A nivel nacional, 2 millones de personas no cuentan con una conexión del recurso hídrico. Sin embargo, aquellos que poseen el acceso no necesariamente gozan de agua potable.

Si no hay calidad de agua, tampoco hay calidad de vida. En el Perú, de acuerdo con Videnza Consultores, alrededor de 2 millones de peruanos no cuentan con una conexión al servicio, lo que no significa que el resto de la población goce necesariamente de agua potable. ¿Por qué?

Milton von Hesse, director de la firma mencionada y exministro de Videnza, explica para Gestión las cifras detrás de la desigualdad y configura una radiografía de cara al 2025.

¿INVERSIÓN ANTES QUE SERVICIO?

El especialista detalla que existe una confusión en los focos. “El principal problema en el sector de agua y saneamiento es que la atención de todas las autoridades está centrada en la inversión, en sembrar infraestructura, pero no está centrada en el servicio y en su calidad”, sostiene. En suma, la acumulación de proyectos no garantiza que, con el tiempo, la asistencia sea óptima.

Von Hesse respalda su premisa en los números: en el 2017, faltaban s/23,000 millones para cubrir la necesidad del país; no obstante, hoy en día y con el dinero ya dispuesto, “la brecha, en vez de disminuir, se ha incrementado”. Añade que las inversiones no se destinan a reemplazar tuberías o plantas de tratamiento, sino a sumar obras a la lista.

El panorama se trasluce en las cifras: Videnza ha identificado que, en la costa, solo la mitad de los hogares que tiene un caño de agua en su casa -al menos durante algunas horas al día- cuenta con un recurso cuyo nivel de cloro asegura una desinfección.

Y la situación de la selva y la sierra es peor. “Únicamente el 20% -1 de cada 5 hogares- que tiene un caño en su casa goza de agua clorada en cantidad suficiente. Es decir, 8 de cada 10 hogares abren el caño y sale agua, pero no desinfectada con el nivel de cloro oportuno”, detalla.

Las regiones que más han avanzado en paliar la brecha son Moquegua, Apurímac, Tacna, Arequipa y Callao: cada una tiene un porcentaje superior al 96%. Lima Metropolitana, por su parte, registra un acceso de 94%; o sea, 6% de la población carece de una conexión domiciliaria de agua.

En cambio, los porcentajes en la selva son alarmantes. El 23% de población de Ucayali no tiene acceso a una conexión domiciliaria; y lo mismo ocurre con el 32% de Loreto. La fisura, además, “se concentra en sus zonas rurales”, acota Von Hesse.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA EL 2025?

El MVCS calculó, en la segunda semana de diciembre, que para este año habrá 745 proyectos de agua potable y saneamiento en diferentes zonas del país.

Durich Whittembury, titular de dicho ministerio, anunció que de ellos es el Proyecto de Comas e Independencia, una obra que atenderá a los asentamientos humanos de ambos distritos. Asimismo, en Piura, el sector comenzará la ejecución del Proyecto Asentamientos Humanos de Piura, en beneficio de más de 466,000 personas y, en Juliaca, arrancará la ejecución de las fases II, III y IV del Proyecto Integral de Juliaca.

ORIENTACIONES PARA EL GOBIERNO

El vocero de Videnza sugiere, con la finalidad de conseguir mayor eficiencia en el 2025, reorganizar el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para consolidar a las empresas prestadoras de servicio. “Para garantizar que por lo menos haya una sola EPS por región, lo que significa que hay que empezar a consolidar las EPS en una sola”, menciona von Hesse.

Resalta, además, que sería de gran ayuda convocar al sector privado, de manera que los funcionarios de un municipio trabajen en conjunto con las empresas profesionales. En este punto observa un desperfecto: “Hay empresas de agua y saneamiento que pierden casi el 50% de lo que producen, salvo Sedapal, que pierde poco menos del 30% de lo que produce. Este porcentaje sube hasta 44% о 45%”, detecta.

Por último, el especialista no deja de lado el factor corrupción. “Lamentablemente, la ejecución de proyectos de agua y saneamiento ha sido vista como una fuente de recursos para la corrupción. Se invierte mucho en proyectos que no importa si van a funcionar o no. […] En muchos gobiernos regionales, se ejecutan con administración directa para poder manejar, por ejemplo, la contratación del personal”, subraya.

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Entrevista realizada por Camila Vera, periodista del diario Gestión, a Milton von Hesse, director de Videnza Consultores.

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Este escenario puede complicarse más en los próximos años a la luz de la conclusión del último “Análisis de situación de salud del Ministerio de Salud”, el cual afirma que “la estructura poblacional evidencia un incremento progresivo de la población adulta y adulta mayor, así como una reducción de los grupos más jóvenes (envejecimiento poblacional) que se explica por los efectos de la transición demográfica”. Hoy ello se expresa en una mayor prevalencia de problemas de salud crónico-degenerativos, que requieren de un cuidado continuo que no consiguen, sobre todo los pobres y vulnerables. Y esto viene ocurriendo en un país complejo con informalidad económica, desborde social y “achichamiento” cultural que, según el sociólogo Danilo Martucelli, expresan una sociedad desformal donde “nadie respeta nada”.

A ese contexto se suma el empobrecimiento institucional que afecta la calidad del servicio público, acentuado en los últimos periodos de gobierno por la inestabilidad en el poder político y la improvisación persistente. En ese sentido, debe recordarse la importancia de la oferta pública en salud que constituye, muy de lejos, la principal fuente de recursos y servicios en el país. Por ejemplo, según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 7 de agosto del 2024 el 99.88% de peruanos tiene un seguro de salud. De ellos, 97.1% son seguros públicos, principalmente el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. Y el 83,5% de camas hospitalarias pertenecen al sector público. Por tanto, el desempeño del Estado impactará directamente en el bienestar de la gran mayoría de peruanos, siendo un reto mejorar la performance de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) que cuidan a los peruanos. ¿Cómo lo logramos?

Una primera opción es identificar las maneras exitosas de hacer las cosas. Por ejemplo, una buena práctica ha sido la implementación por EsSalud de las unidades básicas de atención primaria (UBAP) en las provincias de Lima y el Callao desde el año 2008, con la participación de IPRESS privadas y municipales. En ese modelo, el financiador (EsSalud) pagaba a los prestadores una tarifa anual calculada en función al costo de un paquete de atenciones de salud que todo asegurado debía recibir considerando su perfil de riesgo. Y se encargaba el cuidado de la salud de una determinada cantidad de residentes de un territorio asignado a la UBAP. Este modelo, incomprensiblemente descontinuado desde el 2021, es una experiencia clave para mejorar la gestión del primer nivel de atención en salud, al alinear el financiamiento a incentivos dirigidos a orientar el desempeño de los prestadores al logro de resultados sanitarios definidos.

También EsSalud tiene un modelo llamado Farmacia Vecina, que resuelve el problema del acceso a farmacoterapia de miles de asegurados de Lima y Callao diagnosticados con alguna enfermedad no transmisible. Se aprovecha la capacidad de compra con economía de escala que el Estado posee, la flexibilidad y agilidad en la distribución del operador logístico privado, más el uso de los servicios de farmacias y boticas privadas. Al afiliarse a Farmacia Vecina, los usuarios eligen un establecimiento farmacéutico cercano a su vivienda o centro de labores para recoger las recetas indicadas cada mes. Los resultados obtenidos son satisfactorios, pues las personas reciben su terapia oportunamente, a la par que evitan el gasto de bolsillo y el costo del traslado a un establecimiento de EsSalud. La estrategia logra un 97% de nivel de servicio: prácticamente todas las recetas son entregadas completas y a tiempo, lo que genera altos niveles de satisfacción. Así se logra el acceso a la medicación necesaria de manera sostenida y se reduce el riesgo de complicaciones en la salud de los usuarios.

Otra experiencia destacable de financiamiento, en este caso del Minsa en la provincia de Lima, es la implementación de un mecanismo de asociación público-privada (APP) en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Gracias a este contrato, un consorcio de empresas privadas brinda servicios de bata gris y bata verde. El primero incluye servicios no asistenciales como lavandería, alimentación de pacientes, vigilancia, mantenimiento de infraestructura y de equipamiento, entre otros. El segundo, además de los servicios de bata gris, contempla apoyo asistencial como laboratorio y diagnóstico por imágenes. Este modelo de gestión mantiene la capacidad resolutiva del prestador, con lo que evita ser afectado por la lentitud de los procesos administrativos estatales para dotar de servicios y recursos necesarios para lograr el funcionamiento permanente de servicios críticos. Por ejemplo, el desarrollo de un buen programa de mantenimiento impide que los equipos de la institución interrumpan su funcionamiento, algo que en otros hospitales públicos es un problema frecuente. Así, los especialistas del hospital concentran su esfuerzo y talento en cuidar la salud de sus pequeños pacientes, contribuyendo además a la tranquilidad y protección de la economía de sus padres.

Pero ¿cuál es el “secreto” de estas experiencias exitosas? Además de emplear capacidades en las cuales los actores privados tienen competencias demostradas, lo más importante es la diferencia de enfoque con relación a la manera como se gestiona en el sector público: se busca explícitamente un alto nivel de servicio al usuario.

Poner al centro al usuario y organizar la oferta en función a la demanda es una medida transversal urgente para recuperar la confianza de los peruanos. La mejora de la cobertura y la calidad de los servicios públicos que reciben, además del bienestar que logra, fortalece el tejido social y la institucionalidad en el país. Para conseguirlo no solo es necesario contar con gestores honestos y competentes, sino también que se atrevan a emplear estrategias diferentes para reemplazar las maneras obsoletas de resolver los actuales nudos críticos existentes. Tenemos que hacerlo.

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Para tener una mayor orientación al respecto, debemos recordar que el Estado peruano inició el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el año 2002 mediante la publicación de la Ley 27651. Diez años después, en su intento por regular la proliferación descontrolada de la minería artesanal y de pequeña escala, publicó los Decretos Legislativos 1100 y 1105, que establecieron las primeras definiciones de minería ilegal y minería informal, y delimitaron las estrategias de intervención centradas en la erradicación de la minería ilegal y la formalización.

En el 2017, mediante la publicación del Decreto Legislativo 1293, se dio inicio al proceso de formalización minera integral. Luego de diversas modificaciones normativas que ampliaron su vigencia y que permitieron la inscripción de nuevos supuestos mineros, se tiene como fecha de culminación del proceso el 31 de diciembre de este año.

Este proceso consistió en que quienes se adherían a él presentaban ciertos requisitos mientras se les permitía, de manera excepcional, la continuidad de sus actividades mineras. Es decir, bajo el compromiso de formalizarse, el minero podía seguir operando siempre y cuando tuviera su registro en el REINFO. Lamentablemente, ese compromiso no se respetó. Según cifras presentadas por la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) en el XV Congreso Nacional de Minería, de los 86,140 inscritos en el REINFO a junio último, solo 2065 se han formalizado.

¿Cuáles son las razones detrás de este fracaso? Si bien el proceso de formalización minera ha estado afectado por temas transversales, destacan tres problemáticas puntales: la inadecuada caracterización del usuario, la desvirtuación del carácter excepcional, y la limitada capacidad rectora del MINEM. Veamos cada uno.

Este proceso de formalización minera integral fue formulado considerando como usuarios a pequeños mineros y mineros artesanales. Por ello es que permitió que continúen desarrollando sus actividades mientras presentaban los requisitos ¿Qué terminó ocurriendo? Al momento de recibir las inscripciones en el REINFO, no hubo un filtro adecuado que garantizara que quienes se estaban inscribiendo eran efectivamente pequeños mineros o mineros artesanales. Por el contrario, se inscribieron usuarios que no realizaban actividad minera, solo por especulación o aviso de terceros para obtener algún beneficio, por ejemplo, a través del alquiler de REINFOs. Y también mineros ilegales, entendidos como aquellos que extraen recursos minerales de áreas prohibidas o de concesiones de terceros, o que utilizan maquinaria o insumos prohibidos (dragas, mercurio).

Esta inadecuada caracterización generó que mineros ilegales, encubiertos de informales, pueden transitar por el territorio peruano con oro ilegal, bajo el manto de la protección legal que da el REINFO. Adicionalmente, hoy es común ver diversas noticias de atentados en muchas zonas del país, que evidencia con mayor claridad la relación que existe entre la minería ilegal y la criminalidad, así como con otros delitos mucho más complejos, como la trata de personas y el sicariato.

Otro de los grandes problemas que enfrenta el proceso de formalización es que desvirtuó su carácter excepcional al aceptar diversas ampliaciones de plazo y permitir la inscripción de nuevos usuarios. El proceso vigente adoptó a los usuarios del anterior proceso y permitió la inscripción de 13,816 nuevos usuarios en el 2017, y tras la publicación de la Ley 31388, que prorroga el plazo del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2024. permitió la inscripción de 32,835 nuevos usuarios. En suma, considerando las exclusiones realizadas, el REINFO pasó de tener 41,745 a 86,140 inscripciones a junio de este año.

Por último, la débil rectoría del MINEM para asumir el reto que involucra la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales se erige como uno de los grandes problemas que afectaron este proceso. Si bien la responsabilidad operativa de implementar el proceso recaía sobre los Gobiernos regionales, el gran director de orquesta debió ser el MINEM. Para ello, era necesario contar con un sistema interoperable que permita la articulación de las instituciones involucradas, el flujo eficiente de la información, la posibilidad de realizar seguimiento y monitoreo de los resultados del proceso en tiempo real y, sobre todo, la disminución de la carga operativa de los funcionarios mediante la automatización de ciertas revisiones. La Ventanilla Única de Formalización (VUF) fue un intento de esto, pero se han reportado diversas fallas, sobre todo para el flujo eficiente de la información.

En julio último, el MINEM publicó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. En él propone dotar de asistencia técnica a los mineros, establecer nuevos espacios territoriales para el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, beneficios tributarios y lograr la trazabilidad de la comercialización del oro. Pero también ha propuesto acciones para atender los problemas destacados.

En específico, propone la creación del Sistema Nacional Interoperable de la Pequeña Minería Y Minería Artesanal (SNIPMMA), que serviría como canal unificador de los actores participantes en el proceso de formalización. Además, que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se encargue de desarrollar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a efectos de conocer cuántos pequeños mineros y mineros artesanales son en realidad, y propone que el MINEM se encargue directamente del cierre del proceso de formalización considerando un plazo límite.

Todas estas propuestas ayudarían a concluir satisfactoriamente el proceso de formalización. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para poder implementarlas. Si bien este proyecto de ley es un paso importante del MINEM, es mucho más importante ver cómo planea implementarlo, cuál será su hoja de ruta, además de mantenerse firme ante intereses particulares que han visto en el REINFO el escudo perfecto para desarrollar sus actividades mineras sin ningún control, en un contexto de criminalidad y con un impacto negativo directo sobre la sociedad en su conjunto.

Realizado por: Jair Parihuana, analista senior de Videnza Consultores

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Un estudio publicado el jueves último en la prestigiosa revista “Science” calcula que 4.400 millones de personas carecen de agua potable segura en 135 países de ingresos bajos y medios. Esto supone más del doble de la estimación mundial realizada en el 2020 y equivale a más de la mitad de la población mundial.

La investigación recoge los cuatro componentes utilizados por la OMS y Unicef para medir el uso de servicios de agua potable gestionados de forma segura: si los hogares utilizan una “fuente primaria de agua mejorada” (como agua corriente, pozos y manantiales protegidos o agua embotellada), si es accesible in situ en el hogar, si está disponible cuando se necesita y si está libre de contaminación fecal y química (aspecto que no analiza el estudio por falta de información).

De los 135 países estudiados, aproximadamente la mitad carecía de datos nacionales previos. Por eso, los investigadores desarrollaron modelos utilizando un aprendizaje automático basado en datos geoespaciales y en datos existentes de encuestas en hogares.

Concluyen que, de los 4.400 millones de personas sin agua potable segura, 1.200 millones viven en el sur de Asia, casi 950 millones en África subsahariana, unos 850 millones en el este de Asia, casi 500 millones en el sudeste asiático y más de 400 millones en Latinoamérica y el Caribe. En esta última región, solo uno de cada cuatro habitantes tiene agua potable segura. Además, los resultados identifican la contaminación fecal como el principal factor limitante para conseguir agua potable segura para casi la mitad de la población estudiada.

En nuestro país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento acaba de publicar el proyecto del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), en el que plantea apelar a tecnologías no convencionales para avanzar en dotar de agua potable a la población que hoy no cuenta con acceso a este servicio básico. Se trata de soluciones temporales que funcionarían mientras se concluyen las obras tradicionales que conectarán cada uno de los domicilios. Priorizarían colegios, postas, hospitales, viviendas de interés social, organizaciones de base (como comedores populares o albergues), comisarías, entre otros.

Con estas intervenciones, que demandarán el trabajo conjunto del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y las empresas de servicios de saneamiento, estiman que se podría lograr que 3,15 millones de peruanos accedan por primera vez a agua potable, en un período de cuatro años y de manera progresiva.

Este sistema se ha usado con éxito en otras partes del mundo para incrementar el acceso al agua. El desafío está en que la gente acepte esta opción y, sobre todo, que efectivamente sea temporal y no una salida permanente.

Las políticas y prácticas suelen centrarse en mejorar el acceso al agua mediante la construcción de nuevas infraestructuras. Sin embargo, como lo confirma este preocupante estudio, el servicio de agua es mucho más que proporcionar acceso; es garantizar calidad y cantidad.

Para lograr este objetivo en el Perú es indispensable modernizar los modelos de gestión de agua y saneamiento. Una alternativa para lograrlo es incrementar la participación del sector privado en la gestión, siempre con indicadores de éxito en el logro de las metas de acceso con calidad. Prueba de ello es que la empresa que mejores indicadores de gestión tiene es Sedapal, debido principalmente a la incorporación del sector privado en sus procesos de producción y entrega de servicio. Aunque hay mucho por mejorar, considero que esta es sin duda la ruta a seguir.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 20 de agosto de 2024.

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En esta modalidad, primero se califica la idoneidad de los proveedores, se establecen los parámetros de calidad de los bienes por adquirir mediante una ficha técnica y se determina lo que se les quiere comprar. Es decir, quienes postulan deben superar estándares establecidos y solo ellos entran a competir en una puja de precios a la baja que, en teoría, permite al comprador obtener el precio más bajo posible. Estos procesos se dan por vía electrónica y buscan lograr un mecanismo que estimule la competencia y sea transparente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Lo que ha venido sucediendo es que un grupo de altos ejecutivos de empresas farmacéuticas pactó para “repartirse” las millonarias compras de medicamentos del Ministerio de Salud.

Así lo entiende el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que ha abierto un proceso administrativo sancionador contra 15 empresas y cinco personas naturales por la presunta colusión en licitaciones de medicinas al Estado entre el 2006 y el 2020. La hipótesis es que coordinaban para generar una imagen de falsa competencia y que el Estado se vea obligado a comprar a mayor precio.

De confirmarse estas prácticas, los involucrados deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Es inaceptable que se pretenda lucrar a costa de la vida y la salud de los peruanos. Si bien toda empresa que vende un producto busca sacar el mayor provecho, efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable.

Desde el lado del Estado también hay problemas. Debemos considerar que, en determinados casos, para evitar la escasez de medicamentos flexibiliza las compras y autoriza que cada hospital o unidad ejecutora lidere sus procesos de licitación. En lugar de efectuar adquisiciones grandes, cuyos volúmenes les permitirían obtener mejores precios, cada institución termina asumiendo sus propios procesos, a precios más altos.

Para evaluar qué otras estrategias se pueden utilizar para la compra eficiente de productos farmacéuticos, vale la pena revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el pasado 24 de junio. Primero, establece un avance tímido para las compras a través del catálogo electrónico. Este instrumento, como su nombre lo indica, es un catálogo con distintas empresas y productos precalificados que compiten en precio y calidad. Pese a que podría evitar prácticas colusorias, desde el 2009 no se ha avanzado nada en esta modalidad de compra en el sector farmacéutico.

Además, la ley plantea nuevos mecanismos de transparencia para contratos cuyos montos sean iguales o menores de ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Estas compras, que el año pasado representaron el 24% de las compras de bienes y servicios, ahora deberán ingresar en una plataforma llamada Pladicop. Es un avance porque añadirá mayor transparencia sobre los diferentes agentes, dotará de trazabilidad a las operaciones y permitirá una mejor toma de decisiones.

Sin embargo, si bien esta ley moderniza aspectos para procesos onerosos, no resuelve la carencia de una estrategia de adquisiciones del Estado que incluya indicadores de desempeño. Esta podría sustentarse en la llamada Matriz de Kraljic, que diferencia a los bienes en función de cuántos competidores hay en el mercado y de cuánto representan del gasto. Para cada cuadrante de la matriz existen mejores mecanismos de adquisición por implementar. En uno de esos escenarios, el catálogo electrónico es la mejor herramienta para productos como la mayoría de los farmacéuticos: con competencia en el mercado y que individualmente representan un gasto menor para el contratante.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, queda claro que, además de mejores prácticas, necesitamos adecentarlas.

Realizado por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio, el día 23 de julio de 2024.

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La pregunta que se cae de madura es si faltó plata para ejecutarla. La respuesta corta y simple es que; más bien, hubo muchísima plata, más que nunca en la historia económica registrada. Según el MEF, entre el 2019 y el 2023 se ejecutaron, en los tres niveles de gobierno, proyectos por un monto que supera los 111.000 millones que casi equivale al de la brecha de corto plazo del PNIC. Tuvo algún impacto ese gasto en el acceso a servicios básicos de la población. La respuesta simple y corta es muy poco o casi nada. Así, por ejemplo, entre el 2019 y la actualidad, según datos del INEI, el acceso a agua potable de la población en sus hogares se ha reducido del 89,9% al 88,6% y del saneamiento del 79,8% al 79,3%, a pesar de que en estas funciones se ejecutaron en dicho período más de S/19.000 millones. El porcentaje de establecimientos de salud en buen estado ha aumentado del 2,9% al 3,4%, el pavimentado de la red vial nacional se ha elevado también desde el 81,9% al 83,6%, y en donde hubo mejores resultados es ahí en donde el sector privado tiene el mayor rol en la provisión de servicios como lo fue en el sector de telecomunicaciones explicado por el mayor acceso a telefonía móvil (de 92,0% a 94,9%) e Internet (de 35,9% a 55,3%).

El MEF parece que va a tomar medidas importantes para mejorar la eficiencia del gasto en inversiones. Por lo pronto, ha reforzado con gente con conocimiento y experiencia a su dirección general encargada de la inversión pública y estaría por promover, en el marco de la recientemente aprobada delegación de facultades, una serie de medidas que mejoren el planeamiento y la ejecución de proyectos a escala nacional y subnacional.

Realizado por Milton von Hesse en el Diario El Comercio, el 06 de julio de 2024.

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El Perú ha llevado a cabo esfuerzos significativos para alcanzar la ambiciosa meta de lograr el 100% de cobertura en la inmunización infantil según edad, especialmente en los primeros meses de vida. Aunque los avances son prometedores, todavía queda un último tramo por recorrer. Este artículo explora el estado actual de la vacunación de niños y niñas menores de 12 meses a nivel nacional, comparando datos prepandemia con los más recientes, para lo cual utiliza la Encuesta demográfica y de salud damiliar (ENDES) (INEI, 2018-2023).

Entre 2018 y 2023, la cobertura de vacunación en el Perú mostró una tendencia positiva e incluso superó la cobertura prepandemia en este último año. En 2018, la cobertura nacional era del 73.3%; y, para 2023, aumentó a 77.5%, un incremento en 4.2 puntos porcentuales (pp). De manera similar, la cobertura según ámbito mejoró; sin embargo, este avance ha sido heterogéneo. En 2018, la cobertura en el ámbito urbano y rural era semejante: bordeaba el 73%. Pero para 2023 estas cifras cambiaron a 74.9% y 78.6%, respectivamente. El mayor aumento se observó en las áreas rurales, con un incremento de 5.5 pp, en comparación con 1.2 pp en áreas urbanas.

Al analizar los datos a nivel departamental, los resultados varían significativamente. Por un lado, departamentos como Moquegua, Tacna y San Martin, que superaban el umbral de cobertura del 80% en 2018, en 2023 redujeron su cobertura de manera significativa. Entre estos, resalta Moquegua por la situación crítica en la que se encuentra, con una reducción en 9.7 pp y registrando en 2023 que 3 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses no han recibido el esquema de vacunación de acuerdo con su edad. En contraste, Huánuco, Apurímac y Tumbes, que también superaban el umbral esperado a 2018, aumentaron aún más la tasa de niños y niñas menores de 12 meses con vacunas de acuerdo con su edad. En los tres casos, 9 de cada 10 infantes menores de un año siguieron el esquema de vacunación de manera oportuna.

Asimismo, departamentos que a 2018 no alcanzaron la cobertura del 80%, en 2023 lograron superar este umbral. Entre estos destaca Callao, Junín y Ayacucho, que en 2018 tenían una cobertura del 67.2%, 73.6% y 75.2%, respectivamente; y ascendieron en 21.3 pp, 8.3 pp y 6.7 pp. Otros ejemplos son La Libertad (+6.3 pp), Huancavelica (+4.8 pp), Piura (+4.4 pp) e Ica (+3.4 pp). Un caso particular es la Región Lima (Lima Provincias), pues en 2023 logró aumentar su cobertura de 75.6% a 91.4%, superando a departamentos como Apurímac y Tumbes que prepandemia estaban en una situación ejemplar.

En términos generales, 2023 ha sido un año de mejoras a nivel nacional. Sin embargo, es esencial que no bajemos la guardia pues, en promedio nacional, a 2 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses aún les faltan sus vacunas completas. Esta situación se agrava en departamentos como Lambayeque, Puno y Loreto donde, entre 2018 y 2023, los infantes menores de 12 meses que no accedieron a las vacunas se incrementaron de 3 a 4 de cada 10. Sin embargo, se evidencia el gran esfuerzo en estos departamentos para lograr cumplir con el esquema de vacunación de manera oportuna. De hecho, entre 2022 y 2023 Lambayeque pasó de 57.1% a 74.6%; Loreto, de 49.1% a 66.6%; y Puno, de 45.6% a 58.0%. Si bien a 2023 aún no superaban el umbral esperado, se encuentran por buen camino.

La cobertura universal en inmunización infantil es una promesa de salud para los niños y niñas en el Perú. Para garantizar un mejor presente y futuro para todos es necesario asegurar la vacunación para cada niño. Cada dosis administrada es un paso más hacia un futuro libre de enfermedades prevenibles. Si bien se han logrado avances significativos, es fundamental alcanzar el 100% de vacunación para salvaguardar la salud de los infantes, especialmente en los niños y niñas menores de 12 meses. Sigamos trabajando juntos para cumplir esta promesa y asegurar que cada niño y niña en el Perú tenga la protección que merece.

Realizado por: Paola Bustamante y Daniela Santander, directora y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

[1] Unicef define los conceptos claves “Zero-dose” y “Under-vaccinated” para caracterizar la situación de la cobertura de inmunización. El primero se refiere a aquellos niños que no han recibido ninguna vacuna; el segundo, a niños que han recibido algunas vacunas, pero no todas, según el esquema de vacunación planteado en el país respectivo.

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“Si no hay, tienen que comprar”, dice una trabajadora del hospital nacional Hipólito Unanue preguntada por el reportero sobre la falta de medicinas. Fármacos para tratar el cáncer, el sida, las enfermedades cardiovasculares, y que, en teoría, están cubiertos por el Seguro Integral del Salud (SIS).

Lo anterior grafica la carencia de un vínculo entre la programación, la compra, la gestión de inventarios, la demanda en los servicios y el pobre uso de las tecnologías de la información. En el caso del cáncer, otros productos pueden estar en riesgo de vencimiento, porque se adquieren sin tener una demanda sustentada en la cadena de prestación de los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y otros centros especializados. Esto es, se compran medicinas necesarias, pero no son usadas por la falta de una mirada sistémica, de procesos y la ausencia de articulación entre las distintas instancias del sistema de salud.

El Cenares, al no manejar información nacional de demanda, de suministro, de inventarios y de capacidad de uso de los hospitales más especializados, tiene un sobrestock de medicinas con el consecuente riesgo de su vencimiento.

Si bien la adecuada provisión de medicamentos y servicios es de larga data, el desmantelamiento de la meritocracia que emprendió el gobierno de Pedro Castillo, y que no corrige quien fue su vicepresidenta, muestra hoy sus resultados. Por ejemplo, una iniciativa que se liquidó fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecidas en el contrato, lo que permitía tener un menor tiempo de espera para las citas médicas, una mayor percepción de calidad, una mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, entre otras bondades. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y daba un menor margen para la corrupción. La única explicación de que se haya eliminado en lugar de replicarlo tiene que estar justamente ahí: qué importa la salud del resto cuando yo, funcionario corrupto, puedo sacar mi tajada.

Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, señala en el citado reportaje: “Nosotros, como médicos, día a día tenemos que estar obligados a pedir perdón a nuestros pacientes por no contar con los medicamentos, mientras lamentablemente vemos al señor ministro que, en lugar de hacer gestión en el ministerio, defiende a la presidenta y es portavoz o vocero del Gobierno en aspectos que no tienen nada que ver con esta crisis sanitaria que tanto nos preocupa y que nos indigna”.

Para más señas sobre la situación de nuestro sistema de salud, “Cuarto poder” denunció que el laboratorio de emergencias del hospital Arzobispo Loayza, que este gobierno reinauguró el pasado enero, no funciona. No solo está cerrado e inoperativo, sino que funge como depósito.

A ver si el Congreso de la República, tan diligente para aumentarse sus sueldos, pero tan poco dado a fiscalizar aspectos que impactan, literalmente, en la vida de los peruanos, decide poner los ojos en este tema.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Urge fortalecer el primer nivel de atención, para que cuente con profesionales de la salud con capacidad de resolver los problemas de la población que atienden. Además, que cuente con un sistema de historia clínica electrónica y plataformas de información interconectadas que permitan ahorrar tiempo y costos a los pacientes y al sistema, que opere en red para la referencia y contrarreferencia de pacientes, y que ofrezca los medicamentos que el médico receta.

Para lograr buenas prácticas de atención y gestión de información necesitamos alianzas entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a los asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecida en un contrato, lo que permitía tener menor tiempo de espera para las citas médicas, mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, mayor percepción de calidad, entre otros. Cada establecimiento de salud tenía asignada una determinada población a la que debía dar promoción, prevención y atención en salud.

Para incentivar a los prestadores de salud a lograr resultados sanitarios a menores costos, en las UBAP se optó por el financiamiento ca-pitado, donde a cada asegurado se le asignaba una tarifa a cambio de un determinado paquete de prestaciones de salud. Y se disponía de una plataforma digital para la historia clínica electrónica que permitía la trazabilidad de las atenciones brindadas y facilitaba otros procesos de soporte. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y tenía menor margen para la corrupción. Pese a todo ello, fue desactivado durante el gobierno de Pedro
Castillo. Es decir, en lugar de replicar las experiencias exitosas, aquí se eliminan.

Otro ejemplo de alianza público-privada que permite mejores resultados para los pacientes a menores costos es
Farmacia Vecina, un programa de Essalud que opera exitosamente en colaboración con la empresa Salog. Farmacia
Vecina convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos.
Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinasen lugares cercanos a su hogar. Este servicio es especialmente vital para los pacientes con enfermedades crónicas.

En conclusión, los retos para tener un sistema de salud de calidad en nuestro país son muchos, pero todos pasan por que el Ministerio de Salud asuma la labor rectora que le corresponde. Sin ello, los peruanos no tendremos la salud que necesitamos.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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A pesar de este significativo incremento en el gasto en planilla, en ese mismo periodo (2019-2023) se observa un deterioro en la aprobación de la gestión de los tres niveles de gobierno. De hecho, según el INEI, la aprobación ciudadana hacia el Gobierno nacional se redujo drásticamente de 45.8% a 13.6% (ver Gráfico 1). Lo mismo sucedió con los Gobiernos regionales y locales, aunque en menor magnitud. En palabras simples: se gastó S/ 21,000 millones más y se generó mayor insatisfacción en los tres niveles de gobierno.

Esta insatisfacción creciente tiene que ver con la mala prestación de los servicios básicos a los que cualquier hogar debería acceder y con la percepción de la población sobre la calidad de estos. Un hogar peruano, por ejemplo, tiene una probabilidad del 50% de no acceder a un paquete de servicios básicos que incluya agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet (Videnza Instituto, 2023). Esta carencia es aún más pronunciada en regiones como Puno o Loreto, donde la probabilidad de no acceso se eleva al 80%. Por otro lado, según el Barómetro de las Américas (LAPOP, 2023), alrededor del 66% de la población está insatisfecha o muy insatisfecha con el estado de las carreteras, el 59.5% con la calidad de las escuelas públicas y el 65.8% con los servicios de salud públicos.

Uno de los ejemplos más impactantes de esta relación negativa entre mayor gasto y menor calidad de los servicios a la población se observa en la Contraloría General de la República (CGR). Entre 2019 y 2023, su planilla pasó de S/ 547 millones a S/ 912 millones. Llama la atención que, por ejemplo, solo entre 2021 y 2023 (tres años), su gasto por locación de servicios se multiplicó por 5: pasó de S/ 17 millones a S/ 85 millones. La mayor cantidad de personal ha estado justificada principalmente para financiar acciones de control concurrente que fueron potenciadas con la finalidad de disminuir la corrupción. No obstante, según la misma CGR, el perjuicio económico que la corrupción genera al país se mantuvo prácticamente inamovible en ese mismo periodo: pasó de S/ 24,262 millones en 2021 a S/ 24,268 millones en 2023. Claramente, los esfuerzos de incrementar la cantidad de personal han sido insignificantes para el objetivo de disminuir prácticas corruptas.

Es urgente que el Estado se enfoque en profesionalizar la gestión pública y establecer la carrera meritocrática para combatir la ineficiencia en el gasto público y la corrupción. La evidencia demuestra que un servicio civil profesionalizado genera mejoras en la entrega de servicios (Lira, 2012), la confianza en el Gobierno (Sacks, 2010) y la ejecución del gasto de inversión (Servir, 2014).

Mientras se mantenga la percepción de que el Estado es una fuente de empleo y beneficios para amigos y allegados de quienes están en el Gobierno, seguiremos lamentando el mal uso de los recursos públicos.

Realizado por: Milton von Hesse y Daniela Leguía, director y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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En este escenario, y en el marco del décimo aniversario de Videnza Consultores, les pregunté a cuatro exministros de Economía y Finanzas de esos países que se reunieron hace diez años en un cónclave de ministros de la Alianza del Pacífico cómo retomar el rumbo perdido.

“Me preocupa la falta de énfasis y de prioridad en el crecimiento económico. Muchos de los gobiernos de la región se han contentado con entrar a tratar de recaudar, de redistribuir, olvidándose que el mejor recaudador es el crecimiento económico de los países”, señaló Felipe Larraín, de Chile. Él sostuvo que la Alianza del Pacífico todavía “tiene todo el potencial de poder llevar la integración latinoamericana en los hechos a la práctica, y no quedarnos en los bonitos discursos que ocurren muchas veces después de las reuniones de otros organismos de integración regional sin mucho contenido”. Pero nos abandonó la calidad de la política y de las instituciones.

Coincidió con él Mauricio Cárdenas, de Colombia. “La política nos hizo una mala jugada”, porque nos sacó de lo pragmático, de la evidencia, y nos movió hacia políticas cortoplacistas. Ese inmediatismo desvirtuó la filosofía de la alianza de conformar un mercado más grande y atractivo para la inversión, impulsado por el sector privado. “Necesitamos retomar ese camino y la prueba reina de eso es que nuestros países no están creciendo bien”.

Para José Antonio Meade, de México, a la alianza le faltó una agenda que abordara los problemas cotidianos de la gente. “Mi impresión, sin embargo, es que la forma de responder a esa mayor exigencia de la ciudadanía no es hacer menos de lo que hacíamos antes; es probablemente hacer más. Yo creo que no hay un solo problema de los que enfrentan nuestros países que no se beneficie de una visión latinoamericana”. Como ejemplos señaló a la delincuencia, la falta de vivienda para los pobres y los riesgos del medio ambiente.

En el caso del Perú, Luis Miguel Castilla coincidió en que faltó ponerle rostro humano a la integración comercial. Mencionó tres desafíos a encarar. El primero es cómo propiciamos un Estado que brinde una capa mínima de protección a los ciudadanos. “Hoy lo vemos en la discusión previsional que hay en el país, donde, en lugar de abordar cómo ampliar la cobertura y cómo tener pensiones más dignas, son otros los móviles que están ahí puestos”.

El segundo reto es que caímos en una fase de total desconfianza y de crisis de gobernabilidad, de representación. Y el tercero es que, como parte del debilitamiento de la Alianza del Pacífico, cuyo gran líder fue el sector empresarial, comenzó una demonización de la actividad privada. El estatismo nunca será la salida, sino construir institucionalidad.

¿Cómo retomar las reformas procrecimiento? Cárdenas señaló una paradoja que debe hacernos reflexionar: que las cartas que tiene América Latina entre sus manos hoy son las mejores que ha visto. Y debemos aprovecharlas. El mundo está lleno de problemas geopolíticos, ninguno de los cuales se origina en nuestros países y frente a los que podemos ser parte de la solución. Sin embargo, somos la región que menos crece porque no tenemos una buena política. Se requiere liderazgo, confianza y un norte común.

Espero en una década poder decir que lo logramos.

Realizada por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 30 de abril de 2024.

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Sin lugar a duda, en un país tan inestable y polarizado como el nuestro, mucho ha pasado en esta última década. Hoy las realidades económica, social y política son bastante distintas y, lamentablemente, no para mejor. En el 2014 el presidente era Ollanta Humala, el tercero elegido democráticamente desde el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de vacancias presidenciales ni de disoluciones constitucionales con tanta ligereza como ahora. En economía, la producción venía de crecer a tasas de hasta 6%, y la pobreza se había reducido en 8 puntos porcentuales en apenas cuatro años: pasó de 30.7% a 22.7%. El panorama pintaba prometedor.

Pero, tras las elecciones del 2016 empezó este periodo caótico del cual aún no podemos salir. Tras asumir la Presidencia en julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una férrea oposición desde el Congreso de la República que, sumada a sus propios errores, lo llevan a renunciar en marzo del 2018. No obstante, ya desde fines del 2016, la agenda estaba agitada por el estallido del caso Lava Jato, del que forma parte el caso Odebrecht.​

El 2017 llega con acontecimientos como los fuertes impactos del fenómeno de El Niño, y la orden de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. En contraposición, la noticia que sin duda salva el ánimo nacional es la clasificación del Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, el Mundial de Rusia 2018.

Hacia fines del 2017 se da el primer intento de vacancia a PPK. En marzo del año siguiente, tras la revelación de nuevos escándalos de corrupción, PPK se ve forzado a renunciar. Desde ese año nos hemos vuelto expertos en vacancias, pedidos de confianza y disoluciones. Además, las noticias judiciales se hacen parte común de nuestra política. En mayo del 2018 se solicita la extradición de Alejandro Toledo, en octubre se dicta prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

El 2019 no se queda atrás: en abril el expresidente Alan García se suicida para evitar su detención y en setiembre, el entonces mandatario Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Nuestro PBI no vuelve crecer por encima de 4% y la pobreza casi que no se reduce.

Desde 2020, y por los siguientes dos años, la COVID-19 marca la agenda de todo el planeta. En nuestro país los resultados son devastadores, con más de 200,000 muertos, personas suplicando por oxígeno, y escenas dantescas de familias con sus hijos en hombros caminando cientos de kilómetros para volver a sus comunidades de origen. La pandemia nos muestra, de la manera más cruda, lo mucho que teníamos por mejorar. Esto mientras, en plena emergencia sanitaria, el Congreso decide vacar al presidente, se desatan protestas violentas en Lima y el escándalo del “Vacunagate” termina por mellar la moral nacional. Luego vendrían las elecciones del 2021 y todos los escándalos que, dada su cercanía en el tiempo, ya no vale la pena recordar.

La intención de este resumen, poco exhaustivo y sin duda con muchos vacíos, no es deprimir al lector, aunque así lo parezca. Busca valorar y dimensionar la magnitud del esfuerzo de los peruanos por tratar de salir adelante. En el caso de Videnza, seguimos y seguiremos comprometidos con construir valor para nuestro país.

Escrito por: Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto 

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Por ejemplo, en Arequipa, investigadores de la Universidad Católica de Santa María desarrollaron el Sistema Integrado e Inteligente para registrar, informar, alertar, monitorear y asistir a las personas sintomáticas de COVID-19 (SIAMA), que fue puesto a prueba en la Clínica Aliviari de la misma universidad. En mayo de 2020, en plena pandemia COVID-19, el Gobierno lanzó la aplicación “Perú en tus manos”, que permitía advertir a los ciudadanos sobre aquellas zonas con mayor probabilidad de contagio. Su desarrollo contó con la colaboración de empresas privadas expertas en aplicaciones móviles, IA y analítica de datos. Por esas mismas fechas se implementó en Lima y Trujillo las plataformas “Smart Security Office” y “Wcare”, respectivamente, con sistemas de reconocimiento facial, medición de la temperatura y uso de elementos de protección en trabajadores y visitas.

Si bien estos casos han sido útiles para gestionar la salud a nivel poblacional, el principal beneficio de la IA se puede encontrar en el manejo individual. Permite analizar grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones que pueden no ser evidentes para los médicos. Esto puede ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Además, la IA puede sugerir tratamientos personalizados basados en el historial médico del paciente.

Sin embargo, para explotar estos beneficios es necesario contar con historias clínicas electrónicas, ya que registran, en formato digital, el estado de salud del paciente en distintos momentos de su vida, así como los procedimientos médicos realizados. El problema es que el avance en digitalización es muy lento: entre 2018 y 2023, el porcentaje de instituciones prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud que contaba con un sistema de historias clínicas electrónicas implementado pasó de 3.2% a 12.9% en el ámbito nacional[1]. Es imprescindible cerrar la gran brecha existente.

Asimismo, la presión en los servicios de atención primaria de salud puede aliviarse significativamente mejorando los procesos administrativos asociados con la detección preventiva, la vacunación, las referencias y los sistemas de programación de citas. Sin embargo, aún no se dispone de sistemas para gestionar la información. Por ejemplo, las entidades que forman parte del sector Minsa-Gobiernos regionales no tienen programas de planificación (como los Enterprise Resource Planning, un software de planificación de recursos empresariales). Junto a ello, también se debe implementar una gobernanza de datos, ya que permite contar con información confiable y precisa. Sin embargo, el Censo 2019 de Servicios Informáticos del MINSA identificó aproximadamente 300 aplicaciones solo en el ámbito público de la prestación de salud, pero sin integración o interoperabilidad los unos con los otros.

Hemos identificado dos ejemplos recientes en los que se está aprovechando la IA para la salud individual. El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja ha inaugurado un tomógrafo computarizado que utiliza IA para realizar estudios cardiacos. Asimismo, el Gobierno Regional de Cajamarca implementó un sistema de gestión hospitalaria Open Clinic, que se entrenó con IA para analizar las historias clínicas electrónicas. Permite reconocer los síntomas del paciente, realizar un diagnóstico automatizado de imágenes e identificar una posible enfermedad, que luego es validada por un médico.

El avance de la tecnología no se detiene. En el Perú, necesitamos urgentemente mejorar nuestros sistemas de gestión para acelerar la implementación de estas tecnologías, que tanto ayudarían a poder tener un sistema de salud más sólido, eficiente y accesible para todos.

[1] REUNIS y Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud (MINSA, 2023).

Escrito por: Janice Seinfeld y Franco Sebastiani, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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La Federación Mundial de la Obesidad, con sede en Londres, acaba de publicar su Atlas Mundial de la Obesidad 2024. Y las cifras son escalofriantes. Las estimaciones de los niveles mundiales de IMC elevado sugieren que casi 3.300 millones de adultos podrán padecer obesidad en el 2035, frente a los 2.200 millones del 2020. Esto significa un aumento del 42% al 54% en obesidad en adultos en un lapso de 15 años. En el caso de los jóvenes de entre 5 y 19 años, en ese mismo período la cifra aumentaría del 22% con IMC elevado (430 millones) a más del 39% (770 millones) en el 2035.

Veamos más señales de alerta del citado atlas: de los 41 millones de muertes anuales en adultos como consecuencia de enfermedades no transmisibles (ENT), cinco millones se deben a un IMC elevado. Casi cuatro millones de ellas responden únicamente a la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías coronarias y el cáncer. Un IMC elevado es responsable de más de 120 millones de años-persona perdidos cada año solo por estas cuatro ENT.

De mantenerse estas tendencias, para el 2035 más de 750 millones de niños (de 5 a 19 años) vivirán con sobrepeso y obesidad. Esto equivale a dos de cada cinco niños en todo el mundo. Además, el informe destaca que tres cuartas partes de estas muertes y enfermedades evitables en adultos se producirán en países de renta media. Es decir, las poblaciones más pobres son y seguirán siendo las más perjudicadas por la obesidad.

Por su elevado IMC, estos 750 millones de niños correrán un mayor riesgo de sufrir los primeros síntomas de ENT durante su infancia. Según los mismos cálculos, para el 2035, 68 millones de niños padecerán hipertensión arterial, 27 millones vivirán con hiperglucemia y 76 millones tendrán el colesterol HDL (el colesterol bueno) bajo. Es decir, estos niños ingresarán a su adultez ya encaminados a sufrir accidentes cerebrovasculares, diabetes y cardiopatías.

El documento destaca que, de no adoptar medidas importantes y coordinadas, cada vez más personas morirán prematuramente por obesidad o por alguna de las enfermedades atribuibles a ella. Además, las ENT asociadas a la obesidad, que antes afectaban únicamente a los adultos, serán cada vez más frecuentes en niños.

Para el Perú, según las tendencias actuales, el número de adultos con IMC elevado crecerá 2,3% cada año en el período 2020-2035. Entre los niños, este crecimiento se calcula en 2,1% anual.

Si bien la prevención y el tratamiento de la obesidad demandan una inversión hoy, el costo de no prevenirla y tratarla será mucho mayor. En su edición del año pasado, este atlas advertía que el IMC elevado reducirá la economía mundial en más de US$ 4.000 millones de millones en el 2035, casi el 3% del producto interno bruto mundial. Esta cifra, señaló, es comparable al impacto del COVID-19 en el 2020.

A inicios de marzo, la prestigiosa revista científica “The Lancet” publicó un estudio que revela que el exceso de peso, factor de riesgo para decenas de enfermedades, ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de países. Señala que entre niños se ha cuadruplicado en tres décadas y en los adultos casi se ha triplicado. La investigación recopila datos de más de 3.600 estudios y analiza la evolución de obesidad y el bajo peso en el mundo entre 1990 y el 2022. Confirma una consolidación de dos fenómenos paralelos: mientras caen las cifras de insuficiencia ponderal –esto es, un bajo peso para la edad de una persona producto de una insuficiente alimentación–, gana terreno la obesidad.

El estudio precisa que el exceso de peso es tan malo como una alimentación deficiente, porque son dos caras de una misma moneda. Y que, mientras la malnutrición está asociada a problemas de salud a lo largo de la vida y la desnutrición supone un riesgo de muerte prematura, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer o la diabetes y la hipertensión, precursora, a su vez, de dolencias cardiovasculares.

Tenemos que entender que la obesidad no es –solo– un problema estético. Es un tema muchísimo más complejo, con causas que van mucho más allá de una correcta alimentación y consecuencias, literalmente, de vida o muerte. Que esta pandemia no nos tome desprevenidos.

Columna de opinión realizada por Janice Seinfeld, presidenta del directorio de Videnza, y publicada el 11 de marzo de 2024 en El Comercio.

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Así lo explica Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, a Gestión. “Tenemos claro que, en la medida de que se promueva más vivienda formal, las familias más vulnerables ya no serán ‘presa fácil’ de los aprovechadores. La única forma de evitarlo es incrementar nuestra oferta formal asequible”, señala el funcionario.

El costo de no atender esta problemática no solo agrandaría el déficit habitacional. Desde la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) subrayan que hay “mafias de terrenos operando” muy cerca al puerto de Chancay y el Parque Industrial de Ancón, lo que podría afectar el desarrollo de ambos proyectos.

Proyectos imanes

Tanto las zonas cercanas al puerto de Chancay como el Parque Industrial de Ancón se han convertido en objetivos para los invasores de terrenos, señala Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Ellos obliga a que el Estado refuerce sus labores de seguimiento a las obras que se realizan en torno a estos proyectos de infraestructura.

“Por su magnitud han generado una presión fuerte por las invasiones. Hablamos de mafias y seudo sindicatos. Si ocupan terrenos aledaños o vías de acceso a Chancay podría perjudicar estos megaproyectos. Hay que trabajar con la comunidades para generar un entorno de paz. No es fácil, pero peor es seguir como estamos: reaccionando tarde”, comenta a Gestión.

Consultado por esta problemática, Navarro confirmó que ya hay presencia de estos grupos en localidades cercanas a Chancay. “Estuvimos por Paramonga (Barranca), viendo la zona. Tenemos claro que estamos tarde como Estado, ya hay ocupaciones informales lamentablemente”, refiere el viceministro de Vivienda y Urbanismo.

Para evitar que se extienda, Navarro señala que ya tiene identificados terrenos en Ancón para promover vivienda formal mediante la modalidad Proyectos en Activos (PA). Aparte de ello, recordó que junto al Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) vienen trabajando en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Lima Norte. De igual forma, reiteró que los PDU de las localidades de Chancay, Huaral y Aucallama estarán listos entre octubre y noviembre.

“El objetivo de definir la zonificación adecuada y cuáles serán los potenciales programadas de vivienda. Se requiere un enfoque integral, no solo proyectos públicos, por los tiempos que implican. Queremos que se presentan iniciativas privadas que incluyan agua y desagüe”, explica.

Este último punto es clave, ya que si bien Chancay no le compete a Sedapal, el movimiento de personas que generará el proyecto del puerto y las posibles invasiones, complicarían las labores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento (EPS) y el cierre de la brecha de saneamiento.

“Chancay no está en nuestra jurisdicción, pero podemos apoyar con asistencia técnica. El Estado debe hacer políticas de contención, desgraciadamente no ha funcionado así. Nunca podremos llegar al 100% de cobertura, no por incapacidad, sino por el desorden (que generan las invasiones)”, afirma Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal.

Para Milton von Hesse, extitular del MVCS, si el Estado no contiene las invasiones en torno a Ancón y Chancay, podría repetirse lo que ocurrió con los predios cercanos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se modernizó la estructura en el segundo Gobierno de Alan García.

“Se pagó a los ocupantes, se fueron, pero llegaron otros a llenar su lugar. Recibieron la indemnización pero el Estado no tomo rápidamente posesión. Luego tuvieron que sacarlos. Es la tragedia de todo proyecto de infraestructura en Perú”, afirma el director de Videnza Consultores.

Plan en tres frentes

Navarro también explicó que bajo la estrategia de su sector para combatir las invasiones, publicarán cambios normativos en los reglamentos operativos del programa Techo Propio en las modalidades de construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva máximo a finales de marzo.

“Haremos más ágil la aprobación de expedientes. Los porcentajes de las garantías y coberturas se reducirán en otrno a la ejecución del proyecto para que no estén amarrados con una 110% de garantía hasta e l final de la obra. Les daremos liquidez, explica el viceministro.

De igual forma, el MVCS avanzará con la adjudicación de su cartera total de proyectos en activos, que asciende a 26 terrenos de 3,598 hectáreas totales y servirá para generar 186,374 viviendas en beneficio de al menos 745,302 peruanos. Según Navarro, ya hay tres iniciativas privadas en torno a estos espacios encaminados, sobre las que darán detalles más adelante.

Para la reubicación, el ministerio fortalecerá el bono Salvando Vidas, estrenando en noviembre inicialmente con el objetivo de ayudar a las familias damnificadas por el ciclón Yaku en 2023, método con el que Navarro asegura ya atendieron a todos los afectados.

“Este año tenemos previsto seguir con este programa más intensamente. Las municipalidades tienen la responsabilidad de declarar las zonas de riego no mitigables. Hecho eso, les ofrecemos opciones de vivienda formal disponible, que es básicamente la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Son opciones seguras, con servicios”, explica el viceministro.

Para von Hesse, el planteamiento del MVCS es bueno, pero deja pendiente otros frentes del asunto. Uno de ellos es fortalecer el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) que, segun el extitular del ministerio, ha pedido fuerza con la descentralización.

“Formalizaban directamente los lotes hasta que se les dio esa función a los municipios. Fue una tontería. Ya no titulan, solo capacitan y dan asistencia técnica. Se ha vuelto una entidad poco relevante”, asegura.

En esa línea, señala también que hace falta una política nacional en torno a las ocupaciones territoriales. “No tenemos un catastro unificado de propiedad predial. Esa función también es de los municipios. Por ley cada uno administra el territorio como quiere”, reclama Von Hesse.

Guido Valdivia señala que el MVCS debe articular su trabajo con el Ministerio del Interior (Mininter) y otras entidades pertinentes para evitar la extensión de las invasiones territoriales.

“Tiene un componente legal e institucional que no puede ignorarse. Hay mucha intromisión de estos intereses criminales en las autoridades, incluso en el Congreso hay personas que defienden esto”, reclama el vocero de Capeco.

Noticia publicada el martes 05 de marzo de 2024 en el Diario Gestión.

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Era el sexto mes del 2023 y ya habían muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, cuando un fenómeno de El Niño costero intensificó la expansión de esta enfermedad. Alertábamos sobre que, en los últimos dos años, el Minsa había dejado de realizar un control vectorial riguroso, que no es otra cosa que buscar casa por casa la presencia del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Hoy, ya tenemos la más alta tasa de letalidad de América del Sur y, al cierre de la semana epidemiológica número siete, se había registrado 50% más casos que en el 2023, que ya venía como récord histórico. Esto considerando que es probable que en las últimas semanas se esté presentando un subreporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que puede afectar las decisiones que se adopten.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Su titular, César Vásquez, ha señalado que Áncash, La Libertad, Ica y Piura serán declaradas en emergencia sanitaria por casos de dengue, pero que el decreto saldría en las próximas semanas. ¡No podemos esperar! A estas alturas, lo que queda es declarar cuanto antes la emergencia sanitaria nacional por la epidemia de dengue este año, para poder disponer de mayores recursos, prevenir el colapso del sistema de salud y, sobre todo, evitar que las muertes se incrementen.

Para variar, estamos muy tarde: para campañas de fumigación, para vacunación, para control preventivo. Lo que se requiere es asegurar atención médica a los contagiados. El Minsa necesita definir cuál será la estrategia y cómo pretende enfrentar la ola de casos. Como lo hemos repetido tantas veces en este espacio: asumir de una buena vez su rol como ente rector del sector salud. Vásquez ha señalado que se reforzará la respuesta del Gobierno central, municipios y gobiernos regionales, pero no sabemos cómo.

El 12 de febrero último, el “New York Times” publicó una nota titulada: “Brasil, en emergencia por el dengue, presagia una crisis de salud en América”. Señalaba que el Ministerio de Salud del Brasil “tiene previstos más de 4,2 millones de casos para este año, por encima de los 4,1 millones de casos que registró la Organización Panamericana de la Salud en los 42 países de la región el año pasado”. Ante este escenario, nuestro vecino inició una campaña de emergencia para vacunar a niños en áreas con las tasas más altas o de mayor riesgo de transmisión de dengue, pero esto llegó muy tarde para combatir el actual brote. Sin embargo, anuncia que el ensayo clínico de una vacuna que se probó en el Instituto Butantan, un centro de investigaciones de salud pública en São Paulo, halló que protegía al 80% de los vacunados de desarrollar la enfermedad viral del dengue. De aprobarla el Gobierno Brasileño, empezarían a entregarlas en el 2025. Ojalá así sea.

Mientras tanto, coincido con el experto Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular, quien en un reciente tuit señalaba cómo el actual panorama de desborde del dengue “obliga a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para controlar” su transmisión. Y destacó algo fascinante: una “estrategia emergente de uso de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que interfiere en la transmisión del virus del dengue a los humanos”. Explicó que desde la primera liberación de estos mosquitos con Wolbachia, en Australia en el 2011, la medida ha mostrado resultados prometedores en más de 50 ciudades en 13 países. “Estudios en Indonesia y Brasil han reportado reducciones significativas en la incidencia del dengue, demostrando que esta estrategia es segura, sostenible y efectiva”, precisa Tsukayama, coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Existe sobrada evidencia de que las mayores temperaturas producto del cambio climático y del Fenómeno de El Niño aumentan la ovoposición de las mosquitas aedes –es decir, el proceso de puesta o de expulsión de huevos–. Esto eleva el índice de picadura, disminuye el período de ubicación del virus dentro de ellas y expande su presencia a nuevos espacios, propagando el virus. Además, el Perú es país endémico de dengue, con lo que la posibilidad de contagio siempre está presente. Sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla, pero nada de eso se hace. Las respuestas institucionales llegan tarde y, consecuentemente, son ineficientes. Una epidemia absolutamente evitable se vuelve emergencia nacional. Vez tras vez. Muy frustrante. Esperemos que esto no suceda con los aún contados casos de sarampión que se han detectado en Lima.

Realizado por: Janice Seinfeld en el Diario El Comercio el 26 de febrero

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De acuerdo al último boletín de Susalud (febrero 2024), 7 de cada 10 peruanos están afiliados al Seguro Integral de Salud; es decir, en teoría hacen uso de los establecimiento públicos a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué capacidades tienes estos centros y postas de salud? La respuesta puede resultar conocida, pero vista en cifras se traduce en que 98% tiene capacidad instalada inadecuada: infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente (MEF, 2023). Solo el 55% dispone de medicamentos esenciales por encima del 80% (a enero del 2024), y la brecha de recursos humanos supera los 50,00 profesionales de la salud. En consecuencia, las familias deben usar sus recursos para pagar y acceder a servicios de salud, lo que se traduce en un gasto de bolsillo 32% mayor en el 2022 respecto al nivel prepandemia del 2019.

En ese contexto, nos parece un acierto la publicación del documento de trabajo “Fortalecimiento del primer nivel de cuidado de la salud 2024/2027 en el marco de las redes integradas de salud”, cuya segunda versión fue difundida en febrero del 2024 por el Ministerio de Salud. En sus primeras líneas, afirma que “el fortalecimiento del primer nivel de atención es la primera prioridad del Ministerio de Salud, y una proposición de valor para los ciudadanos y usuarios de los servicios de salud”.

Hoy, Videnza contribuye a este debate con un conjunto de informes que sustentan una intervención efectiva en las zonas urbanas del país, donde residen más del 80% de peruanos. Proponemos organizar la oferta en el primer nivel de atención fortaleciendo selectivamente a determinadas instituciones prestadoras de servicios de salud de categoría I-3[1] e incluso I-4[2] ubicadas en zonas seleccionadas estratégicamente para que se comporten como puertas de entrada con capacidad resolutiva ampliada (PECRA). Es decir, que concentran recursos —médicos, otros profesionales de la salud, tecnología, insumos— para resolver la demanda de servicios de la población asignada a ellas.

Esta propuesta recoge la buena experiencia de las Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud (UBAPS) de EsSalud, que operaban bajo la modalidad de pago capitado con un monto variable sujeto al logro de resultados sanitarios. Bajo esta modalidad, las UBAPS lograron triplicar las horas médicas programadas respecto de otros centros de salud del primer nivel de EsSalud y con una mayor cantidad de profesionales de salud.

La aplicación de este modelo en los centros de salud públicos se puede sustentar retomando el modelo de cogestión en salud para fortalecer la gobernanza en nuestras comunidades. Concretamente, la Ley 29124, “Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las regiones”. Esta promueve la coparticipación y el manejo de recursos locales, junto a una adecuada rendición de cuentas y la búsqueda de resultados sanitarios acordados entre los ciudadanos y las autoridades locales y regionales de salud.

Complementariamente, fundamentamos la necesidad del concurso de un actor privado competente para dotar de factores de producción: equipamiento, recursos humanos, productos farmacéuticos, mejoras a infraestructura, tecnologías de información. Se busca evitar, en lo posible, la carga administrativa que hoy satura los escasos tiempos del personal de salud. Este nuevo actor debe también dedicarse al monitoreo de la labor de los profesionales de la salud, reportando sus avances o dificultades para el logro de las metas acordadas con la comunidad y comprometidas a las autoridades regionales. Este ciclo virtuoso Estado – comunidad – aporte privado permitiría que los centros de salud puedan cumplir con su misión de proteger la salud de las personas.

En cualquier escenario, es importante abrir el debate con participación ciudadana y tomar las mejores decisiones, realizando los ajustes necesarios al marco normativo vigente. La única contraindicación es no repetir fórmulas erradas o hacer más de lo mismo, claramente insuficiente en estos tiempos de apremio.

[1] Comprende establecimientos como centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados y policlínicos. Atienden 12 horas.

[2] Incluye centros de salud y médicos con camas de internamiento. Atienden 24 horas.

Realizado por: César Amaro y Mauricio Ibañez, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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El Perú se ubica a nivel mundial y latinoamericano, entre los primeros productores de diversos metales como el cobre, zinc, plata y oro. Por tanto, nuestro país cuenta con un gran potencial para la producción minera tanto a nivel mundial como a nivel regional.

Este potencial, en el actual contexto de transición energética mundial, que se concretará en una mayor electrificación de la sociedad, generará una alta demanda de cobre durante los próximos 20 a 25 años. Siendo el Perú el segundo país con las reservas y producción más grande de cobre en el mundo, se nos vuelve a presentar una enorme oportunidad que no debemos dejar pasar, por lo que el momento de hacer las cosas diferentes y mejor que en los últimos tiempos es ahora.

La apuesta por el desarrollo es fundamental y en esa apuesta entender y entenderse entre los diferentes actores que conviven en el territorio es un reto. Es por ello que el concepto de territorio debe entenderse como un espacio dinámico, que responde a relaciones sociales, económicas y culturales, más que limitarse a un área de impacto.
Es así que se propone una agenda para la transformación, que en ningún caso pretende ser una receta, sino que busca aportar orientaciones para que los actores llamados a contribuir al desarrollo territorial -públicos, privados, sociales y del sector del conocimiento- identifiquen sus desafíos y potencialidades que los lleven al desarrollo territorial a través de una visión compartida.

En este proceso los diferentes actores tienen roles claves, sin embargo en esta oportunidad nos concentraremos en algunas de las propuestas para la empresa minera, de tal forma que transiten a una mirada de desarrollo territorial y promuevan la gobernanza territorial. Para ello, se debe identificar el territorio relevante para sus operaciones, el cual consideramos no se debe limitar al área de influencia directa o indirecta, sino incluir todo el espacio geográfico, social, económico y cultural que afecta a la viabilidad y sostenibilidad de sus operaciones. Cabe precisar que los procesos de cada empresa son únicos y no se puede generalizar.

En esa línea, la empresa definirá la intensidad de su participación en los distintos espacios del territorio, es probable que habiendo identificado porciones de provincias o distritos, cuencas, corredores económicos clave, tengan que desplegar esfuerzos diferenciados y roles específicos, teniendo en cuenta la realidad de cada área identificada.

Asimismo, se ha discutido mucho sobre el rol de la empresa minera en el fortalecimiento de la gobernanza territorial, ya que se fortalecen a los actores y los espacios en los que planifican acciones conjuntas, que podrían en algún caso organizarse en contra de la propia empresa. Sin embargo consideramos que es una necesidad, no sólo identificarlos, sino promover el fortalecimiento de capacidades para la acción colectiva que contribuya a construir una aspiración compartida para el territorio. Y en ese proceso sumarse a esa construcción compartida, ya que si bien, podría ser un proceso largo y sobre todo de construcción o recuperación de confianza a través del diálogo, es fundamental para la gobernanza territorial.

Una nueva oportunidad se presenta para los peruanos y todos estamos llamados a sumar para aprovecharla en beneficio de todos.

Escrito por: Paola Bustamante en El Comercio el 28 de febrero de 2024.

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Una de las características principales del discurso político de la izquierda en los últimos años ha sido su ataque sistemático hacia la agricultura moderna; en particular, hacia la agricultura agroexportadora cuyo punto más importante fue la modificación hacia fines del 2020 del marco legal que fomentó el despegue y auge de esta actividad. Dicho discurso negativo se ha sustentado en una idea equivocada de que existiría una contradicción entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar en la que el auge de una significaría el declive de la otra. Si bien no existe ninguna evidencia que sustente lo anterior, dicho discurso anti agricultura empresarial muchas veces se ha sustentado en aquellos argumentos que se utilizaban previos a la reforma agraria en la década del sesenta. En aquel entonces, ambas formas de producción competían para su expansión por los mismos recursos: tierra, agua y mano de obra. La reforma agraria, sin embargo, se encargó de eliminar ese antagonismo desapareciendo a la hacienda latifundista como una forma de producción en la agricultura peruana y fue reemplazada por minifundios y cooperativas que se desarrollaron en las siguientes décadas sin contar con capacidad empresarial para enfrentar a los mercados.

Las reformas estructurales que se inician en la década del 90 que retoman el equilibrio fiscal y macroeconómico, que reestablece el mercado de tierras, que confía en la iniciativa privada y restringe la actividad empresarial del estado, que elimina los controles de precios y las intervenciones en la comercialización de insumos y productos, que simplifica los aranceles y minimiza la medidas paraarancelarias, que abre la economía al comercio exterior, que simplifica el marco tributario y conforme al artículo 88 de la Constitución Política de 1993 desarrolla un marco legal consistente con el “apoyo preferente al desarrollo agrario” y que empieza a desarrollar un programa de inversiones en infraestructura con los ahorros públicos parte del cual permite el desarrollo de carreteras y trasvases de agua de la cuenca del atlántico hacia la del pacífico, permiten la aparición y crecimiento continuo de una agricultura empresarial que se desarrollará principalmente en la costa.

Dicha agricultura moderna y empresarial pondrá la mirada en el exterior y se sustentará en la conquista del desierto empezando por Ica utilizando sobretodo aguas del subsuelo y luego se expandirá a La Libertad (proyectos Chavimochic 1 y 2), Lambayeque (proyectos Olmos 1 y 2), la costa de Ancash y también Piura y el resto de las regiones en menor escala. Esta agricultura, a diferencia del latifundio de antaño, al desarrollarse sobre el desierto y no competir por el agua superficial de los valles viejos, puede desarrollarse a un ritmo impresionante que se refleja en un extraordinario incremento de las exportaciones desde alrededor de los 500 millones de dólares al año a principios de los 90 hasta los 10 mil millones de dólares en la actualidad. La mano de obra que es utilizada en este proceso productivo es asalariada y formal por lo que se ha constituido en la fuente principal de sustento de casi un millón de peruanos que están articulados a esta cadena productiva de manera directa e indirecta. Un indicador que refleja no solo el incremento de la producción y el empleo en este sector, sino también de su productividad, es que el valor exportado por trabajador más que se triplicó entre principios del 2000 y la actualidad pasando de 100 dólares a más de 300 según cálculos de un reporte del BBV Research.

La agricultura familiar que se caracteriza por explotaciones principalmente de tamaño pequeño y fragmentado, por la utilización predominante de mano de obra familiar no remunerada, por el todavía alto porcentaje de su producción que se destina al autoconsumo y al trueque, por su bajo utilización de tecnologías como, por ejemplo, el riego, los fertilizantes y las semillas mejoradas, se ha venido beneficiando del auge agroexportador. Ello, debido a que, en primer lugar, ha sido fuente de provisión de mano de obra temporal y permanente para los predios de la agricultura moderna. En segundo lugar, se ha podido notar que la productividad en cultivos tradicionales en comunidades campesinas que aportan mano de obra a los campos de la costa también se ha incrementado como consecuencia de la imitación en predios propios de las prácticas modernas. Finalmente, pero no menos importante, es que muchos agricultores familiares de la costa, y en bastante menor medida en la sierra, se han podido articular a las cadenas agroexportadoras y a la formalidad como sus proveedores luego de aliarse con ellas y acceder a tecnología y financiamiento para tal fin. Es evidente que la política agraria debe centrase a futuro a seguir promoviendo el desarrollo de la agricultura empresarial y su vinculación con la agricultura familiar más tradicional. Eso puede significar que una hectárea de un cultivo tradicional como la papa, que hoy produce un valor de venta de aproximadamente 3 mil dólares al año, pueda transitar hacia una producción de cultivos orientados al mercado externo que generen ventas anuales que pueden fluctuar entre los 40 mil dólares (palta) y los 80 mil dólares (arándanos).

Realizada por: Milton von Hesse en El Comercio
Fecha: 03 de febrero de 2024

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Hace casi diez años decidí fundar Videnza porque sentía que en el mercado peruano hacía falta una empresa cuyo móvil principal fuera contribuir al desarrollo del país ofreciendo análisis basado en evidencia. Hoy, en medio de la fuerte tensión social y política que vivimos, quiero enfocar mi última columna del 2023 a rescatar la importancia de la evidencia para combatir la polarización que nos divide.

Cuando diseñamos una política pública, mientras más nos alejemos de la información científica, más espacio daremos para ideologías y prejuicios, y menos eficiente será la intervención que proponemos. Lo que corresponde es buscar la mejor evidencia científica disponible sobre el problema que queremos atajar, si hay soluciones que ya han funcionado, cómo pueden ajustarse a nuestro contexto, y qué herramientas de monitoreo y evaluación usaremos para medir su desempeño.

Lo mismo sucede en nuestras relaciones interpersonales. Hoy, cualquiera que piensa distinto es la encarnación del mal o, más precisamente, de todos nuestros males. Lo explica muy bien el reciente artículo “Polarización, un gran reto para la salud mental”, publicado en el diario español “El País”: “Lo que yo pienso y siento es cierto. Si te metes con tal político, te metes conmigo. No leo lo que publique ese periódico. Si ha dicho eso tal persona, no me interesa. O ellos o nosotros”. Agregaría que en el Perú cualquier opinión contraria es considerada un ataque o una falsedad conspirativa. Y se minimiza y hasta se justifica el mal actuar de quien piensa como uno.

En un contexto en el que lo que siente o piensa alguien con quien no nos identificamos carece de importancia, la polarización es afectiva, no ideológica. Así lo señala Míriam Juan-Torres González, jefa de investigación del programa Democracy & Belonging Forum en la Universidad de Berkeley, California (“Nueva Revista”, julio 2023). Precisa que la polarización afectiva está ligada a cómo se construyen las identidades de grupo, y que, “si se descontrola, hace que los pactos entre determinados actores sean prácticamente imposibles”.

La experta explica que la polarización afectiva se da cuando se toma la parte por el todo, cuando reducimos a nuestros interlocutores a una sola dimensión (caviares/no caviares, por ejemplo). La sociedad y la política pasan a dividirse en “nosotros contra ellos”. Cuando esto sucede, el futuro de unos depende de la derrota de los otros.

Ojo que la polarización no es la ausencia de acuerdo. El desacuerdo es inherente a toda sociedad democrática. Pero si el diálogo, la negociación y la deliberación no son posibles, tampoco lo serán los pactos. Y es ahí cuando la democracia misma está en juego.

En el Perú de hoy, estás conmigo o estás contra mí. Y así no podemos avanzar, porque, cuanto más polarizados estemos, más dispuestos estaremos a propagar desinformación, dado que solo apoyaremos las narrativas que ‘confirman’ nuestra posición, por más absurda e inverosímil que sea. Es decir, nos alejaremos de la evidencia y de la necesidad de cuestionar y cuestionarnos.

Como muestra, vemos defensas cerradas de personajes como la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no solo tiene mucho que aclarar, sino el deber de hacerlo como funcionaria que todavía es. Pero quienes creen que “nos salvó” de Pedro Castillo al abrirle investigación (como ya habían hecho otros fiscales) la defenderán pese a todo, incluidas las graves evidencias de corrupción en su contra. ¿Pruebas? Para qué, si lo que yo pienso es lo único que importa y para mí ella es víctima de una conspiración caviar. Punto.

Hace unos años, vi un documental corto en el “New York Times” que me impactó mucho. Titulado “My Enemy, My Brother” (“Mi enemigo, mi hermano”), es la historia real de dos supervivientes de la guerra Irán-Irak de la década de 1980. Estando en medio del conflicto, el iraní Zahed encontró gravemente herido a Najah, soldado enemigo iraquí, y tuvo un acto de piedad que cambiaría la vida de ambos. Años después se encontraron en Canadá en sorprendentes circunstancias. Es una historia increíble de humanidad, de cómo esta trasciende las diferencias religiosas y políticas. De cómo dos antiguos enemigos encontraron que tenían muchas más similitudes que diferencias. Les recomiendo mucho verla. Estoy segura de que, salvando todas las distancias, entre las facciones que vemos en nuestro país también hay muchas más similitudes que diferencias.

En estas navidades, reflexionemos sobre la importancia de acercarnos con curiosidad a personas con ideas distintas a las nuestras. Hagamos el esfuerzo consciente de escuchar y de debatir con argumentos, no con emociones. No difundamos mensajes de dudosa procedencia. Preguntémonos qué nos motiva a compartir determinado contenido y si aporta al debate, o si, por el contrario, polariza aún más. Evitemos relatos maniqueos donde solo hay cabida para héroes o villanos, para blanco o negro. En su lugar, recuperemos el diálogo alturado y pongamos al bien común por encima de nuestros intereses particulares.

Brindemos por un 2024 en un Perú mejor. Muy feliz año nuevo para todos.

Escrita por: Janice Seinfeld, directora de Videnza

Publicada el 25 de diciembre en el Diario El Comercio

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Imaginemos el siguiente escenario: a dos personas se les asigna S/ 100 cada una y se les pide que los administren durante un mes. La primera gasta S/ 90 pero, debido a que no hace un análisis detallado de los precios ni los sustenta adecuadamente con la respectiva boleta, incurre en compras sobrevaloradas y supera, así, su presupuesto. La segunda persona gasta S/ 50, adquiere bienes a un precio justo, pero no logra ejecutar completamente su presupuesto porque se retrasa en la adquisición planificada.

¿Cuál de las dos gestionó mejor sus recursos? ¿Deberíamos premiar a quien utilizó el 90%, a pesar de incurrir en sobrecostos y carecer de transparencia? ¿O deberíamos penalizar a quien solo utilizó el 50%, aunque haya comprado a precios justos, pero se retrasó en ejecutar su plan?

Este escenario guarda similitudes con la gestión de la inversión pública, donde a menudo se premia a quienes ejecutan como la primera persona de nuestro ejemplo (90% de ejecución financiera con deuda), porque “cumplen” con agotar su presupuesto. Sin embargo, sabemos que no se trata simplemente de gastar por gastar, más aún dada la escasez de recursos. Y eso se refleja en la desaprobación de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2023, solo el 20.9% de los ciudadanos califica como buena o muy buena la gestión de su Gobierno regional. Peor aún, solo el 11.4% confía en su Gobierno regional (INEI, 2023). Este panorama refleja la necesidad no solo de medir la ejecución financiera, sino también de evaluar la eficiencia, la transparencia y la calidad de las decisiones tomadas en el proceso.

¿Cuáles son las razones detrás de la desaprobación y la desconfianza de la población? Es crucial realizar un diagnóstico preciso que permita identificar los obstáculos que afectan las inversiones, e impiden la entrega oportuna y eficiente de servicios públicos a los ciudadanos. Se hace evidente la necesidad de medidas más integrales que, a diferencia de la simple evaluación financiera, analicen de manera exhaustiva la gestión de la inversión pública. Por eso, Videnza ha creado el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI), presentado recientemente y que permite evaluar el desempeño de 23 Gobiernos regionales (Videnza, 2023), salvo Lima y el Callao, excluidos para no distorsionar las métricas.

El IREI muestra que la mayor ejecución financiera no necesariamente implica más eficiencia en términos de tiempo, costo, planificación y transparencia, entre otros aspectos. Por ejemplo, si se analizan los cinco primeros puestos en ejecución financiera de los Gobiernos regionales al tercer trimestre de 2023, solo dos de ellos se siguen ubicando como eficientes en el IREI. En cambio, los otros tres (Ayacucho, Tumbes y Apurímac) bajan entre 12 y 21 posiciones en el IREI.

¿Por qué ocurre esto? El Gobierno Regional de Ayacucho, por ejemplo, tiene un alto monto de proyectos programados para el año 2023 que aún no han sido ejecutados. En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, se evidencia la gran sobrecarga de proyectos sin ejecución, y la poca transparencia y rendición de cuentas en el seguimiento de sus proyectos. En cambio, en el Gobierno Regional de Apurímac se observa un alto porcentaje de proyectos bajo la modalidad de administración directa. Es decir, que son ejecutados utilizando sus propios recursos, incluidos funcionarios, equipos, materiales y experiencia interna, lo cual puede generar dificultades en la ejecución.

Ahora bien, pensemos en la segunda persona, que había ejecutado la mitad de sus recursos (S/ 50), pero de cierta manera mostraba algún grado de eficiencia en su proceso. Haciendo un símil con la inversión pública, al tercer trimestre de 2023, los Gobiernos regionales de La Libertad y Tacna se ubican en los últimos cinco lugares del ya conocido ranking de ejecución financiera; pero en el IREI se ubican dentro de los cinco más eficientes. La explicación es sencilla. Mientras el Gobierno Regional de La Libertad tiene unos de los menores montos de proyectos bajo administración directa, el de Tacna tiene uno de los menores costos asociados a nuevos proyectos en comparación con su cartera programada, y ha cerrado cerca de la mitad de sus inversiones, con lo que pueden entrar en funcionamiento.

Esta visión integral de la gestión de la inversión pública brinda una perspectiva completa sobre la eficiencia de sus autoridades. El IREI se publicará cada tres meses. Esta primera edición busca establecer una línea base que permita a las autoridades actuales implementar medidas que mejoren la gestión de sus inversiones, en favor de los ciudadanos.

Realizado por: Daniela Leguía, analista senior de Videnza Consultores

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