¿Cuál de las dos gestionó mejor sus recursos? ¿Deberíamos premiar a quien utilizó el 90%, a pesar de incurrir en sobrecostos y carecer de transparencia? ¿O deberíamos penalizar a quien solo utilizó el 50%, aunque haya comprado a precios justos, pero se retrasó en ejecutar su plan?

Este escenario guarda similitudes con la gestión de la inversión pública, donde a menudo se premia a quienes ejecutan como la primera persona de nuestro ejemplo (90% de ejecución financiera con deuda), porque “cumplen” con agotar su presupuesto. Sin embargo, sabemos que no se trata simplemente de gastar por gastar, más aún dada la escasez de recursos. Y eso se refleja en la desaprobación de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2023, solo el 20.9% de los ciudadanos califica como buena o muy buena la gestión de su Gobierno regional. Peor aún, solo el 11.4% confía en su Gobierno regional (INEI, 2023). Este panorama refleja la necesidad no solo de medir la ejecución financiera, sino también de evaluar la eficiencia, la transparencia y la calidad de las decisiones tomadas en el proceso.

¿Cuáles son las razones detrás de la desaprobación y la desconfianza de la población? Es crucial realizar un diagnóstico preciso que permita identificar los obstáculos que afectan las inversiones, e impiden la entrega oportuna y eficiente de servicios públicos a los ciudadanos. Se hace evidente la necesidad de medidas más integrales que, a diferencia de la simple evaluación financiera, analicen de manera exhaustiva la gestión de la inversión pública. Por eso, Videnza ha creado el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI), presentado recientemente y que permite evaluar el desempeño de 23 Gobiernos regionales (Videnza, 2023), salvo Lima y el Callao, excluidos para no distorsionar las métricas.

El IREI muestra que la mayor ejecución financiera no necesariamente implica más eficiencia en términos de tiempo, costo, planificación y transparencia, entre otros aspectos. Por ejemplo, si se analizan los cinco primeros puestos en ejecución financiera de los Gobiernos regionales al tercer trimestre de 2023, solo dos de ellos se siguen ubicando como eficientes en el IREI. En cambio, los otros tres (Ayacucho, Tumbes y Apurímac) bajan entre 12 y 21 posiciones en el IREI.

¿Por qué ocurre esto? El Gobierno Regional de Ayacucho, por ejemplo, tiene un alto monto de proyectos programados para el año 2023 que aún no han sido ejecutados. En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, se evidencia la gran sobrecarga de proyectos sin ejecución, y la poca transparencia y rendición de cuentas en el seguimiento de sus proyectos. En cambio, en el Gobierno Regional de Apurímac se observa un alto porcentaje de proyectos bajo la modalidad de administración directa. Es decir, que son ejecutados utilizando sus propios recursos, incluidos funcionarios, equipos, materiales y experiencia interna, lo cual puede generar dificultades en la ejecución.

Ahora bien, pensemos en la segunda persona, que había ejecutado la mitad de sus recursos (S/ 50), pero de cierta manera mostraba algún grado de eficiencia en su proceso. Haciendo un símil con la inversión pública, al tercer trimestre de 2023, los Gobiernos regionales de La Libertad y Tacna se ubican en los últimos cinco lugares del ya conocido ranking de ejecución financiera; pero en el IREI se ubican dentro de los cinco más eficientes. La explicación es sencilla. Mientras el Gobierno Regional de La Libertad tiene unos de los menores montos de proyectos bajo administración directa, el de Tacna tiene uno de los menores costos asociados a nuevos proyectos en comparación con su cartera programada, y ha cerrado cerca de la mitad de sus inversiones, con lo que pueden entrar en funcionamiento.

Esta visión integral de la gestión de la inversión pública brinda una perspectiva completa sobre la eficiencia de sus autoridades. El IREI se publicará cada tres meses. Esta primera edición busca establecer una línea base que permita a las autoridades actuales implementar medidas que mejoren la gestión de sus inversiones, en favor de los ciudadanos.

Realizado por: Daniela Leguía, analista senior de Videnza Consultores

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No obstante, poco más de seis años después, el panorama no es muy distinto. Según el informe del 26 de septiembre de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), para el verano del 2024, la probabilidad de ocurrencia de un Fenómeno El Niño Costero de una magnitud moderada/fuerte sería del 86% en promedio. Ante este muy probable escenario, compartimos algunas reflexiones sobre la acción del Estado frente a los desastres naturales.

Para contrarrestar los impactos generados por el Niño Costero del 2017, se creó a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esta, tomando como insumo principal el catastro de daños reportados por los Gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales), elaboró el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC). El documento consideraba un presupuesto inicial de S/ 25,655 millones distribuidos entre actividades y proyectos de construcción/prevención (21%), reconstrucción (73%), soluciones de viviendas (4%) y fortalecimiento de capacidades de las unidades ejecutoras (2%).

Al principio, la ARCC tenía un rol meramente financiador y de monitoreo, donde los proyectos y actividades eran realizados por las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno. De hecho, los primeros años (2017-2020) los resultados no fueron los esperados: se ejecutaba menos del 42% del presupuesto (Ver Ilustración N.° 1). Fue recién desde el 2020, con el Decreto de Urgencia 040-2019, que se le dio a la ARCC la competencia ejecutora de obras de gran envergadura, principalmente las de prevención (denominadas “soluciones integrales”), y las de reconstrucción en salud (establecimientos) y educación (colegios).

Esta nueva competencia vino con un marco normativo que dotó de herramientas de gestión innovadoras a la ARCC, tales como poder suscribir acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), realizar contrataciones mediante un procedimiento especial de contratación (PEC) e implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).

Como resultado, en los años 2021 y 2022 la ARCC se erigió como la entidad pública de mayor nivel de ejecución de proyectos en el país: 79.2% de ejecución en el 2021 (S/ 1,987 millones) y 98.6% al año siguiente (S/ 3,293 millones). Si realizamos ese mismo ejercicio para los meses de enero a setiembre del año en curso, pareciera que la tendencia de crecimiento se mantiene, pues ha logrado ejecutar el 82.6% de su presupuesto (S/ 3,088 millones). Sería esperable que logre un nivel de ejecución casi total para fin de año (Ver Ilustración N.° 2). El reto, sin embargo, está en determinar qué significaban esos niveles de ejecución. Es decir, ¿qué se estaba priorizando?

La ARCC tenía la misión no solo de reconstruir lo afectado sino, sobre todo, de construir nueva infraestructura para prevenir desastres similares en el futuro. Sin embargo, su ejecución ha estado centrada en obras de reconstrucción en salud y educación. Del total ejecutado en el 2021, el 46.4% fueron obras de salud y educación y el 26.8% fueron obras de gestión de riesgos y emergencias. En el 2022, la prioridad en salud y educación fue mucho mayor, representó el 77% del total ejecutado, mientras que las obras de prevención fueron solo el 18.3% (Ver Ilustración N.° 3). Este año, la situación pareciera revertirse, pues el 34.5% fue destinado a obras de prevención y atención de emergencias, aunque debemos tomar en cuenta el escenario vivido (ciclón Yaku y presiones políticas para priorizar las obras de prevención).

Evidentemente, haber priorizado obras de educación y salud por sobre las de prevención de desastres pareciera no ser un mal en sí mismo. El tema es qué tan conscientes somos como nación sobre la importancia de diagnosticar, planificar y prevenir.

Una eficiente gestión de la inversión pública descentralizada depende de muchos factores. Entre ellos, la calidad de las instituciones, el capital humano involucrado y una buena coordinación y articulación entre las diferentes instituciones de los distintos niveles de gobierno. Sumado a ello, los retos actuales para los países son priorizar la inversión pública en infraestructura resiliente frente a los riesgos de desastres naturales producto del cambio climático. ¿Qué tan preparado está el Perú para estos desafíos?

Hace seis años nuestro país afrontó un desastre natural que, como respuesta, involucró un plan de atención de S/ 25,000 millones. A julio del 2023, este plan se ha convertido en uno de S/ 54,000 millones, y el próximo año es probable que enfrentemos un desastre natural de similar envergadura. Más allá de los montos, que son significativos y deben ser cuidadosamente observados, debemos también pensar en destinar fondos para prevenir, antes que solo reaccionar.

Realizado por: Jair Parihuana, analista senior de Videnza Consultores

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Tal es el caso de las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Las API son cruciales no solo para mejorar las operaciones administrativas y la prestación de servicios públicos, sino también para involucrar a la sociedad civil. Al establecer reglas de cooperación entre dos partes (que pueden ser entidades del Estado, ciudadanos o empresas), facilitan el flujo de datos y el desarrollo de soluciones digitales (The Future of Digital Government: Trend, Insights and Conclusions. ONU, 2022).

Las API en el sector público no son un tema nuevo, porque se vienen desarrollando desde el 2010. Sin embargo, destacan casos como el de Singapur (Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018, OECD) y la región de Lombardía, en Italia, que han logrado usarlas para implementar entornos digitales (APEX y E015, respectivamente). En el primer caso, por medio del APEX se logró reducir el número de veces que un ciudadano debe registrar su información básica cuando hace un trámite. En el segundo, a través del E015 se logró brindar información actualizada sobre las estaciones de carga eléctrica de todos los operadores en la región.

Otro caso es el de las tecnologías en órbita terrestre baja (LEO, en inglés). En caso de desastres, es esencial mantener redes de comunicación operativas que permitan planificar operaciones y administrar recursos (ONU, 2022). Sin embargo, la conectividad de una red de internet convencional puede interrumpirse tras un desastre natural, lo que dificulta conocer el estado de la población en tiempo real. Los sistemas de cómputo y satélites en órbita terrestre pueden proveer acceso a internet sin riesgos de corte. De hecho, esta tecnología está ayudando al Gobierno ucraniano a asegurar la continuidad de sus servicios durante la guerra que mantiene con Rusia, gracias a que cuenta con centros de datos en distintos puntos de Europa que reciben información sobre eventos derivados de este conflicto. Esto permite a Ucrania  gestionar una estrategia más exacta y eficiente de distribución de agua, alimentos y medicinas a las poblaciones afectadas por la guerra.

La necesidad de articular todas las plataformas de las instituciones públicas en una sola es una realidad, por ejemplo, en Corea del Sur (CEPAL, 2021). En 2016, en línea con su estrategia nacional de digitalizar la administración pública, implementó el On-Nara Business Process System (On-Nara BPS), donde los documentos oficiales del Estado son creados, procesados y almacenados. La plataforma funge como una única mesa de partes, donde un funcionario puede enviar y recibir cualquier tipo de documento desde cualquier otra institución gubernamental. Esto permite ahorrar costos de almacenamiento de información y evitar la duplicidad de los datos. Al 2021, la plataforma era usada por 289 instituciones gubernamentales y más de 890,000 usuarios, y albergaba más de 125 millones de documentos procesados.

De manera más experimental, algunos países están empezando a utilizar algoritmos predictivos. Países Bajos identificó 74 casos en los que la administración pública hace uso de estas herramientas, especialmente en servicios relacionados a asistencia social, prevención de crímenes y procesos administrativos. Sin embargo, su uso todavía sigue en etapa de prueba porque la recolección de información es compleja, y su tratamiento no siempre es transparente o tiene sesgos que son difíciles de superar (van Veenstra, Grommé, Djafari; 2021).

Todos estos ejemplos muestran que un Estado puede incorporar los avances tecnológicos para ser más eficiente en sus procesos y para entregar más y mejores servicios públicos. Tal vez el Perú todavía está lejos de poder implementar soluciones similares a las presentadas, pero puede empezar por fomentar la participación de las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos en espacios de desarrollo de soluciones digitales; estandarizar y ordenar la mayor cantidad de información posible; y hacer transparentes estos procesos. Todas ellas fueron condiciones necesarias y comunes a todos los casos.

Realizado por: Franco Sebastiani y Henry Quiche, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Durante el Fenómeno El Niño de 2017 hubo 143 fallecimientos, más de 230,000 damnificados y más de 1 millón de personas afectadas. También se registraron miles de viviendas colapsadas, afectadas e inhabitables. Este año, con el ciclón Yaku de 2023 hubo 69 fallecimientos, alrededor de 13,000 damnificados y 80,000 afectados. Además, se reportaron numerosas viviendas colapsadas, afectadas e inhabitables.

Lima, La Libertad y Piura son especialmente vulnerables a los impactos del Niño. Comex Perú estimó que, entre marzo y mayo de 2023, alrededor de 1,619,610 personas estaban expuestas a desplazamiento de masas en Lima, mientras que en La Libertad la cifra era de 1,381,243 personas. Para Piura, calculó que 527,092 personas están en alto riesgo de inundaciones. Estas cifras destacan la magnitud de la vulnerabilidad en estas regiones y la necesidad urgente de tomar medidas preventivas y de respuesta para proteger a las comunidades afectadas.

En ese contexto, es preocupante que las autoridades no estén utilizando el presupuesto asignado para hacer frente a esta inminente crisis. El manejo del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en los tres niveles de gobierno ha sido insatisfactorio: hasta la fecha, solo unos pocos han logrado ejecutar ligeramente más del 40% del presupuesto asignado a estas regiones, a pesar de haber rebasado ya la mitad del año.

La web de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas revela que, al 3 de julio, el presupuesto ejecutado por el Gobierno central para reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en La Libertad, Lima y Piura representa solo el 26% del total asignado. Por región, se ha ejecutado solo el 42%, el 27% y el 18%, respectivamente.

En cuanto a los Gobiernos regionales, La Libertad ha ejecutado el 32% del presupuesto asignado, Lima el 30% (cabe señalar que esta cifra incluye los gastos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de no ser así, la ejecución sería de tan solo el 20%) y Piura solo el 29%, hasta el 3 de julio. Y en los Gobiernos locales, las cifras son de 43%, 39%, y 40%. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad apremiante de fortalecer la capacidad de respuesta en todos los niveles de gobierno.

Un Fenómeno El Niño intenso no solo representa un riesgo para vidas humanas y el bienestar social, sino que puede tener graves repercusiones económicas. En estudio del Dartmouth College estima que podría generar un costo global de alrededor de USD 3,4 billones en los próximos cinco años. Los autores indican que la recuperación económica después del fenómeno no es inmediata y, en el pasado, se ha observado caídas en la producción económica de hasta un 10%, en países afectados en eventos anteriores. Los daños en la infraestructura, las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y las pérdidas en la producción agrícola agravan aún más la situación económica.

La falta de ejecución del presupuesto destinado a emergencias en las regiones más vulnerables de nuestro país es una situación preocupante que requiere una respuesta inmediata. Las autoridades nacionales, regionales y locales deben tomar medidas concretas para evitar pérdidas humanas y daños materiales irreparables. Ante la falta de preparación en estas zonas, surge una inquietante interrogante: ¿Serán las autoridades capaces de velar por la protección de la población y mitigar los posibles efectos de este fenómeno?

 Realizado por: Verónica Tello, analista senior de Videnza Consultores

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El camino para conseguir lideres peruanos de alto nivel académico y profesional se ve mermado por las dificultades que enfrentan algunos niños en sus primeros meses de vida. Me refiero a la anemia, medida por el déficit de hierro estimado a partir del nivel de hemoglobina en la sangre.

La anemia causa efectos negativos e irreversibles en los niños. Por ejemplo, retraso en el desarrollo psicomotor y desarrollo cognoscitivo que traerá consecuencias negativas en la etapa escolar. 

¿Cuál es la situación de la anemia en los niños peruanos? Lamentablemente, los datos no son alentadores. En 2022 se registró que, a nivel nacional, 42.4% de las niñas y niños de 6 a 35 meses tienen prevalencia de anemia, 3.6 puntos por encima de lo registrado el año anterior. Diez regiones tienen porcentajes de niños y niñas con anemia por encima de 50%. Aquellas con las tasas más altas de anemia en 2022 son Puno (67.2%), Ucayali (65.8%), Huancavelica (65%), Loreto (63.1%) y Madre de Dios (60.5%). 

En este contexto, los controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) cobran gran importancia. Son controles de salud periódicos que, como su nombre lo indica, buscan hacer seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde que nacen hasta los 11 años de edad. Permiten identificar posibles riesgos de salud como la anemia o desnutrición crónica, además de entregar los suplementos necesarios para prevenirlos y tratarlos. 

No obstante, el porcentaje de menores de 36 meses con controles de CRED completo es de solo 11%. Esto a pesar de haber aumentado en el último año, cuando alcanzó el 6%. Ahora ¿cuál fue el porcentaje de niñas y niños que efectivamente consumieron suplemento de hierro para contrarrestar la anemia? En 2022 fue de 33.4%, menor a lo registrado en 2021 (36.2%). 

Es urgente centrar los esfuerzos públicos en disminuir la anemia en los niños. Revisar los cuellos de botella u oportunidades de mejora de los actuales programas públicos que se encargan de esta problemática. Asimismo, realizar un trabajo conjunto entre padres y autoridades de distintos sectores para que todos tengamos un mismo objetivo: tener niños sanos que sean futuros lideres exitosos en el país. 

Realizado por: María Alejandra Ormeño, analista senior de Videnza Consultores

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¿Cómo es posible que una empresa dedicada a la complejísima operación de una refinería primero afirme que solo se habían derramado siete galones cuando hoy sabemos que fueron más de 250,000? Un error de este calibre es inverosímil en una industria en la que el manejo de magnitudes es central.

¿Cómo es posible que hasta hoy la empresa en cuestión no sea capaz de hacer un mínimo reconocimiento de su responsabilidad en esta catástrofe?

¿Cómo es posible que la Marina de Guerra del Perú, nuestra entidad oficial en materia de hidrografía, no haya dado la más mínima alerta sobre la posibilidad de un tsunami al ser consultada el sábado en la tarde por Repsol?

¿Cómo es posible que a la cabeza del Ministerio del Ambiente, entidad que debiera liderar la respuesta ante esta debacle, tengamos a un señor como Rubén Ramírez, cuya especialidad –según el propio portal Minam– sea la “creación de nuevos distritos”? Hoy se hace más evidente que nunca lo costoso que resulta tener a autoridades no preparadas para sus encargos, y cuya única cualidad es el carnet partidario.

¿Cómo es posible que a la fecha, luego de seis meses de gestión, el gobierno no haya designado todavía a un presidente del OEFA, órgano a cargo de la evaluación y fiscalización ambiental llamado a determinar responsabilidades en esta tragedia?

¿El presidente Castillo realmente cree que firmar un decreto en que declara de “interés nacional la emergencia climática” como primera respuesta vaya a hacer alguna diferencia concreta para la atención de esta crisis?

¿Cómo es posible que al alcalde Jorge Muñoz le haya tomado cinco días en manifestarte respecto de este suceso que ha devastado la flora y fauna de playas que pertenecen a Lima Metropolitana?

¿En qué momento la empresa decidió que era una buena idea contratar a pescadores para la limpieza del petróleo derramado? Repsol mejor que nadie sabe que esta tarea reviste alto riesgo y debe ser desempeñada por personal especializado en la materia.

¿A quién se le podría ocurrir que se pueden recoger 250,000 galones de petróleo usando escobas y recogedores, como hemos visto en imágenes a lo largo de la semana?

Y la del estribo: ¿quién hace más daño al capitalismo y la economía de mercado? ¿Los políticos trasnochados e ideologizados, como el que hoy ocupa Palacio, o las empresas que actúan de manera irresponsable, informal y poco transparente? A estas alturas ya nada queda claro.

Coda: la semana pasada señalaba que el presidente había incumplido el ofrecimiento, hecho en diciembre, de que a inicios de este año comenzaría a responder a los medios de prensa. Como advertía, un presidente que no da entrevistas es un presidente que desprecia un principio fundamental de la democracia como es la rendición de cuentas.

Esta semana Castillo finalmente concedió una entrevista al semanario Hildebrandt en sus 13. Aunque el gesto es valioso, lejos de brindar mayores luces, lo que consiguió la entrevista es confirmar lo ya sabido: que estamos ante un presidente anodino, sin planes, sin principios claros, y lleno de lugares comunes. A estas alturas, va quedando claro que el peligro para el Perú no es la supuesta amenaza comunista, sino más bien la absoluta precariedad del hombre al que le ha tocado el encargo más alto del país.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 23 de enero de 2022 en el diario Perú21.

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En el Estado Peruano conviven múltiples regímenes laborales con condiciones distintas de acceso, remuneraciones, beneficios, capacidades y competencias.

El gasto público en planillas se ha duplicado durante la última década, haciendo inflexible el manejo presupuestal nacional y sin adecuados mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por procurar una planilla centralizada, la gestión fiscal de los recursos humanos se ha complejizado por el constante crecimiento de la contratación de locadores de servicios que cumplen funciones permanentes (alrededor de 120.000, que representan un tercio del total) y por la proliferación de pagos de conceptos remunerativos que no se encuentran registrados en la planilla centralizada.

Por su parte, el Congreso ha agudizado la problemática laboral. Es así como aprobó la Ley 31131 en marzo del año en curso, que prohíbe los contratos administrativos de servicio (CAS) y la obligación de que estos trabajadores entren a los regímenes D.L. 276 o 728, creando serios problemas operativos para el Ejecutivo.

La eliminación del régimen CAS implicará la incorporación a la planilla de las entidades públicas a cerca de 220.000 trabajadores. Además, la prohibición de contratar locadores de servicios profesionales está causando un caos en la gestión pública y servicios de menor calidad para el ciudadano.

Es evidente que el manejo de los recursos humanos del Estado no ha sido prolijo y se han desvirtuado figuras de contratación temporal; sin embargo, la solución a esta situación sería acelerar la implementación de la Ley Servir en lugar de entorpecerla.

En especial, resulta contraproducente e irresponsable la intención del Ejecutivo de retirar la demanda de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la contratación de CAS, ya que ese personal era el más indicado para transitar a los concursos del régimen Servir y, así, formalizar la planilla pública. El Gobierno ha anunciado también su intención de retirar la demanda de inconstitucionalidad contra la ley sobre negociación colectiva, cuya aplicación podría generar considerables impactos fiscales. Al final, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra si decide admitir estos pedidos.

Lamentablemente, la aplicación de la Ley Servir no ha avanzado a la velocidad necesaria debido a la complejidad del proceso previo a la transición. Recordemos que este nuevo régimen laboral no solo fue diseñado para aumentar los haberes de los servidores públicos, sino como una manera de mejorar los procesos en las entidades públicas y asegurar que la dotación de funcionarios públicos sea la idónea para alcanzar los objetivos de cada entidad, siendo la atención y el servicio al ciudadano el centro de la reforma. Sin embargo, la aplicación ha sido muy engorrosa y no ha sido posible compatibilizarla con la disponibilidad de recursos presupuestales.

Por otro lado, en diversas entidades públicas ha habido mucha resistencia al cambio. Según Servir, culminar el proceso de tránsito hacia este nuevo régimen laboral ha tomado seis años en promedio; en ese mismo lapso, la disponibilidad presupuestaria se ha reducido y otras prioridades de gasto han surgido. El dicho “Lo perfecto es enemigo de lo bueno” aplica en este caso.

En este contexto, Servir está en proceso de simplificar sus procesos e intentar acelerar los avances para lograr un efecto demostración en el resto del Estado. Este es un esfuerzo que debe continuar para lograr una masa crítica de servidores bajo el nuevo régimen laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, lo más preocupante de la coyuntura actual es el riesgo de que se impongan iniciativas que privilegien la estabilidad absoluta del empleo público, admitiendo perforaciones a los regímenes laborales que intentan promover la meritocracia. Peor aún, la agenda priorizada del Ministerio de Trabajo va en la dirección contraria y dificultará la aplicación de cualquier política de gobierno que sin duda requiere de cuadros técnicos idóneos. Lo mismo se puede decir del intento de “sacarle la vuelta” a la carrera magisterial con la intención de crear un régimen paralelo que exonere de evaluaciones a los docentes.

Una apuesta gubernamental por una mayor intervención estatal debiera ser la más interesada en tener el personal más capacitado posible para asegurar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Para lograr ello, el Gobierno debería liderar el esfuerzo al más alto nivel, fortalecer a Servir como la entidad rectora de la gestión de los recursos humanos del Estado, simplificar el proceso de aplicación de la Ley Servir, ponerle un alto a las perforaciones a los regímenes laborales actuales, y deponer la intención de recortar los sueldos de los funcionarios públicos.

Esto último sería el tiro de gracia a la meritocracia y seguiríamos cargando con un aparato estatal que no atiende las necesidades de la población.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 12 de septiembre del 2021 en el diario El Comercio.

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En los últimos años, el Estado peruano ha dado ciertos avances para alcanzar un mayor nivel de profesionalización. Es el caso de la aprobación de la Ley del Servicio Civil y la implementación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Sin embargo, persisten enormes brechas entre la demanda y la oferta de personal capacitado.

Un informe del 2019 de SERVIR reveló que, de los 3.604 profesionales que postularon a cargos gerenciales para entidades estatales locales, regionales o de alcance nacional, solo 68 superaron las evaluaciones. Este déficit se traduce, entre otros rubros, en los pobres niveles de ejecución de las inversiones y de calidad del gasto público. El año pasado, los Gobiernos regionales ejecutaron solo el 65,3% de su presupuesto, y los locales únicamente el 51,7%. Si entramos a ver la eficiencia de ese gasto, el panorama es aún menos alentador.

A ello hay que sumarle que más de un millón de funcionarios públicos enfrentan el reto de brindar servicios de calidad en pandemia, con las herramientas y los nuevos roles de especialización en gestión de prestaciones que esto demanda.

Pero siempre hay experiencias exitosas a destacar. ¿Qué tienen todas en común? La especialización y alta preparación del factor humano. Es el caso del Banco Central de Reserva, clave durante tres décadas para garantizar la confianza en la moneda nacional y reducir las volatilidades en nuestra economía. Otro ejemplo es la importante labor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que permitió licenciar a 94 universidades públicas y disponer del cierre progresivo de otras 49 que no ofrecían condiciones básicas de calidad.

¿Cómo construir capacidades en la administración pública? Para poner nuestro granito de arena, desde Videnza Consultores hemos lanzado Videnza Escuela de Gestores. Me acompañan en el Comité Directivo profesionales de reconocida trayectoria como los exministros Paola Bustamante, Luis Miguel Castilla, Óscar Ugarte y Milton von Hesse. Nuestro foco son programas de especialización para profesionales que quieren aportar a la mejora de la gestión pública y el desarrollo sostenible del país. Porque estamos convencidos de que el bienestar de los peruanos pasa, necesariamente, por mejorar la gestión del Estado y su vínculo con la ciudadanía.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 05 de septiembre del 2021 en el diario La República.

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En pocos procesos electorales ha habido tanto en juego como en este. El Perú atraviesa una profunda crisis económica, política, institucional y social que demanda reformas estructurales, pero aplicadas con responsabilidad y sobre la base de evidencia, no de premisas políticas.

Pero los candidatos anuncian promesas irrealizables y enarbolan discursos cada vez más agresivos y polarizados, tanto en los debates televisados como en los nuevos espacios de formación de comunidad: las redes sociales. Porque hay dos bolsones de potenciales votantes a los que buscan conquistar: quienes siguen sin decidir su voto, y quienes están hastiados de la política y —por lo menos a nivel emocional— anhelan un borrón y cuenta nueva. Este escenario es el caldo de cultivo ideal para campañas de desinformación.

Lo cuestionable no son las opiniones distintas a las nuestras, sino la difusión de información falsa o —en el “mejor” de los casos— errónea, pero con clara intencionalidad desestabilizadora. Porque para eso se diseñan las “fake news”: para engañar, inducir al error y manipular a la opinión pública. La “pandemia informativa” no solo pone en riesgo la salud de las personas que, malinformadas, optan por decisiones como no usar mascarilla o rechazar la vacunación. Lo grave es que las “fake news” están poniendo en riesgo los sistemas democráticos. Dividen, atemorizan y encumbran posturas extremas y populistas, además de difundir teorías conspirativas francamente delirantes. La COVID-19pasará, pero las noticias falsas continuarán expandiéndose si no tomamos acciones para contrarrestarlas. Es un problema global que necesita respuestas globales.

Volviendo a nuestro escenario local, ¿pueden trolls y bots estar influyendo en el resultado de este 11 de abril? Imposible determinar su impacto a ciencia cierta. Pero lo que sí me temo es que están debilitando aun más nuestras precarias instituciones.

¿Cómo informarnos correctamente sobre por quién votar este domingo? Consultemos siempre fuentes oficiales o que utilicen información oficial. La plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones contiene información de los candidatos al Congreso y a la presidencia, en un formato ordenado y amigable. Otra fuente muy útil es Ama Llulla (“No mentirás”, en quechua). Es un esfuerzo de medios independientes que verifican si lo que dicen los candidatos es verdadero, engañoso, impreciso o falso.

No compartamos información sin estar seguros de su veracidad. Desconfiemos de aquellas “noticias” que recibimos por redes sociales y que son particularmente alarmistas, incluyendo aquellas que llegan por WhatsApp, que tendemos a asumir como verdaderas porque nos las envían amigos y familiares. Cultivemos nuestro instinto de sospecha. Muchas veces, bastará una simple búsqueda en Google. Si los medios que difunden la información son desconocidos, esta seguramente es falsa o tendenciosa.

Salgamos a votar informados y decididos. El Perú no está para apuestas temerarias que agraven la crisis actual e impidan construir lazos de confianza entre la ciudadanía y la clase política.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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En este contexto, el Perú no ha sido la excepción. De acuerdo con el último informe publicado por INEI, en el segundo trimestre del 2020 se perdieron más de 1.3 millones de empleos con respecto al primer trimestre 2020 para jóvenes menores de 25 años. Esto significó una caída de -46.3%. Solo en Lima fueron más de 600,000 empleos, con una caída de -64.4%. Entre tanto, en el caso de los adultos entre 25 y 44 años se perdieron casi 3 millones de empleos a nivel nacional, lo que significó una caída de -36%, mientras que en Lima se perdieron 1.2 millones de empleos, con una caída de -50%.

Entre otros grupos vulnerables, los jóvenes estarían más expuestos a padecer reducciones en las horas trabajadas o en las remuneraciones, suspensiones o despidos permanentes. En efecto, para Lima, entre los jóvenes menores de 25 años el empleo adecuado (trabajar 35 horas o más a la semana y recibir ingresos por encima del sueldo mínimo, o trabajar menos de 35 horas semanales y no querer trabajar más horas) disminuyó en 73.3% entre el segundo y el primer trimestre del 2020: pasó de 352,200 a 94,000 empleos adecuados. A su vez, su nivel de ingreso promedio se redujo en 1.9%: de S/ 1,057 a S/ 1,037 en el mismo período.

Los datos de la ENAHO revelan que la situación es aún más crítica entre las mujeres jóvenes (entre 14 y 24 años). Entre el primer y el segundo trimestre, su ocupación cayó en 50%, mientras que el número de hombres jóvenes ocupados cayó en 44%. Además, de acuerdo con la CEPAL, las mujeres han asumido gran parte del trabajo adicional que surge en los hogares debido al confinamiento, incluyendo el cuidado de niños que dejaron de ir a la escuela y de adultos mayores, lo que exacerba aún más las desigualdades preexistentes.

Por su parte, el Gobierno ha dispuesto medidas laborales excepcionales, las que han resultado imprescindibles para mitigar el impacto de la pandemia sobre la población. Entre ellas están la implementación del trabajo remoto, subsidios a la planilla, flexibilización de los aportes previsionales por parte de los empleadores e inyecciones de liquidez para los trabajadores como la liberación de los fondos de compensación por tiempo de servicios (CTS) o de los fondos de pensiones. Sin embargo, no se han implementado medidas específicas para la problemática de los jóvenes. Entre las recomendaciones de la OIT se incluyen la implementación de programas de capacitación, préstamos y asesoramientos para emprendimientos dirigidos por jóvenes y subsidios salariales específicos para incentivar su contratación. 

Es necesario que más jóvenes participen en el diseño de políticas a su favor. En el 2011 se estimaba que el 60% de jóvenes entre 14 y 24 años estaba interesado en la política. Los últimos acontecimientos han llevado a que hoy, según una encuesta realizada por Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años muestre interés en la política. Con las elecciones tan cerca, será fundamental traducir ese interés en propuestas concretas y en votos informados. Es momento que los políticos se interesen en los jóvenes para, con ellos, establecer medidas que los beneficien.

Realizado por: Carla Calero y Miluska Patrnogic, investigadora principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Los acontecimientos de mediados de noviembre quedarán en la memoria de los peruanos. Fuimos testigos de un sabotaje al Estado de derecho por un grupo de oportunistas que confirmaron estar dispuestos a comprometer el futuro del país para mantener sus privilegios y vivir en impunidad. Pero terminaron siendo el catalizador de una nueva era en la que vivir en una sociedad justa, democrática e inclusiva se puede convertir en una realidad. La generación del Bicentenario ha abierto paso a un nuevo Gobierno y, con ello, a una nueva oportunidad para retomar el rumbo del Perú.

Un primer reto que enfrenta esta administración de transición es garantizar la gobernabilidad del país. Fomentar un clima conciliador entre Ejecutivo y Legislativo y garantizar la transparencia de las elecciones generales de abril próximo.

Un segundo reto es resguardar la estabilidad económica y financiera, donde son claves la recuperación de la inversión pública y privada, y la estimulación del empleo. Se requiere poner en marcha los grandes proyectos de infraestructura, especialmente aquellos hoy paralizados, como Chavimochic o Majes Siguas II. Y los mercados requieren la certeza de que el Gobierno tiene la capacidad de estabilizar la crisis económica, sanitaria y política del Perú.

El fortalecimiento de la educación superior y la reforma universitaria es, sin duda, clave. Estudios como el de Yamada et al (2014) demuestran que un servicio educativo deficiente deriva en una baja empleabilidad: la probabilidad de estar subempleado para quienes asisten a universidades de baja calidad aumenta de 19% a 30%, lo que se traduce en una menor capacidad para generar ingresos.

En salud, tres son los principales desafíos para los siguientes meses. Primero, gestionar adecuadamente la pandemia y, a partir de las lecciones aprendidas, contar con un plan de respuesta ante una eventual segunda ola de contagios. Segundo, organizar la logística y el buen uso de la vacuna contra la COVID-19. Tercero, retomar la agenda sanitaria de atención de problemas de salud no COVID, pues la falta de servicios para proteger a los peruanos de otras enfermedades está afectando a miles de personas. De acuerdo con SUSALUD, en setiembre de este año se registró una caída del 53% en el número de atenciones por consulta ambulatoria, emergencia y hospitalizaciones, respecto al mismo mes del 2019. 

Finalmente, y tal vez el reto más importante, será mantener un diálogo con los jóvenes de la generación del Bicentenario. Apuntan a ser partícipes y críticos de las decisiones del Gobierno desde sus tribunas. No se detendrán hasta ver reflejados sus ideales en un país sin corrupción, con igualdad de oportunidades y donde se reconozca y celebre la diversidad. ¿Qué los hace diferentes? Tienen redes sociales, tienen coraje, quieren cambios pero, sobre todo, tienen amor, mucho amor por el Perú.

Realizado por: Janice Seinfeld y Camila Rodríguez, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Su autor es el reconocido economista, profesor y consultor Michael Porter, experto en estrategia corporativa y competitividad de las naciones. La pronunció la semana pasada, en “Perú Sostenible 2020”, un evento de primer nivel organizado por la asociación de empresas Perú 2021.

Porter sostiene que el empresariado puede satisfacer necesidades sociales de una manera que a los gobiernos les resultará muy difícil, porque tiene las capacidades estratégicas y el talento para hacerlo. A esto se le llama crear valor compartido.

Se suele creer que resolver los problemas de un país –incluido el crecimiento económico– es tarea exclusiva del Gobierno. Y, ciertamente, el Perú tiene muchos retos, sobre todo en cuanto a fortalecer sus instituciones, cuya debilidad afecta la competitividad y el éxito económico. Pero Porter señala que aquellos países en los que el empresariado está dispuesto a asumir la responsabilidad o corresponsabilidad de hacer al país mejor, son los que mayor crecimiento y bienestar están consiguiendo. “Los empresarios deben ser parte de la solución, no solo quejarse”.

Pensar que los empresarios hacen negocios y que el Gobierno es responsable de todo lo demás es caer en una visión simplista e ineficiente. Para avanzar hacia una economía del primer mundo, el empresariado debe involucrarse y aportar su conocimiento sobre innovación, uso de tecnología, y habilidades organizacionales y de gestión. Esto implicará que la mentalidad de los propios funcionarios se adapte también; hay que construir una nueva relación empresariado-Estado y romper las barreras que cada uno tiene frente al otro. De ida y vuelta.

Pero, claro, ¿cómo hacer esto? Porter responde que, para empezar, los empresarios deben entender que su rol en los negocios va mucho más allá de liderar una gran empresa y producir ganancias. “El empresariado es la única institución de la sociedad que puede crear riqueza y prosperidad. El Gobierno no puede. Lo que el Gobierno hace es usar esa riqueza, pero no la crea”. El conductor de la economía de un país es el empresariado, no el Gobierno.

Y agrega Porter: “El capitalismo es una poderosa herramienta no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo social. Porque abordar problemas sociales desde nuestros negocios, desde lo que hacemos, producirá una solución escalable y autosostenible”. No es filantropía para mejorar la reputación corporativa; es entender que éxito económico y social no solo no se contraponen, sino que se complementan. Se crea un círculo virtuoso que beneficia a todos.

Para ilustrar su punto, el expositor resalta la importancia de la educación y pone como ejemplo Innova Schools. Esta iniciativa de Intercorp es hoy un caso de estudio de valor compartido en Harvard Business School. El objetivo estuvo claro desde el inicio: crear un colegio de categoría internacional, asequible para la clase media emergente y que pudiera ser escalable a todo el sistema educativo peruano. Hoy es la red de colegios privados más grande del país. “Muestra el enorme poder del empresariado yendo más allá de sus negocios, como factores de cambio en la sociedad”.

Tener buenos colegios beneficia al empresariado, porque habrá gente más preparada y productiva. Lo mismo con la salud: invertir desde el sector privado en esquemas de prevención y de atención primaria de calidad disminuiría el ausentismo laboral, mejoraría la productividad y demandaría menos costos en tratamiento.

La otra cara de la moneda es lo que vemos en un sector del empresariado peruano, más preocupado por generar ganancias a toda costa que por escuchar a sus clientes. Un ejemplo claro, lamentablemente, son los fondos privados de pensiones. Es un sistema que tiene fallas estructurales, de planteamiento de modelo, que bien harían sus representantes en corregir. Evitarían que el descontento de sus propios afiliados –con quienes no han sabido construir legitimidad ni alianzas– los lleve a apoyar medidas legislativas populistas que pongan en jaque lo avanzado.

La agenda social compete a todos, pero Porter pone el foco en los empresarios para que se asuman como verdaderos líderes. ¿Alguien dijo yo?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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Por un lado, en su reciente reporte “Condiciones de vida de la población en riesgo frente a la pandemia”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) destaca que los grupos más afectados por la pobreza son los indígenas y afrodescendientes, lo que intensifica su exposición a la COVID-19. En este sentido, no es sorprendente, aunque sí desalentador, que la población de lengua nativa (quechua, aimara o lengua de la Amazonía) presente una tasa de pobreza muy por encima de la población cuya lengua materna es el castellano: 30,5% versus 17,6%.

Por otro lado, la exposición a metales pesados, deforestación y contaminación ambiental de los ríos genera precariedad en las condiciones de salud de las comunidades nativas. Ello debilita sus defensas inmunológicas, según advirtió en abril último el doctor Oscar Espinosa, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Entre las acciones del Estado para mitigar el impacto de esta enfermedad destaca el “Plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía”. Si bien se aprobó a fines de mayo, recién el 23 de junio —cien días después de decretada la emergencia nacional— se transfirió S/ 74´558,670, monto 16% menor al presupuesto inicial señalado en la Resolución Ministerial N.º 308-2020-MINSA. Al 18 de agosto, la ejecución por parte de los Gobiernos regionales era de 14%, y la del Gobierno nacional era de 0.8%.

Pero esta demora no se da solo en la ejecución del gasto, sino también en acciones vinculadas al plan. Por ejemplo, la conformación de los comandos COVID indígenas. Estos son de suma importancia porque tienen responsabilidades esenciales como difundir información, monitorear el abastecimiento de medicamentos, facilitar el ingreso de brigadas de salud, solicitar reporte de cifras, etc. A la fecha, solo se han conformado cuatro de los diez comandos COVID-19 indígenas que deberían existir.

Al igual que con los bonos monetarios, las medidas correspondientes a las comunidades indígenas tienen deficiencias en la asignación porque no benefician a toda la población vulnerable. Ante ello, diversos dirigentes de las comunidades han realizado pronunciamientos. A fines de abril, Reuters denunciaba que ocho líderes indígenas, en representación de 1,800 comunidades de la Amazonía, sostenían no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Y en una entrevista a Perú 21 de mayo último, el presidente del consejo Shipibo Konibo resaltó que, si bien las autoridades fueron a tomar pruebas y llevaron víveres, la atención fue recibida en una sola comunidad a pesar de que la población estimada de estos pueblos indígenas es de 32,964.

Además, a fines de junio la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) envió una carta a las Naciones Unidas expresando que dicho plan de intervención no abarca a toda la población vulnerable en San Martin. En la misiva destacó un aspecto fundamental: la interculturalidad. Esta comprende no solo la traducción de mensajes a las lenguas originarias, sino armar los mensajes para que sean bien percibidos y entendidos por las comunidades tomando en cuenta su entorno. Por ejemplo, una recomendación tan simple como el lavado constante de manos puede no ser pertinente en algunas comunidades indígenas amazónicas, considerando que solo una de cada cuatro tiene acceso al servicio público de agua, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La pandemia ha resaltado desigualdades de las comunidades indígenas en entorno de pobreza. Si bien el Estado ha sumado esfuerzos para mitigar sus impactos, estos no parecen ser suficientes. Realizar acciones concretas y coordinadas con los líderes indígenas incluyendo el aspecto intercultural es un primer paso. Atacar de raíz la pobreza para que otra crisis sanitaria no tenga efectos tan negativos es otro paso largo y difícil, pero necesario.

Realizado por: Janice Seinfeld y Maria Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista en Videnza Consultores, respectivamente

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Desde el Gobierno, recién a inicios de junio, se priorizó la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal mediante el Decreto de Urgencia N.º 066-2020. Es decir, 85 días después de declarada la emergencia sanitaria. Ello pese a que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo sobre esta problemática desde meses atrás.

En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿cuál es la disponibilidad real de oxígeno en el país?

Cada mes, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) reporta el stock disponible de oxígeno en los establecimientos de salud del ámbito de las Diresas (Dirección Regional de Salud). Esta información incluye centros de salud, postas de salud, hospitales de distintos niveles de complejidad, almacenes e institutos especializados. La información proviene de la base de datos del Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgico (Sismed), que consolida los datos de inventario.

¿Cómo analizar estos datos? En un mundo ideal uno podría comparar las necesidades de oxígeno en cada región contra el stock existente. Sin embargo, no se cuenta con información de demanda de oxígeno. Entonces, lo que se puede hacer es comparar la evolución del número de fallecidos con el stock de oxígeno. Esto tiene sentido dado que el número de fallecidos puede ser considerado como una variable que se aproxima (imperfectamente) a la demanda real de oxígeno en cada región. A partir de dicha comparación, ¿qué se espera encontrar? Por ejemplo, si observamos que el número de fallecidos se eleva y también lo hace el stock de oxígeno, podríamos inferir que la oferta de oxígeno —en este caso provista desde el sector público— ha respondido a una mayor necesidad del mismo. Pero, podría ocurrir que, a pesar de que ambos indicadores se muevan de manera conjunta, aún exista una demanda insatisfecha. Aunque no se puede decir nada acerca al respecto con los datos disponibles, lo que sí es una señal alarmante es observar un aumento del número de muertos y una caída del stock de oxígeno.

El siguiente gráfico muestra la evolución de ambos indicadores para Lima, Amazonas y Cusco entre marzo (cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria) y junio de este año, último mes con el que se cuenta con información sobre el stock. Al ver el gráfico podríamos concluir que el caso de Lima es el escenario que se esperaba, pues ambas variables se movieron de forma similar. Un indicador estadístico que se utiliza para medir la relación entre las variables se llama correlación, y esta puede tomar valores entre +1, si ambas variables se mueven perfectamente iguales y en el mismo sentido, y -1 si se mueven en sentido opuesto. La correlación para el caso de Lima es de +0.98.

Los casos de Amazonas y Cusco son preocupantes porque muestran que, mientras el número de muertos aumentó, la disponibilidad de oxígeno cayó. La correlación para ambas regiones fue de -0.94 y -0.92, respectivamente. Es importante mencionar que la existencia de correlación entre dos variables no implica causalidad (por ejemplo, no se puede concluir que la falta de disponibilidad de oxígeno generó más muertos).

Como es usual en este tipo de análisis, no todo es negro o blanco, sino que el desempeño de las distintas regiones difiere sustancialmente. Es decir, se observa una amplia gama de grises o de valores entre -1 y +1. Las regiones con una correlación negativa o las que muestran un peor desempeño entre marzo y junio están Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Puno.

Finalmente, uno puede pensar que no había forma de anticipar el problema y que es fácil analizar los datos una vez ocurridos los eventos. Una afirmación de esta naturaleza es en parte cierta. Es claro que nadie podía anticipar la crisis sanitaria, pero ¿se podía anticipar qué regiones iban a tener más problemas con el abastecimiento de oxígeno? La mejor respuesta que se podría obtener es no, pero probablemente para el caso peruano esta respuesta sea afirmativa.

La ilustración N.° 2 muestra la relación que existe entra la medida de desempeño de abastecimiento de oxígeno (correlación entre el número de fallecidos con el stock de oxígeno) durante la crisis sanitaria del 2020 y una medida de la eficiencia del Gobierno regional del 2019. Como medida de eficiencia se utilizó el porcentaje de inversión pública ejecutada por dicha instancia en el ámbito de salud. Los casos donde este desempeño fue crítico son Amazonas y Cusco, cuyos Gobiernos regionales casi no ejecutaron sus inversiones programadas para el 2019. De cada sol programado y disponible para invertir en estas dos regiones, sus autoridades gastaron solo entre 0.2 y 0.3 soles, respectivamente. Es más, Amazonas y Cusco estuvieron entre las tres peores regiones en eficiencia dicho año.

Volviendo al gráfico, el análisis se puede centrar en los casos con un bajo desempeño en el 2020, que en la figura son las regiones que aparecen sobre fondo naranja y cuya correlación es menor a +0.2, incluidos valores negativos. Ahí existe una clara relación positiva entre la eficiencia del año pasado y la medida de desempeño de abastecimiento de oxígeno este año. Siempre se puede argumentar que el Gobierno central pudo apoyar a todas las regiones, asumiendo que estas aceptaban el apoyo. Pero, si esto no era factible, el Gobierno al menos pudo focalizar la ayuda en aquellas con el peor desempeño durante la pandemia mirando los números de eficiencia del 2019.

Realizado por: Carla Calero, investigadora principal en Videnza Consultores

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En el caso de los mercados, el problema responde a una inadecuada gerencia y organización de comerciantes y usuarios, así como a la excesiva concentración de puestos de venta en espacios reducidos. En cuanto a los bancos, aunque estos suelen seguir protocolos en sus agencias, las aglomeraciones y colas en los exteriores, principalmente para el cobro de bonos, presentan un claro factor de riesgo. Por último, a la par con el reinicio de actividades económicas, la cantidad de traslados se ha incrementado, lo que convierte a los sistemas de transporte público formales e informales en focos infecciosos por su habitual hacinamiento.

De estos tres tipos de focos infecciosos, el que presenta un mayor nivel de riesgo son los mercados. Así lo evidencia la data recolectada por los equipos de respuesta rápida del Ministerio de Salud (Minsa), que realizan tests aleatorios en zonas de mayor riesgo.  Al aplicarlos en más de 10 mercados de Lima y el interior del país encontraron que los casos positivos superaron el 40%.

Esta situación tiene el peligro de agravarse a medida que procede la reanudación de actividades económicas de forma gradual conforme a lo dispuesto por el Gobierno en el DS N.° 080-2020-PCM. Aunque las autoridades locales están implementando los protocolos sanitarios dispuestos por el Minsa, existen otras estrategias que se pueden añadir concretamente en los mercados: la desconcentración planificada, su mejora gerencial, y la capacitación de usuarios y comerciantes.

Respecto de la desconcentración, se plantea el traslado de los comerciantes a espacios públicos cercanos a los vecinos, de manera ordenada y planificada. Si bien el testeo de casos positivos mediante pruebas rápidas en zonas estratégicas ha contribuido al cierre de mercados con mayor riesgo de contagio, las necesidades económicas tanto de oferta como de demanda de productos de primera necesidad ha llevado a que la informalidad, en vez de reducirse, se traslade. Por ello, en un trabajo conjunto entre el Minsa y los Gobiernos locales se deben garantizar espacios de venta al público con seguridad para comerciantes y clientes. La desconcentración de mercados, además de reducir la aglomeración de comerciantes y compradores en un solo lugar, también disminuye los trayectos y tiempos de desplazamiento de usuarios. Esta práctica ya se llevó a cabo en el caso del mercado mayorista de Santa Anita, pero puede ser trasladada a mercados de menor escala como los municipales.

Por otro lado, la gerencia dentro de los mercados debe enfatizar el control de aforos y la optimización de flujos dentro de los establecimientos. Es posible establecer parámetros como tiempos máximos por puesto de venta o restringir que las personas regresen a puestos por los que ya pasaron. Se pueden aplicar principios de la teoría de colas, herramienta cuyo uso es muy difundido en el sector de retail privado.

Si bien los protocolos señalados son de fácil cumplimiento, es necesario un trabajo intersectorial para capacitar a la población y, así, lograr su entendimiento y cumplimiento. La estrategia de comunicación no debe estar solo centrada en la transmisión de información, sino en lograr un cambio en hábitos y comportamientos. Para ello se pueden aplicar ciertos principios de la economía del comportamiento que brindan claves para promover cambios de conducta.

Una mejor gobernanza en los focos infecciosos no solo contribuirá a disminuir los contagios por coronavirus y a descongestionar la prestación de salud, sino que se traducirá en mayor bienestar para la población.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal en Videnza Consultores; y Sandra Huaitalla, analista en Videnza Consultores

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Tal es el caso de Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia, Dinamarca y Noruega. Es cierto que son países con sistemas de salud envidiables y economías sólidas. Pero otros, incluso más robustos, están mostrando indicadores preocupantes.

¿Qué tienen en común estas líderes? Todas optaron muy tempranamente por intervenciones drásticas como el aislamiento social, el cierre de fronteras y el rastreo de contactos. Además, ordenaron realizar pruebas masivas para detectar el virus, retirar al paciente de su entorno y tratarlo de manera efectiva. Es decir, todas tomaron decisiones sobre la base de evidencia científica.

Taiwán, una pequeña isla ubicada a 200 kilómetros de China continental, ha sido uno de los pocos lugares del mundo que ha logrado contener este coronavirus, pese a la vulnerabilidad obvia de estar tan cerca del origen de la epidemia. Cuando, en diciembre, su presidenta Tsai Ing-wen escuchó sobre un misterioso virus que infectaba a los residentes de Wuhan, activó 124 medidas que hicieron innecesario un bloqueo total: ordenó que se inspeccionaran todos los aviones que llegaban desde dicha localidad, estableció un centro de mando epidémico, aumentó la producción de equipos de protección personal como mascarillas, restringió todos los vuelos desde China, Hong Kong y Macao, impuso cuarentenas a los viajeros y ordenó monitoreos.

Recientemente, Ing-wen se enfrentó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que Taiwán no es miembro por su tensión política con Beijing, pues sostuvo haber alertado al organismo internacional sobre la severidad de este virus cuando recién se iniciaba. Con 429 casos confirmados y apenas seis muertes entre sus 24 millones de habitantes (según data de la Universidad Johns Hopkins), esta nación hoy envía insumos médicos a países colapsados por la epidemia.

La alemana Angela Merkel, doctora en química cuántica, se adelantó a sus vecinos europeos. Advirtió a la población de que este virus era un “asunto que hay que tomarse en serio” y mandó a hacer tests masivamente: 350.000 pruebas cada semana. Identificar rápido a los portadores permitió frenar la expansión de la enfermedad.

En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern optó por implementar la que hasta ahora es la estrategia más estricta del mundo, y que consiste en eliminar la curva en lugar de aplanarla. Impuso el confinamiento cuando apenas había seis casos confirmados de contagio en el país, prohibió la entrada de extranjeros y obligó a los neozelandeses que regresaban al país a aislarse por catorce días. Ardern destacó, además, por su comunicación empática y cercana. Esa que mostró al mundo cuando, en marzo del año pasado, un ataque a dos mezquitas se convirtió en la mayor matanza en la historia de su país. La estrategia resultó, y ayer, con diecinueve muertes por el virus, sus conciudadanos abandonaron el confinamiento. “Hemos ganado esta batalla, pero debemos permanecer vigilantes si queremos mantenerlo así. Estamos abriendo la economía; no estamos abriendo la vida social de las personas”, precisó la joven política a sus disciplinados compatriotas.

Los ejemplos anteriores muestran que líderes que actuaron con anticipación y decisión para hacer frente, con éxito, al COVID-19 son, en proporción, mayoritariamente mujeres. Además, sus gestiones contrastan con las de algunos de sus pares hombres, que están tomando direcciones diametralmente opuestas y alejadas de lo que la comunidad científica recomienda. Ello muchas veces con retóricas incendiarias e irresponsables.

Cuando en el futuro recordemos estos tiempos tan desconcertantes, ojalá tildemos de anacrónica una noticia donde el liderazgo exitoso era destacado por el sexo del personaje en cuestión. Pero hoy, cuando las mujeres representan menos del 7% de los líderes mundiales, sí es ciertamente notable. Y tanto reconocimiento merecen ellas por su trabajo como los ciudadanos que las eligieron.

Por Janice Seinfeld, directora ejecutiva en Videnza Consultores

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En noviembre último, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) estimó que 1.7 millones de habitantes están expuestos a riesgo muy alto e igual número a riesgo alto por inundaciones, deslizamientos y huaicos. En enero, el pronóstico de exposición de muy alto riesgo aumentó a 3.8 millones de habitantes y el de alto riesgo, a 4 millones de habitantes distribuidos en 20 departamentos del país. El CENEPRED también alertó a las autoridades sobre lluvias superiores a las condiciones normales.

Teniendo el diagnóstico claro, ¿por qué somos tan ineficientes en prevenir y tratar estos eventos?

En el 2011 se aprobó la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), pero esta no hace referencia a riesgos que tienen una continuidad marcada como los huaicos. Lo mismo sucede con la Ley N° 30191, aprobada en el 2014: establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, pero no incluye una estrategia para riesgos recurrentes como los huaicos.

Otros países, como Chile, por ejemplo, cuentan con una Política Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres y con un Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo. Ante los huaicos, este último establece acciones específicas y diferenciadas para territorios acotados y según la recurrencia de estos eventos. Además, existe un Plan de Emergencia específico por cada región y por cada desastre natural que afecta al país. En nuestro país se hace indispensable planificar y aplicar estrategias de prevención diferenciadas por tipo de eventos. Una sola talla no le calza a todo el Perú, con su enorme variedad de regiones y necesidades.

Más aun, la ejecución presupuestal de proyectos de prevención es deficiente en los tres niveles de gobierno: central, regional y local. A noviembre del 2019 solo se había ejecutado el 32% del presupuesto para proyectos vinculados a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres a nivel nacional, y el 26,3% a nivel regional. Al final del año, el porcentaje de ejecución total alcanzó el 66.7%.

Dadas estos aspectos por mejorar, conviene echar un vistazo a experiencias internacionales de éxito vinculadas a deslizamientos de tierras. Por ejemplo, en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Gobiernos locales implementaron un programa donde un grupo específico en cada comunidad era responsable de mantener la infraestructura para estabilizar la ladera de la montaña y compartir información para evitar que las familias se instalen en zonas de alto riesgo. Los resultados permitieron disminuir pérdidas humanas,  económicas y de degradación ambiental.

Por su parte, en Sri Lanka se identificaron las zonas proclives a tener deslizamientos. Con esta información, las autoridades de los distritos en zona de riesgo implementaron nuevos permisos de edificación que consideran el riesgo de deslizamiento de tierras. El objetivo es evitar que más personas sitúen sus viviendas en zonas riesgosas.

Teniendo ya identificadas las zonas vulnerables en nuestro país, requerimos de decisión política para implementar estrategias efectivas de tratamiento y prevención diferenciadas por riesgo y por región. Tomemos como base experiencias de los países a los que sus estrategias le funcionan mejor. No tenemos que inventar la rueda, pero sí poner el auto en marcha.

Realizado por Janice Seinfeld y María Alejandra Ormeño, directora ejecutiva y analista de Videnza Consultores, respectivamente.

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En el sector salud, la transformación digital logra un aporte superior: al permitir un mejor uso de la información, faculta tomar mejores decisiones en todos los niveles de complejidad del sistema, lo que impacta en el bienestar de las personas. Una contribución no solo positiva y necesaria sino, sobre todo, urgente.

En el Perú, el uso de herramientas digitales va en aumento. Al tercer trimestre del 2019, el 93.7% de los hogares tiene al menos una tecnología de información y comunicación, cifra que ha aumentado en 0.5% en un año (INEI, 2019). Además, el 92.0% de los hogares tiene al menos a un miembro con teléfono celular. En Lima Metropolitana, el 60.6% de los hogares tiene servicio de internet y el 48.0% acceso a una computadora (INEI, 2019). Sin embargo, muy pocas personas emplean estas tecnologías para interactuar con las autoridades o servicios públicos a fin de resolver sus necesidades o contribuir con la sociedad (INEI, 2018). Esta es una brecha por resolver.

Existen diversas experiencias internacionales exitosas sobre el uso de herramientas digitales en salud. Por ejemplo, Canadá implementó su sistema de historia clínica electrónica por etapas. Comenzó con el pago electrónico de los servicios de salud, la interconexión de soluciones en el lugar de atención y la difusión de información para la gestión pública. Luego avanzó hacia la integración de información demográfica y el diagnóstico por imágenes, lo que generó un ciclo virtuoso de mejora e innovación.

Por su parte, Uruguay implementó la aplicación “Mi historia clínica digital”, que otorga a los ciudadanos acceso a sus datos de salud en un entorno seguro, y facilita el trabajo de los médicos, pues acceden a la información completa de sus pacientes.

Desde el 2013, Corea del Sur ha digitalizado por completo su sistema de salud, reemplazando 1.4 mil millones de documentos en papel. Esto permitió que procesar reclamos fuera un 62.5% más rápido (15 días en lugar de 40). Además, contribuyó a reducir aspectos como el uso inapropiado y excesivo de medicamentos y la tasa de cesáreas innecesarias.

En el Perú, el proceso de cambio hacia la salud digital ha empezado. A nivel normativo, en el 2019 se emitió el DU 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el DU 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone de medidas para su fortalecimiento. Ambos decretos de urgencia buscan impulsar el uso de estas tecnologías en las entidades públicas, empresas privadas y los ciudadanos; el acceso e inclusión financiera y digital; la seguridad digital, física, técnica y organizativa para la confidencialidad de la información; y la gestión ética de las tecnologías. Estas medidas se suman al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (Ley N° 30024) y a la optimización de procesos vinculados a Telesalud (Ley N° 30421), aspectos que deben ser fortalecidos y continuamente contextualizados, pues la velocidad de avance de la tecnología excede la capacidad de regulación del Estado.

El Ministerio de Salud y EsSalud están comenzando a utilizar herramientas informáticas para digitalizar las historias clínicas. Además, están implementado servicios de telemedicina en beneficio, sobre todo, de pacientes que radican en zonas de difícil acceso. La Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud es una experiencia innovadora para el Estado peruano, pues emplea metadata y herramientas de inteligencia de negocios para explotar grandes volúmenes de datos, automatizar la generación de indicadores de desempeño y obtener un dashboard que facilita la toma de decisiones en beneficio del asegurado. Por ejemplo, permite identificar la demanda insatisfecha de medicamentos, lo que facilita la gestión de inventarios del operador logístico y la entrega eficiente de medicamentos para los ciudadanos. Para ello usa como insumo una base de datos alojada en la nube que contiene información actual de prescripciones médicas y dispensación de recetas de las farmacias de EsSalud. En algunas clínicas privadas, la tecnología digital se ha implementado mediante chatbots. Estos “robots” son programas informáticos con los que conversa el usuario para pedir información o solicitar acciones específicas como comprar vía delivery a través de aplicaciones para celular, medicina personalizada, entre otros.

Si bien los avances son interesantes, existe una agenda pendiente que debe ser abordada de modo conjunto para aprovechar lo mejor de las tecnologías de la información y comunicación y alentar la transformación digital. Tenemos que enfocarnos en el objetivo principal: mejorar la salud de todos los peruanos y superar la precariedad e informalidad que subsisten, sobre todo, en la oferta pública de servicios de salud.

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Los datos epidemiológicos son primordiales para analizar e implementar medidas de control que permitan proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Estas medidas serán efectivas siempre y cuando estén basadas en evidencia. En la era de la información en la que vivimos, el desafío no es la falta de datos, sino cómo utilizarlos. Es importante identificar aquellos más relevantes y combinar diversas fuentes que podrían no estar estandarizadas o no ser interoperables para facilitar la evaluación. Los investigadores deben poder determinar rápidamente si los datos existentes se pueden analizar o si se deben recopilar otros, además de cómo hacerlo de manera eficiente.

En Canadá, una start-up llamada BlueDot que automatiza la vigilancia de enfermedades infecciosas logró alertar a sus clientes (entidades públicas, hospitales y empresas privadas) sobre el coronavirus. Esto gracias a un algoritmo que desarrolló y que lee noticias publicadas en medios locales donde se mencionan casos de gripe, muertes sin explicación aparente y síntomas que no se ubican en un diagnóstico concreto, tanto en humanos como en animales. De la misma manera, con la información de rutas de vuelos, frecuencia y cantidad de pasajeros, BlueDot puede advertir hacia dónde se dispersaría el virus. Eso sucedió con el del Zika: logró predecir, hasta con seis meses de anticipación, los lugares a los cuales llegaría.

Por su parte, la Universidad de Johns Hopkins lanzó un tablero interactivo con información en tiempo real sobre la dispersión del coronavirus. Se puede observar dónde y cuándo se han producido los brotes, cuántos pacientes se han recuperado y cuántos han fallecido. El tablero busca que la población comprenda la situación del brote a medida que se desarrolla, con fuentes de datos transparentes. Esta información sirve no solo para que los Estados se encuentren preparados, sino también para contrarrestar la difusión de noticias falsas.

En el Perú, un esfuerzo digno de fortalecer y replicar es la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) de EsSalud. Creada en septiembre de 2019 analiza, integra y difunde información estratégica para mejorar la calidad de las decisiones en la institución. Centraliza y estructura información que antes se manejaba de manera dispersa y que incluso mostraba poca consistencia. Según EsSalud, desde la UIAD se puede monitorear casos de influenza, neumonía y otras afecciones respiratorias que podrían estar asociadas a un brote de riesgo, para así lograr un diagnóstico y tratamiento oportunos, además de gestionar las medidas en caso sea necesaria una escala mayor de respuesta.

La UIAD también cuenta con tableros de control para ver el manejo de las camas hospitalarias, abastecimiento de medicinas, tiempo de espera para el otorgamiento de citas, atención de los pacientes en los turnos programados en los consultorios y áreas de hospitalización, stock crítico de recursos clave como reactivos de laboratorio, pruebas rápidas, material médico y otros insumos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Al ser un proceso nuevo, sus resultados se apreciarán de modo creciente en el tiempo.

De igual modo sabemos que el Ministerio de Salud está desplegando esfuerzos para articular la diversidad de fuentes de información existentes. En particular, los datos provenientes de la gestión de las prestaciones, financiamiento y soporte que son clave para mejorar los procesos. En el ente rector, destaca el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades como encargado de gestionar “los procesos de prevención y control de enfermedades de importancia sanitaria nacional e internacional, elevando la capacidad resolutiva del nivel nacional para las acciones de vigilancia epidemiológica, inteligencia sanitaria, salud global y respuesta rápida en brotes, epidemias, desastres y emergencias”. Una tarea a su cargo es implementar, desarrollar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública en todo el país, lo que en el contexto actual es muy importante.

En tiempos donde las empresas utilizan nuestra información para saber nuestras preferencias, qué nos pueden vender, cuánto cobrarnos, etc., es importante que el Estado también saque provecho de esta data para el beneficio ciudadano. Los equipos de inteligencia sanitaria deben aprovechar al máximo las capacidades analíticas de las instituciones y apoyar la toma de decisiones para mejorar los servicios y estar preparados ante situaciones de emergencia.

Realizado por: César Amaro y Miluska Patrnogic, investigador principal y analista de Videnza Consultores, respectivamente

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Una comparación entre los censos de 1981 y el último, realizado en el 2017, revela que el acceso a servicios públicos ha aumentado. La población que cuenta con red pública de agua, dentro o fuera de la vivienda, pasó de 79% a 88%, mientras que aquella con red pública de desagüe aumentó de 74% a 89%. En cuanto al acceso a alumbrado público, pasó de 88% a 96%. Y la proporción de hogares con piso de tierra se redujo en más de la mitad, de 14% a 6%, lo que a su vez permitió disminuir las infecciones respiratorias agudas. Además, entre los años 2007 y 2017 las familias con acceso a Internet aumentaron de 15% a 50%.

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En setiembre último, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha recalculado la brecha total de infraestructura en 363.000 millones de soles en el largo plazo. Este monto, que equivale al 49% del PBI peruano, es, en parte, lo que nos separa de ser un país más desarrollado.

Al priorizar 52 proyectos que se complementan entre sí y que se espera ejecutar principalmente vía asociaciones público-privadas, este plan nos ofrece predictibilidad. Esta es una excelente noticia para el sector privado, porque sabrá en qué está trabajando el Estado. Pero también es una buena señal dentro del sector público, pues ha implicado alinear objetivos y articular sectores. Sin planificación no se avanza, y esa sigue siendo una gran debilidad de nuestro país.

Otro punto a rescatar es que dichos proyectos son parte de los planes multianuales de infraestructura de los sectores y están incluidos en el presupuesto multianual, con lo que tienen financiamiento garantizado. Esto abonará en la transparencia y contribuirá –esperamos– a minimizar el riesgo de corrupción.

Ahora bien, veamos algunos sectores. La brecha de transporte es de casi 161.000 millones de soles, la de educación bordea los 6.000 millones, la de agua asciende a 24.000 millones, la de saneamiento a 71.000 millones, y la de salud, a 58.700 millones. Estos montos consideran infraestructura pura y dura –construcción de hospitales, colegios, tuberías, etc.–, pero no contemplan los costos del servicio ni de mantenimiento. Para que consigan garantizar servicios de calidad, en muchos casos se tendrá que cambiar el modelo de gestión y hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, el 85% de los alumnos acceden a educación secundaria, pero cuando se realiza la prueba de evaluación censal a estudiantes de segundo de media, solo el 14% obtiene los resultados satisfactorios para el año. Es decir, uno de cada diez. Y en lenguaje, 16%; menos de dos de cada diez. Y solo el 30% de quienes egresan de secundaria continúan estudios superiores, sean técnicos o universitarios.

En cuanto al agua, si bien el 91% de los hogares cuentan con ella, solo el 4% de hogares en zonas rurales acceden a fuentes de agua segura, cifra que en zonas urbanas llega a 54%. De hecho, según un estudio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) que mide gobernanza y gobernabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) –es decir, cómo se desenvuelven hacia afuera y hacia adentro–, de las 49 EPS existentes, 40 tuvieron resultados bajos o muy bajos, y nueve obtuvo resultados regulares. Claro está que ninguna consiguió buenos resultados.

Un ejemplo de modelo de gestión pública que ha incorporado la eficiencia del sector privado lo vemos en Sepadal, que tercerizó tanto el tratamiento de aguas residuales como su gestión comercial. Al mejorar los procesos de medición, facturación y cobranza, obras de rehabilitación y sectorización, entre otros, logró reducir en 62% el agua no facturada. Además, toda la información que recaba sirve como línea de base que permite luego saber qué es lo que se espera y cuáles son los indicadores de mejora de resultados que se necesitan. Cabe destacar que solo en Sedapal se tienen tasas significativas de tratamiento de aguas residuales; el resto de EPS no superan el 50%. Además, las empresas pequeñas dejan de facturar el 44% de la producción de agua.

Finalmente, en salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es una política de Estado que, esperamos, sea implementada como tal por las siguientes administraciones. Solo así lograremos articular a los sectores privado y público para que la economía de mercado llegue, efectivamente, a todos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Aunque no han faltado opiniones escépticas respecto a la propuesta, lo fundamental –como sucede con cualquier reforma social– es que exista voluntad política y que esta vaya acompañada de mayor financiamiento y eficiencia en la gestión.

Las grandes reformas sociales siempre parten de la decisión política de garantizar los derechos de las personas. Solo entonces es posible su implementación. Por ejemplo, en nuestro país la Constitución de 1933 fue la primera en reconocer el derecho a la educación primaria universal y gratuita. A los dos años se creó el Ministerio de Educación, justamente para garantizar ese derecho. Si los constituyentes de la carta de 1933 hubiesen opinado que primero había que tener todo garantizado, nunca se habría aprobado ese derecho.

Lo mismo pasó en 1979, cuando se incorporó a la Constitución el derecho a la educación inicial, primaria y secundaria en forma universal y gratuita. Hoy, el 85% de los niños en edad preescolar cursan educación inicial y el 95% en edad escolar están en primaria y secundaria.

Cuando en el 2009 se aprobó la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, hubo muchas voces críticas. En ese entonces, poco más del 40% de la población tenía algún seguro de salud y el presupuesto del SIS era de solo S/429 millones. Diez años después, el 85% de la población tiene un seguro y el presupuesto del SIS ascendió a los S/2.200 millones en el 2018.

Lo que la historia demuestra es que la viabilidad de una política se construye sobre la base de reconocer, primero, el derecho ciudadano. Por eso, las reformas sociales no se hacen de la noche a la mañana, sino que requieren de largos períodos de construcción e implementación.

En Videnza Consultores estimamos que se requieren aproximadamente S/700 millones adicionales para el financiamiento en el 2020 de la propuesta del presidente, así como para su implementación progresiva. Dicho monto equivale a no más del 4% del presupuesto de apertura para Salud de este año, que suma S/18.217 millones. Y solo el 0,4% de los S/168.074 millones del Presupuesto General de Apertura de la República para el 2019. Estamos a tiempo de incluir este tema en el presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso a fines de agosto.

Sin embargo, debemos tener claro que la sola afiliación a un seguro no debe considerarse un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la cobertura universal. Por ello, la propuesta debe articular todas las estrategias del sector e ir acompañada tanto de una estrategia de cierre de brechas como de la optimización de la oferta actual. Por ejemplo, urge reforzar recursos humanos en regiones como Piura, que tienen apenas 4,2 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio nacional es de 7,3. Así también, se podría apelar a la telesalud para acercar los servicios al ciudadano, solicitar la ampliación de plazas para el apoyo de los serumistas en las zonas que registran mayores brechas de personal médico o retomar el programa Más Salud para cubrir necesidades puntuales de especialistas en determinados territorios y períodos.

Además, se debe poner énfasis en medidas de promoción y prevención, impulsar la ley de medicamentos, la ley de salud mental, la digitalización de la información, las redes integradas de servicios, el intercambio prestacional y el mejoramiento de la infraestructura y de los recursos humanos, sobre todo en el primer nivel de atención. Dado que los recursos económicos son siempre limitados, el reto consistirá en optimizarlos para garantizar el acceso de todos los peruanos a atenciones de salud oportunas, de calidad y con protección financiera.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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