Hace dos semanas, en este mismo espacio, escribí la columna “Madres a la fuerza”, donde comentaba cómo casi 1.000 niñas menores de 14 años son madres cada año en nuestro país, la gran mayoría producto de una violación (aunque legalmente todos califican como violación). Esa cifra adquiere un nuevo significado cuando se la coloca al lado de ese 0,38% de condenas. Es la fotografía completa de un sistema que no castiga a los agresores, pero sí impone la maternidad a las víctimas.

En ese contexto, la prensa destapó el caso del albergue La Casa del Padre, fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui y su esposo para acoger a niñas y adolescentes víctimas de violación. La congresista y candidata al Senado por Renovación Popular aparecía en fotos sonriendo en un escenario al lado de una fila de estas niñas y adolescentes. Mientras algunas sostenían a sus bebés en brazos, otras se cubrían el rostro. Jáuregui ofreció disculpas por exponerlas y negó cualquier irregularidad.

Sin embargo, este último domingo, el programa “Punto final” denunció que ocho adolescentes se han escapado del albergue; que una menor murió en sus instalaciones, pero el hecho no fue reportado a las autoridades y se mantuvo un total hermetismo entre los vecinos; y que despidieron a un empleado que, por las noches, ingresaba al cuarto de las niñas.

Si bien Jáuregui asegura estar desligada de la dirección del local, su presencia es indiscutible, como lo revelan fotos publicadas por el albergue y en el portal del Congreso de la República durante su semana de representación. A pesar de que, como parlamentaria, ha promovido diversos proyectos de ley contra la regulación del aborto terapéutico, el Estado siguió derivando a su centro de acogida a menores de edad víctimas de violación.

Desde ciertos sectores se insiste en que quienes defendemos el aborto terapéutico en casos de violación promovemos una “cultura de la muerte”. Se nos acusa de trivializar el aborto, como si se tratara de una decisión ligera o caprichosa. Pero la realidad escapa a la ideología. El embarazo infantil implica riesgos de muerte materna, complicaciones obstétricas, anemia severa y partos prematuros. A eso se suma el daño psicológico de una gestación producto de una agresión sexual y luego asumir una maternidad para la que no hay preparación física, emocional, económica ni social. Defender el aborto terapéutico cuando la víctima lo desee o requiera no es promover la muerte, sino proteger a una niña víctima de hechos horrendos. De decidir continuar con el embarazo, es deber del Estado apoyarla para que pueda asumir su rol de madre en las mejores circunstancias posibles para ella y su bebé.

Es justo reconocer que cualquier institución que brinde techo, alimento y protección adecuada a una menor violentada cumple una función valiosa. Pero el problema aparece cuando esa ayuda se convierte en un modelo ideológico que se proyecta como política pública, cuando el debate médico y jurídico se reduce a una cuestión de fe donde el mensaje es que el embarazo debe continuar a toda costa.

Un Estado serio no puede delegar la atención de niñas violadas a instituciones sin protocolos claros, sin supervisión estricta y sin garantizar el acceso a todas las opciones legales disponibles. El problema no es la religión, sino la ausencia del Estado.

En el 2024, el mundo conoció la historia de la francesa Gisèle Pelicot, quien descubrió que su esposo llevaba 10 años sedándola por las noches para que decenas de hombres la violaran mientras él lo grababa. Cuando el caso llegó a juicio, ella pidió que fuera público. “Es hora de que la vergüenza cambie de bando”, sentenció.

Ese debería ser también nuestro objetivo como país: que el estigma no lo carguen niñas obligadas a parir, sino que la condena social y judicial recaiga sobre los hombres que las violaron.

Escrito por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comerio

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En el Perú, desde hace 25 años, los indicadores de embarazo adolescente no disminuyen —se mantienen en alrededor del 13%—. Pero el confinamiento ha disparado los casos de menores de 10 años por violación, donde los agresores suelen pertenecer al entorno familiar.

El Estado tiene que trabajar ya y urgentemente en dos frentes. El primero es prevenir esta terrible situación de abuso que mata emocionalmente a nuestras niñas y alimenta un círculo dramáticamente vicioso de pobreza y sufrimiento. En el segundo frente, tiene la obligación de ofrecer una atención integral a la salud de las jóvenes gestantes. Ello implica asumir tanto su evaluación física y mental, como permitirles el aborto terapéutico. Esto es: poder interrumpir un embarazo si este pone en riesgo la salud de la madre.

Aunque el aborto terapéutico está autorizado en nuestro país cuando el embarazo es de menos de 22 semanas, las autoridades peruanas —como afirma el citado informe— deben asistir los casos de menores porque sus embarazos representan, de por sí, enormes riesgos a sus vidas.

Entre la desafiante lista de prioridades que las nuevas autoridades deben abordar, urge incluir el combate multisectorial de esta pandemia de abuso contra nuestras niñas. Entre otras acciones que suscribimos desde esta columna, el Ejecutivo debe ejecutar una agenda clara de protección, y el Congreso debe dictaminar y ponerle fecha al debate del Proyecto de Ley 387/2016-CR, que despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación sexual.

Por su parte, el Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos subnacionales, debe fortalecer las capacidades de las niñas y adolescentes para prevenir la violencia hacia ellas y los embarazos, capacitar a la comunidad (incluyendo enfáticamente la educativa) para trabajar en evitar violencia sexual y garantizar la protección de las niñas; y establecer lineamientos de actuación obligatoria frente a casos de menores con sospecha o confirmación de embarazo.

Al Ministerio de Salud se le propone elaborar un registro sistematizado y actualizado con información por edades, aunque anónimo, de todas las víctimas de violación sexual. Y cumplir con lo estipulado por la guía de estandarización del aborto terapéutico no punible. Sin embargo, considero que también se debe desplegar, desde los establecimientos de salud, estrategias con los padres y cuidadores para proteger a los menores, así como incluir la píldora del día siguiente como parte de los protocolos inmediatos de atención.

La Cepal anticipa que, producto de la pandemia, el número de niños y adolescentes que viven en pobreza monetaria en América Latina aumentará en 7,6 puntos porcentuales hasta llegar a 51,3%. Es decir, afectará a uno de cada dos. En este contexto de abrupta precarización, es más urgente que nunca proteger a los más vulnerables.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 25 de julio del 2021 en el diario La República.

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