Sobre ello, se puede señalar lo prioritario de implementar acciones articuladas contempladas en la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 que permitan reducir las brechas en servicios en beneficio de esta población y la magnitud de dicha problemática en dimensiones como las siguientes:

• El 64.3% en edad de trabajar no cuenta con empleo.
• El 22.7% no tiene seguro de salud.
• El 65.2% alcanza como máximo un nivel de educación secundaria.
• El 22.8% está en condición de pobreza monetaria.

La detección e intervención temprana contribuye también a reducir estas brechas. Por ello, la primera infancia, que se extiende desde la gestación hasta los ocho años, es un periodo clave para el desarrollo del cerebro y las habilidades de los niños y niñas. La no detección de alertas tempranas y la no intervención a fin de lograr resultados en la primera infancia generan desigualdades que se van acrecentando a lo largo del ciclo de vida.

Estas desigualdades son mayores cuando la intervención temprana no se da en población vulnerable, como son los menores con discapacidad (UNESCO 2009). Provoca que las dificultades que afrontan diariamente se agraven y, a la vez, generen consecuencias permanentes de exclusión y pobreza. Es por ello que el acceso a servicios es prioritario en esta población. Y, de manera especial, el acceso de los menores de 36 meses con discapacidad a los servicios de cuidado o de acompañamiento extrafamiliar. Estos, en conjunto con sistemas de detección temprana, contribuyen al fortalecimiento de las habilitades parentales y al alcance del potencial de estos menores.

Asimismo, los servicios de cuidado infantil ofrecen un espacio para el desarrollo integral. La evidencia muestra efectos positivos en los menores de 36 meses que asisten a estos servicios cuando cumplen ciertos estándares de calidad, aunque hay una agenda pendiente de evaluación sobre los menores con discapacidad. En esta línea, se puede señalar que la calidad del servicio de cuidado tiene un impacto considerable en el desarrollo mental y social de los niños. Aquellos  que asisten a centros de buena calidad tienen mejor desempeño en dichos aspectos que quienes asisten a centros de baja calidad (Barros, 2011). De igual manera, de la evaluación de impacto del servicio de cuidado diurno (SCD) de Cuna Más, realizada en el 2017, se concluye que hay efectos positivos en el desarrollo infantil. (MIDIS, 2017)

Sin embargo, la cobertura de estos servicios y su adecuación para la atención de calidad de los menores de 36 meses aún no alcanzan los estándares requeridos. Así, al 2021 el Programa de Intervención Temprana (PRITE) del Ministerio de Educación, contaba con 117 establecimientos a nivel nacional que atendían a 4063 niños y niñas con discapacidad. Por su parte, el programa Cuna Más brindó el servicio a más de 50 niñas y niños con discapacidad a través del SCD, y a más de 60 mediante el servicio de acompañamiento familiar. Estos avances aún requieren implementar acciones para un mayor acceso, dado que este número es insuficiente para cubrir la demanda: al 2023, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad sumaba 8734 niños y niñas de 0 a 5 años de edad con discapacidad. Este registro solo representa el 19.4% de la población con alguna discapacidad (UNICEF, 2021), por lo que se debe implementar acciones articuladas para una mayor cobertura.

Realizado por: Claudia Benavides, investigadora principal de Videnza Consultores

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Sin embargo, el reto para este nuevo año, no sólo debe ser garantizar que se llegue a todos los peruanos y peruanas en condición de pobreza y pobreza extrema, sino seguir brindando los servicios con calidad y oportunidad e implementando, entre otras, las recomendaciones que se han identificado producto de las evaluaciones de continuidad realizadas a los Programas Sociales Cuna Más y Qali Warma.

En el caso del Programa Nacional CunaMás2, que cumplió diez años de creación éste 2022 y que busca revertir el bajo nivel de desarrollo infantil temprano de niños y niñas menores de 36 meses, tenemos algunos resultados y recomendaciones:

• Mantiene su vigencia y justifi cación, al estar además alineado con el ProgramaPresupuestal Orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PpoR DIT);
• Requiere actualizar sus costos unitarios para garantizar una mejor ejecución en los años siguientes;
• Reconoce que en un 81% se entrega de manera oportuna los servicios del Programa, tomando en cuenta la cadena de valor;
• El seguimiento y la evaluación se encuentran institucionalizados y buscanpermanentemente oportunidades de mejora; y,
• En cuanto al impacto y efectos sobre los niños y niñas menores de 36 meses, se confirma que sí genera efectos e impactos de manera positiva y significativa.

Por lo que uno de los temas centrales que debe retomar el MIDIS,implica el liderazgo para priorizar el Desarrollo Infantil Temprano conénfasis particular en la implementación de PpoR DIT, que se apruebenlos instrumentos necesarios para implementar dicho ProgramaPresupuestal y sobre todo involucrar a los Gobiernos Regionales yLocales que inician sus gestiones este 01 de enero.

En cuanto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma3(PNAE Qali Warma), que también cumplió diez años de creación y quetiene el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad,adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionando con lacomunidad, sostenible y saludable, para niñas y niños de nivel deeducación inicial, primaria, secundaria de pueblos indígenas, de jornadaescolar completa (JEC) y de atención diversificada (FAD), enInstituciones Educativas Públicas, tenemos algunos resultados yrecomendaciones:

• El Programa mantiene su justifi cación y vigencia, señalando que cuenta con muybuenos cimientos técnicos. Se recomienda ahondar en la priorización de la calidadnutricional para combatir problemas adyacentes como la carga de la malnutrición;
• En cuanto al objetivo de promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios de PNAEQW, se recomienda realizar un diagnóstico de la cadena de valor para incorporar este objetivo y revisar los indicadores de resultado y la disponibilidad de información para su medición y seguimiento;
• El Programa cuenta en un 98% con recursos para implementar sus actividades tanto para entrega de bienes y servicios comprometidos a nivel nacional. Y dispone de un sistema de información que identifica las necesidades de recursos para que la operación se desarrolle en las mejores condiciones.
• La valoración en cuanto a sus procesos es de 87,5%, revelando defi ciencias en lainfraestructura y equipamiento para la preparación de los alimentos en lasInstituciones Educativas, así como algunos retos en el desarrollo de los procesos delPrograma, ya que se reconoce que realizan mejoras continuas a sus procesos y a laprovisión del servicio alimentario.
• En cuanto a la aceptabilidad de los productos que se entregan, se identifi caronalgunas difi cultades, sobre todo en la modalidad raciones, por lo que se recomiendarealizar pilotos encaminados a mejorar la aceptabilidad de los alimentos.
• En seguimiento y evaluación se destaca que el PNAEQW cuenta con un sistema deinformación y personal asignado que permite realizar el seguimiento a losindicadores establecidos para la gestión.
• Finalmente, en cuanto a efectos e impactos, las evaluaciones de impacto realizadasmuestran que sí se tienen resultados positivos.

Los retos para el PNAEQW implican implementar las recomendaciones realizadas, donde el liderazgo del MIDIS vuelve a ser fundamental, el PNAEQW no puede fortalecerse si una alianza estratégica con el MINEDU, habiéndose perdido en los últimos años, es necesario retomar esa alianza, que la alimentación escolar forme parte nuevamente de las directivas del buen inicio del año escolar y que toda la comunidad educativa se comprometa a que los niños, niñas y adolescentes, que reciben los alimentos, los consuman en la escuela, esto último no se ha implementado por la pandemia, pero para este nuevo año escolar es imperativo que se retome y así garantizar que los objetivos del Programa se puedan medir en las Instituciones Educativas.
Finalmente, hay mucho por analizar en cuanto inclusión social, políticas y programas. Sin embargo. cierro esta columna afirmando que en estos 11 años de vida del MIDIS, han intentado sin éxito usar los programas sociales con fines políticos, la presidenta Dina Boluarte debe garantizar que el MIDIS y sus programas sociales no serán usados con fines políticos, la sociedad en su conjunto debe estar vigilante para que ello no suceda.

Realizado por: Paola Bustamante, directora de de Videnza
Columna de opinión publicada el 03 de enero en el diario Gestión.

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Pese a la recurrencia de estos fenómenos, recién en 2012 el Gobierno nacional se planteó tomar acciones que contribuyan a prevenir sus consecuencias. Estas acciones se plasman anual y multianualmente en los Planes Multisectoriales ante Heladas y Friajes (PMHF). El más reciente es el PMHF 2022-2024, aprobado mediante el Decreto Supremo 047-2022-PCM del 6 de mayo último.

Este plan busca reducir la vulnerabilidad de más de dos millones de peruanos en 9580 centros poblados y 553 distritos de 10 departamentos del país: Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. El presupuesto previsto asciende a S/ 524 millones para los tres años. Sin embargo, estando en proceso de formulación del presupuesto para el año 2023, debe lograrse que la asignación sea la estipulada —es decir, que no se reduzca el presupuesto al año 2023—. De lo contrario, las metas previstas no se podrán cumplir oportunamente.

Las 31 intervenciones del PMHF involucran el compromiso y la acción de 10 sectores: Salud; Desarrollo e Inclusión Social; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Interior; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; y Energía y Minas. Entre las principales intervenciones están la entrega de kits para la respuesta educativa ante situaciones de emergencia; kits de abrigo para poblaciones vulnerables, niñas, niños, gestantes y actores comunales vinculados al Programa Cuna Más; kits de agua segura; kits veterinarios, de aplicación foliar y de conservación de forraje, y módulos de protección de cultivos. Asimismo, contempla ejecutar campañas de salud y vacunar contra el neumococo y la influenza a niños y niñas menores de 5 años y a adultos mayores de 60 años.

Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en la implementación de estas intervenciones. Esto pese a que las heladas y el friaje ya se vienen sintiendo, sobre todo en los departamentos del sur andino y de la selva.

Hasta el 4 de junio, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) tenía registrados 1302 episodios de neumonía, de los cuales 901 fueron niños menores de 5 años y 401 adultos mayores. Asimismo, 39 fallecidos, 11 de ellos menores de 5 años y 28 adultos mayores.

Si miramos el avance de la vacunación de influenza, vemos que, hasta el 16 de junio, no superaba el 20% de la población menor de dos años en ningún departamento del país. Los de mayor avance son Huancavelica, Tumbes y La Libertad, con poco más de 15% de cobertura; los de menor cobertura son Arequipa, Madre de Dios y Ucayali.

La vacunación de influenza entre mayores de 60 años alcanza al 20% de dicha población objetivo. Lideran la tabla Ucayali, el Callao y Loreto, mientras que Lambayeque, Huancavelica y Pasco llegan solo al 10%.

El avance de la vacunación de neumococo a nivel nacional es superior al de la influenza: alcanza al 26.4% de los menores de dos años. Los departamentos con mayor avance son Apurímac, Cajamarca y Huánuco; los de menor avance son Loreto, Arequipa y Ucayali (cercanos al 20%).

Urge que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregue los más de 65,000 kits de abrigo en el menor plazo posible. Además, que se termine de implementar los cobertizos y de entregar alimentos para los animales, para evitar que mueran de frío y hambre.

Es la Presidencia del Consejo de Ministros la que, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, tiene a su cargo la coordinación del PMHF y que se garanticen los recursos humanos para su implementación. ¿Qué están esperando?

Realizado por: Paola Bustamante y César Núñez, directora y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Para Fernando Bolaños, oficial de Educación de Unicef Perú, la población peruana con discapacidad es uno de los grupos que sufre el mayor número de exclusiones en sus derechos. Esta situación se confirma cuando la Defensoría del Pueblo señala que el 60% de personas con discapacidad enfrentan dificultades para movilizarse por las calles, ingresar a establecimientos, viajar en autobús e incluso ir a un parque.

Si analizamos las esferas sociales de nuestro país, es común encontrar a personas en condición de discapacidad enfrentando barreras de comunicación en todos los niveles. Es decir, si desean acceder a puestos de trabajo, a sus derechos fundamentales, entre otros aspectos, no existen los canales ni los medios necesarios para que puedan hacerlo. Esto agrava considerablemente su condición de vulnerabilidad.

Su exclusión está marcada por esquemas culturales cuyas prácticas sociales son construidas, transmitidas, reproducidas y reivindicadas desde la comunicación. Es así que llegamos a normalizar estereotipos que identifican a quienes padecen de una discapacidad como personas imposibilitadas de moverse, pensar, escuchar, comprender. Y bien sabemos que la situación es muy distinta en la realidad.

Sin un discurso inclusivo, lo estipulado en las leyes y normas termina siendo obsoleto en la práctica. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades laborales y el acceso oportuno a la participación social pierden relevancia y no son vistos como aplicables para la realidad de muchos ciudadanos. La mayor parte de la población con alguna discapacidad no conoce de sistemas de comunicación alternativos para que sus derechos no sean vulnerados.

Debemos enfocarnos en cambiar estas estructuras que establecen ciertas posiciones de privilegio para quienes no tienen una discapacidad. El ser educado en la normalidad y en la diversidad debe ser la base para crear, en conjunto, una sociedad más abierta, inclusiva y sin prejuicios.

Algunos avances que alientan

La creatividad y visión crítica de los profesionales de la comunicación son fundamentales para transformar espacios excluyentes por naturaleza en espacios compartidos para todos. Tal fue el caso de la campaña presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima denominada “Menores barreras, más respeto”, y que buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del trato igualitario y respetuoso hacia las personas con discapacidad. Para ello, apelaron a contenidos educativos en redes sociales, activaciones en la comunidad mediante ferias de artesanos con discapacidad, talleres deportivos, servicios de terapia física, lenguaje ocupacional, aprendizaje y psicología.

Además, aprovechando que durante la pandemia el formato de podcasts ha ganado enorme relevancia, Educared lanzó la serie “Voces por la inclusión”. Esta iniciativa, que forma parte de la alianza entre la Fundación Telefónica y Unicef Perú, permitió que jóvenes con discapacidad compartan sus historias inspiradoras sobre el significado de ser una persona con discapacidad y cómo hacer frente a las barreras que les impone la sociedad.

La pandemia también se presentó como una oportunidad para que los emprendedores busquen nuevos horizontes para continuar creciendo. La única escuela peruana de negocios no universitaria online, MERITUM Business School, lanzó su programa de Emprendimiento inclusivo. Se convirtió, así, en la primera escuela de negocios con interpretación de lenguaje de señas en el Perú (LSP).

Para modificar estereotipos y prácticas socioculturales sobre la discapacidad, es esencial que los aportes y estrategias tengan un adecuado trato comunicacional y se trabajen de la mano con sus protagonistas. Por ejemplo, vemos como positivo que se transmita por televisión la interpretación con lenguaje de señas, pero, ¿hemos preguntado a las personas usuarias de este servicio si el tamaño de su pantalla es el adecuado? Es fundamental que en toda iniciativa se involucre a quienes son y serán usuarios del servicio.

Por todo lo anterior, proponemos la creación de una guía para la comunicación incluyente. Un documento que contenga elementos de conocimiento que garanticen la posibilidad de una información exacta y acerquen al comunicador a este tema específico. El comportamiento cultural asume un papel muy fundamental en la eficacia de la comunicación. Es indispensable que la compasión deje de ser un elemento disuasorio para la igualdad y que la comunicación sea válida en todas sus formas. Solo así podremos convertirnos en actores activos para impulsar y exigir espacios inclusivos: ingresos amplios y a nivel de la vereda, señalización con imágenes y alto relieve, espacios de tránsito fluido y correctamente iluminados, entre otros. Y avanzaremos a ser un país que brinde oportunidades para todos, sin restringir experiencias que trascienden.

Realizado por: Paola Bustamante, Katherine Campos y Carla Soto; directora, coordinadora de Comunicaciones y Capacitaciones, y analista digital y de Comunicaciones de Videnza Consultores, respectivamente

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