Es un deber moral

El Congreso debe censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Su clamorosa falta de experiencia en la materia que compete a su cartera debiera ser razón suficiente para su relevo en circunstancias normales. Pero en este caso en particular, su inexperiencia pasa a ser algo anecdótico cuando se considera la evidente vinculación del ministro con Sendero Luminoso.

Este no es otro caso de “terruqueo” –nefasta práctica que tristemente persiste en nuestra política– como el propio Maraví argumenta. En su caso existe un cúmulo de evidencias que lo vinculan con el pasado terrorista. Están los atestados policiales de los años 1981 y 1982 que lo involucran en acciones terroristas en Ayacucho (atentados contra una estación de Electroperú y contra el Hotel de Turistas de Huamanga, entre otros). Existen también dos senderistas confirmados –Víctor Reyes Cconislla y Juan Alarcón Gutiérrez– que aseguran que Maraví era “responsable de la zona norte” de Sendero en Ayacucho. Está también su vinculación con el CONARE, organismo fachada del MOVADEF del que, según el propio secretario general del SUTEP, fue dirigente. Por si esto fuera poco, Maraví fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por actos vandálicos contra establecimientos públicos y privados en Ayacucho en 2009.

Considerando este prontuario, su sola designación fue una afrenta para las familias de las más de 30,000 víctimas de Sendero Luminoso en el Perú. Por ello, la interpelación del día jueves estaba más que justificada, y también lo está la censura que ahora evalúa el Congreso.

La reacción del premier Bellido ha sido deslizar la posibilidad de una cuestión de confianza, mostrando una vez más su vocación destructiva. Se trata de un mecanismo legal al alcance del Ejecutivo, pero ¿está justificado apretar el botón rojo por un personaje como Iber Maraví?

En el pasado se ha aplicado la cuestión de confianza por censuras ministeriales con el objetivo de defender políticas de Estado, como lo hizo la administración de Pedro Pablo Kuczynski por Marilú Martens en 2017 (paradójicamente en el contexto de la huelga magisterial liderada por el hoy presidente Castillo).

En aquella oportunidad, lo que realmente estaba en juego no era la cabeza de la ministra, sino la continuidad de la reforma educativa que venía siendo golpeada por el fujimorismo desde la renuncia forzosa de su antecesor Jaime Saavedra. Era la defensa de un objetivo realmente trascendental para el gobierno y para la sociedad.

Pregunto: ¿qué política de Estado pretendería defender el gobierno con una eventual cuestión de confianza en favor de Maraví? La administración de Castillo ni siquiera cuenta con objetivos y estrategias claras en materia laboral que haya que blindar. Más aún, no debemos olvidar que hace solo 5 semanas, el propio Bellido fue quien pidió la renuncia del ministro Maraví tras la presión de la oposición y los medios –pedido que luego fue cantinflescamente revertido vía Twitter–. Es decir, hoy Bellido está dispuesto a usar el arma más poderosa a su alcance por un personaje que hace poco más de un mes quería defenestrar de su gabinete.

Hay momentos en que los actores políticos deben mostrar determinación. Si permitimos que un personaje como Iber Maraví se mantenga como ministro, estaremos marcando el estándar para lo que pueda hacer el gobierno en el futuro. Censurar a Maraví es un deber moral.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 03 de octubre de 2021 en el diario Perú 21.