Cuando diseñamos una política pública, mientras más nos alejemos de la información científica, más espacio daremos para ideologías y prejuicios, y menos eficiente será la intervención que proponemos. Lo que corresponde es buscar la mejor evidencia científica disponible sobre el problema que queremos atajar, si hay soluciones que ya han funcionado, cómo pueden ajustarse a nuestro contexto, y qué herramientas de monitoreo y evaluación usaremos para medir su desempeño.

Lo mismo sucede en nuestras relaciones interpersonales. Hoy, cualquiera que piensa distinto es la encarnación del mal o, más precisamente, de todos nuestros males. Lo explica muy bien el reciente artículo “Polarización, un gran reto para la salud mental”, publicado en el diario español “El País”: “Lo que yo pienso y siento es cierto. Si te metes con tal político, te metes conmigo. No leo lo que publique ese periódico. Si ha dicho eso tal persona, no me interesa. O ellos o nosotros”. Agregaría que en el Perú cualquier opinión contraria es considerada un ataque o una falsedad conspirativa. Y se minimiza y hasta se justifica el mal actuar de quien piensa como uno.

En un contexto en el que lo que siente o piensa alguien con quien no nos identificamos carece de importancia, la polarización es afectiva, no ideológica. Así lo señala Míriam Juan-Torres González, jefa de investigación del programa Democracy & Belonging Forum en la Universidad de Berkeley, California (“Nueva Revista”, julio 2023). Precisa que la polarización afectiva está ligada a cómo se construyen las identidades de grupo, y que, “si se descontrola, hace que los pactos entre determinados actores sean prácticamente imposibles”.

La experta explica que la polarización afectiva se da cuando se toma la parte por el todo, cuando reducimos a nuestros interlocutores a una sola dimensión (caviares/no caviares, por ejemplo). La sociedad y la política pasan a dividirse en “nosotros contra ellos”. Cuando esto sucede, el futuro de unos depende de la derrota de los otros.

Ojo que la polarización no es la ausencia de acuerdo. El desacuerdo es inherente a toda sociedad democrática. Pero si el diálogo, la negociación y la deliberación no son posibles, tampoco lo serán los pactos. Y es ahí cuando la democracia misma está en juego.

En el Perú de hoy, estás conmigo o estás contra mí. Y así no podemos avanzar, porque, cuanto más polarizados estemos, más dispuestos estaremos a propagar desinformación, dado que solo apoyaremos las narrativas que ‘confirman’ nuestra posición, por más absurda e inverosímil que sea. Es decir, nos alejaremos de la evidencia y de la necesidad de cuestionar y cuestionarnos.

Como muestra, vemos defensas cerradas de personajes como la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no solo tiene mucho que aclarar, sino el deber de hacerlo como funcionaria que todavía es. Pero quienes creen que “nos salvó” de Pedro Castillo al abrirle investigación (como ya habían hecho otros fiscales) la defenderán pese a todo, incluidas las graves evidencias de corrupción en su contra. ¿Pruebas? Para qué, si lo que yo pienso es lo único que importa y para mí ella es víctima de una conspiración caviar. Punto.

Hace unos años, vi un documental corto en el “New York Times” que me impactó mucho. Titulado “My Enemy, My Brother” (“Mi enemigo, mi hermano”), es la historia real de dos supervivientes de la guerra Irán-Irak de la década de 1980. Estando en medio del conflicto, el iraní Zahed encontró gravemente herido a Najah, soldado enemigo iraquí, y tuvo un acto de piedad que cambiaría la vida de ambos. Años después se encontraron en Canadá en sorprendentes circunstancias. Es una historia increíble de humanidad, de cómo esta trasciende las diferencias religiosas y políticas. De cómo dos antiguos enemigos encontraron que tenían muchas más similitudes que diferencias. Les recomiendo mucho verla. Estoy segura de que, salvando todas las distancias, entre las facciones que vemos en nuestro país también hay muchas más similitudes que diferencias.

En estas navidades, reflexionemos sobre la importancia de acercarnos con curiosidad a personas con ideas distintas a las nuestras. Hagamos el esfuerzo consciente de escuchar y de debatir con argumentos, no con emociones. No difundamos mensajes de dudosa procedencia. Preguntémonos qué nos motiva a compartir determinado contenido y si aporta al debate, o si, por el contrario, polariza aún más. Evitemos relatos maniqueos donde solo hay cabida para héroes o villanos, para blanco o negro. En su lugar, recuperemos el diálogo alturado y pongamos al bien común por encima de nuestros intereses particulares.

Brindemos por un 2024 en un Perú mejor. Muy feliz año nuevo para todos.

Escrita por: Janice Seinfeld, directora de Videnza

Publicada el 25 de diciembre en el Diario El Comercio

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Tal es el caso de las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Las API son cruciales no solo para mejorar las operaciones administrativas y la prestación de servicios públicos, sino también para involucrar a la sociedad civil. Al establecer reglas de cooperación entre dos partes (que pueden ser entidades del Estado, ciudadanos o empresas), facilitan el flujo de datos y el desarrollo de soluciones digitales (The Future of Digital Government: Trend, Insights and Conclusions. ONU, 2022).

Las API en el sector público no son un tema nuevo, porque se vienen desarrollando desde el 2010. Sin embargo, destacan casos como el de Singapur (Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018, OECD) y la región de Lombardía, en Italia, que han logrado usarlas para implementar entornos digitales (APEX y E015, respectivamente). En el primer caso, por medio del APEX se logró reducir el número de veces que un ciudadano debe registrar su información básica cuando hace un trámite. En el segundo, a través del E015 se logró brindar información actualizada sobre las estaciones de carga eléctrica de todos los operadores en la región.

Otro caso es el de las tecnologías en órbita terrestre baja (LEO, en inglés). En caso de desastres, es esencial mantener redes de comunicación operativas que permitan planificar operaciones y administrar recursos (ONU, 2022). Sin embargo, la conectividad de una red de internet convencional puede interrumpirse tras un desastre natural, lo que dificulta conocer el estado de la población en tiempo real. Los sistemas de cómputo y satélites en órbita terrestre pueden proveer acceso a internet sin riesgos de corte. De hecho, esta tecnología está ayudando al Gobierno ucraniano a asegurar la continuidad de sus servicios durante la guerra que mantiene con Rusia, gracias a que cuenta con centros de datos en distintos puntos de Europa que reciben información sobre eventos derivados de este conflicto. Esto permite a Ucrania  gestionar una estrategia más exacta y eficiente de distribución de agua, alimentos y medicinas a las poblaciones afectadas por la guerra.

La necesidad de articular todas las plataformas de las instituciones públicas en una sola es una realidad, por ejemplo, en Corea del Sur (CEPAL, 2021). En 2016, en línea con su estrategia nacional de digitalizar la administración pública, implementó el On-Nara Business Process System (On-Nara BPS), donde los documentos oficiales del Estado son creados, procesados y almacenados. La plataforma funge como una única mesa de partes, donde un funcionario puede enviar y recibir cualquier tipo de documento desde cualquier otra institución gubernamental. Esto permite ahorrar costos de almacenamiento de información y evitar la duplicidad de los datos. Al 2021, la plataforma era usada por 289 instituciones gubernamentales y más de 890,000 usuarios, y albergaba más de 125 millones de documentos procesados.

De manera más experimental, algunos países están empezando a utilizar algoritmos predictivos. Países Bajos identificó 74 casos en los que la administración pública hace uso de estas herramientas, especialmente en servicios relacionados a asistencia social, prevención de crímenes y procesos administrativos. Sin embargo, su uso todavía sigue en etapa de prueba porque la recolección de información es compleja, y su tratamiento no siempre es transparente o tiene sesgos que son difíciles de superar (van Veenstra, Grommé, Djafari; 2021).

Todos estos ejemplos muestran que un Estado puede incorporar los avances tecnológicos para ser más eficiente en sus procesos y para entregar más y mejores servicios públicos. Tal vez el Perú todavía está lejos de poder implementar soluciones similares a las presentadas, pero puede empezar por fomentar la participación de las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos en espacios de desarrollo de soluciones digitales; estandarizar y ordenar la mayor cantidad de información posible; y hacer transparentes estos procesos. Todas ellas fueron condiciones necesarias y comunes a todos los casos.

Realizado por: Franco Sebastiani y Henry Quiche, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En los últimos años, la industria de las apuestas deportivas en el Perú ha crecido significativamente. De acuerdo con Ojo Público (2022), existen más de 50 casas de apuesta operando en el país. La mayoría de ellas lo hace a distancia y algunas están constituidas a nivel local. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las apuestas deportivas generan ingresos por más de S/ 4500 millones anuales a empresas no constituidas en el país.

El vínculo con el deporte no solo se basa en las apuestas deportivas, sino en la publicidad que se emite en las transmisiones deportivas y los auspicios que realizan a las principales ligas y equipos. Por un lado, las ligas de primera división de fútbol y vóley tienen como auspiciador principal a Betsson y Apuesta Total, respectivamente. Al mismo tiempo, las transmisiones deportivas cuentan con múltiples anuncios de casas de apuestas e incluso la selección peruana de fútbol tiene como auspiciador principal a una casa de ellas.

Por otro lado, 13 de los 19 clubes de fútbol de la Liga 1 Betsson 2023 tienen como patrocinador principal a una casa de apuestas deportiva, mientras que otros tres tienen el patrocinio de casas de apuestas, pero bajo la modalidad de patrocinio no principal. Es decir, el 85% de los equipos de primera división peruana son patrocinados por alguna casa de apuestas.

Ilustración 1: Equipos de la Liga 1 Betsson 2023 con casas de apuesta como patrocinador principal

Este apabullante crecimiento de las apuestas deportivas resulta preocupante en términos de salud pública en tanto puede generar efectos adversos en la salud y la productividad laboral (Humphreys, et al., 2019; Etuk, et al., 2022). Las problemáticas relacionadas a la salud mental y adicciones a los juegos de azar no son la excepción en esta industria.

Distintos estudios han identificado que las propagandas son más efectivas y tienen mayores impactos sobre los apostadores con problemas o con adicciones, y que la presencia de personajes importantes o de mujeres atractivas genera una mayor atención en los apostadores en general (Hing, et al., 2015; Hing, et al., 2016). Asimismo, los apostadores, independientemente de la frecuencia con la que juegan, tienden a mostrar elevados sesgos de exceso de confianza y la percepción de tener bajo control sus estrategias de apuesta lo cual facilita la generación de problemas de adicción a los juegos de azar (Huberfeld, et al., 2013; Erceg & Galić, 2014). En ese sentido, la mayor exposición  y la facilidad en el acceso a las apuestas deportivas generan una mayor necesidad y relevancia de las políticas públicas para regular estas posibles afectaciones a la salud mental.

En ese sentido, diversos estudios han formulado algunas recomendaciones de política para una mejor regulación de la industria de apuestas deportivas y mitigar sus impactos en la salud pública. En cuanto a la publicidad y anuncios, las recomendaciones se orientan a prohibir aquellos que relacionen los juegos de azar con la generación de ingresos; al mismo tiempo que se debe fomentar una mayor reflexión en medios de comunicación sobre los riesgos de las apuestas deportivas (Bunn, et al., 2020). De hecho, un estudio realizado en Australia encontró que detallar los términos y condiciones clave de las promociones en los anuncios de apuestas deportivas disminuye su atractivo para los apostadores (Hing, et al., 2019).

En cuanto a los problemas inherentes de las apuestas deportivas, países como Noruega, Suecia y el Reino Unido han implementado medidas que limitan los montos de apuesta o las pérdidas de los usuarios para controlar los problemas más críticos de las apuestas que se relacionan con montos apostados cada vez más altos. Otros países han implementado el envío masivo de mensajes para fomentar prácticas responsables de apuestas a usuarios de sitios de apuestas en línea. A partir de ello, se ha logrado disminuir significativamente la cantidad de apuestas y las pérdidas de dinero en los usuarios que optaron por disminuir sus límites de depósito en los sitios de apuestas en línea (Heirene & Gainsbury, 2021).

El Perú necesita una mayor regulación en la industria de apuestas deportivas, más aún con el crecimiento exponencial que ha tenido la industria en los últimos años. Recién en agosto de 2022 se aprobó la Ley 31557, Ley que Regula la Explotación de los Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia, para regular las apuestas deportivas a distancia y crear un impuesto a este tipo de juegos de azar. Sin embargo, esta norma recién entra en vigor una vez publicado su reglamento, todavía en fase de elaboración. Es necesario que el reglamento no solo considere la creación de impuestos o la necesidad de que cuenten con locales físicos, sino también contemple instrumentos de política que promuevan el juego responsable y una mayor discusión de los riesgos que implican las apuestas deportivas.

Realizado por: César Núñez, analista senior de Videnza Consultores

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Este crecimiento ha permitido mejorar el acceso a servicios públicos. Así, según el INEI, durante los últimos 18 años el aseguramiento en salud pasó de 32% a 85%, la tasa de matrícula en educación secundaria de 67% a 85%, el acceso a energía eléctrica en los hogares de 69% a 95%, la conexión a red pública de agua en los hogares de 72% a 80% y a desagüe de 51% a 72%, y el acceso a Internet de 3% a 53%. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con la calidad de los servicios. Vemos que, si bien el acceso a agua ha alcanzado al 80% de la población, solo el 54% en zonas urbanas y un alarmante 4% en zonas rurales acceden a agua segura. De igual modo, aunque vamos camino a que todos los peruanos cuenten con un seguro de salud –especialmente por el esfuerzo del sector público–, todavía solo la mitad de los asegurados al Seguro Integral de Salud recibe todos los medicamentos recetados tras una consulta. Y lo mismo sucede con los otros indicadores. Por ello, lo que toca ahora, además de continuar cerrando las brechas, es mejorar la calidad de los servicios.

Para que este esfuerzo sea viable se debe articular al sector público con el privado, porque el Estado por sí solo no tendrá la experticia necesaria ni la capacidad de gestión para acometer estos retos. Y ahí merece la pena ver lo que se está consiguiendo con las asociaciones público-privadas y replicar aquellas que están consiguiendo buenos resultados. En salud, por ejemplo, la APP entre Essalud y la empresa Salog que se especializa en operación logística, incluyendo el almacenamiento y la distribución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ha mejorado la disponibilidad de medicamentos junto al equipo institucional. Se ha logrado, como condición indispensable, contar con un sistema de información confiable, clave para una buena gestión. La data generada contribuye a una adecuada toma de decisiones, pues se cuenta con información de la demanda real, la atendida como la insatisfecha, y permite la gestión de inventarios y la redistribución de los medicamentos desde el almacén o los establecimientos con exceso de inventario a aquellos con déficit. Todo esto permite reducir los niveles de stock al pasar de un modelo “just-in-case” –altos niveles de inventarios y costos para evitar contingencias– a uno “just-in-time” –los productos se envían según la demanda–. Y si se comprueba la necesidad periódica de un producto, se adquirirá un mayor volumen. Finalmente, el acceso a información permite detectar –y, con adecuada gerencia, disminuir– el ingreso de productos de mala calidad e incluso de origen ilegal, combatir la corrupción y reducir las ineficiencias de un proceso de abastecimiento opaco.

El Estado, sin embargo, necesita establecer qué requiere exactamente del privado, los estándares de calidad, los niveles de servicio y cuánto está dispuesto a pagar. Complementariamente, urge fortalecer la regulación sectorial y los mecanismos de rendición de cuentas definiendo indicadores claros de monitoreo y evaluación, así como promover procesos transparentes y la competencia efectiva entre las empresas interesadas. Esta articulación sinérgica público-privada contribuirá a cerrar las brechas de acceso ciudadano a servicios de mejor calidad y dinamizará el mercado.

*Videnza Consultores ha asesorado a la empresa Salog.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Estar en constante angustia por una llamada que podría salvar la vida de la persona que más amas. Esperar en vano por una opción de vida que, tal vez, nunca llegará. Perder las esperanzas y resignarse a que ya no existen más opciones. Miles de peruanos viven día a día esta realidad en un país con una mínima cultura de donación de órganos.

Según la Organización Mundial de la Salud, somos el país con menos donantes en Sudamérica. La lista de espera en el Perú para un órgano o tejido tiene 6,400 personas, cifra de quienes están preparados para un trasplante. Sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) indica que, fuera del registro oficial, el universo total de casos superaría largamente este número. Por otro lado, está el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que detalla que de los 23’257,900 peruanos mayores de edad, solo 3’196,914 respondieron que sí a la donación de órganos. Es decir, solo el 13% de los peruanos han manifestado explícitamente su preferencia por ser donante.

Pero, existe una gran oportunidad para que ciencias como la economía del comportamiento y la psicología contribuyan a la elaboración de políticas públicas más eficientes que contribuyan realmente a mejorar la calidad de vida de la población.

Por ejemplo, podríamos iniciar colocando como default que el sujeto es donante y cuando renueve el DNI ofrecerle si quiere cambiar su condición a no donante. Este mínimo nudge (pequeño estímulo para grandes cambios) incrementa la tasa de donantes favorablemente. En los lugares donde se probó invertir estas opciones, los resultados fueron impresionantes. Por ejemplo, en Illinois, Estados Unidos, la tasa de donación de órganos pasó del 38 al 60%.

Todo esto demuestra cómo podemos aprovechar los conceptos de la economía del comportamiento para la implementación de nuevas políticas públicas, así como recordar que una intervención solo tendrá éxito si la gente realmente se comporta de la manera como quienes diseñaron la política lo previeron. Un buen diagnóstico es la base para que el problema sea resuelto de forma competente.

En este sentido, Videnza Consultores ha lanzado una nueva edición de su Programa de Especialización de #EconomíaDelComportamiento, en donde el principal objetivo es crear y establecer políticas públicas más eficientes.

Conoce más aquí: http://bit.ly/2WJ75Y5

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En el 2018, un equipo de Videnza Consultores analizó de cerca la realidad de la lucha contra la anemia en cinco regiones del país: Arequipa, Ucayali, Huancavelica, Lima y Callao. Además, trabajamos con data sobre el estado nutricional en niños y las características asociadas a la condición de anemia; es decir, a tener baja concentración de hemoglobina en la sangre. Sobre esa base resumiremos algunos puntos importantes a nivel operativo que involucran a los hogares, la oferta de servicios de salud y las autoridades locales.

En primer lugar, para entender la conducta de los hogares es preciso saber que, desde el 2009, se promueve el uso de micronutrientes como complemento a la ingesta diaria de alimentos. Asimismo, la norma técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia establece el uso de jarabes o gotas de sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico para el tratamiento de la anemia leve o moderada en niños menores de tres años. Sin embargo, el porcentaje de ellos que, según el INEI, consumieron suplementos de hierro en los últimos siete días asciende al 29.8% en zona urbana y al 35.6% en zona rural. Es decir, solo uno de cada tres niños a nivel nacional consume suplementos de hierro.

Esta baja adherencia —entendida como el seguimiento que un paciente hace de las recomendaciones dadas por el personal médico— responde tanto a conductas en los hogares como a la oferta en servicios de salud. Según la Defensoría del Pueblo, algunos hogares en Lambayeque han advertido la entrega de micronutrientes vencidos en establecimientos de salud, mientras que en Tumbes se repartieron micronutrientes muy próximos a la fecha de vencimiento. Asimismo, en las regiones visitadas por Videnza Consultores se hizo mención de la baja adherencia del sulfato ferroso debido a los efectos secundarios adversos que genera su consumo. Ambas circunstancias producen desconfianza entre los hogares. En consecuencia, para aumentar la eficacia del tratamiento preventivo y terapéutico contra la anemia es preciso mejorar la comunicación y el alcance de información nutricional, así como el acceso a esta información en los hogares.

Además, existen disparidades en el tratamiento contra la anemia por nivel socioeconómico. Contra lo que muchos pueden suponer, los dos quintiles más ricos muestran el mayor incremento en la prevalencia de anemia: 4.7% y 0.9%, respectivamente. En cambio, los otros tres quintiles muestran en promedio una reducción de 1.3%. Ello hace pensar que, si bien el enfoque de intervenciones debe estar en aquellos hogares con menores recursos, no se debe descuidar el alcance de información nutricional oportuna para toda la población. Por ejemplo: la importancia de darle a los niños alimentos ricos en hierro, tales como el hígado y la sangrecita.

En segundo lugar, la oferta en servicios de salud incluye, también, el tamizaje de descarte de anemia en los establecimientos del primer nivel de atención. Al respecto, la norma señala que es en ellos donde se reparten los suplementos de hierro necesarios para el tratamiento del niño. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, el 22% del dicho personal de salud reconoce que carecen de suficientes medicamentos e insumos para el control de la hemoglobina.

Finalmente, es pertinente señalar que el compromiso de las autoridades de los establecimientos de salud y de los gobiernos locales favorece a la ejecución de los planes regionales y locales de lucha contra la anemia. Esta premisa se pudo corroborar en Arequipa, donde existe un plan de lucha contra la anemia elaborado sobre la base de las experiencias de las redes y microrredes de salud. En él, son los mismos directores quienes plantean sus metas de seguimiento, lo cual favorece su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo señala que, de un total de 25 regiones, 21 de ellas presentan un plan regional de lucha contra la anemia, de las cuales solo seis reconocen acciones intergubernamentales con gobiernos locales: Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y Tacna. En todas, salvo Tacna, la prevalencia de anemia se redujo del año 2016 al 2017.

De no tratarse en los primeros años de vida, la anemia acarrea consecuencias irreversibles. Erradicarla pasa por sustentar con evidencia las fallas y críticas a nivel operativo del plan de lucha contra la anemia para poder plantear medidas correctivas oportunas y eficientes.

Realizado por: Janice Seinfeld y Mauricio Ibañez, presidenta y analista de Videnza Consultores, respectivamente

Ilustración: José Antonio / Videnza Consultores.

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Ese es precisamente el eje del reciente estudio “Desde el paciente: experiencias con la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata del primer análisis comparativo de los servicios y sistemas de atención primaria de las principales regiones del subcontinente americano, tomando en cuenta para ello seis países: Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica, México y Panamá. Además, confronta esta data con la de once países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Como no sorprenderá, la satisfacción de los latinoamericanos y caribeños con sus sistemas de salud es inferior a la de los ciudadanos de países OCDE: el 87,4% de los primeros piden cambios fundamentales, frente al 55,4% de los segundos. Sin embargo, lo interesante del estudio es tomar en cuenta experiencias prácticas que podrían ofrecernos resultados rápidos y, sobre todo, de alto impacto. Aporta luces sobre cómo obtener ganancias de corto plazo en el marco de las redes integradas de salud, que ya están siendo implementadas en nuestro país. Estas, según la revista “The Economist”, son el “sistema nervioso central del sistema de salud de un país”. Al estar centradas en el paciente, permiten brindarle una atención más adecuada cuando lo necesite y donde lo necesite.

En el Perú se vienen consolidando esfuerzos por avanzar en la protección de la salud, y ya el 80% de los peruanos cuenta con un seguro de salud. Encaminado este primer paso fundamental, toca ahora fortalecer la atención primaria; es decir, el primer contacto con los pacientes. Y esa ruta está clara: debemos invertir la pirámide de servicios. Tenemos un sistema centrado en hospitales en vez de en establecimientos de primer nivel. Los hospitales representan solo el 10% de la infraestructura disponible, pero utilizan el 90% del presupuesto y el 85% de los recursos humanos en salud. Este esquema es, a todas luces, ineficiente.

Para lograr un sistema orientado a la atención primaria de salud, el Ministerio de Salud está trabajando en una meta de transformación: mejorar la experiencia del paciente con un primer nivel que resuelva satisfactoriamente los casos de baja complejidad y ofrezca más servicios especializados mediante la telesalud. Además, está apuntando a la digitalización de las historias clínicas y al uso de tecnología para optimizar la interoperabilidad de los sistemas de información. Ello permitirá que los diagnósticos y resultados estén disponibles tanto en los establecimientos de primer nivel como en los de referencia, sin necesidad de repetir los procedimientos.

Está ampliamente demostrado que garantizar una cartera de prestaciones en el primer nivel de atención mejora la salud, incide en la prevención y asegura la continuidad de la atención, al tiempo que refuerza la confianza en el sistema. Temas simples como el agendamiento de citas y la programación de turnos, la preparación previa de kits de atención –que aumentan la productividad del personal y la disponibilidad de medicamentos–, así como la mayor eficiencia del sistema producto de la centralización de los servicios de apoyo al diagnóstico, son “frutas bajas” que se pueden recoger casi inmediatamente y logros que permitirían negociar más recursos.

Todo lo anterior debe, por supuesto, ir acompañado con una mirada de largo plazo que otorgue mayor eficiencia y valor del sistema. En suma: tenemos la receta, toca aplicarla como política de Estado.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza 

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Más alarmante aún: estas cifras representan un aumento del 36% respecto de los casos atendidos en el 2017. Asimismo, la incidencia fue mayor en las mujeres (65%) y el principal tipo de violencia atendido fue el psicológico (45%). Cabe precisar que los CEM son centros de servicios públicos para víctimas de violencia familiar o sexual donde se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato infantil como cualquier tipo de acción que daña la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, como maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual o negligencia. En el Perú, la Ley 30403 —aprobada en el 2015 y reglamentada tres años después— prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes, al margen de dónde este se desarrolle: el hogar, la institución educativa, la comunidad o lugares afines. Estas definiciones abarcan desde gritos, palmadas o jalones de oreja, hasta casos de violencia sexual o trata de niños.

Entonces, cuando los padres o cuidadores corrigen a los niños con gritos, amenazas o indiferencia, los están maltratando. Cuando les jalan el cabello o les pegan con la mano u otro elemento, los están maltratando. Cuando no les ponen límites, los están maltratando. Cuando permiten que presencien violencia entre los padres o son expuestos a otros peligros, los están maltratando.

Lo anterior se evidencia en la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES) del 2017, que recogió información acerca de la violencia familiar contra las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años de edad). En dicho sondeo, el 59% de las entrevistadas reportó que sus padres las golpeaban como forma de castigo, y el 43% que recibía una reprimenda verbal. Asimismo, de aquellas con hijos menores de 5 años, el 42% respondió que los corrigen principalmente hablándoles y explicándoles su conducta. Sin embargo, el 60% aplican la reprimenda verbal, el 34% les prohíben algo que les gusta, el 8% emplean golpes o castigos físicos, y el 13% apelan a palmadas.

¿Qué nos revelan estas cifras? Que las madres (y los padres) de hoy crecieron en medio de gritos y castigos físicos y, aunque en menor proporción, los aplican a sus hijos. Fuimos maltratados y repetimos el ciclo porque adoptamos prácticas normalizadas. De hecho, el 36% de las personas mayores a 18 años encuestadas en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) del 2015 dijo estar de acuerdo con la aplicación del castigo físico si los hijos se meten en problemas, mienten con frecuencia o cogen algo que no les pertenece. Asimismo, el 24,5% coincidió en que los padres deben castigar físicamente a sus hijas o hijos si salen de casa sin su permiso o si llegan tarde. Un dato alentador, sin embargo, es que, en términos generales, la aceptación del castigo físico se redujo en 4 puntos porcentuales respecto a los resultados del 2013.

Además de generar estrés y sufrimiento inmediato en los niños, el maltrato infantil puede tener efectos a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los adultos que lo han sufrido presentan mayor riesgo de cometer o sufrir actos de violencia, caer en depresión, presentar obesidad y comportamientos sexuales de alto riesgo, tener embarazos no deseados y consumir tabaco, alcohol y drogas. A su vez, esto contribuye a un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón, cáncer e infecciones de transmisión sexual, e incrementa el riesgo de suicidio. Todo lo anterior tiene claros impactos en términos económicos: atender estas secuelas genera un mayor gasto en salud y en programas para la infancia. Estas, a su vez, reducen la productividad de los afectados.

Para ser una sociedad que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes requerimos un cambio de paradigma desde la política nacional hasta los hogares y las instituciones educativas. Es necesario diseñar e implementar una red de protección que involucre acciones intersectoriales cuyo objetivo sea garantizar buenos tratos a la infancia y la adolescencia a nivel nacional y que permitan responder oportuna y adecuadamente frente a casos que requieran atención. Esta política debe ajustarse a la realidad que viven los niños, e incorporar a actores de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y a la comunidad en su conjunto. Además, para romper la cadena del maltrato, padres, madres, tutores y el personal directivo y docente de las instituciones educativas deben acceder a información que promueva los buenos tratos y que puedan aplicar diariamente.

Nos toca, a todos, ser parte del cambio.

Realizado por: Claudia Zavaleta, analista senior de Videnza Consultores

Ilustración: Jose Antonio Rojas

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En esta ruta que se está trazando como política de Estado, quiero poner sobre la mesa un tema fundamental vinculado con ambos ejes mencionados: el problema de los medicamentos ilegales. Según la legislación peruana, son aquellos productos falsificados, adulterados, robados o que provienen del contrabando y de la venta de muestras médicas. Se estima que representan alrededor del 15% del mercado total de medicamentos, aunque no existe una cuantificación seria al respecto. Esto pese a que sus efectos en la salud y en la economía son altamente perjudiciales.

En términos sanitarios, los medicamentos ilegales incrementan la morbilidad y la mortalidad, producen resistencia a los aditivos antimicrobianos y minan la confianza de los actores del sistema de salud. En cuanto al impacto económico, afectan la rentabilidad y capacidad de generar empleo de sus competidores formales, invaden el mercado con productos inservibles, dan pie a exámenes o tratamientos adicionales, reducen los ingresos del Estado y afectan el desarrollo de nuevos tratamientos.

Actualmente, las barreras de entrada al mercado formal de medicamentos son muy altas, con exceso de trámites y lenta aprobación. Además, el débil sistema de control y vigilancia, con penas poco efectivas y acciones descoordinadas entre las autoridades, impide enfrentar eficazmente a los actores ilegales y desarticular sus cadenas logísticas.

¿Qué acciones debe tomar el Gobierno, en el marco de la política presentada, para combatir el ingreso y la venta de medicamentos ilegales en el país? Hoy, la escasez de productos farmacéuticosy dispositivos médicos lleva a que uno de cada dos pacientes que acude a los establecimientos públicos no reciba la terapia indicada y deba comprar sus medicamentos en boticas o farmacias privadas. En consecuencia, hay que mejorar el sistema de abastecimiento en los establecimientos del Estado. Ello requiere usar tecnologías de la información para articular y automatizar los procesos, mejorar las estimaciones identificando la demanda real de las personas, disminuir tiempos y, sobre todo, dotar de transparencia y predictibilidad a las acciones.

Mejorar la cobertura de farmacias y boticas formales en ciudades pequeñas y zonas urbano-marginales de las grandes urbes puede ayudar a evitar que los proveedores ilegales sigan expandiéndose.

También se debe lograr un marco regulatorio eficaz y eficiente que reduzca el exceso de trámites innecesarios. Estos lo único que logran es disminuir la presencia de empresas formales y su competencia. Complementariamente, las instituciones que combaten a los ilegales e informales deben ser fortalecidas: requerimos de una entidad que lidere la lucha con autoridad, con un equipo de élite y que sea capaz de coordinar interinstitucionalmente.

Para hacer realidad estas acciones, es fundamental una alianza entre los diversos actores involucrados. La adecuada implementación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad presentada será clave.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Tal ha sido el caso del Ministerio de Educación (Minedu) de nuestro país, que alertó sobre cómo, en diez años, la tasa de embarazo adolescente en el Perú no ha descendido. “Por ello, es necesario brindar acceso a una educación sexual integral que reduzca en nuestras niñas las probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado”, agregaba el Minedu en su mensaje. Y es que, mientras en el 2009 la tasa de embarazo de jóvenes entre 15 a 19 años a nivel nacional era de 13,7%, actualmente se sitúa en 13,5%.

En el 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Una de sus metas emblemáticas al 2021 es reducir el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. ¿Cuál era la tasa de embarazo adolescente entonces? 13,5%. Es decir, no ha habido mejora.

Sin embargo, para el INEI el embarazo adolescente a nivel nacional sí descendió en 1,6% en el período intercensal 2007-2017. Y precisa que las localidades con mayor reducción fueron Madre de Dios, (5,5%), San Martín (5,4%) y Loreto (4,6%). ¿Cómo plantear políticas intersectoriales cuando instituciones rectoras manejan distinta información sobre un tema tan sensible?

Como sabemos, la maternidad temprana trae mayor riesgo para la salud y la vida de la madre y el bebe, la pérdida de oportunidades de educación y de empleo digno, y perpetúa la pobreza y la exclusión. Suele estar vinculada a contextos de falta de oportunidades, exclusión y, especialmente en las menores de 15 años, a violencia sexual.

Según la última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, Endes 2017), el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres. En comparación, solo el 1% de los hombres de la misma edad son padres. Además, el 77,2% de las madres de 15 a 19 años del área urbana no asiste a un centro educativo, cifra que en el área rural sube a 88,9%.

El limitado acceso a la educación y la deserción escolar, así como la falta de instrucción en métodos modernos de planificación familiar, contribuyen a agravar la situación. No acceder a formación escolar y a una educación sexual integral pone en situación de riesgo a las niñas y adolescentes, pues tienen más probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado.

¿Qué hacer? Urge diseñar e implementar políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia. Estas obviamente requerirán de recursos que el Estado debe estar dispuesto a proveer y, sobre todo, de decisión política para aplicarlos. Si los diagnósticos no llevan a ejecutar políticas concretas, no sirven para nada.

Entre las estrategias, por supuesto, debe estar incluir la educación sexual y reproductiva en los programas curriculares de educación primaria y secundaria para prevenir embarazos no deseados. La educación sexual temprana es especialmente necesaria para generar conciencia sobre potenciales situaciones de abuso físico o sexual y poder detectarlas. Complementariamente, el sistema debe poder proteger a quien realiza la denuncia —de poco sirve generar conciencia si se carece de herramientas para resguardar a la persona agredida y castigar al agresor—.

Todo lo anterior solo será posible capacitando a los profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Ilustración: Rolando Pinillos / Diario El Comercio

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Cuarenta años después, en octubre último, Kazajstán volvió a acoger a la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud. Y, nuevamente, se puso sobre la mesa estos temas y los países participantes firmaron una declaración: la Declaración de Astaná. Esta servirá como insumo para la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019.

Asimismo, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU). Esta, según la Organización Mundial de la Salud, “implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.

Las cifras, sin embargo, nos muestran que estamos lejos de lograr ese objetivo. Hoy, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos (pese a que la salud fue reconocida como un derecho humano hace 70 años). Más de 800 millones de personas –casi el 12% de la población mundial– gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar servicios de salud. En el Perú hemos tenido grandes avances en materia de aseguramiento. Pero aún el 15% de la población no está asegurada y el gasto de bolsillo de las personas financia el 30% de los gastos en salud.

En CADE Ejecutivos 2018, la ministra de Salud, Silvia Pessah, mencionó que el sistema de redes integradas de salud permitirá garantizar la calidad y eficiencia de los servicios, tanto en los centros de salud como en los institutos especializados. Y esto es, justamente, potenciar el primer nivel de atención. En este esquema, las personas solo irían a un hospital especializado tras haber agotado esta primera opción. Este sistema de redes integradas de salud deberá organizar la prestación según criterios territoriales y poblacionales, y ofrecer una cartera de atención en salud en establecimientos de salud de 12 y 24 horas. Esto reemplazará las actuales categorías prestacionales, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación de los usuarios.

A mediano y largo plazo, el enfoque de atención primaria de salud será esencial para abordar de manera sostenible el envejecimiento de las poblaciones y la multimorbilidad, que implica padecer dos o más enfermedades crónicas simultáneas.

Mañana, 12 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud (#UHCDay). Así lo estableció el año pasado la Asamblea General de la ONU para marcar el aniversario de su primera resolución unánime donde se pide a los países brindar atención médica asequible y de calidad a sus ciudadanos. Será un día en el que organizaciones internacionales e instituciones de la sociedad civil pedirán a los líderes que inviertan más y mejor en salud.

Lograr un sistema robusto solo será posible con compromiso político y un liderazgo enfocado en incluir, invertir e innovar. La atención primaria, con el foco centrado en las personas, debe ser el corazón de nuestro sistema de salud.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Asimismo, la información brinda los insumos necesarios para la correcta formulación de políticas públicas basadas en evidencia y data rigurosa. Faculta al Estado para cruzar indicadores y focalizar políticas con miras a lograr una sociedad más inclusiva.

Resultan particularmente importantes diversas iniciativas nacionales y regionales que permiten hacer un seguimiento de indicadores relacionados con la desigualdad de género. En el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de su Observatorio Nacional de la Violencia Contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, busca monitorear, recolectar, producir y sistematizar información sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos internacionales respecto a la violencia de género. La divide en seis indicadores: víctimas de feminicidio, trata de personas, desigualdad de género, personas que desarrollan SIDA, autonomía económica y embarazo adolescente.  Asimismo, desde el 2005 el INEI publica un informe de indicadores estadísticos con enfoque de género. Entre ellos están los sectores de educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos y acceso a internet.

En un nivel más macro, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es una iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que analiza y visibiliza el cumplimiento de objetivos internacionales sobre la igualdad de género. Presenta indicadores relevantes para la región organizados en tres bloques: autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones y autonomía física.

A partir de estas fuentes de información identificamos diferencias importantes en el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres, sobre todo a nivel laboral y educativo. Respecto al primer ámbito, resalta que en el área urbana (rural) el 61.8% (73.1%) de las mujeres están empleadas en comparación al 79.6% (89.2%) de los hombres, una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. En esa misma línea, el sueldo promedio de las mujeres es de S/ 1,197.4 mensuales, mientras que el de los hombres es de S/ 1,797.8 mensuales. Es decir, las mujeres ganan en promedio 66.6% de lo que ganan los hombres.

Esto último puede ser explicado por diversos motivos. Entre ellos, que el 84.2% de las mujeres ocupadas lo hacen en sectores de baja productividad (agricultura, comercio, servicios), el 11.1% en productividad media (transporte, construcción y manufactura) y solo el 4.7% en productividad alta (minería, electricidad y actividades financieras). En el caso de los hombres, estas cifras son de 58.8%, 32.7% y 8.4%, respectivamente. Finalmente, otra cifra que es importante de resaltar es que, en el 2016, el 31.5% de mujeres no contaba con ingresos propios, en contraste al 12% de los hombres.

A nivel educativo, en el 2016 el 73.8% de los hombres de 25 años o más en el Perú tenía al menos educación secundaria, en comparación con el 62.5% de las mujeres. Este 2018 vemos que en inicial hay 35.8% de mujeres respecto al 39.5% de hombres; en primaria, 41.7% en comparación a 43%; y en secundaria, 40.4% en contraste a 36.9%. Por otro lado, la tasa de analfabetismo en el 2016 fue de 9% para mujeres, tres veces más que la de los hombres (2.9%).

Todo lo anterior confirma la necesidad de que los hacedores de política cuenten con información que les permita formular iniciativas focalizadas e inclusivas. Solo así lograremos recortar las brechas y avanzar hacia un desarrollo con igualdad.

Realizado por: Gisele León Brandon, analista senior de Videnza Consultores

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Chávarry conversó con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN. Arguyó que en el Perú “tenemos una prensa muy limitada como para llevar adelante nuestros comentarios e ideas”, afirmación que fue objetada por el entrevistador.

Al ser consultado sobre la exigencia, desde distintos sectores de la sociedad, de que deje el cargo dadas las investigaciones que se le siguen, replicó que eso sería aceptar su culpabilidad. Como sabemos, la Fiscalía Anticorrupción del Callao lo sindica –junto a otros once jueces, fiscales supremos y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura– como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Del Rincón retrucó con claridad: “Dentro del ámbito de la justicia, y usted como administrador de justicia lo debe saber muy bien, no está en usted definir si forma o no parte de un grupo delincuencial. Está en manos de las autoridades que están llevando la investigación. Está en manos de aquellos que administran la justicia. Y el hecho de ser juez y parte puede complicar mucho las cosas”.

Finalmente, sobre el apoyo que recibió desde el chat La Botica de los congresistas de Fuerza Popular, el cuestionado funcionario señaló: “Me halaga porque me siento un hombre correcto”. En dichas conversaciones vimos cómo los parlamentarios opositores acordaron protegerlo, blindar al ex juez supremo César Hinostroza –presunto cabecilla de dicha organización criminal, hoy en Madrid–, y desprestigiar al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez –a cargo de la investigación de dicho partido político y su lideresa–.

Horas antes de la difusión de esta entrevista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, conversó con la periodista Rosa María Palacios. El mandatario recordó que el 28 de julio presentó siete proyectos de ley para ser revisados y aprobados por el Congreso de la República como parte de la reforma de la administración de justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen encarpetados. Insiste en que, además de su disposición a dialogar con la oposición, espera de ella acciones concretas.

Vizcarra también reveló que se reunió con el reconocido estratega empresarial Michael Porter. ¿Qué medidas urgentes recomendó el experto para mejorar la competitividad económica del país? Lucha contra la corrupción y mejora de los sistemas de administración de justicia, salud y educación. En ese orden.

Desde el Poder Ejecutivo se ha mostrado apoyo a las citadas investigaciones fiscales, mientras que fuerzas de oposición difunden absurdos rumores de un inminente golpe de Estado (¿?). El presidente Vizcarra ha reiterado que respeta la separación de poderes y que no tiene ninguna injerencia en la situación en la que está Keiko Fujimori –hay que ser justos en reconocer que el mérito de tremendo descalabro político corresponde enteramente a ella y su partido–.

Por nuestra parte, desde la sociedad civil debemos hacer explícito nuestro apoyo al equipo del fiscal José Domingo Pérez y al coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela Barba. Exijamos de una vez por todas el fortalecimiento del sistema de justicia y la identificación y retiro de los funcionarios corruptos.

En cuanto a la salud, el presidente se comprometió a reducir la anemia infantil al 20% para el 2021. Hoy, el 43,6% de niños menores de 36 meses la padece, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año pasado. Y agregó que están trabajando en una reforma de salud integral, fundamental para sacar un mejor partido al dinero invertido en sanidad. El enfoque de mejora de la atención primaria que está proponiendo el Ejecutivo vía las redes integradas de servicios de salud busca mantener a las personas más saludables mediante una atención centrada en el paciente y donde el contacto inicial ocurre en los establecimientos de salud del primer nivel.

No necesitamos aplausos protocolares; necesitamos poder avanzar en protocolos de salud que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos. No requerimos de oposiciones políticas que blinden a controvertidos personajes. Requerimos de autoridades honestas que velen por el fortalecimiento de los poderes del Estado y permitan avanzar en reformas estructurales como la de salud. Es decir, pasar de La Botica a pensar en el bienestar de la población. Y eso implica, entre otras medidas, consolidar un sistema de boticas públicas eficientemente abastecidas con medicamentos de primer orden.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Aunque es evidente la superioridad de nuestra oferta culinaria, reconozcamos que Chile sí nos lleva la delantera en un aspecto primordial para el desarrollo de un país: su sistema de salud.

Por ello, con el atenuante de no ser la primera vez que este tipo de incidentes ocurren, propongo apropiarnos del Plan AUGE chileno, que hoy se denomina Plan de Garantías Explícitas de Salud y que asegura la cobertura de salud en el país del sur.

En vigencia desde agosto del 2004 —con una línea constante de construcción y errores corregidos—, el Plan AUGE ha subsistido a Gobiernos de tendencias distintas e incluso antagónicas. Pero, más importante que decir al mundo que el Plan AUGE es peruano, es laborar para hacer realidad uno parecido en el Perú y lograr la garantía explícita de acceso, que obliga a asegurar las prestaciones de salud; la garantía explícita de calidad, mediante la cual se otorga la atención de salud por un prestador acreditado; la garantía explícita de oportunidad, que establece un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento; y, por supuesto, la garantía explícita de protección financiera, que incluye —de ser necesaria— la contribución, pago o copago máximo que deberá efectuarse por prestación o grupo de prestaciones considerando el monto de los ingresos de las personas.

Recientemente, Bloomberg, la empresa especializada en noticias de negocios y mercados, identificó los países con los sistemas de salud más eficientes, y aquellos que se encuentran en la otra orilla. Chile lidera al grupo de países de América del Sur. España destaca en el mundo al ocupar el tercer lugar en este ranking, detrás de Hong Kong y Singapur. Acorde a ello, ¿no deberíamos ver la valiosa experiencia española, principalmente en lo concerniente a la atención primaria de salud? (¡Y quizá apropiarnos también de los fundamentos de su sistema!). Olvidémonos de pensar en un hospital para cada provincia y reemplacemos este paradigma obsoleto por uno centrado en construir una red con un primer nivel de atención fortalecido, que brinde continuidad e integralidad al cuidado de la salud de cada peruano. Dejemos de concentrar de modo malsano el presupuesto de EsSalud únicamente en los dos hospitales de Lima, lo que, por ejemplo, solo perpetúa la saturación de atenciones que no son emergencias en sus servicios dedicados a atenderlas.

¿Cuál es el secreto de estos avances en países parecidos al nuestro? Políticas de Estado acompañadas de decisión, constancia e institucionalidad. Emplear lo mejor del conocimiento e información disponibles. No tener temor a equivocarse, tomar las decisiones necesarias con sentido común. Y, sobre todo, acumular conocimiento para continuar construyendo; es decir, evitar que un eventual nuevo Adán reinvente la pólvora.

En el Perú podemos añadir algo en el sector público: superar el paradigma funcional centrado en el mero cumplimiento de la obligación formal de cada funcionario o trabajador de salud, a otro mayor centrado en gestionar procesos para lograr los productos y resultados que sirvan al bien común.

Invirtamos nuestras fuerzas, más que en reclamarle al país vecino, en construir un mejor sistema de salud. Al pasar el bono demográfico, será algo más que necesario para nuestra sociedad.

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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Por violencia no solo entendemos agresiones físicas, sino también el uso del control, la coerción o las amenazas, y el abuso emocional, sexual, financiero o psicológico. Sus víctimas suelen presentar cuadros de depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, abuso de sustancias, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, lesiones físicas traumáticas, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos e inmunes, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, trastornos del dolor crónico, enfermedad de las articulaciones, asma o fibromialgia.

Luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que replanteará el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional 2018 para darle mayor énfasis a la lucha contra la anemia y contra la violencia hacia la mujer. Más allá de la comunicación, ¿qué debemos hacer para combatir esta última?

Una de las dificultades para desarrollar políticas públicas efectivas sobre violencia de género es la falta de datos fiables y pormenorizados que permitan dimensionar el problema, dada su estigmatización social. Además de brindar apoyo a las víctimas y castigar a los agresores debemos, sobre todo, enfocarnos en la prevención de la violencia: acabar con su normalización, poner el tema sobre la mesa para fomentar su abierta discusión, y entender el devastador impacto que tiene en quienes la padecen y en nuestros niños, testigos ocultos de este drama.

Un tema clave en prevención es tomar medidas la primera vez que la mujer presenta una denuncia policial. Es en ese momento cuando se debe trabajar con ella para que reconozca los ciclos de violencia, reciba soporte psicológico y no retroceda en su decisión. Y para ello la economía del comportamiento revela que muchas mujeres que inicialmente dicen querer terminar una relación abusiva regresan con sus agresores porque muestran inconsistencia temporal. Esto quiere decir que inmediatamente después del incidente del maltrato, su valoración de la relación es baja, pero a medida que su apego emocional se empieza a reactivar, su visión de la relación mejora y su conciencia de estar en riesgo disminuye. Los Centros Emergencia Mujer funcionan para la fase de atención, pero requerimos abordar el problema desde su origen. Y para ello es también fundamental trabajar con el agresor: terapia psicológica y grupos de apoyo han mostrado resultados favorables. Hay experiencias incluso de realidad virtual para maltratadores que han mostrado resultados positivos.

Otro espacio fundamental son los centros de trabajo. Debemos fomentar que las víctimas se sientan seguras y puedan recibir ayuda. Si sospechamos que una colega puede estar sufriendo de violencia, hablémoslo. Contribuyamos todos a cambiar la cultura en torno a la violencia de género.

Los crecientes movimientos sociales que reclaman igualdad de derechos y exigen acabar con los abusos nos muestran cómo la determinación para el cambio nace en la concientización. Estado, sociedad civil y sector privado debemos trabajar para fortalecer las leyes y garantizar su cumplimiento, y para cambiar las normas sociales que perpetúan la violencia.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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El Perú, al igual la mayoría de países de América Latina, está en una etapa de transición demográfica. La reducción de las tasas de mortalidad y natalidad, que empezó en la década de 1960, ha tenido un impacto en la estructura etaria de la población.

El mayor crecimiento de la población en edad activa (14 a 59 años) en relación al de la población infantil y juvenil (0 a 14 años), junto con el aumento sostenido del peso de la población mayor (mayor de 60 años), es una situación favorable para el desarrollo económico del país que se conoce como bono demográfico.

La reducción en la relación de dependencia que caracteriza a este periodo permite que aumente la tasa de ahorro con efectos positivos en el desarrollo económico. Sin embargo, los efectos positivos de este fenómeno no ocurren esporádicamente. Para aprovecharlos, el Estado debe de promover e implementar políticas que incentiven la inversión productiva, desarrollen el mercado laboral y promuevan un ambiente social y económico estable. Cuatro ámbitos que deben desarrollarse para que esto ocurra son educación, salud, empleo y el sistema de pensiones.

En educación, el Gobierno ha realizado importantes avances para ampliar la cobertura de los servicios. La tasa neta de matrícula escolar para niños de 3 a 6 años de edad en el 2016 fue de 81%, 10% más que cinco años atrás. Sin embargo, queda mucho por hacer en términos de calidad. En el 2012, el Perú quedó en último lugar de los 65 países que rindieron la prueba PISA. Tres años después alcanzó el puesto 64 de 70 países evaluados.

En salud, la cobertura ha mejorado significativamente. En el 2017, menos de un cuarto de la población (24%) no estaba asegurada, lo cual representa una reducción de 14% en relación a cinco años atrás. Sin embargo, el financiamiento por parte del Estado es insuficiente e ineficiente. En el 2014, la inversión total en salud con respecto al PBI fue de 5.5%, muy por debajo del promedio regional (7.3%). Además, al ser absorbida por distintos subsistemas de salud que funcionan de manera desarticulada, este presupuesto es asignado de manera poco eficiente.

En empleo, la baja flexibilidad del mercado laboral peruano se ha traducido en una alta informalidad, que representa más de un cuarto del empleo total. Complementariamente, existe una alta concentración de trabajadores independientes y en pequeñas empresas. Ambos escenarios tienen un efecto negativo en la productividad de la fuerza laboral.

En cuanto al sistema de pensiones, este ha mejorado su cobertura en los últimos años. Al primer semestre del 2016, el 31.2% de la población mayor de 14 años estaba afiliada a algún sistema de pensiones: 19.2% afiliadas al SNP, 10.8% afiliados al SPP y 1.2% afiliados a otros sistemas. Sin embargo, el Perú todavía se encuentra muy por debajo del promedio regional, de 62.2%, y la pensión promedio es baja comparada con las pensiones en otros países de la región como Chile, Colombia y México.

Es indudable que se han realizado avances importantes en los sectores arriba mencionados. Sin embargo, se deben redoblar los esfuerzos por cerrar las brechas existentes. La duración del bono demográfico es limitada. En el Perú, esta etapa finalizará en el 2030, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Es decir, tenemos menos de doce años para lograr avances sustanciales mediante la implementación de políticas pues, finalizado el bono demográfico, vendrá una etapa de envejecimiento de la población.

Realizado por: Pedro Rodríguez Paiva, analista senior de Videnza Consultores

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Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos análisis multidisciplinarios de intervenciones en salud que, al ofrecer la mejor evidencia científica disponible, permiten un uso más eficiente de los recursos. Suponen estudiar la seguridad, eficacia y efectividad clínica de los medicamentos, así como su costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias organizacionales y presupuestales. Todo lo anterior tomando en cuenta las consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Al presentar información imparcial, mejoran la toma de decisiones y transparentan los procesos.

Hace unos días, el Ietsi recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, que organizan el colectivo Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Se reconoció el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para mejorar la toma de decisiones oportunas en la adquisición de medicamentos, dispositivos y equipos biomédicos en beneficio de los más de once millones de asegurados de Essalud en todo el país.

Entre los resultados conseguidos resalta que el tiempo de respuesta promedio por asegurado se redujo de 180 días en el 2015, a un máximo de tres semanas este año. Esto debido a que la autorización para cada paciente es ahora otorgada por el comité farmacológico local y ya no desde el nivel central.

Además, entre los años 2011 y 2017, Essalud pasó de destinar 70,5 millones de soles para atender adecuadamente a 547 pacientes, a brindar los mismos servicios a 1.100 asegurados invirtiendo 38,8 millones de soles. Es decir, se generan ahorros que permiten atender a más personas.

Aprovechando las buenas prácticas del Ietsi, debemos apuntar a consolidar una sola agencia a nivel nacional que evalúe las tecnologías sanitarias que ingresan al país y sea independiente del financiador; es decir, de la entidad que compra. Debemos evitar que cada institución evalúe sus propias tecnologías y más bien tener un organismo único, al estilo de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Esto ofrecería certezas de por qué se opta por el ingreso de determinados medicamentos al país. Luego, ya cada asegurador decidiría cuál de ellos adquiere.

Hay muchas experiencias internacionales de las que podemos aprender, siempre adaptándolas a nuestra realidad. Sigamos pensando en cómo mejorar, transparentar y hacer más eficientes los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta que está probando ayudar en esa ruta.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 400.000 venezolanos han arribado a nuestro país huyendo de la desgracia en sus tierras. El último monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que el 34% de ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel de educación superior. Además, cerca del 62% trabaja en los sectores comercial, turismo, restaurantes y/o entretenimiento, mientras que el 9% lo hace en construcción, manufactura e industria.

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes –y ni qué decir de aquellos que solicitan refugio– presentan diferentes retos en salud, sobre todo si se enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales adversas. Literatura académica sobre servicios de salud entre migrantes adultos revela que utilizan menos servicios de salud excepto para hospitalizaciones, que es mayor incluso que entre la población local. Además, los niños nacidos de madres con antecedentes inmigratorios tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer, algunas enfermedades infecciosas, obesidad, y tasas más altas de cavidades dentales y de ciertos trastornos mentales.

En México, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, garantiza el acceso a la salud a todos los residentes del territorio nacional, incluidos los extranjeros con residencia temporal o permanente. En nuestro país, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud garantiza incorporar a todos los residentes, incluyendo extranjeros. Con sanear su estatus legal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores queda expedita su incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS), hoy con alrededor de 17 millones de afiliados. Esta entidad evidentemente requerirá de una mayor inyección de recursos para poder brindar mejores servicios de salud a los peruanos y extranjeros que lo necesiten. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú ha alertado que el proyecto de presupuesto 2019 vendría con recortes en salud, lo cual sería inadmisible.

Complementariamente, debemos apuntalar la labor que están brindando organizaciones católicas y no gubernamentales. Además, activar el sistema de Naciones Unidas para ofrecer apoyo médico a los venezolanos que llegan al país, realizar campañas de vacunación para evitar problemas sanitarios prevenibles, poderlos insertar formalmente en los sistemas educativos y laboral, y verificar que su ingreso sea ordenado, informado y seguro.

En este espacio celebramos la solidaridad y defendemos la política de fronteras abiertas, pero urge para ello plantear estrategias transversales que permitan, a la brevedad posible, combatir esta crisis.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Las últimas semanas han sido muy duras para el país, pues como ciudadanía hemos sido testigos de la corrupción que aqueja a varios de los principales organismos del Estado. Sin embargo, pese a nuestra frágil institucionalidad, el Perú retoma el liderazgo del crecimiento económico en Latinoamérica: el BCR ha anunciado que revisará al alza su proyección de 4% del crecimiento del producto bruto interno (PBI) para el 2018 por “una robusta recuperación de la actividad económica”.

Este escenario ocurre a pesar de persistir una baja productividad acompañada de una economía informal extendida. Es decir, en perspectiva, nuestra capacidad de crecimiento es mayor.

Analicemos con más detenimiento la informalidad en sus dos dimensiones: el sector y el empleo.

El sector informal agrupa a las unidades productivas no registradas en la administración tributaria; es decir, las que no pagan impuestos. Aunque está conformado por aproximadamente 7 millones de unidades, representa menos de la quinta parte del PBI.

El empleo informal es aquel que no goza de los beneficios definidos por ley: seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc. En el Perú, según el INEI, casi tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa (PEA) ocupada se desempeñan en un empleo informal.

Pero el dato quizá más elocuente de nuestra realidad es que el empleo informal en el ámbito rural asciende a más del 95% (2017). Es decir, en el campo el sector formal hoy no existe.

En 1940, el Perú era un país donde el 65% de la población residía en la sierra y solo el 28.3% en la costa. Solo cinco departamentos tenían una población predominantemente urbana: Arequipa, Lambayeque, Lima, San Martín y Tacna.

Pero en el año 2015, el INEI calculó que la población rural se redujo a solo 23.3%. Y los primeros resultados del censo 2017 precisan que apenas 28.1% de peruanos aún viven en la sierra, mientras que la costa alberga al 58% de peruanos. Ratifican, además, un centralismo por corregir, pues Lima concentra al 29.2% de la población total. Es decir, en un periodo de 77 años, en el cual han discurrido algo más de dos generaciones, los peruanos, sobre todo de la sierra, nos hemos instalado en ciudades, principalmente de la costa.

El Estado no ha sido capaz de capitalizar este enorme flujo humano, el que a su vez ha contribuido a la emergencia de una cultura emprendedora, pero signada de informalidad, en un escenario de pobre institucionalidad.

Hace algunos años los profesores del MIT y Harvard, Daron Acemoglu y James A. Robinson, publicaron “Por qué fracasan los países. Los orígenes de la prosperidad y la pobreza”, donde destacaban el valor de las instituciones como elemento clave del devenir de los países.  Ellos proponen dos conceptos relacionados interesantes.

• Institución económica extractiva, que promueve la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite, que incluso puede cometer el error de oponerse al desarrollo industrial y a la adopción de nuevas tecnologías, pues la mano de obra barata es una de las razones para no cambiar.
• Institución económica inclusiva, que desconcentra la riqueza y el poder, y promueve la competencia en un entorno de desarrollo y movilidad social, lo que genera una amplia clase media con mayor educación.

Estos autores, a partir de un análisis sustentado en numerosos ejemplos históricos, plantean cómo las instituciones económicas inclusivas generan prosperidad y riqueza, mientras que las instituciones económicas extractivas solo conducen al estancamiento y la pobreza de sus países.

Riesgos y oportunidades

El Perú es un país urbano, pero con un software mental rural, pues la mayoría de citadinos somos migrantes o hijos de migrantes. A ello se suma una débil institucionalidad que, como vemos, acentúa el deterioro social. Es decir, somos un país que aún no ha logrado articular un proyecto común.

Este escenario, a pesar de su apariencia, constituye un terreno para los riesgos, como la insurgencia de algún outsider que nos lleve al abismo del autoritarismo, o a las oportunidades si construimos una agenda para el desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas. Seamos optimistas, los peruanos ya hemos demostrado nuestra capacidad para ejercer ciudadanía y superar etapas adversas.

No olvidemos que atravesamos por el periodo de oportunidad en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas (15 a 64 años) crece de manera sostenida en relación a las personas potencialmente inactivas (menores de 14 y mayores de 65 años). Conocido como bono demográfico, es un escenario favorable para el desarrollo que debe ser capitalizado.

¿Convertimos el riesgo de la informalidad en una oportunidad?

Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores

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Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada el 09 de julio del 2018 en el diario El Comercio.

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Al poner énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, permitirá ahorrar recursos al Estado en el futuro. La idea es no esperar que los pacientes requieran de atenciones complejas, cuando las enfermedades prevenibles ya hicieron estragos importantes en su salud.

En la última década, la estrategia de aseguramiento universal y un incremento del presupuesto público han permitido avanzar significativamente en proteger a las personas más vulnerables, a través del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de salud integrados organizados horizontalmente para toda la población, el nuestro está organizado verticalmente por un grupo de población y un subsistema de salud. Cada asegurador atiende a su población objetiva con su propio plan de beneficios y en sus propios establecimientos. Es decir, la prestación está fragmentada y los subsistemas de salud coexisten con escasa interrelación, aplicando sus propias reglas y mecanismos, y un manejo limitado de los riesgos sanitarios.

Por poner un ejemplo de las ineficiencias que genera el sistema actual, los servicios de salud fragmentados pueden hacer que en una misma plaza provincial tengamos tres hospitales: a un lado, el del gobierno regional; al otro, el de Essalud; y, finalmente, el privado, cada uno requiriendo equipamiento, mantenimiento y operación.

Probablemente los mismos médicos trabajan en los tres establecimientos en distintos horarios. Los pacientes llegan al sistema con enfermedades en estadio avanzado y la atención se vuelve más compleja y costosa. Las redes integradas de salud permitirían que, en un ámbito determinado, un conjunto de entidades prestadoras de salud públicas y privadas, de diferente capacidad resolutiva, actúen coordinadamente para brindar atención integral, continua y oportuna enfocada en las necesidades de salud de la población, con énfasis en la prevención. Hay miles de establecimientos en el país que requieren este enfoque.

Un ejemplo interesante para considerar es el sistema prestacional de Cataluña. Su asegurador, Catsalut, compra servicios de salud a proveedores públicos y privados organizados en redes prestacionales según su ordenamiento territorial. Los planes de salud se establecen cada cuatro años con objetivos concretos para aplicar la política de salud, pero son monitoreados anualmente. La entrada del paciente en la red es por un centro de atención primaria, salvo casos de urgencia y emergencia. Este aspecto es fundamental para nuestro sistema.

Ex ministros de Salud de distintos períodos gubernamentales han firmado un pronunciamiento apoyando al Gobierno y a la ministra Pessah en esta tarea. Afirman que debe ser considerada una política de Estado “por ser la estrategia más importante para lograr servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, validados con la participación de la población”.

La organización de la prestación en redes integradas será clave para mejorar la eficiencia del sistema, la calidad de las prestaciones y el estado de salud de la población. Su relevancia y correcta implementación merecen el apoyo de todos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada el 16 de junio del 2018 en el diario El Comercio.

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