Según la Encuesta Nacional de Transformación Digital (2020), este proceso sirve como apoyo para la resolución de los problemas públicos. Del total de entrevistados, el 57% coincidió en que el avance digital permitiría un mejor acceso a los servicios sanitarios, ubicando a este beneficio como el principal de la transformación digital.

Por eso, vale la pena pensar en qué tipo de medidas digitales conducirían a un mayor avance en temas sanitarios. Primero, es necesario recordar que el sistema nacional de salud está altamente fraccionado y desarticulado, y que la falta de información adecuada y completa impide la interoperabilidad dentro y fuera de cada subsistema. Esto termina perjudicando a los ciudadanos, quienes en reiteradas ocasiones deben repetir exámenes de laboratorio o llenar múltiples formularios, según estudio realizado por Padilla en 2018.

Para solucionar estas deficiencias, surge la propuesta de un sistema de historias clínicas electrónicas. Estas son registros electrónicos que almacenan el estado de la salud de cada persona en distintos momentos de su vida y las acciones que se desarrollaron a razón de ello, según la OPS. La implementación de este sistema tiene el potencial de generar grandes beneficios que permitirían optimizar la gestión clínica y epidemiológica. Así, se podría estructurar datos de calidad sobre las diferentes enfermedades que aquejan a los pacientes con el fin de proveer información fundamental para su atención.

Además, abre la posibilidad de interoperar los diversos subsistemas existentes para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes. Es decir, si una persona se atiende en un hospital de EsSalud y luego pasa a atenderse en un hospital de Minsa, el médico que la reciba podrá ver sus antecedentes médicos, si es que tiene alergia a algún medicamento, cuál es su tipo de sangre, entre otros.

Otra característica de un sistema como este es que tiene la capacidad de introducir y almacenar recetas médicas, análisis y otros servicios. Esto genera grandes ahorros de tiempo, pues favorece la legibilidad, reduce duplicaciones de fichas y genera ahorro por la reducción de impresiones ahora que los registros son digitales.

Los países pioneros en la implementación de los sistemas de historias clínicas electrónicas son los más desarrollados e incluso ya están interoperando historias clínicas entre ellos. En Latinoamérica todavía no se llega a ese nivel, aunque existen experiencias positivas que sirven de ejemplo. Uno de los casos de gran avance es Uruguay, donde desde 2016 los prestadores integrales cuentan al 100% con un sistema de historias clínicas electrónicas implementado y del total de instituciones, el 78% tiene esta herramienta. Para finales de 2020, el 95% de la población uruguaya poseía algún documento clínico en la plataforma digital.

¿Cómo se traduce esto en beneficios para los pacientes? Según un estudio del BID, en 2020, el 84% de los usuarios notó que el médico accedió rápidamente a su historia clínica digital y no fueron necesarias preguntas sobre consultas o enfermedades previas. Asimismo, 70% de directores o directores técnicos afirman que este sistema aumenta la eficiencia de atención, 80% opinó que mejora los procesos de trabajo de sus equipos y 60% señaló que mejora la satisfacción de pacientes y la calidad de decisiones. Se concluyó que este tipo de historias clínicas disminuye los exámenes duplicados o innecesarios entre 60% y 80%, los errores médicos entre 60% y 70%, y las fallas en la administración de medicamentos entre 60% y 70%.

En Perú, ya existen las historias clínicas electrónicas, pero aún queda un gran camino por recorrer para alcanzar un sistema completo y eficiente en torno a ellas. Si nos centramos solo en el primer nivel de atención, vemos una brecha importante en el uso de esta herramienta: en Lima Metropolitana se tiene entre el 49% y el 80% de establecimientos implementados, pero regiones como Cajamarca llegan a un mínimo 3%. Es necesario impulsar su uso en todas las regiones del país.

Además, falta interoperar estas historias para que exista un flujo óptimo de pacientes entre establecimientos de distintos niveles y distintos subsistemas, y que estas historias clínicas interactúen con bases de datos de otras instituciones estatales, como el Reniec. Los servicios de salud deben darle prioridad a esta implementación para que puedan ofrecer la atención oportuna, eficiente y de calidad que nos merecemos todos los peruanos.

Realizado por: Nicolás Besich y Delia Ruiz, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Existen herramientas que contribuyen a este proceso de planificación, el cual finalmente debe aterrizar en una cartera de proyectos que sea viable y creíble. En el caso de Perú, esta herramienta se plasma en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Sin embargo, es primordial lograr que esta cartera se desarrolle sobre la base de una definición robusta de sostenibilidad.

Precisamente, el PNIC está en proceso de actualización, tal como lo informaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en febrero de este año. Un aspecto importante que quedó pendiente en la anterior versión es la incorporación de la sostenibilidad como característica en la infraestructura. La consideración de este concepto implicaría un gran paso para los proyectos del país, pues este tipo de infraestructura trae diversos beneficios en diferentes áreas que requieren atención en el país.

Entre ellos: desarrollo económico, mejora de calidad de vida de la población, infraestructura longeva, protección y preservación de recursos naturales y medioambiente, reducción de desigualdades, entre otros.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la infraestructura sostenible engloba proyectos planeados, diseñados, construidos, operados y cerrados que garantizan sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental (incluyendo resiliencia climática) e institucional.

A manera de resumen, la sostenibilidad social implica que debe ser de utilidad para todos los grupos de interés, especialmente grupos vulnerables, y contribuir en la mejora de calidad de vida y el bienestar.

La dimensión económico-financiera se cumple si, después de evaluar los beneficios, costos, externalidades e impactos durante el ciclo de vida del proyecto, se da un rendimiento económico positivo y se genera una adecuada tasa de retorno ajustada al riesgo.

Por su parte, la dimensión ambiental considera que la infraestructura debe preservar, restaurar e integrar el entorno natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. Finalmente, la institucional asegura el cumplimiento de planes y políticas nacionales sobre la base de la transparencia durante todo el ciclo del proyecto.

Entonces, el reto consiste en incorporar estas dimensiones tanto en el PNIC como en la propia formulación de los proyectos. Como mencionamos, el PNIC aún vigente no llegó a contar con un indicador de sostenibilidad. Asimismo, si bien los proyectos listados en este plan deben haber pasado por el proceso de evaluación a través del sistema de inversión peruano Invierte.pe, esto tampoco garantiza obtener un proyecto sostenible en sus cuatro dimensiones. Esta evaluación se apoya principalmente en un análisis económico con algunos aspectos sociales, sin considerar adecuadamente las dimensiones ambientales e institucionales.

 La experiencia de otros países en la incorporación de estas dimensiones es clave. Por ejemplo, Australia cuenta con una lista priorizada, llamada Infrastructure Priority List, en la que recoge propuestas de proyectos de todo el país y de diversos actores, y los prioriza y categoriza según su relevancia y apremio.

La evaluación de los proyectos que se incorporan en esta lista está a cargo de Infrastructure Australia, un asesor independiente que ofrece recomendaciones y herramientas para el desarrollo de la infraestructura.

El proceso de análisis de los proyectos parte de una metodología exhaustiva y con lineamientos claramente detallados. Su diseño busca que los proyectos incluidos en la lista priorizada sean sostenibles y relevantes para el país. Así, se determina que cada propuesta debe demostrar, entre otros aspectos, que logra crear un impacto social positivo.

Esto se logra a través de una evaluación social reforzada. En el caso peruano,  la evaluación social de proyectos se realiza utilizando como herramienta el análisis costo-beneficio (ACB) con la incorporación de la dimensión social. Sin embargo, la metodología australiana añade a ello un valor agregado que hemos resaltado en dos puntos clave: el ACB debe incorporar impactos ambientales, y el ACB no es el único criterio ni el más importante.

Sobre este segundo punto, este método reconoce que existen beneficios que no pueden ser monetizados o cuantificados, pero que sí podrían tener un impacto positivo y significativo en la sociedad. Plantea evaluar cualitativamente diferentes impactos clave en calidad de vida, productividad, medioambiente y resiliencia. Asimismo, se pone hincapié en temas específicos como demostrar alineamiento a planes nacionales y estatales; integrar la propuesta a una red de infraestructura existente; y contar con la aprobación y coordinación de stakeholders como los beneficiarios y las autoridades de la zona afectada.

De esta manera, se abarcan aristas económicas, sociales, ambientales, de resiliencia e institucionales, para las cuales se pide al proponente presentar información cualitativa que las demuestre.

En estas adiciones metodológicas, que pueden parecer sencillas, se logra englobar diversos desafíos que la metodología actual del PNIC o el sistema de inversión peruano no incluye, pero que, de cumplirse a cabalidad, pueden lograr una gran diferencia en la calidad de la infraestructura pública provista.

Ello se vuelve especialmente relevante en el contexto de recuperación de la crisis de la COVID-19 y en un marco de crisis política constante.

Dado que las inversiones impulsadas por el PNIC pueden contribuir a una reactivación de la economía, la selección de proyectos para esta herramienta necesita obedecer a las brechas y necesidades de sostenibilidad del país, y enfocarse en un objetivo y con visión de largo plazo.

Realizado por: Roxanna Vivar y Verónica Tello, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Qué duda cabe de que la pandemia está siendo un desafío para todos los peruanos. Pero creo que, especialmente, tiene rostro femenino. Y esto por varias razones.

En primer lugar, las mujeres invertimos mayor tiempo atendiendo a nuestros hijos. Y más en estas circunstancias, que se han visto obligados a seguir sus estudios a distancia. Eso conlleva un mayor acompañamiento pero, también, impactos socioemocionales en ellos y en nosotras.

Así, una encuesta del BID a cuidadores de niños en países de América Latina el 2020 reveló que la desigualdad de aprendizajes aumentará, entre otras razones, por su impacto en la salud mental. Y que será más severa en las niñas y adolescentes que, a la par con estudiar desde casa, continúan cargando con mayor responsabilidad en las tareas domésticas en comparación con los niños y jóvenes.

En segundo lugar, más mujeres que hombres han perdido sus empleos en la crisis actual. Solo en Lima, en el trimestre abril-mayo-junio del 2020, el nivel de población ocupada cayó en 55% en comparación al 2019. Mientras los hombres con empleo decrecieron 34.9%, las mujeres lo hicieron en 45.3%.

En tercer lugar, el confinamiento agregó tensión a espacios vulnerables, donde mujeres se vieron obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Según ONU Mujeres, en el Perú las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar aumentaron de forma alarmante durante el confinamiento.

Y, antes de la pandemia, una de cada tres mujeres sufría de violencia física o sexual. Este es un problema de salud pública y de consecución de derechos. Y debe ser abordado como tal.

Siendo ese el contexto, que una candidata a la vicepresidencia haya afirmado que el 89% de la violencia familiar se da en mujeres que usan anticonceptivos, y sugerido que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”, no contribuye a un debate basado en evidencia y a favor de los derechos de la mujer. Dogma y política nunca son buena combinación.

En este Día Internacional de la Mujer, recordemos que debemos seguir en la lucha por lograr mayor equidad. Y la equidad no es otra cosa que darle a cada quien aquello que necesita. Así como los padres sabemos que no todos los hijos necesitan lo mismo, lo mismo sucede en una sociedad.

Luchar, por ejemplo, porque el Estado ofrezca a sus ciudadanos una real protección social. Con la que podamos contar en circunstancias de tanta vulnerabilidad como la actual y que son muy difíciles de manejar de manera individual o a través del mercado.

Luchar por construir una mayor confianza entre las personas, y entre ellas y las instituciones, sean estas públicas o privadas.

Y luchar porque, en ese proceso, no se pierda el respeto. Ese que se necesita para que seamos un país viable.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Ese es precisamente el eje del reciente estudio “Desde el paciente: experiencias con la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata del primer análisis comparativo de los servicios y sistemas de atención primaria de las principales regiones del subcontinente americano, tomando en cuenta para ello seis países: Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica, México y Panamá. Además, confronta esta data con la de once países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Como no sorprenderá, la satisfacción de los latinoamericanos y caribeños con sus sistemas de salud es inferior a la de los ciudadanos de países OCDE: el 87,4% de los primeros piden cambios fundamentales, frente al 55,4% de los segundos. Sin embargo, lo interesante del estudio es tomar en cuenta experiencias prácticas que podrían ofrecernos resultados rápidos y, sobre todo, de alto impacto. Aporta luces sobre cómo obtener ganancias de corto plazo en el marco de las redes integradas de salud, que ya están siendo implementadas en nuestro país. Estas, según la revista “The Economist”, son el “sistema nervioso central del sistema de salud de un país”. Al estar centradas en el paciente, permiten brindarle una atención más adecuada cuando lo necesite y donde lo necesite.

En el Perú se vienen consolidando esfuerzos por avanzar en la protección de la salud, y ya el 80% de los peruanos cuenta con un seguro de salud. Encaminado este primer paso fundamental, toca ahora fortalecer la atención primaria; es decir, el primer contacto con los pacientes. Y esa ruta está clara: debemos invertir la pirámide de servicios. Tenemos un sistema centrado en hospitales en vez de en establecimientos de primer nivel. Los hospitales representan solo el 10% de la infraestructura disponible, pero utilizan el 90% del presupuesto y el 85% de los recursos humanos en salud. Este esquema es, a todas luces, ineficiente.

Para lograr un sistema orientado a la atención primaria de salud, el Ministerio de Salud está trabajando en una meta de transformación: mejorar la experiencia del paciente con un primer nivel que resuelva satisfactoriamente los casos de baja complejidad y ofrezca más servicios especializados mediante la telesalud. Además, está apuntando a la digitalización de las historias clínicas y al uso de tecnología para optimizar la interoperabilidad de los sistemas de información. Ello permitirá que los diagnósticos y resultados estén disponibles tanto en los establecimientos de primer nivel como en los de referencia, sin necesidad de repetir los procedimientos.

Está ampliamente demostrado que garantizar una cartera de prestaciones en el primer nivel de atención mejora la salud, incide en la prevención y asegura la continuidad de la atención, al tiempo que refuerza la confianza en el sistema. Temas simples como el agendamiento de citas y la programación de turnos, la preparación previa de kits de atención –que aumentan la productividad del personal y la disponibilidad de medicamentos–, así como la mayor eficiencia del sistema producto de la centralización de los servicios de apoyo al diagnóstico, son “frutas bajas” que se pueden recoger casi inmediatamente y logros que permitirían negociar más recursos.

Todo lo anterior debe, por supuesto, ir acompañado con una mirada de largo plazo que otorgue mayor eficiencia y valor del sistema. En suma: tenemos la receta, toca aplicarla como política de Estado.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza 

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