¿Cómo así llegó este tema al Legislativo?

Pues sucede que se debatió la Resolución Legislativa N° 2548, que proponía aprobar la celebración de la 52° asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, en octubre de este año.

En el segundo anexo de dicha resolución de 199 páginas se disponía que el Gobierno peruano, entre muchas otras cosas, debía proporcionar en las instalaciones para el evento, “además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro”.

Este detalle, que en cualquier país desarrollado no hubiera causado controversia alguna, suscitó un enardecido debate de una hora en torno a las supuestas consecuencias catastróficas que dicha cláusula tendría para el devenir nacional.

“El problema es que se está metiendo en el acuerdo, de contrabando, el concepto de ideología de género”, refirió el congresista Ernesto Bustamante, principal opositor de resolución, que ya en la víspera había señalado su preocupación al respecto.

Vamos por partes. ¿Qué es un baño neutro? Pues es un baño individual cuyo uso no se restringe a un determinado sexo. Es decir, que puede ser utilizado por cualquiera, al igual que los baños que existen en muchísimos centros de trabajo o restaurantes. Tan simple como eso.

En muchos países del mundo existe la tendencia de asegurar la disponibilidad de baños neutros con la finalidad de hacerle la vida más fácil a aquellos que no se sienten cómodos utilizando baños comunes exclusivamente masculinos o femeninos.

La posición de Bustamante, y de aparentemente muchos de sus colegas, es que una medida como esta supuestamente promueve la homosexualidad o el “transgenerismo”. Un absurdo y risible disparate. Digámoslo con claridad: nadie va a definir su orientación sexual por el tipo de baño que use para hacer pila.

Además, el debate estuvo marcado por un vergonzoso nivel de desinformación. Así, por ejemplo, Bustamante dijo literalmente que “el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el Derecho interno peruano”.

Esto es falso. La resolución en cuestión tan solo disponía los detalles de organización de la referida asamblea, y en ningún modo modifica la legislación nacional ni genera obligaciones futuras en materia de acceso a servicios higiénicos.

Luego de este paupérrimo debate, la resolución fue rechazada con 55 votos en contra. Esto ponía en peligro la realización del importante evento internacional, que traería al Perú a jefes de Estado y personalidades de toda Latinoamérica y generaría una dinámica económica muy beneficiosa para la capital. Pero quizás más dañino que esto es el papelón internacional que una decisión de esta naturaleza implica.

Lo paradójico de todo esto es que el tema de la asamblea de este año es “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

Bien harían muchos de nuestros congresistas en asistir a la misma y, quizás así, abrirían un poco su mente y desarrollarían su empatía hacia quienes son distintos a ellos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 17 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Aunque su concreción parece improbable en el corto plazo, es una propuesta sumamente conveniente por varios motivos. El primero tiene que ver con razones de eficiencia. Hoy cada distrito administra su propio serenazgo, sistema de recaudación, sistema de recojo de residuos sólidos, servicio de limpieza pública, entre otros. Este modelo no permite aprovechar las economías de escala. Si en lugar de tener 42 contratos de limpieza pública tuviéremos cinco contratos de mayor envergadura, se podrían obtener menores costos unitarios. Lo mismo para cualquier otro servicio público.

Pero los beneficios no se limitan a reducción de costos, existen además razones de efectividad. Pensemos en la seguridad ciudadana. Hoy diversos distritos tienen sistemas de videovigilancia a menudo desvinculados entre sí. Esto lleva a situaciones absurdas como la imposibilidad de hacer seguimiento a delincuentes o sospechosos cuando estos atraviesan la frontera distrital. Por ello, mientras más grande sea la jurisdicción, la efectividad de estos sistemas se potencia.

Otro motivo para apoyar la iniciativa tiene que ver con razones de planificación. Hoy cada municipalidad distrital otorga licencias de construcción y funcionamiento con criterios diferentes. Esto dificulta una planificación coherente y ordenada de la ciudad, sus usos y parámetros. Mientras menos instituciones tengan discrecionalidad al respecto, los resultados serán mejoras para los ciudadanos.

Un tercer argumento está vinculado a la inequidad. No es novedad que Lima está marcada por profundos contrastes, incluso entre distritos o barrios colindantes. La desigualdad en la distribución de ingresos de los ciudadanos se ve profundizada por las diferencias abismales en la calidad de servicios que reciben. Estas se explican en buena medida por la distribución de los presupuestos ediles. A manera de ejemplo, el presupuesto municipal por vecino en San Isidro es 20 veces más grande que el de San Juan de Lurigancho. Una diferencia de tal envergadura no debiera tolerarse dentro de la misma urbe.

En la medida en que zonas más diversas puedan integrarse bajo una misma jurisdicción municipal, las diferencias en recaudación y asignación presupuestal se tornarán menos pronunciadas y la inequidad –que es un sello de nuestra capital– se verá reducida.

En el mundo ideal, Lima debiera migrar hacia un modelo de un único gobierno municipal, como se observa en la enorme mayoría de grandes ciudades del mundo. Pero, dadas las complicaciones políticas y administrativas que un cambio tan drástico implicaría, la reducción del número de municipios parece una alternativa intermedia un tanto más viable.

Es evidente que la migración hacia un modelo de menos distritos encontrará gran resistencia. Surgirán preguntas como qué distrito se integrará con cuál, o incluso debates respecto al nombre que cada nueva municipalidad recibiría. Pero son obstáculos que podemos y debemos resolver si aspiramos a una Lima más viable. Los beneficios bien valen el reto.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 03 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Particularmente impopular es la reelección congresal, que fue abolida en 2018 mediante un referéndum con el apoyo del 85% de peruanos y con el decidido auspicio del entonces popular Martín Vizcarra.

En el contexto en que se dio –con un Congreso sumamente desprestigiado que fue el gran causante de la crisis política que nos dejó con cuatro presidentes en un quinquenio–, la medida fue una suerte de disolución anticipada del Legislativo. Pero vista en perspectiva, una prohibición de esta naturaleza no es más que la privación de un derecho para los ciudadanos.

Si un legislador nos ha demostrado que no está la altura del encargo, debe corresponder a los ciudadanos quitarle la confianza mediante el voto. ¿Por qué privarnos de la posibilidad de renovar nuestro apoyo a aquellos congresistas cuyas cualidades han quedado demostradas en la cancha? Esta prohibición solo obliga a tener que apostar por 130 nuevos personajes de los que tenemos muy poca información en cada elección.

Otra razón por la que esta prohibición es dañina tiene que ver con la curva de aprendizaje a la que están sometidos los parlamentarios. Solo comprender el complejo funcionamiento de los procesos legislativos y de los principios del Derecho parlamentario no es tarea menor. Más aún, las capacidades requeridas para alcanzar consensos y construir mayorías –algo indispensable en la labor congresal– no deben subestimarse. Todos estos son aspectos que se aprenden en la experiencia cotidiana del oficio. Sin la posibilidad de reelección, estaremos condenados a tener congresos de novatos que –al estilo del presidente Castillo– usan el encargo para aprender.

Aun con estas ventajas de la reelección congresal, entiendo que parte de la resistencia ciudadana tiene que ver con la percepción de que históricamente han sido las cúpulas partidarias, y no la ciudadanía, las que han decidido quiénes se perpetúan en el Parlamento.

En efecto, en el pasado hemos visto que impopulares miembros de élites partidarias se aferran a su escaño apoyados por las argollas de sus partidos y por el poder de algunos caciques políticos. Pero resolver este problema privándonos del derecho a la reelección es absurdo y dañino. La manera de abordar el reto es más bien ir hacia una verdadera democracia interna.

Hoy la mayoría de partidos solo lleva a cabo pantomimas de elecciones primarias, que no hacen más que poner un sello de formalidad a los designios de las cúpulas, pero distan de ser procesos genuinamente democráticos. Ahí está el problema.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, aprobadas en 2019 por recomendación de la Comisión Tuesta, fueron una buena respuesta a este problema.

No obstante, los enemigos de la reforma sabotearon y postergaron su realización tanto para las elecciones generales de 2021 como para las regionales y municipales de este año. Para ello argumentaron razones vinculadas a la pandemia que no son más que una burda excusa.

La mejora de nuestro sistema político no será posible si avanzamos en ciertos cambios, pero retrocedemos en otros.

La única manera de alcanzar una reforma efectiva es preservando su integralidad, y para ello necesitamos el compromiso de la clase política y la vigilancia de la ciudadanía. No permitamos que los beneficiarios del statu quo sigan condenándonos a un sistema que no da resultados para los ciudadanos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 12 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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