No es la forma

La aprobación por insistencia de la ley que modifica la aplicación de la cuestión de confianza debilita nuestro sistema democrático. No cabe duda de que este mecanismo tenía que ser revisado –el cierre del Congreso por Martín Vizcarra puso en evidencia que existían vacíos y definiciones pendientes para su aplicación–. No obstante, la manera en que ha procedido el Congreso tiene problemas de forma y fondo.

Respecto de la forma, a pesar de que los impulsores de la norma insistan en negarlo recurriendo a formalismos, es evidente que se trata de una modificación constitucional. El mecanismo ha sido recortado tan drásticamente que su naturaleza ha cambiado. El problema radica en que, como claramente señala el artículo 206 de la Constitución, solo hay dos maneras de modificar la Carta Magna, y la forma en que se ha hecho en esta oportunidad –con una ley aprobada por mayoría simple– no está contemplada. El Congreso no puede aspirar a perfeccionar nuestro sistema democrático pasando por alto una norma tan fundamental.

Ante esta situación, el Ejecutivo ya ha adelantado que interpondrá una acción de inconstitucionalidad, la que previsiblemente será declarada fundada por el Tribunal Constitucional. Se trataría de otra norma que se suma a la ya larga lista de leyes inconstitucionales aprobadas por el Congreso en los últimos años.

Pero, además de los problemas de forma, existen también problemas de fondo. Tal como se ha aprobado, esta norma desarma desproporcionalmente al Ejecutivo. Ante un Congreso decidido a vacarlo, quien ejerza la presidencia quedará prácticamente indefenso, sin poder echar mano del efecto disuasivo que tiene hoy la cuestión de confianza.

Por esta razón, lo sensato habría sido hacer una revisión simultánea de las armas de ambos poderes. Por el lado del Congreso, por ejemplo, urge aclarar la figura de la vacancia por causal de incapacidad moral permanente. El uso ligero de este mecanismo llevó a tener cuatro presidentes en el quinquenio pasado, un equilibrio a todas luces insostenible. Es imperativo aclarar en qué casos es aplicable la incapacidad moral. ¿Se trata de una incapacidad física o mental? ¿O es que el mecanismo pretende hacer las veces de juicio político? Un arma de este calibre no debería dejar espacio a la duda, como sucede hoy.

Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con que se deje claro que no exista tal cosa como una “denegación fáctica”, o que el Ejecutivo pueda interpretar el resultado de una votación por sí y ante sí. También creo que ciertos procesos deben mantenerse como competencia exclusiva del Congreso, y en ellos no debería haber lugar para una cuestión de confianza. El problema está en tocar un lado de la ecuación y dejar inalterado el otro.

Cuando se plantean modificaciones de esta naturaleza, resulta fundamental que los políticos de turno piensen más allá de quién ejerce el poder al momento. ¿Habrían las bancadas que apoyaron este proyecto votado en el mismo sentido si el resultado electoral hubiera sido otro? Lo dudo.

Si buscamos ejercer una oposición seria al caótico gobierno del presidente Castillo, debemos hacerlo con seriedad y con profundo compromiso con el sistema democrático. Esto no es lo que vemos hoy.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 24 de octubre de 2021 en el diario Perú 21.