En salud, sabemos que tenemos hospitales colapsados, pacientes que esperan meses por una cita, establecimientos sin especialistas, diagnósticos que llegan tarde, familias obligadas a endeudarse para curar a un ser querido. Sabemos que Essalud está en crisis y que necesitamos abordar la fragmentación entre el Ministerio de Salud, Essalud y los gobiernos regionales. Y, sin embargo, seguimos acumulando reformas incompletas, sistemas que no conversan entre sí y programas que cambian con el ministro de turno.

Para abordar cómo garantizar el acceso a medicamentos en el Perú, mañana participaré en un evento organizado por Videnza Consultores, con el apoyo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica, al que hemos invitado a las principales fuerzas políticas. Hasta el cierre de esta edición, estaban confirmados Fuerza Popular, Ahora Nación, Buen Gobierno y Renovación Popular. Esperamos también contar con los especialistas de Juntos por el Perú.

En el encuentro compartiré mi diagnóstico: en las últimas décadas, la política sanitaria se ha centrado en ampliar la cobertura de aseguramiento, pero sin resolver el acceso a una atención oportuna y de calidad.

El Perú no es el mismo de hace 30 años. Ya no es un país de enfermedades infecciosas ni de una población predominantemente joven. La carga de enfermedad recae en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que no se resuelven con consultas aisladas ni con episodios de atención, sino que requieren tratamientos y seguimiento continuo a lo largo del tiempo.

Las cifras son bastante dramáticas en relación con la diabetes y la hipertensión. De las 950.000 personas aseguradas al SIS que se estima padecen diabetes, únicamente 361.000 han sido diagnosticadas. De ellas, 170.000 reciben un monitoreo clínico y solo 48.000 reciben un tratamiento farmacológico adecuado. Es decir, solo el 5% de los diabéticos recibe sus medicamentos adecuadamente. Algo similar sucede con quienes padecen hipertensión. Cuando abordamos el problema de los medicamentos, muchas veces lo hacemos solo desde la logística. Pero el problema más profundo es que tenemos un sistema fragmentado: cada etapa tiene su propia lógica, sus propios incentivos y su propio sistema de información, sin coordinar necesariamente entre sí ni contar con trazabilidad.

Uno de los problemas es que se programa en función de datos históricos de consumo, sin considerar la demanda real. En la adquisición, al no contar con una estrategia unificada de compra de medicamentos, carecemos de economías de escala, hay variabilidad de precios, escaso poder de negociación y no se garantiza la continuidad del tratamiento. Se necesita una estrategia que incluya el catálogo electrónico, la subasta inversa y la negociación para productos de alto costo.

En la gestión de inventarios, tenemos infraestructura insuficiente y no certificada; no hay trazabilidad; hay problemas con los almacenes y la distribución; y dificultades para identificar los inventarios en tiempo real. Se requiere, entre otras cosas, un operador logístico con sistemas interoperables.

Finalmente, en temas de prescripción y dispensación de medicamentos, uno de los problemas es que el indicador de desempeño del sistema es el inventario, y no si el paciente recibe los medicamentos. Necesitamos una agenda de reforma orientada a cambiar los incentivos, rediseñar la gestión, modernizar la información y profesionalizar la logística.

Si queremos un tratamiento continuo, necesitamos un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, porque las enfermedades crónicas no se resuelven en hospitales, sino en centros de atención cercanos con capacidad clínica, que brinden medicamentos de manera oportuna, que tengan historia clínica interoperable, que hagan seguimiento al paciente y cuenten con una ruta de referencia y contrarreferencia.

Queremos escuchar las propuestas de los dos partidos en contienda para llegar a Palacio de Gobierno, y de quienes ocuparán escaños en el Legislativo. Los esperamos mañana a las 8:30 a.m., en “Salud sin espera: acuerdos urgentes para garantizar el acceso a medicamentos en el Perú”, en el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Esta incertidumbre no solo afecta los mercados, la inversión y el tipo de cambio, sino que nos impacta a cada uno de nosotros. Afecta nuestra salud mental y física, nuestras relaciones, nuestra capacidad de planificar y hasta nuestra manera de mirar al otro. La incertidumbre es supremamente desgastante porque necesitamos cierta sensación de estabilidad para funcionar, movernos entre marcos mínimos de previsibilidad, donde las reglas del juego sean claras y el futuro no dependa únicamente del azar.

Desde la psicología sabemos que la incertidumbre sostenida genera ansiedad, hipervigilancia, agotamiento emocional y la necesidad constante de querer anticipar amenazas. El cerebro entra en modo supervivencia y empezamos a modificar nuestras decisiones: personas que postergan inversiones, compras importantes o emprendimientos porque no saben qué ocurrirá en los próximos meses; jóvenes que sienten que el país no les ofrece un futuro próspero y empiezan a pensar en emigrar; trabajadores que viven con la sensación permanente de fragilidad; familias que consumen noticias compulsivamente, pendientes de rumores políticos, escándalos o posibles crisis, o que, por el contrario, terminan optando por desconectarse por completo de lo que pasa en el país.

La incertidumbre nos vuelve más ansiosos, más irritables y menos tolerantes. Lo vemos en las conversaciones familiares, en el trabajo y, en su expresión más brutal, en las redes sociales. El agotamiento colectivo termina filtrándose en todo y, en nuestro caso, empieza a volverse estructural.

La sociedad entera está funcionando desde el miedo y no desde la planificación. Podemos lidiar con el riesgo –asignamos probabilidades a distintos eventos–, pero no podemos lidiar sanamente con una incertidumbre tan prolongada. Desde el 2016 estamos viviendo en modo supervivencia democrática, institucional e individual: tenemos presidentes que no terminan su mandato, crisis institucionales recurrentes, enfrentamientos permanentes entre poderes del Estado y una degradación progresiva del debate público. La incertidumbre se ha vuelto la constante y es el terreno perfecto para la polarización y para narrativas que “ordenan” ese caos.

Las teorías conspirativas ofrecen justamente eso: relatos simples para problemas complejos. Poco importa, por ejemplo, si no existen pruebas sólidas sobre el supuesto fraude electoral desde la ONPE o si jamás se aclara quiénes lo habrían orquestado. Lo que sí es obvio en esta elección es que la gestión institucional y comunicacional del proceso electoral dejó enormes vacíos, que permitieron que estas ideas conspirativas escalaran y se instalaran en un sector importante de la sociedad.

Eso tiene consecuencias nefastas para nuestra precaria democracia. Cuando todo puede ser presentado como manipulación, la conversación pública se vuelve imposible. Nos está ocurriendo cada vez más seguido porque nos hemos acostumbrado a que la incertidumbre sea la norma. Y esa normalización tiene costos enormes, incluso cuando no siempre sean visibles de inmediato.

La economía lo sabe bien. La inestabilidad política le cuesta crecimiento al país y afecta directamente el empleo y la reducción de la pobreza porque disminuye la inversión, frena la contratación y paraliza decisiones empresariales. Pero la incertidumbre también deteriora el tejido social: hace más difícil confiar, colaborar o construir proyectos comunes. Una sociedad emocionalmente agotada se vuelve más cínica, más individualista y menos capaz de sostener conversaciones mínimamente saludables.

¿Cómo reconstruimos confianza en un país que lleva años viviendo bajo tensión permanente? ¿Cómo evitamos que el miedo termine definiendo nuestras decisiones y nuestras relaciones sociales? ¿Cómo devolvemos a nuestras instituciones esas reglas y esa confianza perdidas, con autoridades creíbles y mínimos consensos compartidos? Sin confianza no hay inversión pero, más importante aún, tampoco hay ciudadanía.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Una de las más importantes lecciones que dejan estas elecciones generales es el castigo a los partidos que, según la percepción ciudadana, legislaron en función de sus propios intereses. Como lo demuestra un reportaje emitido por la Unidad de Investigación de Latina Noticias este domingo, esto es lo que habría pasado con Alianza para el Progreso (APP) y su copamiento evidente en el Ministerio de Salud (Minsa). Y, si bien no se dice en el programa, lo cierto es que también se percibe el mismo copamiento en Essalud. APP no pasó la valla electoral y, en la práctica, desaparece como partido político.

El citado reportaje detectó que entre junio del 2021 y febrero del 2026, 589 afiliados al partido de César Acuña trabajaron en el Minsa. Ese ‘detalle’ le costó al Estado Peruano más de 37 millones de soles en planillas. De esos partidarios, 188 egresaron de las universidades César Vallejo y Señor de Sipán, vinculadas a la familia Acuña.

Cuando un ministerio es capturado por lógicas ajenas a su función principal, el problema no es quién entra, sino lo que deja de pasar: se debilitan los equipos técnicos, se interrumpe la continuidad de las políticas, se diluyen las responsabilidades, pero, sobre todo, se pierde la capacidad de anticipar. El sector deja de mirar a mediano plazo y empieza a moverse, casi exclusivamente, en el terreno de la reacción.

Por eso, la salud pública se ha ido gobernando desde la contingencia. Hemos visto cómo la falta de medicamentos, las listas de espera, los conflictos en la gestión hospitalaria y los cambios de autoridades se han vuelto la constante.

A esto se suma lo peligrosa que es la normalización de esta forma de gestión. Se ha vuelto habitual que el sistema funcione al límite, que las crisis se encadenen y que las soluciones lleguen siempre después.

La buena noticia es que algo empieza a moverse en otro plano más trascendental. El que varios de los partidos asociados a este tipo de prácticas hayan quedado fuera del mapa político revela que los ciudadanos están estableciendo vínculos cada vez más claros entre decisiones políticas y resultados concretos. Como dijo Rolando Arellano el sábado en RPP, esto demuestra que “la democracia está viva”, que los ciudadanos sí somos conscientes de que lo que hacen los políticos –así gasten millones de soles en tiktokers y en campañas vacías de mensajes– impacta directamente en nuestra vida.

La salud es, probablemente, uno de los espacios donde esa conexión entre decisión política e impacto en el bienestar se vuelve evidente. Allí la política deja de ser abstracta. Cuando alguien gana una licitación que no debía y, como consecuencia de ello, un enfermo empeora o muere, el ciudadano entiende cómo la corrupción sí enferma, sí mata.

Por eso resulta llamativo que, en el debate público, la salud siga ocupando un lugar tan marginal. Se menciona su importancia, pero sigue sin discutirse en serio cómo quien llegue a Palacio gobernará un sector que hoy muestra señales tan claras de desgaste institucional. ¿Cómo reconstruirá la capacidad técnica del Minsa? ¿Cómo blindará la gestión de Essalud de la interferencia política? ¿Cómo ordenará un sistema fragmentado que hoy funciona sin articulación? ¿Cómo garantizará el acceso oportuno a medicamentos y servicios? Eso es lo que necesitamos discutir.

Realizado por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Los jóvenes sí están mirando, pero el problema es qué están viendo. Porque ese mayor interés convive con una desafección profunda y con una institucionalidad cada vez más erosionada. Han crecido con 10 años de inestabilidad, ocho presidentes de la República, crisis encadenadas e instituciones que no terminan de sostenerse.

¡Cómo se extrañan esos tiempos donde la política peruana estaba estructurada alrededor de partidos con identidad, militancia y continuidad! El Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, entre otros, ofrecían trayectorias. Podían gustarnos o no, pero representaban posiciones reconocibles, con liderazgos formados y redes orgánicas en el país.

Esa arquitectura se erosionó y lo que vino después fue la dispersión que vemos ahora. La política dejó de organizarse en partidos para fragmentarse en vehículos electorales. Agrupaciones que aparecen para una elección y desaparecen en la siguiente, sin memoria, sin responsabilidad, sin incentivos para construir confianza en el tiempo. En ese contexto, pedirle a los jóvenes que confíen en la política suena absolutamente desubicado. Y pedirles esperanza en el sistema suena cínico. No porque no les importe el país, sino porque ninguna oferta política los interpela de verdad.

Cuando el sistema democrático no logra canalizar el interés político, ese interés se desplaza hacia opciones más autoritarias. Se vuelve más permeable a soluciones simples para buscar resolver problemas complejos. Y ahí es donde aparece el riesgo, como señala Cuenca. No porque los jóvenes quieran autoritarismo, sino porque empiezan a valorar atributos que la democracia no está entregando: orden, eficacia, capacidad de decisión. Cuando las instituciones fallan, esas promesas ganan terreno, aunque impliquen recortar reglas.

Ese es el verdadero desbalance: más interés político, pero menos confianza en la democracia que debería procesarlo. El problema, entonces, no está en los jóvenes. Está en la oferta. En un sistema que no logra construir liderazgos creíbles, propuestas consistentes ni canales de representación efectivos.

Este domingo 12 de abril, dos millones y medio de jóvenes votaron por primera vez, pero para esta generación que recién entra al sistema, la política es un sistema que nunca funcionó. Es fragmentación, improvisación, desconexión estructural con la ciudadanía.

El voto joven no es indiferente, sino que se moviliza rápidamente porque no encuentra quién pueda representarlos. Mientras eso no cambie, el voto joven seguirá moviéndose. Y los ‘políticos’ seguirán pensando que, para ganarse su voto, basta con abrir cuentas en TikTok.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza.

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El próximo gobierno llegará con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: ya no podrá alegar desconocimiento. En salud, el diagnóstico ya está hecho. Persistir en lo mismo será una opción. Tenemos un sistema en crisis que ha normalizado su precariedad. Ocho ministros de Salud y 10 presidentes de Essalud en apenas cinco años son evidencia de una gobernanza absolutamente precaria. Cuando los cargos se asignan por cuotas y no por mérito, el impacto se traduce en diagnósticos de enfermedades que no llegan, en tratamientos que se interrumpen y en pacientes que enfrentan complicaciones evitables.

En ese contexto, en CADE Salud 2026 se planteó una idea central: en sus primeros 100 días, el próximo gobierno debe priorizar un paquete acotado de reformas urgentes, viables y medibles. No se trata de prometer transformaciones estructurales de largo plazo, sino de empezar a corregir lo que ya sabemos que no funciona.

Por eso, el margen de acción es corto y el tiempo es ahora. La discusión debe empezar por donde el sistema se rompe todos los días: en el primer nivel de atención. Es el espacio al que acuden millones de peruanos y del que muchos salen sin una respuesta efectiva.

Hoy, ese nivel está enfocado especialmente en patologías agudas y materno-infantiles, pero la carga de enfermedad ha cambiado. Las enfermedades crónicas representan el 70% de dicha carga. Por eso tenemos que incorporar una cartera de servicios que incluya diagnósticos y tratamientos alineados con esa demanda. Cuando el primer nivel de atención no resuelve, el sistema entero se sobrecarga: los hospitales se saturan, los diagnósticos llegan tarde, el gasto es mayor e ineficiente, y los resultados de salud son peores.

Pero incluso cuando el paciente logra ser atendido, el sistema vuelve a fallar porque no hay pruebas disponibles, no hay medicamentos o no hay continuidad de la atención porque no existe una historia clínica electrónica.

A lo anterior se suma un problema aún más serio: el Estado no sabe con precisión a quién no atiende. Con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, del Seguro Integral de Salud y de información oficial de prevalencia, desde Videnza estimamos que cerca de un millón de personas viven con diabetes en el Perú, pero solo un tercio ha tenido contacto con el sistema público. Gestionar sin conocer la demanda real no es gestionar, sino reaccionar.

En el CADE Salud 2026 expuse las reformas más urgentes (y posibles) que considero que el próximo gobierno debería implementar en sus primeros 100 días. Comparto cuatro.

Primero, definir con precisión qué debe resolver cada establecimiento del primer nivel para hacer frente al 85% de los problemas de salud de su población adscrita. Segundo, en cuanto a la capacidad diagnóstica, hay que adaptar la normativa para que se puedan emplear soluciones que no deban permanecer físicamente en los establecimientos, sino que puedan utilizarse, por ejemplo, ecógrafos portátiles, sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico y redes de telemedicina, que permitirían diagnosticar más rápidamente y mucho más cerca del paciente.

Tercero, cambiar el enfoque frente a las enfermedades crónicas. El modelo actual –centrado en atenciones episódicas– es insuficiente. Se necesitan esquemas de seguimiento continuo, monitoreo remoto e incentivos orientados a pacientes controlados. En este punto, además, el Estado puede apoyarse en el sector privado para ampliar la capacidad y acelerar la innovación, bajo reglas claras.

Cuarto, corregir un problema básico pero crítico: el abastecimiento de medicamentos. Hoy se mide lo que hay en el almacén, no lo que recibe el paciente. Lo relevante es cuántas personas salen con tratamiento completo. Cambiar ese indicador es clave para mejorar los resultados y recuperar la confianza. Y garantizar el abastecimiento de medicamentos en los establecimientos de primer nivel es fundamental.

Nada de esto es nuevo ni inviable. Pero sí es urgente. En salud, seguir esperando significa seguir sacrificando a más peruanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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El deterioro de los servicios de salud públicos y de Essalud es cada vez más trágico. Miles de pacientes no reciben atención ni medicamentos, lo que golpea sobre todo a los más vulnerables. Lo digo también desde la experiencia personal: un familiar mío lleva desde diciembre esperando sus medicamentos en Essalud. La respuesta siempre es la misma: no están comprando y hay que llamar todos los días para saber si ya llegaron. Una persona que pasó toda su vida aportando a la seguridad social, nunca la utilizó y que hoy –cuando finalmente la necesita– descubre que el sistema no le responde.

En ese contexto, resulta sorprendente que la salud no haya sido incluida como tema prioritario en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En un país cuyo sistema de salud no responde a las necesidades de sus ciudadanos, la omisión de este asunto, literalmente vital, resulta incomprensible.Frente a este vacío en el debate político, la semana pasada el Colegio Médico del Perú, en alianza con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, organizó un encuentro para que los candidatos presidenciales expusieran sus propuestas en salud. Asistieron solo 13 de los 36 postulantes. Ninguno de los que lideran las encuestas. Faltaron Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Carlos Álvarez, Alfonso López Chau y César Acuña. Este último, además, lidera el partido que ha manejado la Comisión de Salud del Congreso durante buena parte de los últimos diez años, y su injerencia en Essalud es cada vez más pública.

En este escenario, hay una paradoja evidente: mientras el sistema se deteriora, el presupuesto del sector se ha duplicado. Entre el 2017 y el 2026, el de Essalud pasó de S/10.600 millones a S/19.000 millones, y el del sector salud de S/17.600 millones a S/35.000 millones. Buena parte de ese aumento se ha destinado al crecimiento de planillas, sin incorporar indicadores claros de desempeño ni mejoras sustantivas en la gestión.

Al mismo tiempo, decisiones institucionales han debilitado capacidades que el sistema ya había construido. Un ejemplo es el retroceso en las compras corporativas nacionales de medicamentos. Hoy, más de 230 unidades ejecutoras compran de manera fragmentada, con criterios distintos, mayor improvisación y menor transparencia. El resultado es predecible: productos farmacéuticos más caros y menos disponibilidad.

Otro caso es la eliminación, durante el gobierno de Pedro Castillo, de las unidades básicas de atención primaria (UBAP) de Essalud en Lima Metropolitana, que atendían a cerca de un millón de asegurados. Su desaparición los dejó sin una puerta de entrada efectiva al sistema. Y en Loreto, la pérdida de la capacidad de inmunización ha contribuido al resurgimiento de enfermedades prevenibles, como la tos ferina, con el consecuente fallecimiento de al menos 53 niños.

Los ejemplos anteriores reflejan que la salud pública sigue siendo tratada como una parcela de cuotas políticas, improvisación, incompetencia administrativa y corrupción.Frente a esta realidad, los ciudadanos necesitamos algo más que promesas generales. Planteo algunas preguntas que los candidatos presidenciales deberían responder: ¿Cómo fortalecerán la atención en el primer nivel para evitar que los hospitales sigan colapsando? ¿Qué medidas concretas implementarán para reducir los diagnósticos tardíos y priorizar la prevención? ¿Cómo garantizarán la disponibilidad oportuna de los medicamentos necesarios? ¿Qué cambios implementarán para profesionalizar la gestión de los hospitales y redes? ¿Cómo lograrán que el aumento en el presupuesto de salud se traduzca en mejores resultados para los pacientes? ¿Serán lo suficientemente valientes como para actuar con transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía? En otras palabras, ¿cómo pondrán finalmente a la persona en el centro del sistema?

Porque hoy ocurre exactamente lo contrario: los ciudadanos somos la última rueda de un coche destartalado pero, paradójicamente, cada vez más costoso. Y mientras el debate político mira hacia otro lado, el sistema de salud continúa perdiendo presión en todas sus tuberías.

Columna realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio.

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En este contexto, las evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) cumplen un rol fundamental. Permiten evaluar la eficacia, seguridad y costo-efectividad de los medicamentos y dispositivos médicos con información científica e imparcial. La buena noticia es que el Perú ha desarrollado capacidades técnicas importantes en los últimos años para implementar las ETS; la mala es que el gran desafío ya no solo es evaluar, sino traducir esa evaluación en un acceso real.

Hoy contamos con una arquitectura institucional que antes no existía: la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa), liderada por el Instituto Nacional de Salud. Hay una mayor formalización metodológica, más talento humano especializado –aunque aún insuficiente– y esfuerzos por lograr una mayor transparencia. En teoría, ya no decidimos a ciegas; el sistema empieza a conocer qué funciona y cuánto cuesta.

Pero lo que aún está lejos de ser resuelto es qué priorizar, con qué criterios presupuestales y quién asume la conducción del proceso para que los peruanos accedan a sus medicamentos prescritos. El Perú ha invertido años en formar evaluadores y estandarizar metodologías, pero no ha invertido el mismo esfuerzo en definir cómo se conectan esas recomendaciones con las decisiones de financiamiento y cobertura.

Las consecuencias son visibles: pacientes que sufren y, en el extremo, recurren a los tribunales para acceder a los tratamientos; médicos frustrados; y decisiones técnicas desplazadas por una burocracia indecisa o por el razonamiento de los magistrados. La judicialización no es el problema, es el síntoma de un sistema que no logra articular la evaluación con el financiamiento; un sistema donde la brecha ya no es técnica, sino política, rectora y presupuestal.

La semana pasada, el Colegio Médico del Perú, Ispor Perú y Videnza Consultores organizamos un evento para reflexionar sobre el presente y el futuro de las ETS en nuestro país, y para identificar recomendaciones útiles. Allí, el ingeniero Leonardo Basso, investigador de la Universidad de Chile, compartió cómo en el 2023 Chile –empleando datos y conocimiento– fue el primer país del hemisferio sur en introducir un medicamento promisorio contra el virus respiratorio sincitial, una enfermedad que afecta a la población infantil con secuelas de muerte y un alto impacto económico en el sistema de salud.

La decisión se sustentó en una ETS que demostró no solo la eficacia clínica y el ahorro para el sistema que representaba dicho medicamento (por la reducción de hospitalizaciones y del uso de las unidades de cuidados intensivos), sino que además se fundamentó en un robusto proceso de investigación antes, durante y después de la intervención. De este modo, se demostró que la evidencia puede guiar una política pública y ordenar el gasto.

Ese es el punto central: evaluar no es el fin del proceso; es el inicio de una decisión de política pública informada y sostenible.

Para que las ETS cumplan su verdadero rol en el Perú, necesitamos una estrategia país que defina prioridades explícitas y reglas de financiamiento, así como una autoridad clara para ejercer la rectoría y garantizar la implementación.

En campaña electoral abundan las promesas de acceso universal y cobertura integral en salud. Pero, sin criterios expresos para priorizar y financiar las tecnologías sanitarias, el acceso seguirá dependiendo de un juez o, peor aún, nunca llegará. Ahora toca decidir. Y decidir, en salud, siempre implica asumir costos políticos. ¿Algún candidato presidencial tiene propuestas serias al respecto?

Columna realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio.

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Hace dos semanas, en este mismo espacio, escribí la columna “Madres a la fuerza”, donde comentaba cómo casi 1.000 niñas menores de 14 años son madres cada año en nuestro país, la gran mayoría producto de una violación (aunque legalmente todos califican como violación). Esa cifra adquiere un nuevo significado cuando se la coloca al lado de ese 0,38% de condenas. Es la fotografía completa de un sistema que no castiga a los agresores, pero sí impone la maternidad a las víctimas.

En ese contexto, la prensa destapó el caso del albergue La Casa del Padre, fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui y su esposo para acoger a niñas y adolescentes víctimas de violación. La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular aparecía en fotos sonriendo en un escenario al lado de una fila de estas niñas y adolescentes. Mientras algunas sostenían a sus bebés en brazos, otras se cubrían el rostro. Jáuregui ofreció disculpas por exponerlas y negó cualquier irregularidad.

Sin embargo, este último domingo, el programa “Punto final” denunció que ocho adolescentes se han escapado del albergue; que una menor murió en sus instalaciones, pero el hecho no fue reportado a las autoridades y se mantuvo un total hermetismo entre los vecinos; y que despidieron a un empleado que, por las noches, ingresaba al cuarto de las niñas.

Si bien Jáuregui asegura estar desligada de la dirección del local, su presencia es indiscutible, como lo revelan fotos publicadas por el albergue y en el portal del Congreso de la República durante su semana de representación. A pesar de que, como parlamentaria, ha promovido diversos proyectos de ley contra la regulación del aborto terapéutico, el Estado siguió derivando a su centro de acogida a menores de edad víctimas de violación.

Desde ciertos sectores se insiste en que quienes defendemos el aborto terapéutico en casos de violación promovemos una “cultura de la muerte”. Se nos acusa de trivializar el aborto, como si se tratara de una decisión ligera o caprichosa. Pero la realidad escapa a la ideología. El embarazo infantil implica riesgos de muerte materna, complicaciones obstétricas, anemia severa y partos prematuros. A eso se suma el daño psicológico de una gestación producto de una agresión sexual y luego asumir una maternidad para la que no hay preparación física, emocional, económica ni social. Defender el aborto terapéutico cuando la víctima lo desee o requiera no es promover la muerte, sino proteger a una niña víctima de hechos horrendos. De decidir continuar con el embarazo, es deber del Estado apoyarla para que pueda asumir su rol de madre en las mejores circunstancias posibles para ella y su bebé.

Es justo reconocer que cualquier institución que brinde techo, alimento y protección adecuada a una menor violentada cumple una función valiosa. Pero el problema aparece cuando esa ayuda se convierte en un modelo ideológico que se proyecta como política pública, cuando el debate médico y jurídico se reduce a una cuestión de fe donde el mensaje es que el embarazo debe continuar a toda costa.

Un Estado serio no puede delegar la atención de niñas violadas a instituciones sin protocolos claros, sin supervisión estricta y sin garantizar el acceso a todas las opciones legales disponibles. El problema no es la religión, sino la ausencia del Estado.

En el 2024, el mundo conoció la historia de la francesa Gisèle Pelicot, quien descubrió que su esposo llevaba 10 años sedándola por las noches para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa. Cuando el caso llegó a juicio, ella pidió que fuera público. “Es hora de que la vergüenza cambie de bando”, sentenció.

Ese debería ser también nuestro objetivo como país: que el estigma no lo carguen niñas obligadas a parir, sino que la condena social y judicial recaiga sobre los hombres que las violaron.

Escrito por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comerio

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Otro dato tan perturbador como la magnitud del delito –incluso considerando solo los casos denunciados– es la conducta del Estado. Miles de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual no logran acceder a un aborto terapéutico, pese a que la legislación peruana lo permite cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. Es decir, la distancia entre el derecho escrito y el derecho ejercido sigue siendo, para la gran mayoría, un abismo.

Según el informe “Abortos terapéuticos realizados en el Perú entre el 2014 y 2023”, elaborado por Promsex, de las 2.780 gestantes menores de 15 años víctimas de violación sexual reportadas en dicho período, solo 177 accedieron a un aborto terapéutico en establecimientos públicos de salud.

La escasa aplicación del aborto terapéutico no responde a negligencia individual, sino a un entramado de barreras institucionales. Persisten interpretaciones restrictivas sobre qué riesgos califican para proceder con la intervención; temores del personal médico ante posibles sanciones; objeciones de conciencia que reducen la disponibilidad de equipos; y una burocracia que dilata decisiones que deberían ser clínicas y urgentes. A ello se suma una brecha territorial evidente, con zonas que apenas cuentan con especialistas y que no tienen claros los protocolos. El resultado es un derecho cuya aplicación sigue siendo profundamente inequitativa.

Al igual que, en tantos otros sectores, el problema no es solo la ausencia de normas, sino la instalación progresiva de una cultura institucional que tolera su incumplimiento. Durante años, el debate público se centró en la arquitectura legal –si ampliar o restringir causales–, cuando una de las fracturas más evidentes es la incapacidad estatal para aplicar de manera oportuna y homogénea aquello que reconoce como derecho.

Desde la perspectiva de la salud pública, la maternidad forzada en niñas multiplica los riesgos médicos y sociales, además de consolidar trayectorias de pobreza difíciles de revertir. Por supuesto que no se trata de un problema exclusivamente local. La Organización Mundial de la Salud advierte que el embarazo adolescente sigue siendo la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años a escala global, y que millones de estos embarazos perpetúan ciclos de pobreza.

Igual de inquietante es la resistencia para reconocer el daño a la salud mental como una causal plenamente válida para aplicar el aborto terapéutico. Obligar a una niña a continuar una gestación producto de una violación supone fijar en su biografía el recuerdo persistente del abuso. La discusión sobre salud mental en embarazos forzados debería ser medular, pero continúa tratándose como un daño secundario.El informe de Promsex relata el caso de una adolescente de Cajamarca que fue obligada a continuar tres embarazos producto de reiteradas violaciones sexuales. ¿Qué dice de un país el hecho de que una niña deba atravesar la maternidad no una, sino tres veces, sin que el Estado logre detener la violencia?

Que estas cifras convivan con un clima preelectoral debería perturbarnos más de lo habitual. Las campañas suelen ordenar prioridades y revelar aquello que una sociedad considera urgente. Sin embargo, la maternidad forzada en niñas rara vez ocupa el centro del debate. En las siguientes semanas abundarán promesas sobre crecimiento, seguridad e infraestructura. Si queremos mejorar como país, debemos tener claro que la calidad de un Estado se mide por cuán eficiente es para brindarle servicios oportunos a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.Recordémoslo cuando vayamos a las urnas en abril. No hay democracia plena en un país donde la ley reconoce derechos que el mismo sistema niega.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Desde la década de 1990, el mercado farmacéutico peruano arrastra debilidades profundas. La Ley 29459, promulgada en el 2009 y reglamentada dos años después, intentó corregir parte de ese problema, pero su implementación quedó corta. La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), encargada de garantizar que lo que llega al paciente es seguro, eficaz y de calidad, nunca se fortaleció como corresponde. El resultado es un Estado incapaz de asegurar que todos los laboratorios cumplen con buenas prácticas de manufactura. Sin ellas no existe garantía real de calidad. Y sin calidad el riesgo se traslada al ciudadano.

De hecho, como lo denunció el programa “Cuarto poder”, muchos de los medicamentos que se comercializan y que provienen del extranjero carecen del certificado de buenas prácticas de manufactura de la Digemid. El reportaje denunció que medicamentos de 279 laboratorios internacionales están aún pendientes de dicha certificación, pero ya se comercializan, situación que calificó como “el Reinfo de los laboratorios extranjeros”. Incluso identificó que empresas desaprobadas por la Digemid porque incumplen las buenas prácticas de manufactura venden sus productos. Un horror por los potenciales riesgos sanitarios que pueden desencadenar.

La discusión de fondo no es técnica, sino institucional. Se necesita transformar la Digemid en una autoridad reguladora nacional (ARN) con autonomía, gobernanza fuerte, recursos humanos especializados, sistemas digitales modernos y un mandato claro de transparencia y rendición de cuentas. Países que hoy sí pueden garantizar la calidad de sus medicamentos no lo lograron con parches; lo hicieron construyendo entes reguladores sólidos, con capacidad real para fiscalizar, sancionar y vigilar su mercado.

Junto con ello, son imprescindibles una política farmacéutica nacional y una estrategia clara para gestionar el riesgo generado por laboratorios sin buenas prácticas de manufactura. Es decir, cómo sacarlos del mercado sin generar desabastecimiento y acelerar el ingreso de proveedores seguros. Esto deja al país atrapado entre dos amenazas: o se mantiene una oferta de mala calidad o se provocan carencias de medicamentos esenciales. La política farmacéutica debe ser el marco, y la ARN su brazo ejecutor. Ambas requieren articulación con el sector privado, la academia y los prestadores de servicios.

Si mañana se retirara del mercado todo aquello que no incumple los estándares establecidos (que pareciera lo obvio), podríamos dejar a miles de pacientes sin acceso a medicamentos esenciales. La salida responsable exige un análisis rápido que permita cuantificar qué productos quedarían fuera si se aplica la exigencia total, identificar cuáles no tienen sustitutos disponibles, aplicar medidas excepcionales que permitan mantener temporalmente algunos productos de mayor necesidad, acelerar la evaluación de expedientes para autorizar proveedores seguros ya en proceso y realizar compras urgentes.

Todo lo anterior demanda decisión política. La respuesta de la última gestión del Ministerio de Salud fue sumamente débil. El nuevo equipo enfrenta un desafío mayor: restaurar la confianza ciudadana en la calidad de los medicamentos y en la autoridad sanitaria. Una confianza que solo regresará cuando las personas tengan la seguridad de que todos cumplen su labor: Estado, fabricantes, comercializadores y dispensadores. Cuando sepan que si enferman y van en busca de tratamiento, el remedio no será un riesgo mayor que la propia enfermedad.

Realizada por: César Amaro y Janice Seinfeld, investigador principal y presidenta de Videnza, respectivamente

Columna publicada en el diario El Comercio, el martes 11 de noviembre de 2025.

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Freeman llama a esas fuerzas “poderes paralelos”: redes que se mueven entre lo legal y lo ilegal, con la complicidad –o indiferencia– de quienes gobiernan. No son ejércitos ni partidos únicos; son alianzas cambiantes entre políticos, empresarios y mafias que lucran con la debilidad del Estado. Según Freeman, “durante años, el presidente ha gobernado principalmente sobre el papel. El verdadero poder de decisión se ha trasladado a una coalición difusa de figuras del poder político, muchas de las cuales han sido acusadas de tener vínculos con redes de corrupción”. Y, aunque el análisis duela, resume con precisión el lugar al que hemos llegado.

Como precisa Freeman, en los últimos años el Perú ha tenido siete presidentes, más de 30 ministros de Salud y decenas de reformas improvisadas. Cada crisis parecía abrir una oportunidad de cambio, pero el ciclo se repite. El poder no desaparece: se fragmenta. Los vacíos los llenan actores que operan sin control ni vergüenza. El Congreso, convertido en refugio de intereses particulares, ha promovido leyes que limitan la capacidad de los fiscales, reducen la supervisión ambiental y debilitan la rendición de cuentas. Son las llamadas leyes procrimen, aprobadas por una coalición informal de supervivientes políticos que se protegen mutuamente.

Mientras tanto, la economía ilegal crece. Freeman plantea que la libertad no siempre se pierde por represión, sino también por abandono. “Las democracias pueden morir cuando el Estado no puede o no quiere limitar los poderes privados depredadores –narcotráfico, minería ilegal de oro, tráfico de personas, redes de corrupción– y a los funcionarios y políticos que hacen negocios con ellos”, advierte. En el Perú, esa frase se traduce en lo cotidiano: en el comerciante que paga cupos, en el periodista amenazado por denunciar mafias, en el ciudadano que teme caminar de noche o acudir a una comisaría que no responde. No hay censura, pero hay miedo. No hay dictador, pero hay territorios sin ley.

Lo más grave es que nos hemos acostumbrado. Llamamos “normalidad” a vivir entre la ilegalidad y la desconfianza. La impunidad se convirtió en costumbre, y la indignación, en rareza. El peligro no es solo la corrupción que corroe al Estado, sino la resignación que anestesia a la sociedad. Cuando el ciudadano deja de creer que algo puede cambiar, los poderes paralelos ganan terreno sin disparar una sola bala.

Sin embargo, Freeman también señala que existe una salida, aunque sea estrecha: fortalecer simultáneamente al Estado y a la sociedad civil. No se trata de buscar un salvador, sino de reconstruir la confianza institucional. De exigir reglas claras, justicia eficiente y autoridades con límites reales. De recuperar la idea de que la ley protege, no castiga.

En un país donde cada año parece el preludio de otro colapso, tal vez lo más revolucionario sea aspirar a lo básico: un Estado que funcione y ciudadanos que no se resignen a la libertad mínima que dejan las mafias y la corrupción. Porque la democracia no muere de un golpe; muere en silencio, cuando el Estado se retira y los ciudadanos miran hacia otro lado.

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Somos una república bipolar: un día optimista, al día siguiente colérica; un domingo pedimos elecciones, el lunes exigimos vacancia. Somos capaces de emitir 12,8 millones de votos para que nuestro pan con chicharrón sea campeón del Mundial de Desayunos promovido por un influencer español, pero nuestro nuevo presidente llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra con únicamente 11.654 votos.

La semana pasada, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi reveló que, en el último año, el 13,4% de los peruanos experimentó algún trastorno psiquiátrico como ansiedad o depresión, lo que equivale a más de 2,2 millones de personas. Y esos son solo los diagnosticados.

A los temas políticos se suman la inestabilidad económica, la creciente violencia urbana y secuelas sociales y psicológicas causadas por la pandemia del COVID-19, que están llevando a miles de peruanos a vivir en un estado permanente de ansiedad y estrés. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), los casos de ansiedad y depresión se han triplicado en la última década. Y el III Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia confirma que tres de cada cuatro familias sienten que su salud mental se ha visto afectada por la inseguridad. Pero cuando alguien busca ayuda, el sistema público de salud no responde: dos psiquiatras y 22 psicólogos por cada 100.000 habitantes, la mitad que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

No se puede construir un sistema de salud sólido si está enfermo en su propia estructura y si, como nación, vivimos en modo crisis. En gobernanza, es un sistema de salud sumamente fragmentado, con rectoría muy débil, sin información que oriente la toma de decisiones ni estándares de desempeño, y sin una preocupación real por el paciente. En financiamiento, invertimos S/20 por persona al año en salud mental –apenas 2% del gasto total en salud–, mientras que los países desarrollados destinan más de US$190 por persona. Esto porque entienden que, como lo calcula la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en salud mental devuelve cuatro en productividad y bienestar.

En prestaciones de servicios, sabemos de la poca capacidad resolutiva del sistema de salud público: mala infraestructura, sin conectividad y sin ofrecer diagnósticos rápidos ni atención oportuna. Finalmente, el desabastecimiento de medicamentos lleva a que la ciudadanía deba buscar atención en boticas y farmacias, con el consiguiente incremento en gasto de bolsillo y la falta de seguimiento a los tratamientos.

Un sistema de salud centrado en la persona podría cambiar esta historia. Significaría poner al ciudadano, y no a la institución, en el centro de la atención. Que los servicios se organicen alrededor de las necesidades de los individuos, no de los trámites. Que la salud mental esté integrada en la atención primaria y no circunscrita a centros especializados donde pocos pueden llegar. Significa formar al personal de salud para escuchar, acompañar y orientar, no solo para recetar. Y, sobre todo, significa construir redes comunitarias donde las familias, las escuelas y los espacios laborales sean parte activa del cuidado emocional.

Un enfoque centrado en la persona implicaría atender los problemas antes de que se vuelvan crisis. Detectar la depresión en el colegio, el estrés en el trabajo, la violencia en el hogar. Crear líneas de atención accesibles, fortalecer los centros de salud mental comunitarios y asegurar continuidad en el tratamiento.

La evidencia demuestra que cuidar la mente no solo sana a las personas, también reconstruye sociedades. En cada centro comunitario que se abre, en cada psicólogo que atiende pese a la carencia de recursos, en cada ciudadano que decide pedir ayuda hay un acto de resistencia frente a la incertidumbre.

Columna realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Casi de inmediato, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos reafirmaron que no existe evidencia concluyente que respalde una relación causal entre el paracetamol prenatal y el autismo. En consecuencia, mantienen las recomendaciones vigentes para que las embarazadas usen este fármaco en dosis mínimas cuando sea necesario.

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que abarca un espectro amplio de manifestaciones. Su causa no es simple ni única. Más bien responde a una compleja interacción entre predisposición genética y factores ambientales. En las últimas décadas, la ampliación de criterios para detectar casos que antes quedaban sin diagnóstico y una mayor conciencia social han contribuido al aumento estadístico de casos reportados, y no a una súbita “explosión” de autismo.

Aquí es donde la ciencia cobra sentido y donde la política debe mantenerse al margen. La ciencia es un proceso lento, exigente, transparente y autocrítico. Implica hipótesis formuladas, experimentos controlados, revisión por pares, replicaciones, ajustes metodológicos. Por eso, cuando un gobernante aprovecha su posición para propagar afirmaciones médicas sin respaldo, socava la confianza pública en lo que es más básico: que las indicaciones sanitarias respondan a la evidencia, no al oportunismo político.

El primer mandato de Trump coincidió con el estallido del COVID. Entre otras propuestas, lanzó la peligrosa sugerencia de que los ciudadanos probaran inyectarse desinfectante en el cuerpo para combatir el coronavirus. Teorizó también sobre la posibilidad de usar una “tremenda luz ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa” sobre el cuerpo para eliminar el virus. Haber nombrado en su segundo mandato a Kennedy como secretario de Salud es toda una declaración de intenciones de su posición anticiencia.

Pero cifras concretas muestran lo mucho que la ciencia ha salvado vidas. Según los prestigiosos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre 1994 y el 2023 las vacunas de rutina en dicho país previnieron aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y 1’129.000 muertes. Seis expresidentes de comités asesores de vacunas de los CDC han advertido que el sistema de desarrollo, licencia y vigilancia de vacunas está siendo atacado por la politización, con los riesgos para la salud pública que ello implica.

Desarrollar vacunas seguras y eficaces implica años de estudios clínicos, ensayos de seguimiento postautorización, vigilancia permanente de reacciones adversas. Son procesos costosos en recursos humanos, materiales, regímenes regulatorios y supervisión. Esa misma estructura debe protegerse de sesgos políticos, presiones electorales y populismos.

El episodio Trump-paracetamol no es una extravagancia retórica más. Tiene consecuencias concretas. Si embarazadas evitan un fármaco necesario por temor infundado, podrían exponerse a fiebre sin control, dolores extremos y otras complicaciones.

Cuando los gobernantes usurpan la autoridad científica para sus fines, no solo desinforman, sino que erosionan la posibilidad misma de un diálogo basado en evidencia. La anticiencia puede surgir en la derecha (por ejemplo, rechazo al cambio climático, negacionismo) o en la izquierda (reticencia a las vacunas, terapias alternativas, conspiraciones farmacéuticas), pero siempre comparte un rasgo común: traslada al terreno de lo subjetivo algo que no lo es. Convierte afirmaciones científicas avaladas por métodos y revisiones en “opiniones” susceptibles de interpretación política. Cuando eso ocurre, el debate público degenera en polarización y confrontación: el que piensa distinto ya no es adversario ideológico, sino enemigo de la “verdad”.

Columna escrita por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza.

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GAVI nació en el 2000 como alianza público-privada para crear un mercado confiable y estable de elaboración de vacunas. Su gran impulsor fue Bill Gates, que invirtió US$750 millones, pero hoy en su mayoría se sostiene por financiamiento internacional. Por eso, el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de instituciones científicas y de salud pública bajo la administración de Donald Trump es una tragedia que compromete la salud pública de todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 11 vacunas para todos los niños. Gracias a las compras al por mayor, con GAVI el costo de esas vacunas en EE.UU. es de unos US$24 por niño. De lo contrario, su costo sería de US$1.300. Es decir, logró reducir el precio en 98%. GAVI ha vacunado a 1.100 millones de niños que de otro modo no hubieran recibido inmunización. Actualmente, provee vacunas a cerca del 60% de los niños del mundo, y mantiene también reservas estratégicas de vacunas para contener epidemias.

En el pasado, la “tasa natural” de mortalidad infantil era de 350 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy en Estados Unidos, esa tasa es de 5,2 por cada 1.000. Pero en África subsahariana, un niño continúa siendo 10 veces más propenso a morir antes de los 5 años que uno en EE.UU.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) asume el costo de estas vacunas. Pero los indicadores de cobertura muestran enormes desigualdades entre regiones. Si bien la descentralización política en el país buscó acercar la salud a la población, esto no sucedió porque transfirió funciones, pero no capacidades. Lo que terminó pasando en la práctica es que se crearon “mini” Minsas en las regiones, que replicaban todas las debilidades y falencias de dicha cartera.

Si bien el Minsa fija los lineamientos, los gobiernos regionales tienen autonomía en la gestión. Esto genera diferencias en capacidad de ejecución, priorización y uso de recursos, se duplican funciones y se pierde eficiencia en la logística de vacunas. A ello se suma la alta rotación de funcionarios, que afecta la continuidad de políticas. Otro problema es el financiamiento inefectivo y, en muchos casos, insuficiente: recursos asignados sin criterios claros de desempeño o de brechas. A pesar del aumento del financiamiento en el sector, no hay mejores servicios de salud.

Sabemos que el primer nivel de atención es muy débil, con centros de salud con infraestructura precaria, falta de personal capacitado, horarios sumamente limitados y poca capacidad resolutiva. Si este primer nivel no funciona, la vacunación depende de campañas extraordinarias, en lugar de ser parte rutinaria del cuidado.

En cuanto a la logística y las cadenas de frío, la capacidad para mantenerlas depende de la inversión regional. Y la falta de sistemas de información integrados y confiables impide identificar brechas rápidamente y planificar refuerzos focalizados.

En lo que va del 2025, 31 niños menores de cinco años han fallecido en Loreto a causa de un brote de tos ferina, el más grave en una década. En muchos casos, los afectados no habían recibido la vacuna, a pesar de ser gratuita y formar parte del esquema nacional de vacunación.

La vacunación infantil debería ser un indicador del éxito de la descentralización en salud: un niño en Loreto debería tener las mismas oportunidades de recibir sus vacunas, en términos de calidad y de oportunidad, que un niño en Lima. Pero hoy no es así. La descentralización seguirá siendo una promesa incumplida mientras no fortalezcamos la gestión regional, la equidad en la asignación de recursos y el primer nivel de atención.

El miércoles pasado participé como expositora en el evento “Políticas públicas para el sector salud”, organizado por ESAN Escuela de Gobierno. Celebro este encuentro porque convocó a representantes de los partidos políticos. Necesitamos empezar a discutir temas claves en salud que sean implementados por el próximo gobierno.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en El Comercio.

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Las historias clínicas electrónicas en los establecimientos de salud simplifican la vida de pacientes y personal de salud. Permiten mejorar la calidad de la atención médica y, en ocasiones, incluso salvar vidas. Implican no tener que llevar toda la información de salud ni pagar el costo de volver a hacerse exámenes en caso de que deban cambiar de lugar de atención, pues en un solo documento digital están todos los exámenes, medicamentos, procedimientos e información relevante. Eso también facilita el trabajo en red entre prestadores, que pueden compartir la información médica para agilizar las referencias y contrarreferencias.

Veámoslo con un ejemplo: imagine que un familiar suyo sufre un infarto y necesita una ambulancia de inmediato. Usted la solicita en línea o por teléfono, y mientras la unidad va en camino, el personal ingresa en una tableta o celular el DNI del paciente y, cumpliendo un protocolo de seguridad ágil, accede a todo su historial médico, sin importar en qué lugar se haya atendido antes. Apenas llegan, evalúan el estado de su familiar, actúan con mayor seguridad en su cuidado y envían de inmediato esa información al hospital de destino, que recibe y atiende la emergencia con todo listo para actuar. Esto sucede en Estonia, donde el 99% de trámites oficiales se realizan en línea. Desde el 2008, este país europeo consolidó un portal nacional que integra la historia médica de toda la población. El resultado ha sido abaratar costos, facilitar diagnósticos y optimizar la atención. Este modelo ha inspirado a otros países y, de tomarse en serio, también podría ser la brújula para modernizar nuestro propio sistema de salud.

En el Perú, desde el 2019 el Seguro Social de Salud (Essalud) avanzó con su propio sistema, al igual que algunos prestadores privados, mientras que por el lado del Minsa y los gobiernos regionales aún queda mucho por recorrer. Pero el panorama actual no es del todo claro, porque en el 2024 el Minsa decidió dar de baja el tablero que mostraba públicamente cómo venía avanzando la historia clínica electrónica en los prestadores del Estado. Desde entonces no se ha vuelto a publicar información al respecto. Lo último que sabemos, a diciembre de 2023, es que el Callao era la región con mayor porcentaje de establecimientos de primer nivel implementados (65,3%), mientras que Cajamarca apenas llegaba al 2,5%. Para evaluar el presente necesitamos evidencia: el Minsa necesita transparentar los avances en la implementación de la historia clínica electrónica en prestadores públicos.

Para Lima, la citada resolución precisa que será de obligatorio cumplimiento a partir de ayer, lunes. Para los gobiernos regionales será progresiva, con un plazo máximo de un año. Eso está bien, porque obliga a prever recursos, desde la contratación de proveedores de Internet (incluso Starlink en zonas rurales), hasta garantizar la interoperabilidad con hospitales e institutos especializados, los cuales tienen una antigua agenda pendiente por resolver.

La segunda buena noticia vino del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: tras más de dos décadas, dejará de emitir el DNI azul y solo tramitará el nuevo DNI electrónico 3.0, con mayor seguridad y modernidad. La identidad digital es clave para facilitar la vida a ciudadanos y funcionarios, fortalecer procesos como el uso de la historia clínica electrónica y otros servicios públicos y privados. Además, permite dar trazabilidad a los procesos, un aspecto crucial cuando se usan medicamentos y dispositivos médicos críticos (más aún en un entorno de economías informales que comercian con productos ilegales que nos pueden matar).

La digitalización debe ser el gran salto de calidad que la salud peruana necesita. Pero dependerá de que el Estado ponga seriedad, recursos y voluntad política. Como en Estonia, la clave no está (solo) en la tecnología, sino en el compromiso de convertirla en una política de Estado al servicio de las personas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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La regulación es necesaria para corregir fallas en sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia o enfrentan información asimétrica. El Perú necesita con urgencia una entidad nacional de salud que asegure que los medicamentos, dispositivos y otros insumos que usamos los ciudadanos son seguros, eficaces y de calidad. Porque sin confianza en la regulación, no hay confianza en el sistema de salud. Y cuando la autoridad falla, las consecuencias pueden ser mortales.

Lo vemos en Argentina, que vive hoy uno de los mayores desastres sanitarios en su historia: más de un centenar de muertos confirmados por uso de fentanilo clínico contaminado en hospitales. En el Perú, un suero de mala calidad dejó al menos cinco fallecidos y 13 afectados graves en Lima, Cusco y La Libertad este año, mientras que en 1996 la comercialización de un lote del fármaco Dyazide infectado con un antipsicótico puso en riesgo a muchos adultos mayores. En Alemania, un medicamento utilizado para náuseas en embarazadas, llamado talidomida, provocó malformaciones congénitas en más de 10.000 recién nacidos entre los años 1957 y 1962. Y un caso que impactó en varios países desde el 2003 fue el de los jarabes contaminados con dietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico que provocó 800 muertes en Panamá, 300 en Pakistán y 200 en Indonesia.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el estándar de oro para una autoridad reguladora: el Global Benchmarking Tool (GBT). Este precisa nueve funciones básicas, como un marco legal claro, aprobación rigurosa de productos, gestión de riesgos para detectar efectos adversos, vigilancia poscomercialización, licenciamiento de establecimientos, inspecciones y fiscalización de ensayos clínicos. En el Perú, esas funciones están dispersas entre la Digemid, el Instituto Nacional de Salud e inclusive el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Además, están recargadas de tareas que no corresponden a un ente regulador. De allí la urgencia de una reforma.

La creación de una nueva agencia exige definir con claridad su estructura, estrategias, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. Y requiere un diseño institucional que aprenda de las mejores experiencias del país, como las del Banco Central de Reserva (BCR) o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en su concepción original: organismos técnicos, con autonomía, estándares claros y capacidad para atraer, capacitar y retener talento de primer nivel.

Hoy, las agencias de clase mundial incorporan la digitalización y la inteligencia artificial como ejes transversales, lo que obliga a contar con equipos interdisciplinarios de alta preparación. Las universidades también tienen un rol ineludible pendiente: formar al talento humano que estas instituciones demandarán.

El pasado 13 de agosto, Videnza Consultores y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) organizamos un foro multisectorial para discutir cómo fortalecer la regulación de productos de salud en el Perú. La participación del viceministro de Salud Pública, la directora de la Digemid, el congresista Ernesto Bustamante, académicos, y representantes de colegios profesionales, de la industria y de la sociedad civil mostró que sí es posible construir este modelo de manera participativa. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta.

El reto es grande, pero el costo de no asumirlo es mucho mayor. Debemos evitar ampliar el modelo actual de gestión con mayor gasto público y más burocracia poco efectiva y con prácticas opacas. El país tiene la oportunidad de dar un salto institucional y no debe desaprovecharla.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que junto al Ministerio de Salud (Minsa) están cerca de oficializar un proyecto enfocado en entregar a privados la operación y mantenimiento de establecimientos de salud de primer nivel en Perú.

Este esquema, que sería bajo APP de bata gris, sería un gran paso para revertir una falla a la que el sistema de salud público nos tiene malacostumbrados: dolencias menores se resuelven en hospitales que deberían atender, como se les conoce, enfermedades de alta complejidad.

LO QUE DIJO EL MEF SOBRE EL PLAN MIL

En el evento de adjudicación del HEVES, que ganó la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, Pérez Reyes destacó que se trata de inversión de US$ 284 millones bajo un contrato de 16 años.

La modalidad es una APP de bata gris, es decir, el privado gestiona los llamados servicios no asistenciales. Luego de remarcar que aparte del HEVES Proinversión impulsa 7 proyectos de salud más por US$ 1,500 millones, vino un dato que merece resaltarse.

“En las próximas semanas vamos a trasladarle a ProInversión todo el proceso para tener un grupo de empresas en regiones que manejen todo el Programa Mil”, dijo el ministro.

Pérez Reyes precisó que consiste en 1,000 centros de salud en todo el Perú, en el primer nivel de atención del sistema, que se adjudicarían como el HEVES, es decir, bajo APP de bata gris.

El titular del MEF instó, así, tanto al adjudicatario del HEVES como a los otros postores, a estar atentos a esta convocatoria. Allí también detalló lo que se le pedirá a cada empresa postulante.

“La idea es asegurar, a través de una APP, la operación y mantenimiento con calidad de servicio. Además, en el Programa Mil, vamos a agregar como parte de la prestación en el operador adquiera, opere y renueve las ambulancias de atención”, indicó.

La razón de esta inclusión, agregó Pérez Reyes, responde a que el sector privado tiene “mayor facilidad” para adquirir las ambulancias. El ministro cerró su participación indicando que el Plan Mil arrancaría con 200 centros de salud, que están más avanzados a la interna del Minsa.

ATACARÍA PROBLEMA CLAVE DEL SISTEMA ACTUAL

De tener éxito en esta iniciativa, el Gobierno mejoraría una de las principales carencias del sistema de salud público actual: hay demasiada “congestión” en el tercer nivel (hospitales especializados) para todas las necesidades de la población. Aparte, los centros de salud del primer nivel (postas principalmente) están en pésimas condiciones.

En Perú, según datos de Videnza Consultores, el 97.9% de los establecimientos de salud publicos son de primer nivel, pero el 97.7% de ellos opera con capacidad inadecuada, es decir, infraestructura y equipamientos deficientes.

Esta situación no ha variado a la fecha, según dijo Janice Seinfeld, directora de la consulta citada, a este diario, pero cree que co el Plan Mil la situación cambiaría.

“Hoy tenemos establecimientos de salud de primer nivel que no resuelven. Tienen infraestructura dañada, muy pocos tienen historia clínica o no manejan una artera de servicios adecuados para su distritos”, lamento.

Aparte, la experta precisó que en Perú no se cumple lo que indica la teoría médica. No hay una verdadera ruta de referencia y contrarreferencia, es decir, que cada nivel de atención se dedique a lo que realmente puede atender.

“Los establecimientos de alta complejidad terminan, en realidad, sustituyendo el trabajo del primer nivel de atención, lamentablemente”, precisó.

Ricardo Zúñiga, exgerente central de Promoción y Gestión de Inversión Privada de EsSalud, recordó que este proyecto del Minsa es de larga data.

“Ya en gestiones pasadas se tenía esta idea bajo obra pública. Entiendo que ahora en la gestión del Ministro César Vásquez, la está retomando. Es interesante: hoy tenemos hospitales desbordados y la inversión privada se concentra en el segundo y tercer nivel de atención”, refirió.

El experto comentó también que existe una experiencia similar en Brasil, aunque su enfoque es con lo que llamó el sector privado no lucrativo, algo que el MEF no adelantó si se considerará. “Su caso es particular, pero muy interesante. La tercera parte de su red la tienen a su cargo fundaciones, universidades e iglesias”, destacó.

RETOS EN LA PROMOCIÓN DEL PLAN MIL

Si bien el MEF dijo que la visión para el Plan Mil es que sean bajo APP de bata gris, ambos expertos consideraron que el Gobierno deberá hilar fino para promover estas asociaciones con el sector privado.

Lo primero, considero Zúñiga, es definir si se ofrecerán los 1,000 centros de saludo uno a uno o en bloque. “Recordemos que hoy se trabaja en redes interconectadas. Esa lógica no podría perderse en el Plan Mil porque el privado busca rentabilidad. Tal vez podrían embanquetarlos por zonas, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho”, propuso.

Lo otro, clave a criterio de Seinfeld, es definir si efectivamente buscarán que sean APP de tipo bata gris. Bajo este esquema, por ejemplo, el privado no se involucra en la atención médica propiamente como la conocemos.

Tampoco en este caso, sería socialmente aceptable que se busque una bata blanca, figura de APP donde el privado lidera todos los servicios clínicos, logísticos y operativos. De esta manera funcionan hoy los hospitales Kaelin y Barton, en manos de IBT Group, bajo convenio APP con EsSalud.

“Un intermedio que podría funcionar sería bata verde, que incluye servicios no médicos, pero también los de laboratorio. Eso deben ver el MEF y el Minsa: cómo van a operar los otros servicios clave. Si queremos capacidad resolutiva deben haber médicos capacitados”, remarcó Seinfeld.

Noticia redactada por el periodista Alessandro Azurín en el Diario Gestión.

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Dos libros del reconocido doctor Elmer Huerta nos enfrentan a esa evasión con una propuesta doblemente valiente: hablar de la muerte y, sobre todo, prepararnos para ella.

El primero, “El buen morir: breve guía para entender y afrontar la muerte” (Planeta, 2024), parte de una constatación incómoda: los avances de la medicina nos han hecho negar la muerte como parte natural de la vida. Morir ya no ocurre en casa, rodeados de los nuestros, sino en una cama de hospital, bajo luces frías y con un sistema de salud mal preparado para acompañar el proceso. En esa obstinación por prolongar la vida a toda costa, perdimos algo esencial: la posibilidad de despedirnos con dignidad, autonomía y paz.

Con la claridad que lo caracteriza, el doctor Huerta construye una guía breve pero poderosa para entender y enfrentar ese momento. Basado en evidencia científica y experiencia médica, pero también en humanidad y compasión, el libro nos invita a mirar de frente nuestra mortalidad. A acompañar a quienes amamos. A planificar lo inevitable con la cabeza fría y el corazón abierto. Es un texto urgente no porque hable de la muerte, sino porque habla de cómo queremos vivir hasta el final.

En la reciente Feria del Libro de Lima (FIL), que culmina mañana miércoles 6 de agosto, Huerta presentó el complemento práctico de esa reflexión: “Todo en orden: lo que me gustaría que sepas cuando ya no esté” (Planeta, 2025). Si su primer libro nos ayuda a aceptar lo emocional y lo espiritual, este nuevo volumen nos recuerda que morir también implica dejar las cosas resueltas. Es, en esencia, un planificador póstumo. Pero no se trata solo de anotar datos legales, financieros o de salud. Es una bitácora íntima donde dejamos instrucciones, recuerdos, nuestros últimos deseos. Una carta a los nuestros para cuando ya no podamos hablar.

Quien ha acompañado un duelo sabe cuánto pesa el desorden. El testamento que nunca se firmó. La clave bancaria que nadie conocía. El albacea que se volvió enemigo. Pero también la carta que no se encontró; la historia que nunca se contó; el álbum que quedó escondido. Como explica Huerta, si ya mantener nuestros asuntos en orden suele ser una tarea engorrosa, mucho más lo será para quienes nos sobrevivan, quienes, además de llorar, tendrán que reconstruir nuestras vidas a partir de lo que dejamos –o no dejamos– atrás.

Desde la salud pública, sabemos que la muerte es tanto un hecho clínico como un evento social. Afecta a los sistemas sanitarios, al gasto familiar, a las políticas de cuidados, pero también a los vínculos, a la memoria y a la identidad. Por eso es tan valioso que un médico se atreva a hablar no solo de células y diagnósticos, sino de emociones, decisiones y legados. Huerta informa, pero también humaniza. Porque si aprendemos a morir bien, también aprenderemos a vivir mejor. Con menos culpa, con más gratitud. Más atentos al presente, más libres para construir el futuro. Y también más justos con quienes vendrán después de nosotros.

Ambos libros son una invitación a la madurez emocional, a la planificación afectiva y a una conversación colectiva que ya no podemos seguir postergando. No son libros tristes. Son libros luminosos. Nos ayudan a mirar lo inevitable con menos miedo y más amor.

En tiempos de tanto ruido, es un acto de responsabilidad ciudadana leer estas publicaciones, compartirlas y recomendarlas. Porque todos, sin excepción, vamos a necesitarlas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Se trata del zooplancton, un grupo variado de seres vivos diminutos que apenas conocemos y que, según una reciente investigación publicada en “Limnology and Oceanography” y reseñada por la BBC, están ayudando a reducir el calentamiento global. ¿Cómo así? Porque, según dicha investigación (“Seasonally migrating zooplankton strongly enhance Southern Ocean carbon sequestration”), lo que hacen estos pequeñines es atiborrarse de alimento en primavera, y luego con esta grasa acumulada se hunden a cientos de metros en las profundidades del océano para hibernar y quemar esa grasa. “Esto les permite retener carbono que calienta el planeta, equivalente a las emisiones anuales de unos 55 millones de coches de gasolina, e impedir que siga calentando nuestra atmósfera”, señala la BBC.

Y lo que es más llamativo es que resulta que este proceso por el cual estos animales transportan carbono a las profundidades oceánicas ha sido subestimado durante décadas. El estudio se basa en data de biomasa, distribución, respiración y mortalidad de zooplancton recopilada durante 100 años en el Océano Antártico. Y lo que descubre es que solo dicho océano, adonde migran distintos tipos de zooplancton, es responsable del 40% de todo el calor extra que los océanos absorben producto de nuestra quema de combustibles fósiles. Sin esa bomba biológica –señalan los investigadores–, los niveles de CO₂ atmosférico podrían ser el doble.

El hallazgo no solo tiene implicancias científicas. También es una lección política, económica y ética. Porque nos muestra, una vez más, que el planeta funciona por cadenas invisibles acumuladas en el tiempo de organismos que ni siquiera vemos. Y la paradoja cae por su propio peso: mientras estos seres diminutos trabajan para enfriar el planeta, nosotros aceleramos su extinción.

¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Mucho más de lo que parece. Somos un país con uno de los mares más ricos del mundo, y cuya economía depende, entre otras cosas, de la pesca y de los recursos naturales. Pero también somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. La lucha contra el calentamiento global debería ser una necesidad de supervivencia para todos, sobre todo para los hacedores de política pública.

Y aquí entra en escena un actor poco conocido pero clave: el Laboratorio de Zooplancton y Producción Secundaria (LZPS) del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Este laboratorio, entre otras funciones, estudia la composición y abundancia del zooplancton en nuestro mar, analiza su papel como alimento en la cadena alimenticia, y monitorea su relación con la salud del ecosistema.

Además, realiza estudios sobre los huevos y larvas de peces de importancia comercial como la anchoveta, y analiza cómo las condiciones ambientales afectan su crecimiento y mortalidad.

Lo que está ocurriendo en las profundidades del Océano Antártico también ocurre frente a nuestras costas. Nuestros tomadores de decisiones, si realmente estuvieran preocupados por lo importante, deberían mirar con más atención este tipo de investigaciones.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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En los últimos 25 años, el aumento significativo de la ayuda internacional en sectores claves como la salud permitió reducir en más de la mitad la mortalidad infantil evitable y las muertes prevenibles por enfermedades infecciosas como el sida, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, en una reciente entrevista para el diario español “El País”, Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, la mayor organización filantrópica del mundo, advierte: “No tenemos todavía los datos, pero es muy probable que este sea el primer año del siglo XXI en el que veamos un aumento de la mortalidad infantil evitable, en el que probablemente volvamos a ver un aumento de los casos y muertes por malaria y por VIH. Dada la brusquedad de muchos de los recortes que se han producido en la primera parte de este año, especialmente por parte de Estados Unidos, pero no exclusivamente, ya podemos ver el impacto, especialmente en África”.

El directivo participó la semana pasada en Sevilla en la IV conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo, junto con más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. A su juicio, tras la pandemia, los países ricos están dejando de cumplir los compromisos que asumieron en la llamada “era dorada” de la cooperación, mientras los países de renta media y baja enfrentan niveles de endeudamiento asfixiantes. La combinación es peligrosa. Y lo que está en juego es el bienestar –y muchas veces la vida– de millones.

La magnitud del problema es difícil de exagerar. En el África subsahariana, uno de los principales focos de acción de la Fundación Gates, el 70% del gasto en salud depende de financiamiento externo. En otras regiones, la situación es menos dramática, pero igualmente precaria. La cooperación internacional ha perdido tracción política y visibilidad mediática. Las prioridades de las grandes potencias se han reordenado hacia sus propias crisis: inflación, seguridad, migración, populismo. La ayuda al desarrollo, mientras tanto, queda como lo que muchas veces ha sido: lo primero que se recorta.

Cuando se debilitan los sistemas de salud en los países más pobres, se abren las puertas para nuevas pandemias. Cuando el hambre o la falta de oportunidades empujan a miles de personas a migrar, los efectos se sienten en todo el globo. Y cuando los programas que empoderan a niñas y mujeres se reducen por falta de fondos, retrocedemos décadas en equidad y desarrollo.

La paradoja es que las soluciones existen. Suzman lo recuerda: una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier país rico es destinar recursos a salud y educación en los países más pobres. No (solo) por razones de justicia global, sino porque es rentable. Las vacunas salvan vidas y evitan crisis sanitarias; la educación de las niñas reduce la pobreza y frena la sobrepoblación. Y, sin embargo, hoy cuesta más convencer a los gobiernos de mantener ese compromiso.

Como advierte Suzman, “las inversiones que no se hagan hoy se pagarán caro mañana”. Y ese mañana llegará más pronto de lo que creemos. Si algo nos enseñó la pandemia, es que la salud global no conoce fronteras. Y que la indiferencia es siempre más costosa que la acción. Pero esa acción no debe venir de organizaciones filantrópicas, cuyo rol es ejercer como catalizadores, sino de los propios Estados. Son ellos quienes deben llevar el peso de la cooperación y las políticas de desarrollo. Y, salvo honorosas excepciones, no están cumpliendo esa tarea. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Según información oficial obtenida por el portal Salud con Lupa, en Pastaza nueve niños menores de 11 años murieron por esta enfermedad. De los 151 menores de un año registrados en el distrito, solo 22 han recibido la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Entre los motivos de esta baja cobertura de vacunación están problemas estructurales como la falta de brigadas de vacunación, escasa conectividad fluvial y aérea, deficiencias en la cadena de frío, y el crítico estado del sistema de salud amazónico, que enfrenta enormes limitaciones logísticas, técnicas y humanas. Recién el 9 de junio, el Ministerio de Salud anunció el despliegue de 17 brigadas sanitarias hacia seis distritos de Datem del Marañón. Y tres días después se aprobó una transferencia de S/12,5 millones para enfrentar la emergencia.

La falta de políticas públicas nos deja expuestos también frente a eventos externos nacionales, como el sismo de magnitud superior a 8,8 que eventualmente sucederá en Lima y el Callao. Los estudios del Centro de Estudios y Prevención de Desastres advierten que un evento de esta magnitud podría dejar más de 100.000 muertos, un millón de damnificados y pérdidas económicas que superarían el 20% del PBI nacional. Y, sin embargo, nuestros hospitales no están preparados: muchos no cuentan con estructuras antisísmicas, carecen de sistemas autónomos de energía y no tienen planes funcionales de contingencia. La interoperabilidad entre servicios sigue siendo una promesa incumplida, y la atención primaria no tiene herramientas para sostenerse en escenarios extremos ni frente a eventos externos internacionales.

¿Por qué seguimos improvisando? ¿Por qué no se invierte en reforzar las viviendas precarias, que representan más del 70% de la infraestructura en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Ventanilla? ¿Por qué no hay un sistema de alerta temprana operativo y masivo, cuando países como Japón o Chile ya han demostrado su eficacia salvando miles de vidas? La respuesta es dolorosa y simple: porque el bien común ha dejado de ser el centro del quehacer político. En lugar de diseñar políticas que protejan a las mayorías, se priorizan agendas personales, disputas partidarias y cálculos electorales de corto plazo. La política peruana ha olvidado su razón de ser: organizar la vida en sociedad para asegurar dignidad, seguridad y oportunidades para todos.

Los crecientes conflictos en el Medio Oriente nos pueden sonar lejanos, pero tienen implicancias globales que también afectarán al Perú. Un cierre prolongado del estrecho de Ormuz por parte de Teherán pondrá en riesgo el suministro de petróleo y gas, con efectos en la inflación, la economía y los tipos de interés. Aumentará la incertidumbre internacional y muy probablemente habrá repercusiones en el costo de los alimentos, el transporte, los medicamentos.

No tenemos políticas públicas listas para responder ante escenarios como estos que pueden implicar inestabilidad prolongada. Estamos frente a una crisis de gobierno en el sentido más profundo del término: la incapacidad de anticipar, planear y actuar por el bien común, ausente en nuestros políticos.

La política, en su forma más noble, es un acto de cuidado colectivo. Pero en el Perú parece haber sido capturada por la indiferencia. Prepararse para un terremoto, combatir la anemia infantil y la desnutrición, frenar la criminalidad organizada o invertir en educación de calidad no son solo asuntos técnicos. Son decisiones morales que distinguen a un Estado ausente de uno verdaderamente presente.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, el 24 de junio de 2025.

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“Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera; el problema está en que no se cambia la cultura de gestión”.

Las severas intoxicaciones en Qali Warma llevaron al Ejecutivo a, primero, cambiarle de nombre a Wasi Mikuna. Como era más de lo mismo, las intoxicaciones continuaron y se optó por extinguir el programa y declarar en emergencia el servicio nacional de alimentación escolar. Ahora, frente a otra emergencia de salud, el gobierno opta por la misma “solución”: tras la muerte de siete personas por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma, anunció el cierre de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed).

Si bien la Apemed es una propuesta que viene trabajando la propia Digemid desde el 2023 para transformarse en una entidad con mayor autonomía y capacidad técnica, el Ejecutivo decidió enviarla al Congreso eliminando puntos claves. Uno de ellos es que suprime la posibilidad de que se financie con ingresos propios de trámites como certificaciones, autorizaciones y sanciones.

Pero vayamos un paso atrás primero. Dado que el Perú funciona bajo el modelo de economía social de mercado, la regulación es necesaria para corregir fallas en ciertos sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia. En salud, a diferencia de las funciones de rectoría, prestación y financiamiento, la generación de recursos está a cargo de los privados. Son ellos quienes producen los medicamentos, mientras que el regulador analiza aspectos como si hay externalidades positivas y negativas en el consumo y la producción o problemas de información. Ahí vemos un primer defecto del proyecto de ley de creación de la Apemed: no contempla un área de estudios económicos, como sí la tiene el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Es decir, de conocimiento del mercado, nada. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

La Apemed se concibe como un organismo público técnico especializado, que heredará las funciones de la Digemid y al que, además, se le encargará el proceso completo de evaluación y autorización de ensayos clínicos, antes compartido con el Instituto Nacional de Salud (INS). Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera. El problema está en que no se cambia la cultura de gestión ni se le otorga independencia en su financiamiento. La transición “a la prepo” a esta nueva entidad no establece un propósito claro dentro de un abordaje sistémico centrado en resolver los actuales problemas y riesgos que afectan a los ciudadanos. No define qué resultados y atributos se esperan de esta nueva organización: procesos predecibles, transparencia, digitalización, datos abiertos, labor interdisciplinaria, trazabilidad interna y externa, rendición de cuentas. De eso, nada.

Si lo que se busca con esta mayor autonomía es proteger a la Apemed de contaminación política, entonces su presidente ejecutivo debería estar obligado a emplear indicadores de desempeño y rendir cuentas periódicamente para que el directorio le renueve su confianza. A su vez, el directorio tendría que asumir funciones mucho más comprometidas con la operación de la entidad, como aprobar el plan de monitoreo de riesgos, dar luz verde a las normas de alto impacto que emita el organismo y estar conformado por profesionales de peso (no exigirles solo diez años de experiencia, como lo plantea el proyecto de ley). Pero de buen gobierno corporativo, nada.

Desde el 2007, la Digemid tiene varios procesos certificados con ISO 9001. Esto también debería continuarse en la Apemed para superar la visión de “lograr una certificación” y avanzar hacia un cambio cultural que instale un efectivo sistema de gestión de la calidad en la organización. Esto a la par con implementar sistemas de evaluación y fiscalización estandarizados.

Hoy, nada nos garantiza que la Apemed impedirá que se repitan casos como el del suero fisiológico. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta. ¿Ni la vida de los peruanos es incentivo suficiente para que el Estado haga bien las cosas?

“Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Columna escrita por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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