Madres a la fuerza

En el Perú, una denuncia por violación se atiende cada 40 minutos. Solo en el 2025, el Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, registró 13.096 atenciones preliminares, la cifra anual más alta desde que existe un registro sistematizado. ¿Cuántos de esos casos corresponden a menores de edad? Si nos regimos por los atendidos en los Centros de Emergencia Mujer –uno de los servicios de dicho programa–, estamos hablando de aproximadamente 6 de cada 10.

Otro dato tan perturbador como la magnitud del delito –incluso considerando solo los casos denunciados– es la conducta del Estado. Miles de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no logran acceder a un aborto terapéutico, pese a que la legislación peruana lo permite cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. Es decir, la distancia entre el derecho escrito y el derecho ejercido sigue siendo, para la gran mayoría, un abismo.

Según el informe “Abortos terapéuticos realizados en el Perú entre el 2014 y 2023”, elaborado por Promsex, de las 2.780 gestantes menores de 15 años víctimas de violación sexual reportadas en dicho período, solo 177 accedieron a un aborto terapéutico en establecimientos públicos de salud.

La escasa aplicación del aborto terapéutico no responde a negligencia individual, sino a un entramado de barreras institucionales. Persisten interpretaciones restrictivas sobre qué riesgos califican para proceder con la intervención; temores del personal médico ante posibles sanciones; objeciones de conciencia que reducen la disponibilidad de equipos; y una burocracia que dilata decisiones que deberían ser clínicas y urgentes. A ello se suma una brecha territorial evidente, con zonas que apenas cuentan con especialistas y que no tienen claros los protocolos. El resultado es un derecho cuya aplicación sigue siendo profundamente inequitativa.

Al igual que, en tantos otros sectores, el problema no es solo la ausencia de normas, sino la instalación progresiva de una cultura institucional que tolera su incumplimiento. Durante años, el debate público se centró en la arquitectura legal –si ampliar o restringir causales–, cuando una de las fracturas más evidentes es la incapacidad estatal para aplicar de manera oportuna y homogénea aquello que reconoce como derecho.

Desde la perspectiva de la salud pública, la maternidad forzada en niñas multiplica los riesgos médicos y sociales, además de consolidar trayectorias de pobreza difíciles de revertir. Por supuesto que no se trata de un problema exclusivamente local. La Organización Mundial de la Salud advierte que el embarazo adolescente sigue siendo la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años a escala global, y que millones de estos embarazos perpetúan ciclos de pobreza.

Igual de inquietante es la resistencia para reconocer el daño a la salud mental como una causal plenamente válida para aplicar el aborto terapéutico. Obligar a una niña a continuar una gestación producto de una violación supone fijar en su biografía el recuerdo persistente del abuso. La discusión sobre salud mental en embarazos forzados debería ser medular, pero continúa tratándose como un daño secundario.El informe de Promsex relata el caso de una adolescente de Cajamarca que fue obligada a continuar tres embarazos producto de reiteradas violaciones sexuales. ¿Qué dice de un país el hecho de que una niña deba atravesar la maternidad no una, sino tres veces, sin que el Estado logre detener la violencia?

Que estas cifras convivan con un clima preelectoral debería perturbarnos más de lo habitual. Las campañas suelen ordenar prioridades y revelar aquello que una sociedad considera urgente. Sin embargo, la maternidad forzada en niñas rara vez ocupa el centro del debate. En las siguientes semanas abundarán promesas sobre crecimiento, seguridad e infraestructura. Si queremos mejorar como país, debemos tener claro que la calidad de un Estado se mide por cuán eficiente es para brindarle servicios oportunos a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.Recordémoslo cuando vayamos a las urnas en abril. No hay democracia plena en un país donde la ley reconoce derechos que el mismo sistema niega.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.