Desde la década de 1990, el mercado farmacéutico peruano arrastra debilidades profundas. La Ley 29459, promulgada en el 2009 y reglamentada dos años después, intentó corregir parte de ese problema, pero su implementación quedó corta. La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), encargada de garantizar que lo que llega al paciente es seguro, eficaz y de calidad, nunca se fortaleció como corresponde. El resultado es un Estado incapaz de asegurar que todos los laboratorios cumplen con buenas prácticas de manufactura. Sin ellas no existe garantía real de calidad. Y sin calidad el riesgo se traslada al ciudadano.

De hecho, como lo denunció el programa “Cuarto poder”, muchos de los medicamentos que se comercializan y que provienen del extranjero carecen del certificado de buenas prácticas de manufactura de la Digemid. El reportaje denunció que medicamentos de 279 laboratorios internacionales están aún pendientes de dicha certificación, pero ya se comercializan, situación que calificó como “el Reinfo de los laboratorios extranjeros”. Incluso identificó que empresas desaprobadas por la Digemid porque incumplen las buenas prácticas de manufactura venden sus productos. Un horror por los potenciales riesgos sanitarios que pueden desencadenar.

La discusión de fondo no es técnica, sino institucional. Se necesita transformar la Digemid en una autoridad reguladora nacional (ARN) con autonomía, gobernanza fuerte, recursos humanos especializados, sistemas digitales modernos y un mandato claro de transparencia y rendición de cuentas. Países que hoy sí pueden garantizar la calidad de sus medicamentos no lo lograron con parches; lo hicieron construyendo entes reguladores sólidos, con capacidad real para fiscalizar, sancionar y vigilar su mercado.

Junto con ello, son imprescindibles una política farmacéutica nacional y una estrategia clara para gestionar el riesgo generado por laboratorios sin buenas prácticas de manufactura. Es decir, cómo sacarlos del mercado sin generar desabastecimiento y acelerar el ingreso de proveedores seguros. Esto deja al país atrapado entre dos amenazas: o se mantiene una oferta de mala calidad o se provocan carencias de medicamentos esenciales. La política farmacéutica debe ser el marco, y la ARN su brazo ejecutor. Ambas requieren articulación con el sector privado, la academia y los prestadores de servicios.

Si mañana se retirara del mercado todo aquello que no incumple los estándares establecidos (que pareciera lo obvio), podríamos dejar a miles de pacientes sin acceso a medicamentos esenciales. La salida responsable exige un análisis rápido que permita cuantificar qué productos quedarían fuera si se aplica la exigencia total, identificar cuáles no tienen sustitutos disponibles, aplicar medidas excepcionales que permitan mantener temporalmente algunos productos de mayor necesidad, acelerar la evaluación de expedientes para autorizar proveedores seguros ya en proceso y realizar compras urgentes.

Todo lo anterior demanda decisión política. La respuesta de la última gestión del Ministerio de Salud fue sumamente débil. El nuevo equipo enfrenta un desafío mayor: restaurar la confianza ciudadana en la calidad de los medicamentos y en la autoridad sanitaria. Una confianza que solo regresará cuando las personas tengan la seguridad de que todos cumplen su labor: Estado, fabricantes, comercializadores y dispensadores. Cuando sepan que si enferman y van en busca de tratamiento, el remedio no será un riesgo mayor que la propia enfermedad.

Realizada por: César Amaro y Janice Seinfeld, investigador principal y presidenta de Videnza, respectivamente

Columna publicada en el diario El Comercio, el martes 11 de noviembre de 2025.

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Freeman llama a esas fuerzas “poderes paralelos”: redes que se mueven entre lo legal y lo ilegal, con la complicidad –o indiferencia– de quienes gobiernan. No son ejércitos ni partidos únicos; son alianzas cambiantes entre políticos, empresarios y mafias que lucran con la debilidad del Estado. Según Freeman, “durante años, el presidente ha gobernado principalmente sobre el papel. El verdadero poder de decisión se ha trasladado a una coalición difusa de figuras del poder político, muchas de las cuales han sido acusadas de tener vínculos con redes de corrupción”. Y, aunque el análisis duela, resume con precisión el lugar al que hemos llegado.

Como precisa Freeman, en los últimos años el Perú ha tenido siete presidentes, más de 30 ministros de Salud y decenas de reformas improvisadas. Cada crisis parecía abrir una oportunidad de cambio, pero el ciclo se repite. El poder no desaparece: se fragmenta. Los vacíos los llenan actores que operan sin control ni vergüenza. El Congreso, convertido en refugio de intereses particulares, ha promovido leyes que limitan la capacidad de los fiscales, reducen la supervisión ambiental y debilitan la rendición de cuentas. Son las llamadas leyes procrimen, aprobadas por una coalición informal de supervivientes políticos que se protegen mutuamente.

Mientras tanto, la economía ilegal crece. Freeman plantea que la libertad no siempre se pierde por represión, sino también por abandono. “Las democracias pueden morir cuando el Estado no puede o no quiere limitar los poderes privados depredadores –narcotráfico, minería ilegal de oro, tráfico de personas, redes de corrupción– y a los funcionarios y políticos que hacen negocios con ellos”, advierte. En el Perú, esa frase se traduce en lo cotidiano: en el comerciante que paga cupos, en el periodista amenazado por denunciar mafias, en el ciudadano que teme caminar de noche o acudir a una comisaría que no responde. No hay censura, pero hay miedo. No hay dictador, pero hay territorios sin ley.

Lo más grave es que nos hemos acostumbrado. Llamamos “normalidad” a vivir entre la ilegalidad y la desconfianza. La impunidad se convirtió en costumbre, y la indignación, en rareza. El peligro no es solo la corrupción que corroe al Estado, sino la resignación que anestesia a la sociedad. Cuando el ciudadano deja de creer que algo puede cambiar, los poderes paralelos ganan terreno sin disparar una sola bala.

Sin embargo, Freeman también señala que existe una salida, aunque sea estrecha: fortalecer simultáneamente al Estado y a la sociedad civil. No se trata de buscar un salvador, sino de reconstruir la confianza institucional. De exigir reglas claras, justicia eficiente y autoridades con límites reales. De recuperar la idea de que la ley protege, no castiga.

En un país donde cada año parece el preludio de otro colapso, tal vez lo más revolucionario sea aspirar a lo básico: un Estado que funcione y ciudadanos que no se resignen a la libertad mínima que dejan las mafias y la corrupción. Porque la democracia no muere de un golpe; muere en silencio, cuando el Estado se retira y los ciudadanos miran hacia otro lado.

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Somos una república bipolar: un día optimista, al día siguiente colérica; un domingo pedimos elecciones, el lunes exigimos vacancia. Somos capaces de emitir 12,8 millones de votos para que nuestro pan con chicharrón sea campeón del Mundial de Desayunos promovido por un influencer español, pero nuestro nuevo presidente llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra con únicamente 11.654 votos.

La semana pasada, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi reveló que, en el último año, el 13,4% de los peruanos experimentó algún trastorno psiquiátrico como ansiedad o depresión, lo que equivale a más de 2,2 millones de personas. Y esos son solo los diagnosticados.

A los temas políticos se suman la inestabilidad económica, la creciente violencia urbana y secuelas sociales y psicológicas causadas por la pandemia del COVID-19, que están llevando a miles de peruanos a vivir en un estado permanente de ansiedad y estrés. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), los casos de ansiedad y depresión se han triplicado en la última década. Y el III Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia confirma que tres de cada cuatro familias sienten que su salud mental se ha visto afectada por la inseguridad. Pero cuando alguien busca ayuda, el sistema público de salud no responde: dos psiquiatras y 22 psicólogos por cada 100.000 habitantes, la mitad que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

No se puede construir un sistema de salud sólido si está enfermo en su propia estructura y si, como nación, vivimos en modo crisis. En gobernanza, es un sistema de salud sumamente fragmentado, con rectoría muy débil, sin información que oriente la toma de decisiones ni estándares de desempeño, y sin una preocupación real por el paciente. En financiamiento, invertimos S/20 por persona al año en salud mental –apenas 2% del gasto total en salud–, mientras que los países desarrollados destinan más de US$190 por persona. Esto porque entienden que, como lo calcula la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en salud mental devuelve cuatro en productividad y bienestar.

En prestaciones de servicios, sabemos de la poca capacidad resolutiva del sistema de salud público: mala infraestructura, sin conectividad y sin ofrecer diagnósticos rápidos ni atención oportuna. Finalmente, el desabastecimiento de medicamentos lleva a que la ciudadanía deba buscar atención en boticas y farmacias, con el consiguiente incremento en gasto de bolsillo y la falta de seguimiento a los tratamientos.

Un sistema de salud centrado en la persona podría cambiar esta historia. Significaría poner al ciudadano, y no a la institución, en el centro de la atención. Que los servicios se organicen alrededor de las necesidades de los individuos, no de los trámites. Que la salud mental esté integrada en la atención primaria y no circunscrita a centros especializados donde pocos pueden llegar. Significa formar al personal de salud para escuchar, acompañar y orientar, no solo para recetar. Y, sobre todo, significa construir redes comunitarias donde las familias, las escuelas y los espacios laborales sean parte activa del cuidado emocional.

Un enfoque centrado en la persona implicaría atender los problemas antes de que se vuelvan crisis. Detectar la depresión en el colegio, el estrés en el trabajo, la violencia en el hogar. Crear líneas de atención accesibles, fortalecer los centros de salud mental comunitarios y asegurar continuidad en el tratamiento.

La evidencia demuestra que cuidar la mente no solo sana a las personas, también reconstruye sociedades. En cada centro comunitario que se abre, en cada psicólogo que atiende pese a la carencia de recursos, en cada ciudadano que decide pedir ayuda hay un acto de resistencia frente a la incertidumbre.

Columna realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Casi de inmediato, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos reafirmaron que no existe evidencia concluyente que respalde una relación causal entre el paracetamol prenatal y el autismo. En consecuencia, mantienen las recomendaciones vigentes para que las embarazadas usen este fármaco en dosis mínimas cuando sea necesario.

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que abarca un espectro amplio de manifestaciones. Su causa no es simple ni única. Más bien responde a una compleja interacción entre predisposición genética y factores ambientales. En las últimas décadas, la ampliación de criterios para detectar casos que antes quedaban sin diagnóstico y una mayor conciencia social han contribuido al aumento estadístico de casos reportados, y no a una súbita “explosión” de autismo.

Aquí es donde la ciencia cobra sentido y donde la política debe mantenerse al margen. La ciencia es un proceso lento, exigente, transparente y autocrítico. Implica hipótesis formuladas, experimentos controlados, revisión por pares, replicaciones, ajustes metodológicos. Por eso, cuando un gobernante aprovecha su posición para propagar afirmaciones médicas sin respaldo, socava la confianza pública en lo que es más básico: que las indicaciones sanitarias respondan a la evidencia, no al oportunismo político.

El primer mandato de Trump coincidió con el estallido del COVID. Entre otras propuestas, lanzó la peligrosa sugerencia de que los ciudadanos probaran inyectarse desinfectante en el cuerpo para combatir el coronavirus. Teorizó también sobre la posibilidad de usar una “tremenda luz ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa” sobre el cuerpo para eliminar el virus. Haber nombrado en su segundo mandato a Kennedy como secretario de Salud es toda una declaración de intenciones de su posición anticiencia.

Pero cifras concretas muestran lo mucho que la ciencia ha salvado vidas. Según los prestigiosos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre 1994 y el 2023 las vacunas de rutina en dicho país previnieron aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y 1’129.000 muertes. Seis expresidentes de comités asesores de vacunas de los CDC han advertido que el sistema de desarrollo, licencia y vigilancia de vacunas está siendo atacado por la politización, con los riesgos para la salud pública que ello implica.

Desarrollar vacunas seguras y eficaces implica años de estudios clínicos, ensayos de seguimiento postautorización, vigilancia permanente de reacciones adversas. Son procesos costosos en recursos humanos, materiales, regímenes regulatorios y supervisión. Esa misma estructura debe protegerse de sesgos políticos, presiones electorales y populismos.

El episodio Trump-paracetamol no es una extravagancia retórica más. Tiene consecuencias concretas. Si embarazadas evitan un fármaco necesario por temor infundado, podrían exponerse a fiebre sin control, dolores extremos y otras complicaciones.

Cuando los gobernantes usurpan la autoridad científica para sus fines, no solo desinforman, sino que erosionan la posibilidad misma de un diálogo basado en evidencia. La anticiencia puede surgir en la derecha (por ejemplo, rechazo al cambio climático, negacionismo) o en la izquierda (reticencia a las vacunas, terapias alternativas, conspiraciones farmacéuticas), pero siempre comparte un rasgo común: traslada al terreno de lo subjetivo algo que no lo es. Convierte afirmaciones científicas avaladas por métodos y revisiones en “opiniones” susceptibles de interpretación política. Cuando eso ocurre, el debate público degenera en polarización y confrontación: el que piensa distinto ya no es adversario ideológico, sino enemigo de la “verdad”.

Columna escrita por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza.

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GAVI nació en el 2000 como alianza público-privada para crear un mercado confiable y estable de elaboración de vacunas. Su gran impulsor fue Bill Gates, que invirtió US$750 millones, pero hoy en su mayoría se sostiene por financiamiento internacional. Por eso, el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de instituciones científicas y de salud pública bajo la administración de Donald Trump es una tragedia que compromete la salud pública de todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 11 vacunas para todos los niños. Gracias a las compras al por mayor, con GAVI el costo de esas vacunas en EE.UU. es de unos US$24 por niño. De lo contrario, su costo sería de US$1.300. Es decir, logró reducir el precio en 98%. GAVI ha vacunado a 1.100 millones de niños que de otro modo no hubieran recibido inmunización. Actualmente, provee vacunas a cerca del 60% de los niños del mundo, y mantiene también reservas estratégicas de vacunas para contener epidemias.

En el pasado, la “tasa natural” de mortalidad infantil era de 350 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy en Estados Unidos, esa tasa es de 5,2 por cada 1.000. Pero en África subsahariana, un niño continúa siendo 10 veces más propenso a morir antes de los 5 años que uno en EE.UU.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) asume el costo de estas vacunas. Pero los indicadores de cobertura muestran enormes desigualdades entre regiones. Si bien la descentralización política en el país buscó acercar la salud a la población, esto no sucedió porque transfirió funciones, pero no capacidades. Lo que terminó pasando en la práctica es que se crearon “mini” Minsas en las regiones, que replicaban todas las debilidades y falencias de dicha cartera.

Si bien el Minsa fija los lineamientos, los gobiernos regionales tienen autonomía en la gestión. Esto genera diferencias en capacidad de ejecución, priorización y uso de recursos, se duplican funciones y se pierde eficiencia en la logística de vacunas. A ello se suma la alta rotación de funcionarios, que afecta la continuidad de políticas. Otro problema es el financiamiento inefectivo y, en muchos casos, insuficiente: recursos asignados sin criterios claros de desempeño o de brechas. A pesar del aumento del financiamiento en el sector, no hay mejores servicios de salud.

Sabemos que el primer nivel de atención es muy débil, con centros de salud con infraestructura precaria, falta de personal capacitado, horarios sumamente limitados y poca capacidad resolutiva. Si este primer nivel no funciona, la vacunación depende de campañas extraordinarias, en lugar de ser parte rutinaria del cuidado.

En cuanto a la logística y las cadenas de frío, la capacidad para mantenerlas depende de la inversión regional. Y la falta de sistemas de información integrados y confiables impide identificar brechas rápidamente y planificar refuerzos focalizados.

En lo que va del 2025, 31 niños menores de cinco años han fallecido en Loreto a causa de un brote de tos ferina, el más grave en una década. En muchos casos, los afectados no habían recibido la vacuna, a pesar de ser gratuita y formar parte del esquema nacional de vacunación.

La vacunación infantil debería ser un indicador del éxito de la descentralización en salud: un niño en Loreto debería tener las mismas oportunidades de recibir sus vacunas, en términos de calidad y de oportunidad, que un niño en Lima. Pero hoy no es así. La descentralización seguirá siendo una promesa incumplida mientras no fortalezcamos la gestión regional, la equidad en la asignación de recursos y el primer nivel de atención.

El miércoles pasado participé como expositora en el evento “Políticas públicas para el sector salud”, organizado por ESAN Escuela de Gobierno. Celebro este encuentro porque convocó a representantes de los partidos políticos. Necesitamos empezar a discutir temas claves en salud que sean implementados por el próximo gobierno.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en El Comercio.

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Las historias clínicas electrónicas en los establecimientos de salud simplifican la vida de pacientes y personal de salud. Permiten mejorar la calidad de la atención médica y, en ocasiones, incluso salvar vidas. Implican no tener que llevar toda la información de salud ni pagar el costo de volver a hacerse exámenes en caso de que deban cambiar de lugar de atención, pues en un solo documento digital están todos los exámenes, medicamentos, procedimientos e información relevante. Eso también facilita el trabajo en red entre prestadores, que pueden compartir la información médica para agilizar las referencias y contrarreferencias.

Veámoslo con un ejemplo: imagine que un familiar suyo sufre un infarto y necesita una ambulancia de inmediato. Usted la solicita en línea o por teléfono, y mientras la unidad va en camino, el personal ingresa en una tableta o celular el DNI del paciente y, cumpliendo un protocolo de seguridad ágil, accede a todo su historial médico, sin importar en qué lugar se haya atendido antes. Apenas llegan, evalúan el estado de su familiar, actúan con mayor seguridad en su cuidado y envían de inmediato esa información al hospital de destino, que recibe y atiende la emergencia con todo listo para actuar. Esto sucede en Estonia, donde el 99% de trámites oficiales se realizan en línea. Desde el 2008, este país europeo consolidó un portal nacional que integra la historia médica de toda la población. El resultado ha sido abaratar costos, facilitar diagnósticos y optimizar la atención. Este modelo ha inspirado a otros países y, de tomarse en serio, también podría ser la brújula para modernizar nuestro propio sistema de salud.

En el Perú, desde el 2019 el Seguro Social de Salud (Essalud) avanzó con su propio sistema, al igual que algunos prestadores privados, mientras que por el lado del Minsa y los gobiernos regionales aún queda mucho por recorrer. Pero el panorama actual no es del todo claro, porque en el 2024 el Minsa decidió dar de baja el tablero que mostraba públicamente cómo venía avanzando la historia clínica electrónica en los prestadores del Estado. Desde entonces no se ha vuelto a publicar información al respecto. Lo último que sabemos, a diciembre de 2023, es que el Callao era la región con mayor porcentaje de establecimientos de primer nivel implementados (65,3%), mientras que Cajamarca apenas llegaba al 2,5%. Para evaluar el presente necesitamos evidencia: el Minsa necesita transparentar los avances en la implementación de la historia clínica electrónica en prestadores públicos.

Para Lima, la citada resolución precisa que será de obligatorio cumplimiento a partir de ayer, lunes. Para los gobiernos regionales será progresiva, con un plazo máximo de un año. Eso está bien, porque obliga a prever recursos, desde la contratación de proveedores de Internet (incluso Starlink en zonas rurales), hasta garantizar la interoperabilidad con hospitales e institutos especializados, los cuales tienen una antigua agenda pendiente por resolver.

La segunda buena noticia vino del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: tras más de dos décadas, dejará de emitir el DNI azul y solo tramitará el nuevo DNI electrónico 3.0, con mayor seguridad y modernidad. La identidad digital es clave para facilitar la vida a ciudadanos y funcionarios, fortalecer procesos como el uso de la historia clínica electrónica y otros servicios públicos y privados. Además, permite dar trazabilidad a los procesos, un aspecto crucial cuando se usan medicamentos y dispositivos médicos críticos (más aún en un entorno de economías informales que comercian con productos ilegales que nos pueden matar).

La digitalización debe ser el gran salto de calidad que la salud peruana necesita. Pero dependerá de que el Estado ponga seriedad, recursos y voluntad política. Como en Estonia, la clave no está (solo) en la tecnología, sino en el compromiso de convertirla en una política de Estado al servicio de las personas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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La regulación es necesaria para corregir fallas en sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia o enfrentan información asimétrica. El Perú necesita con urgencia una entidad nacional de salud que asegure que los medicamentos, dispositivos y otros insumos que usamos los ciudadanos son seguros, eficaces y de calidad. Porque sin confianza en la regulación, no hay confianza en el sistema de salud. Y cuando la autoridad falla, las consecuencias pueden ser mortales.

Lo vemos en Argentina, que vive hoy uno de los mayores desastres sanitarios en su historia: más de un centenar de muertos confirmados por uso de fentanilo clínico contaminado en hospitales. En el Perú, un suero de mala calidad dejó al menos cinco fallecidos y 13 afectados graves en Lima, Cusco y La Libertad este año, mientras que en 1996 la comercialización de un lote del fármaco Dyazide infectado con un antipsicótico puso en riesgo a muchos adultos mayores. En Alemania, un medicamento utilizado para náuseas en embarazadas, llamado talidomida, provocó malformaciones congénitas en más de 10.000 recién nacidos entre los años 1957 y 1962. Y un caso que impactó en varios países desde el 2003 fue el de los jarabes contaminados con dietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico que provocó 800 muertes en Panamá, 300 en Pakistán y 200 en Indonesia.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el estándar de oro para una autoridad reguladora: el Global Benchmarking Tool (GBT). Este precisa nueve funciones básicas, como un marco legal claro, aprobación rigurosa de productos, gestión de riesgos para detectar efectos adversos, vigilancia poscomercialización, licenciamiento de establecimientos, inspecciones y fiscalización de ensayos clínicos. En el Perú, esas funciones están dispersas entre la Digemid, el Instituto Nacional de Salud e inclusive el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Además, están recargadas de tareas que no corresponden a un ente regulador. De allí la urgencia de una reforma.

La creación de una nueva agencia exige definir con claridad su estructura, estrategias, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. Y requiere un diseño institucional que aprenda de las mejores experiencias del país, como las del Banco Central de Reserva (BCR) o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en su concepción original: organismos técnicos, con autonomía, estándares claros y capacidad para atraer, capacitar y retener talento de primer nivel.

Hoy, las agencias de clase mundial incorporan la digitalización y la inteligencia artificial como ejes transversales, lo que obliga a contar con equipos interdisciplinarios de alta preparación. Las universidades también tienen un rol ineludible pendiente: formar al talento humano que estas instituciones demandarán.

El pasado 13 de agosto, Videnza Consultores y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) organizamos un foro multisectorial para discutir cómo fortalecer la regulación de productos de salud en el Perú. La participación del viceministro de Salud Pública, la directora de la Digemid, el congresista Ernesto Bustamante, académicos, y representantes de colegios profesionales, de la industria y de la sociedad civil mostró que sí es posible construir este modelo de manera participativa. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta.

El reto es grande, pero el costo de no asumirlo es mucho mayor. Debemos evitar ampliar el modelo actual de gestión con mayor gasto público y más burocracia poco efectiva y con prácticas opacas. El país tiene la oportunidad de dar un salto institucional y no debe desaprovecharla.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que junto al Ministerio de Salud (Minsa) están cerca de oficializar un proyecto enfocado en entregar a privados la operación y mantenimiento de establecimientos de salud de primer nivel en Perú.

Este esquema, que sería bajo APP de bata gris, sería un gran paso para revertir una falla a la que el sistema de salud público nos tiene malacostumbrados: dolencias menores se resuelven en hospitales que deberían atender, como se les conoce, enfermedades de alta complejidad.

LO QUE DIJO EL MEF SOBRE EL PLAN MIL

En el evento de adjudicación del HEVES, que ganó la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, Pérez Reyes destacó que se trata de inversión de US$ 284 millones bajo un contrato de 16 años.

La modalidad es una APP de bata gris, es decir, el privado gestiona los llamados servicios no asistenciales. Luego de remarcar que aparte del HEVES Proinversión impulsa 7 proyectos de salud más por US$ 1,500 millones, vino un dato que merece resaltarse.

“En las próximas semanas vamos a trasladarle a ProInversión todo el proceso para tener un grupo de empresas en regiones que manejen todo el Programa Mil”, dijo el ministro.

Pérez Reyes precisó que consiste en 1,000 centros de salud en todo el Perú, en el primer nivel de atención del sistema, que se adjudicarían como el HEVES, es decir, bajo APP de bata gris.

El titular del MEF instó, así, tanto al adjudicatario del HEVES como a los otros postores, a estar atentos a esta convocatoria. Allí también detalló lo que se le pedirá a cada empresa postulante.

“La idea es asegurar, a través de una APP, la operación y mantenimiento con calidad de servicio. Además, en el Programa Mil, vamos a agregar como parte de la prestación en el operador adquiera, opere y renueve las ambulancias de atención”, indicó.

La razón de esta inclusión, agregó Pérez Reyes, responde a que el sector privado tiene “mayor facilidad” para adquirir las ambulancias. El ministro cerró su participación indicando que el Plan Mil arrancaría con 200 centros de salud, que están más avanzados a la interna del Minsa.

ATACARÍA PROBLEMA CLAVE DEL SISTEMA ACTUAL

De tener éxito en esta iniciativa, el Gobierno mejoraría una de las principales carencias del sistema de salud público actual: hay demasiada “congestión” en el tercer nivel (hospitales especializados) para todas las necesidades de la población. Aparte, los centros de salud del primer nivel (postas principalmente) están en pésimas condiciones.

En Perú, según datos de Videnza Consultores, el 97.9% de los establecimientos de salud publicos son de primer nivel, pero el 97.7% de ellos opera con capacidad inadecuada, es decir, infraestructura y equipamientos deficientes.

Esta situación no ha variado a la fecha, según dijo Janice Seinfeld, directora de la consulta citada, a este diario, pero cree que co el Plan Mil la situación cambiaría.

“Hoy tenemos establecimientos de salud de primer nivel que no resuelven. Tienen infraestructura dañada, muy pocos tienen historia clínica o no manejan una artera de servicios adecuados para su distritos”, lamento.

Aparte, la experta precisó que en Perú no se cumple lo que indica la teoría médica. No hay una verdadera ruta de referencia y contrarreferencia, es decir, que cada nivel de atención se dedique a lo que realmente puede atender.

“Los establecimientos de alta complejidad terminan, en realidad, sustituyendo el trabajo del primer nivel de atención, lamentablemente”, precisó.

Ricardo Zúñiga, exgerente central de Promoción y Gestión de Inversión Privada de EsSalud, recordó que este proyecto del Minsa es de larga data.

“Ya en gestiones pasadas se tenía esta idea bajo obra pública. Entiendo que ahora en la gestión del Ministro César Vásquez, la está retomando. Es interesante: hoy tenemos hospitales desbordados y la inversión privada se concentra en el segundo y tercer nivel de atención”, refirió.

El experto comentó también que existe una experiencia similar en Brasil, aunque su enfoque es con lo que llamó el sector privado no lucrativo, algo que el MEF no adelantó si se considerará. “Su caso es particular, pero muy interesante. La tercera parte de su red la tienen a su cargo fundaciones, universidades e iglesias”, destacó.

RETOS EN LA PROMOCIÓN DEL PLAN MIL

Si bien el MEF dijo que la visión para el Plan Mil es que sean bajo APP de bata gris, ambos expertos consideraron que el Gobierno deberá hilar fino para promover estas asociaciones con el sector privado.

Lo primero, considero Zúñiga, es definir si se ofrecerán los 1,000 centros de saludo uno a uno o en bloque. “Recordemos que hoy se trabaja en redes interconectadas. Esa lógica no podría perderse en el Plan Mil porque el privado busca rentabilidad. Tal vez podrían embanquetarlos por zonas, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho”, propuso.

Lo otro, clave a criterio de Seinfeld, es definir si efectivamente buscarán que sean APP de tipo bata gris. Bajo este esquema, por ejemplo, el privado no se involucra en la atención médica propiamente como la conocemos.

Tampoco en este caso, sería socialmente aceptable que se busque una bata blanca, figura de APP donde el privado lidera todos los servicios clínicos, logísticos y operativos. De esta manera funcionan hoy los hospitales Kaelin y Barton, en manos de IBT Group, bajo convenio APP con EsSalud.

“Un intermedio que podría funcionar sería bata verde, que incluye servicios no médicos, pero también los de laboratorio. Eso deben ver el MEF y el Minsa: cómo van a operar los otros servicios clave. Si queremos capacidad resolutiva deben haber médicos capacitados”, remarcó Seinfeld.

Noticia redactada por el periodista Alessandro Azurín en el Diario Gestión.

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Dos libros del reconocido doctor Elmer Huerta nos enfrentan a esa evasión con una propuesta doblemente valiente: hablar de la muerte y, sobre todo, prepararnos para ella.

El primero, “El buen morir: breve guía para entender y afrontar la muerte” (Planeta, 2024), parte de una constatación incómoda: los avances de la medicina nos han hecho negar la muerte como parte natural de la vida. Morir ya no ocurre en casa, rodeados de los nuestros, sino en una cama de hospital, bajo luces frías y con un sistema de salud mal preparado para acompañar el proceso. En esa obstinación por prolongar la vida a toda costa, perdimos algo esencial: la posibilidad de despedirnos con dignidad, autonomía y paz.

Con la claridad que lo caracteriza, el doctor Huerta construye una guía breve pero poderosa para entender y enfrentar ese momento. Basado en evidencia científica y experiencia médica, pero también en humanidad y compasión, el libro nos invita a mirar de frente nuestra mortalidad. A acompañar a quienes amamos. A planificar lo inevitable con la cabeza fría y el corazón abierto. Es un texto urgente no porque hable de la muerte, sino porque habla de cómo queremos vivir hasta el final.

En la reciente Feria del Libro de Lima (FIL), que culmina mañana miércoles 6 de agosto, Huerta presentó el complemento práctico de esa reflexión: “Todo en orden: lo que me gustaría que sepas cuando ya no esté” (Planeta, 2025). Si su primer libro nos ayuda a aceptar lo emocional y lo espiritual, este nuevo volumen nos recuerda que morir también implica dejar las cosas resueltas. Es, en esencia, un planificador póstumo. Pero no se trata solo de anotar datos legales, financieros o de salud. Es una bitácora íntima donde dejamos instrucciones, recuerdos, nuestros últimos deseos. Una carta a los nuestros para cuando ya no podamos hablar.

Quien ha acompañado un duelo sabe cuánto pesa el desorden. El testamento que nunca se firmó. La clave bancaria que nadie conocía. El albacea que se volvió enemigo. Pero también la carta que no se encontró; la historia que nunca se contó; el álbum que quedó escondido. Como explica Huerta, si ya mantener nuestros asuntos en orden suele ser una tarea engorrosa, mucho más lo será para quienes nos sobrevivan, quienes, además de llorar, tendrán que reconstruir nuestras vidas a partir de lo que dejamos –o no dejamos– atrás.

Desde la salud pública, sabemos que la muerte es tanto un hecho clínico como un evento social. Afecta a los sistemas sanitarios, al gasto familiar, a las políticas de cuidados, pero también a los vínculos, a la memoria y a la identidad. Por eso es tan valioso que un médico se atreva a hablar no solo de células y diagnósticos, sino de emociones, decisiones y legados. Huerta informa, pero también humaniza. Porque si aprendemos a morir bien, también aprenderemos a vivir mejor. Con menos culpa, con más gratitud. Más atentos al presente, más libres para construir el futuro. Y también más justos con quienes vendrán después de nosotros.

Ambos libros son una invitación a la madurez emocional, a la planificación afectiva y a una conversación colectiva que ya no podemos seguir postergando. No son libros tristes. Son libros luminosos. Nos ayudan a mirar lo inevitable con menos miedo y más amor.

En tiempos de tanto ruido, es un acto de responsabilidad ciudadana leer estas publicaciones, compartirlas y recomendarlas. Porque todos, sin excepción, vamos a necesitarlas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Se trata del zooplancton, un grupo variado de seres vivos diminutos que apenas conocemos y que, según una reciente investigación publicada en “Limnology and Oceanography” y reseñada por la BBC, están ayudando a reducir el calentamiento global. ¿Cómo así? Porque, según dicha investigación (“Seasonally migrating zooplankton strongly enhance Southern Ocean carbon sequestration”), lo que hacen estos pequeñines es atiborrarse de alimento en primavera, y luego con esta grasa acumulada se hunden a cientos de metros en las profundidades del océano para hibernar y quemar esa grasa. “Esto les permite retener carbono que calienta el planeta, equivalente a las emisiones anuales de unos 55 millones de coches de gasolina, e impedir que siga calentando nuestra atmósfera”, señala la BBC.

Y lo que es más llamativo es que resulta que este proceso por el cual estos animales transportan carbono a las profundidades oceánicas ha sido subestimado durante décadas. El estudio se basa en data de biomasa, distribución, respiración y mortalidad de zooplancton recopilada durante 100 años en el Océano Antártico. Y lo que descubre es que solo dicho océano, adonde migran distintos tipos de zooplancton, es responsable del 40% de todo el calor extra que los océanos absorben producto de nuestra quema de combustibles fósiles. Sin esa bomba biológica –señalan los investigadores–, los niveles de CO₂ atmosférico podrían ser el doble.

El hallazgo no solo tiene implicancias científicas. También es una lección política, económica y ética. Porque nos muestra, una vez más, que el planeta funciona por cadenas invisibles acumuladas en el tiempo de organismos que ni siquiera vemos. Y la paradoja cae por su propio peso: mientras estos seres diminutos trabajan para enfriar el planeta, nosotros aceleramos su extinción.

¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Mucho más de lo que parece. Somos un país con uno de los mares más ricos del mundo, y cuya economía depende, entre otras cosas, de la pesca y de los recursos naturales. Pero también somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. La lucha contra el calentamiento global debería ser una necesidad de supervivencia para todos, sobre todo para los hacedores de política pública.

Y aquí entra en escena un actor poco conocido pero clave: el Laboratorio de Zooplancton y Producción Secundaria (LZPS) del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Este laboratorio, entre otras funciones, estudia la composición y abundancia del zooplancton en nuestro mar, analiza su papel como alimento en la cadena alimenticia, y monitorea su relación con la salud del ecosistema.

Además, realiza estudios sobre los huevos y larvas de peces de importancia comercial como la anchoveta, y analiza cómo las condiciones ambientales afectan su crecimiento y mortalidad.

Lo que está ocurriendo en las profundidades del Océano Antártico también ocurre frente a nuestras costas. Nuestros tomadores de decisiones, si realmente estuvieran preocupados por lo importante, deberían mirar con más atención este tipo de investigaciones.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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En los últimos 25 años, el aumento significativo de la ayuda internacional en sectores claves como la salud permitió reducir en más de la mitad la mortalidad infantil evitable y las muertes prevenibles por enfermedades infecciosas como el sida, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, en una reciente entrevista para el diario español “El País”, Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, la mayor organización filantrópica del mundo, advierte: “No tenemos todavía los datos, pero es muy probable que este sea el primer año del siglo XXI en el que veamos un aumento de la mortalidad infantil evitable, en el que probablemente volvamos a ver un aumento de los casos y muertes por malaria y por VIH. Dada la brusquedad de muchos de los recortes que se han producido en la primera parte de este año, especialmente por parte de Estados Unidos, pero no exclusivamente, ya podemos ver el impacto, especialmente en África”.

El directivo participó la semana pasada en Sevilla en la IV conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo, junto con más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. A su juicio, tras la pandemia, los países ricos están dejando de cumplir los compromisos que asumieron en la llamada “era dorada” de la cooperación, mientras los países de renta media y baja enfrentan niveles de endeudamiento asfixiantes. La combinación es peligrosa. Y lo que está en juego es el bienestar –y muchas veces la vida– de millones.

La magnitud del problema es difícil de exagerar. En el África subsahariana, uno de los principales focos de acción de la Fundación Gates, el 70% del gasto en salud depende de financiamiento externo. En otras regiones, la situación es menos dramática, pero igualmente precaria. La cooperación internacional ha perdido tracción política y visibilidad mediática. Las prioridades de las grandes potencias se han reordenado hacia sus propias crisis: inflación, seguridad, migración, populismo. La ayuda al desarrollo, mientras tanto, queda como lo que muchas veces ha sido: lo primero que se recorta.

Cuando se debilitan los sistemas de salud en los países más pobres, se abren las puertas para nuevas pandemias. Cuando el hambre o la falta de oportunidades empujan a miles de personas a migrar, los efectos se sienten en todo el globo. Y cuando los programas que empoderan a niñas y mujeres se reducen por falta de fondos, retrocedemos décadas en equidad y desarrollo.

La paradoja es que las soluciones existen. Suzman lo recuerda: una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier país rico es destinar recursos a salud y educación en los países más pobres. No (solo) por razones de justicia global, sino porque es rentable. Las vacunas salvan vidas y evitan crisis sanitarias; la educación de las niñas reduce la pobreza y frena la sobrepoblación. Y, sin embargo, hoy cuesta más convencer a los gobiernos de mantener ese compromiso.

Como advierte Suzman, “las inversiones que no se hagan hoy se pagarán caro mañana”. Y ese mañana llegará más pronto de lo que creemos. Si algo nos enseñó la pandemia, es que la salud global no conoce fronteras. Y que la indiferencia es siempre más costosa que la acción. Pero esa acción no debe venir de organizaciones filantrópicas, cuyo rol es ejercer como catalizadores, sino de los propios Estados. Son ellos quienes deben llevar el peso de la cooperación y las políticas de desarrollo. Y, salvo honorosas excepciones, no están cumpliendo esa tarea. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Según información oficial obtenida por el portal Salud con Lupa, en Pastaza nueve niños menores de 11 años murieron por esta enfermedad. De los 151 menores de un año registrados en el distrito, solo 22 han recibido la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Entre los motivos de esta baja cobertura de vacunación están problemas estructurales como la falta de brigadas de vacunación, escasa conectividad fluvial y aérea, deficiencias en la cadena de frío, y el crítico estado del sistema de salud amazónico, que enfrenta enormes limitaciones logísticas, técnicas y humanas. Recién el 9 de junio, el Ministerio de Salud anunció el despliegue de 17 brigadas sanitarias hacia seis distritos de Datem del Marañón. Y tres días después se aprobó una transferencia de S/12,5 millones para enfrentar la emergencia.

La falta de políticas públicas nos deja expuestos también frente a eventos externos nacionales, como el sismo de magnitud superior a 8,8 que eventualmente sucederá en Lima y el Callao. Los estudios del Centro de Estudios y Prevención de Desastres advierten que un evento de esta magnitud podría dejar más de 100.000 muertos, un millón de damnificados y pérdidas económicas que superarían el 20% del PBI nacional. Y, sin embargo, nuestros hospitales no están preparados: muchos no cuentan con estructuras antisísmicas, carecen de sistemas autónomos de energía y no tienen planes funcionales de contingencia. La interoperabilidad entre servicios sigue siendo una promesa incumplida, y la atención primaria no tiene herramientas para sostenerse en escenarios extremos ni frente a eventos externos internacionales.

¿Por qué seguimos improvisando? ¿Por qué no se invierte en reforzar las viviendas precarias, que representan más del 70% de la infraestructura en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Ventanilla? ¿Por qué no hay un sistema de alerta temprana operativo y masivo, cuando países como Japón o Chile ya han demostrado su eficacia salvando miles de vidas? La respuesta es dolorosa y simple: porque el bien común ha dejado de ser el centro del quehacer político. En lugar de diseñar políticas que protejan a las mayorías, se priorizan agendas personales, disputas partidarias y cálculos electorales de corto plazo. La política peruana ha olvidado su razón de ser: organizar la vida en sociedad para asegurar dignidad, seguridad y oportunidades para todos.

Los crecientes conflictos en el Medio Oriente nos pueden sonar lejanos, pero tienen implicancias globales que también afectarán al Perú. Un cierre prolongado del estrecho de Ormuz por parte de Teherán pondrá en riesgo el suministro de petróleo y gas, con efectos en la inflación, la economía y los tipos de interés. Aumentará la incertidumbre internacional y muy probablemente habrá repercusiones en el costo de los alimentos, el transporte, los medicamentos.

No tenemos políticas públicas listas para responder ante escenarios como estos que pueden implicar inestabilidad prolongada. Estamos frente a una crisis de gobierno en el sentido más profundo del término: la incapacidad de anticipar, planear y actuar por el bien común, ausente en nuestros políticos.

La política, en su forma más noble, es un acto de cuidado colectivo. Pero en el Perú parece haber sido capturada por la indiferencia. Prepararse para un terremoto, combatir la anemia infantil y la desnutrición, frenar la criminalidad organizada o invertir en educación de calidad no son solo asuntos técnicos. Son decisiones morales que distinguen a un Estado ausente de uno verdaderamente presente.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, el 24 de junio de 2025.

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“Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera; el problema está en que no se cambia la cultura de gestión”.

Las severas intoxicaciones en Qali Warma llevaron al Ejecutivo a, primero, cambiarle de nombre a Wasi Mikuna. Como era más de lo mismo, las intoxicaciones continuaron y se optó por extinguir el programa y declarar en emergencia el servicio nacional de alimentación escolar. Ahora, frente a otra emergencia de salud, el gobierno opta por la misma “solución”: tras la muerte de siete personas por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma, anunció el cierre de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed).

Si bien la Apemed es una propuesta que viene trabajando la propia Digemid desde el 2023 para transformarse en una entidad con mayor autonomía y capacidad técnica, el Ejecutivo decidió enviarla al Congreso eliminando puntos claves. Uno de ellos es que suprime la posibilidad de que se financie con ingresos propios de trámites como certificaciones, autorizaciones y sanciones.

Pero vayamos un paso atrás primero. Dado que el Perú funciona bajo el modelo de economía social de mercado, la regulación es necesaria para corregir fallas en ciertos sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia. En salud, a diferencia de las funciones de rectoría, prestación y financiamiento, la generación de recursos está a cargo de los privados. Son ellos quienes producen los medicamentos, mientras que el regulador analiza aspectos como si hay externalidades positivas y negativas en el consumo y la producción o problemas de información. Ahí vemos un primer defecto del proyecto de ley de creación de la Apemed: no contempla un área de estudios económicos, como sí la tiene el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Es decir, de conocimiento del mercado, nada. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

La Apemed se concibe como un organismo público técnico especializado, que heredará las funciones de la Digemid y al que, además, se le encargará el proceso completo de evaluación y autorización de ensayos clínicos, antes compartido con el Instituto Nacional de Salud (INS). Está bien que se le otorgue mayor autonomía funcional, administrativa, técnica, económica y financiera. El problema está en que no se cambia la cultura de gestión ni se le otorga independencia en su financiamiento. La transición “a la prepo” a esta nueva entidad no establece un propósito claro dentro de un abordaje sistémico centrado en resolver los actuales problemas y riesgos que afectan a los ciudadanos. No define qué resultados y atributos se esperan de esta nueva organización: procesos predecibles, transparencia, digitalización, datos abiertos, labor interdisciplinaria, trazabilidad interna y externa, rendición de cuentas. De eso, nada.

Si lo que se busca con esta mayor autonomía es proteger a la Apemed de contaminación política, entonces su presidente ejecutivo debería estar obligado a emplear indicadores de desempeño y rendir cuentas periódicamente para que el directorio le renueve su confianza. A su vez, el directorio tendría que asumir funciones mucho más comprometidas con la operación de la entidad, como aprobar el plan de monitoreo de riesgos, dar luz verde a las normas de alto impacto que emita el organismo y estar conformado por profesionales de peso (no exigirles solo diez años de experiencia, como lo plantea el proyecto de ley). Pero de buen gobierno corporativo, nada.

Desde el 2007, la Digemid tiene varios procesos certificados con ISO 9001. Esto también debería continuarse en la Apemed para superar la visión de “lograr una certificación” y avanzar hacia un cambio cultural que instale un efectivo sistema de gestión de la calidad en la organización. Esto a la par con implementar sistemas de evaluación y fiscalización estandarizados.

Hoy, nada nos garantiza que la Apemed impedirá que se repitan casos como el del suero fisiológico. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta. ¿Ni la vida de los peruanos es incentivo suficiente para que el Estado haga bien las cosas?

“Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Columna escrita por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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A nivel nacional, 2 millones de personas no cuentan con una conexión del recurso hídrico. Sin embargo, aquellos que poseen el acceso no necesariamente gozan de agua potable.

Si no hay calidad de agua, tampoco hay calidad de vida. En el Perú, de acuerdo con Videnza Consultores, alrededor de 2 millones de peruanos no cuentan con una conexión al servicio, lo que no significa que el resto de la población goce necesariamente de agua potable. ¿Por qué?

Milton von Hesse, director de la firma mencionada y exministro de Videnza, explica para Gestión las cifras detrás de la desigualdad y configura una radiografía de cara al 2025.

¿INVERSIÓN ANTES QUE SERVICIO?

El especialista detalla que existe una confusión en los focos. “El principal problema en el sector de agua y saneamiento es que la atención de todas las autoridades está centrada en la inversión, en sembrar infraestructura, pero no está centrada en el servicio y en su calidad”, sostiene. En suma, la acumulación de proyectos no garantiza que, con el tiempo, la asistencia sea óptima.

Von Hesse respalda su premisa en los números: en el 2017, faltaban s/23,000 millones para cubrir la necesidad del país; no obstante, hoy en día y con el dinero ya dispuesto, “la brecha, en vez de disminuir, se ha incrementado”. Añade que las inversiones no se destinan a reemplazar tuberías o plantas de tratamiento, sino a sumar obras a la lista.

El panorama se trasluce en las cifras: Videnza ha identificado que, en la costa, solo la mitad de los hogares que tiene un caño de agua en su casa -al menos durante algunas horas al día- cuenta con un recurso cuyo nivel de cloro asegura una desinfección.

Y la situación de la selva y la sierra es peor. “Únicamente el 20% -1 de cada 5 hogares- que tiene un caño en su casa goza de agua clorada en cantidad suficiente. Es decir, 8 de cada 10 hogares abren el caño y sale agua, pero no desinfectada con el nivel de cloro oportuno”, detalla.

Las regiones que más han avanzado en paliar la brecha son Moquegua, Apurímac, Tacna, Arequipa y Callao: cada una tiene un porcentaje superior al 96%. Lima Metropolitana, por su parte, registra un acceso de 94%; o sea, 6% de la población carece de una conexión domiciliaria de agua.

En cambio, los porcentajes en la selva son alarmantes. El 23% de población de Ucayali no tiene acceso a una conexión domiciliaria; y lo mismo ocurre con el 32% de Loreto. La fisura, además, “se concentra en sus zonas rurales”, acota Von Hesse.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA EL 2025?

El MVCS calculó, en la segunda semana de diciembre, que para este año habrá 745 proyectos de agua potable y saneamiento en diferentes zonas del país.

Durich Whittembury, titular de dicho ministerio, anunció que de ellos es el Proyecto de Comas e Independencia, una obra que atenderá a los asentamientos humanos de ambos distritos. Asimismo, en Piura, el sector comenzará la ejecución del Proyecto Asentamientos Humanos de Piura, en beneficio de más de 466,000 personas y, en Juliaca, arrancará la ejecución de las fases II, III y IV del Proyecto Integral de Juliaca.

ORIENTACIONES PARA EL GOBIERNO

El vocero de Videnza sugiere, con la finalidad de conseguir mayor eficiencia en el 2025, reorganizar el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) para consolidar a las empresas prestadoras de servicio. “Para garantizar que por lo menos haya una sola EPS por región, lo que significa que hay que empezar a consolidar las EPS en una sola”, menciona von Hesse.

Resalta, además, que sería de gran ayuda convocar al sector privado, de manera que los funcionarios de un municipio trabajen en conjunto con las empresas profesionales. En este punto observa un desperfecto: “Hay empresas de agua y saneamiento que pierden casi el 50% de lo que producen, salvo Sedapal, que pierde poco menos del 30% de lo que produce. Este porcentaje sube hasta 44% о 45%”, detecta.

Por último, el especialista no deja de lado el factor corrupción. “Lamentablemente, la ejecución de proyectos de agua y saneamiento ha sido vista como una fuente de recursos para la corrupción. Se invierte mucho en proyectos que no importa si van a funcionar o no. […] En muchos gobiernos regionales, se ejecutan con administración directa para poder manejar, por ejemplo, la contratación del personal”, subraya.

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Entrevista realizada por Camila Vera, periodista del diario Gestión, a Milton von Hesse, director de Videnza Consultores.

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Este escenario puede complicarse más en los próximos años a la luz de la conclusión del último “Análisis de situación de salud del Ministerio de Salud”, el cual afirma que “la estructura poblacional evidencia un incremento progresivo de la población adulta y adulta mayor, así como una reducción de los grupos más jóvenes (envejecimiento poblacional) que se explica por los efectos de la transición demográfica”. Hoy ello se expresa en una mayor prevalencia de problemas de salud crónico-degenerativos, que requieren de un cuidado continuo que no consiguen, sobre todo los pobres y vulnerables. Y esto viene ocurriendo en un país complejo con informalidad económica, desborde social y “achichamiento” cultural que, según el sociólogo Danilo Martucelli, expresan una sociedad desformal donde “nadie respeta nada”.

A ese contexto se suma el empobrecimiento institucional que afecta la calidad del servicio público, acentuado en los últimos periodos de gobierno por la inestabilidad en el poder político y la improvisación persistente. En ese sentido, debe recordarse la importancia de la oferta pública en salud que constituye, muy de lejos, la principal fuente de recursos y servicios en el país. Por ejemplo, según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 7 de agosto del 2024 el 99.88% de peruanos tiene un seguro de salud. De ellos, 97.1% son seguros públicos, principalmente el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. Y el 83,5% de camas hospitalarias pertenecen al sector público. Por tanto, el desempeño del Estado impactará directamente en el bienestar de la gran mayoría de peruanos, siendo un reto mejorar la performance de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) que cuidan a los peruanos. ¿Cómo lo logramos?

Una primera opción es identificar las maneras exitosas de hacer las cosas. Por ejemplo, una buena práctica ha sido la implementación por EsSalud de las unidades básicas de atención primaria (UBAP) en las provincias de Lima y el Callao desde el año 2008, con la participación de IPRESS privadas y municipales. En ese modelo, el financiador (EsSalud) pagaba a los prestadores una tarifa anual calculada en función al costo de un paquete de atenciones de salud que todo asegurado debía recibir considerando su perfil de riesgo. Y se encargaba el cuidado de la salud de una determinada cantidad de residentes de un territorio asignado a la UBAP. Este modelo, incomprensiblemente descontinuado desde el 2021, es una experiencia clave para mejorar la gestión del primer nivel de atención en salud, al alinear el financiamiento a incentivos dirigidos a orientar el desempeño de los prestadores al logro de resultados sanitarios definidos.

También EsSalud tiene un modelo llamado Farmacia Vecina, que resuelve el problema del acceso a farmacoterapia de miles de asegurados de Lima y Callao diagnosticados con alguna enfermedad no transmisible. Se aprovecha la capacidad de compra con economía de escala que el Estado posee, la flexibilidad y agilidad en la distribución del operador logístico privado, más el uso de los servicios de farmacias y boticas privadas. Al afiliarse a Farmacia Vecina, los usuarios eligen un establecimiento farmacéutico cercano a su vivienda o centro de labores para recoger las recetas indicadas cada mes. Los resultados obtenidos son satisfactorios, pues las personas reciben su terapia oportunamente, a la par que evitan el gasto de bolsillo y el costo del traslado a un establecimiento de EsSalud. La estrategia logra un 97% de nivel de servicio: prácticamente todas las recetas son entregadas completas y a tiempo, lo que genera altos niveles de satisfacción. Así se logra el acceso a la medicación necesaria de manera sostenida y se reduce el riesgo de complicaciones en la salud de los usuarios.

Otra experiencia destacable de financiamiento, en este caso del Minsa en la provincia de Lima, es la implementación de un mecanismo de asociación público-privada (APP) en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Gracias a este contrato, un consorcio de empresas privadas brinda servicios de bata gris y bata verde. El primero incluye servicios no asistenciales como lavandería, alimentación de pacientes, vigilancia, mantenimiento de infraestructura y de equipamiento, entre otros. El segundo, además de los servicios de bata gris, contempla apoyo asistencial como laboratorio y diagnóstico por imágenes. Este modelo de gestión mantiene la capacidad resolutiva del prestador, con lo que evita ser afectado por la lentitud de los procesos administrativos estatales para dotar de servicios y recursos necesarios para lograr el funcionamiento permanente de servicios críticos. Por ejemplo, el desarrollo de un buen programa de mantenimiento impide que los equipos de la institución interrumpan su funcionamiento, algo que en otros hospitales públicos es un problema frecuente. Así, los especialistas del hospital concentran su esfuerzo y talento en cuidar la salud de sus pequeños pacientes, contribuyendo además a la tranquilidad y protección de la economía de sus padres.

Pero ¿cuál es el “secreto” de estas experiencias exitosas? Además de emplear capacidades en las cuales los actores privados tienen competencias demostradas, lo más importante es la diferencia de enfoque con relación a la manera como se gestiona en el sector público: se busca explícitamente un alto nivel de servicio al usuario.

Poner al centro al usuario y organizar la oferta en función a la demanda es una medida transversal urgente para recuperar la confianza de los peruanos. La mejora de la cobertura y la calidad de los servicios públicos que reciben, además del bienestar que logra, fortalece el tejido social y la institucionalidad en el país. Para conseguirlo no solo es necesario contar con gestores honestos y competentes, sino también que se atrevan a emplear estrategias diferentes para reemplazar las maneras obsoletas de resolver los actuales nudos críticos existentes. Tenemos que hacerlo.

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Para tener una mayor orientación al respecto, debemos recordar que el Estado peruano inició el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el año 2002 mediante la publicación de la Ley 27651. Diez años después, en su intento por regular la proliferación descontrolada de la minería artesanal y de pequeña escala, publicó los Decretos Legislativos 1100 y 1105, que establecieron las primeras definiciones de minería ilegal y minería informal, y delimitaron las estrategias de intervención centradas en la erradicación de la minería ilegal y la formalización.

En el 2017, mediante la publicación del Decreto Legislativo 1293, se dio inicio al proceso de formalización minera integral. Luego de diversas modificaciones normativas que ampliaron su vigencia y que permitieron la inscripción de nuevos supuestos mineros, se tiene como fecha de culminación del proceso el 31 de diciembre de este año.

Este proceso consistió en que quienes se adherían a él presentaban ciertos requisitos mientras se les permitía, de manera excepcional, la continuidad de sus actividades mineras. Es decir, bajo el compromiso de formalizarse, el minero podía seguir operando siempre y cuando tuviera su registro en el REINFO. Lamentablemente, ese compromiso no se respetó. Según cifras presentadas por la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) en el XV Congreso Nacional de Minería, de los 86,140 inscritos en el REINFO a junio último, solo 2065 se han formalizado.

¿Cuáles son las razones detrás de este fracaso? Si bien el proceso de formalización minera ha estado afectado por temas transversales, destacan tres problemáticas puntales: la inadecuada caracterización del usuario, la desvirtuación del carácter excepcional, y la limitada capacidad rectora del MINEM. Veamos cada uno.

Este proceso de formalización minera integral fue formulado considerando como usuarios a pequeños mineros y mineros artesanales. Por ello es que permitió que continúen desarrollando sus actividades mientras presentaban los requisitos ¿Qué terminó ocurriendo? Al momento de recibir las inscripciones en el REINFO, no hubo un filtro adecuado que garantizara que quienes se estaban inscribiendo eran efectivamente pequeños mineros o mineros artesanales. Por el contrario, se inscribieron usuarios que no realizaban actividad minera, solo por especulación o aviso de terceros para obtener algún beneficio, por ejemplo, a través del alquiler de REINFOs. Y también mineros ilegales, entendidos como aquellos que extraen recursos minerales de áreas prohibidas o de concesiones de terceros, o que utilizan maquinaria o insumos prohibidos (dragas, mercurio).

Esta inadecuada caracterización generó que mineros ilegales, encubiertos de informales, pueden transitar por el territorio peruano con oro ilegal, bajo el manto de la protección legal que da el REINFO. Adicionalmente, hoy es común ver diversas noticias de atentados en muchas zonas del país, que evidencia con mayor claridad la relación que existe entre la minería ilegal y la criminalidad, así como con otros delitos mucho más complejos, como la trata de personas y el sicariato.

Otro de los grandes problemas que enfrenta el proceso de formalización es que desvirtuó su carácter excepcional al aceptar diversas ampliaciones de plazo y permitir la inscripción de nuevos usuarios. El proceso vigente adoptó a los usuarios del anterior proceso y permitió la inscripción de 13,816 nuevos usuarios en el 2017, y tras la publicación de la Ley 31388, que prorroga el plazo del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2024. permitió la inscripción de 32,835 nuevos usuarios. En suma, considerando las exclusiones realizadas, el REINFO pasó de tener 41,745 a 86,140 inscripciones a junio de este año.

Por último, la débil rectoría del MINEM para asumir el reto que involucra la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales se erige como uno de los grandes problemas que afectaron este proceso. Si bien la responsabilidad operativa de implementar el proceso recaía sobre los Gobiernos regionales, el gran director de orquesta debió ser el MINEM. Para ello, era necesario contar con un sistema interoperable que permita la articulación de las instituciones involucradas, el flujo eficiente de la información, la posibilidad de realizar seguimiento y monitoreo de los resultados del proceso en tiempo real y, sobre todo, la disminución de la carga operativa de los funcionarios mediante la automatización de ciertas revisiones. La Ventanilla Única de Formalización (VUF) fue un intento de esto, pero se han reportado diversas fallas, sobre todo para el flujo eficiente de la información.

En julio último, el MINEM publicó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal. En él propone dotar de asistencia técnica a los mineros, establecer nuevos espacios territoriales para el desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala, beneficios tributarios y lograr la trazabilidad de la comercialización del oro. Pero también ha propuesto acciones para atender los problemas destacados.

En específico, propone la creación del Sistema Nacional Interoperable de la Pequeña Minería Y Minería Artesanal (SNIPMMA), que serviría como canal unificador de los actores participantes en el proceso de formalización. Además, que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se encargue de desarrollar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, a efectos de conocer cuántos pequeños mineros y mineros artesanales son en realidad, y propone que el MINEM se encargue directamente del cierre del proceso de formalización considerando un plazo límite.

Todas estas propuestas ayudarían a concluir satisfactoriamente el proceso de formalización. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para poder implementarlas. Si bien este proyecto de ley es un paso importante del MINEM, es mucho más importante ver cómo planea implementarlo, cuál será su hoja de ruta, además de mantenerse firme ante intereses particulares que han visto en el REINFO el escudo perfecto para desarrollar sus actividades mineras sin ningún control, en un contexto de criminalidad y con un impacto negativo directo sobre la sociedad en su conjunto.

Realizado por: Jair Parihuana, analista senior de Videnza Consultores

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Un estudio publicado el jueves último en la prestigiosa revista “Science” calcula que 4.400 millones de personas carecen de agua potable segura en 135 países de ingresos bajos y medios. Esto supone más del doble de la estimación mundial realizada en el 2020 y equivale a más de la mitad de la población mundial.

La investigación recoge los cuatro componentes utilizados por la OMS y Unicef para medir el uso de servicios de agua potable gestionados de forma segura: si los hogares utilizan una “fuente primaria de agua mejorada” (como agua corriente, pozos y manantiales protegidos o agua embotellada), si es accesible in situ en el hogar, si está disponible cuando se necesita y si está libre de contaminación fecal y química (aspecto que no analiza el estudio por falta de información).

De los 135 países estudiados, aproximadamente la mitad carecía de datos nacionales previos. Por eso, los investigadores desarrollaron modelos utilizando un aprendizaje automático basado en datos geoespaciales y en datos existentes de encuestas en hogares.

Concluyen que, de los 4.400 millones de personas sin agua potable segura, 1.200 millones viven en el sur de Asia, casi 950 millones en África subsahariana, unos 850 millones en el este de Asia, casi 500 millones en el sudeste asiático y más de 400 millones en Latinoamérica y el Caribe. En esta última región, solo uno de cada cuatro habitantes tiene agua potable segura. Además, los resultados identifican la contaminación fecal como el principal factor limitante para conseguir agua potable segura para casi la mitad de la población estudiada.

En nuestro país, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento acaba de publicar el proyecto del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), en el que plantea apelar a tecnologías no convencionales para avanzar en dotar de agua potable a la población que hoy no cuenta con acceso a este servicio básico. Se trata de soluciones temporales que funcionarían mientras se concluyen las obras tradicionales que conectarán cada uno de los domicilios. Priorizarían colegios, postas, hospitales, viviendas de interés social, organizaciones de base (como comedores populares o albergues), comisarías, entre otros.

Con estas intervenciones, que demandarán el trabajo conjunto del Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y las empresas de servicios de saneamiento, estiman que se podría lograr que 3,15 millones de peruanos accedan por primera vez a agua potable, en un período de cuatro años y de manera progresiva.

Este sistema se ha usado con éxito en otras partes del mundo para incrementar el acceso al agua. El desafío está en que la gente acepte esta opción y, sobre todo, que efectivamente sea temporal y no una salida permanente.

Las políticas y prácticas suelen centrarse en mejorar el acceso al agua mediante la construcción de nuevas infraestructuras. Sin embargo, como lo confirma este preocupante estudio, el servicio de agua es mucho más que proporcionar acceso; es garantizar calidad y cantidad.

Para lograr este objetivo en el Perú es indispensable modernizar los modelos de gestión de agua y saneamiento. Una alternativa para lograrlo es incrementar la participación del sector privado en la gestión, siempre con indicadores de éxito en el logro de las metas de acceso con calidad. Prueba de ello es que la empresa que mejores indicadores de gestión tiene es Sedapal, debido principalmente a la incorporación del sector privado en sus procesos de producción y entrega de servicio. Aunque hay mucho por mejorar, considero que esta es sin duda la ruta a seguir.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio el 20 de agosto de 2024.

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En esta modalidad, primero se califica la idoneidad de los proveedores, se establecen los parámetros de calidad de los bienes por adquirir mediante una ficha técnica y se determina lo que se les quiere comprar. Es decir, quienes postulan deben superar estándares establecidos y solo ellos entran a competir en una puja de precios a la baja que, en teoría, permite al comprador obtener el precio más bajo posible. Estos procesos se dan por vía electrónica y buscan lograr un mecanismo que estimule la competencia y sea transparente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Lo que ha venido sucediendo es que un grupo de altos ejecutivos de empresas farmacéuticas pactó para “repartirse” las millonarias compras de medicamentos del Ministerio de Salud.

Así lo entiende el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que ha abierto un proceso administrativo sancionador contra 15 empresas y cinco personas naturales por la presunta colusión en licitaciones de medicinas al Estado entre el 2006 y el 2020. La hipótesis es que coordinaban para generar una imagen de falsa competencia y que el Estado se vea obligado a comprar a mayor precio.

De confirmarse estas prácticas, los involucrados deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Es inaceptable que se pretenda lucrar a costa de la vida y la salud de los peruanos. Si bien toda empresa que vende un producto busca sacar el mayor provecho, efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable.

Desde el lado del Estado también hay problemas. Debemos considerar que, en determinados casos, para evitar la escasez de medicamentos flexibiliza las compras y autoriza que cada hospital o unidad ejecutora lidere sus procesos de licitación. En lugar de efectuar adquisiciones grandes, cuyos volúmenes les permitirían obtener mejores precios, cada institución termina asumiendo sus propios procesos, a precios más altos.

Para evaluar qué otras estrategias se pueden utilizar para la compra eficiente de productos farmacéuticos, vale la pena revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el pasado 24 de junio. Primero, establece un avance tímido para las compras a través del catálogo electrónico. Este instrumento, como su nombre lo indica, es un catálogo con distintas empresas y productos precalificados que compiten en precio y calidad. Pese a que podría evitar prácticas colusorias, desde el 2009 no se ha avanzado nada en esta modalidad de compra en el sector farmacéutico.

Además, la ley plantea nuevos mecanismos de transparencia para contratos cuyos montos sean iguales o menores de ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Estas compras, que el año pasado representaron el 24% de las compras de bienes y servicios, ahora deberán ingresar en una plataforma llamada Pladicop. Es un avance porque añadirá mayor transparencia sobre los diferentes agentes, dotará de trazabilidad a las operaciones y permitirá una mejor toma de decisiones.

Sin embargo, si bien esta ley moderniza aspectos para procesos onerosos, no resuelve la carencia de una estrategia de adquisiciones del Estado que incluya indicadores de desempeño. Esta podría sustentarse en la llamada Matriz de Kraljic, que diferencia a los bienes en función de cuántos competidores hay en el mercado y de cuánto representan del gasto. Para cada cuadrante de la matriz existen mejores mecanismos de adquisición por implementar. En uno de esos escenarios, el catálogo electrónico es la mejor herramienta para productos como la mayoría de los farmacéuticos: con competencia en el mercado y que individualmente representan un gasto menor para el contratante.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, queda claro que, además de mejores prácticas, necesitamos adecentarlas.

Realizado por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio, el día 23 de julio de 2024.

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La pregunta que se cae de madura es si faltó plata para ejecutarla. La respuesta corta y simple es que; más bien, hubo muchísima plata, más que nunca en la historia económica registrada. Según el MEF, entre el 2019 y el 2023 se ejecutaron, en los tres niveles de gobierno, proyectos por un monto que supera los 111.000 millones que casi equivale al de la brecha de corto plazo del PNIC. Tuvo algún impacto ese gasto en el acceso a servicios básicos de la población. La respuesta simple y corta es muy poco o casi nada. Así, por ejemplo, entre el 2019 y la actualidad, según datos del INEI, el acceso a agua potable de la población en sus hogares se ha reducido del 89,9% al 88,6% y del saneamiento del 79,8% al 79,3%, a pesar de que en estas funciones se ejecutaron en dicho período más de S/19.000 millones. El porcentaje de establecimientos de salud en buen estado ha aumentado del 2,9% al 3,4%, el pavimentado de la red vial nacional se ha elevado también desde el 81,9% al 83,6%, y en donde hubo mejores resultados es ahí en donde el sector privado tiene el mayor rol en la provisión de servicios como lo fue en el sector de telecomunicaciones explicado por el mayor acceso a telefonía móvil (de 92,0% a 94,9%) e Internet (de 35,9% a 55,3%).

El MEF parece que va a tomar medidas importantes para mejorar la eficiencia del gasto en inversiones. Por lo pronto, ha reforzado con gente con conocimiento y experiencia a su dirección general encargada de la inversión pública y estaría por promover, en el marco de la recientemente aprobada delegación de facultades, una serie de medidas que mejoren el planeamiento y la ejecución de proyectos a escala nacional y subnacional.

Realizado por Milton von Hesse en el Diario El Comercio, el 06 de julio de 2024.

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El Perú ha llevado a cabo esfuerzos significativos para alcanzar la ambiciosa meta de lograr el 100% de cobertura en la inmunización infantil según edad, especialmente en los primeros meses de vida. Aunque los avances son prometedores, todavía queda un último tramo por recorrer. Este artículo explora el estado actual de la vacunación de niños y niñas menores de 12 meses a nivel nacional, comparando datos prepandemia con los más recientes, para lo cual utiliza la Encuesta demográfica y de salud damiliar (ENDES) (INEI, 2018-2023).

Entre 2018 y 2023, la cobertura de vacunación en el Perú mostró una tendencia positiva e incluso superó la cobertura prepandemia en este último año. En 2018, la cobertura nacional era del 73.3%; y, para 2023, aumentó a 77.5%, un incremento en 4.2 puntos porcentuales (pp). De manera similar, la cobertura según ámbito mejoró; sin embargo, este avance ha sido heterogéneo. En 2018, la cobertura en el ámbito urbano y rural era semejante: bordeaba el 73%. Pero para 2023 estas cifras cambiaron a 74.9% y 78.6%, respectivamente. El mayor aumento se observó en las áreas rurales, con un incremento de 5.5 pp, en comparación con 1.2 pp en áreas urbanas.

Al analizar los datos a nivel departamental, los resultados varían significativamente. Por un lado, departamentos como Moquegua, Tacna y San Martin, que superaban el umbral de cobertura del 80% en 2018, en 2023 redujeron su cobertura de manera significativa. Entre estos, resalta Moquegua por la situación crítica en la que se encuentra, con una reducción en 9.7 pp y registrando en 2023 que 3 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses no han recibido el esquema de vacunación de acuerdo con su edad. En contraste, Huánuco, Apurímac y Tumbes, que también superaban el umbral esperado a 2018, aumentaron aún más la tasa de niños y niñas menores de 12 meses con vacunas de acuerdo con su edad. En los tres casos, 9 de cada 10 infantes menores de un año siguieron el esquema de vacunación de manera oportuna.

Asimismo, departamentos que a 2018 no alcanzaron la cobertura del 80%, en 2023 lograron superar este umbral. Entre estos destaca Callao, Junín y Ayacucho, que en 2018 tenían una cobertura del 67.2%, 73.6% y 75.2%, respectivamente; y ascendieron en 21.3 pp, 8.3 pp y 6.7 pp. Otros ejemplos son La Libertad (+6.3 pp), Huancavelica (+4.8 pp), Piura (+4.4 pp) e Ica (+3.4 pp). Un caso particular es la Región Lima (Lima Provincias), pues en 2023 logró aumentar su cobertura de 75.6% a 91.4%, superando a departamentos como Apurímac y Tumbes que prepandemia estaban en una situación ejemplar.

En términos generales, 2023 ha sido un año de mejoras a nivel nacional. Sin embargo, es esencial que no bajemos la guardia pues, en promedio nacional, a 2 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses aún les faltan sus vacunas completas. Esta situación se agrava en departamentos como Lambayeque, Puno y Loreto donde, entre 2018 y 2023, los infantes menores de 12 meses que no accedieron a las vacunas se incrementaron de 3 a 4 de cada 10. Sin embargo, se evidencia el gran esfuerzo en estos departamentos para lograr cumplir con el esquema de vacunación de manera oportuna. De hecho, entre 2022 y 2023 Lambayeque pasó de 57.1% a 74.6%; Loreto, de 49.1% a 66.6%; y Puno, de 45.6% a 58.0%. Si bien a 2023 aún no superaban el umbral esperado, se encuentran por buen camino.

La cobertura universal en inmunización infantil es una promesa de salud para los niños y niñas en el Perú. Para garantizar un mejor presente y futuro para todos es necesario asegurar la vacunación para cada niño. Cada dosis administrada es un paso más hacia un futuro libre de enfermedades prevenibles. Si bien se han logrado avances significativos, es fundamental alcanzar el 100% de vacunación para salvaguardar la salud de los infantes, especialmente en los niños y niñas menores de 12 meses. Sigamos trabajando juntos para cumplir esta promesa y asegurar que cada niño y niña en el Perú tenga la protección que merece.

Realizado por: Paola Bustamante y Daniela Santander, directora y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

[1] Unicef define los conceptos claves “Zero-dose” y “Under-vaccinated” para caracterizar la situación de la cobertura de inmunización. El primero se refiere a aquellos niños que no han recibido ninguna vacuna; el segundo, a niños que han recibido algunas vacunas, pero no todas, según el esquema de vacunación planteado en el país respectivo.

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“Si no hay, tienen que comprar”, dice una trabajadora del hospital nacional Hipólito Unanue preguntada por el reportero sobre la falta de medicinas. Fármacos para tratar el cáncer, el sida, las enfermedades cardiovasculares, y que, en teoría, están cubiertos por el Seguro Integral del Salud (SIS).

Lo anterior grafica la carencia de un vínculo entre la programación, la compra, la gestión de inventarios, la demanda en los servicios y el pobre uso de las tecnologías de la información. En el caso del cáncer, otros productos pueden estar en riesgo de vencimiento, porque se adquieren sin tener una demanda sustentada en la cadena de prestación de los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y otros centros especializados. Esto es, se compran medicinas necesarias, pero no son usadas por la falta de una mirada sistémica, de procesos y la ausencia de articulación entre las distintas instancias del sistema de salud.

El Cenares, al no manejar información nacional de demanda, de suministro, de inventarios y de capacidad de uso de los hospitales más especializados, tiene un sobrestock de medicinas con el consecuente riesgo de su vencimiento.

Si bien la adecuada provisión de medicamentos y servicios es de larga data, el desmantelamiento de la meritocracia que emprendió el gobierno de Pedro Castillo, y que no corrige quien fue su vicepresidenta, muestra hoy sus resultados. Por ejemplo, una iniciativa que se liquidó fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecidas en el contrato, lo que permitía tener un menor tiempo de espera para las citas médicas, una mayor percepción de calidad, una mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, entre otras bondades. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y daba un menor margen para la corrupción. La única explicación de que se haya eliminado en lugar de replicarlo tiene que estar justamente ahí: qué importa la salud del resto cuando yo, funcionario corrupto, puedo sacar mi tajada.

Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, señala en el citado reportaje: “Nosotros, como médicos, día a día tenemos que estar obligados a pedir perdón a nuestros pacientes por no contar con los medicamentos, mientras lamentablemente vemos al señor ministro que, en lugar de hacer gestión en el ministerio, defiende a la presidenta y es portavoz o vocero del Gobierno en aspectos que no tienen nada que ver con esta crisis sanitaria que tanto nos preocupa y que nos indigna”.

Para más señas sobre la situación de nuestro sistema de salud, “Cuarto poder” denunció que el laboratorio de emergencias del hospital Arzobispo Loayza, que este gobierno reinauguró el pasado enero, no funciona. No solo está cerrado e inoperativo, sino que funge como depósito.

A ver si el Congreso de la República, tan diligente para aumentarse sus sueldos, pero tan poco dado a fiscalizar aspectos que impactan, literalmente, en la vida de los peruanos, decide poner los ojos en este tema.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Urge fortalecer el primer nivel de atención, para que cuente con profesionales de la salud con capacidad de resolver los problemas de la población que atienden. Además, que cuente con un sistema de historia clínica electrónica y plataformas de información interconectadas que permitan ahorrar tiempo y costos a los pacientes y al sistema, que opere en red para la referencia y contrarreferencia de pacientes, y que ofrezca los medicamentos que el médico receta.

Para lograr buenas prácticas de atención y gestión de información necesitamos alianzas entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a los asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecida en un contrato, lo que permitía tener menor tiempo de espera para las citas médicas, mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, mayor percepción de calidad, entre otros. Cada establecimiento de salud tenía asignada una determinada población a la que debía dar promoción, prevención y atención en salud.

Para incentivar a los prestadores de salud a lograr resultados sanitarios a menores costos, en las UBAP se optó por el financiamiento ca-pitado, donde a cada asegurado se le asignaba una tarifa a cambio de un determinado paquete de prestaciones de salud. Y se disponía de una plataforma digital para la historia clínica electrónica que permitía la trazabilidad de las atenciones brindadas y facilitaba otros procesos de soporte. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y tenía menor margen para la corrupción. Pese a todo ello, fue desactivado durante el gobierno de Pedro
Castillo. Es decir, en lugar de replicar las experiencias exitosas, aquí se eliminan.

Otro ejemplo de alianza público-privada que permite mejores resultados para los pacientes a menores costos es
Farmacia Vecina, un programa de Essalud que opera exitosamente en colaboración con la empresa Salog. Farmacia
Vecina convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos.
Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinasen lugares cercanos a su hogar. Este servicio es especialmente vital para los pacientes con enfermedades crónicas.

En conclusión, los retos para tener un sistema de salud de calidad en nuestro país son muchos, pero todos pasan por que el Ministerio de Salud asuma la labor rectora que le corresponde. Sin ello, los peruanos no tendremos la salud que necesitamos.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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