Sin embargo, la reciente investigación del Growth Lab titulada “Buscando virtudes en la lejanía: Recomendaciones de política para promover el crecimiento inclusivo y sostenible en Loreto, Perú”, revela que Loreto presenta una baja tendencia a diversificarse hacia industrias de conocimiento productivo similares a las existentes. Esto a pesar de tener los conocimientos y capacidades necesarios para impulsar un mayor dinamismo económico. Ello sugiere que existe una restricción que impide la diversificación. En particular, existen fallas de información, pues el sector privado no logra promover la aparición de nuevas empresas y la expansión del portafolio de inversiones de empresas existentes (Hausmann, y otros, 2020).

Si bien no existe una única solución a esta falla de coordinación, una propuesta que surge del estudio mencionado es, precisamente, fomentar la aparición de emprendimientos mediante un concurso que otorgue el cofinanciamiento necesario. Permitiría que el Estado cofinancie a empresas y emprendedores innovadores que pongan en valor los recursos naturales considerando las características específicas de la región. Por ejemplo, la dificultad para transportar mercadería.

Instrumentos de este tipo ya se vienen implementado en el país. De hecho, el mismo instrumento propuesto por el Growth Lab está basado en el concurso “Reto Bio”, lanzado por el Ministerio de la Producción a través del Programa Innóvate Perú. Su objetivo es promover el desarrollo de proyectos y negocios innovadores que pongan en valor los recursos naturales y su uso sostenible, mediante el desarrollo tecnológico y comercial mediante el cofinanciamiento de dichas iniciativas.

Otro instrumento similar es Procompite, del Ministerio de la Producción. Promueve el desarrollo productivo y territorial basado en una visión de mercado y en la incorporación de la innovación y la mejora tecnológica en zonas donde la inversión privada es insuficiente. Alineado con el concurso propuesto por el Growth Lab, plantea como objetivo contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas. Esto mediante el fomento de iniciativas de negocios orientados a crear o mejorar capacidades de producción de bienes o servicios bajo condiciones competitivas, rentables, sostenibles y sin efectos ambientales negativos significativos.

Ambos instrumentos han logrado beneficiar a empresas y personas naturales. Reto Bio ha beneficiado a 70 proyectos de innovación y emprendimientos desde el 2016, con una inversión de más de S/ 13 millones de soles (Andina, 2019). Por su parte, hasta diciembre del 2020, Procompite había beneficiado a 5,280 micro y pequeñas empresas organizadas a nivel nacional y destinado S/ 1,006 millones para financiar 251 planes de negocios con Gobiernos regionales y con Gobiernos locales de 23 localidades (Ministerio de Producción, 2021).

Fomentar la innovación es fundamental para mejorar la competitividad. En el caso de Loreto, un fondo concursable puede ser lo que necesita para aumentar su diversificación. Sin embargo, es crucial que este mecanismo sea desarrollado recogiendo las características particulares de Loreto y su contexto.

Su diseño deberá involucrar no solo al Gobierno regional, sino también a las organizaciones ambientales y el Gobierno nacional. Incluso, su financiamiento podría contemplar a las organizaciones ambientales que trabajan en el Amazonas. De este modo, estas se asociarían no solo con la prevención y remediación de daños ambientales, sino también con la promoción de nuevos modelos de negocios y productos sustentables que generen riqueza y empleos productivos para la región.

Realizado por: Roxanna Vivar y María Alejandra Ormeño, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Desde la firma del Acuerdo de París en el 2016, que busca reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, el Perú ha venido incorporando estos compromisos en su marco normativo. Así, en abril del 2018 fue pionero en Latinoamérica en promulgar una ley sobre cambio climático, un hecho histórico en el camino por reducir la vulnerabilidad de nuestro país.

El reglamento de esta ley, aunque emitido con retraso, destacó por haberse desarrollado mediante un proceso participativo en el que intervinieron actores públicos y representantes de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de los pueblos indígenas. Publicado en diciembre del 2019, establece las funciones de cada uno en el marco del cambio climático. Además, precisa los instrumentos de gestión pública y las herramientas de monitoreo y evaluación para las medidas de adaptación y mitigación, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para el financiamiento climático.

Particularmente, destaca la participación ciudadana. Sobre ella el reglamento establece la obligación de respetar y garantizar el acceso y difusión de la información en materia de cambio climático y garantizar espacios de diálogo con los pueblos indígenas u originarios a través de sus organizaciones representativas a nivel nacional, regional y local. Esto con la finalidad de proteger y garantizar su identidad, costumbres, conocimientos y prácticas ancestrales, tradiciones e instituciones. Para ello se creó la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) como un espacio de articulación de las propuestas de adaptación y mitigación, así como de los conocimientos y prácticas tradicionales en cambio climático que contribuyen a una gestión integral.

A pesar de las condiciones sanitarias que viene enfrentando el Perú, existe continuidad en las labores para implementar los espacios, instrumentos y mecanismos que se proponen tanto en la ley como en su reglamento. Así, el 21 de julio último se anunció que el grupo de trabajo impulsor había logrado trazar la hoja de ruta para implementar y operativizar la PPICC, cuya ejecución se abordará en una próxima sesión. Por su parte, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático será la encargada de proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y las contribuciones determinadas a nivel nacional. Ambas instancias deberán funcionar en conjunto para lograr los objetivos y metas nacionales trazados.

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El 67% de sus desastres están relacionados con fenómenos climáticos. La mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero proceden de la deforestación de la Amazonía, que en el 2019 perdió 162,000 hectáreas de bosques. Además, 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías, 5.5 millones a precipitaciones muy intensas, 5.6 millones a ciclos de heladas y friajes, y 14 millones son vulnerables a la inseguridad alimentaria, vinculada al cambio climático.

Si bien se están logrando algunos avances en materia ambiental, es importante traducirlos en resultados, pues el calentamiento global podría tener consecuencias económicas y de salud de mayor alcance que la actual crisis global. Cada logro sienta las bases para llevar a la realidad la institucionalidad necesaria que nos permitirá hacer frente a esta amenaza de manera articulada, desde los distintos sectores nacionales hasta las comunidades y pueblos indígenas.

Realizado por: Roxanna Vivar y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Son contadas las veces que países de todos los continentes se enfrentan simultáneamente a un virus capaz de generar emergencias sanitarias de proporciones todavía inestimables. Las decisiones las estamos tomando en tiempo real para cambiar la historia natural de esta enfermedad. Por ello, cada vez más Gobiernos decretan medidas de aislamiento social para evitar la propagación del virus entre sus ciudadanos. La rutina del planeta y gran parte de las actividades económicas se han detenido. Sin duda los impactos negativos serán sustanciales. Ahora, sin embargo, queremos hablar sobre una consecuencia positiva: la mejora de la calidad del aire.

El 19 de febrero, Carbon Brief, portal de divulgación científica sobre el cambio climático y las respuestas políticas frente a él, reveló que las emisiones de CO₂ en China se redujeron en 25% desde que se inició la cuarentena. Algo similar ha ocurrido con la capital española. Según información del Ayuntamiento de Madrid, la contaminación atmosférica disminuyó hasta en un 35%. 

En el Perú, el registro de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Gersa) reportó que la contaminación ambiental en dicha ciudad bajó hasta en un 60% desde que se decretó la emergencia sanitaria a nivel nacional. Y nuestra capital también está respirando un poco mejor. Data del Ministerio del Ambiente indica que entre los días 16, 17 y 18 de marzo, la calidad del aire en la estación del distrito San Juan de Lurigancho registró cifras de 35, 24 y 15 microgramos por metro cúbico, los valores más bajos obtenidos en Lima este en los últimos tres años. Son indicadores especialmente relevantes porque el movimiento de los vientos desde el mar hacia el continente trasladan la mayor parte del material contaminante a esta parte de la ciudad.

El actual contexto de emergencia, y la situación de vulnerabilidad a la que nos está exponiendo el virus a escala global, nos deben llevar a aplicar cambios consistentes en nuestras operaciones y en nuestro modus vivendi. Debemos pensar en nuevas formas de entender la economía, la política, las relaciones sociales, la cultura, la actividad industrial y nuestro vínculo con la naturaleza. Necesitamos transformar la relación que tenemos con el entorno y tomarnos en serio el cambio climático y sus consecuencias. Es el momento de hablar de economía verde y de tomar la posta por la lucha ambiental. No atender las alertas que claramente nos está enviando nuestro planeta es, sencillamente, suicida. Convirtamos la crisis en oportunidad. 

Realizado por: Katherine Campos, coordinadora de capacitación y comunicaciones, y Meylin Alarcón, analista digital y de comunicaciones

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En noviembre último, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) estimó que 1.7 millones de habitantes están expuestos a riesgo muy alto e igual número a riesgo alto por inundaciones, deslizamientos y huaicos. En enero, el pronóstico de exposición de muy alto riesgo aumentó a 3.8 millones de habitantes y el de alto riesgo, a 4 millones de habitantes distribuidos en 20 departamentos del país. El CENEPRED también alertó a las autoridades sobre lluvias superiores a las condiciones normales.

Teniendo el diagnóstico claro, ¿por qué somos tan ineficientes en prevenir y tratar estos eventos?

En el 2011 se aprobó la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), pero esta no hace referencia a riesgos que tienen una continuidad marcada como los huaicos. Lo mismo sucede con la Ley N° 30191, aprobada en el 2014: establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, pero no incluye una estrategia para riesgos recurrentes como los huaicos.

Otros países, como Chile, por ejemplo, cuentan con una Política Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres y con un Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo. Ante los huaicos, este último establece acciones específicas y diferenciadas para territorios acotados y según la recurrencia de estos eventos. Además, existe un Plan de Emergencia específico por cada región y por cada desastre natural que afecta al país. En nuestro país se hace indispensable planificar y aplicar estrategias de prevención diferenciadas por tipo de eventos. Una sola talla no le calza a todo el Perú, con su enorme variedad de regiones y necesidades.

Más aun, la ejecución presupuestal de proyectos de prevención es deficiente en los tres niveles de gobierno: central, regional y local. A noviembre del 2019 solo se había ejecutado el 32% del presupuesto para proyectos vinculados a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres a nivel nacional, y el 26,3% a nivel regional. Al final del año, el porcentaje de ejecución total alcanzó el 66.7%.

Dadas estos aspectos por mejorar, conviene echar un vistazo a experiencias internacionales de éxito vinculadas a deslizamientos de tierras. Por ejemplo, en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Gobiernos locales implementaron un programa donde un grupo específico en cada comunidad era responsable de mantener la infraestructura para estabilizar la ladera de la montaña y compartir información para evitar que las familias se instalen en zonas de alto riesgo. Los resultados permitieron disminuir pérdidas humanas,  económicas y de degradación ambiental.

Por su parte, en Sri Lanka se identificaron las zonas proclives a tener deslizamientos. Con esta información, las autoridades de los distritos en zona de riesgo implementaron nuevos permisos de edificación que consideran el riesgo de deslizamiento de tierras. El objetivo es evitar que más personas sitúen sus viviendas en zonas riesgosas.

Teniendo ya identificadas las zonas vulnerables en nuestro país, requerimos de decisión política para implementar estrategias efectivas de tratamiento y prevención diferenciadas por riesgo y por región. Tomemos como base experiencias de los países a los que sus estrategias le funcionan mejor. No tenemos que inventar la rueda, pero sí poner el auto en marcha.

Realizado por Janice Seinfeld y María Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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Si queremos mejorar la calidad del aire debemos saber a qué nos enfrentamos. Las muertes y enfermedades derivadas de este tipo de contaminación se deben a unas partículas que penetran en nuestro organismo cada vez que respiramos. Estas partículas son producto, entre otras cosas, del uso de los combustibles fósiles que se requieren para obtener energía y desplazarnos, de la actividad de la industria química y minera, de la quema de campos y residuos al aire libre, y del uso de combustibles “sucios” para cocinar y calentar los hogares.

El aire contaminado cobra la vida de unos 7 millones de personas cada año. Además, origina problemas de salud de largo plazo como el asma, y frena el desarrollo cognitivo de los niños. Según cifras del Banco Mundial (BM), la contaminación del aire cuesta a la economía global más de 5 billones de dólares en asistencia social (es decir, 5 millones de millones de dólares) y 225,000 millones en ingresos perdidos.

El Reporte Mundial de la Calidad de Aire del 2018 de Air Visual y Greenpeace indica que el Perú es el país más contaminado de América Latina, y Lima es la segunda capital con peor calidad de aire detrás Santiago de Chile. Por eso, debemos fomentar el cuidado de los árboles, evitar el uso de papel y difundir el mensaje de que todos somos parte de la gran tarea que significa cuidar nuestro entorno.

Hoy, en el marco del #DíaMundialDelMedioAmbiente, hacemos un llamado a todos nuestros seguidores a ser parte de la solución y a fomentar acciones más responsables con el planeta. Desde Videnza Consultores estamos comprometidos con ofrecer información relevante para lograrlo. Está en nosotros la posibilidad de generar un cambio.

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Muchos de estos residuos, que en su mayoría son plásticos, tienen como destino los océanos o vertederos a cielo abierto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ello supone un elevado riesgo para la salud de las personas que viven en zonas aledañas, inflige graves daños al suelo y a la actividad agropecuaria, y constituye un foco de gases de efecto invernadero.

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