“Hoy tenemos desconfianza hacia los genéricos, lo que lleva a adquirir ‘productos de marca’ más costosos”.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. Uno de sus objetivos tangibles es garantizar la accesibilidad a medicamentos genéricos, que hoy se entregan en los hospitales del Estado, pero que no son promocionados en farmacias privadas. La iniciativa pone de relieve la importancia de tener un mercado más competitivo con productos seguros, eficaces y de calidad. Además, plantea la necesidad de contar con información consistente y transparente, aunque no se precisa cómo se logrará este objetivo ni tampoco aborda un tema clave postergado: la necesidad de contar con trazabilidad de los recursos para gestionar y verificar que realmente llegan a donde se necesitan.

Veamos otros aspectos que deben afinarse. El sector público es responsable del 70% de la adquisición y distribución de medicamentos en el país. En su mayoría adquiere productos genéricos (salvo excepciones, como los oncológicos) y consigue los mejores precios gracias a compras corporativas anuales (todavía no oportunas, por cierto). Sin embargo, como señala el proyecto, entre el 25% y el 30% de la población no tiene acceso a medicamentos esenciales. Además, si bien el 80% de usuarios que acude al sistema de salud recibe una receta médica, casi uno de cada dos debe comprar las medicinas en farmacias privadas por falta de disponibilidad en los establecimientos públicos. Ante este escenario, cabría suponer que el problema es el (des)abastecimiento en el sector público. Sin embargo, el proyecto propone exigir inventarios físicos de genéricos a farmacias y boticas privadas. Es decir, se demanda al particular lo que el propio Estado no cumple. Además de generar sobrecostos, ¿cómo se aplicará esta parte de la ley? Y si es una buena medida, ¿por qué no pedirle lo mismo al público?

En lo que deberíamos trabajar es en precisar cómo hacer que el privado participe en el mercado de medicamentos de manera que añada valor al sistema y contribuya a atender demandas insatisfechas. Un mecanismo interesante para abordar el problema del acceso a medicamentos son las farmacias inclusivas, cuyo DL (1165) está vigente desde el 2013. Aunque necesitan repensarse para una ágil implementación, permitirían al Estado reforzar su red de atención apoyándose en cadenas y boticas particulares para que los pacientes reciban sus medicinas, bajo los términos y condiciones que el Gobierno establezca. Además, reducirían el problema de gasto y combatirían el mercado ilegal de medicamentos si se fortalece a los formales y se emplea el poder de las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Cómo fomentar el uso de genéricos en el país? Empecemos por implementar efectivamente la Ley 29459, promulgada en el 2009. Por ejemplo, con la exigencia de que el Ministerio de Salud establezca, de modo completo, la reglamentación y los procedimientos para la intercambiabilidad de medicamentos, y priorice los productos de mayor riesgo sanitario. Esto permitiría garantizar que los medicamentos genéricos que se comercializan en el Perú han demostrado el mismo efecto terapéutico que su par de marca. Es decir, que además de tener los mismos insumos y la misma cantidad de sustancia activa, son igual de efectivos. Lo que tenemos hoy es desconfianza hacia los genéricos, lo que lleva a adquirir “productos de marca” más costosos. Con la implementación de la exigencia, un ciudadano podría comprar el genérico sabiendo que funciona igual que el original. Incluso se puede añadir en el rotulado un color o característica que permita identificar con facilidad a un medicamento intercambiable.

Es fundamental, también, que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) agilice sus procesos. Esto considerando que demoró diez años en publicar el Reglamento de Intercambiabilidad, pero solo incluyó siete productos de un total mayor a 1.000. De seguir a ese ritmo necesitaríamos dos siglos para tener un mercado de genéricos de verdad. Y el cuidado de la salud no puede esperar.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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¿Cómo combatir enfermedades crónicas no transmisibles tales como las afecciones cardiovasculares y respiratorias, el cáncer y la diabetes? Estas, precisamente por su condición de crónicas, requieren de tratamientos continuos y prolongados. Para que las personas afectadas tengan acceso a estos tratamientos, el abastecimiento oportuno de medicamentos, especialmente desde el sector público, es clave. Es decir, el Estado debe lograr proveer productos de calidad al menor costo posible.

Esto no sucede en nuestro país hoy en día, pues se carece de un sistema de información articulado. De hecho, hay por lo menos seis sistemas que, en lugar de operar interrelacionadamente, tienen muchas dificultades y limitadas interfaces: SIAF, SIGA, Seace, Sismed, Siasis e HIS. A ello se le suman procesos y reprocesos que no añaden valor alguno –actos preparatorios que demoran hasta nueve meses, o el paso por varios almacenes distintos desde el proveedor hasta la farmacia del establecimiento de salud público, por citar solo dos ejemplos–.

Otro problema es que no se identifica la demanda insatisfecha, aspecto común en otros subsistemas como Essalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estimaciones preliminares muestran que el usuario de los servicios públicos recibe la tercera parte de los medicamentos prescritos. Esto sin contar la lentitud y la poca predictibilidad del financiamiento público, desde su programación hasta su ejecución: múltiples mecanismos de asignación y ejecución ineficientes complejizan la gestión a nivel local, dificultan la toma de decisiones o, peor aún, incentivan la corrupción.

Para cambiar esto debemos empezar por un quiebre de paradigma, donde se coloque a las personas y sus necesidades de salud al centro del sistema. Esto implica gestionar con convicción procesos sustentados en un sistema de información integrado que permita empezar por estimar la demanda insatisfecha e implementar una programación basada en necesidades reales, con métodos estandarizados de cálculo.

En segundo lugar, tenemos que afinar los mecanismos de compras públicas para hacerlos más eficientes y combatir la corrupción. Para ello, hay que precisar de modo transparente las características técnicas de los productos y automatizar en lo posible la decisión de selección del proveedor, para evitar la discrecionalidad. Así, para productos con muchos postores y bajo impacto presupuestal, cuya adquisición actual demanda mucho esfuerzo administrativo, se puede apelar a los catálogos electrónicos por Acuerdos Marco, que permiten agilizar las compras –una suerte de Amazon para medicamentos y dispositivos médicos–.

Si los productos, en cambio, tienen muy pocos postores y alto impacto en el presupuesto, son aconsejables las soluciones con riesgo compartido. Una alternativa son los esquemas de acceso gerenciado, que han mostrado resultados favorables en países como Colombia, Kenia y Ucrania. Según Héctor Castro, senior director del Management Sciences for Health (MSH), estos acuerdos institucionales entre pagadores y fabricantes permiten compartir el riesgo asociado a la incertidumbre en efectividad o impacto financiero, para que los pacientes accedan tempranamente a nuevos tratamientos.

Desde el Ministerio de Salud se observa el compromiso de mejorar los procesos de abastecimiento para que los medicamentos lleguen más oportunamente a todo el país. Esto pasa por optimizar los sistemas de almacenamiento y distribución, ya sea a cargo del Estado o bien de un tercero. Hay evidencia internacional al respecto: ambos modelos funcionan si están bien diseñados, son flexibles, usan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y se gestionan eficazmente.

Para que todo lo anterior sea posible se requiere que los actores del sector tengan un rol transversal en los procesos de programación, compra, almacenamiento y distribución de los medicamentos. Las enfermedades crónicas no transmisibles y la corrupción siguen matando gente día a día. Y esa factura la pagamos todos, especialmente los más pobres.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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