GAVI nació en el 2000 como alianza público-privada para crear un mercado confiable y estable de elaboración de vacunas. Su gran impulsor fue Bill Gates, que invirtió US$750 millones, pero hoy en su mayoría se sostiene por financiamiento internacional. Por eso, el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y de instituciones científicas y de salud pública bajo la administración de Donald Trump es una tragedia que compromete la salud pública de todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 11 vacunas para todos los niños. Gracias a las compras al por mayor, con GAVI el costo de esas vacunas en EE.UU. es de unos US$24 por niño. De lo contrario, su costo sería de US$1.300. Es decir, logró reducir el precio en 98%. GAVI ha vacunado a 1.100 millones de niños que de otro modo no hubieran recibido inmunización. Actualmente, provee vacunas a cerca del 60% de los niños del mundo, y mantiene también reservas estratégicas de vacunas para contener epidemias.

En el pasado, la “tasa natural” de mortalidad infantil era de 350 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy en Estados Unidos, esa tasa es de 5,2 por cada 1.000. Pero en África subsahariana, un niño continúa siendo 10 veces más propenso a morir antes de los 5 años que uno en EE.UU.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) asume el costo de estas vacunas. Pero los indicadores de cobertura muestran enormes desigualdades entre regiones. Si bien la descentralización política en el país buscó acercar la salud a la población, esto no sucedió porque transfirió funciones, pero no capacidades. Lo que terminó pasando en la práctica es que se crearon “mini” Minsas en las regiones, que replicaban todas las debilidades y falencias de dicha cartera.

Si bien el Minsa fija los lineamientos, los gobiernos regionales tienen autonomía en la gestión. Esto genera diferencias en capacidad de ejecución, priorización y uso de recursos, se duplican funciones y se pierde eficiencia en la logística de vacunas. A ello se suma la alta rotación de funcionarios, que afecta la continuidad de políticas. Otro problema es el financiamiento inefectivo y, en muchos casos, insuficiente: recursos asignados sin criterios claros de desempeño o de brechas. A pesar del aumento del financiamiento en el sector, no hay mejores servicios de salud.

Sabemos que el primer nivel de atención es muy débil, con centros de salud con infraestructura precaria, falta de personal capacitado, horarios sumamente limitados y poca capacidad resolutiva. Si este primer nivel no funciona, la vacunación depende de campañas extraordinarias, en lugar de ser parte rutinaria del cuidado.

En cuanto a la logística y las cadenas de frío, la capacidad para mantenerlas depende de la inversión regional. Y la falta de sistemas de información integrados y confiables impide identificar brechas rápidamente y planificar refuerzos focalizados.

En lo que va del 2025, 31 niños menores de cinco años han fallecido en Loreto a causa de un brote de tos ferina, el más grave en una década. En muchos casos, los afectados no habían recibido la vacuna, a pesar de ser gratuita y formar parte del esquema nacional de vacunación.

La vacunación infantil debería ser un indicador del éxito de la descentralización en salud: un niño en Loreto debería tener las mismas oportunidades de recibir sus vacunas, en términos de calidad y de oportunidad, que un niño en Lima. Pero hoy no es así. La descentralización seguirá siendo una promesa incumplida mientras no fortalezcamos la gestión regional, la equidad en la asignación de recursos y el primer nivel de atención.

El miércoles pasado participé como expositora en el evento “Políticas públicas para el sector salud”, organizado por ESAN Escuela de Gobierno. Celebro este encuentro porque convocó a representantes de los partidos políticos. Necesitamos empezar a discutir temas claves en salud que sean implementados por el próximo gobierno.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en El Comercio.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que junto al Ministerio de Salud (Minsa) están cerca de oficializar un proyecto enfocado en entregar a privados la operación y mantenimiento de establecimientos de salud de primer nivel en Perú.

Este esquema, que sería bajo APP de bata gris, sería un gran paso para revertir una falla a la que el sistema de salud público nos tiene malacostumbrados: dolencias menores se resuelven en hospitales que deberían atender, como se les conoce, enfermedades de alta complejidad.

LO QUE DIJO EL MEF SOBRE EL PLAN MIL

En el evento de adjudicación del HEVES, que ganó la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, Pérez Reyes destacó que se trata de inversión de US$ 284 millones bajo un contrato de 16 años.

La modalidad es una APP de bata gris, es decir, el privado gestiona los llamados servicios no asistenciales. Luego de remarcar que aparte del HEVES Proinversión impulsa 7 proyectos de salud más por US$ 1,500 millones, vino un dato que merece resaltarse.

“En las próximas semanas vamos a trasladarle a ProInversión todo el proceso para tener un grupo de empresas en regiones que manejen todo el Programa Mil”, dijo el ministro.

Pérez Reyes precisó que consiste en 1,000 centros de salud en todo el Perú, en el primer nivel de atención del sistema, que se adjudicarían como el HEVES, es decir, bajo APP de bata gris.

El titular del MEF instó, así, tanto al adjudicatario del HEVES como a los otros postores, a estar atentos a esta convocatoria. Allí también detalló lo que se le pedirá a cada empresa postulante.

“La idea es asegurar, a través de una APP, la operación y mantenimiento con calidad de servicio. Además, en el Programa Mil, vamos a agregar como parte de la prestación en el operador adquiera, opere y renueve las ambulancias de atención”, indicó.

La razón de esta inclusión, agregó Pérez Reyes, responde a que el sector privado tiene “mayor facilidad” para adquirir las ambulancias. El ministro cerró su participación indicando que el Plan Mil arrancaría con 200 centros de salud, que están más avanzados a la interna del Minsa.

ATACARÍA PROBLEMA CLAVE DEL SISTEMA ACTUAL

De tener éxito en esta iniciativa, el Gobierno mejoraría una de las principales carencias del sistema de salud público actual: hay demasiada “congestión” en el tercer nivel (hospitales especializados) para todas las necesidades de la población. Aparte, los centros de salud del primer nivel (postas principalmente) están en pésimas condiciones.

En Perú, según datos de Videnza Consultores, el 97.9% de los establecimientos de salud publicos son de primer nivel, pero el 97.7% de ellos opera con capacidad inadecuada, es decir, infraestructura y equipamientos deficientes.

Esta situación no ha variado a la fecha, según dijo Janice Seinfeld, directora de la consulta citada, a este diario, pero cree que co el Plan Mil la situación cambiaría.

“Hoy tenemos establecimientos de salud de primer nivel que no resuelven. Tienen infraestructura dañada, muy pocos tienen historia clínica o no manejan una artera de servicios adecuados para su distritos”, lamento.

Aparte, la experta precisó que en Perú no se cumple lo que indica la teoría médica. No hay una verdadera ruta de referencia y contrarreferencia, es decir, que cada nivel de atención se dedique a lo que realmente puede atender.

“Los establecimientos de alta complejidad terminan, en realidad, sustituyendo el trabajo del primer nivel de atención, lamentablemente”, precisó.

Ricardo Zúñiga, exgerente central de Promoción y Gestión de Inversión Privada de EsSalud, recordó que este proyecto del Minsa es de larga data.

“Ya en gestiones pasadas se tenía esta idea bajo obra pública. Entiendo que ahora en la gestión del Ministro César Vásquez, la está retomando. Es interesante: hoy tenemos hospitales desbordados y la inversión privada se concentra en el segundo y tercer nivel de atención”, refirió.

El experto comentó también que existe una experiencia similar en Brasil, aunque su enfoque es con lo que llamó el sector privado no lucrativo, algo que el MEF no adelantó si se considerará. “Su caso es particular, pero muy interesante. La tercera parte de su red la tienen a su cargo fundaciones, universidades e iglesias”, destacó.

RETOS EN LA PROMOCIÓN DEL PLAN MIL

Si bien el MEF dijo que la visión para el Plan Mil es que sean bajo APP de bata gris, ambos expertos consideraron que el Gobierno deberá hilar fino para promover estas asociaciones con el sector privado.

Lo primero, considero Zúñiga, es definir si se ofrecerán los 1,000 centros de saludo uno a uno o en bloque. “Recordemos que hoy se trabaja en redes interconectadas. Esa lógica no podría perderse en el Plan Mil porque el privado busca rentabilidad. Tal vez podrían embanquetarlos por zonas, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho”, propuso.

Lo otro, clave a criterio de Seinfeld, es definir si efectivamente buscarán que sean APP de tipo bata gris. Bajo este esquema, por ejemplo, el privado no se involucra en la atención médica propiamente como la conocemos.

Tampoco en este caso, sería socialmente aceptable que se busque una bata blanca, figura de APP donde el privado lidera todos los servicios clínicos, logísticos y operativos. De esta manera funcionan hoy los hospitales Kaelin y Barton, en manos de IBT Group, bajo convenio APP con EsSalud.

“Un intermedio que podría funcionar sería bata verde, que incluye servicios no médicos, pero también los de laboratorio. Eso deben ver el MEF y el Minsa: cómo van a operar los otros servicios clave. Si queremos capacidad resolutiva deben haber médicos capacitados”, remarcó Seinfeld.

Noticia redactada por el periodista Alessandro Azurín en el Diario Gestión.

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Dos libros del reconocido doctor Elmer Huerta nos enfrentan a esa evasión con una propuesta doblemente valiente: hablar de la muerte y, sobre todo, prepararnos para ella.

El primero, “El buen morir: breve guía para entender y afrontar la muerte” (Planeta, 2024), parte de una constatación incómoda: los avances de la medicina nos han hecho negar la muerte como parte natural de la vida. Morir ya no ocurre en casa, rodeados de los nuestros, sino en una cama de hospital, bajo luces frías y con un sistema de salud mal preparado para acompañar el proceso. En esa obstinación por prolongar la vida a toda costa, perdimos algo esencial: la posibilidad de despedirnos con dignidad, autonomía y paz.

Con la claridad que lo caracteriza, el doctor Huerta construye una guía breve pero poderosa para entender y enfrentar ese momento. Basado en evidencia científica y experiencia médica, pero también en humanidad y compasión, el libro nos invita a mirar de frente nuestra mortalidad. A acompañar a quienes amamos. A planificar lo inevitable con la cabeza fría y el corazón abierto. Es un texto urgente no porque hable de la muerte, sino porque habla de cómo queremos vivir hasta el final.

En la reciente Feria del Libro de Lima (FIL), que culmina mañana miércoles 6 de agosto, Huerta presentó el complemento práctico de esa reflexión: “Todo en orden: lo que me gustaría que sepas cuando ya no esté” (Planeta, 2025). Si su primer libro nos ayuda a aceptar lo emocional y lo espiritual, este nuevo volumen nos recuerda que morir también implica dejar las cosas resueltas. Es, en esencia, un planificador póstumo. Pero no se trata solo de anotar datos legales, financieros o de salud. Es una bitácora íntima donde dejamos instrucciones, recuerdos, nuestros últimos deseos. Una carta a los nuestros para cuando ya no podamos hablar.

Quien ha acompañado un duelo sabe cuánto pesa el desorden. El testamento que nunca se firmó. La clave bancaria que nadie conocía. El albacea que se volvió enemigo. Pero también la carta que no se encontró; la historia que nunca se contó; el álbum que quedó escondido. Como explica Huerta, si ya mantener nuestros asuntos en orden suele ser una tarea engorrosa, mucho más lo será para quienes nos sobrevivan, quienes, además de llorar, tendrán que reconstruir nuestras vidas a partir de lo que dejamos –o no dejamos– atrás.

Desde la salud pública, sabemos que la muerte es tanto un hecho clínico como un evento social. Afecta a los sistemas sanitarios, al gasto familiar, a las políticas de cuidados, pero también a los vínculos, a la memoria y a la identidad. Por eso es tan valioso que un médico se atreva a hablar no solo de células y diagnósticos, sino de emociones, decisiones y legados. Huerta informa, pero también humaniza. Porque si aprendemos a morir bien, también aprenderemos a vivir mejor. Con menos culpa, con más gratitud. Más atentos al presente, más libres para construir el futuro. Y también más justos con quienes vendrán después de nosotros.

Ambos libros son una invitación a la madurez emocional, a la planificación afectiva y a una conversación colectiva que ya no podemos seguir postergando. No son libros tristes. Son libros luminosos. Nos ayudan a mirar lo inevitable con menos miedo y más amor.

En tiempos de tanto ruido, es un acto de responsabilidad ciudadana leer estas publicaciones, compartirlas y recomendarlas. Porque todos, sin excepción, vamos a necesitarlas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Se trata del zooplancton, un grupo variado de seres vivos diminutos que apenas conocemos y que, según una reciente investigación publicada en “Limnology and Oceanography” y reseñada por la BBC, están ayudando a reducir el calentamiento global. ¿Cómo así? Porque, según dicha investigación (“Seasonally migrating zooplankton strongly enhance Southern Ocean carbon sequestration”), lo que hacen estos pequeñines es atiborrarse de alimento en primavera, y luego con esta grasa acumulada se hunden a cientos de metros en las profundidades del océano para hibernar y quemar esa grasa. “Esto les permite retener carbono que calienta el planeta, equivalente a las emisiones anuales de unos 55 millones de coches de gasolina, e impedir que siga calentando nuestra atmósfera”, señala la BBC.

Y lo que es más llamativo es que resulta que este proceso por el cual estos animales transportan carbono a las profundidades oceánicas ha sido subestimado durante décadas. El estudio se basa en data de biomasa, distribución, respiración y mortalidad de zooplancton recopilada durante 100 años en el Océano Antártico. Y lo que descubre es que solo dicho océano, adonde migran distintos tipos de zooplancton, es responsable del 40% de todo el calor extra que los océanos absorben producto de nuestra quema de combustibles fósiles. Sin esa bomba biológica –señalan los investigadores–, los niveles de CO₂ atmosférico podrían ser el doble.

El hallazgo no solo tiene implicancias científicas. También es una lección política, económica y ética. Porque nos muestra, una vez más, que el planeta funciona por cadenas invisibles acumuladas en el tiempo de organismos que ni siquiera vemos. Y la paradoja cae por su propio peso: mientras estos seres diminutos trabajan para enfriar el planeta, nosotros aceleramos su extinción.

¿Qué tiene que ver esto con el Perú? Mucho más de lo que parece. Somos un país con uno de los mares más ricos del mundo, y cuya economía depende, entre otras cosas, de la pesca y de los recursos naturales. Pero también somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. La lucha contra el calentamiento global debería ser una necesidad de supervivencia para todos, sobre todo para los hacedores de política pública.

Y aquí entra en escena un actor poco conocido pero clave: el Laboratorio de Zooplancton y Producción Secundaria (LZPS) del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Este laboratorio, entre otras funciones, estudia la composición y abundancia del zooplancton en nuestro mar, analiza su papel como alimento en la cadena alimenticia, y monitorea su relación con la salud del ecosistema.

Además, realiza estudios sobre los huevos y larvas de peces de importancia comercial como la anchoveta, y analiza cómo las condiciones ambientales afectan su crecimiento y mortalidad.

Lo que está ocurriendo en las profundidades del Océano Antártico también ocurre frente a nuestras costas. Nuestros tomadores de decisiones, si realmente estuvieran preocupados por lo importante, deberían mirar con más atención este tipo de investigaciones.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Este escenario puede complicarse más en los próximos años a la luz de la conclusión del último “Análisis de situación de salud del Ministerio de Salud”, el cual afirma que “la estructura poblacional evidencia un incremento progresivo de la población adulta y adulta mayor, así como una reducción de los grupos más jóvenes (envejecimiento poblacional) que se explica por los efectos de la transición demográfica”. Hoy ello se expresa en una mayor prevalencia de problemas de salud crónico-degenerativos, que requieren de un cuidado continuo que no consiguen, sobre todo los pobres y vulnerables. Y esto viene ocurriendo en un país complejo con informalidad económica, desborde social y “achichamiento” cultural que, según el sociólogo Danilo Martucelli, expresan una sociedad desformal donde “nadie respeta nada”.

A ese contexto se suma el empobrecimiento institucional que afecta la calidad del servicio público, acentuado en los últimos periodos de gobierno por la inestabilidad en el poder político y la improvisación persistente. En ese sentido, debe recordarse la importancia de la oferta pública en salud que constituye, muy de lejos, la principal fuente de recursos y servicios en el país. Por ejemplo, según la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), al 7 de agosto del 2024 el 99.88% de peruanos tiene un seguro de salud. De ellos, 97.1% son seguros públicos, principalmente el Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. Y el 83,5% de camas hospitalarias pertenecen al sector público. Por tanto, el desempeño del Estado impactará directamente en el bienestar de la gran mayoría de peruanos, siendo un reto mejorar la performance de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) que cuidan a los peruanos. ¿Cómo lo logramos?

Una primera opción es identificar las maneras exitosas de hacer las cosas. Por ejemplo, una buena práctica ha sido la implementación por EsSalud de las unidades básicas de atención primaria (UBAP) en las provincias de Lima y el Callao desde el año 2008, con la participación de IPRESS privadas y municipales. En ese modelo, el financiador (EsSalud) pagaba a los prestadores una tarifa anual calculada en función al costo de un paquete de atenciones de salud que todo asegurado debía recibir considerando su perfil de riesgo. Y se encargaba el cuidado de la salud de una determinada cantidad de residentes de un territorio asignado a la UBAP. Este modelo, incomprensiblemente descontinuado desde el 2021, es una experiencia clave para mejorar la gestión del primer nivel de atención en salud, al alinear el financiamiento a incentivos dirigidos a orientar el desempeño de los prestadores al logro de resultados sanitarios definidos.

También EsSalud tiene un modelo llamado Farmacia Vecina, que resuelve el problema del acceso a farmacoterapia de miles de asegurados de Lima y Callao diagnosticados con alguna enfermedad no transmisible. Se aprovecha la capacidad de compra con economía de escala que el Estado posee, la flexibilidad y agilidad en la distribución del operador logístico privado, más el uso de los servicios de farmacias y boticas privadas. Al afiliarse a Farmacia Vecina, los usuarios eligen un establecimiento farmacéutico cercano a su vivienda o centro de labores para recoger las recetas indicadas cada mes. Los resultados obtenidos son satisfactorios, pues las personas reciben su terapia oportunamente, a la par que evitan el gasto de bolsillo y el costo del traslado a un establecimiento de EsSalud. La estrategia logra un 97% de nivel de servicio: prácticamente todas las recetas son entregadas completas y a tiempo, lo que genera altos niveles de satisfacción. Así se logra el acceso a la medicación necesaria de manera sostenida y se reduce el riesgo de complicaciones en la salud de los usuarios.

Otra experiencia destacable de financiamiento, en este caso del Minsa en la provincia de Lima, es la implementación de un mecanismo de asociación público-privada (APP) en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Gracias a este contrato, un consorcio de empresas privadas brinda servicios de bata gris y bata verde. El primero incluye servicios no asistenciales como lavandería, alimentación de pacientes, vigilancia, mantenimiento de infraestructura y de equipamiento, entre otros. El segundo, además de los servicios de bata gris, contempla apoyo asistencial como laboratorio y diagnóstico por imágenes. Este modelo de gestión mantiene la capacidad resolutiva del prestador, con lo que evita ser afectado por la lentitud de los procesos administrativos estatales para dotar de servicios y recursos necesarios para lograr el funcionamiento permanente de servicios críticos. Por ejemplo, el desarrollo de un buen programa de mantenimiento impide que los equipos de la institución interrumpan su funcionamiento, algo que en otros hospitales públicos es un problema frecuente. Así, los especialistas del hospital concentran su esfuerzo y talento en cuidar la salud de sus pequeños pacientes, contribuyendo además a la tranquilidad y protección de la economía de sus padres.

Pero ¿cuál es el “secreto” de estas experiencias exitosas? Además de emplear capacidades en las cuales los actores privados tienen competencias demostradas, lo más importante es la diferencia de enfoque con relación a la manera como se gestiona en el sector público: se busca explícitamente un alto nivel de servicio al usuario.

Poner al centro al usuario y organizar la oferta en función a la demanda es una medida transversal urgente para recuperar la confianza de los peruanos. La mejora de la cobertura y la calidad de los servicios públicos que reciben, además del bienestar que logra, fortalece el tejido social y la institucionalidad en el país. Para conseguirlo no solo es necesario contar con gestores honestos y competentes, sino también que se atrevan a emplear estrategias diferentes para reemplazar las maneras obsoletas de resolver los actuales nudos críticos existentes. Tenemos que hacerlo.

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Para Fernando Bolaños, oficial de Educación de Unicef Perú, la población peruana con discapacidad es uno de los grupos que sufre el mayor número de exclusiones en sus derechos. Esta situación se confirma cuando la Defensoría del Pueblo señala que el 60% de personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse por las calles, ingresar a establecimientos, viajar en autobús e incluso ir a un parque.

Si analizamos las esferas sociales de nuestro país, es común encontrar a personas en condición de discapacidad enfrentando barreras de comunicación en todos los niveles. Es decir, si desean acceder a puestos de trabajo, a sus derechos fundamentales, entre otros aspectos, no existen los canales ni los medios necesarios para que puedan hacerlo. Esto agrava considerablemente su condición de vulnerabilidad.

Su exclusión está marcada por esquemas culturales cuyas prácticas sociales son construidas, transmitidas, reproducidas y reivindicadas desde la comunicación. Es así que llegamos a normalizar estereotipos que identifican a quienes padecen de una discapacidad como personas imposibilitadas de moverse, pensar, escuchar, comprender. Y bien sabemos que la situación es muy distinta en la realidad.

Sin un discurso inclusivo, lo estipulado en las leyes y normas termina siendo obsoleto en la práctica. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades laborales y el acceso oportuno a la participación social pierden relevancia y no son vistos como aplicables para la realidad de muchos ciudadanos. La mayor parte de la población con alguna discapacidad no conoce de sistemas de comunicación alternativos para que sus derechos no sean vulnerados.

Debemos enfocarnos en cambiar estas estructuras que establecen ciertas posiciones de privilegio para quienes no tienen una discapacidad. El ser educado en la normalidad y en la diversidad debe ser la base para crear, en conjunto, una sociedad más abierta, inclusiva y sin prejuicios.

Algunos avances que alientan

La creatividad y visión crítica de los profesionales de la comunicación son fundamentales para transformar espacios excluyentes por naturaleza en espacios compartidos para todos. Tal fue el caso de la campaña presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima denominada “Menores barreras, más respeto”, y que buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del trato igualitario y respetuoso hacia las personas con discapacidad. Para ello, apelaron a contenidos educativos en redes sociales, activaciones en la comunidad mediante ferias de artesanos con discapacidad, talleres deportivos, servicios de terapia física, lenguaje ocupacional, aprendizaje y psicología.

Además, aprovechando que durante la pandemia el formato de podcasts ha ganado enorme relevancia, Educared lanzó la serie “Voces por la inclusión”. Esta iniciativa, que forma parte de la alianza entre la Fundación Telefónica y Unicef Perú, permitió que jóvenes con discapacidad compartan sus historias inspiradoras sobre el significado de ser una persona con discapacidad y cómo hacer frente a las barreras que les impone la sociedad.

La pandemia también se presentó como una oportunidad para que los emprendedores busquen nuevos horizontes para continuar creciendo. La única escuela peruana de negocios no universitaria online, MERITUM Business School, lanzó su programa de Emprendimiento inclusivo. Se convirtió, así, en la primera escuela de negocios con interpretación de lenguaje de señas en el Perú (LSP).

Para modificar estereotipos y prácticas socioculturales sobre la discapacidad, es esencial que los aportes y estrategias tengan un adecuado trato comunicacional y se trabajen de la mano con sus protagonistas. Por ejemplo, vemos como positivo que se transmita por televisión la interpretación con lenguaje de señas, pero, ¿hemos preguntado a las personas usuarias de este servicio si el tamaño de su pantalla es el adecuado? Es fundamental que en toda iniciativa se involucre a quienes son y serán usuarios del servicio.

Por todo lo anterior, proponemos la creación de una guía para la comunicación incluyente. Un documento que contenga elementos de conocimiento que garanticen la posibilidad de una información exacta y acerquen al comunicador a este tema específico. El comportamiento cultural asume un papel muy fundamental en la eficacia de la comunicación. Es indispensable que la compasión deje de ser un elemento disuasorio para la igualdad y que la comunicación sea válida en todas sus formas. Solo así podremos convertirnos en actores activos para impulsar y exigir espacios inclusivos: ingresos amplios y a nivel de la vereda, señalización con imágenes y alto relieve, espacios de tránsito fluido y correctamente iluminados, entre otros. Y avanzaremos a ser un país que brinde oportunidades para todos, sin restringir experiencias que trascienden.

Realizado por: Paola Bustamante, Katherine Campos y Carla Soto; directora, coordinadora de Comunicaciones y Capacitaciones, y analista digital y de Comunicaciones de Videnza Consultores, respectivamente

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