Sin lugar a duda, en un país tan inestable y polarizado como el nuestro, mucho ha pasado en esta última década. Hoy las realidades económica, social y política son bastante distintas y, lamentablemente, no para mejor. En el 2014 el presidente era Ollanta Humala, el tercero elegido democráticamente desde el 2000, y en ese tiempo nadie hablaba de vacancias presidenciales ni de disoluciones constitucionales con tanta ligereza como ahora. En economía, la producción venía de crecer a tasas de hasta 6%, y la pobreza se había reducido en 8 puntos porcentuales en apenas cuatro años: pasó de 30.7% a 22.7%. El panorama pintaba prometedor.

Pero, tras las elecciones del 2016 empezó este periodo caótico del cual aún no podemos salir. Tras asumir la Presidencia en julio de 2016, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una férrea oposición desde el Congreso de la República que, sumada a sus propios errores, lo llevan a renunciar en marzo del 2018. No obstante, ya desde fines del 2016, la agenda estaba agitada por el estallido del caso Lava Jato, del que forma parte el caso Odebrecht.​

El 2017 llega con acontecimientos como los fuertes impactos del fenómeno de El Niño, y la orden de prisión preventiva para Humala y su esposa, Nadine Heredia, investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción. En contraposición, la noticia que sin duda salva el ánimo nacional es la clasificación del Perú a un Mundial de Fútbol después de 36 años, el Mundial de Rusia 2018.

Hacia fines del 2017 se da el primer intento de vacancia a PPK. En marzo del año siguiente, tras la revelación de nuevos escándalos de corrupción, PPK se ve forzado a renunciar. Desde ese año nos hemos vuelto expertos en vacancias, pedidos de confianza y disoluciones. Además, las noticias judiciales se hacen parte común de nuestra política. En mayo del 2018 se solicita la extradición de Alejandro Toledo, en octubre se dicta prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

El 2019 no se queda atrás: en abril el expresidente Alan García se suicida para evitar su detención y en setiembre, el entonces mandatario Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Nuestro PBI no vuelve crecer por encima de 4% y la pobreza casi que no se reduce.

Desde 2020, y por los siguientes dos años, la COVID-19 marca la agenda de todo el planeta. En nuestro país los resultados son devastadores, con más de 200,000 muertos, personas suplicando por oxígeno, y escenas dantescas de familias con sus hijos en hombros caminando cientos de kilómetros para volver a sus comunidades de origen. La pandemia nos muestra, de la manera más cruda, lo mucho que teníamos por mejorar. Esto mientras, en plena emergencia sanitaria, el Congreso decide vacar al presidente, se desatan protestas violentas en Lima y el escándalo del “Vacunagate” termina por mellar la moral nacional. Luego vendrían las elecciones del 2021 y todos los escándalos que, dada su cercanía en el tiempo, ya no vale la pena recordar.

La intención de este resumen, poco exhaustivo y sin duda con muchos vacíos, no es deprimir al lector, aunque así lo parezca. Busca valorar y dimensionar la magnitud del esfuerzo de los peruanos por tratar de salir adelante. En el caso de Videnza, seguimos y seguiremos comprometidos con construir valor para nuestro país.

Escrito por: Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto 

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Cuando diseñamos una política pública, mientras más nos alejemos de la información científica, más espacio daremos para ideologías y prejuicios, y menos eficiente será la intervención que proponemos. Lo que corresponde es buscar la mejor evidencia científica disponible sobre el problema que queremos atajar, si hay soluciones que ya han funcionado, cómo pueden ajustarse a nuestro contexto, y qué herramientas de monitoreo y evaluación usaremos para medir su desempeño.

Lo mismo sucede en nuestras relaciones interpersonales. Hoy, cualquiera que piensa distinto es la encarnación del mal o, más precisamente, de todos nuestros males. Lo explica muy bien el reciente artículo “Polarización, un gran reto para la salud mental”, publicado en el diario español “El País”: “Lo que yo pienso y siento es cierto. Si te metes con tal político, te metes conmigo. No leo lo que publique ese periódico. Si ha dicho eso tal persona, no me interesa. O ellos o nosotros”. Agregaría que en el Perú cualquier opinión contraria es considerada un ataque o una falsedad conspirativa. Y se minimiza y hasta se justifica el mal actuar de quien piensa como uno.

En un contexto en el que lo que siente o piensa alguien con quien no nos identificamos carece de importancia, la polarización es afectiva, no ideológica. Así lo señala Míriam Juan-Torres González, jefa de investigación del programa Democracy & Belonging Forum en la Universidad de Berkeley, California (“Nueva Revista”, julio 2023). Precisa que la polarización afectiva está ligada a cómo se construyen las identidades de grupo, y que, “si se descontrola, hace que los pactos entre determinados actores sean prácticamente imposibles”.

La experta explica que la polarización afectiva se da cuando se toma la parte por el todo, cuando reducimos a nuestros interlocutores a una sola dimensión (caviares/no caviares, por ejemplo). La sociedad y la política pasan a dividirse en “nosotros contra ellos”. Cuando esto sucede, el futuro de unos depende de la derrota de los otros.

Ojo que la polarización no es la ausencia de acuerdo. El desacuerdo es inherente a toda sociedad democrática. Pero si el diálogo, la negociación y la deliberación no son posibles, tampoco lo serán los pactos. Y es ahí cuando la democracia misma está en juego.

En el Perú de hoy, estás conmigo o estás contra mí. Y así no podemos avanzar, porque, cuanto más polarizados estemos, más dispuestos estaremos a propagar desinformación, dado que solo apoyaremos las narrativas que ‘confirman’ nuestra posición, por más absurda e inverosímil que sea. Es decir, nos alejaremos de la evidencia y de la necesidad de cuestionar y cuestionarnos.

Como muestra, vemos defensas cerradas de personajes como la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no solo tiene mucho que aclarar, sino el deber de hacerlo como funcionaria que todavía es. Pero quienes creen que “nos salvó” de Pedro Castillo al abrirle investigación (como ya habían hecho otros fiscales) la defenderán pese a todo, incluidas las graves evidencias de corrupción en su contra. ¿Pruebas? Para qué, si lo que yo pienso es lo único que importa y para mí ella es víctima de una conspiración caviar. Punto.

Hace unos años, vi un documental corto en el “New York Times” que me impactó mucho. Titulado “My Enemy, My Brother” (“Mi enemigo, mi hermano”), es la historia real de dos supervivientes de la guerra Irán-Irak de la década de 1980. Estando en medio del conflicto, el iraní Zahed encontró gravemente herido a Najah, soldado enemigo iraquí, y tuvo un acto de piedad que cambiaría la vida de ambos. Años después se encontraron en Canadá en sorprendentes circunstancias. Es una historia increíble de humanidad, de cómo esta trasciende las diferencias religiosas y políticas. De cómo dos antiguos enemigos encontraron que tenían muchas más similitudes que diferencias. Les recomiendo mucho verla. Estoy segura de que, salvando todas las distancias, entre las facciones que vemos en nuestro país también hay muchas más similitudes que diferencias.

En estas navidades, reflexionemos sobre la importancia de acercarnos con curiosidad a personas con ideas distintas a las nuestras. Hagamos el esfuerzo consciente de escuchar y de debatir con argumentos, no con emociones. No difundamos mensajes de dudosa procedencia. Preguntémonos qué nos motiva a compartir determinado contenido y si aporta al debate, o si, por el contrario, polariza aún más. Evitemos relatos maniqueos donde solo hay cabida para héroes o villanos, para blanco o negro. En su lugar, recuperemos el diálogo alturado y pongamos al bien común por encima de nuestros intereses particulares.

Brindemos por un 2024 en un Perú mejor. Muy feliz año nuevo para todos.

Escrita por: Janice Seinfeld, directora de Videnza

Publicada el 25 de diciembre en el Diario El Comercio

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Como ha anotado el experto en educación y exministro del sector Ricardo Cuenca, en 1984 el Estado Peruano aprobó una ley que, ante la falta de profesores, autorizaba a docentes sin título pedagógico a trabajar en zonas rurales y de frontera. Cuando en el 2007 se promulga la Ley de Carrera Pública Magisterial, el ingreso al magisterio se vuelve posible solo mediante concurso público.

En el 2014, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó una evaluación excepcional de docentes nombrados sin título pedagógico. De los 14.863 interinos en ese momento, solo 546 ingresaron al servicio público. Desde entonces, los docentes retirados de la carrera buscaron su reposición, como explica Cuenca, “la mayoría de las veces en alianza con congresistas”.

Ahora, el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para reponer a esos más de catorce mil docentes retirados del magisterio. La autora principal de esta iniciativa es la congresista Katy Ugarte, siete veces desaprobada en dichas evaluaciones. Es decir, nuestro Congreso primero acabó con la reforma universitaria y ahora busca liquidar la reforma magisterial, siempre susceptible de ser mejorada. Por ejemplo, se podría complementar estas evaluaciones masivas con otras que determinen los méritos individuales de cada profesor y que estén a cargo de los alumnos, sus padres y los directores de los colegios. Lo que no podemos permitir es eliminar cualquier tipo de evaluación a los docentes y que el Parlamento continúe privilegiando intereses particulares y legislando contra los criterios y políticas del Minedu, el órgano especializado y rector de sector.

Si el Ejecutivo no cumple con observar esta ley, ¿cuántos de esos docentes volverán a las aulas tras diez años sin haber dictado? El Minedu está en la obligación de responder a esta pregunta.

Vayamos ahora al tema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), también muy peligroso. En el 2018, la JNJ reemplazó al entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Este último fue justificadamente disuelto tras el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, que probó cómo los cargos de jueces y fiscales eran ofertados al mejor postor. Tras una reforma constitucional, votada en referéndum, se aprobó la creación de la JNJ que elige, ratifica y sanciona a todos los jueces y fiscales del país. Además, nombra a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Su fin es evitar que la justicia se politice.

El jueves último, el Congreso aprobó investigar a los siete miembros de la JNJ por, supuestamente, haber cometido faltas graves. ¿Cuáles son? La principal ha sido emitir un comunicado criticando la decisión del Parlamento de destituir a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, dado que no es una competencia técnica de le corresponde a dicha junta. Es decir, osar pedir a los congresistas respetar el orden constitucional y la separación de poderes, pues la JNJ es un organismo autónomo.

Como ha explicado Rosa María Palacios, si la JNJ es destituida, “durante unos seis meses no se investigará, no se nombrará ni se sancionará ni se ratificará a nadie en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hermanitos, ¡están salvados!”. Esto incluye impedir que la JNJ continúe investigando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntos favores a su hermana jueza, aparentemente vinculada con un caso de narcotráfico, y por irregularidades en su tesis.

Remover a los miembros de la JNJ sin fundamento alguno será la consumación de la toma de poder desde el Legislativo, que luego buscará controlar el sistema judicial y electoral del país. Quienes nombrarán a la nueva junta están hoy aliados políticamente con el Congreso.

Nuestro Parlamento se está tirando abajo la democracia. A-sí-de-gra-ve. ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Seguiremos en la absurda discusión “caviares-no caviares”, o entendemos de una buena vez que estamos terminando de destruir la poca institucionalidad que aún nos queda?

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada en el Diario El Comercio

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No obstante, parece que esta última no llegara a aquilatar la verdadera dimensión de la crisis. La muestra más grande de desconexión e indolencia la tuvimos el viernes, cuando el dictamen de adelanto de elecciones fracasó luego de reunir el apoyo de solo 49 legisladores. Una soberana mezquindad.

Ya antes del intento de golpe de Castillo, el adelanto de elecciones era un clamor mayoritario, pero, luego de este, el adelanto es un consenso ciudadano, algo sumamente inusual en la vida pública peruana. Es inaceptable que el Legislativo –poder que por definición está llamado a representar a la ciudadanía– dé la espalda de manera tan grosera a la inequívoca voluntad popular.

Los argumentos para rechazar esta medida, tanto desde la izquierda como la derecha, son descaradamente distanciados de las reales prioridades y urgencias de los peruanos. Por su parte, la izquierda (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático, Perú Bicentenario) se resiste porque insiste en que el adelanto de elecciones debe venir acompañado por una Asamblea Constituyente. Una verdadera cantaleta. Habría que recordarle que mientras el adelanto es un consenso, solo el 7% de peruanos ve la Constituyente como una prioridad (Ipsos, mayo de 2022).

Por otro lado, desde la derecha, Avanza País insiste en que no debe haber adelanto sin reforma electoral. ¿Alguien podría creer que este Congreso, cuya vocación ha sido más bien la contrarreforma en la educación y el transporte, podría producir una reforma política aceptable en pocos meses? Ya tuvo año y medio, y lejos de avanzar, se retrocedió. Por ejemplo, las elecciones primarias que ya estaban aprobadas para los comicios regionales y locales de este año fueron suspendidas por el propio Parlamento.

Por supuesto que profundas reformas son necesarias (bicameralidad, redefinición de circunscripciones, elecciones de término medio, etc.), pero usar este argumento para bloquear el adelanto es, cuando menos, ingenuo y más bien suena a excusa.

Más a la derecha, los argumentos de Renovación Popular son aún más inaceptables. Su razonamiento, que ha sido planteado con claridad por los congresistas Montoya y Cueto, se puede resumir en la frase “la culpa es de Castillo y no del Congreso, ¿por qué nos vamos a ir?”, una lógica francamente infantil. Es evidente que el golpe lo produjo el aspirante a tirano de Castillo, pero acá de lo que se trata es de resolver una crisis y evitar más muertes. Eso requiere un mínimo de desprendimiento y humildad, valores claramente escasos en el primer poder del Estado.

Finalmente, una mención aparte merecen los 25 legisladores que se abstuvieron en esta crítica votación. En circunstancias como esta, la neutralidad es la peor de las posturas por cobarde e indolente. A estos señores los elegimos para decidir. ¿Dónde están ahora?

Nota al pie: cada hora que pasa parece más evidente que el premier Angulo no tiene idea de dónde está parado. Fue insólito ver cómo, en los últimos dos días, mientras el Perú se desangra, ha dedicado tiempo a reuniones con el “Grupo de Universitarios Voluntarios de la Iglesia de Dios”, los “past decanos de los colegios de Notarios, Marinos Mercantes y Arquitectos” y el Colegio de Abogados de Lima. ¿Seguirá acaso sin ver noticias? Un cambio se cae de maduro.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 18 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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Cierto es también que Boluarte formó parte desde 2018 de Perú Libre, proyecto radical de Vladimir Cerrón, y que presuntamente participó en el esquema para desviar fondos del Gobierno Regional de Junín a la campaña de Castillo, un tema que debe ser investigado. Pero, hechas las sumas y restas, existen razones para un cauto optimismo si consideramos el desastre que ha sido la presidencia del hoy preso Pedro Castillo.

El reto ahora es recuperar el tiempo perdido tras año y medio de improvisación y asalto al erario público. Por ello, acá me permito señalar algunos de los elementos que, a mi juicio, deberían ser prioridad para la nueva administración presidencial, con énfasis en la recuperación económica:

1. Confianza: el elemento fundamental para reactivar la economía es restaurar la confianza para invertir y consumir. Sin ello no habrá nada. El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por Apoyo Consultoría e Ipsos está en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. ¿Cómo revertir esta situación? Acciones tan sencillas como renunciar al proyecto de Asamblea Constituyente o anunciar que se respetarán los contratos del Estado harían una diferencia. La designación en el MEF de Alex Contreras, profesional técnico con 12 años de formación en el Banco Central de Reserva, es un buen primer paso.

2. Recapitalizar el Estado: uno de los legados más tristes de la época Castillo es la fuga de talentos que se ha producido en el aparato público. Muchísimos funcionarios preparados y decentes se vieron obligados a renunciar para no ponerse a las órdenes de improvisados e inescrupulosos. Para recuperar el capital humano, además de designar ministros competentes que atraigan a otros profesionales calificados, es necesario acabar con el cuoteo partidario y amical que ha sido la norma de la administración Castillo. Además, es imperante defender a Servir, que durante la administración Castillo fue objeto de diversos intentos para disminuir sus atribuciones y competencias.

3. Agenda-19: La nueva administración debe descartar de plano la agenda que fuera planteada por el exministro Iber Maraví en materia laboral. Esta propone medidas anacrónicas, como la prohibición de la tercerización laboral, la derogación de la suspensión perfecta, reposiciones arbitrarias, y cambios en las normas de negociación colectiva que solo contribuirían a elevar los niveles de informalidad.

4. El rol del MEF: el Ministerio de Economía debe recuperar su rol de articulador de políticas públicas. A lo largo del gobierno de Castillo vimos repetidas instancias en las que el MEF defendía una posición y los ministros sectoriales iban por el camino exactamente opuesto. Se vio en sectores como Trabajo, Energía y Minas o Salud. Debemos exigir un mínimo de coherencia en el gabinete.

Finalmente –decirlo debería estar de más– nada de esto tendrá importancia si en esta nueva etapa el Ejecutivo no muestra un decidido compromiso de luchar contra la corrupción, el principal problema que lacera nuestro Estado y vida como país.

El Perú ha superado crisis aún más profundas. Pongamos todos de nuestra parte para salir de esta.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 11 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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Esta semana se ha producido un hecho que confirma esta tendencia de la manera más grosera, ahora en el Fonafe, fondo que agrupa a 35 empresas públicas, entre ellas Sedapal, Electroperú y Corpac. Lorena Masías, destacada profesional que antes ha estado a la cabeza de la Sunedu, Agrobanco, la vicepresidencia de Indecopi y la superintendencia adjunta de la SBS, tuvo que dejar el cargo luego de las presiones del Ejecutivo. ¿La razón? Haberse opuesto a la designación de allegados de la cúpula presidencial en gerencias y directorios de las empresas que conforman este fondo.

Se sabe que existen presiones para que quien suceda a Masías sea nada menos que Luis Barrenzuela, exministro del Interior recordado por organizar una jarana criolla en su casa en plena prohibición por la emergencia sanitaria (prohibición que el sector que encabezaba estaba llamado a vigilar). Antes de ser ministro, Barrenzuela fue dado de baja de la Policía Nacional del Perú por medidas disciplinarias. Durante su paso por esta institución, acumuló 158 amonestaciones. A ello se suma la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque por presuntamente prestar servicios fantasma por más de S/200,000 en el caso de la azucarera Tumán. Una verdadera joyita. ¿Cuál es su virtud? Su cercanía con Vladimir Cerrón y Guido Bellido, de quienes ha sido abogado personal.

Es previsible que, de tomar Barrenzuela –u otro de su calaña– las riendas del Fonafe, se produzca una repartija de cargos en las 35 empresas que lo conforman. Un auténtico botín considerando que los ingresos de las mismas superan los S/20,000 millones. De concretarse, lo más probable es que más de una de estas empresas corra la suerte de PetroPerú, cuyos manejos políticos la han puesto al borde de la quiebra. Hoy la petrolera estatal acumula una deuda que cuadruplica su patrimonio, y en octubre tuvo que recibir un rescate de S/4,000 millones por parte del MEF a manera de inyección de capital. Una factura que pagamos todos.

Es lamentable que el ministro Kurt Burneo, de cuyo sector depende el Fonafe, haya optado por no defender sus fueros. Todo indicaría que en esta oportunidad ha preferido elegir otras batallas, como la del presupuesto que se libró en el Congreso esta semana. A quienes también les correspondería frenar este despropósito es a los integrantes de la oposición en el Congreso de la República, cuyas batallas por una vacancia o suspensión –hoy francamente lejanas– parecieran distraerlos de las tareas fundamentales de fiscalización a este Ejecutivo inepto y con graves indicios de corrupción.

Punto aparte: esta situación debería llevarnos también a la reflexión sobre el rol empresarial del Estado. ¿Hace sentido que el Estado posea empresas en sectores como la electrificación, infraestructura aeroportuaria, hidrocarburos o generación eléctrica, los que el sector privado puede perfectamente atender? ¿No atenta claramente esto contra el principio de subsidiariedad? ¿No es demasiado alto el riesgo de la politización y utilización de puestos para el pago de prebendas? La evidencia abunda.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 04 de diciembre de 2022 en el diario Perú21.

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En esta ocasión en particular, los comicios serán también claves para la política interna del Partido Republicano, en el que el expresidente Donald Trump continúa como principal líder y se perfila como candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Un buen desempeño de los republicanos será también una confirmación de fortaleza para el liderazgo de Trump, más aún cuando muchos de los candidatos al Senado son allegados al expresidente y han recibido su endoso expreso. Por otro lado, un desempeño pobre podría poner en tela de juicio su nominación en dos años.

Así, aunque ellos no aparezcan en la cédula, esta elección es también un desafío entre Trump y Biden, y es por eso que ambos intervienen decididamente en la campaña. De hecho, esta semana Biden realizó una gira proselitista por los estados de Colorado, California y Oregon, en los que se disputan algunas de las curules más reñidas en la contienda senatorial.

El presidente en funciones sabe lo mucho que está en juego el 8 de noviembre en que se realizarán las elecciones, pues su partido busca mantener el control tanto de la Cámara Baja como del Senado, algo clave para asegurar la implementación de políticas promovidas por su administración. No obstante, resulta improbable que lo logre en la Cámara Baja, donde –según las últimas encuestas– una mayoría republicana parece asomarse. Los prospectos son mejores para el Senado, pues, según los sondeos, los demócratas podrían incluso sumar más sitios de los que poseen ahora, algo que no ha conseguido ningún presidente en elecciones de medio mandato desde John F. Kennedy.

Por el lado demócrata, el foco de la estrategia de campaña está centrada en la promoción y defensa de los logros de la administración Biden, principalmente en los ámbitos de infraestructura, cambio climático, pobreza infantil y control de armas (un tema central y profundamente polémico en la política norteamericana). Por el lado republicano, el foco viene siendo el ataque al gobierno principalmente en dos frentes: los altos niveles de inflación –que supera el 8% en el último año– y la persistente crisis migratoria, un ámbito en el que la administración demócrata ha avanzado poco.

Además de la importancia del proceso para que la administración Biden pueda continuar implementando su agenda legislativa hasta 2024, los resultados de estos comicios serán determinantes en la capacidad del presidente para buscar la reelección en dos años. Dada su avanzada edad (es por lejos el mandatario más anciano en haber asumido el cargo en la historia), y la caída sostenida que viene experimentando su popularidad desde que asumió, un resultado adverso podría poner fin a sus aspiraciones de continuidad.

Pase lo que pase el 8 de noviembre, lo que queda claro es que la aguda polarización que se instauró desde la campaña presidencial de 2016 seguirá siendo el rasgo definitorio de la política norteamericana.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 16 de octubre de 2022 en el diario Perú21.

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El responsable político que debería responder por el caso de Colchado es claramente el ministro Willy Huerta. Este ha argumentado que se enteró de la decisión luego de que fuera tomada por el director general de Inteligencia del Mininter y que pidió su reversión, una versión francamente inverosímil dada la importancia del cargo que ocupa Colchado. Más aún cuando, a fines de agosto, fue la propia defensa legal de Castillo la que pidió la salida del coronel y presentó una denuncia en su contra a través del abogado presidencial Eduardo Pachas. Que no nos vengan con cuentos.

Por estas razones, los argumentos sobraban para censurar al ministro Huerta el pasado viernes en el Congreso. No obstante, solo 55 congresistas apoyaron la moción. No es de sorprender que se hayan opuesto los integrantes de Perú Libre y sus aliados (Bloque Magisterial, Perú Democrático, Cambio Democrático y Perú Bicentenario), pero francamente indigna que sean congresistas supuestamente de oposición los que hayan terminado salvando a Huerta. Este es el caso de los integrantes de Acción Popular y Podemos Perú, cuya mayoría de integrantes votó en contra o se abstuvo.

Cuando más se necesita una oposición real, que haga un contrapeso al Ejecutivo y fiscalice la rampante corrupción e incompetencia de la que somos testigos, lo que tenemos es a un Parlamento que más bien termina siendo un aliado. Una oposición que no pasa de las intervenciones airadas en el Pleno y los medios, pero que, cuando llega el momento de las votaciones, se pone de costado. Algo que podemos llamar “fiscalización teatral”.

Así las cosas, lo más probable es que sigamos con Castillo hasta 2026 y quién sabe más.

POCA ALEGRÍA

Ya se ha dicho mucho sobre las gravísimas y aterradoras denuncias por maltrato físico y sexual que pesan sobre el candidato a la alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. Acusaciones que deben investigarse y, de confirmarse, recibir una sanción ejemplar. Pero se ha hablado menos de la manera tan lamentable en que el candidato ha manejado la denuncia.

Me ha llamado particularmente la atención cómo alguien puede decir que su hijo de 22 años “se ha vendido a tanta gente rastrera”, o que “le habrán dado sus 100,000 euros por decir que sí me denunció”. ¿No tiene un padre una buena cuota de responsabilidad por los actos de un hijo que apenas ha superado la mayoría de edad?

Estas declaraciones hablan muy pobremente de la calidad humana de este señor, quien solo por esto ya debería ser descartado de plano para ostentar un cargo de tal trascendencia como la alcaldía de Lima. Todo menos alegría en esta candidatura.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 26 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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En el comunicado publicado por la empresa se argumenta que la decisión se debe principalmente a factores externos, como “la evolución sin precedente de los mercados, incluida la guerra en Ucrania, las tasas de inflación récord, el incremento en el precio de las materias primas, las interrupciones prolongadas en la cadena de suministro y el mercado laboral cada vez más competitivo”.

Aunque, en efecto, el contexto global no es el mejor, lo más probable es que –aunque no se diga explícitamente– los factores internos también hayan pesado en la decisión. Después de todo, ¿qué empresa estaría dispuesta a llevar adelante una inversión de tal escala ante un gobierno que cambia de ministros cada seis días y que es incapaz de brindar un mínimo de predictibilidad en aspectos tan centrales para un negocio como el régimen laboral que enfrentará?

Aunque, en efecto, el contexto global no es el mejor, lo más probable es que –aunque no se diga explícitamente– los factores internos también hayan pesado en la decisión. Después de todo, ¿qué empresa estaría dispuesta a llevar adelante una inversión de tal escala ante un gobierno que cambia de ministros cada seis días y que es incapaz de brindar un mínimo de predictibilidad en aspectos tan centrales para un negocio como el régimen laboral que enfrentará?

Si bien esto es cierto para cualquier sector, lo es todavía más para la minería, pues se trata de una industria particularmente regulada y, por tanto, más vulnerable a cambios en el marco jurídico. Es, además, una actividad que, desde que se inició este gobierno, ha enfrentado un escenario de creciente conflictividad que afecta gravemente sus operaciones. Testimonio de ello es que, mientras escribo estas líneas, se produce un bloqueo de vías en la provincia de Espinar, Cusco, que afecta las unidades de Las Bambas, Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay), que representan cerca del 30% de la producción de cobre del país. Asimismo, desde hace cuatro días se mantienen bloqueadas vías en el valle del Tambo en protesta por una autorización de uso de aguas brindada al proyecto Quellaveco (Angloamerican).

Este no es un problema que afecte solamente la rentabilidad de las empresas, sino –sobre todo– a la economía de las regiones y la generación de recursos públicos. Así, por ejemplo, durante la paralización total de Las Bambas por 51 días entre abril y junio de este año, el Estado dejó de recaudar unos S/250 millones, la mitad de los cuales habrían sido recibidos por el gobierno regional y las municipalidades a Apurímac.

En el contexto actual, en que la inversión privada total iba a tener un crecimiento de 0% y la inversión minera una contracción de 2.1% en 2022 (lo formulo en pasado porque luego de esta noticia el panorama es aún más lúgubre), no podemos darnos el lujo de perder oportunidades. Menos aun tratándose de un proyecto como este, cuyo impacto ambiental es muy acotado por ubicarse exactamente en el mismo espacio donde ya se han realizado operaciones por tres décadas.

Aunque los esfuerzos del ministro Burneo para dinamizar la inversión privada con el plan “Impulso Perú” podrán ser bien intencionados (ver mi columna del 11/9/2022), de poco servirán si no hay un esfuerzo articulado de todo el Ejecutivo por restaurar la confianza para consumir e invertir en el Perú. Algo que no parece quitarle el sueño al presidente Castillo.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 18 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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Se trata de un tema crítico. Se estima que más de la mitad de limeños pasa unas 60 horas al mes desplazándose de un punto a otro de la capital. Esto tiene un tremendo impacto sobre nuestra calidad de vida y productividad.

Lamentablemente, las últimas gestiones capitalinas han abordado este reto con una estrategia que nos condena al fracaso: privilegiar soluciones para el automóvil particular.

Así, el rol protagónico lo han tenido intervenciones como la ejecución del by-pass del óvalo Monitor, el paso a desnivel de 28 de Julio, el intercambio vial de El Derby, la ampliación de la vía de la Costa Verde a tres carriles, y un larguísimo etcétera.

La razón por la que este es el camino incorrecto es simple: solo un 16% de limeños se moviliza en vehículo particular. Destinar la mayor parte de recursos a obras que benefician a este pequeño sector es absurdo e injusto. Más aún, en la práctica, es un subsidio que proviene de la gran mayoría y se destina a aquella minoría que se encuentra en una situación de relativo privilegio económico.

Además, el uso del vehículo particular genera aquello que los economistas llaman externalidades. Es decir, costos de acciones individuales que se trasladan a terceros. A saber: contaminación ambiental y sonora, tráfico, depreciación de las vías, incremento general en los tiempos de viaje, etc. Por ello la tendencia en el mundo es implementar mecanismos para “internalizar” esos costos mediante cargas tributarias.

Así, por ejemplo, en Londres existe el denominado “cargo por congestión”, un impuesto diario de 15 libras (equivalente a unos 70 soles) para todo conductor que utilice su vehículo en zonas centrales de la ciudad. Este mecanismo desincentiva el uso del vehículo particular y provee recursos para mitigar los costos sociales del uso de automóviles.

Pero en Perú vamos en la dirección opuesta, y los grandes proyectos de transporte público van a un ritmo tan lento como el de nuestros viajes diarios por la capital. Ya van 12 años desde que empezó a operar el Metropolitano, pero hasta la fecha permanece incompleta la ampliación del servicio hasta Carabayllo. La Línea 2 del Metro de Lima tendría que haber iniciado operaciones parciales en julio del año pasado, pero hasta hoy seguimos esperando.

Por otro lado, en los últimos ocho años prácticamente no ha habido avances en la reforma del transporte para reemplazar gradualmente la marea de colectivos informales por operadores formales con carriles segregados.

Cierto es que, desde la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el alcalde de Lima no tiene competencias directas en materia de transporte público.

No obstante, es parte del consejo directivo de dicho organismo y, además, como máxima autoridad metropolitana, tiene la capacidad –y obligación– de articular a los diferentes actores para garantizar mejores políticas para la ciudad que gobierna.

El avance del transporte público, por supuesto, debe venir acompañado de alternativas para los viajes de menor distancia, como el desarrollo de ciclovías, y la mejora de condiciones para el peatón, quien parece ser la última prioridad en nuestra ciudad.

Lo invito, estimado lector, a escuchar a los candidatos, y exigir propuestas que hagan de Lima una ciudad más humana y amable para todos. No regalemos el voto.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 05 de septiembre de 2022 en el diario Perú21.

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La patética jornada del jueves en el Congreso es otra instancia que lo confirma. A los parlamentarios no se les ocurrió mejor idea que dar pantalla y tribuna al premier Aníbal Torres para hacer lo único en lo que ha demostrado destreza: victimizarse, lanzar soflamas populistas, y pechar a los congresistas en su propia cara.

La razón de la cita era francamente absurda: el llamado que hiciera Torres para que organizaciones de la sociedad civil se movilicen en todo el territorio nacional para “arrodillar a los golpistas”. Una bravuconada ciertamente indigna de un premier, pero que, en relación con las enormes señas de corrupción de la administración Castillo, no tiene real importancia.

Torres no iba a desperdiciar la oportunidad, y vaya que le sacó provecho. Se burló de los parlamentarios y el país argumentando que su beligerante convocatoria a movilizaciones no representaba realmente una amenaza porque había venido antecedida por el término “imagínense”.

Luego se dio tiempo para proyectar un video con una recopilación de invocaciones tan belicosas como la suya protagonizadas por integrantes de la oposición, y hasta se dio el lujo de retar “cachosamente” a la representación nacional: “Si consideran que mi persona es perjudicial, tienen la potestad de censurarme”.

Todo esto sucedió un día que tendría que haber sido clave para la censura de Geiner Alvarado, el único sobreviviente del primer gabinete de esta administración, investigado por presuntamente integrar una red criminal liderada por Pedro Castillo para la adjudicación irregular de obras en el sector Vivienda.

Y sucedió también el mismo día en que se confirmó que misteriosamente tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno habían “dejado de funcionar” en plena operación de allanamiento conducida por la Fiscalía el pasado 9 de agosto. Pero nada, los congresistas prefirieron centrar la atención en una amenaza irrelevante y el tiro salió por la culata.

Aunque hay honrosas excepciones, es evidente que un sector mayoritario del Legislativo es beneficiario del statu quo y, por tanto, no tiene interés alguno en promover ni la tan mentada vacancia ni un adelanto de elecciones generales –que, a mi juicio, sería la opción más razonable-.

Quizás la única esperanza que tengamos hoy sea la sociedad civil, que lentamente comienza a organizarse en torno a movimientos que promueven salidas que nuestros políticos, a todas luces, no serán capaces de darnos.

Lima de a pie

Para cambiar de ánimos, acá una buena noticia: la Municipalidad Metropolitana de Lima ha anunciado una tercera etapa del plan de peatonalización del Centro Histórico, que sumará unas 21 cuadras. Con esto, unas 40 cuadras del Damero de Pizarro habrán sido recuperadas desde 2013.

Esta extraordinaria iniciativa va a tono con la tendencia en los cascos antiguos de todo el mundo, donde los peatones están volviendo a ser los protagonistas de su ciudad, se multiplican los espacios públicos y se facilita la conservación del patrimonio cultural material.

Este, como todo cambio, ha generado cierta resistencia. Pero lo invito, apreciado lector, a que se dé una vuelta para experimentar lo agradable que es caminar por el Centro Histórico sin la necesidad de esquivar vehículos y bocinas, y redescubrir a pie todo lo que este tiene por ofrecer. Bien por Lima.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 21 de agosto de 2022 en el diario Perú21.

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Así, desde hace unos 10 días, Castillo comenzó a usar su cuenta de Twitter con una frecuencia y beligerancia no mostrada hasta hoy. Y, en paralelo, ha organizado ya dos improvisados mítines a puerta cerrada –nada menos que en Palacio de Gobierno– con representantes de organizaciones de bases que tuvieron pasajes delirantes. La constante en estos encuentros y tweets ha sido los ataques contra la prensa y la Fiscalía matizados con sendos ofrecimientos populistas y algunos otros descaradamente clientelistas.

“Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”, dijo el presidente en su mensaje a la nación, el pasado martes, luego del allanamiento a Palacio de Gobierno conducido por la Fiscalía. Al día siguiente, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, fue un paso más allá: “Si van a continuar con el deseo de dar el golpe al presidente Pedro Castillo, entonces al pueblo no le queda otra cosa (…) este es otro pueblo que sabe defender sus derechos, y si es necesario con la propia vida”.

¿Cómo entender este viraje en la actitud y comunicaciones del gobierno? Pues a estas alturas es evidente que la administración Castillo no será capaz de resolver los problemas que apremian a los ciudadanos hoy –como la inflación, el crecimiento del empleo informal o la inseguridad– ni mucho menos podrá responder a los indicios de corrupción que se suman abultadamente. Ante ello, el único camino para sobrevivir es el de dividir, agudizar las contradicciones y polarizar aún más a la sociedad: Lima contra los demás departamentos, “élites” contra “pueblo”. Es la carta desesperada de un grupo de improvisados que sabe que lo único que lo separa de la prisión son los cargos que ostentan.

Lo dramático de esta estrategia es que, además de profundizar las divisiones de nuestra sociedad, llevará a la implementación de medidas demagógicas y clientelares que precarizarán aún más la institucionalidad pública y a nuestra alicaída economía. Augurio de ello es la manera en que, luego de motivar a los ciudadanos a movilizarse a su favor, Pedro Castillo los invocó a que sean “parte activa de este gobierno a través de los ministerios”. Clientelismo puro y duro sin el más mínimo empacho.

Para desgracia de los ciudadanos, el Legislativo que Castillo tiene al frente no da razones para tener mayor esperanza. La lamentable escena protagonizada esta semana por la hasta hace poco titular del Congreso es solo un episodio más que reduce la confianza y el aprecio de los peruanos por la institución llamada a hacer un contrapeso al caótico Ejecutivo que nos gobierna.

Es cada vez más evidente que la salida a esta crisis pasa inevitablemente por un adelanto de elecciones generales. Este camino claramente no proveerá una solución definitiva a nuestros problemas políticos, pero, por lo menos, constituye una salida –aunque sea temporal– a la espiral de destrucción en la que estamos enfrascados.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 15 de agosto de 2022 en el diario Perú21.

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No obstante, lo ofrecido por Pedro Castillo el último jueves fue exactamente lo opuesto. Escuchamos a alguien que no parece haberse enterado de que tiene cinco investigaciones fiscales en curso, que cuenta con una desaprobación ciudadana mayor al 70%, que en su primer año ha nombrado a más de 60 ministros y que a la fecha no puede mostrar prácticamente ningún logro concreto.

La principal estrategia de Castillo fue más bien la de victimización. Las desgracias del país, a decir de él, son responsabilidad de la prensa y los “poderes políticos y económicos tradicionales”.

Su animadversión para con la prensa no debe sorprender, pues es gracias a ella que los ciudadanos sabemos de casos como los “100 grandes” de Juan Silva, de los Dinámicos del Centro, del despacho del pasaje Sarratea o del caso que involucra seriamente a su cuñada. No obstante, es inaceptable que acuse a la prensa de ocultar información, pues es Castillo quien ha hecho denodados esfuerzos por frustrar el trabajo de los medios. En sus 12 meses de gestión solo ha concedido entrevistas a cinco medios –algo sin precedentes en nuestra historia reciente– y fue su administración la que propuso la ‘Ley Mordaza’ que pretende penalizar la difusión de información de investigaciones fiscales.

Respecto del rol de los “poderes políticos tradicionales”, habría que recordarle al presidente que hace un año fue él quien asumió el puesto de mayor poder político del país, acompañado por la bancada de Perú Libre, la más numerosa del Parlamento en su momento. Que 12 meses después su poder presidencial y el tamaño de su bancada se hayan visto dramáticamente menguados es responsabilidad exclusiva del mandatario y su entorno.

Otro pasaje igualmente inverosímil del discurso de Castillo fue su supuesta disposición a “someterse a la justicia” en los casos que lo involucran. ¿Cómo entender entonces el repentino cese del exministro del Interior Mariano González, luego de que este dispusiera la creación de un equipo especial para concretar la captura de prófugos de la justicia, entre ellos los sobrinos del presidente? ¿O cómo explicar la destitución de Daniel Soria, procurador general que denunció a Castillo ante la Fiscalía por el caso Puente Tarata?

Lo que esperábamos los peruanos era básicamente una salida a la profunda crisis política que tiene al país sin rumbo, y a estas alturas queda claro que esta pasa definitivamente por un cambio en la Presidencia de la República. Por ello, la ocasión era propicia para que Castillo presentará un proyecto de reforma constitucional para un adelanto de elecciones generales. ¿Por qué no sucedió? Quizás porque el presidente bien sabe que lo único que lo separa de un eventual arresto es la oficina que hoy ostenta.

Cuál será el nivel de degradación de nuestra política local para que la principal utilidad del más alto cargo del Estado sea la de proveer inmunidad a quien lo ocupa. Los peruanos merecemos más.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 31 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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¿Cómo así llegó este tema al Legislativo?

Pues sucede que se debatió la Resolución Legislativa N° 2548, que proponía aprobar la celebración de la 52° asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, en octubre de este año.

En el segundo anexo de dicha resolución de 199 páginas se disponía que el Gobierno peruano, entre muchas otras cosas, debía proporcionar en las instalaciones para el evento, “además de los baños comunes, baños individuales y al menos un baño neutro”.

Este detalle, que en cualquier país desarrollado no hubiera causado controversia alguna, suscitó un enardecido debate de una hora en torno a las supuestas consecuencias catastróficas que dicha cláusula tendría para el devenir nacional.

“El problema es que se está metiendo en el acuerdo, de contrabando, el concepto de ideología de género”, refirió el congresista Ernesto Bustamante, principal opositor de resolución, que ya en la víspera había señalado su preocupación al respecto.

Vamos por partes. ¿Qué es un baño neutro? Pues es un baño individual cuyo uso no se restringe a un determinado sexo. Es decir, que puede ser utilizado por cualquiera, al igual que los baños que existen en muchísimos centros de trabajo o restaurantes. Tan simple como eso.

En muchos países del mundo existe la tendencia de asegurar la disponibilidad de baños neutros con la finalidad de hacerle la vida más fácil a aquellos que no se sienten cómodos utilizando baños comunes exclusivamente masculinos o femeninos.

La posición de Bustamante, y de aparentemente muchos de sus colegas, es que una medida como esta supuestamente promueve la homosexualidad o el “transgenerismo”. Un absurdo y risible disparate. Digámoslo con claridad: nadie va a definir su orientación sexual por el tipo de baño que use para hacer pila.

Además, el debate estuvo marcado por un vergonzoso nivel de desinformación. Así, por ejemplo, Bustamante dijo literalmente que “el concepto de la introducción de baños dentro de un acuerdo internacional automáticamente introduce la existencia de baños trans y baños neutros y baños comunes en el Derecho interno peruano”.

Esto es falso. La resolución en cuestión tan solo disponía los detalles de organización de la referida asamblea, y en ningún modo modifica la legislación nacional ni genera obligaciones futuras en materia de acceso a servicios higiénicos.

Luego de este paupérrimo debate, la resolución fue rechazada con 55 votos en contra. Esto ponía en peligro la realización del importante evento internacional, que traería al Perú a jefes de Estado y personalidades de toda Latinoamérica y generaría una dinámica económica muy beneficiosa para la capital. Pero quizás más dañino que esto es el papelón internacional que una decisión de esta naturaleza implica.

Lo paradójico de todo esto es que el tema de la asamblea de este año es “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”.

Bien harían muchos de nuestros congresistas en asistir a la misma y, quizás así, abrirían un poco su mente y desarrollarían su empatía hacia quienes son distintos a ellos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 17 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Por ello, los múltiples ataques que viene sufriendo la prensa resultan muy preocupantes. Esta semana en particular, se han producido dos hechos condenables: el secuestro de dos periodistas en Chota y el proyecto de ‘Ley Mordaza’ presentado por el Ejecutivo.

Como se sabe, el último miércoles el periodista de Cuarto Poder Eduardo Quispe, su camarógrafo Elmer Valdivieso y el conductor de la camioneta que los transportaba fueron secuestrados por 40 integrantes de las rondas campesinas de la comunidad de La Palma, distrito de Chadín, en Chota.

Luego de amenazarlos verbalmente, tomar su cámara y celulares, y retenerlos por cinco horas, fueron obligados a leer un comunicado en el que se “disculpaban” por el reportaje sobre la cuñada del presidente emitido el domingo pasado y se comprometían a “no hacer daño al Gobierno”.

Ante lo ocurrido, es francamente insólito escuchar tantas voces que pretenden relativizar la gravedad del hecho y llenarlo de atenuantes. Seamos claros: un suceso de esta naturaleza es claramente un secuestro, ya sea en Lima, en Cajamarca o en cualquier lugar del mundo donde exista un mínimo respeto por los derechos fundamentales.

Cierto es que las rondas campesinas cumplen un importante rol para contribuir a la seguridad y paz en sus ámbitos de influencia, pero tal como señala el reglamento que las regula, estas deben siempre sujetarse a las leyes y la Constitución.

Lo sucedido el miércoles viola varias leyes y configura potencialmente los delitos de secuestro, robo agravado y coacción. Así lo ha reconocido el propio ministro del Interior de la administración Castillo.

Minimizar la gravedad del hecho argumentando razones de interculturalidad es comparable con la infame justificación que en su momento diera el congresista Cueto para normalizar los embarazos adolescentes en la selva aduciendo razones de idiosincrasia.

Cabe destacar que acá Pedro Castillo tiene una importante cuota de responsabilidad, pues desde la campaña azuzó a la violencia contra los periodistas en general. Su tibia condena del hecho vía Twitter se queda corta ante la gravedad del mismo y revela su desprecio por el rol de la prensa.

Por si esto fuera poco, el jueves el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley N°2508-2021-PE, que establece sanciones de entre dos y cuatro años de cárcel para los responsables de la filtración de información de investigaciones fiscales.

Es evidente que el propósito de esta iniciativa es amedrentar a la prensa para que retroceda en su labor en los múltiples casos que comprometen al Gobierno y, por ende, limitar la información a la que los ciudadanos tenemos acceso.

Francamente no sorprende en absoluto que sea esta administración la que plantee una medida de esta naturaleza, considerando que es gracias a la prensa que hoy sabemos de casos como los “100 grandes” entregados al ministro Juan Silva, o el de Los Dinámicos del Centro, o del despacho paralelo en el pasaje Sarratea, o del ya referido caso que implica a la hermana de la primera dama.

Quienes amamos la democracia debemos rechazar enérgicamente la actitud que el Gobierno ha tomado contra la libertad de expresión, puesto que esta es, al fin y al cabo, un ataque directo a la propia ciudadanía. No lo permitamos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 10 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Aunque su concreción parece improbable en el corto plazo, es una propuesta sumamente conveniente por varios motivos. El primero tiene que ver con razones de eficiencia. Hoy cada distrito administra su propio serenazgo, sistema de recaudación, sistema de recojo de residuos sólidos, servicio de limpieza pública, entre otros. Este modelo no permite aprovechar las economías de escala. Si en lugar de tener 42 contratos de limpieza pública tuviéremos cinco contratos de mayor envergadura, se podrían obtener menores costos unitarios. Lo mismo para cualquier otro servicio público.

Pero los beneficios no se limitan a reducción de costos, existen además razones de efectividad. Pensemos en la seguridad ciudadana. Hoy diversos distritos tienen sistemas de videovigilancia a menudo desvinculados entre sí. Esto lleva a situaciones absurdas como la imposibilidad de hacer seguimiento a delincuentes o sospechosos cuando estos atraviesan la frontera distrital. Por ello, mientras más grande sea la jurisdicción, la efectividad de estos sistemas se potencia.

Otro motivo para apoyar la iniciativa tiene que ver con razones de planificación. Hoy cada municipalidad distrital otorga licencias de construcción y funcionamiento con criterios diferentes. Esto dificulta una planificación coherente y ordenada de la ciudad, sus usos y parámetros. Mientras menos instituciones tengan discrecionalidad al respecto, los resultados serán mejoras para los ciudadanos.

Un tercer argumento está vinculado a la inequidad. No es novedad que Lima está marcada por profundos contrastes, incluso entre distritos o barrios colindantes. La desigualdad en la distribución de ingresos de los ciudadanos se ve profundizada por las diferencias abismales en la calidad de servicios que reciben. Estas se explican en buena medida por la distribución de los presupuestos ediles. A manera de ejemplo, el presupuesto municipal por vecino en San Isidro es 20 veces más grande que el de San Juan de Lurigancho. Una diferencia de tal envergadura no debiera tolerarse dentro de la misma urbe.

En la medida en que zonas más diversas puedan integrarse bajo una misma jurisdicción municipal, las diferencias en recaudación y asignación presupuestal se tornarán menos pronunciadas y la inequidad –que es un sello de nuestra capital– se verá reducida.

En el mundo ideal, Lima debiera migrar hacia un modelo de un único gobierno municipal, como se observa en la enorme mayoría de grandes ciudades del mundo. Pero, dadas las complicaciones políticas y administrativas que un cambio tan drástico implicaría, la reducción del número de municipios parece una alternativa intermedia un tanto más viable.

Es evidente que la migración hacia un modelo de menos distritos encontrará gran resistencia. Surgirán preguntas como qué distrito se integrará con cuál, o incluso debates respecto al nombre que cada nueva municipalidad recibiría. Pero son obstáculos que podemos y debemos resolver si aspiramos a una Lima más viable. Los beneficios bien valen el reto.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 03 de julio de 2022 en el diario Perú21.

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Casi alineado con este “consejo de Zamir”, antes de pasar a la clandestinidad, el exministro  señalaba desde Twitter: “Durante mi gestión como ministro se logró una importante ejecución presupuestal en el 2021, la mejor en los últimos 10 años en el sector. Me he dedicado a trabajar y hacer las cosas de manera correcta”

Esto último, además de ser falso (el porcentaje de ejecución en el MTC en 2021 fue de 86.6% cuando, por ejemplo, en 2017 fue del 89.6%), evidencia lo limitado e incluso contraproducente que resulta evaluar la gestión pública en función a qué porcentaje del presupuesto se gasta.

Lamentablemente, desde hace ya varios años, parte importante de la evaluación de la eficiencia de los diferentes sectores y niveles de gobierno se limita a analizar qué porcentaje del presupuesto se logra ejecutar. No deja de tener razón Villaverde cuando dice “a ustedes los miden así”.

El problema está en que la ejecución presupuestal es apenas uno de los indicadores de un Estado eficiente. Una correcta y real evaluación de la eficiencia pública debe ir acompañada de otros indicadores y preguntas clave: ¿En qué se está gastando? ¿A quién se está beneficiando? El beneficio que estoy generando, ¿es el máximo posible o existen otras alternativas de inversión con las que podría generar mayor bienestar para la sociedad?

En un país con enormes brechas en acceso a servicios de calidad, que los distintos niveles de gobierno dejen grandes sumas de recursos sin ejecutar es sin duda preocupante. Por ejemplo, que en 2021 los Gobiernos regionales no hayan ejecutado 3 de cada 10 soles programados para inversión pública es alarmante. Sin embargo, más grave aún resulta gastar por gastar. Peor aún si parte de esa ejecución corresponde a obras en las que se han pagado comisiones ilegales o coimas.

Con la intención de profundizar el análisis sobre el desempeño en la ejecución del presupuesto público, en el eje Estado eficiente del Observatorio del Bicentenario tomamos en cuenta una serie de indicadores que permiten analizar con mayor profundidad el tema. Por ejemplo, se pueden revisar el porcentaje de las convocatorias públicas declaradas nulas o desiertas; el porcentaje de obras paralizadas, la atomización de los proyectos de inversión, la incidencia de la corrupción, entre otros.

Es importante empezar a ver y analizar más allá de la ejecución presupuestal. Caso contrario, corremos el riesgo de que esta evaluación se convierta en un incentivo perverso para lograr ejecutar más, sin importar en qué y cómo.

Realizado por: Nicolás Besich, investigador principal de Videnza Consultores

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Con esto, Castillo evidencia una vez más el desprecio por los medios que mostró desde su campaña, en la que incluso azuzaba a sus seguidores a atacar a los periodistas. Una actitud que en el fondo es un desprecio por la ciudadanía que se informa a través de la prensa.

La entrevista no dio respuesta a ninguna de las reales inquietudes de la ciudadanía, y más bien puso en evidencia el vacío del presidente y las contradicciones que son el sello de esta administración.

El presidente abrió señalando su respeto irrestricto por el rol de los medios, e incluso se jactó de no haber coordinado los términos de la entrevista previamente con su interlocutor, como si fuera algo excepcional o meritorio, cuando es lo mínimo que se esperaría.

Pero lo realmente descarado es que hoy sabemos que los detalles sí habían sido coordinados antes del encuentro en una reunión que tuvo Alejandro Salas –supuesto ministro de Cultura que más ejerce como vocero oficioso de Castillo– con el periodista a cargo.

En una nota similar, cuando fue consultado por la investigación que le ha iniciado la Fiscalía por el caso puente Tarata, Castillo señaló que estaba totalmente dispuesto a colaborar con las acciones de la justicia.

Cabe preguntar entonces por qué dos semanas atrás su abogado Benji Espinoza presentó un recurso de nulidad contra la pesquisa ante la propia Fiscalía. Si realmente se quiere colaborar con una investigación, lo último que se debe hacer es pedir su suspensión.

Más adelante, el presidente fue contundente en declarar que nunca había conocido ni sostenido una reunión con Karelim López. No obstante, el propio presidente había declarado a la Fiscalía que sí había conocido a la hoy célebre lobista. ¿En qué quedamos entonces?

Sobre sus primeros meses de gobierno, en los que pasó la mayor parte del tiempo en la casa de una familia chotana en el pasaje Sarratea, Castillo señaló que nunca trató ningún asunto de gobierno en la misma.

¿Para qué recibía entonces a sendos integrantes de su gabinete ahí? El propio Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones y hoy prófugo de la justicia, era uno de los más asiduos visitantes. ¿Alguien podría creer, como dijo alguna vez el presidente, que se reunían ahí solo para tomar caldo verde?

Como si esta seguidilla de absurdos no fuera suficiente, Castillo remató diciendo que había conseguido “con el sudor de su frente” su grado de maestría cuando ya está demostrado que el 54% de su tesis está íntegramente plagiado.

Plagio al que se suman el del ministro de Educación, Rosendo Serna, y el de la exministra de Trabajo Betssy Chávez.

Si Pedro Castilllo hubiera tenido al frente a un verdadero periodista, mínimamente incisivo, y no a un mero facilitador de su discurso, ninguna de estas aseveraciones hubiera pasado tan alegremente.

Así las cosas, esta aparición difícilmente puede ser considerada como una rendición de cuentas a la ciudadanía. El compromiso del presidente, por tanto, sigue pendiente. Seguimos esperando.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 19 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Particularmente impopular es la reelección congresal, que fue abolida en 2018 mediante un referéndum con el apoyo del 85% de peruanos y con el decidido auspicio del entonces popular Martín Vizcarra.

En el contexto en que se dio –con un Congreso sumamente desprestigiado que fue el gran causante de la crisis política que nos dejó con cuatro presidentes en un quinquenio–, la medida fue una suerte de disolución anticipada del Legislativo. Pero vista en perspectiva, una prohibición de esta naturaleza no es más que la privación de un derecho para los ciudadanos.

Si un legislador nos ha demostrado que no está la altura del encargo, debe corresponder a los ciudadanos quitarle la confianza mediante el voto. ¿Por qué privarnos de la posibilidad de renovar nuestro apoyo a aquellos congresistas cuyas cualidades han quedado demostradas en la cancha? Esta prohibición solo obliga a tener que apostar por 130 nuevos personajes de los que tenemos muy poca información en cada elección.

Otra razón por la que esta prohibición es dañina tiene que ver con la curva de aprendizaje a la que están sometidos los parlamentarios. Solo comprender el complejo funcionamiento de los procesos legislativos y de los principios del Derecho parlamentario no es tarea menor. Más aún, las capacidades requeridas para alcanzar consensos y construir mayorías –algo indispensable en la labor congresal– no deben subestimarse. Todos estos son aspectos que se aprenden en la experiencia cotidiana del oficio. Sin la posibilidad de reelección, estaremos condenados a tener congresos de novatos que –al estilo del presidente Castillo– usan el encargo para aprender.

Aun con estas ventajas de la reelección congresal, entiendo que parte de la resistencia ciudadana tiene que ver con la percepción de que históricamente han sido las cúpulas partidarias, y no la ciudadanía, las que han decidido quiénes se perpetúan en el Parlamento.

En efecto, en el pasado hemos visto que impopulares miembros de élites partidarias se aferran a su escaño apoyados por las argollas de sus partidos y por el poder de algunos caciques políticos. Pero resolver este problema privándonos del derecho a la reelección es absurdo y dañino. La manera de abordar el reto es más bien ir hacia una verdadera democracia interna.

Hoy la mayoría de partidos solo lleva a cabo pantomimas de elecciones primarias, que no hacen más que poner un sello de formalidad a los designios de las cúpulas, pero distan de ser procesos genuinamente democráticos. Ahí está el problema.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, aprobadas en 2019 por recomendación de la Comisión Tuesta, fueron una buena respuesta a este problema.

No obstante, los enemigos de la reforma sabotearon y postergaron su realización tanto para las elecciones generales de 2021 como para las regionales y municipales de este año. Para ello argumentaron razones vinculadas a la pandemia que no son más que una burda excusa.

La mejora de nuestro sistema político no será posible si avanzamos en ciertos cambios, pero retrocedemos en otros.

La única manera de alcanzar una reforma efectiva es preservando su integralidad, y para ello necesitamos el compromiso de la clase política y la vigilancia de la ciudadanía. No permitamos que los beneficiarios del statu quo sigan condenándonos a un sistema que no da resultados para los ciudadanos.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores
Columna de opinión publicada el 12 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Otro hecho indiscutible es que en el largo plazo es imposible reducir la pobreza sin crecimiento económico. Por más amplios que sean los esfuerzos del Gobierno en términos de programas sociales y gasto público, la reducción en pobreza solo es sostenible si viene acompañada por un incremento del producto.

De las dos ideas anteriores se desprende que una de las grandes prioridades de la actual administración debiera ser la promoción de la inversión privada, más aún en el adverso escenario actual.

De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Reserva, el crecimiento de la inversión privada será nulo para este año y muchos analistas coinciden en que podría incluso ser negativo.

No obstante, parece que los esfuerzos del partido de gobierno estuvieran orientados en la dirección exactamente opuesta. Esta semana, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de “nacionalización del cobre y creación de la empresa nacional Las Bambas S.A.C.”.

No hace falta ahondar en las razones por las que este proyecto es una muy mala idea si queremos promover el crecimiento económico. Particularmente absurda es la iniciativa de creación de una empresa estatal, como si el ejemplo de Petroperú no sobrara para ilustrar por qué es mejor evitar las aventuras empresariales del Estado.

La petrolera hoy tiene pasivos totales por más de cinco mil millones de dólares, lo que equivale a 3.5 veces el tamaño de su patrimonio. Es decir, una situación financiera a todas luces insostenible. ¿Queremos promover más Petroperús?

Dada la debilitada posición del partido de gobierno, parece improbable que este mamarracho legislativo pase a mayores, pero su sola presentación ya genera un daño. El hecho de que la bancada del partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno suscriba un despropósito de esta naturaleza solo da mayores razones a los inversionistas para dudar antes de apostar por el Perú. Total irresponsabilidad.

LA MEJOR OPOSICIÓN

Ante la debilidad e inefectividad de la oposición para ejercer un contrapeso al Ejecutivo, la prensa cumple hoy un rol fundamental. Es la presión de los medios la que permitió la salida de ministros nefastos como Luis Barranzuela o Juan Silva. Por ello no debe sorprender la hostilidad del Ejecutivo para con la prensa desde los inicios de la administración.

Esta semana, el presidente cumplió 100 días sin dar una sola declaración a los medios. Una actitud profundamente reñida con los valores democráticos, y que a la larga solo debilita al propio mandatario. Pero la hostilidad para con la prensa no se suscribe al Ejecutivo.

A pesar de que ya no hay una buena razón para ello, en el Legislativo, los periodistas siguen prohibidos de ingresar al hall de Pasos Perdidos y al hemiciclo, rompiendo una antigua tradición del Congreso.

Aunque esta disposición se entendía durante las fases más críticas de la pandemia, lo cierto es que el escenario es profundamente distinto hoy y que la razón sanitaria no es más que una excusa dado que ya se vienen realizando muchos eventos partidarios o de distinta índole en estos espacios.

Este legítimo reclamo de la prensa no es ningún capricho. La presencia física de los periodistas en Pasos Perdidos y el hemiciclo les permitía abordar a congresistas y dar cuenta de aquello que las cámaras oficiales no registran, como la baja concurrencia de legisladores al Pleno.

No es posible defender a la democracia si menoscabamos el rol de la prensa. Ya estuvo bueno.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 05 de junio de 2022 en el diario Perú21.

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Hace casi una década el Congreso viene tratando de renovar los mandatos expirados de varios tribunos, tarea en la que ha fracasado reiteradamente, y que de hecho en 2019 fue el detonante final de la polémica disolución congresal. En esta oportunidad, aunque se consiguió elegir a los seis nuevos miembros del TC, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos y críticas.

En esta ocasión las objeciones han estado centradas en dos ejes: la falta de transparencia del proceso, y la llamada “repartija”, que ya se había vuelto un calificativo habitual de todos los intentos previos.

Respecto del primer punto, sobran elementos para concluir que el proceso estuvo marcado por la oscuridad. La comisión a cargo del mismo, presidida por el congresista José María Balcázar (Perú Libre), se negó en reiteradas oportunidades a entregar la información del proceso. Fue necesaria una orden del Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia para que esta fuera liberada. No obstante, el 80% de páginas entregadas a la prensa estaban tachadas, algunas de ellas casi en su totalidad. Algo insólito en un proceso de tan alto interés público.

Por si esto fuera poco, el presidente de la comisión declaró que había recibido a un panel de juristas internacionales para compartir información del proceso y recibir su retroalimentación. Lo cierto es que esto nunca se produjo. Es decir, el señor Balcázar mintió descaradamente a todo el país.

Como colofón, el martes que se produjo la votación en el Pleno, la Junta de Portavoces acordó que no se permitiera el debate previo a la misma. Una decisión a todas luces antidemocrática, pues la esencia del Parlamento es precisamente la exposición de ideas y el debate de cara a la ciudadanía. Esto se lleva a cabo incluso para la aprobación de iniciativas o cuestiones de mucho menor trascendencia. ¿Por qué omitirlo en el caso de una decisión tan relevante como esta?

Lo más probable es que la discusión en el Pleno no hubiera alterado los votos de cada una de las bancadas, pero por lo menos habría permitido a la ciudadanía conocer mejor los argumentos que sustentaban la elección de estos seis nuevos magistrados, así como estar al tanto de la posición de cada una de las fuerzas políticas al respecto.

La otra crítica tiene que ver con la llamada “repartija”, a saber, la distribución de los sitios en función del cuoteo partidario. Esto en efecto sucede, y es que, cuando se revisa la relación final de seleccionados y las votaciones en cada uno de los casos, resulta evidente que cada uno fue impulsado por uno o algunos determinados grupos parlamentarios. El problema es que, dado el diseño del proceso por ley, es inevitable que así ocurra. Sucede que el único requisito finalmente infranqueable es que los candidatos reúnan los 87 votos necesarios en el Pleno. Todas las fases previas del proceso, en las que se califica a los candidatos por orden de mérito, son subjetivas y especialmente irrelevantes si el número de candidatos aptos iguala al número de vacantes, como fue en este caso.

Es por ello que urge replantear el proceso: reducir el peso de los votos en el Pleno y brindar un mayor peso a la meritocracia con criterios objetivamente verificables, para que las calificaciones y preparación de los postulantes finalmente hagan una diferencia. A ello se deben sumar criterios mínimos de transparencia.

Una decisión de tanta importancia para la vida del país merece un proceso que asegure resultados con el menor cuestionamiento y la mayor legitimidad. Con el diseño actual, esto parece imposible.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 15 de mayo de 2022 en el diario Perú21.

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Comprendo que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones se da en el marco de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, la resolución peca de legalista. ¿Es acaso razonable descabezar a una ciudad de 10 millones de habitantes porque su alcalde integró un directorio –cuyas dietas devolvió– durante siete semanas? Lo sensato habría sido imponerle algún tipo de sanción, pero su salida del cargo resulta profundamente desmedida si se considera la gravedad de la falta. Más aún, es fundamentalmente antidemocrática, pues pone a la aplicación restrictiva de la norma por encima de la voluntad popular que puso a Muñoz en la alcaldía.

Cabe destacar que no es la primera vez que el JNE actúa en este sentido. En las últimas elecciones generales se excluyó a candidatos por razones tan absurdas como errores perfectamente subsanables en el llenado de formatos de inscripción.

Si es que hace falta cambiar las normas, pues es momento de hacerlo, pero seguir con decisiones de esta naturaleza da un poder desmedido a los vocales electorales y desaira el voto de la ciudadanía, pilar fundamental en toda democracia.

Ahora, si bien la decisión del JNE debilita nuestro sistema democrático, la reacción de Jorge Muñoz tras la resolución también lo ha hecho. En la conferencia que ofreció el jueves, el hasta hoy alcalde se despachó con una innecesaria monserga contra la institucionalidad electoral, reviviendo la teoría del fraude sin pruebas de la elección general. Llegó incluso a difundir información falsa, como que el JNE no había dejado revisar las actas de aquel proceso, cuando todas estas son de acceso público en Internet. Muñoz también olvida que más de la mitad de los integrantes del jurado que dispuso su vacancia no integraba el JNE cuando se produjo la elección general.

Lo que correspondía al alcalde era cuestionar el criterio y proporcionalidad de la medida, así como sentar su postura desde el punto de vista legal. Para ello no era necesario sumarse al cargamontón contra la poca institucionalidad democrática que nos queda.

Un triste final para una gestión que debió haber hecho bastante más por nuestra capital.

BASTA YA

Nuestra indignación ha sido colectiva al ver el video ampliamente difundido de un joven limeño narrando con total desparpajo –y hasta orgullo– un acto que constituye una violación sexual sin atenuantes. La Fiscalía ya inició las investigaciones del caso y una denunciante ha confirmado que los hechos efectivamente sucedieron y no fueron un “experimento social”, como el joven en cuestión afirmó.

Este hecho evidencia lo normalizada que está la cultura de violación en nuestro país, a tal punto que a alguien le parece que un relato de este tipo es digno de ser compartido alegremente en TikTok.

Que este triste episodio nos recuerde que el cáncer que es la violencia de género no se resolverá protegiendo a nuestras hijas, sino educando a nuestros hijos desde la escuela, el espacio por excelencia donde debemos formar ciudadanos capaces de convivir de manera civilizada y respetuosa.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 01 de mayo de 2022 en el diario Perú21.

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