Partida anunciada, ¿ruta por definir?

El Gobierno ha publicado el decreto de urgencia para alcanzar la cobertura universal de salud. Este establece que todos los peruanos que no cuenten con un seguro médico –independientemente de su clasificación socioeconómica– serán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y tendrán acceso al Plan Esencial de Aseguramiento Universal en Salud (PEAS). Aunque la medida es un importante avance en el derecho a la salud, hay temas que aclarar.

El decreto plantea actualizar el PEAS y es una oportunidad para establecer un plan de beneficios que responda a las necesidades sanitarias actuales. Esta labor, que recae en la comisión multisectorial, debe considerar el nuevo perfil epidemiológico de la población, con clara incidencia de las enfermedades no transmisibles como el cáncer y las dolencias renales. Para ponernos en contexto: mientras que en 1990 estas representaban el 36% del total de carga de enfermedad, en el 2017 ya habían escalado al 66%, según el Global Health Data Exchange. Este ajuste permitirá que el PEAS sea garantía de un piso de protección para la cobertura prestacional. Asimismo, este plan de beneficios único y consensuado deberá ser costeado para estimar una “prima” que garantice su financiamiento.

Este decreto representa, además, una oportunidad para ordenar el financiamiento de todo el sistema de salud. Y justamente el PEAS debe ser el gran organizador del uso de recursos. Es decir, priorizar la inversión que permita su cumplimiento para todos los residentes del Perú. De igual modo, debe perfilar y alinear la formación de los recursos humanos, las inversiones y la adquisición de tecnologías sanitarias.

En esa ruta, es fundamental reducir la fragmentación de las fuentes de financiamiento y ordenar la prestación de servicios. Para esto último, será esencial promover convenios y contratos entre instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) públicas e instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) públicas y privadas, con mecanismos de pago eficientes y transparentes, lo que permitirá ampliar la oferta prestacional.

En cuanto a cómo mejorar la gestión, el decreto de urgencia propone medidas como implementar un sistema en línea para modernizar los flujos de las citas, automatizar el apoyo al diagnóstico y definir los indicadores de desempeño de las Ipress. Esto representa un enorme reto para cerrar la gran brecha digital del sistema de salud público, y obliga a tomar decisiones en terrenos donde hay mucho por hacer, como la mejora de la atención en los establecimientos de salud del sector público.

Sin embargo, en el decreto hay una serie de aspectos relacionados con la prestación y el financiamiento que deben ser analizados. Así, el acceso a planes complementarios (enfermedades que no estén cubiertas en el PEAS) dependerá de criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad económica. Esta medida deberá ser transitoria y tender, en el largo plazo, a equiparar las coberturas.

La actualización de los planes complementarios representa una oportunidad para definir los de segunda capa explícitamente. Estos deben definir los criterios para la cobertura de enfermedades costosas con gran riesgo de generar gasto catastrófico y empobrecedor. Ello es fundamental para lograr la protección financiera de los hogares y cautelar la sostenibilidad del sistema de salud.

Para el avance del aseguramiento, en cobertura de la población no asegurada y en oportunidad y calidad de la atención, será clave contar con el financiamiento que acompañará la propuesta. Por ahora se ha señalado que quedará a cargo del presupuesto destinado a salud. Sin embargo, aunque es indudable que urge hacer un uso más eficiente de los recursos del sector, también lo es la necesidad de financiamiento adicional para hacer frente a las atenciones de 4,8 millones de personas que entrarán al sistema. Más aún porque las Ipress verán disminuir los ingresos de bolsillo que hoy reciben de quienes carecen de un seguro de salud.

Finalmente, un aspecto pendiente es la gestión del aseguramiento público mediante un fondo. Este le daría al SIS mayor autonomía, pues gestionaría el riesgo y la provisión de los servicios para la población a su cargo.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza