Desde la década de 1990, el mercado farmacéutico peruano arrastra debilidades profundas. La Ley 29459, promulgada en el 2009 y reglamentada dos años después, intentó corregir parte de ese problema, pero su implementación quedó corta. La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), encargada de garantizar que lo que llega al paciente es seguro, eficaz y de calidad, nunca se fortaleció como corresponde. El resultado es un Estado incapaz de asegurar que todos los laboratorios cumplen con buenas prácticas de manufactura. Sin ellas no existe garantía real de calidad. Y sin calidad el riesgo se traslada al ciudadano.

De hecho, como lo denunció el programa “Cuarto poder”, muchos de los medicamentos que se comercializan y que provienen del extranjero carecen del certificado de buenas prácticas de manufactura de la Digemid. El reportaje denunció que medicamentos de 279 laboratorios internacionales están aún pendientes de dicha certificación, pero ya se comercializan, situación que calificó como “el Reinfo de los laboratorios extranjeros”. Incluso identificó que empresas desaprobadas por la Digemid porque incumplen las buenas prácticas de manufactura venden sus productos. Un horror por los potenciales riesgos sanitarios que pueden desencadenar.

La discusión de fondo no es técnica, sino institucional. Se necesita transformar la Digemid en una autoridad reguladora nacional (ARN) con autonomía, gobernanza fuerte, recursos humanos especializados, sistemas digitales modernos y un mandato claro de transparencia y rendición de cuentas. Países que hoy sí pueden garantizar la calidad de sus medicamentos no lo lograron con parches; lo hicieron construyendo entes reguladores sólidos, con capacidad real para fiscalizar, sancionar y vigilar su mercado.

Junto con ello, son imprescindibles una política farmacéutica nacional y una estrategia clara para gestionar el riesgo generado por laboratorios sin buenas prácticas de manufactura. Es decir, cómo sacarlos del mercado sin generar desabastecimiento y acelerar el ingreso de proveedores seguros. Esto deja al país atrapado entre dos amenazas: o se mantiene una oferta de mala calidad o se provocan carencias de medicamentos esenciales. La política farmacéutica debe ser el marco, y la ARN su brazo ejecutor. Ambas requieren articulación con el sector privado, la academia y los prestadores de servicios.

Si mañana se retirara del mercado todo aquello que no incumple los estándares establecidos (que pareciera lo obvio), podríamos dejar a miles de pacientes sin acceso a medicamentos esenciales. La salida responsable exige un análisis rápido que permita cuantificar qué productos quedarían fuera si se aplica la exigencia total, identificar cuáles no tienen sustitutos disponibles, aplicar medidas excepcionales que permitan mantener temporalmente algunos productos de mayor necesidad, acelerar la evaluación de expedientes para autorizar proveedores seguros ya en proceso y realizar compras urgentes.

Todo lo anterior demanda decisión política. La respuesta de la última gestión del Ministerio de Salud fue sumamente débil. El nuevo equipo enfrenta un desafío mayor: restaurar la confianza ciudadana en la calidad de los medicamentos y en la autoridad sanitaria. Una confianza que solo regresará cuando las personas tengan la seguridad de que todos cumplen su labor: Estado, fabricantes, comercializadores y dispensadores. Cuando sepan que si enferman y van en busca de tratamiento, el remedio no será un riesgo mayor que la propia enfermedad.

Realizada por: César Amaro y Janice Seinfeld, investigador principal y presidenta de Videnza, respectivamente

Columna publicada en el diario El Comercio, el martes 11 de noviembre de 2025.

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Somos una república bipolar: un día optimista, al día siguiente colérica; un domingo pedimos elecciones, el lunes exigimos vacancia. Somos capaces de emitir 12,8 millones de votos para que nuestro pan con chicharrón sea campeón del Mundial de Desayunos promovido por un influencer español, pero nuestro nuevo presidente llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra con únicamente 11.654 votos.

La semana pasada, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi reveló que, en el último año, el 13,4% de los peruanos experimentó algún trastorno psiquiátrico como ansiedad o depresión, lo que equivale a más de 2,2 millones de personas. Y esos son solo los diagnosticados.

A los temas políticos se suman la inestabilidad económica, la creciente violencia urbana y secuelas sociales y psicológicas causadas por la pandemia del COVID-19, que están llevando a miles de peruanos a vivir en un estado permanente de ansiedad y estrés. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), los casos de ansiedad y depresión se han triplicado en la última década. Y el III Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia confirma que tres de cada cuatro familias sienten que su salud mental se ha visto afectada por la inseguridad. Pero cuando alguien busca ayuda, el sistema público de salud no responde: dos psiquiatras y 22 psicólogos por cada 100.000 habitantes, la mitad que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

No se puede construir un sistema de salud sólido si está enfermo en su propia estructura y si, como nación, vivimos en modo crisis. En gobernanza, es un sistema de salud sumamente fragmentado, con rectoría muy débil, sin información que oriente la toma de decisiones ni estándares de desempeño, y sin una preocupación real por el paciente. En financiamiento, invertimos S/20 por persona al año en salud mental –apenas 2% del gasto total en salud–, mientras que los países desarrollados destinan más de US$190 por persona. Esto porque entienden que, como lo calcula la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en salud mental devuelve cuatro en productividad y bienestar.

En prestaciones de servicios, sabemos de la poca capacidad resolutiva del sistema de salud público: mala infraestructura, sin conectividad y sin ofrecer diagnósticos rápidos ni atención oportuna. Finalmente, el desabastecimiento de medicamentos lleva a que la ciudadanía deba buscar atención en boticas y farmacias, con el consiguiente incremento en gasto de bolsillo y la falta de seguimiento a los tratamientos.

Un sistema de salud centrado en la persona podría cambiar esta historia. Significaría poner al ciudadano, y no a la institución, en el centro de la atención. Que los servicios se organicen alrededor de las necesidades de los individuos, no de los trámites. Que la salud mental esté integrada en la atención primaria y no circunscrita a centros especializados donde pocos pueden llegar. Significa formar al personal de salud para escuchar, acompañar y orientar, no solo para recetar. Y, sobre todo, significa construir redes comunitarias donde las familias, las escuelas y los espacios laborales sean parte activa del cuidado emocional.

Un enfoque centrado en la persona implicaría atender los problemas antes de que se vuelvan crisis. Detectar la depresión en el colegio, el estrés en el trabajo, la violencia en el hogar. Crear líneas de atención accesibles, fortalecer los centros de salud mental comunitarios y asegurar continuidad en el tratamiento.

La evidencia demuestra que cuidar la mente no solo sana a las personas, también reconstruye sociedades. En cada centro comunitario que se abre, en cada psicólogo que atiende pese a la carencia de recursos, en cada ciudadano que decide pedir ayuda hay un acto de resistencia frente a la incertidumbre.

Columna realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Las historias clínicas electrónicas en los establecimientos de salud simplifican la vida de pacientes y personal de salud. Permiten mejorar la calidad de la atención médica y, en ocasiones, incluso salvar vidas. Implican no tener que llevar toda la información de salud ni pagar el costo de volver a hacerse exámenes en caso de que deban cambiar de lugar de atención, pues en un solo documento digital están todos los exámenes, medicamentos, procedimientos e información relevante. Eso también facilita el trabajo en red entre prestadores, que pueden compartir la información médica para agilizar las referencias y contrarreferencias.

Veámoslo con un ejemplo: imagine que un familiar suyo sufre un infarto y necesita una ambulancia de inmediato. Usted la solicita en línea o por teléfono, y mientras la unidad va en camino, el personal ingresa en una tableta o celular el DNI del paciente y, cumpliendo un protocolo de seguridad ágil, accede a todo su historial médico, sin importar en qué lugar se haya atendido antes. Apenas llegan, evalúan el estado de su familiar, actúan con mayor seguridad en su cuidado y envían de inmediato esa información al hospital de destino, que recibe y atiende la emergencia con todo listo para actuar. Esto sucede en Estonia, donde el 99% de trámites oficiales se realizan en línea. Desde el 2008, este país europeo consolidó un portal nacional que integra la historia médica de toda la población. El resultado ha sido abaratar costos, facilitar diagnósticos y optimizar la atención. Este modelo ha inspirado a otros países y, de tomarse en serio, también podría ser la brújula para modernizar nuestro propio sistema de salud.

En el Perú, desde el 2019 el Seguro Social de Salud (Essalud) avanzó con su propio sistema, al igual que algunos prestadores privados, mientras que por el lado del Minsa y los gobiernos regionales aún queda mucho por recorrer. Pero el panorama actual no es del todo claro, porque en el 2024 el Minsa decidió dar de baja el tablero que mostraba públicamente cómo venía avanzando la historia clínica electrónica en los prestadores del Estado. Desde entonces no se ha vuelto a publicar información al respecto. Lo último que sabemos, a diciembre de 2023, es que el Callao era la región con mayor porcentaje de establecimientos de primer nivel implementados (65,3%), mientras que Cajamarca apenas llegaba al 2,5%. Para evaluar el presente necesitamos evidencia: el Minsa necesita transparentar los avances en la implementación de la historia clínica electrónica en prestadores públicos.

Para Lima, la citada resolución precisa que será de obligatorio cumplimiento a partir de ayer, lunes. Para los gobiernos regionales será progresiva, con un plazo máximo de un año. Eso está bien, porque obliga a prever recursos, desde la contratación de proveedores de Internet (incluso Starlink en zonas rurales), hasta garantizar la interoperabilidad con hospitales e institutos especializados, los cuales tienen una antigua agenda pendiente por resolver.

La segunda buena noticia vino del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: tras más de dos décadas, dejará de emitir el DNI azul y solo tramitará el nuevo DNI electrónico 3.0, con mayor seguridad y modernidad. La identidad digital es clave para facilitar la vida a ciudadanos y funcionarios, fortalecer procesos como el uso de la historia clínica electrónica y otros servicios públicos y privados. Además, permite dar trazabilidad a los procesos, un aspecto crucial cuando se usan medicamentos y dispositivos médicos críticos (más aún en un entorno de economías informales que comercian con productos ilegales que nos pueden matar).

La digitalización debe ser el gran salto de calidad que la salud peruana necesita. Pero dependerá de que el Estado ponga seriedad, recursos y voluntad política. Como en Estonia, la clave no está (solo) en la tecnología, sino en el compromiso de convertirla en una política de Estado al servicio de las personas.

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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La regulación es necesaria para corregir fallas en sectores que, por su naturaleza, tienen poca o nula competencia o enfrentan información asimétrica. El Perú necesita con urgencia una entidad nacional de salud que asegure que los medicamentos, dispositivos y otros insumos que usamos los ciudadanos son seguros, eficaces y de calidad. Porque sin confianza en la regulación, no hay confianza en el sistema de salud. Y cuando la autoridad falla, las consecuencias pueden ser mortales.

Lo vemos en Argentina, que vive hoy uno de los mayores desastres sanitarios en su historia: más de un centenar de muertos confirmados por uso de fentanilo clínico contaminado en hospitales. En el Perú, un suero de mala calidad dejó al menos cinco fallecidos y 13 afectados graves en Lima, Cusco y La Libertad este año, mientras que en 1996 la comercialización de un lote del fármaco Dyazide infectado con un antipsicótico puso en riesgo a muchos adultos mayores. En Alemania, un medicamento utilizado para náuseas en embarazadas, llamado talidomida, provocó malformaciones congénitas en más de 10.000 recién nacidos entre los años 1957 y 1962. Y un caso que impactó en varios países desde el 2003 fue el de los jarabes contaminados con dietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico que provocó 800 muertes en Panamá, 300 en Pakistán y 200 en Indonesia.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el estándar de oro para una autoridad reguladora: el Global Benchmarking Tool (GBT). Este precisa nueve funciones básicas, como un marco legal claro, aprobación rigurosa de productos, gestión de riesgos para detectar efectos adversos, vigilancia poscomercialización, licenciamiento de establecimientos, inspecciones y fiscalización de ensayos clínicos. En el Perú, esas funciones están dispersas entre la Digemid, el Instituto Nacional de Salud e inclusive el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Además, están recargadas de tareas que no corresponden a un ente regulador. De allí la urgencia de una reforma.

La creación de una nueva agencia exige definir con claridad su estructura, estrategias, indicadores de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas. Y requiere un diseño institucional que aprenda de las mejores experiencias del país, como las del Banco Central de Reserva (BCR) o la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en su concepción original: organismos técnicos, con autonomía, estándares claros y capacidad para atraer, capacitar y retener talento de primer nivel.

Hoy, las agencias de clase mundial incorporan la digitalización y la inteligencia artificial como ejes transversales, lo que obliga a contar con equipos interdisciplinarios de alta preparación. Las universidades también tienen un rol ineludible pendiente: formar al talento humano que estas instituciones demandarán.

El pasado 13 de agosto, Videnza Consultores y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) organizamos un foro multisectorial para discutir cómo fortalecer la regulación de productos de salud en el Perú. La participación del viceministro de Salud Pública, la directora de la Digemid, el congresista Ernesto Bustamante, académicos, y representantes de colegios profesionales, de la industria y de la sociedad civil mostró que sí es posible construir este modelo de manera participativa. Necesitamos un debate técnico serio y transparente sobre esta propuesta.

El reto es grande, pero el costo de no asumirlo es mucho mayor. Debemos evitar ampliar el modelo actual de gestión con mayor gasto público y más burocracia poco efectiva y con prácticas opacas. El país tiene la oportunidad de dar un salto institucional y no debe desaprovecharla.

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En los últimos 25 años, el aumento significativo de la ayuda internacional en sectores claves como la salud permitió reducir en más de la mitad la mortalidad infantil evitable y las muertes prevenibles por enfermedades infecciosas como el sida, la tuberculosis y la malaria. Sin embargo, en una reciente entrevista para el diario español “El País”, Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, la mayor organización filantrópica del mundo, advierte: “No tenemos todavía los datos, pero es muy probable que este sea el primer año del siglo XXI en el que veamos un aumento de la mortalidad infantil evitable, en el que probablemente volvamos a ver un aumento de los casos y muertes por malaria y por VIH. Dada la brusquedad de muchos de los recortes que se han producido en la primera parte de este año, especialmente por parte de Estados Unidos, pero no exclusivamente, ya podemos ver el impacto, especialmente en África”.

El directivo participó la semana pasada en Sevilla en la IV conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo, junto con más de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno. A su juicio, tras la pandemia, los países ricos están dejando de cumplir los compromisos que asumieron en la llamada “era dorada” de la cooperación, mientras los países de renta media y baja enfrentan niveles de endeudamiento asfixiantes. La combinación es peligrosa. Y lo que está en juego es el bienestar –y muchas veces la vida– de millones.

La magnitud del problema es difícil de exagerar. En el África subsahariana, uno de los principales focos de acción de la Fundación Gates, el 70% del gasto en salud depende de financiamiento externo. En otras regiones, la situación es menos dramática, pero igualmente precaria. La cooperación internacional ha perdido tracción política y visibilidad mediática. Las prioridades de las grandes potencias se han reordenado hacia sus propias crisis: inflación, seguridad, migración, populismo. La ayuda al desarrollo, mientras tanto, queda como lo que muchas veces ha sido: lo primero que se recorta.

Cuando se debilitan los sistemas de salud en los países más pobres, se abren las puertas para nuevas pandemias. Cuando el hambre o la falta de oportunidades empujan a miles de personas a migrar, los efectos se sienten en todo el globo. Y cuando los programas que empoderan a niñas y mujeres se reducen por falta de fondos, retrocedemos décadas en equidad y desarrollo.

La paradoja es que las soluciones existen. Suzman lo recuerda: una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier país rico es destinar recursos a salud y educación en los países más pobres. No (solo) por razones de justicia global, sino porque es rentable. Las vacunas salvan vidas y evitan crisis sanitarias; la educación de las niñas reduce la pobreza y frena la sobrepoblación. Y, sin embargo, hoy cuesta más convencer a los gobiernos de mantener ese compromiso.

Como advierte Suzman, “las inversiones que no se hagan hoy se pagarán caro mañana”. Y ese mañana llegará más pronto de lo que creemos. Si algo nos enseñó la pandemia, es que la salud global no conoce fronteras. Y que la indiferencia es siempre más costosa que la acción. Pero esa acción no debe venir de organizaciones filantrópicas, cuyo rol es ejercer como catalizadores, sino de los propios Estados. Son ellos quienes deben llevar el peso de la cooperación y las políticas de desarrollo. Y, salvo honorosas excepciones, no están cumpliendo esa tarea. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Columna de opinión de Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, publicada en el diario El Comercio.

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Según información oficial obtenida por el portal Salud con Lupa, en Pastaza nueve niños menores de 11 años murieron por esta enfermedad. De los 151 menores de un año registrados en el distrito, solo 22 han recibido la tercera dosis de la vacuna pentavalente. Entre los motivos de esta baja cobertura de vacunación están problemas estructurales como la falta de brigadas de vacunación, escasa conectividad fluvial y aérea, deficiencias en la cadena de frío, y el crítico estado del sistema de salud amazónico, que enfrenta enormes limitaciones logísticas, técnicas y humanas. Recién el 9 de junio, el Ministerio de Salud anunció el despliegue de 17 brigadas sanitarias hacia seis distritos de Datem del Marañón. Y tres días después se aprobó una transferencia de S/12,5 millones para enfrentar la emergencia.

La falta de políticas públicas nos deja expuestos también frente a eventos externos nacionales, como el sismo de magnitud superior a 8,8 que eventualmente sucederá en Lima y el Callao. Los estudios del Centro de Estudios y Prevención de Desastres advierten que un evento de esta magnitud podría dejar más de 100.000 muertos, un millón de damnificados y pérdidas económicas que superarían el 20% del PBI nacional. Y, sin embargo, nuestros hospitales no están preparados: muchos no cuentan con estructuras antisísmicas, carecen de sistemas autónomos de energía y no tienen planes funcionales de contingencia. La interoperabilidad entre servicios sigue siendo una promesa incumplida, y la atención primaria no tiene herramientas para sostenerse en escenarios extremos ni frente a eventos externos internacionales.

¿Por qué seguimos improvisando? ¿Por qué no se invierte en reforzar las viviendas precarias, que representan más del 70% de la infraestructura en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Ventanilla? ¿Por qué no hay un sistema de alerta temprana operativo y masivo, cuando países como Japón o Chile ya han demostrado su eficacia salvando miles de vidas? La respuesta es dolorosa y simple: porque el bien común ha dejado de ser el centro del quehacer político. En lugar de diseñar políticas que protejan a las mayorías, se priorizan agendas personales, disputas partidarias y cálculos electorales de corto plazo. La política peruana ha olvidado su razón de ser: organizar la vida en sociedad para asegurar dignidad, seguridad y oportunidades para todos.

Los crecientes conflictos en el Medio Oriente nos pueden sonar lejanos, pero tienen implicancias globales que también afectarán al Perú. Un cierre prolongado del estrecho de Ormuz por parte de Teherán pondrá en riesgo el suministro de petróleo y gas, con efectos en la inflación, la economía y los tipos de interés. Aumentará la incertidumbre internacional y muy probablemente habrá repercusiones en el costo de los alimentos, el transporte, los medicamentos.

No tenemos políticas públicas listas para responder ante escenarios como estos que pueden implicar inestabilidad prolongada. Estamos frente a una crisis de gobierno en el sentido más profundo del término: la incapacidad de anticipar, planear y actuar por el bien común, ausente en nuestros políticos.

La política, en su forma más noble, es un acto de cuidado colectivo. Pero en el Perú parece haber sido capturada por la indiferencia. Prepararse para un terremoto, combatir la anemia infantil y la desnutrición, frenar la criminalidad organizada o invertir en educación de calidad no son solo asuntos técnicos. Son decisiones morales que distinguen a un Estado ausente de uno verdaderamente presente.

Columna escrita por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, el 24 de junio de 2025.

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En esta modalidad, primero se califica la idoneidad de los proveedores, se establecen los parámetros de calidad de los bienes por adquirir mediante una ficha técnica y se determina lo que se les quiere comprar. Es decir, quienes postulan deben superar estándares establecidos y solo ellos entran a competir en una puja de precios a la baja que, en teoría, permite al comprador obtener el precio más bajo posible. Estos procesos se dan por vía electrónica y buscan lograr un mecanismo que estimule la competencia y sea transparente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Lo que ha venido sucediendo es que un grupo de altos ejecutivos de empresas farmacéuticas pactó para “repartirse” las millonarias compras de medicamentos del Ministerio de Salud.

Así lo entiende el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), que ha abierto un proceso administrativo sancionador contra 15 empresas y cinco personas naturales por la presunta colusión en licitaciones de medicinas al Estado entre el 2006 y el 2020. La hipótesis es que coordinaban para generar una imagen de falsa competencia y que el Estado se vea obligado a comprar a mayor precio.

De confirmarse estas prácticas, los involucrados deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Es inaceptable que se pretenda lucrar a costa de la vida y la salud de los peruanos. Si bien toda empresa que vende un producto busca sacar el mayor provecho, efectuar maniobras ilegales para ganar más sin pensar en el impacto que eso tiene en la salud pública es simplemente repudiable.

Desde el lado del Estado también hay problemas. Debemos considerar que, en determinados casos, para evitar la escasez de medicamentos flexibiliza las compras y autoriza que cada hospital o unidad ejecutora lidere sus procesos de licitación. En lugar de efectuar adquisiciones grandes, cuyos volúmenes les permitirían obtener mejores precios, cada institución termina asumiendo sus propios procesos, a precios más altos.

Para evaluar qué otras estrategias se pueden utilizar para la compra eficiente de productos farmacéuticos, vale la pena revisar la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el pasado 24 de junio. Primero, establece un avance tímido para las compras a través del catálogo electrónico. Este instrumento, como su nombre lo indica, es un catálogo con distintas empresas y productos precalificados que compiten en precio y calidad. Pese a que podría evitar prácticas colusorias, desde el 2009 no se ha avanzado nada en esta modalidad de compra en el sector farmacéutico.

Además, la ley plantea nuevos mecanismos de transparencia para contratos cuyos montos sean iguales o menores de ocho unidades impositivas tributarias (UIT), y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Estas compras, que el año pasado representaron el 24% de las compras de bienes y servicios, ahora deberán ingresar en una plataforma llamada Pladicop. Es un avance porque añadirá mayor transparencia sobre los diferentes agentes, dotará de trazabilidad a las operaciones y permitirá una mejor toma de decisiones.

Sin embargo, si bien esta ley moderniza aspectos para procesos onerosos, no resuelve la carencia de una estrategia de adquisiciones del Estado que incluya indicadores de desempeño. Esta podría sustentarse en la llamada Matriz de Kraljic, que diferencia a los bienes en función de cuántos competidores hay en el mercado y de cuánto representan del gasto. Para cada cuadrante de la matriz existen mejores mecanismos de adquisición por implementar. En uno de esos escenarios, el catálogo electrónico es la mejor herramienta para productos como la mayoría de los farmacéuticos: con competencia en el mercado y que individualmente representan un gasto menor para el contratante.

Sea cual sea la estrategia que se adopte, queda claro que, además de mejores prácticas, necesitamos adecentarlas.

Realizado por Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el diario El Comercio, el día 23 de julio de 2024.

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El Perú ha llevado a cabo esfuerzos significativos para alcanzar la ambiciosa meta de lograr el 100% de cobertura en la inmunización infantil según edad, especialmente en los primeros meses de vida. Aunque los avances son prometedores, todavía queda un último tramo por recorrer. Este artículo explora el estado actual de la vacunación de niños y niñas menores de 12 meses a nivel nacional, comparando datos prepandemia con los más recientes, para lo cual utiliza la Encuesta demográfica y de salud damiliar (ENDES) (INEI, 2018-2023).

Entre 2018 y 2023, la cobertura de vacunación en el Perú mostró una tendencia positiva e incluso superó la cobertura prepandemia en este último año. En 2018, la cobertura nacional era del 73.3%; y, para 2023, aumentó a 77.5%, un incremento en 4.2 puntos porcentuales (pp). De manera similar, la cobertura según ámbito mejoró; sin embargo, este avance ha sido heterogéneo. En 2018, la cobertura en el ámbito urbano y rural era semejante: bordeaba el 73%. Pero para 2023 estas cifras cambiaron a 74.9% y 78.6%, respectivamente. El mayor aumento se observó en las áreas rurales, con un incremento de 5.5 pp, en comparación con 1.2 pp en áreas urbanas.

Al analizar los datos a nivel departamental, los resultados varían significativamente. Por un lado, departamentos como Moquegua, Tacna y San Martin, que superaban el umbral de cobertura del 80% en 2018, en 2023 redujeron su cobertura de manera significativa. Entre estos, resalta Moquegua por la situación crítica en la que se encuentra, con una reducción en 9.7 pp y registrando en 2023 que 3 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses no han recibido el esquema de vacunación de acuerdo con su edad. En contraste, Huánuco, Apurímac y Tumbes, que también superaban el umbral esperado a 2018, aumentaron aún más la tasa de niños y niñas menores de 12 meses con vacunas de acuerdo con su edad. En los tres casos, 9 de cada 10 infantes menores de un año siguieron el esquema de vacunación de manera oportuna.

Asimismo, departamentos que a 2018 no alcanzaron la cobertura del 80%, en 2023 lograron superar este umbral. Entre estos destaca Callao, Junín y Ayacucho, que en 2018 tenían una cobertura del 67.2%, 73.6% y 75.2%, respectivamente; y ascendieron en 21.3 pp, 8.3 pp y 6.7 pp. Otros ejemplos son La Libertad (+6.3 pp), Huancavelica (+4.8 pp), Piura (+4.4 pp) e Ica (+3.4 pp). Un caso particular es la Región Lima (Lima Provincias), pues en 2023 logró aumentar su cobertura de 75.6% a 91.4%, superando a departamentos como Apurímac y Tumbes que prepandemia estaban en una situación ejemplar.

En términos generales, 2023 ha sido un año de mejoras a nivel nacional. Sin embargo, es esencial que no bajemos la guardia pues, en promedio nacional, a 2 de cada 10 niños y niñas menores de 12 meses aún les faltan sus vacunas completas. Esta situación se agrava en departamentos como Lambayeque, Puno y Loreto donde, entre 2018 y 2023, los infantes menores de 12 meses que no accedieron a las vacunas se incrementaron de 3 a 4 de cada 10. Sin embargo, se evidencia el gran esfuerzo en estos departamentos para lograr cumplir con el esquema de vacunación de manera oportuna. De hecho, entre 2022 y 2023 Lambayeque pasó de 57.1% a 74.6%; Loreto, de 49.1% a 66.6%; y Puno, de 45.6% a 58.0%. Si bien a 2023 aún no superaban el umbral esperado, se encuentran por buen camino.

La cobertura universal en inmunización infantil es una promesa de salud para los niños y niñas en el Perú. Para garantizar un mejor presente y futuro para todos es necesario asegurar la vacunación para cada niño. Cada dosis administrada es un paso más hacia un futuro libre de enfermedades prevenibles. Si bien se han logrado avances significativos, es fundamental alcanzar el 100% de vacunación para salvaguardar la salud de los infantes, especialmente en los niños y niñas menores de 12 meses. Sigamos trabajando juntos para cumplir esta promesa y asegurar que cada niño y niña en el Perú tenga la protección que merece.

Realizado por: Paola Bustamante y Daniela Santander, directora y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

[1] Unicef define los conceptos claves “Zero-dose” y “Under-vaccinated” para caracterizar la situación de la cobertura de inmunización. El primero se refiere a aquellos niños que no han recibido ninguna vacuna; el segundo, a niños que han recibido algunas vacunas, pero no todas, según el esquema de vacunación planteado en el país respectivo.

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“Si no hay, tienen que comprar”, dice una trabajadora del hospital nacional Hipólito Unanue preguntada por el reportero sobre la falta de medicinas. Fármacos para tratar el cáncer, el sida, las enfermedades cardiovasculares, y que, en teoría, están cubiertos por el Seguro Integral del Salud (SIS).

Lo anterior grafica la carencia de un vínculo entre la programación, la compra, la gestión de inventarios, la demanda en los servicios y el pobre uso de las tecnologías de la información. En el caso del cáncer, otros productos pueden estar en riesgo de vencimiento, porque se adquieren sin tener una demanda sustentada en la cadena de prestación de los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y otros centros especializados. Esto es, se compran medicinas necesarias, pero no son usadas por la falta de una mirada sistémica, de procesos y la ausencia de articulación entre las distintas instancias del sistema de salud.

El Cenares, al no manejar información nacional de demanda, de suministro, de inventarios y de capacidad de uso de los hospitales más especializados, tiene un sobrestock de medicinas con el consecuente riesgo de su vencimiento.

Si bien la adecuada provisión de medicamentos y servicios es de larga data, el desmantelamiento de la meritocracia que emprendió el gobierno de Pedro Castillo, y que no corrige quien fue su vicepresidenta, muestra hoy sus resultados. Por ejemplo, una iniciativa que se liquidó fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecidas en el contrato, lo que permitía tener un menor tiempo de espera para las citas médicas, una mayor percepción de calidad, una mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, entre otras bondades. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y daba un menor margen para la corrupción. La única explicación de que se haya eliminado en lugar de replicarlo tiene que estar justamente ahí: qué importa la salud del resto cuando yo, funcionario corrupto, puedo sacar mi tajada.

Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, señala en el citado reportaje: “Nosotros, como médicos, día a día tenemos que estar obligados a pedir perdón a nuestros pacientes por no contar con los medicamentos, mientras lamentablemente vemos al señor ministro que, en lugar de hacer gestión en el ministerio, defiende a la presidenta y es portavoz o vocero del Gobierno en aspectos que no tienen nada que ver con esta crisis sanitaria que tanto nos preocupa y que nos indigna”.

Para más señas sobre la situación de nuestro sistema de salud, “Cuarto poder” denunció que el laboratorio de emergencias del hospital Arzobispo Loayza, que este gobierno reinauguró el pasado enero, no funciona. No solo está cerrado e inoperativo, sino que funge como depósito.

A ver si el Congreso de la República, tan diligente para aumentarse sus sueldos, pero tan poco dado a fiscalizar aspectos que impactan, literalmente, en la vida de los peruanos, decide poner los ojos en este tema.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Urge fortalecer el primer nivel de atención, para que cuente con profesionales de la salud con capacidad de resolver los problemas de la población que atienden. Además, que cuente con un sistema de historia clínica electrónica y plataformas de información interconectadas que permitan ahorrar tiempo y costos a los pacientes y al sistema, que opere en red para la referencia y contrarreferencia de pacientes, y que ofrezca los medicamentos que el médico receta.

Para lograr buenas prácticas de atención y gestión de información necesitamos alianzas entre los sectores público y privado. Un ejemplo de ello fueron las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas eran empresas privadas que atendían a los asegurados de Essalud con la calidad y la oportunidad establecida en un contrato, lo que permitía tener menor tiempo de espera para las citas médicas, mayor capacidad de resolución de los problemas de los pacientes, mayor percepción de calidad, entre otros. Cada establecimiento de salud tenía asignada una determinada población a la que debía dar promoción, prevención y atención en salud.

Para incentivar a los prestadores de salud a lograr resultados sanitarios a menores costos, en las UBAP se optó por el financiamiento ca-pitado, donde a cada asegurado se le asignaba una tarifa a cambio de un determinado paquete de prestaciones de salud. Y se disponía de una plataforma digital para la historia clínica electrónica que permitía la trazabilidad de las atenciones brindadas y facilitaba otros procesos de soporte. El modelo UBAP era más económico que el esquema tradicional de salud y tenía menor margen para la corrupción. Pese a todo ello, fue desactivado durante el gobierno de Pedro
Castillo. Es decir, en lugar de replicar las experiencias exitosas, aquí se eliminan.

Otro ejemplo de alianza público-privada que permite mejores resultados para los pacientes a menores costos es
Farmacia Vecina, un programa de Essalud que opera exitosamente en colaboración con la empresa Salog. Farmacia
Vecina convoca a farmacias y boticas privadas de Lima para ayudar a descentralizar el despacho de medicamentos.
Los establecimientos farmacéuticos reciben las recetas de cada asegurado para que puedan recoger sus medicinasen lugares cercanos a su hogar. Este servicio es especialmente vital para los pacientes con enfermedades crónicas.

En conclusión, los retos para tener un sistema de salud de calidad en nuestro país son muchos, pero todos pasan por que el Ministerio de Salud asuma la labor rectora que le corresponde. Sin ello, los peruanos no tendremos la salud que necesitamos.

Realizada por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza, en el Diario El Comercio.

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Por ejemplo, en Arequipa, investigadores de la Universidad Católica de Santa María desarrollaron el Sistema Integrado e Inteligente para registrar, informar, alertar, monitorear y asistir a las personas sintomáticas de COVID-19 (SIAMA), que fue puesto a prueba en la Clínica Aliviari de la misma universidad. En mayo de 2020, en plena pandemia COVID-19, el Gobierno lanzó la aplicación “Perú en tus manos”, que permitía advertir a los ciudadanos sobre aquellas zonas con mayor probabilidad de contagio. Su desarrollo contó con la colaboración de empresas privadas expertas en aplicaciones móviles, IA y analítica de datos. Por esas mismas fechas se implementó en Lima y Trujillo las plataformas “Smart Security Office” y “Wcare”, respectivamente, con sistemas de reconocimiento facial, medición de la temperatura y uso de elementos de protección en trabajadores y visitas.

Si bien estos casos han sido útiles para gestionar la salud a nivel poblacional, el principal beneficio de la IA se puede encontrar en el manejo individual. Permite analizar grandes cantidades de datos médicos para identificar patrones que pueden no ser evidentes para los médicos. Esto puede ayudar en el diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Además, la IA puede sugerir tratamientos personalizados basados en el historial médico del paciente.

Sin embargo, para explotar estos beneficios es necesario contar con historias clínicas electrónicas, ya que registran, en formato digital, el estado de salud del paciente en distintos momentos de su vida, así como los procedimientos médicos realizados. El problema es que el avance en digitalización es muy lento: entre 2018 y 2023, el porcentaje de instituciones prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud que contaba con un sistema de historias clínicas electrónicas implementado pasó de 3.2% a 12.9% en el ámbito nacional[1]. Es imprescindible cerrar la gran brecha existente.

Asimismo, la presión en los servicios de atención primaria de salud puede aliviarse significativamente mejorando los procesos administrativos asociados con la detección preventiva, la vacunación, las referencias y los sistemas de programación de citas. Sin embargo, aún no se dispone de sistemas para gestionar la información. Por ejemplo, las entidades que forman parte del sector Minsa-Gobiernos regionales no tienen programas de planificación (como los Enterprise Resource Planning, un software de planificación de recursos empresariales). Junto a ello, también se debe implementar una gobernanza de datos, ya que permite contar con información confiable y precisa. Sin embargo, el Censo 2019 de Servicios Informáticos del MINSA identificó aproximadamente 300 aplicaciones solo en el ámbito público de la prestación de salud, pero sin integración o interoperabilidad los unos con los otros.

Hemos identificado dos ejemplos recientes en los que se está aprovechando la IA para la salud individual. El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja ha inaugurado un tomógrafo computarizado que utiliza IA para realizar estudios cardiacos. Asimismo, el Gobierno Regional de Cajamarca implementó un sistema de gestión hospitalaria Open Clinic, que se entrenó con IA para analizar las historias clínicas electrónicas. Permite reconocer los síntomas del paciente, realizar un diagnóstico automatizado de imágenes e identificar una posible enfermedad, que luego es validada por un médico.

El avance de la tecnología no se detiene. En el Perú, necesitamos urgentemente mejorar nuestros sistemas de gestión para acelerar la implementación de estas tecnologías, que tanto ayudarían a poder tener un sistema de salud más sólido, eficiente y accesible para todos.

[1] REUNIS y Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud (MINSA, 2023).

Escrito por: Janice Seinfeld y Franco Sebastiani, presidenta de Videnza y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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La Federación Mundial de la Obesidad, con sede en Londres, acaba de publicar su Atlas Mundial de la Obesidad 2024. Y las cifras son escalofriantes. Las estimaciones de los niveles mundiales de IMC elevado sugieren que casi 3.300 millones de adultos podrán padecer obesidad en el 2035, frente a los 2.200 millones del 2020. Esto significa un aumento del 42% al 54% en obesidad en adultos en un lapso de 15 años. En el caso de los jóvenes de entre 5 y 19 años, en ese mismo período la cifra aumentaría del 22% con IMC elevado (430 millones) a más del 39% (770 millones) en el 2035.

Veamos más señales de alerta del citado atlas: de los 41 millones de muertes anuales en adultos como consecuencia de enfermedades no transmisibles (ENT), cinco millones se deben a un IMC elevado. Casi cuatro millones de ellas responden únicamente a la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías coronarias y el cáncer. Un IMC elevado es responsable de más de 120 millones de años-persona perdidos cada año solo por estas cuatro ENT.

De mantenerse estas tendencias, para el 2035 más de 750 millones de niños (de 5 a 19 años) vivirán con sobrepeso y obesidad. Esto equivale a dos de cada cinco niños en todo el mundo. Además, el informe destaca que tres cuartas partes de estas muertes y enfermedades evitables en adultos se producirán en países de renta media. Es decir, las poblaciones más pobres son y seguirán siendo las más perjudicadas por la obesidad.

Por su elevado IMC, estos 750 millones de niños correrán un mayor riesgo de sufrir los primeros síntomas de ENT durante su infancia. Según los mismos cálculos, para el 2035, 68 millones de niños padecerán hipertensión arterial, 27 millones vivirán con hiperglucemia y 76 millones tendrán el colesterol HDL (el colesterol bueno) bajo. Es decir, estos niños ingresarán a su adultez ya encaminados a sufrir accidentes cerebrovasculares, diabetes y cardiopatías.

El documento destaca que, de no adoptar medidas importantes y coordinadas, cada vez más personas morirán prematuramente por obesidad o por alguna de las enfermedades atribuibles a ella. Además, las ENT asociadas a la obesidad, que antes afectaban únicamente a los adultos, serán cada vez más frecuentes en niños.

Para el Perú, según las tendencias actuales, el número de adultos con IMC elevado crecerá 2,3% cada año en el período 2020-2035. Entre los niños, este crecimiento se calcula en 2,1% anual.

Si bien la prevención y el tratamiento de la obesidad demandan una inversión hoy, el costo de no prevenirla y tratarla será mucho mayor. En su edición del año pasado, este atlas advertía que el IMC elevado reducirá la economía mundial en más de US$ 4.000 millones de millones en el 2035, casi el 3% del producto interno bruto mundial. Esta cifra, señaló, es comparable al impacto del COVID-19 en el 2020.

A inicios de marzo, la prestigiosa revista científica “The Lancet” publicó un estudio que revela que el exceso de peso, factor de riesgo para decenas de enfermedades, ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de países. Señala que entre niños se ha cuadruplicado en tres décadas y en los adultos casi se ha triplicado. La investigación recopila datos de más de 3.600 estudios y analiza la evolución de obesidad y el bajo peso en el mundo entre 1990 y el 2022. Confirma una consolidación de dos fenómenos paralelos: mientras caen las cifras de insuficiencia ponderal –esto es, un bajo peso para la edad de una persona producto de una insuficiente alimentación–, gana terreno la obesidad.

El estudio precisa que el exceso de peso es tan malo como una alimentación deficiente, porque son dos caras de una misma moneda. Y que, mientras la malnutrición está asociada a problemas de salud a lo largo de la vida y la desnutrición supone un riesgo de muerte prematura, la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer o la diabetes y la hipertensión, precursora, a su vez, de dolencias cardiovasculares.

Tenemos que entender que la obesidad no es –solo– un problema estético. Es un tema muchísimo más complejo, con causas que van mucho más allá de una correcta alimentación y consecuencias, literalmente, de vida o muerte. Que esta pandemia no nos tome desprevenidos.

Columna de opinión realizada por Janice Seinfeld, presidenta del directorio de Videnza, y publicada el 11 de marzo de 2024 en El Comercio.

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Era el sexto mes del 2023 y ya habían muerto más peruanos por dengue que en todo el 2017, cuando un fenómeno de El Niño costero intensificó la expansión de esta enfermedad. Alertábamos sobre que, en los últimos dos años, el Minsa había dejado de realizar un control vectorial riguroso, que no es otra cosa que buscar casa por casa la presencia del mosquito ‘Aedes aegypti’, transmisor del dengue.

Hoy, ya tenemos la más alta tasa de letalidad de América del Sur y, al cierre de la semana epidemiológica número siete, se había registrado 50% más casos que en el 2023, que ya venía como récord histórico. Esto considerando que es probable que en las últimas semanas se esté presentando un subreporte en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que puede afectar las decisiones que se adopten.

¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? Su titular, César Vásquez, ha señalado que Áncash, La Libertad, Ica y Piura serán declaradas en emergencia sanitaria por casos de dengue, pero que el decreto saldría en las próximas semanas. ¡No podemos esperar! A estas alturas, lo que queda es declarar cuanto antes la emergencia sanitaria nacional por la epidemia de dengue este año, para poder disponer de mayores recursos, prevenir el colapso del sistema de salud y, sobre todo, evitar que las muertes se incrementen.

Para variar, estamos muy tarde: para campañas de fumigación, para vacunación, para control preventivo. Lo que se requiere es asegurar atención médica a los contagiados. El Minsa necesita definir cuál será la estrategia y cómo pretende enfrentar la ola de casos. Como lo hemos repetido tantas veces en este espacio: asumir de una buena vez su rol como ente rector del sector salud. Vásquez ha señalado que se reforzará la respuesta del Gobierno central, municipios y gobiernos regionales, pero no sabemos cómo.

El 12 de febrero último, el “New York Times” publicó una nota titulada: “Brasil, en emergencia por el dengue, presagia una crisis de salud en América”. Señalaba que el Ministerio de Salud del Brasil “tiene previstos más de 4,2 millones de casos para este año, por encima de los 4,1 millones de casos que registró la Organización Panamericana de la Salud en los 42 países de la región el año pasado”. Ante este escenario, nuestro vecino inició una campaña de emergencia para vacunar a niños en áreas con las tasas más altas o de mayor riesgo de transmisión de dengue, pero esto llegó muy tarde para combatir el actual brote. Sin embargo, anuncia que el ensayo clínico de una vacuna que se probó en el Instituto Butantan, un centro de investigaciones de salud pública en São Paulo, halló que protegía al 80% de los vacunados de desarrollar la enfermedad viral del dengue. De aprobarla el Gobierno Brasileño, empezarían a entregarlas en el 2025. Ojalá así sea.

Mientras tanto, coincido con el experto Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular, quien en un reciente tuit señalaba cómo el actual panorama de desborde del dengue “obliga a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para controlar” su transmisión. Y destacó algo fascinante: una “estrategia emergente de uso de mosquitos infectados con Wolbachia, una bacteria que interfiere en la transmisión del virus del dengue a los humanos”. Explicó que desde la primera liberación de estos mosquitos con Wolbachia, en Australia en el 2011, la medida ha mostrado resultados prometedores en más de 50 ciudades en 13 países. “Estudios en Indonesia y Brasil han reportado reducciones significativas en la incidencia del dengue, demostrando que esta estrategia es segura, sostenible y efectiva”, precisa Tsukayama, coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Existe sobrada evidencia de que las mayores temperaturas producto del cambio climático y del Fenómeno de El Niño aumentan la ovoposición de las mosquitas aedes –es decir, el proceso de puesta o de expulsión de huevos–. Esto eleva el índice de picadura, disminuye el período de ubicación del virus dentro de ellas y expande su presencia a nuevos espacios, propagando el virus. Además, el Perú es país endémico de dengue, con lo que la posibilidad de contagio siempre está presente. Sabemos cómo prevenir la enfermedad, cómo se manifiesta y cómo tratarla, pero nada de eso se hace. Las respuestas institucionales llegan tarde y, consecuentemente, son ineficientes. Una epidemia absolutamente evitable se vuelve emergencia nacional. Vez tras vez. Muy frustrante. Esperemos que esto no suceda con los aún contados casos de sarampión que se han detectado en Lima.

Realizado por: Janice Seinfeld en el Diario El Comercio el 26 de febrero

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De acuerdo al último boletín de Susalud (febrero 2024), 7 de cada 10 peruanos están afiliados al Seguro Integral de Salud; es decir, en teoría hacen uso de los establecimiento públicos a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué capacidades tienes estos centros y postas de salud? La respuesta puede resultar conocida, pero vista en cifras se traduce en que 98% tiene capacidad instalada inadecuada: infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente (MEF, 2023). Solo el 55% dispone de medicamentos esenciales por encima del 80% (a enero del 2024), y la brecha de recursos humanos supera los 50,00 profesionales de la salud. En consecuencia, las familias deben usar sus recursos para pagar y acceder a servicios de salud, lo que se traduce en un gasto de bolsillo 32% mayor en el 2022 respecto al nivel prepandemia del 2019.

En ese contexto, nos parece un acierto la publicación del documento de trabajo “Fortalecimiento del primer nivel de cuidado de la salud 2024/2027 en el marco de las redes integradas de salud”, cuya segunda versión fue difundida en febrero del 2024 por el Ministerio de Salud. En sus primeras líneas, afirma que “el fortalecimiento del primer nivel de atención es la primera prioridad del Ministerio de Salud, y una proposición de valor para los ciudadanos y usuarios de los servicios de salud”.

Hoy, Videnza contribuye a este debate con un conjunto de informes que sustentan una intervención efectiva en las zonas urbanas del país, donde residen más del 80% de peruanos. Proponemos organizar la oferta en el primer nivel de atención fortaleciendo selectivamente a determinadas instituciones prestadoras de servicios de salud de categoría I-3[1] e incluso I-4[2] ubicadas en zonas seleccionadas estratégicamente para que se comporten como puertas de entrada con capacidad resolutiva ampliada (PECRA). Es decir, que concentran recursos —médicos, otros profesionales de la salud, tecnología, insumos— para resolver la demanda de servicios de la población asignada a ellas.

Esta propuesta recoge la buena experiencia de las Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud (UBAPS) de EsSalud, que operaban bajo la modalidad de pago capitado con un monto variable sujeto al logro de resultados sanitarios. Bajo esta modalidad, las UBAPS lograron triplicar las horas médicas programadas respecto de otros centros de salud del primer nivel de EsSalud y con una mayor cantidad de profesionales de salud.

La aplicación de este modelo en los centros de salud públicos se puede sustentar retomando el modelo de cogestión en salud para fortalecer la gobernanza en nuestras comunidades. Concretamente, la Ley 29124, “Ley que establece la cogestión y participación ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las regiones”. Esta promueve la coparticipación y el manejo de recursos locales, junto a una adecuada rendición de cuentas y la búsqueda de resultados sanitarios acordados entre los ciudadanos y las autoridades locales y regionales de salud.

Complementariamente, fundamentamos la necesidad del concurso de un actor privado competente para dotar de factores de producción: equipamiento, recursos humanos, productos farmacéuticos, mejoras a infraestructura, tecnologías de información. Se busca evitar, en lo posible, la carga administrativa que hoy satura los escasos tiempos del personal de salud. Este nuevo actor debe también dedicarse al monitoreo de la labor de los profesionales de la salud, reportando sus avances o dificultades para el logro de las metas acordadas con la comunidad y comprometidas a las autoridades regionales. Este ciclo virtuoso Estado – comunidad – aporte privado permitiría que los centros de salud puedan cumplir con su misión de proteger la salud de las personas.

En cualquier escenario, es importante abrir el debate con participación ciudadana y tomar las mejores decisiones, realizando los ajustes necesarios al marco normativo vigente. La única contraindicación es no repetir fórmulas erradas o hacer más de lo mismo, claramente insuficiente en estos tiempos de apremio.

[1] Comprende establecimientos como centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados y policlínicos. Atienden 12 horas.

[2] Incluye centros de salud y médicos con camas de internamiento. Atienden 24 horas.

Realizado por: César Amaro y Mauricio Ibañez, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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EsSalud arrastra un frágil gobierno corporativo, permeable a las injerencias de turno. Su presidente es elegido por el gobierno y es de libre remoción, dejándolo expuesto a los vaivenes políticos de la coyuntura. A su vez, esta situación anula la planificación e impide la consolidación de una gestión ordenada. En los últimos dos años, el presidente permaneció, en promedio, cuatro meses en el cargo. 

Este constante cambio de autoridades ha desencadenado un estancamiento en la ejecución de las inversiones, que venía cayendo en el último quinquenio. En el 2021, los proyectos sumaron S/137 millones, cifra inferior a los S/140 millones del 2019 y a los S/157 millones del 2016. EsSalud aún no difunde los resultados del 2022. “Las inversiones están paradas porque hay mucha inestabilidad para el funcionario, lo que hace que no quieran tomar decisiones”, sostiene Janice Seinfeld, presidenta del directorio de Videnza.

En paralelo, EsSalud ha asumido mayores gastos, que no han sido compensados con un incremento de los ingresos. A nivel financiero, la entidad registró pérdidas anuales por quinto año consecutivo en el 2021, al reportar una cifra negativa de S/247 millones. Y el déficit operacional acumulado podría superar los S/4,000 millones al 2028, según estimaciones del Banco Mundial.

El incremento del gasto tiene su origen en un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso entre el 2016 y el 2017. Por ejemplo, aquella que le ordenó a la entidad cubrir a trabajadores por los que el pago del seguro es menor al 9% del sueldo; el nivel mínimo que asegura un sustento financiero. EsSalud, además, arrastra S/9,000 millones en deudas que entidades públicas y privadas mantienen hasta hoy con la entidad.  

La precaria gobernanza descrita se refleja en el deterioro de la calidad de atención. El número de consultas atendidas por EsSalud en 2023 es menor en casi 2 millones de atenciones al número del 2019 (ver gráfico), pese a que existe por lo menos un millón más de asegurados. Ello ha generado un incremento cercano al 30% en la atención de emergencias. “La demanda ya sobrepasó la oferta, por eso hay retrasos de meses en las consultas. Hemos crecido en número de asegurados, pero no en infraestructura ni en recursos humanos”, reconoce César Portella, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú.

Ante el crecimiento de los asegurados y los menores recursos disponibles, EsSalud enfrenta el reto de priorizar inversiones para la atención primaria. Sin embargo, la politización vuelve a filtrarse en la priorización de proyectos más llamativos a la opinión pública. “Suelen apuntar a infraestructura compleja, pero no tienen casi atención primaria. Debería haber una capacidad mayor de atención primaria para filtrar y evitar saturación de hospitales”, afirma Camila Gianella, especialista en sistemas de salud de la PUCP.

Para intentar ponerle fin a los problemas de gobernanza, la Comisión de Economía del Congreso aprobó recientemente un dictamen que plantea que la elección del presidente ejecutivo y el gerente general esté a cargo del Consejo Directivo. El cambio busca reducir la injerencia política en las designaciones. Pero sería insuficiente para blindar del todo a la entidad. “De nada vale que un directorio cargado con un sesgo político elija al presidente. Todos los miembros deberían ser elegidos de forma técnica y transparente”, señala Enrique Díaz, presidente de la Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina. Los criterios de elección deberían aplicarse, por lo menos, a las gerencias de primera línea para aterrizar la buena gobernanza en la operación. “Y el presidente de EsSalud debería durar más de un periodo gubernamental y, los directores, cinco años”, advierte José Escaffi, gerente general de Escaffi Gestión Pública.

Noticia publicada en el Semana Económica el 05 de noviembre de 2023.

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Solón King, CEO de TMS, señaló que la facturación de las clínicas de Lima creció 7.9% en el primer semestre a S/ 1,279 millones (en la muestra evaluada), retomando tasas de prepandemia (ver gráfico). En ese repunte, destacó el crecimiento poblacional como un factor clave en el mundo y en el Perú. En el país, además, el aumento respondería a la insuficiente capacidad de atención en el sistema público.

“Hace muchos años que el Estado no cubre las necesidades de salud totales, entonces la industria privada y las clínicas crecen a tasas bastante mayores. El Perú está en recesión, pero las clínicas crecen en casi 8%”, comentó a Gestión. Estimó que dicha tasa se sostendría para fines del 2023.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Clínicas Privadas del Asoc Perú (ACP), Hernán Ramos, proyectó que el aumento de ingresos respondería a un repunte en la demanda tras un 2021 en el cual las personas asistieron menos a los centros de salud por miedo a la pandemia y restricciones en el sistema público. “La población ahora busca en el sector privado una atención con más oportunidad y calidad”, anotó.

En tanto, Alberto Barrenechea, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consideró que el aumento de los ingresos de las clínicas privadas obedece a tres factores: la reciente mejora del empleo en Lima (4.5% de crecimiento en el periodo julio-septiembre 2023), el incremento de enfermedades relacionadas con los cambios de clima y los persistentes problemas en la salud pública.

“La tasa de ejecución de gasto público en compra de medicamentos (19% hasta junio del 2023) y contratación de recursos humanos no ha sido muy alta. La oferta de servicio público no se ha incrementado significativamente en los últimos años y la gente va a los hospitales, y estos se congestionan. El sector privado termina siendo una solución, sobre todo para los niveles A, B y C”, dijo.

El copago o gasto efectivo aumenta a mayor tasa

Dentro de los ingresos de las clínicas de Lima, el copago (monto que cancelan los pacientes por cada atención y que representa un porcentaje del monto total facturado) se incrementó en 16% el primer semestre del 2023, a S/ 208 millones. Para King, tal aumento respondería a un alza de precios de las medicinas y los insumos empleados en las atenciones. En efecto, el IMS Health reportó que el precio promedio de los medicamentos en los últimos 12 meses, a agosto del 2023, en Perú subió de US$ 5.36 a US$ 5.57.

Por su parte, Vanessa Rodríguez, asociada de TMS, también refirió que el aumento del monto total del copago obedecería a un incremento de las tarifas por incremento de honorarios médicos, hospitalización, laboratorio y procedimientos auxiliares. Dichos aumentos se establecen entre los prestadores del servicio y los financiadores (aseguradoras, EPS y otros).

En tanto, Ramos reconoció que el aumento del monto total del copago fue mayor a los ingresos en general. Sin embargo, observó que la tasa fue menor a los años previos.

Los tickets promedio por entidad financiadora

El estudio de TMS también analiza el ticket promedio de la facturación de las atenciones (tarifa completa que comprende el pago de las entidades financiadoras y el copago realizado por el paciente) en las clínicas. En los servicios brindados a través de seguros, EPS y otros (planes propios de las clínicas), los montos promedio subieron el primer semestre del 2023 frente al mismo periodo del 2022.

Al respecto, King explicó que dichas cifran incluyen todos los servicios, desde los más económicos como los ambulatorios hasta los más costos como la hospitalización. Así, precisó, el incremento de este último tipo de atenciones puede impulsar el ticket.

Para Ramos, el aumento del ticket promedio en la primera mitad del 2023 fue ligero y más bien representa un retorno a niveles prepandemia. Frente a los picos del 2021, anotó, los montos se han reducido.

“La variación del 2023 respecto al 2022 no ha sido tan grande. El sector privado ha tomado valores promedio de niveles anteriores al covid-19. Están dentro del rango que siempre han tenido”, añadió.

Tipos y especialidades de atención vuelven a normalidad

Luego de años de una demanda atípica de servicios médicos por la pandemia, los requerimientos retoman tendencias previas a la emergencia sanitaria. Así, en consultas ambulatorias, el número de atenciones llega a 2.2 millones el primer semestre del 2023, muy por encima del mismo periodo del 2020 (1.2 millones) y 2021 (1.8 millones).

“Hay un crecimiento frente a años en los cuales nos encerraron y nadie podía ir a la clínica porque era centro de atención para el covid”, recordó King.

En especialidades, las atenciones en medicina física y en pediatría se incrementaron en 12.5% y 8.7% respectivamente, en el primer semestre del presente año frente al mismo periodo del 2022. Esto muestra una recuperación, sobre todo, respecto al 2020 y 2021, cuando las personas evitaban ir a los establecimientos de salud por miedo a los contagios de covid-19. En esos años, solo la neumología mostraba buenos indicadores.

Hacia una red público-privada
Janice Seinfeld
Directora ejecutiva de Videnza Consultores

Hay un retroceso bastante fuerte casi a todo nivel en el sistema de salud público. En la conducción del sector, hay muchos cambios y rotación, no solamente de ministros, sino también de directores de distintas entidades y equipos técnicos.

En tanto, los seguros privados tienen una participación bastante baja, los jugadores más importantes del sistema son el SIS y EsSalud. Sin embargo, en la prestación de la atención, los establecimientos de salud privados aumentan su participación.
Hay espacio de crecimiento para las clínicas privadas, especialmente porque el sector público funciona muy mal. Con una oferta razonable y precios más asequibles, con una atención en farmacia que no descreme a la demanda, podrían expandirse.

En las periferias y principales regiones del país hay mucha demanda insatisfecha. Por una descentralización mal llevada tenemos una oferta muy fuerte centralizada en Lima, Arequipa y Trujillo. Lo ideal es que las clínicas funcionen en redes y esa oferta se pueda articular con una oferta pública. En el primer nivel de atención se necesita de laboratorio, imágenes o servicios de mayor complejidad que se podrían operar en red.

De cara al usuario, todos los recursos públicos y privados se deberían aprovechar, pero eso requiere que el privado tenga confianza en el público y viceversa. Es una tarea pendiente que se debe hacer para trabajar de manera articulada, poniéndose de acuerdo en las tarifas y formas de pago. Aún hay mucha desconfianza, pero sería la manera más pertinente para que la oferta privada pueda entrar a más zonas, porque necesita de una demanda interesante y capacidad de pago.

Noticia publicada en el Diario Gestión el 24 de octubre de 2023.

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Por ello, suena a que llueve sobre mojado afirmar que la mayoría de centros de salud y hospitales públicos que atienden principalmente a ciudadanos pobres y vulnerables no tienen suficientes recursos para brindar sus servicios. En la mayoría de los establecimientos de salud a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y los Gobiernos regionales, los inventarios de medicamentos están en un estado más crítico —si cabe la expresión— que la frágil situación de siempre.

Veamos el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Minsa, que publica información del SISMED – Sistema Único de Información de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en el pasado mes de setiembre 50.5% o 4,277 establecimientos de salud del sector público no tienen la suficiente disponibilidad de medicamentos esenciales.

Subrayamos la frase pasado mes de setiembre para destacar que la información con la cual el Minsa gestiona la logística de estos recursos terapéuticos se reporta con retraso al mes siguiente, lo que impide adoptar medidas oportunas de gestión de inventarios. A su vez, al 25 de octubre, el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), a cargo de la adquisición y operación logística de estos recursos, solo ha ejecutado el 34.3% de los casi 505 millones de soles asignados a la compra de productos farmacéuticos.

Ante ese escenario de crisis ¿qué sugerimos hacer? Un primer aspecto esencial es reconocer que el problema es estructural y se ha acentuado en los últimos años por la pérdida de institucionalidad y talento humano en el Estado. Esto se refleja en los cinco cambios ocurridos en la Dirección General del CENARES solo en el 2023.

Una segunda acción clave es asumir la decisión política de promover con transparencia acciones correctivas. El reto es complejo, pero existe un espacio denominado la Mesa del SISMED, donde diferentes actores institucionales con poder de decisión pueden adoptar medidas efectivas. Es vital que esta mesa tome decisiones respaldadas en información y rinda cuentas de ellas a los ciudadanos afectados por esta crisis. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú ha solicitado participar en este proceso, al igual que diferentes redes de pacientes. El ministro de Salud tiene la oportunidad de convertir esta crisis en una oportunidad de cambio.

Una tercera decisión es respaldar a los equipos técnicos a cargo de estos procesos para permitir que las salidas se instalen. Este aspecto debe ir acompañado de la valoración periódica del desempeño de funcionarios.

Hay un conjunto de medidas de cambio estructural que requieren ser adoptadas de cara a la construcción de un sistema nacional de salud centrado en las personas. Un sistema que emplee las bondades de la cuarta revolución tecnológica, pero que primero debe resolver el actual desabastecimiento de medicamentos que afecta a los peruanos.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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Uno de los principales sectores donde se concentra la brecha es el sector salud, con alrededor de la cuarta parte (S/ 27,545 millones). Más aún, se incrementa en un 113% (S/ 58,727 millones) cuando se compara el sistema sanitario peruano con el de los países de ingresos medios altos y altos; y en un 210%, equivalente a S/ 85,262 millones, respecto a los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (MEF, 2019). Es importante destacar que esta última cifra es 2.8 veces mayor al presupuesto público del 2023 asignado a la función salud a nivel nacional.

De cara a cerrar las amplias brechas de infraestructura, en los últimos 10 años la inversión pública en salud –gastos de capital– se ha triplicado: pasó de S/ 1518 millones en 2013 a S/ 4018 millones en 2022. No obstante, este incremento en el gasto no fue acompañado de resultados eficientes que se traduzcan en una mayor y mejor cobertura del servicio. De hecho, actualmente los ciudadanos acuden a establecimientos de salud (EESS) u hospitales en condiciones inadecuadas en términos de infraestructura y equipamiento. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el 95% de los EESS de primer nivel de atención y el 89% de los hospitales a nivel nacional tienen capacidad instalada inadecuada (Minsa, 2023). 

Lo anterior es consecuencia de múltiples deficiencias en la ejecución de las inversiones, que evitan otorgar el servicio de manera oportuna a los ciudadanos. Según un estudio de Mesinas (2023), que analiza una muestra de 36 grandes proyectos que involucran 233 situaciones adversas entre los años 2017 y 2021, las deficiencias se concentran en la fase de ejecución física (76.4%) y en la elaboración del expediente técnico (ET) (12.9%). Asimismo, las situaciones adversas más frecuentes abarcan: (i) el incumplimiento de aspectos técnicos y normativos considerados en los ET durante la ejecución de la obra; (ii) la aprobación del ET incumpliendo normativas o sin sustento; (iii) prestaciones adicionales de obra sin sustento; (iv) demoras en la entrega de terrenos, saneamiento físico legal y liberación de interferencias; entre otros.  

Estas situaciones impactan directamente en el plazo de ejecución de la obra y, en última instancia, llevan a su paralización. Según la Contraloría General de la República (2023), a junio de 2023, hay 59 obras de salud paralizadas con un costo de S/ 3409 millones, De ellas, 6 tienen un avance físico mayor al 90%.

En este contexto, planteamos las siguientes recomendaciones. Primero, resulta fundamental restringir el número de nuevas inversiones y fomentar el cierre de aquellas en cartera. Entre 2013 y 2022 se formularon 10,465 inversiones en salud, de las cuales se han cerrado menos de la quinta parte (17.6%). En paralelo, para un adecuado cierre de inversiones, se deben establecer criterios de priorización alineados con la planificación del sistema de salud. Hoy, el enfoque de priorización se centra en los EESS que presentan una capacidad instalada inadecuada; mientras que la planificación de los servicios de salud se basa en fortalecer la implementación de las redes integradas de salud (RIS). La priorización del cierre de proyectos debe fundamentarse en criterios que consideren tanto la cobertura como la calidad de los servicios, desde una perspectiva territorial.

En segundo lugar, es esencial impulsar el avance en la ejecución de los proyectos de salud priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025. Esto mediante herramientas eficientes para la gestión de inversiones como las oficinas de gestión de proyectos (PMO) y la aplicación de la metodología Building Information Modeling (BIM). De hecho, el sector salud es el que más proyectos concentra, con 22 de los 72 proyectos priorizados (MEF, 2022). Sin embargo, hasta junio de 2023 solo se había logrado un avance financiero del 9.6% (MEF, 2023). Además, 19 de los 22 proyectos corresponden a la modalidad de obras públicas, y resulta alarmante que más de la mitad no cuentan con presupuesto para el presente año. 

Tercero, debido a la susceptibilidad del país ante desastres naturales y al cambio climático, es imperativo implementar medidas para evitar el deterioro de la infraestructura. En 2017, el Fenómeno El Niño (FEN) afectó a 934 EESS, lo que implicó asignar S/ 1143 millones para la reconstrucción de solo 154 EESS en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (Romero, 2023; MEF, 2017). Por ello, ante la actual alerta del FEN para este año y el próximo, se requiere que los EESS en funcionamiento y los proyectos en ejecución adopten medidas preventivas adecuadas y eficientes que garanticen la continuidad de la prestación de servicios de salud.

El hecho de que la mayoría de peruanos no pueda tratarse en un EESS de primer nivel de atención en óptimas condiciones no es casualidad. Es el reflejo de deficiencias en todo el ciclo de inversión pública, principalmente.

Realizada por: Daniela Leguía y Alondra Cajas, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En el Perú, cada año se reportan 70,000 casos nuevos y 35,000 defunciones, que afectan en mayor porcentaje a las mujeres (53%). Asimismo, registramos una de las mayores incidencias de cáncer de cuello uterino en la región: mientras que en Chile y Colombia las incidencias son de 11 y 15 casos por cada 100,000 habitantes, respectivamente, el Perú registra cerca de 22 casos (Globocan, 2020).Estas cifras podrían incrementarse por la tendencia demográfica al envejecimiento. Además, la pandemia COVID-19 agravó el acceso a una atención oportuna de las enfermedades oncológicas. Un informe del Ministerio de Salud (2018) señala que Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco y Ayacucho presentan una alta vulnerabilidad en la atención y control de cáncer. A ello se suman deficiencias en la ejecución del presupuesto para el abastecimiento de productos oncológicos. Prueba de ello es que al 14 de julio de este año, solo se ha utilizado el 12.7% del presupuesto destinado a productos farmacéuticos bajo el programa presupuestal de prevención de cáncer.

En este contexto, en los últimos años se buscó atender el problema del cáncer priorizando una perspectiva jurídica. Es así que en agosto del 2021 se publicó la Ley Nacional del Cáncer, cuyo objetivo principal es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. En marzo del 2022, se publicó el reglamento de la ley, que establece 16 disposiciones complementarias que favorecen el financiamiento, abastecimiento y prestación de servicios oncológicos. Sin embargo, a la fecha solo se han implementado 7 de estas.

Una de las disposiciones que están en pendientes es la definición de criterios para la aplicación de los mecanismos diferenciados de adquisición (MDA). La realización de nuevas modalidades de adquisición de tecnologías sanitarias oncológicas agilizaría su abastecimiento, facilitaría el monitoreo y asignación del presupuesto por paciente, y alentaría el acceso oportuno a tecnologías sanitarias innovadoras para los pacientes.

Destacaremos dos mecanismos ya utilizados en otros países y que pueden ser incorporados en el Perú para el acceso a tecnologías oncológicas nuevas. Se trata del uso de Real World Data (RWD) y los acuerdos de riesgo compartido (ACR). Veamos el alcance de estos mecanismos y algunos ejemplos de su aplicación.

El uso del RWD refiere a recopilar información sobre el estado de los pacientes de distintas fuentes como historias clínicas electrónicas, registros de farmacovigilancia, registros de productos o enfermedades, así como de dispositivos digitales o personales. El objetivo es evaluar la efectividad de una nueva tecnología a cambio de facilitar su acceso a los pacientes. El potencial de estos datos será significativo como resultado de la expansión de las historias clínicas electrónicas en el sistema de salud y del mayor uso de medios que registran información sobre el estado de salud de las personas. Además, favorecen la articulación con la academia y generan evidencia científica.

A nivel internacional, Estados Unidos y Europa han incorporado lineamientos para el uso de evidencia del mundo real en sus procesos regulatorios. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha evaluado 88 medicamentos utilizando exclusivamente este tipo de datos. En el caso de tratamientos oncológicos, está la experiencia del biosimilar de bevacizumab (Bevax®) en Argentina (Fernandez, et.al, 2018). Para la evaluación de los efectos adversos relacionados con su uso, los autores revisaron los registros de tratamientos de pacientes tratados con el medicamento, y los resultados indicaron que tiene un nivel de eficacia y seguridad comparables al medicamento biológico de referencia.

Por su parte, los ACR son mecanismos que favorecen el acceso a medicamentos particularmente costosos para los financiadores y sobre los cuales se tiene incertidumbre sobre su costo-efectividad. Estos mecanismos pueden ser diseñados para distribuir entre el pagador y el laboratorio el riesgo financiero, los riesgos relacionados a resultados sanitarios o ambos (Kwong, et. al, 2014).

En España, uno de los primeros acuerdos de riesgo compartido se dio con el bortezomib (Velcade^®), un medicamento aprobado para tratar pacientes con mieloma múltiple. El acuerdo de riesgo compartido consistía en que los pacientes recibieran el tratamiento a un precio acordado entre las partes bajo la condición de que aquellos que respondieran a los cuatro ciclos iniciales (indicado por una reducción del 50% de la proteína M) continuarían el tratamiento. En cambio, en aquellos para quienes la progresión de la enfermedad no se detuvo, se interrumpiría el tratamiento y el financiador podría solicitar el reembolso (Espín et. al, 2010).

Portugal accedió al uso del medicamento pertuzumab (Perjeta^®) mediante un acuerdo de riesgo compartido donde el laboratorio se comprometió a brindar el tratamiento libre de costo mientras se evalúa su efectividad mediante el uso de RWD. Los resultados de la evaluación clínica muestran una mayor tasa de supervivencia entre los pacientes que accedieron al uso de este medicamento en comparación del contrafactual. No obstante, se requieren sistemas de información que emitan reportes oportunos para la evaluación (Monteiro & Loff, 2019).

De esta manera, la incorporación de Real World Data y los ACR pueden representar una transformación para la atención oncológica en el país. Estos mecanismos favorecen la agilidad y la transparencia en los procesos de evaluación y adquisición de los productos farmacéuticos, y permiten la inclusión de los distintos involucrados como pacientes, industria y organizaciones sanitarias en la generación de evidencia. Además, promueven la sinergia entre actores, la innovación y el impulso de la digitalización en el sector salud.

Realizado por: Mauricio Ibañez y Ana Gonzales, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Hasta mayo de 2023, más de 220,000 peruanos habían muerto por la COVID-19. Tenemos el triste privilegio de ser el país con más muertes por cada 100,000 habitantes de la humanidad. Ese escenario no hizo más que confirmar la crisis estructural de nuestro sistema nacional de salud (SNS).

A ello se añaden efectos posteriores como las nuevas y antiguas emergencias sanitarias (dengue, por ejemplo); la actual carga de enfermedad crónico-degenerativa acentuada por la urbanización, sobre todo informal; la migración interna y externa; los estilos de vida poco saludables y la ausencia de seguimiento para detectar enfermedades hoy sin diagnosticar; y el próximo agotamiento del bono demográfico, por citar algunos. En el aspecto financiero está el riesgo de la sostenibilidad del SNS, en pésima coincidencia de un crecimiento económico menor.

Pero, lamentablemente, los efectos no se limitan a los daños sanitarios ocurridos en ese periodo o incluso al COVID prolongado o la acentuación de morbilidades por un menor acceso a servicios. En su publicación “Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad en el Perú” (Lima, 2023), el Banco Mundial añade los siguientes:

• Repercusiones en la acumulación de capital humano a largo plazo por los prolongados cierres de escuelas.
• Afectación de la salud física por problemas de inseguridad alimentaria asociados a esta crisis.
• Impactos en la salud mental y el bienestar de las personas a largo plazo por las altas tasas de mortalidad, lo que ha conducido a la orfandad de numerosos niños.
• Impacto en las oportunidades económicas debido a la exposición de muchas personas a largos periodos de desempleo, lo que afecta en particular a los jóvenes.

Si comparamos lo ocurrido en Perú con la respuesta de países cercanos como Chile o Colombia, quedamos mal parados. En el primer caso, destacan la organización municipal de un primer nivel de atención que contaba con recursos (acceso a atención médica y oxígeno) y la conducción del sistema de referencia y contrarreferencia donde la oferta pública y privada (con reglas claras) estaba a disposición de sus ciudadanos para asegurar la continuidad de la atención. En el segundo caso, en poco tiempo pudieron implementar miles de camas UCI gracias a un sistema con roles claros para su financiamiento y operación. En ambos países, el ente rector mantuvo la continuidad de las políticas sanitarias pese a los cambios de Gobierno. Esta institucionalidad fue esencial para mejorar la cobertura de su población.

Recientemente, el Colegio Médico del Perú presentó su libro “La pandemia del COVID-19 en el Perú”, donde aborda las distintas causas que acentuaron los daños sufridos y reclama al Ministerio de Salud que asuma su rol rector. También subraya la necesidad de convocar y emplear eficazmente las capacidades de los profesionales con contrato CAS-COVID, o retos operativos por resolver como el mantenimiento de las camas UCI implementadas o los sistemas de provisión de oxígeno instalados en estos años.

Es necesario realizar un balance desapasionado donde se plantee cómo reorganizar el SNS. Hay muchas preguntas que debemos responder para iniciar este diálogo: ¿Por qué nuestro sistema de salud no respondió eficazmente a la pandemia? ¿Cuáles son las posibles causas de esta situación? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo podríamos mitigar los efectos persistentes y los riesgos emergentes mencionados? ¿Cómo resolvemos el reto de prepararnos para la siguiente crisis sanitaria global? ¿El Minsa debe seguir realizando labores operativas en la provincia de Lima, dedicando tiempo valioso que debe ser destinado a su rol rector?

Y, quizá, las preguntas más importantes: ¿qué podemos hacer para romper esta perversa inercia? ¿Cómo pasamos de un sistema de salud centrado en la oferta a uno enfocado en las necesidades de las personas? Los peruanos tenemos más de 220,000 razones para hacer con diligencia esta tarea.

Realizado por: Janice Seinfeld  y César Amaro, presidenta de Videnza e investigador principal de Videnza Consultores, respectivamente

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La Organización Mundial de la Salud define el gasto catastrófico en salud como el gasto de bolsillo que representa una proporción muy alta de la capacidad de pago familiar.  Una de sus metodologías propone estimarlo como el 25% del gasto total del hogar. Si trasladamos este cálculo al Perú, en el 2021 el umbral de gasto catastrófico en salud para una familia era de S/ 6777 anuales.

En este sentido, el cáncer, la enfermedad renal crónica o enfermedades raras y huérfanas demandan altos costos de atención. Por ejemplo, el trastuzumab es un medicamento que se usa en el tratamiento contra el cáncer de mama y su precio puede llegar a los S/ 3800 por unidad (costo que se multiplica según las veces requeridas en el tratamiento). De manera similar, se pueden requerir dispositivos médicos de alto costo para el manejo terapéutico de enfermedades raras y huérfanas como un implante coclear, cuyo precio asciende a los S/ 75,000. ¿De qué manera podemos prevenir los gastos catastróficos en salud?

Países de la región como Uruguay, Chile, México y Colombia han establecido fondos de alto costo en salud. Su objetivo es proteger a las familias del gasto catastrófico en salud mediante la cobertura financiera del tratamiento contra estas enfermedades. Por ejemplo, en Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) financia procedimientos médicos especializados y medicamentos de alto costo. Recauda recursos a partir de primas de mensuales a los afiliados al sistema para, así, mancomunar recursos (Aran y Laca, 2013). Además, centraliza la compra de medicamentos, lo que le suma poder de negociación frente al mercado internacional (Red Criteria, 2018). Todo ello lo convierte en un ejemplo de fondo solidario de alto costo que, a su vez, tiene sostenibilidad financiera.

En el Perú, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) brinda cobertura a los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) en siete tipos de cáncer, enfermedades raras y huérfanas, enfermedad renal crónica, y ciertos procedimientos de alto costo (FISSAL, 2022). Sin embargo, su limitada autonomía institucional le impide funcionar como un fondo que mancomune recursos. Su principal fuente de financiamiento son los recursos del Estado, y no es posible asignar una prima por afiliado. A ello se le suma su limitada capacidad para gestionar el riesgo, dado que solo cubre a la población adscrita al SIS. Esto, además, le impide optimizar costos (Videnza Consultores, 2019).

¿Qué acciones se debería priorizar para migrar hacia un fondo de alto costo en salud para todos los peruanos?

Actualmente existen dos proyectos de ley (1378/2021 y 3407/2022) que proponen la creación de un fondo de estas características. Ambos buscan proteger a la población peruana contra el gasto catastrófico en salud y asegurar la cobertura contra enfermedades de alto costo. También proponen establecer primas de pago por tipo de seguro y que sus recursos sean intangibles, para impedir que sean utilizados para medidas distintas a las señaladas en sus reglamentos. Las diferencias entre ambas propuestas se observan en su abordaje de administración y liderazgo, principalmente.

Migrar hacia un aseguramiento universal contra enfermedades de alto costo es una política que permitiría a los peruanos tener una protección contra gastos catastróficos en salud. Ello considerando que la detección oportuna de estas enfermedades se ha visto reducida por los esfuerzos del sector salud para atender la pandemia. El siguiente gráfico, elaborado con información de EsSalud, muestra el número de casos nuevos por tipo de cáncer entre los años 2019 y 2022.

Como se observa, desde el 2020 hasta el 2022 el número de nuevos casos de cáncer no llega a los niveles prepandemia. Ello no necesariamente implica una menor incidencia de estas enfermedades, sino, más bien, el poco tamizaje para su detección oportuna. Estos pacientes que dejaron de ser atendidos suponen un potencial riesgo de incurrir en alto costo, tanto para sus familias como para el Estado.

Urge poner en marcha políticas de protección preventivas para evitar gastos catastróficos, para lo cual la implementación del fondo de alto costo es una opción. Los dos proyectos de ley en marcha buscan atender esta necesidad. Lo que hace falta es debatirlos y poner énfasis desde la población en la importancia de atender este problema.

Realizado por: Mauricio Ibañez, analista senior de Videnza Consultores

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La vacuna contra el neumococo previene la neumonía y la meningitis. Se aplica en tres dosis, a los tres, cinco y 12 meses de edad. La cobertura de la vacunación contra el ­ neumococo en el Perú alcanzó una cobertura nacional del 93,794 en el 2018 y actualmente se ­ encuentra con una cobertura de 70,5%, la caída en la cobertura, producto de la pandemia, aún no se ha recuperado.

La vacuna contra el rotavirus protege contra las diarreas que pueden llevar a la deshidratación grave, lo que puede ocasionar la muerte, si no se trata a tiempo. Esta­ vacuna se aplica a los dos y cuatro meses de edad. En el 2018 la cobertura nacional alcanzó el 98,9% y a diciembre de 2022 llegó a 83,4%, como se desprende de los datos, aún no se recupera la ­ cobertura pre pandemia.

El Estado Peruano ha priorizado un paquete básico de servicios para todos los niños y niñas ­ menores de cinco años, priorizando en menores de un año la ­ aplicación de las vacunas contra el neumococo y rotavirus. Para ello se cuenta con una estrategia denominada Primero La infancia y tiene su principal componente en la articulación donde las autoridades locales y regionales tienen el liderazgo en su territorio, para cambiar esta realidad que no permite que los más pequeños se desarrollen integralmente.

En septiembre de 2022 se firmó el Pacto ­Político por la Gobernabilidad Regional y el ­ Desarrollo Humano Integral, Piura 2023 – 2026, el mismo que este 01 de marzo se ratificó por el gobernador regional. En este Pacto se ­identifica que en el componente desarrollo humano e inclusión social se asume el compromiso de darle mayor cobertura e inversión en los servicios de salud, sobre todo rural, priorizando entre otros a la primera infancia. Se señala expresamente que se priorizará a la primera infancia en la región garantizando el ­ crecimiento y el desarrollo integral de niños y niñas menores de cinco años de edad, por lo que la ­ vacunación forma parte de este Pacto. Saludamos el­ compromiso de la nueva autoridad regional y el liderazgo que genere con las autoridades locales para garantizar el Desarrollo Integral de los Niños y Niñas de Piura, lo que implica también el reto de llegar al 100% de infantes con vacunas completas.

Realizado por: Paola Bustamante Suárez, directora de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 02 de marzo del 2023 en el Tiempo Diario de Piura

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