¡Eres bonita!

Deberías venir más seguido con tu vestido amarillo, te queda muy bien.

Al director le gusta, lo pone de buen humor. Si, además, vas a su oficina y te reunes con él, le alegrarás el día.

Hoy, estos hechos continúan sucediendo. Quizás ese jefe nunca tocó a la trabajadora, pero usó a otra persona para transmitirle el mensaje. Este asistente lo verbalizó y siguió con su vida, como si fuese algo intrascendente y normal. Ella, en cambio, no pudo seguir trabajando en esas condiciones.

Lo descrito ¿encaja en el concepto de hostigamiento sexual laboral? Claro que sí, pues implica una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada por la persona hacia la que se dirige, y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante en el ámbito laboral.

Los comentarios, insinuaciones, miradas lascivas, acercamientos corporales y exigencias sexuales son conductas de naturaleza sexual. Entre las conductas sexistas están los comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos donde mujeres y hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro.

Entre 2019 y 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) registró un total de 194 denuncias por hostigamiento sexual laboral. De ellas, 123 se recibieron desde la plataforma de denuncias por hostigamiento sexual laboral, Estado sin Acoso y 71 fueron presentadas directamente en SERVIR.

Asimismo, en el marco de la presentación de #RUTAELSA2021, proyecto de GENDERLAB con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se evidenció que, en el ámbito laboral, existen acciones que están normalizadas o son toleradas, como los piropos, bromas de contenido sexual o sexista, bromas sobre orientación sexual, miradas persistentes, invitaciones reiteradas a salir y acercarse demasiado sin necesidad. Muchas veces estos hechos pasan inadvertidos pero, en caso de que alguna mujer reaccione, probablemente se dirá que está sobrereaccionando o exagerando. Y es altamente probable que los hechos no se identifiquen como hostigamiento sexual laboral.

Otro hallazgo importante es el que está relacionado a las respuestas recibidas ante la pregunta directa de si han estado expuestos/as a situaciones de hostigamiento o acoso sexual laboral en los últimos 24 meses. El 3% de hombres y el 6% de mujeres respondieron afirmativamente. Sin embargo, cuando les preguntaron por manifestaciones concretas, el resultado fue bastante mayor: al 22% le hicieron comentarios no bienvenidos sobre su apariencia física; otro 22% recibió miradas persistentes que resultaron incómodas, y al 16% le hicieron comentarios o bromas de contenido sexual o sexista.

Entonces tenemos evidencia que en nuestro país, el hostigamiento sexual laboral se encuentra activo en las instituciones públicas, ésta información es proporcionada por las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas y tenemos datos que esto sucede en los tres niveles de gobierno, siendo el nivel nacional, el que tiene el mayor número de casos, el detalle a continuación:

¿Y qué se hace con las denuncias recibidas en las oficinas de recursos humanos (ORH) de las entidades públicas?

Las ORH tienen un plazo máximo de tres días para dictar medidas de protección a favor de la víctima. Asimismo, en simultáneo inicia una investigación para determinar si procede o no el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), de ser positivo, se debe informar al Ministerio Público y proceder con el inicio del PAD, el cual no debe durar más de 30 días calendario. En caso de determinarse la existencia de Hostigamiento Sexual Laboral, se emite la resolución de sanción.

De la información sistematizada por SERVIR, se observa que, en 119 de las 194 denuncias, las Secretarías Técnicas de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD) de las entidades recomendaron que pasen a PAD. De este grupo, 56 tienen sanción, 12 pasaron a archivo y 51 continúan en seguimiento. De las 56 sanciones, 26 fueron destituciones registradas; es decir, hechos corroborados y con evidencia, conforme se detalla en el gráfico siguiente:

La evidencia hoy se genera a través de la plataforma Estado sin acoso de SERVIR, es sumamente importante, así como lo es conocer que las denuncias están siendo atendidas, sin embargo aún quedan casos en las ORH pendientes de seguimiento y sin información actualizada, por lo que el rol que tiene SERVIR como autoridad en materia de recursos humanos del sector público, es fundamental.

Su rol como supervisor del proceso en el acompañamiento a la víctima y en el seguimiento de cada uno de los casos en investigación contribuirá a que las entidades le den la prioridad de atención a la culminación de la investigación con la sanción respectiva y el registro correspondiente.

Ello acompañado del fortalecimiento a las acciones de sensibilización que contribuyan a generar conciencia sobre las situaciones que implican hostigamiento sexual laboral, dar a conocer las herramientas para presentar las denuncias, directamente por las víctimas o por quienes tengan conocimiento del hostigamiento sexual del cual está siendo víctima una compañera o compañero de trabajo, así como la sanción oportuna, contribuirán a los procesos de prevención del hostigamiento sexual en las entidades públicas.

Avanzar en la erradicación del hostigamiento sexual laboral, requiere de decisión política al más alto nivel y el liderazgo de la Presidenta del Consejo de Ministros para impulsar una agenda con compromisos concretos y medibles de cada una de las entidades del Estado, partiendo por los Ministerios y los Gobiernos Regionales, en línea de lo trazado en el discurso de Investidura, luchar contra la violencia de género, lo que permitirá velar por el derecho a trabajar, en el sector público, en libertad y protegidas y que hechos como los descritos al inicio de éste artículo, no se sigan repitiendo en nuestras entidades públicas.

Realizado por: Paola Bustamante, directora de Videnza Consultores

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Más alarmante aún: estas cifras representan un aumento del 36% respecto de los casos atendidos en el 2017. Asimismo, la incidencia fue mayor en las mujeres (65%) y el principal tipo de violencia atendido fue el psicológico (45%). Cabe precisar que los CEM son centros de servicios públicos para víctimas de violencia familiar o sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier tipo de acción que daña la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o negligencia. En el Perú, la Ley 30403 —aprobada en el 2015 y reglamentada tres años después— prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, al margen de dónde este se desarrolle: el hogar, la institución educativa, la comunidad o lugares afines. Estas definiciones abarcan desde gritos, palmadas o jalones de oreja, hasta casos de violencia sexual o trata de niños.

Entonces, cuando los padres o cuidadores corrigen a los niños con gritos, amenazas o indiferencia, los están maltratando. Cuando les jalan el cabello o les pegan con la mano u otro elemento, los están maltratando. Cuando no les ponen límites, los están maltratando. Cuando permiten que presencien violencia entre los padres o son expuestos a otros peligros, los están maltratando.

Lo anterior se evidencia en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES) del 2017, que recogió información acerca de la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad). En dicho sondeo, el 59% de las entrevistadas reportó que sus padres las golpeaban como forma de castigo, y el 43% que recibía una reprimenda verbal. Asimismo, de aquellas con hijos menores de 5 años, el 42% respondió que los corrigen principalmente hablándoles y explicándoles su conducta. Sin embargo, el 60% aplican la reprimenda verbal, el 34% les prohíben algo que les gusta, el 8% emplean golpes o castigos físicos, y el 13% apelan a palmadas.

¿Qué nos revelan estas cifras? Que las madres (y los padres) de hoy crecieron en medio de gritos y castigos físicos y, aunque en menor proporción, los aplican a sus hijos. Fuimos maltratados y repetimos el ciclo porque adoptamos prácticas normalizadas. De hecho, el 36% de las personas mayores a 18 años encuestadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2015 dijo estar de acuerdo con la aplicación del castigo físico si los hijos se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. Asimismo, el 24,5% coincidió en que los padres deben castigar físicamente a sus hijas o hijos si salen de casa sin su permiso o si llegan tarde. Un dato alentador, sin embargo, es que, en términos generales, la aceptación del castigo físico se redujo en 4 puntos porcentuales respecto a los resultados del 2013.

Además de generar estrés y sufrimiento inmediato en los niños, el maltrato infantil puede tener efectos a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los adultos que lo han sufrido presentan mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, caer en depresión, presentar obesidad y comportamientos sexuales de alto riesgo, tener embarazos no deseados y consumir tabaco, alcohol y drogas. A su vez, esto contribuye a un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cáncer e infecciones de transmisión sexual, e incrementa el riesgo de suicidio. Todo lo anterior tiene claros impactos en términos económicos: atender estas secuelas genera un mayor gasto en salud y en programas para la infancia. Estas, a su vez, reducen la productividad de los afectados.

Para ser una sociedad que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes requerimos un cambio de paradigma desde la política nacional hasta los hogares y las instituciones educativas. Es necesario diseñar e implementar una red de protección que involucre acciones intersectoriales cuyo objetivo sea garantizar buenos tratos a la infancia y la adolescencia a nivel nacional y que permitan responder oportuna y adecuadamente frente a casos que requieran atención. Esta política debe ajustarse a la realidad que viven los niños, e incorporar a actores de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a la comunidad en su conjunto. Además, para romper la cadena del maltrato, padres, madres, tutores y el personal directivo y docente de las instituciones educativas deben acceder a información que promueva los buenos tratos y que puedan aplicar diariamente.

Nos toca, a todos, ser parte del cambio.

Realizado por: Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

Ilustración: Jose Antonio Rojas

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Por violencia no solo entendemos agresiones físicas, sino también el uso del control, la coerción o las amenazas, y el abuso emocional, sexual, financiero o psicológico. Sus víctimas suelen presentar cuadros de depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, abuso de sustancias, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, lesiones físicas traumáticas, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos e inmunes, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, trastornos del dolor crónico, enfermedad de las articulaciones, asma o fibromialgia.

Luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que replanteará el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional 2018 para darle mayor énfasis a la lucha contra la anemia y contra la violencia hacia la mujer. Más allá de la comunicación, ¿qué debemos hacer para combatir esta última?

Una de las dificultades para desarrollar políticas públicas efectivas sobre violencia de género es la falta de datos fiables y pormenorizados que permitan dimensionar el problema, dada su estigmatización social. Además de brindar apoyo a las víctimas y castigar a los agresores debemos, sobre todo, enfocarnos en la prevención de la violencia: acabar con su normalización, poner el tema sobre la mesa para fomentar su abierta discusión, y entender el devastador impacto que tiene en quienes la padecen y en nuestros niños, testigos ocultos de este drama.

Un tema clave en prevención es tomar medidas la primera vez que la mujer presenta una denuncia policial. Es en ese momento cuando se debe trabajar con ella para que reconozca los ciclos de violencia, reciba soporte psicológico y no retroceda en su decisión. Y para ello la economía del comportamiento revela que muchas mujeres que inicialmente dicen querer terminar una relación abusiva regresan con sus agresores porque muestran inconsistencia temporal. Esto quiere decir que inmediatamente después del incidente del maltrato, su valoración de la relación es baja, pero a medida que su apego emocional se empieza a reactivar, su visión de la relación mejora y su conciencia de estar en riesgo disminuye. Los Centros Emergencia Mujer funcionan para la fase de atención, pero requerimos abordar el problema desde su origen. Y para ello es también fundamental trabajar con el agresor: terapia psicológica y grupos de apoyo han mostrado resultados favorables. Hay experiencias incluso de realidad virtual para maltratadores que han mostrado resultados positivos.

Otro espacio fundamental son los centros de trabajo. Debemos fomentar que las víctimas se sientan seguras y puedan recibir ayuda. Si sospechamos que una colega puede estar sufriendo de violencia, hablémoslo. Contribuyamos todos a cambiar la cultura en torno a la violencia de género.

Los crecientes movimientos sociales que reclaman igualdad de derechos y exigen acabar con los abusos nos muestran cómo la determinación para el cambio nace en la concientización. Estado, sociedad civil y sector privado debemos trabajar para fortalecer las leyes y garantizar su cumplimiento, y para cambiar las normas sociales que perpetúan la violencia.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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