Meritocracia en jaque

Los esfuerzos por reformar el servicio civil no han dado los resultados esperados. Desde que se aprobó el nuevo régimen laboral Servir en el 2013, tan solo 648 funcionarios ocupan hoy una plaza de un universo potencial inicial de 500.000 servidores. Peor aún, a las estrecheces presupuestales y la falta de liderazgo político, se ha sumado un claro ímpetu contrarreformista iniciado por el Congreso anterior con las inconstitucionales habilitaciones legales para nombramientos en el sector salud y educación. La reciente presentación del ministro de Trabajo ante el Congreso anuncia la intención del Gobierno de darle la estocada final a la meritocracia en el sector público, a través de una agenda que hace inflexible aún más el empleo público, desequilibre las cuentas fiscales y ahonde la disfuncionalidad del aparato estatal.

En el Estado Peruano conviven múltiples regímenes laborales con condiciones distintas de acceso, remuneraciones, beneficios, capacidades y competencias.

El gasto público en planillas se ha duplicado durante la última década, haciendo inflexible el manejo presupuestal nacional y sin adecuados mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por procurar una planilla centralizada, la gestión fiscal de los recursos humanos se ha complejizado por el constante crecimiento de la contratación de locadores de servicios que cumplen funciones permanentes (alrededor de 120.000, que representan un tercio del total) y por la proliferación de pagos de conceptos remunerativos que no se encuentran registrados en la planilla centralizada.

Por su parte, el Congreso ha agudizado la problemática laboral. Es así como aprobó la Ley 31131 en marzo del año en curso, que prohíbe los contratos administrativos de servicio (CAS) y la obligación de que estos trabajadores entren a los regímenes D.L. 276 o 728, creando serios problemas operativos para el Ejecutivo.

La eliminación del régimen CAS implicará la incorporación a la planilla de las entidades públicas a cerca de 220.000 trabajadores. Además, la prohibición de contratar locadores de servicios profesionales está causando un caos en la gestión pública y servicios de menor calidad para el ciudadano.

Es evidente que el manejo de los recursos humanos del Estado no ha sido prolijo y se han desvirtuado figuras de contratación temporal; sin embargo, la solución a esta situación sería acelerar la implementación de la Ley Servir en lugar de entorpecerla.

En especial, resulta contraproducente e irresponsable la intención del Ejecutivo de retirar la demanda de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la contratación de CAS, ya que ese personal era el más indicado para transitar a los concursos del régimen Servir y, así, formalizar la planilla pública. El Gobierno ha anunciado también su intención de retirar la demanda de inconstitucionalidad contra la ley sobre negociación colectiva, cuya aplicación podría generar considerables impactos fiscales. Al final, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra si decide admitir estos pedidos.

Lamentablemente, la aplicación de la Ley Servir no ha avanzado a la velocidad necesaria debido a la complejidad del proceso previo a la transición. Recordemos que este nuevo régimen laboral no solo fue diseñado para aumentar los haberes de los servidores públicos, sino como una manera de mejorar los procesos en las entidades públicas y asegurar que la dotación de funcionarios públicos sea la idónea para alcanzar los objetivos de cada entidad, siendo la atención y el servicio al ciudadano el centro de la reforma. Sin embargo, la aplicación ha sido muy engorrosa y no ha sido posible compatibilizarla con la disponibilidad de recursos presupuestales.

Por otro lado, en diversas entidades públicas ha habido mucha resistencia al cambio. Según Servir, culminar el proceso de tránsito hacia este nuevo régimen laboral ha tomado seis años en promedio; en ese mismo lapso, la disponibilidad presupuestaria se ha reducido y otras prioridades de gasto han surgido. El dicho “Lo perfecto es enemigo de lo bueno” aplica en este caso.

En este contexto, Servir está en proceso de simplificar sus procesos e intentar acelerar los avances para lograr un efecto demostración en el resto del Estado. Este es un esfuerzo que debe continuar para lograr una masa crítica de servidores bajo el nuevo régimen laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, lo más preocupante de la coyuntura actual es el riesgo de que se impongan iniciativas que privilegien la estabilidad absoluta del empleo público, admitiendo perforaciones a los regímenes laborales que intentan promover la meritocracia. Peor aún, la agenda priorizada del Ministerio de Trabajo va en la dirección contraria y dificultará la aplicación de cualquier política de gobierno que sin duda requiere de cuadros técnicos idóneos. Lo mismo se puede decir del intento de “sacarle la vuelta” a la carrera magisterial con la intención de crear un régimen paralelo que exonere de evaluaciones a los docentes.

Una apuesta gubernamental por una mayor intervención estatal debiera ser la más interesada en tener el personal más capacitado posible para asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Para lograr ello, el Gobierno debería liderar el esfuerzo al más alto nivel, fortalecer a Servir como la entidad rectora de la gestión de los recursos humanos del Estado, simplificar el proceso de aplicación de la Ley Servir, ponerle un alto a las perforaciones a los regímenes laborales actuales, y deponer la intención de recortar los sueldos de los funcionarios públicos.

Esto último sería el tiro de gracia a la meritocracia y seguiríamos cargando con un aparato estatal que no atiende las necesidades de la población.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 12 de septiembre del 2021 en el diario El Comercio.