Hace dos semanas, en este mismo espacio, escribí la columna “Madres a la fuerza”, donde comentaba cómo casi 1.000 niñas menores de 14 años son madres cada año en nuestro país, la gran mayoría producto de una violación (aunque legalmente todos califican como violación). Esa cifra adquiere un nuevo significado cuando se la coloca al lado de ese 0,38% de condenas. Es la fotografía completa de un sistema que no castiga a los agresores, pero sí impone la maternidad a las víctimas.

En ese contexto, la prensa destapó el caso del albergue La Casa del Padre, fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui y su esposo para acoger a niñas y adolescentes víctimas de violación. La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular aparecía en fotos sonriendo en un escenario al lado de una fila de estas niñas y adolescentes. Mientras algunas sostenían a sus bebés en brazos, otras se cubrían el rostro. Jáuregui ofreció disculpas por exponerlas y negó cualquier irregularidad.

Sin embargo, este último domingo, el programa “Punto final” denunció que ocho adolescentes se han escapado del albergue; que una menor murió en sus instalaciones, pero el hecho no fue reportado a las autoridades y se mantuvo un total hermetismo entre los vecinos; y que despidieron a un empleado que, por las noches, ingresaba al cuarto de las niñas.

Si bien Jáuregui asegura estar desligada de la dirección del local, su presencia es indiscutible, como lo revelan fotos publicadas por el albergue y en el portal del Congreso de la República durante su semana de representación. A pesar de que, como parlamentaria, ha promovido diversos proyectos de ley contra la regulación del aborto terapéutico, el Estado siguió derivando a su centro de acogida a menores de edad víctimas de violación.

Desde ciertos sectores se insiste en que quienes defendemos el aborto terapéutico en casos de violación promovemos una “cultura de la muerte”. Se nos acusa de trivializar el aborto, como si se tratara de una decisión ligera o caprichosa. Pero la realidad escapa a la ideología. El embarazo infantil implica riesgos de muerte materna, complicaciones obstétricas, anemia severa y partos prematuros. A eso se suma el daño psicológico de una gestación producto de una agresión sexual y luego asumir una maternidad para la que no hay preparación física, emocional, económica ni social. Defender el aborto terapéutico cuando la víctima lo desee o requiera no es promover la muerte, sino proteger a una niña víctima de hechos horrendos. De decidir continuar con el embarazo, es deber del Estado apoyarla para que pueda asumir su rol de madre en las mejores circunstancias posibles para ella y su bebé.

Es justo reconocer que cualquier institución que brinde techo, alimento y protección adecuada a una menor violentada cumple una función valiosa. Pero el problema aparece cuando esa ayuda se convierte en un modelo ideológico que se proyecta como política pública, cuando el debate médico y jurídico se reduce a una cuestión de fe donde el mensaje es que el embarazo debe continuar a toda costa.

Un Estado serio no puede delegar la atención de niñas violadas a instituciones sin protocolos claros, sin supervisión estricta y sin garantizar el acceso a todas las opciones legales disponibles. El problema no es la religión, sino la ausencia del Estado.

En el 2024, el mundo conoció la historia de la francesa Gisèle Pelicot, quien descubrió que su esposo llevaba 10 años sedándola por las noches para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa. Cuando el caso llegó a juicio, ella pidió que fuera público. “Es hora de que la vergüenza cambie de bando”, sentenció.

Ese debería ser también nuestro objetivo como país: que el estigma no lo carguen niñas obligadas a parir, sino que la condena social y judicial recaiga sobre los hombres que las violaron.

Escrito por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comerio

The post Que la vergüenza cambie de bando first appeared on Videnza Consultores.

The post Que la vergüenza cambie de bando appeared first on Videnza Consultores.

Más alarmante aún: estas cifras representan un aumento del 36% respecto de los casos atendidos en el 2017. Asimismo, la incidencia fue mayor en las mujeres (65%) y el principal tipo de violencia atendido fue el psicológico (45%). Cabe precisar que los CEM son centros de servicios públicos para víctimas de violencia familiar o sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier tipo de acción que daña la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o negligencia. En el Perú, la Ley 30403 —aprobada en el 2015 y reglamentada tres años después— prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, al margen de dónde este se desarrolle: el hogar, la institución educativa, la comunidad o lugares afines. Estas definiciones abarcan desde gritos, palmadas o jalones de oreja, hasta casos de violencia sexual o trata de niños.

Entonces, cuando los padres o cuidadores corrigen a los niños con gritos, amenazas o indiferencia, los están maltratando. Cuando les jalan el cabello o les pegan con la mano u otro elemento, los están maltratando. Cuando no les ponen límites, los están maltratando. Cuando permiten que presencien violencia entre los padres o son expuestos a otros peligros, los están maltratando.

Lo anterior se evidencia en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES) del 2017, que recogió información acerca de la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad). En dicho sondeo, el 59% de las entrevistadas reportó que sus padres las golpeaban como forma de castigo, y el 43% que recibía una reprimenda verbal. Asimismo, de aquellas con hijos menores de 5 años, el 42% respondió que los corrigen principalmente hablándoles y explicándoles su conducta. Sin embargo, el 60% aplican la reprimenda verbal, el 34% les prohíben algo que les gusta, el 8% emplean golpes o castigos físicos, y el 13% apelan a palmadas.

¿Qué nos revelan estas cifras? Que las madres (y los padres) de hoy crecieron en medio de gritos y castigos físicos y, aunque en menor proporción, los aplican a sus hijos. Fuimos maltratados y repetimos el ciclo porque adoptamos prácticas normalizadas. De hecho, el 36% de las personas mayores a 18 años encuestadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2015 dijo estar de acuerdo con la aplicación del castigo físico si los hijos se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. Asimismo, el 24,5% coincidió en que los padres deben castigar físicamente a sus hijas o hijos si salen de casa sin su permiso o si llegan tarde. Un dato alentador, sin embargo, es que, en términos generales, la aceptación del castigo físico se redujo en 4 puntos porcentuales respecto a los resultados del 2013.

Además de generar estrés y sufrimiento inmediato en los niños, el maltrato infantil puede tener efectos a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los adultos que lo han sufrido presentan mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, caer en depresión, presentar obesidad y comportamientos sexuales de alto riesgo, tener embarazos no deseados y consumir tabaco, alcohol y drogas. A su vez, esto contribuye a un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cáncer e infecciones de transmisión sexual, e incrementa el riesgo de suicidio. Todo lo anterior tiene claros impactos en términos económicos: atender estas secuelas genera un mayor gasto en salud y en programas para la infancia. Estas, a su vez, reducen la productividad de los afectados.

Para ser una sociedad que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes requerimos un cambio de paradigma desde la política nacional hasta los hogares y las instituciones educativas. Es necesario diseñar e implementar una red de protección que involucre acciones intersectoriales cuyo objetivo sea garantizar buenos tratos a la infancia y la adolescencia a nivel nacional y que permitan responder oportuna y adecuadamente frente a casos que requieran atención. Esta política debe ajustarse a la realidad que viven los niños, e incorporar a actores de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a la comunidad en su conjunto. Además, para romper la cadena del maltrato, padres, madres, tutores y el personal directivo y docente de las instituciones educativas deben acceder a información que promueva los buenos tratos y que puedan aplicar diariamente.

Nos toca, a todos, ser parte del cambio.

Realizado por: Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

Ilustración: Jose Antonio Rojas

The post Heridas que perpetúan el maltrato first appeared on Videnza Consultores.

The post Heridas que perpetúan el maltrato appeared first on Videnza Consultores.