Sin lugar a duda, en un país tan inestable y polarizado como el nuestro, mucho ha pasado en esta última década. Hoy las realidades económica, social y política son bastante distintas y, lamentablemente, no para mejor. En el 2014 el presidente era Ollanta Humala, el tercero elegido democráticamente desde el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de vacancias presidenciales ni de disoluciones constitucionales con tanta ligereza como ahora. En economía, la producción venía de crecer a tasas de hasta 6%, y la pobreza se había reducido en 8 puntos porcentuales en apenas cuatro años: pasó de 30.7% a 22.7%. El panorama pintaba prometedor.

Pero, tras las elecciones del 2016 empezó este periodo caótico del cual aún no podemos salir. Tras asumir la Presidencia en julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una férrea oposición desde el Congreso de la República que, sumada a sus propios errores, lo llevan a renunciar en marzo del 2018. No obstante, ya desde fines del 2016, la agenda estaba agitada por el estallido del caso Lava Jato, del que forma parte el caso Odebrecht.​

El 2017 llega con acontecimientos como los fuertes impactos del fenómeno de El Niño, y la orden de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. En contraposición, la noticia que sin duda salva el ánimo nacional es la clasificación del Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, el Mundial de Rusia 2018.

Hacia fines del 2017 se da el primer intento de vacancia a PPK. En marzo del año siguiente, tras la revelación de nuevos escándalos de corrupción, PPK se ve forzado a renunciar. Desde ese año nos hemos vuelto expertos en vacancias, pedidos de confianza y disoluciones. Además, las noticias judiciales se hacen parte común de nuestra política. En mayo del 2018 se solicita la extradición de Alejandro Toledo, en octubre se dicta prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

El 2019 no se queda atrás: en abril el expresidente Alan García se suicida para evitar su detención y en setiembre, el entonces mandatario Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Nuestro PBI no vuelve crecer por encima de 4% y la pobreza casi que no se reduce.

Desde 2020, y por los siguientes dos años, la COVID-19 marca la agenda de todo el planeta. En nuestro país los resultados son devastadores, con más de 200,000 muertos, personas suplicando por oxígeno, y escenas dantescas de familias con sus hijos en hombros caminando cientos de kilómetros para volver a sus comunidades de origen. La pandemia nos muestra, de la manera más cruda, lo mucho que teníamos por mejorar. Esto mientras, en plena emergencia sanitaria, el Congreso decide vacar al presidente, se desatan protestas violentas en Lima y el escándalo del “Vacunagate” termina por mellar la moral nacional. Luego vendrían las elecciones del 2021 y todos los escándalos que, dada su cercanía en el tiempo, ya no vale la pena recordar.

La intención de este resumen, poco exhaustivo y sin duda con muchos vacíos, no es deprimir al lector, aunque así lo parezca. Busca valorar y dimensionar la magnitud del esfuerzo de los peruanos por tratar de salir adelante. En el caso de Videnza, seguimos y seguiremos comprometidos con construir valor para nuestro país.

Escrito por: Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto 

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Sin embargo, Israel es un caso interesante a mirar. Más del 60% de su población está completamente vacunada y es el único país que ha inmunizado con la tercera dois a un tercio de sus habitantes. Tomó esta decisión cuando, desde junio, los contagios se empezaron a duplicar cada siete a diez días y más de la mitad de ellos se daban en personas completamente vacunadas. Las cifras disminuyeron cuando se impulsó el refuerzo de la tercera dosis.

Una investigación difundida este miércoles y dirigida por un grupo interdisciplinario de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Technion de Hai status fa, el Hospital Sheba de Tel Aviv y el Instituto de Ciencia Weizmann, junto con el Ministerio de Sanidad de Is Isael y otros centros de investigación, concluyó que la tercera dosis elevó la protección frente a la COVID-19 hasta el 95% entre los mayores de 60 años, los primeros en recibirla. Dos días después, un panel de asesores de la FDA recomendó la tercera dosis para los mayores de 65 y para personas en riesgo alto por su historial médico en Estados Unidos.

Pero en Israel, el 12% de sus habitantes se ha negado a vacunarse, y casi el 25% de menores de 12 años aún no pueden recibir la inoculación. Lo mismo vemos en nuestro país: hay un problema de demanda. Vacunatorios vacíos o donde hay que esperar a que lleguen por lo menos cinco personas para poder abrir el paquete de vacunas. Otros que rechazan vacunarse con Sinopharm, pese a que la evidencia científica confirma su efectividad. Mientras todos no estemos inmunizados, la pandemia no se irá.

En una reciente encuesta de Datum a nivel nacional, el 53% consideró que el Gobierno no está preparado para enfrentar una tercera ola. Solo 12% siente que hay avances en vacunación y compra de vacunas, y únicamente 7% cree que se está reactivando la economía. ¿Qué espera el mandatario para abordar estos temas absolutamente prioritarios? ¿Evaluaremos aplicar terceras dosis a los inmunodeprimidos y mayores de 65 años mientras impulsamos la vacunación entre los menores de 16? ¿Qué propone para luchar activamente contra la desinformación y desterrar mitos en torno a la vacunación? El presidente ¿regresará de su periplo internacional con esta agenda clara?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 19 de septiembre del 2021 en el diario La República.

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En primer lugar, hay alrededor de 306,023 adultos mayores que no han vuelto por su segunda dosis. Es fundamental tener el esquema completo de vacunación para recibir la protección adecuada. Sobre todo, tomando en cuenta la reducción en la efectividad por las variantes del virus, en particular la delta, que ahora golpea al hemisferio norte.

Asimismo, hay aproximadamente 916,960 adultos mayores de 60 años que no han sido vacunados. La mayoría está en Lima (169,187), Puno (89,143), Cajamarca (74,798) y Piura (68,190). Si ajustamos las cifras respecto a la población, Puno, Loreto, Ucayali y Huánuco se muestran bastante rezagados: más del 40% de este grupo de personas no están protegidas ni siquiera con una dosis. Es decir, son altamente vulnerables ante una eventual tercera ola.

El proceso de vacunación presenta desigualdades preocupantes en su cobertura. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) se encarga de distribuir las vacunas a los departamentos, cada Gobierno regional es responsable del programa en su territorio. Así, Tacna está vacunando población mayor a 24 años, mientras Puno sigue inmunizando a los mayores de 50 años y dispone de inventarios altos de una vacuna en particular, aparentemente poco aceptada. Esta inequidad se explica más por problemas en la gestión regional o propias del contexto social existente que por la escasez de vacunas.

La información provista por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) indica la proporción de las dosis aplicadas del total de vacunas distribuidas. Como vemos, mientras EsSalud o las Direcciones de Redes Integradas (DIRIS) de Lima tienen coberturas cercanas al 100%, Madre de Dios y Ucayali han aplicado la mitad de las dosis que tienen desde el inicio de la campaña. Intranquiliza la situación de estas regiones, pues muestran una velocidad lenta de vacunación. Es urgente adoptar estrategias de comunicación intercultural para romper la cadena de desinformación que genera poca confianza en determinadas vacunas, alentada por nefastos “líderes de opinión”.

Las vacunas solo protegen si son aplicadas. No hay que inventar la pólvora para cambiar esta situación: se pueden adaptar las buenas prácticas de las instituciones y departamentos que lo vienen haciendo mejor.

Sumado a la gestión de la vacunación, hay puntos críticos que no se han resuelto en los últimos meses. Por ejemplo, la capacidad de pruebas de diagnóstico está por debajo de otros pares regionales y de las recomendaciones internacionales. Mientras que Colombia y Chile hacen 1.4 y 2.8 pruebas moleculares o de antígenos por cada 1,000 personas al día respectivamente, en el Perú se hace 1.1. En el peor día de la segunda ola (9 de abril) se hicieron 1.9. Sin embargo, Lima concentra alrededor de la mitad de todas las pruebas. Tampoco se ha impulsado el rastreo de contactos. Esto es algo que puede implementarse ahora, dado que la positividad de las pruebas es baja (alrededor del 4% a nivel nacional).

Muchos de los problemas estructurales que contribuyeron a la crisis sanitaria —como la informalidad y el hacinamiento—, se mantienen o han empeorado por la crisis económica. Asimismo, aún se privilegia el “teatro de la limpieza” —como la desinfección de suelas de zapato—, en lugar de exigir medidas efectivas: ventilación en el transporte público, mercados y las escuelas cuando se reabran.

Es clave aprovechar este periodo para incrementar la disponibilidad de oxígeno, priorizar la atención temprana desde el primer nivel de atención, dejar de recetar, dispensar y usar medicamentos innecesarios, entre otras medidas. A la par, se debe acelerar el ritmo de vacunación usando medios de comunicación masivos como radio y televisión, con mensajes adaptados al contexto local; extender los horarios de vacunación considerando la dinámica de la población; brindar incentivos a los ciudadanos por completar las dos dosis con apoyo de iniciativas privadas, como ya empezó a ocurrir en Tacna; replicar el vacunatón en otros departamentos o desplegar otras estrategias acordes al medio; y expandir los centros de vacunación en los distritos con mayor población.

En países con terceras olas guiadas por la variante delta y alto porcentaje de vacunados se observa menor hospitalización y mortalidad que en la segunda ola, como el caso de Reino Unido. Pero aquellos con baja cobertura presentan los peores números desde el inicio de la pandemia, como Rusia. El Perú sigue de luto. Debemos actuar ahora con responsabilidad y transparencia para evitar que la tragedia continúe.

Realizado por: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Un claro ejemplo de cómo las fake news nos pueden llevar a adquirir comportamientos irracionales y darnos una sensación de falsa seguridad es el tan normalizado mal uso de los termómetros de radiación infrarroja. Esos que se utilizan al ingreso de centros comerciales, restaurantes y demás establecimientos o instituciones. Veamos.  

Los protocolos sanitarios para la reanudación de diferentes actividades establecen como requisito la medición de la temperatura corporal con termómetros de radiación infrarroja, que evitan el contacto con otra persona u objeto. Los protocolos aprobados, así como la Dirección de Metrología del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) de Perú, concuerdan en que la medición adecuada debe realizarse en la frente, sien o detrás del oído del individuo, por no más de tres segundos y de manera paralela a la superficie donde se mide, la cual debe estar limpia y seca.

Es decir, la medición de la temperatura en la muñeca o alguna parte del antebrazo no es útil para identificar con precisión si una persona tiene o no fiebre. Sin embargo, hoy en día, salvo excepciones, la medición de la temperatura en esta parte del cuerpo se ha convertido en la norma social. ¿Por qué? Pues por la difusión de información falsa. Hace ya más de seis meses se esparcieron rumores sobre el peligro de la radiación de estos aparatos en las neuronas y el cerebro. Por ello, muchas personas comenzaron a exigir que la medición de temperatura se realice en los brazos y no en la sien o frente, tal como las autoridades sanitarias y las indicaciones de los propios dispositivos señalan.   

Así, una medida de prevención como la toma de temperatura, que ya de por sí tiene importantes limitaciones porque al menos una de cada cinco personas contagiadas sería asintomática, se convierte en virtualmente inútil por rumores infundados. Si bien ha habido ciertos esfuerzos por desmentirlos, como dar entrevistas en medios y publicar videos informativos y notas periodísticas, estos no han tenido éxito.

El caso del mal uso de los termómetros nos muestra cómo la información falsa se puede “contagiar” muy rápidamente. De hecho, según una investigación publicada en la revista Science, la información falsa tiene más alcance y se transmite más rápido y más profundamente que la verdadera. Esto porque suele inspirar miedo, disgusto o sorpresa, y por su factor de novedad y excepcionalidad: una “noticia” sobre cómo el termómetro te puede matar las neuronas es claramente novedosa y excepcional.

Ciudadanos y autoridades debemos hacer todos los esfuerzos necesarios por combatir la desinformación. En el caso de los termómetros, viralicemos tres ideas claves: los termómetros infrarrojos no dañan las neuronas, es inútil medir la temperatura en el brazo e, incluso con una buena medición, el no tener fiebre no significa que no se pueda estar contagiado.

Realizado por: Nicolás Besich y Verónica Tello, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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“Hemos hecho un plan de segunda ola que incluye no solo los hospitales, sino también el primer nivel de atención, que lleva a cabo la contención del mal”, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, el miércoles último.

Esto porque en la primera ola de la COVID-19 se optó por contener la emergencia sanitaria desde los hospitales —que son el tercer nivel de atención en salud— y se cerró el primer nivel de atención —centros de salud y postas médicas—. Este replanteamiento de estrategia es, justamente, lo que el sistema y, sobre todo, los pacientes necesitan.

El primer nivel de atención es aquel adonde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud. En el Perú, uno de cada dos establecimientos no tiene médico. Esta situación es anterior a la pandemia e incluso se da por normativa; es decir, ni siquiera responde a ineficiencia.

Además, nueve de cada diez establecimientos públicos usan historias clínicas en papel, en contraposición con las historias clínicas electrónicas. Esto lleva a que un mismo paciente, cuando acude a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, deba repetir exámenes de apoyo al diagnóstico y realizarse todos los análisis. Además del obvio desperdicio de recursos, es un maltrato al ciudadano.

Un esquema eficiente debe poder atender el 85% de la demanda de servicios de salud de la población. Solo deberían “subir” al segundo nivel el 10% y al tercero el 5% de los pacientes. Esto implica que el foco debe estar en ofrecer servicios oportunos y completos desde el primer nivel de atención.

Pero lo que tenemos en el Perú es un sistema invertido. En este esquema “hospitalocéntrico”, el primer nivel de atención es muy débil, está desarticulado y solo recibe el 24% del presupuesto general. Por eso, ocho de cada diez de estos establecimientos tienen infraestructura precaria y equipos obsoletos. El segundo nivel de atención prácticamente es inexistente y no impide que la demanda escale al tercer nivel hospitalario. Es a este nivel de hospitales de alta especialización adonde se destina el 65% del presupuesto total, el 61% del presupuesto en recursos humanos y el 83% de los suministros médicos.

El foco en el sistema de salud peruano ha estado centrado en la construcción de hospitales a través de la obra pública tradicional. Esto lleva a tener S/ 1.900 millones congelados en 14 hospitales cuya construcción está paralizada. Y que, de ser inaugurados, carecerán de personal, equipos, tecnología e información.

El esquema debe virar de la obra pública tradicional de cemento y ladrillo a un modelo centrado en el nivel de servicio, principalmente en este primer nivel de atención. En este nuevo modelo será imprescindible que Estado y empresariado establezcan alianzas que, vía asociaciones público-privadas, permitan a los peruanos acceder a salud de calidad.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Hace unos días tuve la oportunidad de participar de un webinar organizado por el International COVID-19 Behavioural Insights & Policy Group de la UN Innovation Network, donde el reconocido profesor de psicología y economía del comportamiento Dan Ariely trató estos temas desde el punto de vista de las ciencias conductuales. A continuación, presento un resumen de sus principales ideas.

Para entender mejor la situación, lo primero es ordenar a la población desde aquellos que están totalmente a favor de la vacuna, hasta aquellos totalmente en contra y que nunca se vacunarían. Sobre este último grupo vale la pena mencionar que, aunque su presencia en medios y redes sociales haga pensar lo contrario, es en general bastante reducido y, la verdad, es poco lo que se puede hacer para cambiar su opinión. En medio de estos dos grupos están aquellos que tienen dudas y temores sobre vacunarse –de hecho, según la misma encuesta de IPSOS Perú, las dos principales razones para rechazar las vacunas son el temor a posibles efectos secundarios (52 %) y su desarrollo acelerado en los laboratorios del mundo (30 %). ¿Cómo entender mejor estos temores?

 Desde el punto de vista de las ciencias conductuales, una explicación está asociada al concepto de “arrepentimiento asimétrico”. Este nos dice que el nivel de arrepentimiento que podríamos tener ante un mismo evento negativo es mayor en una situación de elección activa que en una pasiva. Imaginemos que tenemos una ruta habitual para ir a trabajar y, justo el día que decidimos probar una nueva ruta, sufrimos un accidente. ¿Nuestra sensación de arrepentimiento será mayor si el accidente ocurre en la ruta habitual o en la nueva ruta? Aunque el accidente no tenga nada que ver con la ruta, nuestra molestia tendrá mayor intensidad y duración si el accidente ocurre el día que cambiamos de ruta. En el caso de las vacunas, la molestia y sentimiento de culpa serán mucho mayores si pasa algo malo después de vacunarnos que si pasa sin vacunarnos. En este sentido las vacunas en general sufren de un problema de tiempo: cualquier evento negativo que ocurra después de recibir la vacuna será fácilmente atribuible a la vacuna, aún si no tiene nada que ver con ella. Peor aún, esa asociación entre evento negativo y vacuna será llamativa y sobredimensionada en redes y medios.

¿Qué podemos hacer, entonces, para fomentar la vacunación sobre todo en este grupo con dudas y temores? Ariely propone algunas ideas bastante interesantes:

• Sin necesariamente hacer obligatoria la aplicación de vacunas, las autoridades de salud pueden poner en “la cola” de vacunación a todos los ciudadanos —por ejemplo, cada establecimiento de salud podría hacerlo para su población adscrita— y pedir que cada uno activamente decida no estar en la cola. Así, enfrentamos el arrepentimiento asimétrico, pues creamos la opción de que más bien uno se arrepienta de haberse retirado de la cola.

• Una siguiente medida es hacer costoso el no vacunarse. Por ejemplo, restringir el acceso de personas sin vacunarse a ciertos lugares. Esto, sin embargo, podría generar problemas por la limitada disponibilidad de vacunas en un principio y dar la sensación de que a uno implícitamente lo están obligando a vacunarse. Otra alternativa es pedir que, por ejemplo, en centros laborales y escuelas las personas deban informar su decisión de no vacunarse. Ariely comenta que esta segunda opción parece funcionar mejor.

• En tercer lugar, para promover la vacunación en general es clave tener una campaña comunicacional transparente que resalte cómo a la gran mayoría de personas que se vacunan les va bien y que son pocos los casos con consecuencias negativas. Será importante no solo comunicar el número de personas ya vacunadas, sino la proporción de vacunados sanos, la proporción de vacunados contagiados, pero con síntomas leves, y la de contagiados con síntomas graves. Para esto, la capacidad de monitoreo continuo para la farmacovigilancia es clave.

Finalmente, antes mencioné que para cambiar a los más radicales seguidores del movimiento antivacunas es poco lo que se puede hacer. Sin embargo, sí se puede y se debe contrarrestar su mensaje enérgicamente. Para ello, es necesario lograr que lo cotidiano —que las vacunas que se están usando son seguras y eficaces— sea noticia.   

Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal en Videnza Consultores

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¿Cómo se gestionarán los temas de almacenamiento, distribución, manejo de datos y criterios de aplicación de la vacuna: en establecimientos de salud, domicilios, farmacias? ¿Estaremos preparados para identificar reacciones adversas en quienes la reciben, en caso se den? ¿Lograremos, finalmente, que Estado y sector privado puedan colaborar para que los peruanos accedamos a estas vacunas en el menor plazo posible y con la seguridad que ello demanda?

La llegada del primer millón de vacunas este mes debe ser considerada una fase piloto. Será más sencilla que las siguientes porque sus destinatarios son fáciles de ubicar: los trabajadores de salud, de las fuerzas del orden y de servicios esenciales. Idealmente, se debería conseguir otra cantidad equivalente de vacunas para todos nuestros trabajadores en la primera línea. Luego, se espera alcanzar a personas vulnerables con enfermedades crónicas —hipertensión, diabetes, cáncer— y adultos mayores hasta llegar a un 20% de los peruanos, aproximadamente seis millones. Finalmente, le tocará el turno a la población de entre 18 y 59 años.

El Ministerio de Salud debe desarrollar en detalle el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Ello incluye definir cómo ubicarán las autoridades a quienes se quiere atender primero en la segunda fase y cuántos serán. La información deberá estar sistematizada y homologada entre instituciones. Esta carencia de data oportuna no puede seguir siendo un problema que arrastramos pese a las tecnologías existentes.

Para prepararnos, tenemos que recurrir de manera acelerada a las bases de datos de los hospitales del Minsa, EsSalud y fuerzas del orden.

Si se optara por vacunar por hogares o por establecimientos de salud, será imperativo trabajar con las regiones y en coordinación con los primeros niveles de atención: centros de salud y postas médicas. Estos, qué duda cabe, requieren ser fortalecidos para contar con profesionales y sistemas de información adecuados.

Para la distribución de las vacunas, un desafío será su transporte a cada región. Aunque la de Sinopharm representa menos retos que otras como la de Pfizer/BioNTech, que requiere temperaturas bajísimas de almacenamiento, un país tan complejo y poco articulado como el nuestro demanda un gran esfuerzo.

Todo lo anterior mientras el Gobierno comunica a la población que la inmunidad no será inmediata y, sobre todo, deberemos continuar con el lavado constante de manos, el uso de mascarillas y la distancia social.

Nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Es imprescindible estar a la altura.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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En este contexto, el Perú no ha sido la excepción. De acuerdo con el último informe publicado por INEI, en el segundo trimestre del 2020 se perdieron más de 1.3 millones de empleos con respecto al primer trimestre 2020 para jóvenes menores de 25 años. Esto significó una caída de -46.3%. Solo en Lima fueron más de 600,000 empleos, con una caída de -64.4%. Entre tanto, en el caso de los adultos entre 25 y 44 años se perdieron casi 3 millones de empleos a nivel nacional, lo que significó una caída de -36%, mientras que en Lima se perdieron 1.2 millones de empleos, con una caída de -50%.

Entre otros grupos vulnerables, los jóvenes estarían más expuestos a padecer reducciones en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones o despidos permanentes. En efecto, para Lima, entre los jóvenes menores de 25 años el empleo adecuado (trabajar 35 horas o más a la semana y recibir ingresos por encima del sueldo mínimo, o trabajar menos de 35 horas semanales y no querer trabajar más horas) disminuyó en 73.3% entre el segundo y el primer trimestre del 2020: pasó de 352,200 a 94,000 empleos adecuados. A su vez, su nivel de ingreso promedio se redujo en 1.9%: de S/ 1,057 a S/ 1,037 en el mismo período.

Los datos de la ENAHO revelan que la situación es aún más crítica entre las mujeres jóvenes (entre 14 y 24 años). Entre el primer y el segundo trimestre, su ocupación cayó en 50%, mientras que el número de hombres jóvenes ocupados cayó en 44%. Además, de acuerdo con la CEPAL, las mujeres han asumido gran parte del trabajo adicional que surge en los hogares debido al confinamiento, incluyendo el cuidado de niños que dejaron de ir a la escuela y de adultos mayores, lo que exacerba aún más las desigualdades preexistentes.

Por su parte, el Gobierno ha dispuesto medidas laborales excepcionales, las que han resultado imprescindibles para mitigar el impacto de la pandemia sobre la población. Entre ellas están la implementación del trabajo remoto, subsidios a la planilla, flexibilización de los aportes previsionales por parte de los empleadores e inyecciones de liquidez para los trabajadores como la liberación de los fondos de compensación por tiempo de servicios (CTS) o de los fondos de pensiones. Sin embargo, no se han implementado medidas específicas para la problemática de los jóvenes. Entre las recomendaciones de la OIT se incluyen la implementación de programas de capacitación, préstamos y asesoramientos para emprendimientos dirigidos por jóvenes y subsidios salariales específicos para incentivar su contratación. 

Es necesario que más jóvenes participen en el diseño de políticas a su favor. En el 2011 se estimaba que el 60% de jóvenes entre 14 y 24 años estaba interesado en la política. Los últimos acontecimientos han llevado a que hoy, según una encuesta realizada por Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años muestre interés en la política. Con las elecciones tan cerca, será fundamental traducir ese interés en propuestas concretas y en votos informados. Es momento que los políticos se interesen en los jóvenes para, con ellos, establecer medidas que los beneficien.

Realizado por: Carla Calero y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Los acontecimientos de mediados de noviembre quedarán en la memoria de los peruanos. Fuimos testigos de un sabotaje al Estado de derecho por un grupo de oportunistas que confirmaron estar dispuestos a comprometer el futuro del país para mantener sus privilegios y vivir en impunidad. Pero terminaron siendo el catalizador de una nueva era en la que vivir en una sociedad justa, democrática e inclusiva se puede convertir en una realidad. La generación del Bicentenario ha abierto paso a un nuevo Gobierno y, con ello, a una nueva oportunidad para retomar el rumbo del Perú.

Un primer reto que enfrenta esta administración de transición es garantizar la gobernabilidad del país. Fomentar un clima conciliador entre Ejecutivo y Legislativo y garantizar la transparencia de las elecciones generales de abril próximo.

Un segundo reto es resguardar la estabilidad económica y financiera, donde son claves la recuperación de la inversión pública y privada, y la estimulación del empleo. Se requiere poner en marcha los grandes proyectos de infraestructura, especialmente aquellos hoy paralizados, como Chavimochic o Majes Siguas II. Y los mercados requieren la certeza de que el Gobierno tiene la capacidad de estabilizar la crisis económica, sanitaria y política del Perú.

El fortalecimiento de la educación superior y la reforma universitaria es, sin duda, clave. Estudios como el de Yamada et al (2014) demuestran que un servicio educativo deficiente deriva en una baja empleabilidad: la probabilidad de estar subempleado para quienes asisten a universidades de baja calidad aumenta de 19% a 30%, lo que se traduce en una menor capacidad para generar ingresos.

En salud, tres son los principales desafíos para los siguientes meses. Primero, gestionar adecuadamente la pandemia y, a partir de las lecciones aprendidas, contar con un plan de respuesta ante una eventual segunda ola de contagios. Segundo, organizar la logística y el buen uso de la vacuna contra la COVID-19. Tercero, retomar la agenda sanitaria de atención de problemas de salud no COVID, pues la falta de servicios para proteger a los peruanos de otras enfermedades está afectando a miles de personas. De acuerdo con SUSALUD, en setiembre de este año se registró una caída del 53% en el número de atenciones por consulta ambulatoria, emergencia y hospitalizaciones, respecto al mismo mes del 2019. 

Finalmente, y tal vez el reto más importante, será mantener un diálogo con los jóvenes de la generación del Bicentenario. Apuntan a ser partícipes y críticos de las decisiones del Gobierno desde sus tribunas. No se detendrán hasta ver reflejados sus ideales en un país sin corrupción, con igualdad de oportunidades y donde se reconozca y celebre la diversidad. ¿Qué los hace diferentes? Tienen redes sociales, tienen coraje, quieren cambios pero, sobre todo, tienen amor, mucho amor por el Perú.

Realizado por: Janice Seinfeld y Camila Rodríguez, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Sabemos que, ante la emergencia del COVID-19, los sistemas de salud de todo el mundo debieron centrarse en frenar la crisis sanitaria. Todo pasó a segundo plano, incluida la atención de la salud mental.

Entre junio y agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó una encuesta en 130 países y encontró que la pandemia ha interrumpido o detenido los servicios de salud mental en el 93% de los países de todo el mundo, mientras que la demanda de salud mental está aumentando.

En el Perú, el último estudio de carga de enfermedades encontró que los trastornos mentales y del comportamiento afectan principalmente a las personas de entre 15 y 44 años. Las afecciones más comunes son depresión, trastornos de ansiedad, abuso y dependencia del alcohol, trastornos obsesivos, entre otros.

Más aún, se calcula que la incidencia de trastornos mentales es del 33,7%. Es decir, uno de cada tres peruanos tendrá algún problema de salud mental en algún momento de su vida. Sin embargo, como ha advertido la Defensoría del Pueblo, el 80% de la población con problemas de salud mental no recibe tratamiento. Y aquella que sí accede a estos servicios, luego no tiene asegurado el tratamiento, recuperación y continuidad de cuidados.

En este período, según el Ministerio de Salud (Minsa), siete de cada diez peruanos han reportado haber sufrido algún tipo de ansiedad, mientras que 28,5% experimentó algún rasgo depresivo. Entre los síntomas más frecuentes están las dificultades para dormir (55,7%), problemas con el apetito (42,8%), cansancio o falta de energía (44%), falta de concentración (35,5%) y pensamientos suicidas (13,1%).

Entre el personal de salud también se ven problemas de salud mental, especialmente en aquellos que trabajan con casos de COVID-19. Presentan gran presión por el alto riesgo de infección, la intensidad de su labor, el aislamiento y discriminación, y mucha frustración ante la muerte de pacientes y compañeros.

En abril del 2018, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Comunitaria 2018–2021, que pasa de un modelo de atención tradicional centrado en hospitales psiquiátricos a otro con centros de atención en el primer nivel. Es decir, centros de salud mentales comunitarios que cuenten con servicios ambulatorios especializados en niños, adolescentes y adultos, y otros enfocados en adicciones. El Minsa ya ha implementado 154 de estos centros en todo el país, y se espera ampliar la oferta a 281 establecimientos hasta el 2021. En este modelo es clave el diagnóstico precoz y el involucramiento de la familia. En muchos centros los usuarios incluso han creado asociaciones a modo de redes de apoyo.

Sin embargo, la advertencia de que lo peor está por venir debe ser escuchada. “A medida que continúe la pandemia, se impondrá una demanda aún mayor a los programas de salud mental nacionales e internacionales que han sufrido años de insuficiencia crónica de fondos. Gastar el 2% de los presupuestos nacionales de salud en salud mental no es suficiente”, ha señalado la OMS.

Atender la salud mental y el bienestar emocional es tan importante como atender la salud física. El confinamiento, el temor al contagio, el duelo por los familiares perdidos y la incertidumbre laboral y económica han aumentado el estrés en la población y, con ello, las necesidades de atención y cuidados relacionados. Implica abordarla no como un problema individual, sino como uno de salud pública. La tarea de prevención y cobertura la debe liderar el Minsa. Simultáneamente, otro desafío será considerar la cobertura de salud mental en los seguros privados sin que ello les suponga riesgos financieros. Los recursos son siempre escasos, pero priorizarlos para velar por la salud mental de la población es hoy más urgente que nunca.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en el 2018, teníamos una terrible cifra: una mujer era asesinada cada dos horas en América Latina a causa de su género. Para noviembre del siguiente año, el número de feminicidios en América Latina ascendía a 3,800 casos. Estas cifras constituyen la punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico, la tolerancia social y la impunidad contra la violencia de género.

Hoy, la violencia de género es una de las formas más generalizadas de violación a los derechos humanos. Vulnera el derecho a la vida, a la seguridad personal, a ser tratados iguales ante la ley, a la dignidad y a no ser sometidos a torturas o tratos degradantes. Y, pese a estar contemplado en el Artículo N.º 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución del Perú, la situación no ha cambiado. Esto se visibiliza en las cifras registradas en la Defensoría del Pueblo y en la Policía Nacional del Perú: 1011 mujeres adultas y 2557 menores desaparecidas. Según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero al 30 de setiembre de 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 3.096 casos de violación sexual. Es decir, cada día al menos 11 mujeres y niñas son víctimas de violación en el país.

La violencia de género es indivisible al abuso de poder. Por ejemplo, el poder basado en el género, donde los hombres se asumen o son percibidos como dominantes frente a las mujeres. El poder social, con factores como la presión social y el bullying. El poder económico, donde a menudo es el hombre quien controla los ingresos del hogar o el acceso a bienes y servicios, mientras la mujer asume labores domésticas total o parcialmente. El poder político, por la baja representatividad de las mujeres al frente de Gobiernos u ocupando escaños parlamentarios u otros cargos de toma de decisión a nivel mundial.

Una herramienta útil para medir cuánto hemos avanzado en esta lucha es el Índice de Tolerancia Social (ITS). El ITS es el porcentaje de mujeres y varones de 18 años a más que muestran tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. Considera indicadores como el discurso presente en los medios y las comunicaciones organizacionales, porque es mediante esta narrativa que una sociedad cuestiona o reafirma actitudes o creencias. En el año 2013, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú informó que el ITS era de 52.1%. Lamentablemente, a pesar de las campañas de concientización y activismo social, en el 2019 esta cifra aumentó a 58.9%. Es decir, casi el 60% de los peruanos toleran la realidad de violencia de género a la cual están expuestos.

¿Cómo podemos impulsar el cambio desde el lado organizacional? Los grandes cambios surgen desde el momento que asumimos el problema como tal y decidimos enfrentarlo. Para ello, debemos tener el compromiso y el deber de informar con transparencia y veracidad. La fuerte exposición de información que hoy vivimos, gracias a las redes sociales y a la transformación digital, nos debe volver aún más responsables del impacto que tienen nuestros mensajes en la sociedad y en nuestros colaboradores.

Las transformaciones institucionales de la última década no han acompañado el ritmo de los cambios sociales y normativos, lo que se contrasta con la creciente conciencia social respecto de la gravedad de este problema. La pandemia ha obligado, prácticamente, a que las organizaciones se reinventen para poder sobrevivir. Esta reinvención debe ir acompañada de un fuerte y estratégico rol de su comunicación corporativa. Es fundamental que no ignoren una problemática tan grave como violencia de género, que golpea tan fuertemente a nuestra sociedad.

En primer lugar, la etapa de visibilización y concientización del problema será lo que nos ayude a sentar las bases del porqué hoy la organización pone foco en estos temas. Utilicemos información contextual y estadística para presentar los casos de violencia contra la mujer y que nuestros compañeros conozcan cuál es la verdadera realidad del país; eso sí, respetando la dignidad y el derecho de cada víctima a su buena imagen y reputación. Además, difundamos datos relevantes sobre los servicios de atención a casos de violencia como la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que da consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia. O la Línea 1819 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que brinda orientación legal y apoyo emocional a las personas que se sientan víctimas de acoso sexual en su centro de labores.

Es esencialmente relevante acompañar todas las comunicaciones con mensajes potentes en donde se rechace todo tipo de vulneración y en donde la víctima sea apoyada y no juzgada. Por ejemplo, podemos compartir experiencias positivas de mujeres que han superado la situación de violencia y, así, no solo ser un agente de información, sino también de cambio al ofrecer mensajes de aliento.

Ahora bien, los líderes de la organización son personajes clave en la estrategia de comunicación interna o externa que decidamos realizar. Desde el inicio, deben estar presentes para involucrar a todos los colaboradores a promover el mensaje de fondo: “En esta institución no toleramos actos de violencia”. La estrategia de comunicación será un canal para evidenciar la cultura organizacional; es decir, la forma de sentir y actuar de la empresa cuando no los están observando. De aquí radica la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Los miembros de la institución deben ver trasladado este mensaje de fondo en los valores, principios, actitudes y decisiones que se tomen en la organización y que, efectivamente, impacten en su bienestar.

Ahora más que nunca, en el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, sumémonos a esta lucha. No descansemos hasta que la violencia contra la mujer deje de estar normalizada. Desde cualquier rol se puede transformar a la sociedad. Solo es cuestión de proponérnoslo para que más mujeres vivan libres y sin violencia.

Por: Katherine Campos y Meylin Alarcón; coordinadora de capacitaciones y comunicaciones y analista de comunicaciones en Videnza Consultores, respectivamente.

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Hoy, Wakefield es uno de los rostros más virulentos del movimiento antivacunas. Sostiene que hay una conspiración mundial para proteger a las farmacéuticas y se presenta como víctima del sistema por tratar de exponerlo. Lo que es peor: millones le creen y su número de seguidores crece cada día. Donald Trump, no sorprenderá, se toma fotos con él.

La vacuna contra el COVID-19 todavía no existe, pero ya hay quienes aseguran –sin evidencia científica que lo sustente, por supuesto– que causará esterilidad y que con ella se intenta “manipular” a escala masiva el genoma humano y provocar “daños irreparables”. Otros aseguran que la vacuna de la gripe provoca la COVID-19, y que, para evitar enfermarse, basta con ser vacunado contra la neumonía.

Esto en medio de teorías conspirativas absolutamente delirantes como que Estados Unidos ha realizado ensayos de la vacuna con ciudadanos ucranianos, algunos de los cuales murieron. O que Bill Gates ha dicho que una vacuna contra el coronavirus podría matar a un millón de personas. O que microchips serán inyectados junto con las vacunas para desplegar así el 5G en un contexto de control de masas tecnológico. Despropósitos.

El movimiento antivacuna sostiene que las farmacéuticas y las autoridades conspiran para lucrar con medicamentos que saben que no son seguros. Es decir, dicen proteger a la población del ‘establishment’ y “los poderes fácticos”. Pero lo único que logran es que las personas sean vulnerables frente a enfermedades contra las que sí existe protección. El sinsentido en su máxima expresión.

Ya el año pasado, antes de que la pandemia paralizara al mundo, la Organización Mundial de la Salud calificó este creciente escepticismo hacia las vacunas comunes como una de las diez principales amenazas para la salud humana. Basta ver cómo, a raíz de que la tasa de vacunación entre los niños de preescolar en la mayoría de estados de Estados Unidos ha caído por debajo del objetivo del 90%, se dio el brote de sarampión más grave del país en un cuarto de siglo.

Cada año, entre dos y tres millones de vidas se salvan entre las poblaciones infantiles gracias a la vacunación sistemática de los recién nacidos y los niños. Después del saneamiento del agua y la nutrición básica, las vacunas son el recurso sanitario más importante con el que cuenta la humanidad. Negar su impacto en el bienestar colectivo es, sencillamente, irracional. Pero bien sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Mientras centenares de científicos trabajan contra el tiempo para encontrar vacunas contra el virus SARS-CoV-2 –que provoca la enfermedad COVID-19–, los movimientos antivacunas pueden poner en peligro su credibilidad. Previendo que puedan generar resistencia entre la población, la Universidad Johns Hopkins ha publicado un informe con recomendaciones para médicos y autoridades sobre cómo persuadir al público de aceptar estas vacunas una vez que sean aprobadas.

Solo volveremos a la normalidad cuando contemos con vacunas –cuya efectividad, por cierto, nunca es del 100%–, se pueda inmunizar a la mayor parte de la población y veamos sus efectos acumulados. Sin embargo, una encuesta realizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) entre agosto y setiembre a más de 400.000 personas de 67 países reveló una de cada tres personas de todo el mundo no se vacunaría o no sabría si vacunarse contra el COVID-19.

La duda no puede ser si vacunarse o no, sino cómo hacerlo al mayor número de personas en el menor tiempo posible. El proceso para lograr la inmunidad colectiva, de por sí largo y complejo, no puede verse socavado sin fundamentos científicos.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Este problema estructural ha encontrado un agravante creciente y silencioso con la actual pandemia de COVID-19: la carga de enfermedad no atendida y que se acumula peligrosamente por el limitado acceso al cuidado médico. La siguiente ilustración muestra cómo las atenciones ambulatorias entre los distintos prestadores durante el 2020 se redujeron significativamente en comparación al 2019.

El Perú, hoy más urbano e informal, tiene un perfil epidemiológico crónico-degenerativo, en particular relacionado al síndrome metabólico: hipertensión, diabetes y obesidad. Un aspecto clave para evitar que estas afecciones se compliquen es el mantenimiento de una terapia individualizada, ajustada periódicamente, acompañada del monitoreo a cargo de un profesional de la salud calificado. Es decir, para un paciente hipertenso o diabético son fundamentales diagnóstico precoz, tratamiento continuo y seguimiento efectivo.

En el ámbito legal, desde noviembre pasado todos los peruanos tienen derecho a un seguro de salud. El Decreto de Urgencia N.° 017-2019 estableció que la población no asegurada sería afiliada al Salud Seguro Integral de Salud (SIS).

Según el último Reporte Nominal de Asegurados de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), el 96% de peruanos cuenta con un seguro. De ellos, el 64% está afiliado al SIS. Si bien el aseguramiento es un avance, lamentablemente la atención continúa siendo heterogénea e incompleta según el sector al que se acuda.

En el campo de las terapias, hay marcadas diferencias. EsSalud, bajo la estrategia Farmacia Vecina que acerca los medicamentos prescritos al usuario mediante una red de farmacias y boticas privadas, llega a entregar el 99% de las recetas, según su reporte al 29 de setiembre. Y en las farmacias de sus establecimientos, el 86% de los pacientes recibe toda su receta.

Pero en los establecimientos del Ministerio de Salud-Gobiernos regionales (Minsa-GORE), donde se atiende la población afiliada al SIS, la atención apenas llega al 57%. Es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas no recibe su tratamiento completo, según el Informe final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2016.

Evidentemente, esta situación afecta la salud de las personas e incrementa su gasto de bolsillo, lo que puede llegar a ser catastrófico para el hogar. Además, para el sistema nacional de salud es significativamente más costoso atender la hospitalización de un paciente en estado de mayor gravedad, que monitorear oportunamente su tratamiento.

¿Por qué existe tanta diferencia en la atención?

EsSalud tiene un mejor desempeño logístico que el Minsa-GORE por dos razones principales. En primer lugar, sus sistemas de información son más robustos y están en línea, lo que permite analizar la información diaria y comparar datos de las prestaciones y el abastecimiento. En segundo lugar, la operación logística en Lima y Callao (donde se despliega Farmacia Vecina) está integrada y a cargo de un actor privado. Al emplear tecnología que optimiza el reparto bienes y entrega de recetas de pacientes ambulatorios cerca a sus domicilios, logra el alto nivel de servicio mencionado.

¿Cómo mejorar la atención en el Minsa-GORE? Analizando los flujos existentes se ven claras barreras de papel que dividen pliegos y unidades ejecutoras, escenario complicado además por el variopinto modelo organizacional existente en salud. Por ello se deben simplificar y optimizar estos procesos y aplicar alguna de las alternativas ya utilizadas hoy en el país.

Además, es importante dejar de hacer “autopsias” que solo emplean información mensual para reconocer la disponibilidad de recursos, y pasar rápidamente a lograr conectividad y un sistema de información en la “nube” que vincule los datos de las recetas emitidas y efectivamente atendidas. De este modo se lograría identificar la demanda insatisfecha en menor tiempo y adoptar una primera generación de medidas correctivas, lo que requiere de un buen operador logístico.

El país atraviesa una severa crisis sanitaria que agrava los problemas existentes en el sistema de salud. Corresponde ahora aplicar las mejores prácticas —que, paradójicamente, están muy cerca— y extenderlas en bien de los peruanos.

Autores: César Amaro y Alfredo Dancuart, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Diversos estudios resaltan la importancia de contar con una adecuada estrategia de distribución de vacunas en el marco de una pandemia (Rambhia y otros, 2010; Smith y otros, 2011; Gilbert, 2017; Yangzi y otros, 2020). Por un lado, las características geográficas del país y el heterogéneo avance de la pandemia en el territorio son factores que deberían considerarse en cualquier estrategia de distribución. Por otro lado, la distribución de las vacunas debe tomar en cuenta criterios de priorización de beneficiarios, así como las lecciones aprendidas de las pandemias recientes como la H1N1.

Cuatro son los aspectos fundamentales a considerar para la estrategia de distribución de la tan esperada vacuna contra la COVID-19. En primer lugar, el Estado debe definir una estrategia de focalización y priorización de los beneficiarios de la vacuna. Para ello se requiere contar con criterios claros y consensuados, tales como variables geográficas, condiciones de vulnerabilidad, nivel de exposición, entre otros. Dichos criterios deben ser insumo para elaborar un cronograma de vacunación con metas claramente establecidas, que debe acompañarse de una estrategia de comunicación que brinde información del proceso y promueva la aceptación de la vacuna.

El segundo aspecto tiene que ver con los retos de distribución interna de la vacuna. Esta tarea puede ser abordada con el apoyo un operador logístico que tenga a cargo el almacenamiento, distribución y manejo de datos del proceso. Debe garantizar las adecuadas condiciones de almacenamiento y cadena de frío para la preservación de la vacuna a lo largo del proceso. Asimismo, establecer una estrategia de almacenamiento y distribución descentralizada con una lógica de red integrada.

En tercer lugar, se debe habilitar una red de centros de aplicación de vacunas cuya ubicación garantice la cercanía al ciudadano y minimice las aglomeraciones. Para este fin, el Estado puede apoyarse en las capacidades privadas. Así, por ejemplo, en el contexto de la pandemia H1N1 en Estados Unidos, varios estados se respaldaron en cadenas privadas de farmacias para la vacunación de la población prioritaria.

Por último, se requiere desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo que permita la trazabilidad de la vacuna desde su ingreso al país hasta su aplicación al paciente. Este factor es indispensable para una adecuada gestión de los aspectos logísticos de la estrategia de inmunización. Además, permite realizar un seguimiento farmacológico a los pacientes vacunados.

Planificar la aplicación de la vacuna es una tarea igual o más importante que su adquisición masiva. Más aun cuando en el Perú, en contextos normales, las campañas de inmunización enfrentan retos considerables. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cuando vemos que al 2019, y a pesar de los avances, solo el 61% de los niños menores a tres años contaban con la totalidad de vacunas requeridas a su edad. No dejemos que la pandemia más grande de la historia reciente nos encuentre desprevenidos ante este desafío.

Realizado por: Joaquín Rey y César Núñez, investigador principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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El mayor dinamismo estará en la agricultura que se orienta hacia los mercados internacionales. Las exportaciones de productos agrarios crecerán 6% respecto del 2019. Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), ha explicado que las agroexportadoras lograron adaptarse rápidamente al contexto de la pandemia porque son empresas que operan regularmente con protocolos sanitarios y de seguridad. Agregó que las entidades públicas se adaptaron rápido para digitalizar la documentación que se exige para exportar.

El mayor impacto de la pandemia sobre el sector agrícola viene por el lado de la disminución de la demanda de consumo, pues los menores ingresos de la población se reflejaron en menores precios de venta. Según el Minagri, desde el inicio de la cuarentena se ha registrado una disminución del 12% en los precios de verduras, frutas y alimentos agrícolas procesados en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana. Esta menor demanda se ha dado tanto a nivel de hogares como de restaurantes y hoteles.

Entre las principales medidas dadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia destacan la aprobación de protocolos sanitarios para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; la realización de la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, cuya finalidad es promover el comercio de productos agropecuarios a nivel local y generar ingresos a las familias campesinas; y la implementación de diversos programas de financiamiento. Entre estos últimos destacan, por ejemplo, el Programa de Garantía para el Financiamiento Agrario Empresarial, que otorgará líneas de financiamiento para pequeños productores. Y el Fondo Agro Perú, que colocará cerca de S/ 440 millones para cultivos de café, algodón y el sector pecuario.

A partir del 2021, el reto que enfrentará la política agraria será ajustarse a una realidad con menores recursos disponibles. Esto debido a la menor recaudación de impuestos como consecuencia de la menor actividad económica. El Minagri deberá enfrentar una importante reducción del presupuesto público (-58% en el gasto corriente y -46% en el gasto de capital), según se detalla en el siguiente gráfico. En consecuencia, los productores dejarán de percibir diversos servicios que son brindados por el Estado, tales como créditos, capacitaciones, transferencia de tecnología, entre otros.

Para hacer frente a este contexto se sugiere que el sector priorice medidas dirigidas a la agricultura familiar y que se sustentan en transferencia tecnológica. Además, que promueva la integración de pequeños y medianos productores a la cadena de producción de los agroexportadores mediante contratos que vinculen la provisión de paquetes tecnológicos. Y que se integren las intervenciones de Agroideas y Procompite, para promover la asociatividad a través del desarrollo de planes de negocio orientados al mercado.

Complementariamente, para fortalecer el impacto de la campaña “Cómprale al agricultor peruano”, y en coordinación con el Ministerio de Salud, promover una campaña de promoción sobre una adecuada nutrición que contemple el consumo de alimentos producidos en el Perú.

Asimismo, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fortalecer la cobertura de los programas sociales, con mayor énfasis en aquellos de transferencia, para contrarrestar el menor bienestar de los productores y sus familias.

Si queremos tener cosechas tan abundantes como en años anteriores, será primordial hacer un uso eficiente de los recursos públicos, incorporar un enfoque multisectorial a las intervenciones y trabajar de la mano con los Gobiernos subnacionales y con el sector privado. Solo así recuperaremos el buen desempeño económico que veníamos experimentando.

Realizado por: Milton von Hesse y Franco Sebastiani, director y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Por un lado, en su reciente reporte “Condiciones de vida de la población en riesgo frente a la pandemia”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) destaca que los grupos más afectados por la pobreza son los indígenas y afrodescendientes, lo que intensifica su exposición a la COVID-19. En este sentido, no es sorprendente, aunque sí desalentador, que la población de lengua nativa (quechua, aimara o lengua de la Amazonía) presente una tasa de pobreza muy por encima de la población cuya lengua materna es el castellano: 30,5% versus 17,6%.

Por otro lado, la exposición a metales pesados, deforestación y contaminación ambiental de los ríos genera precariedad en las condiciones de salud de las comunidades nativas. Ello debilita sus defensas inmunológicas, según advirtió en abril último el doctor Oscar Espinosa, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Entre las acciones del Estado para mitigar el impacto de esta enfermedad destaca el “Plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía”. Si bien se aprobó a fines de mayo, recién el 23 de junio —cien días después de decretada la emergencia nacional— se transfirió S/ 74´558,670, monto 16% menor al presupuesto inicial señalado en la Resolución Ministerial N.º 308-2020-MINSA. Al 18 de agosto, la ejecución por parte de los Gobiernos regionales era de 14%, y la del Gobierno nacional era de 0.8%.

Pero esta demora no se da solo en la ejecución del gasto, sino también en acciones vinculadas al plan. Por ejemplo, la conformación de los comandos COVID indígenas. Estos son de suma importancia porque tienen responsabilidades esenciales como difundir información, monitorear el abastecimiento de medicamentos, facilitar el ingreso de brigadas de salud, solicitar reporte de cifras, etc. A la fecha, solo se han conformado cuatro de los diez comandos COVID-19 indígenas que deberían existir.

Al igual que con los bonos monetarios, las medidas correspondientes a las comunidades indígenas tienen deficiencias en la asignación porque no benefician a toda la población vulnerable. Ante ello, diversos dirigentes de las comunidades han realizado pronunciamientos. A fines de abril, Reuters denunciaba que ocho líderes indígenas, en representación de 1,800 comunidades de la Amazonía, sostenían no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Y en una entrevista a Perú 21 de mayo último, el presidente del consejo Shipibo Konibo resaltó que, si bien las autoridades fueron a tomar pruebas y llevaron víveres, la atención fue recibida en una sola comunidad a pesar de que la población estimada de estos pueblos indígenas es de 32,964.

Además, a fines de junio la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) envió una carta a las Naciones Unidas expresando que dicho plan de intervención no abarca a toda la población vulnerable en San Martin. En la misiva destacó un aspecto fundamental: la interculturalidad. Esta comprende no solo la traducción de mensajes a las lenguas originarias, sino armar los mensajes para que sean bien percibidos y entendidos por las comunidades tomando en cuenta su entorno. Por ejemplo, una recomendación tan simple como el lavado constante de manos puede no ser pertinente en algunas comunidades indígenas amazónicas, considerando que solo una de cada cuatro tiene acceso al servicio público de agua, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La pandemia ha resaltado desigualdades de las comunidades indígenas en entorno de pobreza. Si bien el Estado ha sumado esfuerzos para mitigar sus impactos, estos no parecen ser suficientes. Realizar acciones concretas y coordinadas con los líderes indígenas incluyendo el aspecto intercultural es un primer paso. Atacar de raíz la pobreza para que otra crisis sanitaria no tenga efectos tan negativos es otro paso largo y difícil, pero necesario.

Realizado por: Janice Seinfeld y Maria Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Desde el Gobierno, recién a inicios de junio, se priorizó la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal mediante el Decreto de Urgencia N.º 066-2020. Es decir, 85 días después de declarada la emergencia sanitaria. Ello pese a que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo sobre esta problemática desde meses atrás.

En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿cuál es la disponibilidad real de oxígeno en el país?

Cada mes, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) reporta el stock disponible de oxígeno en los establecimientos de salud del ámbito de las Diresas (Dirección Regional de Salud). Esta información incluye centros de salud, postas de salud, hospitales de distintos niveles de complejidad, almacenes e institutos especializados. La información proviene de la base de datos del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgico (Sismed), que consolida los datos de inventario.

¿Cómo analizar estos datos? En un mundo ideal uno podría comparar las necesidades de oxígeno en cada región contra el stock existente. Sin embargo, no se cuenta con información de demanda de oxígeno. Entonces, lo que se puede hacer es comparar la evolución del número de fallecidos con el stock de oxígeno. Esto tiene sentido dado que el número de fallecidos puede ser considerado como una variable que se aproxima (imperfectamente) a la demanda real de oxígeno en cada región. A partir de dicha comparación, ¿qué se espera encontrar? Por ejemplo, si observamos que el número de fallecidos se eleva y también lo hace el stock de oxígeno, podríamos inferir que la oferta de oxígeno —en este caso provista desde el sector público— ha respondido a una mayor necesidad del mismo. Pero, podría ocurrir que, a pesar de que ambos indicadores se muevan de manera conjunta, aún exista una demanda insatisfecha. Aunque no se puede decir nada acerca al respecto con los datos disponibles, lo que sí es una señal alarmante es observar un aumento del número de muertos y una caída del stock de oxígeno.

El siguiente gráfico muestra la evolución de ambos indicadores para Lima, Amazonas y Cusco entre marzo (cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria) y junio de este año, último mes con el que se cuenta con información sobre el stock. Al ver el gráfico podríamos concluir que el caso de Lima es el escenario que se esperaba, pues ambas variables se movieron de forma similar. Un indicador estadístico que se utiliza para medir la relación entre las variables se llama correlación, y esta puede tomar valores entre +1, si ambas variables se mueven perfectamente iguales y en el mismo sentido, y -1 si se mueven en sentido opuesto. La correlación para el caso de Lima es de +0.98.

Los casos de Amazonas y Cusco son preocupantes porque muestran que, mientras el número de muertos aumentó, la disponibilidad de oxígeno cayó. La correlación para ambas regiones fue de -0.94 y -0.92, respectivamente. Es importante mencionar que la existencia de correlación entre dos variables no implica causalidad (por ejemplo, no se puede concluir que la falta de disponibilidad de oxígeno generó más muertos).

Como es usual en este tipo de análisis, no todo es negro o blanco, sino que el desempeño de las distintas regiones difiere sustancialmente. Es decir, se observa una amplia gama de grises o de valores entre -1 y +1. Las regiones con una correlación negativa o las que muestran un peor desempeño entre marzo y junio están Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Puno.

Finalmente, uno puede pensar que no había forma de anticipar el problema y que es fácil analizar los datos una vez ocurridos los eventos. Una afirmación de esta naturaleza es en parte cierta. Es claro que nadie podía anticipar la crisis sanitaria, pero ¿se podía anticipar qué regiones iban a tener más problemas con el abastecimiento de oxígeno? La mejor respuesta que se podría obtener es no, pero probablemente para el caso peruano esta respuesta sea afirmativa.

La ilustración N.° 2 muestra la relación que existe entra la medida de desempeño de abastecimiento de oxígeno (correlación entre el número de fallecidos con el stock de oxígeno) durante la crisis sanitaria del 2020 y una medida de la eficiencia del Gobierno regional del 2019. Como medida de eficiencia se utilizó el porcentaje de inversión pública ejecutada por dicha instancia en el ámbito de salud. Los casos donde este desempeño fue crítico son Amazonas y Cusco, cuyos Gobiernos regionales casi no ejecutaron sus inversiones programadas para el 2019. De cada sol programado y disponible para invertir en estas dos regiones, sus autoridades gastaron solo entre 0.2 y 0.3 soles, respectivamente. Es más, Amazonas y Cusco estuvieron entre las tres peores regiones en eficiencia dicho año.

Volviendo al gráfico, el análisis se puede centrar en los casos con un bajo desempeño en el 2020, que en la figura son las regiones que aparecen sobre fondo naranja y cuya correlación es menor a +0.2, incluidos valores negativos. Ahí existe una clara relación positiva entre la eficiencia del año pasado y la medida de desempeño de abastecimiento de oxígeno este año. Siempre se puede argumentar que el Gobierno central pudo apoyar a todas las regiones, asumiendo que estas aceptaban el apoyo. Pero, si esto no era factible, el Gobierno al menos pudo focalizar la ayuda en aquellas con el peor desempeño durante la pandemia mirando los números de eficiencia del 2019.

Realizado por: Carla Calero, investigadora principal en Videnza Consultores

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Desde la firma del Acuerdo de París en el 2016, que busca reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, el Perú ha venido incorporando estos compromisos en su marco normativo. Así, en abril del 2018 fue pionero en Latinoamérica en promulgar una ley sobre cambio climático, un hecho histórico en el camino por reducir la vulnerabilidad de nuestro país.

El reglamento de esta ley, aunque emitido con retraso, destacó por haberse desarrollado mediante un proceso participativo en el que intervinieron actores públicos y representantes de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de los pueblos indígenas. Publicado en diciembre del 2019, establece las funciones de cada uno en el marco del cambio climático. Además, precisa los instrumentos de gestión pública y las herramientas de monitoreo y evaluación para las medidas de adaptación y mitigación, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para el financiamiento climático.

Particularmente, destaca la participación ciudadana. Sobre ella el reglamento establece la obligación de respetar y garantizar el acceso y difusión de la información en materia de cambio climático y garantizar espacios de diálogo con los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas a nivel nacional, regional y local. Esto con la finalidad de proteger y garantizar su identidad, costumbres, conocimientos y prácticas ancestrales, tradiciones e instituciones. Para ello se creó la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) como un espacio de articulación de las propuestas de adaptación y mitigación, así como de los conocimientos y prácticas tradicionales en cambio climático que contribuyen a una gestión integral.

A pesar de las condiciones sanitarias que viene enfrentando el Perú, existe continuidad en las labores para implementar los espacios, instrumentos y mecanismos que se proponen tanto en la ley como en su reglamento. Así, el 21 de julio último se anunció que el grupo de trabajo impulsor había logrado trazar la hoja de ruta para implementar y operativizar la PPICC, cuya ejecución se abordará en una próxima sesión. Por su parte, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático será la encargada de proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y las contribuciones determinadas a nivel nacional. Ambas instancias deberán funcionar en conjunto para lograr los objetivos y metas nacionales trazados.

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El 67% de sus desastres están relacionados con fenómenos climáticos. La mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la deforestación de la Amazonía, que en el 2019 perdió 162,000 hectáreas de bosques. Además, 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías, 5.5 millones a precipitaciones muy intensas, 5.6 millones a ciclos de heladas y friajes, y 14 millones son vulnerables a la inseguridad alimentaria, vinculada al cambio climático.

Si bien se están logrando algunos avances en materia ambiental, es importante traducirlos en resultados, pues el calentamiento global podría tener consecuencias económicas y de salud de mayor alcance que la actual crisis global. Cada logro sienta las bases para llevar a la realidad la institucionalidad necesaria que nos permitirá hacer frente a esta amenaza de manera articulada, desde los distintos sectores nacionales hasta las comunidades y pueblos indígenas.

Realizado por: Roxanna Vivar y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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La comunicación corporativa, que antes del COVID-19 era vista como un soporte para el resto de la organización, se viene consolidando como uno de los actores principales en esta pandemia. Este reajuste debe ser priorizado para generar una comunicación empática, oportuna y apropiada. Bien dirigida, esta contribuye a minimizar la probable resistencia a la nueva rutina y a impulsar el compromiso de los colaboradores. Son ellos los auténticos transformadores y constructores de la reputación de una organización, puesto que gozan de mucha mayor legitimidad y capacidad de influencia en los valores asociados a una marca o empresa.

El término “comunicación” puede abarcar muchas aristas importantes que deben estar alineadas al momento de transmitir una idea. Por ejemplo, no podemos decir que una marca es cercana y flexible con sus clientes externos si sus colaboradores la sienten dura y lejana. Ahí radica, justamente, la importancia de la comunicación interna o endomarketing en esta crisis: en ser la base para el cumplimiento de los objetivos empresariales hacia el futuro.

Desde la experiencia proponemos algunas acciones que podrán ayudar a que sus equipos de trabajo mantengan su motivación, refuercen sus metas y enfrenten esta nueva realidad que a todos nos afecta.

• El home office se ha convertido en la mejor opción para seguir operando, pero esta misma dinámica ha vuelto la comunicación más fría. Es por esto que es  importante fortalecer la misión, la visión y el compromiso de la organización con sus colaboradores a través de reuniones one to one que permitan conocer el lado humano del equipo.

• Motivemos a nuestro equipo con mensajes positivos y empáticos. Nuestro objetivo es el bienestar de los colaboradores. Por ello, debemos generar contenido que alivie toda dificultad que pueda traer esta nueva rutina. La genuina preocupación por su salud mental y bienestar familiar es algo muy valorado actualmente.

• Estamos en medio de fenómenos como la infodemia e infoxicación digital; es decir, consumimos en exceso una sobrecarga de información sobre la pandemia y cómo se está desarrollando en el país. Lejos de aliviar, estas noticias abruman y generan pánico colectivo. Es por eso que debemos convertirnos en canalizadores de noticias informando de fuentes oficiales y confiables. Comunicar lo clave para que el mensaje sea directo y pueda ser interiorizado.

• Otro punto importante es desarrollar una estrategia de formación y entendimiento en conocimientos, habilidades y competencias pertinentes a los “influenciadores” o líderes de equipo, frente al proceso de transformación que están experimentando. Involucrar a los líderes de la organización y potenciar sus habilidades comunicacionales es clave. Ellos serán nuestros principales aliados para motivar, sensibilizar y disponer a todos los colaboradores a ser transmisores del cambio.

• Finalmente, construir una cultura horizontal en donde las propuestas y la retroalimentación sean una constante. Esto permitirá afianzar lazos e ir construyendo un sistema integral de gestión del cambio que sea perdurable en el tiempo y se pueda aplicar a cualquier proceso por el que atraviese la organización.

El COVID-19 ha paralizado al mundo, pero nos ha traído oportunidades que no pensábamos posibles. La digitalización corporativa es un hecho y nos ha permitido reinventarnos y mantener ese vínculo empresa-colaborador, a pesar de la distancia. Realicemos esfuerzos que permitan la flexibilidad en los equipos y, sobre todo, asegurar la salud y el bienestar de nuestro público interno, pues el deber de cuidarnos es primero.

Realizada por: Katherine Campos y Meylin Alarcón, del equipo de Comunicaciones de Videnza

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Para comprender esta afirmación, es necesario primero entender tres contextos: el origen del virus desde el punto de vista epidemiológico, el origen del virus desde el punto de vista social, y la situación peruana relacionada con los dos puntos anteriores.

Origen epidemiológico

Estudiar el genoma del virus permitió determinar que el COVID-19 es una enfermedad zoonótica; es decir, causada por gérmenes (como virus, bacterias, parásitos y hongos) que se propagan entre los animales y las personas por contacto directo, contacto indirecto o ingesta de un animal infectado.

En el caso específico del COVID-19, a pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha confirmado que su origen fue el contagio entre un animal portador y el primer paciente, aún se desconoce cuál fue el proceso exacto.

La relación del humano con los animales, especialmente con la fauna silvestre juega un rol importante en el desarrollo de nuevas enfermedades transmisibles, porque dichos animales suelen presentar una microbiota —conjunto de microorganismos que residen en un cuerpo— distinta a las especies domesticadas.

Origen desde el punto de vista social

El origen del COVID-19 tuvo detrás dos importantes factores relacionados: el comercio ilegal de animales silvestres y sus condiciones de comercio insalubres.

El comercio de fauna silvestre en China se puede dar en dos canales: el legal —granjas o criaderos autorizados— y el ilegal —proveedores informales o caza de animales al margen de la ley—. El origen del COVID-19 se ha podido trazar hasta el mercado de Wuhan, donde se comercializaba fauna silvestre de distinta procedencia. Según Chris Walzer, director ejecutivo de salud de la Wildlife Conservation Society (WCS), los animales son hacinados en espacios pequeños, sin distinguir que algunos podrían estar enfermos y exponiendo al contagio a los demás. Esta situación se repite en distintos espacios, sobre todo en los “wet markets”, como se conoce a los mercados donde se vende carne o pescado fresco usualmente al aire libre.

El contexto que dio origen al COVID-19 está ligado al tráfico de fauna silvestre y la persistencia de condiciones insalubres en su comercio, a la falta de un efectivo control y vigilancia sanitarios, pero también a la aceptación social e incluso institucional de esta situación.

Contexto peruano

Un análisis de la realidad peruana puede mostrar que compartimos, de manera preocupante, los mismos factores de riesgo que propiciaron el origen del COVID-19 en China.

La gestión dela fauna silvestre se norma en la Ley N.° 29764, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que prohíbe el comercio de fauna silvestre para consumo, excepto: (i) para subsistencia, (ii) a través de caza regulada por calendarios regionales o (iii) proveniente de zoocriaderos autorizados. Aun así, estas normas son constantemente incumplidas, en particular en algunos departamentos del país.

Por un lado, el comercio de fauna silvestre se da en mercados locales de determinadas ciudades durante todo el año. Tal es el caso del emblemático Mercado Belén en Iquitos, donde se vende la llamada “carne de monte”. Esta forma parte de las costumbres alimenticias de diversos grupos poblacionales en la selva, lo que hace difícil cumplir con las restricciones de un calendario de caza responsable o limitar el consumo solo para subsistencia. Asimismo, se han identificado casos de zoocriaderos autorizados que camuflan la tenencia ilegal de fauna silvestre para luego venderla de manera irregular.

Contar con permisos de operación y calendarios de caza para un mejor control es irrelevante si el Estado carece de una estrategia efectiva de fiscalización. Se perpetúa una convivencia cotidiana “normalizada” de ilegalidad y legalidad en la gestión de la fauna silvestre, al igual que en China al momento de explotar la actual pandemia.

En términos comparativos, si alrededor del 80% de los centros de beneficios de carne común no contaban con certificados sanitarios el 2018 —situación mencionada por Pedro Molina, jefe de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)—, es obvio que la situación de la manipulación de la “carne de monte” y los lugares de comercio de fauna silvestre resulta mucho más incierta y peligrosa.

La existencia de este mercado —como de cualquier otro— se rige por la ley de la oferta y demanda. En este caso, el 74% de la demanda está relacionada al consumo en ciudades del interior del país, según datos de Serfor y WCS. Por el lado de la oferta, los mayores centros de acopio son las principales ciudades de la selva: Puerto Maldonado, Pucallpa, Tingo María, Iquitos y Yurimaguas. El tráfico de fauna silvestre desde la región amazónica se mantiene como un problema que amenaza la salud pública del país.

Mirada al futuro

Es cierto que la vulnerabilidad del Perú ante esta situación no es tan grande como la que dio origen al COVID-19 en China, dado que es un mercado mucho más pequeño que el del gigante asiático. Sin embargo, no se debe subestimar el no estar preparados para enfrentar el inicio de una nueva epidemia en nuestro territorio.

Las medidas que se tomaron frente al COVID-19 fueron rápidas porque existían protocolos y ejemplos en otros países. A pesar de ello, la pérdida de vidas y el impacto en la economía son inmensos. ¿Cuál sería la situación de haber comenzado la pandemia en el Perú? Definitivamente, la respuesta no hubiera sido la ideal considerando la crisis estructural del sistema de salud peruano.

El país debe tomar medidas para mitigar este enorme riesgo. El enfoque de prevención y control del tráfico de fauna y del consumo de estos productos no solo debe estar orientado a conservar estas especies. El COVID-19 debe obligarnos a aprender, prever y, sobre todo, actuar para cuidar la salud pública.

Realizado por: César Amaro, investigador principal en Videnza Consultores; y Verónica Tello, analista en Videnza Consultores

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En el caso de los mercados, el problema responde a una inadecuada gerencia y organización de comerciantes y usuarios, así como a la excesiva concentración de puestos de venta en espacios reducidos. En cuanto a los bancos, aunque estos suelen seguir protocolos en sus agencias, las aglomeraciones y colas en los exteriores, principalmente para el cobro de bonos, presentan un claro factor de riesgo. Por último, a la par con el reinicio de actividades económicas, la cantidad de traslados se ha incrementado, lo que convierte a los sistemas de transporte público formales e informales en focos infecciosos por su habitual hacinamiento.

De estos tres tipos de focos infecciosos, el que presenta un mayor nivel de riesgo son los mercados. Así lo evidencia la data recolectada por los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud (Minsa), que realizan tests aleatorios en zonas de mayor riesgo.  Al aplicarlos en más de 10 mercados de Lima y el interior del país encontraron que los casos positivos superaron el 40%.

Esta situación tiene el peligro de agravarse a medida que procede la reanudación de actividades económicas de forma gradual conforme a lo dispuesto por el Gobierno en el DS N.° 080-2020-PCM. Aunque las autoridades locales están implementando los protocolos sanitarios dispuestos por el Minsa, existen otras estrategias que se pueden añadir concretamente en los mercados: la desconcentración planificada, su mejora gerencial, y la capacitación de usuarios y comerciantes.

Respecto de la desconcentración, se plantea el traslado de los comerciantes a espacios públicos cercanos a los vecinos, de manera ordenada y planificada. Si bien el testeo de casos positivos mediante pruebas rápidas en zonas estratégicas ha contribuido al cierre de mercados con mayor riesgo de contagio, las necesidades económicas tanto de oferta como de demanda de productos de primera necesidad ha llevado a que la informalidad, en vez de reducirse, se traslade. Por ello, en un trabajo conjunto entre el Minsa y los Gobiernos locales se deben garantizar espacios de venta al público con seguridad para comerciantes y clientes. La desconcentración de mercados, además de reducir la aglomeración de comerciantes y compradores en un solo lugar, también disminuye los trayectos y tiempos de desplazamiento de usuarios. Esta práctica ya se llevó a cabo en el caso del mercado mayorista de Santa Anita, pero puede ser trasladada a mercados de menor escala como los municipales.

Por otro lado, la gerencia dentro de los mercados debe enfatizar el control de aforos y la optimización de flujos dentro de los establecimientos. Es posible establecer parámetros como tiempos máximos por puesto de venta o restringir que las personas regresen a puestos por los que ya pasaron. Se pueden aplicar principios de la teoría de colas, herramienta cuyo uso es muy difundido en el sector de retail privado.

Si bien los protocolos señalados son de fácil cumplimiento, es necesario un trabajo intersectorial para capacitar a la población y, así, lograr su entendimiento y cumplimiento. La estrategia de comunicación no debe estar solo centrada en la transmisión de información, sino en lograr un cambio en hábitos y comportamientos. Para ello se pueden aplicar ciertos principios de la economía del comportamiento que brindan claves para promover cambios de conducta.

Una mejor gobernanza en los focos infecciosos no solo contribuirá a disminuir los contagios por coronavirus y a descongestionar la prestación de salud, sino que se traducirá en mayor bienestar para la población.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal en Videnza Consultores; y Sandra Huaitalla, analista en Videnza Consultores

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Así empezó el diario español “El País” su artículo del sábado último, donde, con data de una veintena de naciones de Europa y Latinoamérica, comparó los registros oficiales de personas fallecidas en dichos meses con las muertes que se esperan en un año normal. Este indicador es útil para dimensionar el impacto de la pandemia porque no está condicionado por la cantidad de pruebas realizadas ni por los criterios clínicos locales para determinar causas de defunción.

En el Perú, según la data abierta del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), cada mes mueren aproximadamente 9.000 personas. Y así fue hasta marzo de este año. En abril, las muertes registradas subieron a 12.275 (1.770 oficialmente atribuidas al virus) y en mayo se dispararon hasta 23.410. De estas últimas, 2.802 fueron oficialmente atribuidas al virus. A ese desfase es al que se refiere el diario español, y que sostiene supera, en porcentaje, a todos los otros países analizados, muchos de los cuales ya están en etapas de desescalada.

Sabemos que hay un subreporte de muertes por COVID-19, pero no creo que podamos atribuir al virus la totalidad de fallecimientos adicionales. La agenda no-COVID —pacientes con enfermedades crónicas, urgencias, etc.— sigue ahí, aunque con dificultades para ser atendida. Ya antes del inicio de la pandemia, las limitaciones en el acceso a cuidados oportunos y de calidad llevaba a que el 41% de la población buscara atención médica en farmacias o boticas en lugar de acudir al primer nivel de atención médica. La cifra de estos meses sin duda será mayor, más aún considerando que el primer nivel de atención cerró para evitar la expansión del virus, y que la gente está con mucho temor de acercarse a una posta, clínica u hospital. ¿Cómo controlar el avance de la pandemia y, a la vez, retomar los servicios de salud para quienes requieren de atención que hoy no están recibiendo? La respuesta no es nada sencilla, pero necesitamos que las autoridades lo determinen y que los ciudadanos la sigamos.

Las investigaciones más recientes sobre cómo contener la propagación del virus se enfocan en cuatro factores que, combinados, multiplican el riesgo de contagio: muchas personas juntas, con poca distancia entre ellas, en espacios cerrados y por periodos de tiempo prolongados. Para evitar más muertos, el Gobierno debe impedir que estos factores confluyan. El abordaje tardío que vimos en los mercados no puede repetirse en espacios como, por ejemplo, el transporte público. 

No basta con publicar una norma; ahí es cuando empieza el trabajo de transmitir la estrategia a los ciudadanos. Insistimos con que falta comunicar permanentemente a la población mensajes claros, diferenciados según perfiles, que vayan logrando cambiar nuestro comportamiento. En lugar de decir “Guarda una distancia de dos metros con el prójimo”, decir “Imagínate una cama de distancia entre tú y los demás”. En vez de “En personas jóvenes, un 5% de casos se complican”, decir “La semana pasada falleció un joven deportista de 25 años por COVID-19”. Y así.

En el 2011, a propósito de las cifras de muertos civiles durante el régimen de Alberto Fujimori versus las dos administraciones que lo precedieron, un vocero del fujimorismo pronunció la hoy tristemente célebre frase “Nosotros matamos menos”. Hoy lo que estamos viendo es que todos los Gobiernos nos fallaron. Fallaron en arreglar un Estado mal armado, en gestionar pensando en el bien común, en implementar políticas de largo plazo, en denunciar la corrupción pública y privada en todos los niveles y todas sus formas. Y todos, sin excepción, fallamos en construir esa ciudadanía que nos permita mirar más allá de nuestro beneficio propio. Los Gobiernos no solo no mataron menos; es por ellos, y por nosotros, que hoy morimos más. Cambiarlo es, como pocas veces, una cuestión de vida o muerte.

Por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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