Sin lugar a duda, en un país tan inestable y polarizado como el nuestro, mucho ha pasado en esta última década. Hoy las realidades económica, social y política son bastante distintas y, lamentablemente, no para mejor. En el 2014 el presidente era Ollanta Humala, el tercero elegido democráticamente desde el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de vacancias presidenciales ni de disoluciones constitucionales con tanta ligereza como ahora. En economía, la producción venía de crecer a tasas de hasta 6%, y la pobreza se había reducido en 8 puntos porcentuales en apenas cuatro años: pasó de 30.7% a 22.7%. El panorama pintaba prometedor.

Pero, tras las elecciones del 2016 empezó este periodo caótico del cual aún no podemos salir. Tras asumir la Presidencia en julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una férrea oposición desde el Congreso de la República que, sumada a sus propios errores, lo llevan a renunciar en marzo del 2018. No obstante, ya desde fines del 2016, la agenda estaba agitada por el estallido del caso Lava Jato, del que forma parte el caso Odebrecht.​

El 2017 llega con acontecimientos como los fuertes impactos del fenómeno de El Niño, y la orden de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. En contraposición, la noticia que sin duda salva el ánimo nacional es la clasificación del Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, el Mundial de Rusia 2018.

Hacia fines del 2017 se da el primer intento de vacancia a PPK. En marzo del año siguiente, tras la revelación de nuevos escándalos de corrupción, PPK se ve forzado a renunciar. Desde ese año nos hemos vuelto expertos en vacancias, pedidos de confianza y disoluciones. Además, las noticias judiciales se hacen parte común de nuestra política. En mayo del 2018 se solicita la extradición de Alejandro Toledo, en octubre se dicta prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

El 2019 no se queda atrás: en abril el expresidente Alan García se suicida para evitar su detención y en setiembre, el entonces mandatario Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Nuestro PBI no vuelve crecer por encima de 4% y la pobreza casi que no se reduce.

Desde 2020, y por los siguientes dos años, la COVID-19 marca la agenda de todo el planeta. En nuestro país los resultados son devastadores, con más de 200,000 muertos, personas suplicando por oxígeno, y escenas dantescas de familias con sus hijos en hombros caminando cientos de kilómetros para volver a sus comunidades de origen. La pandemia nos muestra, de la manera más cruda, lo mucho que teníamos por mejorar. Esto mientras, en plena emergencia sanitaria, el Congreso decide vacar al presidente, se desatan protestas violentas en Lima y el escándalo del “Vacunagate” termina por mellar la moral nacional. Luego vendrían las elecciones del 2021 y todos los escándalos que, dada su cercanía en el tiempo, ya no vale la pena recordar.

La intención de este resumen, poco exhaustivo y sin duda con muchos vacíos, no es deprimir al lector, aunque así lo parezca. Busca valorar y dimensionar la magnitud del esfuerzo de los peruanos por tratar de salir adelante. En el caso de Videnza, seguimos y seguiremos comprometidos con construir valor para nuestro país.

Escrito por: Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto 

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Esta misma transformación digital nos trae hoy un nuevo reto: la inteligencia artificial (IA). Según el libro “Desarrollo y retos de la inteligencia artificial”, de Yuniesky Coca Bergolla y  Miguel Llivina Lavigne con el apoyo de la UNESCO, la IA es la habilidad que tiene una máquina para presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Es decir, pueden percibir su entorno, relacionarse con él, resolver problemas y actuar con un fin específico. La máquina recibe datos, los procesa, responde a ellos para dar una posible solución y almacena ese conocimiento para poder aplicarlo en un contexto similar.

Lo que antes solo lo creíamos posible a través de una pantalla de cine o en los libros de ciencia ficción, hoy es una realidad. Para el ámbito educativo, la IA puede tener un impacto significativo si es direccionada para homogeneizar el terreno de acceso, eficiencia y efectividad de la educación.

Dentro de los principales beneficios de la IA en la educación podemos encontrar:

1. Personalización del aprendizaje: la IA puede adaptar el ritmo y el enfoque del aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante.
2. Mayor eficiencia: la automatización de tareas administrativas, como el seguimiento de asistencia y calificaciones, permite a los docentes dedicar más tiempo a la enseñanza práctica.
3. Mayor objetividad: al utilizar herramientas de evaluación basadas en IA, se reduce la subjetividad y se mejora la precisión de las calificaciones.
4. Detección de dificultades de aprendizaje: la IA puede identificar patrones y variaciones en el rendimiento de los estudiantes, lo que permite a los profesores detectar posibles dificultades de aprendizaje y abordarlas de manera temprana.
5. Retroalimentación inmediata: hace posible obtener información en tiempo real sobre el progreso de los estudiantes, lo que facilita la retroalimentación y el ajuste del enfoque de enseñanza.
6. Investigación y análisis: se pueden realizar análisis de grandes conjuntos de datos para potenciar la investigación docente y mejorar la eficacia de su enseñanza.

Estas mismas oportunidades, sin embargo, traen consigo riesgos y límites que deben ser considerados para que la IA sea una herramienta que contribuya a afianzar, y no a destruir, los lazos humanos que se extienden entre los participantes del ciclo de aprendizaje: estudiantes, padres de familia y plana docente. Entre los aspectos que aún falta resolver, podemos mencionar:

1. Posible deterioro de la interacción humana en el aula: a medida que la tecnología se vuelve más presente, es necesario mantener un equilibrio adecuado entre el uso de la IA y la participación directa de los profesores y estudiantes Fomentar la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales. No podemos perder de vista que la IA carece de la capacidad humana de empatizar y entender las emociones de los estudiantes.
2. Necesidad de asegurar que los sistemas de IA sean justos e imparciales: los algoritmos deben ser personalizados y revisados considerando aspectos culturales o sociales para evitar decisiones injustas producto de sesgos.
3. Preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos: el uso de IA implica recopilar y analizar información personal, lo que plantea interrogantes sobre cómo se almacena, protege y utiliza esos datos. Es fundamental establecer políticas claras y mecanismos de seguridad para garantizar la confidencialidad y la protección de la información de los estudiantes y de la plana docente.
4. Transparencia, explicabilidad de los algoritmos y capacitación: los involucrados en el proceso educativo deben entender a plenitud cómo funcionan los algoritmos utilizados y cómo se toman las decisiones basadas en ellos. Solo así podrán ver la manera más efectiva de integrarlos.
5. Demanda fuerte inversión en infraestructura tecnológica.

El uso de la IA en la educación presenta tanto ventajas como desafíos importantes que deben ser abordados de manera proactiva por los especialistas. Recordemos que la educación es una de las vías más poderosas para transformar positivamente el mundo, pero debemos asegurarnos de que la tecnología que utilizamos sea para mejorarla y no para dañarla. De no abordarse los retos éticos y de privacidad en la educación impulsada por la IA, corremos el riesgo de perpetuar desigualdades y retroceder lo ganado.

Desde Videnza Escuela de Gestores creemos firmemente que debemos empezar a plantear una agenda de trabajo conjunto entre desarrolladores de tecnología, educadores, Gobiernos y líderes educativos. Solo así podremos avanzar hacia procesos educativos justos y equitativos para las futuras generaciones.

Realizada por: Katherine Campos, coordinadora de Comunicaciones y Capacitaciones de Videnza

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A finales del año pasado, casi el 70% de pacientes diabéticos no tenía la enfermedad controlada; es decir, presentaba niveles de azúcar en la sangre superiores a lo óptimamente establecido (Minsa-CDC, 2023). Ello aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones renales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Según datos del estudio “Estimación de la carga económica de la diabetes mellitus tipo 2 en el Perú” realizado por Videnza Consultores en 2021, esto puede llegar a costar al Estado hasta 6.5 veces más que atender un paciente controlado.

¿Hasta qué punto las intervenciones tradicionales de política sanitaria pueden revertir esta preocupante situación? Es innegable la importancia de fortalecer el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención, incrementar la disponibilidad de recursos físicos, humanos y farmacológicos, y reforzar el sistema organizacional. Sin embargo, esto podría no ser suficiente.

Uno de los grandes desafíos para hacerle frente a la diabetes recae en su naturaleza crónica. Dada la ausencia de una cura efectiva, el control de la enfermedad depende, en gran medida, de cuán constante sea cada paciente con su tratamiento. Ello implica no solo la toma oportuna de los medicamentos prescritos y chequeos médicos regulares, sino también el seguimiento de una dieta balanceada, un régimen regular de actividad física y el abandono de vicios como el consumo de cigarrillos.

Este cambio de comportamiento resulta muy difícil de cumplir para la mayoría de pacientes, incluso cuando cuentan con toda la información necesaria para hacerlo. Y es que las personas no somos completamente racionales; no siempre estamos buscando optimizar recursos o maximizar nuestra utilidad. Por el contrario, nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones, instintos, preferencias y nuestro entorno social. Así, los pacientes diabéticos presentan una serie de sesgos que les impiden adoptar sostenidamente las medidas necesarias para controlar su enfermedad.

Según este estudio realizado en Argentina, entre los principales sesgos están el exceso de confianza y optimismo: los pacientes se resisten en reconocer la envergadura de su enfermedad, menosprecian sus repercusiones y, por ende, se involucran en conductas de riesgo como faltar a sus controles médicos o retrasar su tratamiento. Además, existe un marcado sesgo hacia el presente que los lleva a darle más valor a la satisfacción inmediata (como comer un antojito o mantener el sedentarismo), que a los beneficios futuros, incluso cuando saben que estos últimos pueden ser mayores. Y ejercer autocontrol es agotador y tiende a deteriorarse a lo largo del tiempo. Los autores definen a esta conducta como agotamiento del ego, que dificulta tremendamente mantener conductas saludables en el largo plazo.

Considerando lo anterior, resulta evidente que incluso el mejor tratamiento médico solo podrá ser eficaz con un cambio en la actitud del paciente. Una aliada para aportar con soluciones es la economía del comportamiento con la implementación de intervenciones nudge. Estas consisten en influir en el comportamiento de las personas mediante modificaciones en la “arquitectura de la elección”. Al alterar sutilmente su entorno social y físico, buscan impulsar cierto tipo de conductas pero sin restringir opciones u obligar a tomar una opción en particular (Kwan, y otros, 2020; Yoong, y otros, 2020).

Diversos estudios concuerdan que las intervenciones nudge ofrecen un enfoque prometedor para tratar la diabetes. Entre las estrategias más comunes destacan la configuración de opciones predeterminadas, las alertas o recordatorios, la influencia y el modelamiento social.

La primera consiste en establecer opciones predeterminadas que faciliten el camino hacia el comportamiento deseado (Wolf, Sant’Anna, & Vilhelmsson, 2022). Por ejemplo, se puede optar por establecer fechas predeterminadas para citas médicas de seguimiento para aquellos pacientes que asisten previamente a una. De esta manera, sin esfuerzo adicional se impulsaría a los pacientes a continuar con sus controles. Las alertas o recordatorios también han logrado resultados efectivos para la consistencia en el tratamiento médico. (Kwan, y otros, 2020). Finalmente, la influencia y el modelamiento social han sido estrategias utilizadas para motivar a los pacientes a implementar comportamientos más saludables. Sesiones para compartir experiencias los incentivaron a mejorar su dieta, actividad física, automonitoreo y control de su enfermedad (Kwan, y otros, 2020).

En definitiva, comprender la naturaleza del comportamiento de los pacientes diabéticos resulta esencial para controlar y combatir esta enfermedad. Las intervenciones nudge pueden constituir herramientas valiosas que, bien diseñadas y adaptadas al contexto particular de la población peruana, permitirían superar las barreras conductuales que hoy limitan el éxito de los tratamientos.

Realizado por: María Laura Rosales y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En el Perú, cada año se reportan 70,000 casos nuevos y 35,000 defunciones, que afectan en mayor porcentaje a las mujeres (53%). Asimismo, registramos una de las mayores incidencias de cáncer de cuello uterino en la región: mientras que en Chile y Colombia las incidencias son de 11 y 15 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente, el Perú registra cerca de 22 casos (Globocan, 2020).Estas cifras podrían incrementarse por la tendencia demográfica al envejecimiento. Además, la pandemia COVID-19 agravó el acceso a una atención oportuna de las enfermedades oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud (2018) señala que Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco y Ayacucho presentan una alta vulnerabilidad en la atención y control de cáncer. A ello se suman deficiencias en la ejecución del presupuesto para el abastecimiento de productos oncológicos. Prueba de ello es que al 14 de julio de este año, solo se ha utilizado el 12.7% del presupuesto destinado a productos farmacéuticos bajo el programa presupuestal de prevención de cáncer.

En este contexto, en los últimos años se buscó atender el problema del cáncer priorizando una perspectiva jurídica. Es así que en agosto del 2021 se publicó la Ley Nacional del Cáncer, cuyo objetivo principal es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. En marzo del 2022, se publicó el reglamento de la ley, que establece 16 disposiciones complementarias que favorecen el financiamiento, abastecimiento y prestación de servicios oncológicos. Sin embargo, a la fecha solo se han implementado 7 de estas.

Una de las disposiciones que están en pendientes es la definición de criterios para la aplicación de los mecanismos diferenciados de adquisición (MDA). La realización de nuevas modalidades de adquisición de tecnologías sanitarias oncológicas agilizaría su abastecimiento, facilitaría el monitoreo y asignación del presupuesto por paciente, y alentaría el acceso oportuno a tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes.

Destacaremos dos mecanismos ya utilizados en otros países y que pueden ser incorporados en el Perú para el acceso a tecnologías oncológicas nuevas. Se trata del uso de Real World Data (RWD) y los acuerdos de riesgo compartido (ACR). Veamos el alcance de estos mecanismos y algunos ejemplos de su aplicación.

El uso del RWD refiere a recopilar información sobre el estado de los pacientes de distintas fuentes como historias clínicas electrónicas, registros de farmacovigilancia, registros de productos o enfermedades, así como de dispositivos digitales o personales. El objetivo es evaluar la efectividad de una nueva tecnología a cambio de facilitar su acceso a los pacientes. El potencial de estos datos será significativo como resultado de la expansión de las historias clínicas electrónicas en el sistema de salud y del mayor uso de medios que registran información sobre el estado de salud de las personas. Además, favorecen la articulación con la academia y generan evidencia científica.

A nivel internacional, Estados Unidos y Europa han incorporado lineamientos para el uso de evidencia del mundo real en sus procesos regulatorios. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha evaluado 88 medicamentos utilizando exclusivamente este tipo de datos. En el caso de tratamientos oncológicos, está la experiencia del biosimilar de bevacizumab (Bevax®) en Argentina (Fernandez, et.al, 2018). Para la evaluación de los efectos adversos relacionados con su uso, los autores revisaron los registros de tratamientos de pacientes tratados con el medicamento, y los resultados indicaron que tiene un nivel de eficacia y seguridad comparables al medicamento biológico de referencia.

Por su parte, los ACR son mecanismos que favorecen el acceso a medicamentos particularmente costosos para los financiadores y sobre los cuales se tiene incertidumbre sobre su costo-efectividad. Estos mecanismos pueden ser diseñados para distribuir entre el pagador y el laboratorio el riesgo financiero, los riesgos relacionados a resultados sanitarios o ambos (Kwong, et. al, 2014).

En España, uno de los primeros acuerdos de riesgo compartido se dio con el bortezomib (Velcade^®), un medicamento aprobado para tratar pacientes con mieloma múltiple. El acuerdo de riesgo compartido consistía en que los pacientes recibieran el tratamiento a un precio acordado entre las partes bajo la condición de que aquellos que respondieran a los cuatro ciclos iniciales (indicado por una reducción del 50% de la proteína M) continuarían el tratamiento. En cambio, en aquellos para quienes la progresión de la enfermedad no se detuvo, se interrumpiría el tratamiento y el financiador podría solicitar el reembolso (Espín et. al, 2010).

Portugal accedió al uso del medicamento pertuzumab (Perjeta^®) mediante un acuerdo de riesgo compartido donde el laboratorio se comprometió a brindar el tratamiento libre de costo mientras se evalúa su efectividad mediante el uso de RWD. Los resultados de la evaluación clínica muestran una mayor tasa de supervivencia entre los pacientes que accedieron al uso de este medicamento en comparación del contrafactual. No obstante, se requieren sistemas de información que emitan reportes oportunos para la evaluación (Monteiro & Loff, 2019).

De esta manera, la incorporación de Real World Data y los ACR pueden representar una transformación para la atención oncológica en el país. Estos mecanismos favorecen la agilidad y la transparencia en los procesos de evaluación y adquisición de los productos farmacéuticos, y permiten la inclusión de los distintos involucrados como pacientes, industria y organizaciones sanitarias en la generación de evidencia. Además, promueven la sinergia entre actores, la innovación y el impulso de la digitalización en el sector salud.

Realizado por: Mauricio Ibañez y Ana Gonzales, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Tal es el caso de las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Las API son cruciales no solo para mejorar las operaciones administrativas y la prestación de servicios públicos, sino también para involucrar a la sociedad civil. Al establecer reglas de cooperación entre dos partes (que pueden ser entidades del Estado, ciudadanos o empresas), facilitan el flujo de datos y el desarrollo de soluciones digitales (The Future of Digital Government: Trend, Insights and Conclusions. ONU, 2022).

Las API en el sector público no son un tema nuevo, porque se vienen desarrollando desde el 2010. Sin embargo, destacan casos como el de Singapur (Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018, OECD) y la región de Lombardía, en Italia, que han logrado usarlas para implementar entornos digitales (APEX y E015, respectivamente). En el primer caso, por medio del APEX se logró reducir el número de veces que un ciudadano debe registrar su información básica cuando hace un trámite. En el segundo, a través del E015 se logró brindar información actualizada sobre las estaciones de carga eléctrica de todos los operadores en la región.

Otro caso es el de las tecnologías en órbita terrestre baja (LEO, en inglés). En caso de desastres, es esencial mantener redes de comunicación operativas que permitan planificar operaciones y administrar recursos (ONU, 2022). Sin embargo, la conectividad de una red de internet convencional puede interrumpirse tras un desastre natural, lo que dificulta conocer el estado de la población en tiempo real. Los sistemas de cómputo y satélites en órbita terrestre pueden proveer acceso a internet sin riesgos de corte. De hecho, esta tecnología está ayudando al Gobierno ucraniano a asegurar la continuidad de sus servicios durante la guerra que mantiene con Rusia, gracias a que cuenta con centros de datos en distintos puntos de Europa que reciben información sobre eventos derivados de este conflicto. Esto permite a Ucrania  gestionar una estrategia más exacta y eficiente de distribución de agua, alimentos y medicinas a las poblaciones afectadas por la guerra.

La necesidad de articular todas las plataformas de las instituciones públicas en una sola es una realidad, por ejemplo, en Corea del Sur (CEPAL, 2021). En 2016, en línea con su estrategia nacional de digitalizar la administración pública, implementó el On-Nara Business Process System (On-Nara BPS), donde los documentos oficiales del Estado son creados, procesados y almacenados. La plataforma funge como una única mesa de partes, donde un funcionario puede enviar y recibir cualquier tipo de documento desde cualquier otra institución gubernamental. Esto permite ahorrar costos de almacenamiento de información y evitar la duplicidad de los datos. Al 2021, la plataforma era usada por 289 instituciones gubernamentales y más de 890,000 usuarios, y albergaba más de 125 millones de documentos procesados.

De manera más experimental, algunos países están empezando a utilizar algoritmos predictivos. Países Bajos identificó 74 casos en los que la administración pública hace uso de estas herramientas, especialmente en servicios relacionados a asistencia social, prevención de crímenes y procesos administrativos. Sin embargo, su uso todavía sigue en etapa de prueba porque la recolección de información es compleja, y su tratamiento no siempre es transparente o tiene sesgos que son difíciles de superar (van Veenstra, Grommé, Djafari; 2021).

Todos estos ejemplos muestran que un Estado puede incorporar los avances tecnológicos para ser más eficiente en sus procesos y para entregar más y mejores servicios públicos. Tal vez el Perú todavía está lejos de poder implementar soluciones similares a las presentadas, pero puede empezar por fomentar la participación de las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos en espacios de desarrollo de soluciones digitales; estandarizar y ordenar la mayor cantidad de información posible; y hacer transparentes estos procesos. Todas ellas fueron condiciones necesarias y comunes a todos los casos.

Realizado por: Franco Sebastiani y Henry Quiche, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Durante el Fenómeno El Niño de 2017 hubo 143 fallecimientos, más de 230,000 damnificados y más de 1 millón de personas afectadas. También se registraron miles de viviendas colapsadas, afectadas e inhabitables. Este año, con el ciclón Yaku de 2023 hubo 69 fallecimientos, alrededor de 13,000 damnificados y 80,000 afectados. Además, se reportaron numerosas viviendas colapsadas, afectadas e inhabitables.

Lima, La Libertad y Piura son especialmente vulnerables a los impactos del Niño. Comex Perú estimó que, entre marzo y mayo de 2023, alrededor de 1,619,610 personas estaban expuestas a desplazamiento de masas en Lima, mientras que en La Libertad la cifra era de 1,381,243 personas. Para Piura, calculó que 527,092 personas están en alto riesgo de inundaciones. Estas cifras destacan la magnitud de la vulnerabilidad en estas regiones y la necesidad urgente de tomar medidas preventivas y de respuesta para proteger a las comunidades afectadas.

En ese contexto, es preocupante que las autoridades no estén utilizando el presupuesto asignado para hacer frente a esta inminente crisis. El manejo del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en los tres niveles de gobierno ha sido insatisfactorio: hasta la fecha, solo unos pocos han logrado ejecutar ligeramente más del 40% del presupuesto asignado a estas regiones, a pesar de haber rebasado ya la mitad del año.

La web de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas revela que, al 3 de julio, el presupuesto ejecutado por el Gobierno central para reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en La Libertad, Lima y Piura representa solo el 26% del total asignado. Por región, se ha ejecutado solo el 42%, el 27% y el 18%, respectivamente.

En cuanto a los Gobiernos regionales, La Libertad ha ejecutado el 32% del presupuesto asignado, Lima el 30% (cabe señalar que esta cifra incluye los gastos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de no ser así, la ejecución sería de tan solo el 20%) y Piura solo el 29%, hasta el 3 de julio. Y en los Gobiernos locales, las cifras son de 43%, 39%, y 40%. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de respuesta en todos los niveles de gobierno.

Un Fenómeno El Niño intenso no solo representa un riesgo para vidas humanas y el bienestar social, sino que puede tener graves repercusiones económicas. En estudio del Dartmouth College estima que podría generar un costo global de alrededor de USD 3,4 billones en los próximos cinco años. Los autores indican que la recuperación económica después del fenómeno no es inmediata y, en el pasado, se ha observado caídas en la producción económica de hasta un 10%, en países afectados en eventos anteriores. Los daños en la infraestructura, las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y las pérdidas en la producción agrícola agravan aún más la situación económica.

La falta de ejecución del presupuesto destinado a emergencias en las regiones más vulnerables de nuestro país es una situación preocupante que requiere una respuesta inmediata. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben tomar medidas concretas para evitar pérdidas humanas y daños materiales irreparables. Ante la falta de preparación en estas zonas, surge una inquietante interrogante: ¿Serán las autoridades capaces de velar por la protección de la población y mitigar los posibles efectos de este fenómeno?

 Realizado por: Verónica Tello, analista senior de Videnza Consultores

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En los últimos años, la industria de las apuestas deportivas en el Perú ha crecido significativamente. De acuerdo con Ojo Público (2022), existen más de 50 casas de apuesta operando en el país. La mayoría de ellas lo hace a distancia y algunas están constituidas a nivel local. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las apuestas deportivas generan ingresos por más de S/ 4500 millones anuales a empresas no constituidas en el país.

El vínculo con el deporte no solo se basa en las apuestas deportivas, sino en la publicidad que se emite en las transmisiones deportivas y los auspicios que realizan a las principales ligas y equipos. Por un lado, las ligas de primera división de fútbol y vóley tienen como auspiciador principal a Betsson y Apuesta Total, respectivamente. Al mismo tiempo, las transmisiones deportivas cuentan con múltiples anuncios de casas de apuestas e incluso la selección peruana de fútbol tiene como auspiciador principal a una casa de ellas.

Por otro lado, 13 de los 19 clubes de fútbol de la Liga 1 Betsson 2023 tienen como patrocinador principal a una casa de apuestas deportiva, mientras que otros tres tienen el patrocinio de casas de apuestas, pero bajo la modalidad de patrocinio no principal. Es decir, el 85% de los equipos de primera división peruana son patrocinados por alguna casa de apuestas.

Ilustración 1: Equipos de la Liga 1 Betsson 2023 con casas de apuesta como patrocinador principal

Este apabullante crecimiento de las apuestas deportivas resulta preocupante en términos de salud pública en tanto puede generar efectos adversos en la salud y la productividad laboral (Humphreys, et al., 2019; Etuk, et al., 2022). Las problemáticas relacionadas a la salud mental y adicciones a los juegos de azar no son la excepción en esta industria.

Distintos estudios han identificado que las propagandas son más efectivas y tienen mayores impactos sobre los apostadores con problemas o con adicciones, y que la presencia de personajes importantes o de mujeres atractivas genera una mayor atención en los apostadores en general (Hing, et al., 2015; Hing, et al., 2016). Asimismo, los apostadores, independientemente de la frecuencia con la que juegan, tienden a mostrar elevados sesgos de exceso de confianza y la percepción de tener bajo control sus estrategias de apuesta lo cual facilita la generación de problemas de adicción a los juegos de azar (Huberfeld, et al., 2013; Erceg & Galić, 2014). En ese sentido, la mayor exposición  y la facilidad en el acceso a las apuestas deportivas generan una mayor necesidad y relevancia de las políticas públicas para regular estas posibles afectaciones a la salud mental.

En ese sentido, diversos estudios han formulado algunas recomendaciones de política para una mejor regulación de la industria de apuestas deportivas y mitigar sus impactos en la salud pública. En cuanto a la publicidad y anuncios, las recomendaciones se orientan a prohibir aquellos que relacionen los juegos de azar con la generación de ingresos; al mismo tiempo que se debe fomentar una mayor reflexión en medios de comunicación sobre los riesgos de las apuestas deportivas (Bunn, et al., 2020). De hecho, un estudio realizado en Australia encontró que detallar los términos y condiciones clave de las promociones en los anuncios de apuestas deportivas disminuye su atractivo para los apostadores (Hing, et al., 2019).

En cuanto a los problemas inherentes de las apuestas deportivas, países como Noruega, Suecia y el Reino Unido han implementado medidas que limitan los montos de apuesta o las pérdidas de los usuarios para controlar los problemas más críticos de las apuestas que se relacionan con montos apostados cada vez más altos. Otros países han implementado el envío masivo de mensajes para fomentar prácticas responsables de apuestas a usuarios de sitios de apuestas en línea. A partir de ello, se ha logrado disminuir significativamente la cantidad de apuestas y las pérdidas de dinero en los usuarios que optaron por disminuir sus límites de depósito en los sitios de apuestas en línea (Heirene & Gainsbury, 2021).

El Perú necesita una mayor regulación en la industria de apuestas deportivas, más aún con el crecimiento exponencial que ha tenido la industria en los últimos años. Recién en agosto de 2022 se aprobó la Ley 31557, Ley que Regula la Explotación de los Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia, para regular las apuestas deportivas a distancia y crear un impuesto a este tipo de juegos de azar. Sin embargo, esta norma recién entra en vigor una vez publicado su reglamento, todavía en fase de elaboración. Es necesario que el reglamento no solo considere la creación de impuestos o la necesidad de que cuenten con locales físicos, sino también contemple instrumentos de política que promuevan el juego responsable y una mayor discusión de los riesgos que implican las apuestas deportivas.

Realizado por: César Núñez, analista senior de Videnza Consultores

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Hasta mayo de 2023, más de 220,000 peruanos habían muerto por la COVID-19. Tenemos el triste privilegio de ser el país con más muertes por cada 100,000 habitantes de la humanidad. Ese escenario no hizo más que confirmar la crisis estructural de nuestro sistema nacional de salud (SNS).

A ello se añaden efectos posteriores como las nuevas y antiguas emergencias sanitarias (dengue, por ejemplo); la actual carga de enfermedad crónico-degenerativa acentuada por la urbanización, sobre todo informal; la migración interna y externa; los estilos de vida poco saludables y la ausencia de seguimiento para detectar enfermedades hoy sin diagnosticar; y el próximo agotamiento del bono demográfico, por citar algunos. En el aspecto financiero está el riesgo de la sostenibilidad del SNS, en pésima coincidencia de un crecimiento económico menor.

Pero, lamentablemente, los efectos no se limitan a los daños sanitarios ocurridos en ese periodo o incluso al COVID prolongado o la acentuación de morbilidades por un menor acceso a servicios. En su publicación “Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad en el Perú” (Lima, 2023), el Banco Mundial añade los siguientes:

• Repercusiones en la acumulación de capital humano a largo plazo por los prolongados cierres de escuelas.
• Afectación de la salud física por problemas de inseguridad alimentaria asociados a esta crisis.
• Impactos en la salud mental y el bienestar de las personas a largo plazo por las altas tasas de mortalidad, lo que ha conducido a la orfandad de numerosos niños.
• Impacto en las oportunidades económicas debido a la exposición de muchas personas a largos periodos de desempleo, lo que afecta en particular a los jóvenes.

Si comparamos lo ocurrido en Perú con la respuesta de países cercanos como Chile o Colombia, quedamos mal parados. En el primer caso, destacan la organización municipal de un primer nivel de atención que contaba con recursos (acceso a atención médica y oxígeno) y la conducción del sistema de referencia y contrarreferencia donde la oferta pública y privada (con reglas claras) estaba a disposición de sus ciudadanos para asegurar la continuidad de la atención. En el segundo caso, en poco tiempo pudieron implementar miles de camas UCI gracias a un sistema con roles claros para su financiamiento y operación. En ambos países, el ente rector mantuvo la continuidad de las políticas sanitarias pese a los cambios de Gobierno. Esta institucionalidad fue esencial para mejorar la cobertura de su población.

Recientemente, el Colegio Médico del Perú presentó su libro “La pandemia del COVID-19 en el Perú”, donde aborda las distintas causas que acentuaron los daños sufridos y reclama al Ministerio de Salud que asuma su rol rector. También subraya la necesidad de convocar y emplear eficazmente las capacidades de los profesionales con contrato CAS-COVID, o retos operativos por resolver como el mantenimiento de las camas UCI implementadas o los sistemas de provisión de oxígeno instalados en estos años.

Es necesario realizar un balance desapasionado donde se plantee cómo reorganizar el SNS. Hay muchas preguntas que debemos responder para iniciar este diálogo: ¿Por qué nuestro sistema de salud no respondió eficazmente a la pandemia? ¿Cuáles son las posibles causas de esta situación? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo podríamos mitigar los efectos persistentes y los riesgos emergentes mencionados? ¿Cómo resolvemos el reto de prepararnos para la siguiente crisis sanitaria global? ¿El Minsa debe seguir realizando labores operativas en la provincia de Lima, dedicando tiempo valioso que debe ser destinado a su rol rector?

Y, quizá, las preguntas más importantes: ¿qué podemos hacer para romper esta perversa inercia? ¿Cómo pasamos de un sistema de salud centrado en la oferta a uno enfocado en las necesidades de las personas? Los peruanos tenemos más de 220,000 razones para hacer con diligencia esta tarea.

Realizado por: Janice Seinfeld  y César Amaro, presidenta de Videnza e investigador principal de Videnza Consultores, respectivamente

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El camino para conseguir lideres peruanos de alto nivel académico y profesional se ve mermado por las dificultades que enfrentan algunos niños en sus primeros meses de vida. Me refiero a la anemia, medida por el déficit de hierro estimado a partir del nivel de hemoglobina en la sangre.

La anemia causa efectos negativos e irreversibles en los niños. Por ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotor y desarrollo cognoscitivo que traerá consecuencias negativas en la etapa escolar. 

¿Cuál es la situación de la anemia en los niños peruanos? Lamentablemente, los datos no son alentadores. En 2022 se registró que, a nivel nacional, 42.4% de las niñas y niños de 6 a 35 meses tienen prevalencia de anemia, 3.6 puntos por encima de lo registrado el año anterior. Diez regiones tienen porcentajes de niños y niñas con anemia por encima de 50%. Aquellas con las tasas más altas de anemia en 2022 son Puno (67.2%), Ucayali (65.8%), Huancavelica (65%), Loreto (63.1%) y Madre de Dios (60.5%). 

En este contexto, los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) cobran gran importancia. Son controles de salud periódicos que, como su nombre lo indica, buscan hacer seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde que nacen hasta los 11 años de edad. Permiten identificar posibles riesgos de salud como la anemia o desnutrición crónica, además de entregar los suplementos necesarios para prevenirlos y tratarlos. 

No obstante, el porcentaje de menores de 36 meses con controles de CRED completo es de solo 11%. Esto a pesar de haber aumentado en el último año, cuando alcanzó el 6%. Ahora ¿cuál fue el porcentaje de niñas y niños que efectivamente consumieron suplemento de hierro para contrarrestar la anemia? En 2022 fue de 33.4%, menor a lo registrado en 2021 (36.2%). 

Es urgente centrar los esfuerzos públicos en disminuir la anemia en los niños. Revisar los cuellos de botella u oportunidades de mejora de los actuales programas públicos que se encargan de esta problemática. Asimismo, realizar un trabajo conjunto entre padres y autoridades de distintos sectores para que todos tengamos un mismo objetivo: tener niños sanos que sean futuros lideres exitosos en el país. 

Realizado por: María Alejandra Ormeño, analista senior de Videnza Consultores

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La ausencia de conectividad y su deficiente calidad han generado una brecha digital entre las áreas urbanas y rurales. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares al tercer trimestre del 2022, solo el 21% de los hogares rurales accede a internet, lo que representa alrededor de la mitad de la cifra registrada en zonas urbanas. Esta situación se agrava en términos de calidad, pues la mayoría de los hogares rurales solo dispone de internet móvil, una alternativa más lenta y menos confiable que el internet fijo. Alrededor del 6% de la población en el ámbito rural cuenta con acceso a esta última alternativa, mientras que la cobertura urbana supera el 90%, de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

La falta de acceso a internet de calidad limita disponer de servicios básicos en línea, como educación y atención médica. Asimismo, es una barrera importante para el desarrollo de las funciones del Estado, en particular para la implementación de políticas públicas en todo el país. ¿Cómo mejorar esta situación?

El 30 de abril del 2023, Starlink quedó habilitado para brindar servicios en Perú a través de una resolución ministerial emitida por el MTC. La llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, puede ser de gran ayuda para aumentar la conectividad en áreas rurales y reducir la brecha digital. Gracias a su red de satélites, Starlink ofrece una conexión de alta velocidad y calidad en lugares donde actualmente es difícil obtener dicho servicio. Esta red, que funciona como una torre de internet en el espacio, brinda acceso a internet sin importar las condiciones geográficas de sus usuarios.

En el actual contexto de fuertes lluvias que afectan al país, el acceso a información y a servicios básicos en línea —como poder recibir alertas tempranas y coordinar acciones de ayuda y rescate— se vuelve aún más crucial. Además, Starlink lleva ventaja como alternativa de conectividad porque no se ve afectado por la destrucción de infraestructura de telecomunicaciones y la consecuente la interrupción del servicio.

No obstante, la llegada de Starlink también plantea desafíos. El elevado costo del servicio de internet satelital puede ser prohibitivo para muchos. Además, la falta de capacitación y educación en tecnología podría limitar el uso efectivo del servicio. Convendría explorar formas de reducir el costo del servicio para los hogares y las empresas, especialmente en áreas rurales, donde hay una mayor brecha por cerrar. Además, invertir en programas de capacitación y alfabetización digital para garantizar que todas las personas posean las habilidades necesarias para aprovechar al máximo la conectividad que ofrece Starlink. Solo así se podrá garantizar que esta tecnología sea una herramienta para la inclusión y el desarrollo en el Perú.

Realizado por: Verónica Tello y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Estas herramientas están acelerando la velocidad con la que se hacen actividades académicas o artísticas, y muchos se preguntan si su aparición significa el fin de puestos de trabajo, especialmente de aquellos que emplean una computadora.

Este eventual proceso forma parte de la denominada cuarta revolución industrial, que se caracteriza por la producción y provisión de servicios con un alto nivel de automatización y basados en conocimiento.

Si la información es un insumo, las herramientas de AI son similares a las fábricas que transforman esos insumos en un producto con valor agregado. En esa lógica, los empleos del futuro son símiles de los operarios especializados que verifican la calidad de los insumos y supervisan las máquinas de las fábricas. El resultado de este proceso es nueva información, que servirá para tomar decisiones o para generar nueva información. Por ello, es fundamental que esta sea robusta y confiable.

Lo anterior nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿qué es verdad y qué no? Con la aparición de las redes sociales, esta pregunta empezó a estar cada vez más presente en artículos, noticias y publicaciones.

Luego, con la masificación de las herramientas de AI, la información —no solo texto, también imágenes e incluso vídeos— se vuelve cada vez más sintética y accesible. Sin embargo, sin la garantía de que ésta sea verídica, la interrogante planteada se exacerba.

Las herramientas de AI tienen limitaciones, tales como el sesgo, la insuficiencia o falsedad en los datos que se utilizaron para entrenarlas. La consecuencia son predicciones que no reflejan la realidad. Incluso si los insumos fueran de alta calidad, otro aspecto que no se ha logrado resolver es entender la forma como las herramientas de AI procesan esta información, dada su naturaleza compleja. Parte de conseguir información robusta y confiable es que el proceso para llegar a ella sea transparente.

Por ello, los empleos del futuro estarán ligados a corroborar la calidad de la información. Como ejemplos están los científicos de datos, especialistas en automatización, expertos en ciberseguridad, verificadores de hechos, abogados especialistas en derecho digital o en propiedad intelectual, hacedores de política en AI, entre otros.

Además, es cada vez más importante que los usuarios de la información cultivemos un pensamiento crítico propio. Que aprendamos a cuestionar y comparar fuentes, especialmente en escenarios de crisis política o social como los que viene experimentando el Perú. A diferencia de artículos pasados que han sido publicados en este blog, en esta ocasión no he presentado ni cifras ni fuentes que sustenten lo escrito hasta ahora, por eso, también es cada vez más importante el aspecto reputacional de las fuentes de información.

Para demostrar que las herramientas de AI son útiles, me hubiera gustado utilizar alguna de ellas para escribir este artículo, pero aún comete erroers. Por eso, siempre será necesaria la intervención humana.

Realizado por: Franco Sebastiani, analista senior de Videnza Consultores

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El reto actual es que las personas accedan a servicios de salud considerando las barreras provocadas por la pandemia, en particular, por el cierre del primer nivel de atención en el primer año de la emergencia sanitaria. El Perú, por su débil sistema nacional de salud y las limitaciones severas en la gestión pública, tiene problemas incluso para emplear la capacidad existente de su oferta de servicios.

Existen 9,458 establecimientos públicos en el país —dato obtenido de RENIPRESS tras extraer los establecimientos de institución “otro” y “privado” —.  Ante una necesidad de atención, una persona, sobre todo asegurada al SIS, puede acudir a ellos para ser evaluada por el médico o especialista de manera oportuna y disponer de capacidad resolutiva. Pero ¿ocurre así o es solo una utopía?

Desde hace varios años, muchos peruanos terminan buscando ayuda en lugares como las farmacias o boticas, porque no encuentran atención oportuna en los establecimientos de salud. En 2016, la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD) mostró que el 62.3% de quienes compraban medicamentos había consultado en otros lugares con personas que no eran profesionales de salud, en lugar de atenderse con un médico en un establecimiento de salud. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que, en 2019, el 41% de personas que enfermaron buscaron atención en farmacias o boticas. Este grupo superó el 50% en 2020 y 2021, acentuando una tendencia histórica. Entonces, es válido preguntarse: ¿qué tan grave es el problema?

En septiembre de este año, la Contraloría General de la República del Perú publicó un informe sobre la gestión y evaluación hospitalaria del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) durante el primer semestre, y lo encontrado es alarmante.

• En dicho periodo, solo se brindaron entre el 10.7% y el 14.3% de atenciones totales que podrían darse. ¿Esto puede superarse? Posiblemente no, ya que el 30% de servicios del HNAL tiene una productividad hora-médico por debajo de tres pacientes, según el estándar esperado. Además, el promedio de turnos en los consultorios externos llega a solo uno, la mitad de lo esperado.
• Hay cientos de pacientes en lista de espera quirúrgica, lo que genera una situación de riesgo alta. A pesar de ello, el 30% de las salas de operaciones están inoperativas. Asimismo, el tiempo de desocupación de camas hospitalarias entre un paciente y otro es el triple de lo esperado. El rendimiento de cama por mes es la mitad de lo previsto y el rendimiento de salas de operaciones alcanza menos del 60% del estándar. Existe, además, un mayor porcentaje de suspensiones de cirugías programadas y de infecciones adquiridas en la hospitalización.
• El área de emergencia está cinco veces más congestionada que el estándar esperado, con lo que se pierde la oportunidad de atender los casos de gravedad súbita extrema o de urgencia mayor. La sala de observación de este servicio tiene una permanencia promedio de 2.8 días; es decir, 6 veces por fuera del indicador establecido.

Estos resultados son preocupantes, más por ser el HNAL un hospital de categoría III-1, emblemático en la formación médica e importante para la capital, situación que pueden ser más aguda en los hospitales de otros departamentos del país con mayores carencias. La carencia de recursos es un problema no resuelto aún, pero creemos que las limitaciones en la gestión en los establecimientos de salud del país repercuten severamente en la disponibilidad de los servicios y afectan la atención de los peruanos que, paradójicamente, disponen de un seguro de salud (99 de cada 100 personas).

¿Cómo se resuelve esto? La respuesta no es simple, pero aplicar medidas pragmáticas puede ser útil en esta etapa para la oferta hospitalaria pública:

• Programar que toda la planta médica disponible en el hospital pueda brindar servicios finales (hoy solo se emplea una fracción de esta). Emplear la capacidad física instalada: usar los consultorios externos 12 horas por 6 días a la semana. Eso impactará también en lograr una menor saturación del servicio de emergencia, adonde acuden las personas por las limitaciones en la consulta externa.
• Formular un plan de mantenimiento para sustentar los recursos en el cuadro (multianual) de necesidades del próximo año. De ese modo, será posible intervenir las salas de operaciones para ponerlas operativas. El mayor porcentaje de suspensiones de cirugías programadas puede reducirse si se dispone de paquetes quirúrgicos con los dispositivos médicos necesarios y la previsión de retenes en caso algún especialista se ausente de su turno. Hoy no se aprecian medidas para garantizar la presencia efectiva de los galenos y otros profesionales de la salud durante su horario de atención.
• Publicar en línea la programación de los médicos y consultorios asignados, de modo que los usuarios puedan conocer y acceder a una mayor oferta.

Asimismo, es necesario promover la identidad digital y el uso de las herramientas relacionadas para asegurar una mejor atención a los pacientes. La transparencia de la oferta, soportada en tecnologías de información disponibles hasta desde un teléfono celular, hará que se oferten más servicios. Con esto se rompe una inercia y promueve una demanda informada. Esta debe ir acompañada de una rendición de cuentas de los gestores a cargo de las redes y hospitales públicos, algo actualmente inexistente.

Realizado por: César Amaro y Delia Ruiz, investigador principal y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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El incremento de estos impactos en el planeta resulta cada vez más obvio. De acuerdo con el Financial Times, la fuerte sequía que vivió el hemisferio norte a mitad de este año fue 20 veces más probable de ocurrir debido al cambio climático. Según reporta el World Economic Forum, este fenómeno trajo consigo efectos desiguales, al crear “islas de calor” en vecindarios con menos espacios verdes, usualmente de bajos recursos.

Asimismo, como informa el New York Times, estudios confirman que, a pesar de que se esperaban fuertes lluvias este año, el cambio climático jugó un rol decisivo en el grave impacto generado por las inundaciones en Pakistán en agosto. Las intensas precipitaciones, combinadas con la alta vulnerabilidad de esta región, dieron pie a un evento mucho mayor de lo previsto que tuvo su desenlace en el desplazamiento de millones de personas.

En el caso de Lima, se pudo observar impactos análogos durante el Fenómeno El Niño del 2017. También se evidenció la magnitud de los daños dada la poca preparación para enfrentar estos eventos: 34 distritos fueron declarados en emergencia, con Chosica, Lurigancho-Chosica y Huarochirí con los casos más apremiantes.

La mayoría de los distritos de la capital se vieron afectados por la falta de suministro de agua, a raíz del cierre de una planta de tratamiento de agua potable para evitar daños por los desbordes de ríos. El balance final: 16,000 damnificados, 41,000 afectados, 17 fallecidos, 139 puentes destruidos, 181 puentes afectados y 962 kilómetros de carretera destruidos.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, en 2021 se presentó el “Plan local de cambio climático de la provincia de Lima 2021-2030”. De manera general, plantea acciones para asegurar la gobernanza climática, así como para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Una de sus tres estrategias aborda la adaptación. Esta apunta a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando continuamente las capacidades de adaptación ante peligros climáticos.

A pesar del optimismo resultante de contar con un plan como este, para que pueda ser llevado a la realidad es necesario contar con iniciativa política desde la nueva gestión de la alcaldía. Sin embargo, no se ha encontrado mucho énfasis en ello, visto desde los planes electorales.

En las elecciones, varias propuestas electorales contemplaron el incremento de áreas verdes mediante forestación y reforestación en zonas estratégicas de la ciudad. La mayoría consideró acciones de control e infraestructura para prevenir los riesgos del cambio climático e iniciar una recuperación ecológica de espacios naturales, especialmente en defensas ribereñas en los ríos más representativos de la ciudad.

Fueron menos del 50% los partidos que consideraron implementar programas o proyectos para incrementar la capacidad de respuesta frente a peligros climáticos. En tal sentido, a pesar de haber identificado medidas vinculadas moderadamente a la adaptación, ninguna cumplía con atender el alcance de la problemática relacionada a ella, el cual sí es contemplado por el plan local mediante múltiples acciones.

De acuerdo con el plan, alcanzar el objetivo final de resiliencia y reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático, no solo requiere incrementar la proyección de infraestructura, sino además implementar sistemas de alerta temprana ante peligros climáticos. Además, integrar principios de sostenibilidad en la propuesta urbanística y de vivienda, fortalecer la infraestructura natural, entre otras acciones.

Asimismo, el plan busca impulsar medidas de forestación y reforestación como las propuestas, pero además contempla una Red de Vigilancia Ambiental de Ecosistemas e Infraestructura Natural que abarque de manera integral la promoción y conservación del ecosistema limeño. Finalmente, propone reducir los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la salud de la población, con prioridad en los grupos vulnerables.

El candidato elegido tendrá la tarea de preparar a la ciudad ante los futuros eventos climatológicos. Desde este espacio, esperamos que las pueda abordar con mayor profundidad que en su plan electoral. Lima y su población lo necesitan.

Realizado por: Verónica Tello y Claudia Alvarado, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En Perú, desde 1990 hasta la fecha, de las 89 candidaturas que se han presentado a la Presidencia de la República, solo el 12% estuvieron lideradas por mujeres (11 postulaciones). Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos, mediante instrumentos normativos, para promover mayor participación femenina en la política. Así, recientemente se viene aplicando la Ley 31030, que busca garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos para cargos de elección popular de nivel nacional, regional y local. En cuanto a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, quienes solicitan su inscripción en una sola fórmula, deben incluir, por lo menos, a una mujer o a un hombre en su conformación. Las listas de candidatura regional y municipal deben estar conformadas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres.

Si bien las cuotas electorales son una vía importante para fomentar mayor participación de mujeres, aún persiste una presencia minoritaria de mujeres elegidas. El porcentaje de mujeres candidatas en las elecciones internas de 2022 llegó a 43.4%, lo que significa un incremento de 3.9% frente a lo registrado en las elecciones de 2018. Sin embargo, los datos son menos alentadores cuando tomamos en cuenta el porcentaje de mujeres elegidas. En efecto, en los últimos procesos electorales a nivel nacional (2016 y 2020) y subnacional (2018), las mujeres representaban solo el 26.3% tomando en cuenta autoridades nacionales y únicamente 26.7% tomando en cuenta autoridades subnacionales (Gobierno regional, Consejo regional, Alcaldía provincial, Regiduría provincial, Alcaldía distrital y Regiduría distrital). En las elecciones congresales de 2020, 40% de las candidaturas estuvieron conformadas por mujeres, frente al 28% de 2016. No obstante, únicamente 26% de ellas resultaron electas para el periodo 2020-2021.

Según el perfil electoral de las Elecciones Generales de 2021, una de las razones más importantes de esta marcada desigualdad es que solo 22% de mujeres son cabeza de lista de las candidaturas inscritas a nivel nacional, cifra similar a la obtenida en las Elecciones Congresales 2020. Esto a pesar de mostrar un alto grado de formación académica y un bajo número de sentencias civiles y penales. Concretamente, en las 18 fórmulas presidenciales se presentaron 20 mujeres, todas las cuales contaban con estudios superiores y 60% con estudios de posgrado.

Entonces, ¿por qué la ciudadanía no vota por ellas? Una de las razones es el marcado prejuicio sobre las tareas consideradas femeninas. Hasta ahora se sigue atribuyendo a las mujeres las tareas de cuidado o asistenciales, y a los hombres las de dirección, decisión o liderazgo. Según ONU Mujeres, el 43% de mujeres y el 53% de hombres cree que los segundos son mejores líderes políticos que las primeras. Este pensamiento conlleva que, cuando una mujer participa en espacios de poder político, su opinión sea subvalorada y sus capacidades sean puestas en cuestionamiento.

Es imperativo complementar la normativa actual con otros mecanismos para fomentar mayor participación de mujeres en el ámbito político. Por ejemplo, se debe asegurar que todas las leyes y políticas sean sensibles al género. Además, se debe apoyar a las mujeres líderes mediante el fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y confianza para la política. Esto debería estar acompañado de mecanismos de apoyo para mujeres con el objetivo de reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado, y fomentar su rol activo en la política.

Realizado por: Paola Bustamante y María Alejandra Ormeño, directora y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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En primer lugar, todos los partidos plantean potenciar el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), cuyo principal espacio de atención son los Hospitales de la Solidaridad. El sistema organiza 38 establecimientos que cada año brindan alrededor de ocho millones de atenciones a precios reducidos.

El SISOL es reconocido por los usuarios por tener menores tiempos de espera que otros subsistemas públicos, y por ofrecer atención especializada. Si bien todos los partidos proponen potenciarlo, no precisan políticas concretas para abordar sus actuales limitaciones. Veamos.

Los establecimientos de salud del SISOL no están articulados en redes de distintos niveles de complejidad, lo que restringe su capacidad de resolver problemas de salud complicados. Además, todas las prestaciones deben ser pagadas por los pacientes. Esta forma de financiamiento es ineficiente e impacta negativamente en los más pobres, quienes no pueden costear las consultas ni los procedimientos indicados.

Potenciar el SISOL debe pasar por integrarlo al sistema público para ampliar su cobertura y permitir su financiamiento vía los seguros médicos (Seguro Integral de Salud y EsSalud).

Algunos candidatos se inclinan por priorizar la salud preventiva y realizar campañas de tamizaje y orientación fuera de los establecimientos.

Esto es factible y beneficioso en la medida que las enfermedades detectadas reciban los cuidados necesarios con oportunidad, y que los ciudadanos puedan acceder a los tratamientos prescritos sin ver afectada su estabilidad financiera.

Otra propuesta mencionada es dar preferencia a la venta de medicamentos genéricos y mejorar su abastecimiento. En este caso, la municipalidad tiene un rol de coordinación con las autoridades nacionales, pues no es competencia suya directamente.

Pero sin duda el planteamiento más ambicioso de varios candidatos es transferir la operación de los establecimientos de salud de Lima, hoy a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), hacia la Municipalidad Metropolitana de Lima.

No es casualidad que esta idea se repita entre postulantes de diferentes ideologías. Existen experiencias interesantes cerca en países como Colombia, Chile y Bolivia. En el Perú, Lima es la única región donde el Minsa se encarga de la operación de establecimientos de salud.

Si bien esta medida no garantiza que los limeños efectivamente accederán, con oportunidad y calidad, a los cuidados de salud que necesitan, sí es una oportunidad enorme. Por un lado, exige la organización de una red de salud metropolitana con una mirada más cercana al terreno.

Por otro, permitiría al Minsa dedicarse a tiempo completo a su rol rector del sistema de salud y dejar de lado las labores operativas que claramente lo distraen.

Para el éxito de esta propuesta es necesario asegurar el cumplimiento de una serie de condiciones habilitadoras. En primer lugar, un equipo técnico estable y competente a cargo de la gestión. Luego, la organización de las redes integradas de salud, para contar con establecimientos articulados entre sí. A ello se suma el uso de la tecnología: historia clínica electrónica, telesalud y sistemas administrativos en línea. Y, finalmente, una coordinación cercana con el Minsa para concretar el traspaso de funciones.

Durante la crisis sanitaria, Lima tuvo más fallecidos por habitante por COVID-19 que el promedio nacional. Ello, sumado a los problemas que día a día afrontan miles de limeños, hace necesario pensar y actuar seriamente en soluciones graduales y sostenibles para mejorar el acceso y resolver, con oportunidad y calidad, las dolencias de los afectan.

La transferencia de la operación abre una oportunidad para romper la inercia, implementar cambios en el modelo de gestión y acercar la salud a los ciudadanos.

Realizado por: Janice Seinfeld y Alfredo Dancuart, presidenta del Directorio y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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La brecha por cerrar en los próximos veinte años asciende a S/ 363,000 millones, según lo identificado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Para reducirla se han venido discutiendo estrategias menos convencionales. Es así como, para desarrollar los proyectos de infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, se firmó un convenio con el Gobierno del Reino Unido que incorporó el uso de Oficinas de Gestión de Proyectos o Project Management Office, más conocidas como PMO por sus siglas en inglés.

La veloz ejecución de las obras resaltó la eficacia de la herramienta. El término PMO rebotó en los medios de comunicación e incentivó que entidades públicas de distintos sectores buscaran este tipo de asesoría en sus proyectos de inversión, principalmente de infraestructura. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también identificó su potencial, por lo que priorizó su aplicación en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019–2030 (PNCP) y en el PNIC. No obstante, ¿es sostenible este modelo en el largo plazo?

Como lo ha planteado el MEF en el DS N.° 288-2019, los PMO constituyen un soporte externo para la gestión eficiente de un proyecto o cartera de proyectos, principalmente de aquellos de gran envergadura cuyo monto de inversión supera los S/ 200 millones o que han sido priorizados en el PNIC. De esta manera, los PMO asistirán en las distintas etapas de implementación del proyecto, desde la planificación hasta la evaluación y aprobación de expedientes técnicos, así como la generación de alertas para identificar y minimizar riesgos. Es decir, actuarán como guías técnicos, pero los encargados de internalizar sus sugerencias y de concretar la ejecución de los procedimientos seguirían siendo los órganos responsables dentro del sector público.

Si bien el modelo PMO podría incorporar el enfoque de gerencia de proyectos a un sistema que no ha tenido la capacidad de desarrollarlo, no se trata de una fórmula mágica que sacará adelante por sí sola las inversiones en el país. Mas bien se trata de un modelo que debe ser potenciado en paralelo con otras estrategias de fortalecimiento institucional. Especialmente si se considera que solo 55 de las más de 2,000 entidades públicas han incorporado las estrategias de mejora interna propuestas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Bajo esta lógica, el éxito de los PMO requiere de la adecuada participación de todos los actores involucrados. Resulta fundamental que los funcionarios públicos cuenten con las capacidades para alinearse al nuevo esquema de trabajo, pues de nada servirá que se contraten equipos especializados si luego la incorporación de los métodos y acciones sugeridos encontrarán dificultades o demoras internas.

El problema radica en que el PNIC no reconoce explícitamente este vínculo. Propone a los PMO como potenciales instrumentos para resolver el entrabado sistema público, aunque sin aterrizar una estrategia directa de fortalecimiento para acompañar su implementación. Así, la propuesta queda reducida a la contratación de un soporte externo especializado, pero no queda claro cómo coexistirá con los órganos responsables de la entidad. ¿Se encargarán los equipos internos solo de dar el visto bueno a las evaluaciones o acciones que sugieran los PMO para los proyectos priorizados? ¿O realmente se familiarizarán con los procesos y metodologías utilizadas para paulatinamente irlos incorporando en su gestión?

Precisamente, la oportunidad que trae consigo esta herramienta es la de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos y generar cambios de gestión en la entidad. Por ello, se esperaría que se genere un marco orientador que establezca un proceso de transferencia de conocimientos de los PMO a los órganos internos de gestión de inversiones. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ya lo ha incluido como un posible factor de evaluación de las bases estandarizadas, tanto para concurso público como para adjudicación simplificada. Ahora queda en manos de la Dirección General de Abastecimiento del MEF y de las propias entidades incorporar estas competencias en las convocatorias que realicen, así como verificar la adecuada implementación de actividades para compartir las estrategias efectivas de gestión y organización.

Mas aún, se debe alinear esta estrategia con la de otros actores cuyo objetivo es el fortalecimiento del capital humano de las instituciones públicas. Hoy, Servir imparte distintos programas de formación en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP). Sin embargo, aunque existen cursos para desarrollar habilidades gerenciales, ninguno se enfoca específicamente en la gestión de proyectos. Resultaría provechoso, entonces, que se diseñen e implementen capacitaciones que formen a los servidores públicos bajo este enfoque de gestión. Incluso podrían firmarse convenios para que los alumnos tengan la posibilidad de obtener la certificación oficial.

Para que este modelo de gestión pueda ser adecuadamente internalizado en las entidades públicas, es necesario que se cambie el chip de una gestión funcional —cuyos procesos suelen carecer de articulación— hacia una gestión por procesos orientada a resultados.

Realizado por: María Laura Rosales y Sophia Torres, analistas senior de Videnza Consultores

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 12% de la población mundial, equivalente a 800 millones de personas, gasta el 10% de su presupuesto en servicios de salud. Asimismo, el gasto catastrófico ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

Para hacer frente a este problema, Colombia, Uruguay y Chile —entre otros muchos países— han desarrollado fondos universales mancomunados que ofrecen las ventajas de un pool de riesgos que, a la vez, diluyen la probabilidad individual de ocurrencia de eventos catastróficos. Además, permiten los subsidios cruzados: de sanos a enfermos, de jóvenes a ancianos y de ricos a pobres. Cuando todas las personas están cubiertas, disminuye la posibilidad de que solo aquellas enfermas o con más riesgos se aseguren. Esto, además, permite la sostenibilidad del seguro de salud.

Estos tres países también han ganado eficiencia por estandarizar la selección de los tratamientos y medicamentos que el seguro cubre. Para ello han empleado criterios de costo-efectividad y otros análisis en el marco de las evaluaciones de tecnología sanitarias, así como la estandarización de la prestación con protocolos y guías de práctica clínicas. Esto disminuye la variabilidad clínica y mejora la calidad y oportunidad en la atención. Finalmente, estos fondos contribuyen al fortalecimiento institucional logrando garantizar la intangibilidad de sus recursos.

¿Cuál es la situación en el Perú? No hay duda de que en los últimos diez años ha habido grandes avances: en el 2009, con la promulgación de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, se dio el primer paso para alcanzar la cobertura universal en salud. Esta comenzará a ser realidad este 2019 con la incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS) de la población que hoy no cuenta con un seguro, como lo anunció el presidente de la República en julio último.

A pesar de ello, aún tenemos mucho por hacer en materia de enfermedades de alto costo. Dada la fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud, la cobertura varía según subsistema y la prestación no está estandarizada (no existen protocolos de tratamiento válidos para todo el sistema). En consecuencia, aunque se cubra un mismo diagnóstico, el nivel de protección varía dependiendo del seguro. Asimismo, el sistema es ineficiente puesto que la cobertura en redes fragmentadas implica duplicación de los escasos recursos.

De otro lado, aunque tenemos un fondo de alto costo, su funcionamiento no puede compararse con los de Colombia, Uruguay y Chile. En el 2012, el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal) inició actividades para cubrir a los afiliados al SIS en siete tipos de cáncer, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo. Pero, además de su limitada autonomía institucional y financiera, cubre solo el costo variable de las atenciones (insumos y medicamentos), por lo que no es posible estimar una prima asociada a sus asegurados. Todo esto perjudica su capacidad real de desarrollar estrategias para gestionar el riesgo, contener costos y estandarizar la prestación a nivel nacional. Esta heterogeneidad impide una protección financiera efectiva. Basta ver que en el 2016 el gasto de bolsillo en el Perú fue del 28% como porcentaje del gasto total en salud, considerablemente superior al estándar de la OMS, de entre 15% y 20%.

Por todo lo anterior, urge desarrollar una cobertura universal para las enfermedades de alto costo que disminuya la fragmentación y segmentación del sistema, mejore la gestión financiera y consiga las ganancias de eficiencia asociadas. Las opciones son múltiples: esquemas de reaseguro, fondos mancomunados, listas explícitas de cobertura. Lo importante es poner el tema en agenda y comenzar a desarrollar estrategias comunes cuanto antes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Oriana Salomón, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores.

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El boom de la minería registrado desde mediados de los 2000 hasta mediados de la década del 2010 incrementó de manera sustantiva la recaudación tributaria. Así, el país pudo casi duplicar la inversión pública: desde alrededor del 3% del PBI hasta superar el 5% del PBI en el momento cumbre del auge. Esta mayor inversión permitió disminuir las brechas de acceso a servicios básicos de la población (educación, salud, agua potable, electrificación) y generar una muy importante disminución de la pobreza, medida tanto en términos monetarios como no monetarios. Así, por ejemplo, entre los años 2005 y 2015, el índice de pobreza monetaria del país —entendido como el porcentaje de hogares cuyos ingresos no cubren el costo de una canasta básica de consumo— disminuyó de 55.6% a 21.8%; es decir, en 33.8 puntos porcentuales, la mayor reducción de pobreza registrada en América Latina en el siglo XXI.

Además, como consecuencia de la expansión de la explotación minera, los recursos fiscales que se generaron para los Gobiernos subnacionales se incrementaron significativamente. Los recursos del canon transferidos a municipios y Gobiernos regionales pasaron de S/ 399 millones en el 2004 a S/ 5,645 millones el 2012, y en el 2018 registraron un monto de S/ 4,709 millones. En el periodo 2004-2018, el total de transferencias de recursos fiscales generados por la minería superó los 50,000 millones de soles. ¿Cómo y en qué se ejecutaron dichos recursos? ¿Cuán efectivas fueron las autoridades locales y regionales invirtiéndolos para incrementar el bienestar de la población beneficiaria? Son preguntas que merecen ser planteadas. Por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, que pertenece a la Provincia de Cotabambas y donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, el monto recibido anualmente por concepto de canon minero se elevó de S/ 9 millones en el 2004 a S/ 233 millones el 2018. Y en la década entre los años 2007 y 2017 la pobreza en Chalhuahuacho —medida como número de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha— se redujo a la mitad, mientras que sus coberturas de agua, alcantarillado y electricidad en el hogar se triplicaron.

Resulta evidente, por lo tanto, que la actividad minera ha contribuido de manera decisiva a generar los recursos que financiaron la exitosa lucha contra la pobreza del país en los últimos lustros. Dependerá de la capacidad de gestión de los alcaldes y gobernadores que los recursos del canon contribuyan de forma más decisiva a la erradicación de la pobreza en las zonas de influencia de la actividad minera.

Realizado por: Milton von Hesse, director de Videnza 

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¿Bastan estas medidas para resolver la crónica falta de medicamentos en el sistema de salud?

Recordemos que, como el propio proyecto de ley establece en su exposición de motivos, el 80% de pacientes del sistema de salud peruano recibe una receta, pero solo el 74% accede a la totalidad de medicamentos. La situación es más grave en los centros de salud del Minsa y de los Gobiernos regionales (Ipress), donde solo el 60% de la población recibe la totalidad de la receta, 30% solo una parte y el 10% de pacientes sale con las manos vacías.

Por otro lado, para fomentar el uso de medicamentos genéricos, se requiere confiar en ellos. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) solo ha realizado cinco estudios de equivalencia terapéutica en el país, y sus resultados son preocupantes. Por ejemplo, al analizar algunos medicamentos de amoxicilina y fluconazol, se halló que no son intercambiables porque no cumplen con la equivalencia terapéutica a partir de los estudios in vitro.

Entonces, dado que el problema de acceso de medicamentos es multicausal, requiere soluciones que consideren los diferentes procesos involucrados para lograr una oferta de medicamentos segura, eficaz y de calidad. ¿Cuáles son estos procesos y cuáles son sus actuales restricciones?

El primero es el proceso de evaluación sanitaria a cargo de la autoridad nacional de medicamentos (Digemid). Su desempeño muestra cuellos de botella como el excesivo tiempo que toman los trámites de autorización. Esto limita la oferta de productos, sobre todo de aquellos provenientes de los países de alta vigilancia sanitaria y los considerados de necesidad pública.

El segundo es el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Como explica la Organización Mundial de la Salud, su objetivo principal es proporcionar evidencia de calidad para apoyar la toma de decisiones y mejorar la incorporación de nuevas tecnologías que sean costo-efectivas, centradas en el paciente y con el máximo valor. Esto se hace para garantizar el uso de los mejores medicamentos dimensionando el impacto presupuestal en el sistema de salud. EsSalud ha logrado, a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), una capacidad interesante. Sin embargo, sigue pendiente que el Minsa, como ente rector, la despliegue en todo el sector.

El tercero es el proceso de gestión del abastecimiento de recursos estratégicos, que en el Estado es parte del novísimo Sistema Nacional de Abastecimiento a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy tenemos un proceso fragmentado en los subsistemas de salud públicos, donde cada unidad ejecutora compra y maneja de manera separada sus inventarios. Esto impide una planificación y gestión logística elementales.

El cuarto es el proceso de gestión de las prestaciones de salud donde, en lo referido al uso de medicamentos, podemos identificar actividades como la prescripción, la dispensación y el seguimiento terapéutico. Cada una de ellas sufre los efectos de las limitaciones en las etapas anteriores, y también genera distorsiones por polifarmacia, indicaciones de productos sin empleo de guías de tratamiento, desconfianza, entre otros.

Las propuestas, aún pendientes de atención del proyecto de ley que mejoran el acceso a medicamentos, se centran en:

1. La evaluación sanitaria debe cumplir con los plazos establecidos en la Ley N° 29459. Esta debe tener mecanismos de autorización rápida para los medicamentos esenciales con escasa oferta en el país y que demuestren ser intercambiables.
2. La evaluación de tecnologías sanitarias necesita definir el organismo a cargo, y con ello, establecer un procedimiento eficiente para que los institutos especializados públicos puedan acceder a las farmacoterapias necesarias para sus pacientes.
3. La gestión del abastecimiento de recursos estratégicos exige un operador logístico empoderado que lidere la distribución y redistribución de recursos en el ámbito Minsa – Gore, a partir de una integración virtual de los inventarios en los almacenes públicos. También es necesario respaldar la labor de Perú Compras para ampliar el alcance de los catálogos electrónicos. Asimismo, se debe modificar la Ley de Contrataciones del Estado para incluir la modalidad de negociación de precios u otras vinculadas a resultados, como ocurre en Uruguay, para los productos con proveedores únicos, situaciones donde el Estado debe actuar como monopsonio. Además, es prioritario implementar el estándar de datos en salud para productos farmacéuticos (en espera desde el año 2005) para lograr la trazabilidad y mejor gestión de estos bienes. Tomando en cuenta las acciones propuestas anteriormente, se facilitará la interfase entre el sistema de información prestacional y el de gestión logística identificando la demanda insatisfecha (medicamentos recetados no dispensados).

También, el país necesita una Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios fuerte y centrada en sus procesos estratégicos: la evaluación sanitaria para asegurar una oferta de productos seguros, eficaces y de calidad; y el control y la vigilancia sanitaria en el mercado para combatir la informalidad y la ilegalidad. Adicional a ello, puede promover acciones estratégicas para mejorar el acceso a medicamentos empleando la abundante información disponible y el marco legal, pero abandonando el rol operativo en el suministro, aspecto que debe ser gestionado por el operador logístico.

Finalmente, se debe desarrollar una agenda para construir confianza en los medicamentos genéricos en la ciudadanía y los profesionales de la salud (prescriptores y dispensadores). Esto incluye la adopción de una ruta para lograr una oferta amplia de productos genéricos intercambiables.

De ser aplicadas todas estas iniciativas, es fundamental contar con una institución (Susalud) que fiscalice el cumplimiento de los servicios que se brindan al ciudadano, en el marco de las garantías de oportunidad y calidad que establece el Aseguramiento Universal de Salud (AUS).

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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Pasado un año, las modificaciones planteadas han tenido un efecto significativo en el mercado automotor. Según Veritrade, con respecto al 2017 y 2018, la importación de vehículos nuevos a gasolina disminuyó de 33 a 25.9 millares en febrero y de 36.4 a 25.5 millares en marzo. En ese mismo sentido, la importación de vehículos usados con gasolina aumentó de 45 a 79 millares en enero, de 36 a 63 millares en febrero y de 47 a 83 millares en marzo. Por otro lado, con respecto a la inversión de vehículos usados con gas, tuvo un aumento de 98 a 227 millares en enero, de 62 a 122 millares en febrero y de 101 a 195 millares en marzo.

Este hecho es consistente con las estimaciones econométricas que realizamos en Videnza Consultores el año pasado a solicitud de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Concluimos que la disminución en el consumo de autos nuevos a gasolina no solo se daría por el incremento en su precio como consecuencia de un mayor ISC, sino también por la sustitución de estos autos por autos usados a gas y a gasolina.

Si bien el MEF redujo el ISC a la importación de autos usados a gas bajo la lógica de que estos contaminan menos que los usados a gasolina, lo que no consideró es que la evidencia internacional muestra que los vehículos usados a GLP contaminan más que los vehículos nuevos a gasolina con tecnología Euro 4.

Es así que, el análisis técnico desarrollado por Videnza Consultores consideraba perjudicial la disminución en el ISC a los autos usados a gas. Y resultaba necesario establecer una nueva estructura de ISC para asegurar que no se incentive el reemplazo de la importación de autos nuevos (menos contaminantes) por autos usados a gasolina y GLP (más contaminantes).

El 15 de junio pasado, el MEF modificó nuevamente la estructura del ISC de los vehículos automotores tomando en cuenta estos ajustes. Con relación a los autos usados, la principal medida ha sido incrementar la tasa de ISC de los autos usados a gas de 10% a 40%; es decir, no solo dejó sin efecto la disminución de hace un año, sino que incrementó en 10 puntos porcentuales la tasa de ISC respecto al 30% original.

Por ello, consideramos fundamental tomar en cuenta todas las aristas de los posibles escenarios que se podrían presentar, con el objetivo de ejecutar cambios sostenibles dentro del mercado.

Realizado por: Nicolás Besich y Mauricio Ibañez, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Dado que la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, conviene subrayar la importancia de aumentar la cultura de donación en el país. Luz Esperanza Meza, directora general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Minsa, sostiene que “necesitamos donantes solidarios, personas desinteresadas que ayuden a nuestros pacientes a tener una nueva oportunidad”.

La sangre recolectada por donaciones es utilizada para el tratamiento de pacientes que van a pasar por cirugías o trasplantes de órganos, como personas con cáncer, quemaduras o que han sido víctimas de accidentes de tránsito. Además, Meza explica que los más vulnerables son los más pequeños, pues necesitan constantes transfusiones de sangre.

Sin embargo, en el Perú solo el 1.22% de la población dona sangre. ¿Cómo explicar esta poca cultura de donación de sangre? Según Meza, una de las razones es que todavía existen temores infundados alrededor de ella. “Se cree que es un proceso doloroso, pero esto no es cierto. Tampoco es verdad que se puedan contagiar de VIH o alguna otra enfermedad por donar sangre. Todos los equipos que se utilizan son completamente esterilizados e incluso descartables”. Y tampoco es cierto que debilite al donante, pues el volumen de sangre del cuerpo vuelve a la normalidad al día siguiente.

José Fuentes Rivera Salcedo, titular de la Dirección Ejecutiva de Banco de Sangre y Hemoterapia (Pronahebas) del Minsa, coloca el tema en perspectiva: un donante voluntario de sangre puede salvar la vida de al menos tres personas. Además, nueve de cada diez personas necesitarán donación de sangre en algún momento de sus vidas.

Donemos sangre. Salvemos vidas.

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Si queremos mejorar la calidad del aire debemos saber a qué nos enfrentamos. Las muertes y enfermedades derivadas de este tipo de contaminación se deben a unas partículas que penetran en nuestro organismo cada vez que respiramos. Estas partículas son producto, entre otras cosas, del uso de los combustibles fósiles que se requieren para obtener energía y desplazarnos, de la actividad de la industria química y minera, de la quema de campos y residuos al aire libre, y del uso de combustibles “sucios” para cocinar y calentar los hogares.

El aire contaminado cobra la vida de unos 7 millones de personas cada año. Además, origina problemas de salud de largo plazo como el asma, y frena el desarrollo cognitivo de los niños. Según cifras del Banco Mundial (BM), la contaminación del aire cuesta a la economía global más de 5 billones de dólares en asistencia social (es decir, 5 millones de millones de dólares) y 225,000 millones en ingresos perdidos.

El Reporte Mundial de la Calidad de Aire del 2018 de Air Visual y Greenpeace indica que el Perú es el país más contaminado de América Latina, y Lima es la segunda capital con peor calidad de aire detrás Santiago de Chile. Por eso, debemos fomentar el cuidado de los árboles, evitar el uso de papel y difundir el mensaje de que todos somos parte de la gran tarea que significa cuidar nuestro entorno.

Hoy, en el marco del #DíaMundialDelMedioAmbiente, hacemos un llamado a todos nuestros seguidores a ser parte de la solución y a fomentar acciones más responsables con el planeta. Desde Videnza Consultores estamos comprometidos con ofrecer información relevante para lograrlo. Está en nosotros la posibilidad de generar un cambio.

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