líder fue el sector empresarial, comenzó una demonización de la actividad privada. El estatismo nunca será la salida, sino construir institucionalidad.

¿Cómo retomar las reformas procrecimiento? Cárdenas señaló una paradoja que debe hacernos reflexionar: que las cartas que tiene América Latina entre sus manos hoy son las mejores que ha visto. Y debemos aprovecharlas. El mundo está lleno de problemas geopolíticos, ninguno de los cuales se origina en nuestros países y frente a los que podemos ser parte de la solución. Sin embargo, somos la región que menos crece porque no tenemos una buena política. Se requiere liderazgo, confianza y un norte común.

Espero en una década poder decir que lo logramos.

Realizada por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 30 de abril de 2024.

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Hago esta reflexión dado el contexto de convulsión que se vive en diferentes puntos del país como consecuencia del incremento en el precio de productos de primera necesidad. La inflación galopante –que en marzo fue la más alta de los últimos 26 años– golpea especialmente a los peruanos de menores recursos, que constituyen precisamente la base de apoyo político del presidente Castillo. Especialmente paradójico es que el epicentro de las protestas sea Huancayo, capital de la región donde se gestó el partido político que lo llevó a Palacio. De no revertirse la tendencia, lo más probable es que el menguante respaldo presidencial entre rápidamente a terreno crítico.

Cierto es que las causas del incremento en precios tienen que ver principalmente con factores exógenos no atribuibles a la acción del gobierno, en particular con la guerra entre Rusia y Ucrania que ha presionado dramáticamente el precio internacional del petróleo. No obstante, está en manos del Ejecutivo establecer mecanismos para mitigar este shock temporal. De hecho, ayer sábado se anunció la reducción temporal del ISC al petróleo y la exoneración del IGV a ciertos alimentos. Sin embargo, estas medidas llegan tarde –luego de masivas protestas que dejan graves heridos y daños materiales– y, más preocupante, tienen serias deficiencias de diseño.

El problema con ambas disposiciones es que sus efectos trascenderán largamente a este episodio inflacionario. En política tributaria –por lo menos en Perú– toda reducción o exoneración de tasas termina siendo muy difícil de revertir en el largo plazo. Por ello, aunque el gobierno la anuncia como una medida temporal, en la práctica está promoviendo una reducción permanente de tasas. Esto es preocupante en un país cuya presión tributaria (alrededor del 15%) es de las más bajas de la región, y más aún si consideramos que venimos de dos años de profundo déficit fiscal (8.9% en 2020 y 2.6% en 2021). En este contexto, el gobierno debiera apuntar a fortalecer su recaudación y limitar sus exoneraciones. Ambas medidas van en la dirección contraria.

El otro problema con estas medidas es que no permiten la focalización. Es decir, tratan de igual manera al rico y al pobre, cuando los esfuerzos debieran estar direccionados a los más vulnerables.

¿Cómo podrían resolverse estos dos problemas de diseño? Por ejemplo, apostando por subsidios focalizados a alimentos o con transferencias directas a los hogares en situación de mayor riesgo. Esto no comprometería las finanzas públicas de largo plazo –pues son medidas efectivamente temporales– y evitaría que termine beneficiándose a hogares cuya situación no es apremiante.

Finalmente, para hacer frente a este tipo de shocks temporales, es fundamental que el gobierno genere los recursos que le permitan disponer de presupuesto. En ese sentido resulta paradójico que hoy, con precios de nuestras materias primas a niveles históricamente altos, tengamos una inversión privada estancada, con un crecimiento estimado de 0% para el 2022 según el BCR.

Ojalá el presidente y su entorno comprendan pronto que ninguna reivindicación social será posible sin una economía con buen pulso. El tiempo corre y los peruanos esperamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 03 de abril de 2022 en el diario Perú21.

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En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Su autor es el reconocido economista, profesor y consultor Michael Porter, experto en estrategia corporativa y competitividad de las naciones. La pronunció la semana pasada, en “Perú Sostenible 2020”, un evento de primer nivel organizado por la asociación de empresas Perú 2021.

Porter sostiene que el empresariado puede satisfacer necesidades sociales de una manera que a los gobiernos les resultará muy difícil, porque tiene las capacidades estratégicas y el talento para hacerlo. A esto se le llama crear valor compartido.

Se suele creer que resolver los problemas de un país –incluido el crecimiento económico– es tarea exclusiva del Gobierno. Y, ciertamente, el Perú tiene muchos retos, sobre todo en cuanto a fortalecer sus instituciones, cuya debilidad afecta la competitividad y el éxito económico. Pero Porter señala que aquellos países en los que el empresariado está dispuesto a asumir la responsabilidad o corresponsabilidad de hacer al país mejor, son los que mayor crecimiento y bienestar están consiguiendo. “Los empresarios deben ser parte de la solución, no solo quejarse”.

Pensar que los empresarios hacen negocios y que el Gobierno es responsable de todo lo demás es caer en una visión simplista e ineficiente. Para avanzar hacia una economía del primer mundo, el empresariado debe involucrarse y aportar su conocimiento sobre innovación, uso de tecnología, y habilidades organizacionales y de gestión. Esto implicará que la mentalidad de los propios funcionarios se adapte también; hay que construir una nueva relación empresariado-Estado y romper las barreras que cada uno tiene frente al otro. De ida y vuelta.

Pero, claro, ¿cómo hacer esto? Porter responde que, para empezar, los empresarios deben entender que su rol en los negocios va mucho más allá de liderar una gran empresa y producir ganancias. “El empresariado es la única institución de la sociedad que puede crear riqueza y prosperidad. El Gobierno no puede. Lo que el Gobierno hace es usar esa riqueza, pero no la crea”. El conductor de la economía de un país es el empresariado, no el Gobierno.

Y agrega Porter: “El capitalismo es una poderosa herramienta no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social. Porque abordar problemas sociales desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, producirá una solución escalable y autosostenible”. No es filantropía para mejorar la reputación corporativa; es entender que éxito económico y social no solo no se contraponen, sino que se complementan. Se crea un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Para ilustrar su punto, el expositor resalta la importancia de la educación y pone como ejemplo Innova Schools. Esta iniciativa de Intercorp es hoy un caso de estudio de valor compartido en Harvard Business School. El objetivo estuvo claro desde el inicio: crear un colegio de categoría internacional, asequible para la clase media emergente y que pudiera ser escalable a todo el sistema educativo peruano. Hoy es la red de colegios privados más grande del país. “Muestra el enorme poder del empresariado yendo más allá de sus negocios, como factores de cambio en la sociedad”.

Tener buenos colegios beneficia al empresariado, porque habrá gente más preparada y productiva. Lo mismo con la salud: invertir desde el sector privado en esquemas de prevención y de atención primaria de calidad disminuiría el ausentismo laboral, mejoraría la productividad y demandaría menos costos en tratamiento.

La otra cara de la moneda es lo que vemos en un sector del empresariado peruano, más preocupado por generar ganancias a toda costa que por escuchar a sus clientes. Un ejemplo claro, lamentablemente, son los fondos privados de pensiones. Es un sistema que tiene fallas estructurales, de planteamiento de modelo, que bien harían sus representantes en corregir. Evitarían que el descontento de sus propios afiliados –con quienes no han sabido construir legitimidad ni alianzas– los lleve a apoyar medidas legislativas populistas que pongan en jaque lo avanzado.

La agenda social compete a todos, pero Porter pone el foco en los empresarios para que se asuman como verdaderos líderes. ¿Alguien dijo yo?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Según el Índice de riesgo climático global, el Perú fue el tercer país más vulnerable en América del sur frente a los eventos vinculados al cambio climático en el periodo 1998-2018 (Ekckstein y otros, 2019). Además, en sectores como agricultura, los impactos del cambio climático generarían una potencial reducción en los ingresos de los productores de entre 8 y 13%, dependiendo de cuánto aumente la temperatura (Galindo y otros, 2015).

Hoy, las acciones tomadas para hacer frente a la COVID-19 han afectado nuestras finanzas públicas. El país ha debido priorizar estrategias y recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, revela que la deuda pública del Perú como porcentaje del PBI se incrementaría en 8.8 p.p. respecto a lo registrado en el 2019. Asimismo, según el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, el presupuesto del Estado por fuente de recursos ordinarios se reduciría en 15 p.p. respecto al 2020.

El sentido de urgencia y las decisiones políticas ante la emergencia medioambiental son aún insuficientes en América Latina (Bárcena y otros, 2020). En el Perú, el deterioro de las finanzas públicas debido a la pandemia deja poco espacio para hacer frente a los impactos del cambio climático. En un escenario normal, el país podría acceder a fondos no reembolsables y al financiamiento a través de bancos multilaterales o bilaterales, estos últimos estarían supeditados a la capacidad del Estado para reactivar la economía.

Por ello, surge como opción de financiamiento el acceso fondos climáticos no reembolsables. En el 2016, el Perú accedió a 15.98 millones de dólares provenientes de fondos climáticos. No obstante, esta cifra representó el 3.5% del total del financiamiento climático del país y el 3.6% de la cartera de fondos provenientes de fondos climáticos para América Latina y el Caribe ese mismo año (Samaniego & Schneider, 2019).

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) es una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París. En el 2015 inició operaciones, al año siguiente financió su primer proyecto en el Perú y un segundo proyecto desarrollado en América Latina y África Subsahariana. El Perú también ha participado en programas de preparación para acceder a más recursos del fondo. Sin embargo, a la fecha se ha beneficiado menos de estos fondos en comparación a otros países de la región:

En este contexto de escasez de recursos, se vuelve más importante alinear las políticas de desarrollo nacional con las metas climáticas. Además, tomar acciones que puedan incorporar ambas emergencias como parte de las prioridades nacionales hacia un desarrollo sostenible.

El país tiene en los fondos climáticos una oportunidad de acceder a financiamiento no reembolsable que permita implementar proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Aunque por su magnitud no serán suficientes para hacer frente a todos los compromisos que el Perú ha asumido la CMNUCC, estos fondos son una oportunidad de financiamiento que deberá utilizarse eficientemente. Por ejemplo, priorizando intervenciones que no solo generen un impacto positivo en el medioambiente, sino que tengan el potencial de reactivar la economía.

Por: Roxana Vivar y Mauricio Ibáñez, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Por un lado, en su reciente reporte “Condiciones de vida de la población en riesgo frente a la pandemia”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) destaca que los grupos más afectados por la pobreza son los indígenas y afrodescendientes, lo que intensifica su exposición a la COVID-19. En este sentido, no es sorprendente, aunque sí desalentador, que la población de lengua nativa (quechua, aimara o lengua de la Amazonía) presente una tasa de pobreza muy por encima de la población cuya lengua materna es el castellano: 30,5% versus 17,6%.

Por otro lado, la exposición a metales pesados, deforestación y contaminación ambiental de los ríos genera precariedad en las condiciones de salud de las comunidades nativas. Ello debilita sus defensas inmunológicas, según advirtió en abril último el doctor Oscar Espinosa, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Entre las acciones del Estado para mitigar el impacto de esta enfermedad destaca el “Plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía”. Si bien se aprobó a fines de mayo, recién el 23 de junio —cien días después de decretada la emergencia nacional— se transfirió S/ 74´558,670, monto 16% menor al presupuesto inicial señalado en la Resolución Ministerial N.º 308-2020-MINSA. Al 18 de agosto, la ejecución por parte de los Gobiernos regionales era de 14%, y la del Gobierno nacional era de 0.8%.

Pero esta demora no se da solo en la ejecución del gasto, sino también en acciones vinculadas al plan. Por ejemplo, la conformación de los comandos COVID indígenas. Estos son de suma importancia porque tienen responsabilidades esenciales como difundir información, monitorear el abastecimiento de medicamentos, facilitar el ingreso de brigadas de salud, solicitar reporte de cifras, etc. A la fecha, solo se han conformado cuatro de los diez comandos COVID-19 indígenas que deberían existir.

Al igual que con los bonos monetarios, las medidas correspondientes a las comunidades indígenas tienen deficiencias en la asignación porque no benefician a toda la población vulnerable. Ante ello, diversos dirigentes de las comunidades han realizado pronunciamientos. A fines de abril, Reuters denunciaba que ocho líderes indígenas, en representación de 1,800 comunidades de la Amazonía, sostenían no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Y en una entrevista a Perú 21 de mayo último, el presidente del consejo Shipibo Konibo resaltó que, si bien las autoridades fueron a tomar pruebas y llevaron víveres, la atención fue recibida en una sola comunidad a pesar de que la población estimada de estos pueblos indígenas es de 32,964.

Además, a fines de junio la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) envió una carta a las Naciones Unidas expresando que dicho plan de intervención no abarca a toda la población vulnerable en San Martin. En la misiva destacó un aspecto fundamental: la interculturalidad. Esta comprende no solo la traducción de mensajes a las lenguas originarias, sino armar los mensajes para que sean bien percibidos y entendidos por las comunidades tomando en cuenta su entorno. Por ejemplo, una recomendación tan simple como el lavado constante de manos puede no ser pertinente en algunas comunidades indígenas amazónicas, considerando que solo una de cada cuatro tiene acceso al servicio público de agua, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La pandemia ha resaltado desigualdades de las comunidades indígenas en entorno de pobreza. Si bien el Estado ha sumado esfuerzos para mitigar sus impactos, estos no parecen ser suficientes. Realizar acciones concretas y coordinadas con los líderes indígenas incluyendo el aspecto intercultural es un primer paso. Atacar de raíz la pobreza para que otra crisis sanitaria no tenga efectos tan negativos es otro paso largo y difícil, pero necesario.

Realizado por: Janice Seinfeld y Maria Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Por otro lado, desde una perspectiva económica y social, los desbordes populares observados sobre todo en los mercados de los distritos periféricos y en los grupos de personas que buscan masivamente regresar a sus regiones de origen, así como los reclamos de los gremios empresariales ante la enorme pérdida de empleos y actividad económica, sugieren que cada día que pasa el costo de la cuarentena se hace insostenible para los segmentos de menores ingresos y para las empresas. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reportó que el 51% de la población entrevistada teme más al hambre que al coronavirus.

En el contexto de esta discusión, es útil recurrir a las herramientas básicas de la microeconomía para construir un marco conceptual que permita evaluar hasta qué punto puede ser sostenible la política de extensión continua del periodo cuarentenario.

En el siguiente gráfico se puede observar, en primer lugar, la curva del Beneficio Marginal Social (BMgS) de estar en cuarentena. Esta señala que el beneficio para la sociedad de extender la cuarentena por un día adicional es positivo, aunque decreciente. Durante los primeros días de la epidemia, la tasa de contagio (R0) es alta —el R0 del COVID-19 era cercano a 3 al inicio de la pandemia— y las medidas restrictivas evitan, por un lado, que el virus se propague a muchos y, por otro, que se pueda mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. En la medida que la cuarentana se sigue extendiendo, la tasa de contagio irá disminuyendo y, por consiguiente, cada día se producirán menos contagios. El beneficio para la sociedad será positivo, pero cada vez menor. Por lo tanto, el BMgS tiene una pendiente negativa, pues conforme se va ampliando la cuarentena, esta es menos beneficiosa para la población.

El gráfico muestra, también, la curva del Costo Marginal Social (CMgS) de estar en cuarentena. Esta tiene una pendiente positiva, porque por cada día adicional que se deja a la población en cuarentena, sus costos en términos de empleos pérdidos, menores ingresos, disminución de la capacidad productiva y costos fiscales de protección social son cada vez mayores.

En un momento del tiempo como t₁, la decisión de extender la cuarentena por un día más es conveniente para la sociedad porque los beneficios de dicha ampliación superan a sus costos. El gráfico muestra también que el momento límite para la prórroga está definido por el punto E en el día t₀, cuando los beneficios y los costos son similares. Prorrogar la cuarentena más allá del periodo t₀ —por ejemplo, hasta t₂— puede resultar tremendamente costoso para el país, pues cada día que pasa sus costos resultan superiores a sus beneficios.

En la medida que el periodo acumulado de la cuarentena vaya más allá de t₀, será más difícil y costoso mantener el estado de inmovilidad de la población y probablemente los niveles de desobediencia civil superen los límites que un Gobierno pueda controlar.

El corolario del análisis microeconómico señala que a partir de t_0,  para la lucha contra el COVID-19 será necesario contemplar una estrategia de mayor flexibilidad para las actividades productiva y comercial combinada con medidas de confinamiento más selectivas orientadas a proteger a los grupos más vulnerables. El comportamiento de la población en los últimos días —de circular cada vez más masivamente en las calles sin permiso—, así como el nivel de actividad económica, sobre todo informal, observado en los mercados y alrededores, parecen sugerir que, efectivamente, el país se encuentra a la derecha de t₀.

Por: Milton von Hesse y Franco Sebastiani, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Este cambio de paradigma resultará especialmente importante para las medianas y pequeñas empresas (mype). Recordemos que en el 2018 estas aportaron el 19% del PIB peruano y emplearon al 46.8% de la PEA nacional. Sin embargo, el 83% de ellas laboró en la informalidad, lo cual expone su vulnerable situación. Lo mencionado tiene mayor relevancia en el sector servicios, conformado principalmente por mype.

El sector servicios, que representa el 60% del PIB, viene siendo uno de los principales afectados por el COVID-19, puesto que la inmovilización social impide o, en el mejor de los casos limita, la atención a sus clientes. Según el informe “Perú: Estructura Empresarial, 2018” del INEI, los servicios de comida y bebida, considerados esenciales, son conducidos por el 20% de las mype existentes. Hoy, sin embargo, muchas están forzosamente inoperativas.

Antes de esta pandemia, el pronóstico para el rubro de restaurantes era muy positivo, con un índice de producción de 4.94% para el período febrero 2019-2020, superior a otras actividades del sector servicios. Esto venía impulsado por la apertura de nuevas sucursales, alianzas estratégicas y también por apelar a descuentos mediante aplicativos móviles, publicidad en redes sociales y al uso de aplicaciones de conectividad entre oferta y demanda como Glovo o Rappi delivery. Vale decir, un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en favor del modelo de negocio.

Estas nuevas tecnologías serán claves para que muchos negocios puedan llegar a sus clientes finales. Un ejemplo es el modelo de “dark kitchen”, que ya daba ciertas señales importantes. Este significa pasar del restaurante convencional a dedicarse solo a elaborar comida para envíos a domicilio por medio de las plataformas de delivery. Gracias a ello, muchos emprendedores del rubro gastronómico están logrando un mayor alcance geográfico sin incurrir en inmensos gastos de alquiler. ¿Serán este tipo de estrategias el salvavidas para las mype del sector? ¿Cuántas tendrán la capacidad de reinventarse? ¿Y cuántas demandará el mercado antes de saturarse?

Existen distintas maneras en las que el Estado peruano podría apoyar a las mype en este contexto, particularmente en su proceso de digitalización. Debería ser la oportunidad para impulsar la hoja de ruta sobre economía digital, anunciada el año pasado por el Ministerio de la Producción. El Kit Digital 2.0, plataforma que brinda servicio de asesoría a mype, también sería un recurso útil.

Países como España también fomentan este tipo de programas. Su plan AceleraPyme establece medidas para impulsar procesos de digitación y hoy sus acciones están enfocadas en atenuar el efecto negativo del COVID-19 brindando soluciones tecnológicas y acceso a financiamiento a las empresas.

Como en muchos sectores, la coyuntura actual exige generar soluciones intensivas en el uso de plataformas digitales. Esto de la mano de protocolos sanitarios claros que permitan resguardar la salud del personal y de los usuarios. Finalmente, de eso se tratan las crisis: de encontrar nuevas oportunidades de avance en un camino incierto y pedregoso.

Por: Roxanna Vivar y Sophia Torres, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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En setiembre último, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha recalculado la brecha total de infraestructura en 363.000 millones de soles en el largo plazo. Este monto, que equivale al 49% del PBI peruano, es, en parte, lo que nos separa de ser un país más desarrollado.

Al priorizar 52 proyectos que se complementan entre sí y que se espera ejecutar principalmente vía asociaciones público-privadas, este plan nos ofrece predictibilidad. Esta es una excelente noticia para el sector privado, porque sabrá en qué está trabajando el Estado. Pero también es una buena señal dentro del sector público, pues ha implicado alinear objetivos y articular sectores. Sin planificación no se avanza, y esa sigue siendo una gran debilidad de nuestro país.

Otro punto a rescatar es que dichos proyectos son parte de los planes multianuales de infraestructura de los sectores y están incluidos en el presupuesto multianual, con lo que tienen financiamiento garantizado. Esto abonará en la transparencia y contribuirá –esperamos– a minimizar el riesgo de corrupción.

Ahora bien, veamos algunos sectores. La brecha de transporte es de casi 161.000 millones de soles, la de educación bordea los 6.000 millones, la de agua asciende a 24.000 millones, la de saneamiento a 71.000 millones, y la de salud, a 58.700 millones. Estos montos consideran infraestructura pura y dura –construcción de hospitales, colegios, tuberías, etc.–, pero no contemplan los costos del servicio ni de mantenimiento. Para que consigan garantizar servicios de calidad, en muchos casos se tendrá que cambiar el modelo de gestión y hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, el 85% de los alumnos acceden a educación secundaria, pero cuando se realiza la prueba de evaluación censal a estudiantes de segundo de media, solo el 14% obtiene los resultados satisfactorios para el año. Es decir, uno de cada diez. Y en lenguaje, 16%; menos de dos de cada diez. Y solo el 30% de quienes egresan de secundaria continúan estudios superiores, sean técnicos o universitarios.

En cuanto al agua, si bien el 91% de los hogares cuentan con ella, solo el 4% de hogares en zonas rurales acceden a fuentes de agua segura, cifra que en zonas urbanas llega a 54%. De hecho, según un estudio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) que mide gobernanza y gobernabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) –es decir, cómo se desenvuelven hacia afuera y hacia adentro–, de las 49 EPS existentes, 40 tuvieron resultados bajos o muy bajos, y nueve obtuvo resultados regulares. Claro está que ninguna consiguió buenos resultados.

Un ejemplo de modelo de gestión pública que ha incorporado la eficiencia del sector privado lo vemos en Sepadal, que tercerizó tanto el tratamiento de aguas residuales como su gestión comercial. Al mejorar los procesos de medición, facturación y cobranza, obras de rehabilitación y sectorización, entre otros, logró reducir en 62% el agua no facturada. Además, toda la información que recaba sirve como línea de base que permite luego saber qué es lo que se espera y cuáles son los indicadores de mejora de resultados que se necesitan. Cabe destacar que solo en Sedapal se tienen tasas significativas de tratamiento de aguas residuales; el resto de EPS no superan el 50%. Además, las empresas pequeñas dejan de facturar el 44% de la producción de agua.

Finalmente, en salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es una política de Estado que, esperamos, sea implementada como tal por las siguientes administraciones. Solo así lograremos articular a los sectores privado y público para que la economía de mercado llegue, efectivamente, a todos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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