El incremento de estos impactos en el planeta resulta cada vez más obvio. De acuerdo con el Financial Times, la fuerte sequía que vivió el hemisferio norte a mitad de este año fue 20 veces más probable de ocurrir debido al cambio climático. Según reporta el World Economic Forum, este fenómeno trajo consigo efectos desiguales, al crear “islas de calor” en vecindarios con menos espacios verdes, usualmente de bajos recursos.

Asimismo, como informa el New York Times, estudios confirman que, a pesar de que se esperaban fuertes lluvias este año, el cambio climático jugó un rol decisivo en el grave impacto generado por las inundaciones en Pakistán en agosto. Las intensas precipitaciones, combinadas con la alta vulnerabilidad de esta región, dieron pie a un evento mucho mayor de lo previsto que tuvo su desenlace en el desplazamiento de millones de personas.

En el caso de Lima, se pudo observar impactos análogos durante el Fenómeno El Niño del 2017. También se evidenció la magnitud de los daños dada la poca preparación para enfrentar estos eventos: 34 distritos fueron declarados en emergencia, con Chosica, Lurigancho-Chosica y Huarochirí con los casos más apremiantes.

La mayoría de los distritos de la capital se vieron afectados por la falta de suministro de agua, a raíz del cierre de una planta de tratamiento de agua potable para evitar daños por los desbordes de ríos. El balance final: 16,000 damnificados, 41,000 afectados, 17 fallecidos, 139 puentes destruidos, 181 puentes afectados y 962 kilómetros de carretera destruidos.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, en 2021 se presentó el “Plan local de cambio climático de la provincia de Lima 2021-2030”. De manera general, plantea acciones para asegurar la gobernanza climática, así como para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Una de sus tres estrategias aborda la adaptación. Esta apunta a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando continuamente las capacidades de adaptación ante peligros climáticos.

A pesar del optimismo resultante de contar con un plan como este, para que pueda ser llevado a la realidad es necesario contar con iniciativa política desde la nueva gestión de la alcaldía. Sin embargo, no se ha encontrado mucho énfasis en ello, visto desde los planes electorales.

En las elecciones, varias propuestas electorales contemplaron el incremento de áreas verdes mediante forestación y reforestación en zonas estratégicas de la ciudad. La mayoría consideró acciones de control e infraestructura para prevenir los riesgos del cambio climático e iniciar una recuperación ecológica de espacios naturales, especialmente en defensas ribereñas en los ríos más representativos de la ciudad.

Fueron menos del 50% los partidos que consideraron implementar programas o proyectos para incrementar la capacidad de respuesta frente a peligros climáticos. En tal sentido, a pesar de haber identificado medidas vinculadas moderadamente a la adaptación, ninguna cumplía con atender el alcance de la problemática relacionada a ella, el cual sí es contemplado por el plan local mediante múltiples acciones.

De acuerdo con el plan, alcanzar el objetivo final de resiliencia y reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático, no solo requiere incrementar la proyección de infraestructura, sino además implementar sistemas de alerta temprana ante peligros climáticos. Además, integrar principios de sostenibilidad en la propuesta urbanística y de vivienda, fortalecer la infraestructura natural, entre otras acciones.

Asimismo, el plan busca impulsar medidas de forestación y reforestación como las propuestas, pero además contempla una Red de Vigilancia Ambiental de Ecosistemas e Infraestructura Natural que abarque de manera integral la promoción y conservación del ecosistema limeño. Finalmente, propone reducir los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la salud de la población, con prioridad en los grupos vulnerables.

El candidato elegido tendrá la tarea de preparar a la ciudad ante los futuros eventos climatológicos. Desde este espacio, esperamos que las pueda abordar con mayor profundidad que en su plan electoral. Lima y su población lo necesitan.

Realizado por: Verónica Tello y Claudia Alvarado, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Según el Índice de riesgo climático global, el Perú fue el tercer país más vulnerable en América del sur frente a los eventos vinculados al cambio climático en el periodo 1998-2018 (Ekckstein y otros, 2019). Además, en sectores como agricultura, los impactos del cambio climático generarían una potencial reducción en los ingresos de los productores de entre 8 y 13%, dependiendo de cuánto aumente la temperatura (Galindo y otros, 2015).

Hoy, las acciones tomadas para hacer frente a la COVID-19 han afectado nuestras finanzas públicas. El país ha debido priorizar estrategias y recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, revela que la deuda pública del Perú como porcentaje del PBI se incrementaría en 8.8 p.p. respecto a lo registrado en el 2019. Asimismo, según el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021, el presupuesto del Estado por fuente de recursos ordinarios se reduciría en 15 p.p. respecto al 2020.

El sentido de urgencia y las decisiones políticas ante la emergencia medioambiental son aún insuficientes en América Latina (Bárcena y otros, 2020). En el Perú, el deterioro de las finanzas públicas debido a la pandemia deja poco espacio para hacer frente a los impactos del cambio climático. En un escenario normal, el país podría acceder a fondos no reembolsables y al financiamiento a través de bancos multilaterales o bilaterales, estos últimos estarían supeditados a la capacidad del Estado para reactivar la economía.

Por ello, surge como opción de financiamiento el acceso fondos climáticos no reembolsables. En el 2016, el Perú accedió a 15.98 millones de dólares provenientes de fondos climáticos. No obstante, esta cifra representó el 3.5% del total del financiamiento climático del país y el 3.6% de la cartera de fondos provenientes de fondos climáticos para América Latina y el Caribe ese mismo año (Samaniego & Schneider, 2019).

Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima (FVC) es una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París. En el 2015 inició operaciones, al año siguiente financió su primer proyecto en el Perú y un segundo proyecto desarrollado en América Latina y África Subsahariana. El Perú también ha participado en programas de preparación para acceder a más recursos del fondo. Sin embargo, a la fecha se ha beneficiado menos de estos fondos en comparación a otros países de la región:

En este contexto de escasez de recursos, se vuelve más importante alinear las políticas de desarrollo nacional con las metas climáticas. Además, tomar acciones que puedan incorporar ambas emergencias como parte de las prioridades nacionales hacia un desarrollo sostenible.

El país tiene en los fondos climáticos una oportunidad de acceder a financiamiento no reembolsable que permita implementar proyectos de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Aunque por su magnitud no serán suficientes para hacer frente a todos los compromisos que el Perú ha asumido la CMNUCC, estos fondos son una oportunidad de financiamiento que deberá utilizarse eficientemente. Por ejemplo, priorizando intervenciones que no solo generen un impacto positivo en el medioambiente, sino que tengan el potencial de reactivar la economía.

Por: Roxana Vivar y Mauricio Ibáñez, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Desde la firma del Acuerdo de París en el 2016, que busca reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, el Perú ha venido incorporando estos compromisos en su marco normativo. Así, en abril del 2018 fue pionero en Latinoamérica en promulgar una ley sobre cambio climático, un hecho histórico en el camino por reducir la vulnerabilidad de nuestro país.

El reglamento de esta ley, aunque emitido con retraso, destacó por haberse desarrollado mediante un proceso participativo en el que intervinieron actores públicos y representantes de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de los pueblos indígenas. Publicado en diciembre del 2019, establece las funciones de cada uno en el marco del cambio climático. Además, precisa los instrumentos de gestión pública y las herramientas de monitoreo y evaluación para las medidas de adaptación y mitigación, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para el financiamiento climático.

Particularmente, destaca la participación ciudadana. Sobre ella el reglamento establece la obligación de respetar y garantizar el acceso y difusión de la información en materia de cambio climático y garantizar espacios de diálogo con los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas a nivel nacional, regional y local. Esto con la finalidad de proteger y garantizar su identidad, costumbres, conocimientos y prácticas ancestrales, tradiciones e instituciones. Para ello se creó la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) como un espacio de articulación de las propuestas de adaptación y mitigación, así como de los conocimientos y prácticas tradicionales en cambio climático que contribuyen a una gestión integral.

A pesar de las condiciones sanitarias que viene enfrentando el Perú, existe continuidad en las labores para implementar los espacios, instrumentos y mecanismos que se proponen tanto en la ley como en su reglamento. Así, el 21 de julio último se anunció que el grupo de trabajo impulsor había logrado trazar la hoja de ruta para implementar y operativizar la PPICC, cuya ejecución se abordará en una próxima sesión. Por su parte, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático será la encargada de proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y las contribuciones determinadas a nivel nacional. Ambas instancias deberán funcionar en conjunto para lograr los objetivos y metas nacionales trazados.

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El 67% de sus desastres están relacionados con fenómenos climáticos. La mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la deforestación de la Amazonía, que en el 2019 perdió 162,000 hectáreas de bosques. Además, 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías, 5.5 millones a precipitaciones muy intensas, 5.6 millones a ciclos de heladas y friajes, y 14 millones son vulnerables a la inseguridad alimentaria, vinculada al cambio climático.

Si bien se están logrando algunos avances en materia ambiental, es importante traducirlos en resultados, pues el calentamiento global podría tener consecuencias económicas y de salud de mayor alcance que la actual crisis global. Cada logro sienta las bases para llevar a la realidad la institucionalidad necesaria que nos permitirá hacer frente a esta amenaza de manera articulada, desde los distintos sectores nacionales hasta las comunidades y pueblos indígenas.

Realizado por: Roxanna Vivar y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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El espacio de negociación donde la gran mayoría de países discuten cómo reducir dicha emisión es la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), cuya última edición, como sabemos, se desarrolló en Lima. En ella participaron representantes de 196 naciones.

¿Por qué le debería interesar la COP al Perú? Porque es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Estos no solo comprenden temas ecosistémicos, sino que afectan directamente a las personas y a las actividades económicas que realizan, más aún si están relacionadas a los recursos naturales.

Según la investigación elaborada por Paola Vargas para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y titulada “El cambio climático y sus efectos en el Perú”, de no tomarse medidas adecuadas, el PBI de nuestro país hacia el año 2050 será entre 20% y 23,4% menor del que se lograría en un escenario sin cambio climático.

En efecto, cada vez son más discutidos los efectos de las emisiones de GEI en la salud de las personas y en su desarrollo cognitivo. No creemos que sea casualidad que, según la OMS, Lima —como muchas otras ciudades del Perú— tiene uno de los peores estándares de calidad en el mundo y, al mismo tiempo, nuestros niños muestran los peores desempeños en las distintas pruebas de habilidades y conocimientos, como la prueba PISA.

Por ello, que el Perú busque tener políticas de Estado orientadas a reducir las emisiones de GEI le abre las puertas para ser un potencial aliado en tratados de comercio internacional y lo vuelve más competitivo frente a otras naciones, al tiempo que protege a sus ciudadanos, que serán personas más productivas y saludables. Reducir las emisiones de ninguna manera desalentará las inversiones —como sostienen algunos—, pues a nivel global el crecimiento “verde” del que se habla implica separar el crecimiento económico de la emisión de GEI.

De hecho, la reducción de emisiones de GEI ha abierto un nuevo mundo de proyectos empresariales e ideas de negocio que representan oportunidades de desarrollo e inversión. Por ejemplo, el proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) de Ministerio del Ambiente ha identificado 77 opciones de mitigación de GEI. De ellas, 33 implicarían inversiones adicionales por más de S/. 7300 millones (26% de la cartera de proyectos que actualmente maneja ProInversión).

Que el Perú haya sido anfitrión y organizador de la COP 20 constituye una oportunidad para fortalecer la institucionalidad que el país necesita, pues la coordinación intersectorial es esencial para el avance de estas medidas. Es decir, se espera que cada vez más los proyectos nacionales tomen en cuenta el cambio climático como un factor.

Pese a escándalos políticos recientes, la COP 20 logró poner en agenda el tema del cambio climático y su impacto en el desarrollo global. Ya no es un tema de ambientalistas, sino uno que nos convoca a todos. Propongámonos desarrollar políticas que contribuyan a aminorar la emisión de GEI, nos protejan de los efectos del cambio climático y nos hagan más productivos en aras de un desarrollo sostenible.

Realizado por: Alejandra Sota, asistente de investigación de Videnza Consultores

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Aprovecho para cerrar este post deseándoles a todos unas ¡felices fiestas y un 2015 exitoso! Regresamos en enero.

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