En el Perú, desde hace 25 años, los indicadores de embarazo adolescente no disminuyen —se mantienen en alrededor del 13%—. Pero el confinamiento ha disparado los casos de menores de 10 años por violación, donde los agresores suelen pertenecer al entorno familiar.

El Estado tiene que trabajar ya y urgentemente en dos frentes. El primero es prevenir esta terrible situación de abuso que mata emocionalmente a nuestras niñas y alimenta un círculo dramáticamente vicioso de pobreza y sufrimiento. En el segundo frente, tiene la obligación de ofrecer una atención integral a la salud de las jóvenes gestantes. Ello implica asumir tanto su evaluación física y mental, como permitirles el aborto terapéutico. Esto es: poder interrumpir un embarazo si este pone en riesgo la salud de la madre.

Aunque el aborto terapéutico está autorizado en nuestro país cuando el embarazo es de menos de 22 semanas, las autoridades peruanas —como afirma el citado informe— deben asistir los casos de menores porque sus embarazos representan, de por sí, enormes riesgos a sus vidas.

Entre la desafiante lista de prioridades que las nuevas autoridades deben abordar, urge incluir el combate multisectorial de esta pandemia de abuso contra nuestras niñas. Entre otras acciones que suscribimos desde esta columna, el Ejecutivo debe ejecutar una agenda clara de protección, y el Congreso debe dictaminar y ponerle fecha al debate del Proyecto de Ley 387/2016-CR, que despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación sexual.

Por su parte, el Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos subnacionales, debe fortalecer las capacidades de las niñas y adolescentes para prevenir la violencia hacia ellas y los embarazos, capacitar a la comunidad (incluyendo enfáticamente la educativa) para trabajar en evitar violencia sexual y garantizar la protección de las niñas; y establecer lineamientos de actuación obligatoria frente a casos de menores con sospecha o confirmación de embarazo.

Al Ministerio de Salud se le propone elaborar un registro sistematizado y actualizado con información por edades, aunque anónimo, de todas las víctimas de violación sexual. Y cumplir con lo estipulado por la guía de estandarización del aborto terapéutico no punible. Sin embargo, considero que también se debe desplegar, desde los establecimientos de salud, estrategias con los padres y cuidadores para proteger a los menores, así como incluir la píldora del día siguiente como parte de los protocolos inmediatos de atención.

La Cepal anticipa que, producto de la pandemia, el número de niños y adolescentes que viven en pobreza monetaria en América Latina aumentará en 7,6 puntos porcentuales hasta llegar a 51,3%. Es decir, afectará a uno de cada dos. En este contexto de abrupta precarización, es más urgente que nunca proteger a los más vulnerables.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 25 de julio del 2021 en el diario La República.

The post Pandemia de violaciones first appeared on Videnza Consultores.

The post Pandemia de violaciones appeared first on Videnza Consultores.

Hagamos un poco de memoria para situar este mandato en su real dimensión. En 1994, el principal acuerdo de la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo, fue cambiar el enfoque tradicional de planificación familiar —centrado en combatir las altas tasas de fecundidad— hacia la visión actual de derechos y empoderamiento de la mujer. Esto tuvo efectos en el mundo entero.

En nuestro país, si bien este nuevo paradigma llevó a una mayor provisión de información y métodos anticonceptivos, recién en el 2001 se incluye la anticoncepción oral de emergencia como política pública. Esta se empieza a implementar cuatro años después con la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. El objetivo principal de esta disposición fue contar con un método seguro y accesible frente al riesgo de embarazos no deseados y sus consecuencias de gestaciones de alto riesgo o, peor aun, de abortos provocados y su impacto en la mortalidad materna.

Sin embargo, en el 2009, tras una acción de amparo contra la distribución de la píldora presentada por un grupo conservador religioso, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que el Minsa dejara de distribuirla. Dos hechos resultaron sorprendentes de este fallo. Primero, que el TC considerara que existía una “duda razonable” respecto a la naturaleza abortiva de la píldora cuando, tres años antes, el mismo TC había aseverado que la anticoncepción oral de emergencia era anticonceptiva y no abortiva. Y, segundo, que en dicho fallo el TC no se pronunciara sobre la venta comercial de la píldora, que continúa ininterrumpidamente hasta hoy. Es decir, era una medida discriminatoria contra quienes no tenían los recursos para comprar el producto. Algunos especialistas consideraron esta decisión como una de las incongruencias más notables en la salud pública peruana.

En el 2014, la fiscal Violeta Gómez presentó una acción de amparo contra la decisión del TC, y es así como llegamos a esta decisión del Poder Judicial que restablece los derechos negados entre el 2006 y 2009 a las personas más vulnerables y con menos recursos de nuestra sociedad. Durante esos tres años de vigencia de la política de anticoncepción oral de emergencia, según datos del Minsa, se benefició a más de 107.000 mujeres en la sierra, la selva y los conos populosos de Lima.

Está científicamente probado –como lo sostiene la Organización Mundial de la Salud– que la píldora del día siguiente no interrumpe un embarazo. Lo que hace es retrasar o evitar la ovulación, con lo que impide que un espermatozoide fecunde un óvulo y, por lo tanto, evita el embarazo. Pero si la concepción ya se produjo, no la interrumpirá.

El informe “Estado de la población mundial 2019. Un asunto pendiente: la defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas”, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reveló que al 2019 el 56% de peruanas de 15 a 49 años usa algún tipo de método anticonceptivo moderno: píldoras anticonceptivas, esterilización, implantes hormonales, dispositivos intrauterinos, preservativos, etc. Además, el 13% de las adolescentes peruanas de 15 a 19 años ya son madres o están embarazadas. En estos casos, el 70% de los embarazos no fueron planificados.

Si bien dicho informe muestra que en las últimas cinco décadas ha habido un avance del 10% al 56% en el uso de métodos anticonceptivos modernos en el Perú, todavía existen brechas en el acceso a estas políticas de salud sexual y reproductiva. Esto es especialmente notorio entre mujeres de poblaciones vulnerables, zonas rurales o en situación de pobreza. La anticoncepción oral de emergencia es, en este contexto, solo una medida a inscribirse dentro de un paquete de políticas intersectoriales.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

The post Políticas para todos first appeared on Videnza Consultores.

The post Políticas para todos appeared first on Videnza Consultores.

Tal ha sido el caso del Ministerio de Educación (Minedu) de nuestro país, que alertó sobre cómo, en diez años, la tasa de embarazo adolescente en el Perú no ha descendido. “Por ello, es necesario brindar acceso a una educación sexual integral que reduzca en nuestras niñas las probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado”, agregaba el Minedu en su mensaje. Y es que, mientras en el 2009 la tasa de embarazo de jóvenes entre 15 a 19 años a nivel nacional era de 13,7%, actualmente se sitúa en 13,5%.

En el 2012, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. Una de sus metas emblemáticas al 2021 es reducir el embarazo adolescente en 20% de lo reportado en el 2010. ¿Cuál era la tasa de embarazo adolescente entonces? 13,5%. Es decir, no ha habido mejora.

Sin embargo, para el INEI el embarazo adolescente a nivel nacional sí descendió en 1,6% en el período intercensal 2007-2017. Y precisa que las localidades con mayor reducción fueron Madre de Dios, (5,5%), San Martín (5,4%) y Loreto (4,6%). ¿Cómo plantear políticas intersectoriales cuando instituciones rectoras manejan distinta información sobre un tema tan sensible?

Como sabemos, la maternidad temprana trae mayor riesgo para la salud y la vida de la madre y el bebe, la pérdida de oportunidades de educación y de empleo digno, y perpetúa la pobreza y la exclusión. Suele estar vinculada a contextos de falta de oportunidades, exclusión y, especialmente en las menores de 15 años, a violencia sexual.

Según la última edición de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (INEI, Endes 2017), el 13% de las mujeres entre 15 y 19 años son madres. En comparación, solo el 1% de los hombres de la misma edad son padres. Además, el 77,2% de las madres de 15 a 19 años del área urbana no asiste a un centro educativo, cifra que en el área rural sube a 88,9%.

El limitado acceso a la educación y la deserción escolar, así como la falta de instrucción en métodos modernos de planificación familiar, contribuyen a agravar la situación. No acceder a formación escolar y a una educación sexual integral pone en situación de riesgo a las niñas y adolescentes, pues tienen más probabilidades de caer en situaciones de violencia o embarazo no deseado.

¿Qué hacer? Urge diseñar e implementar políticas públicas multisectoriales basadas en evidencia. Estas obviamente requerirán de recursos que el Estado debe estar dispuesto a proveer y, sobre todo, de decisión política para aplicarlos. Si los diagnósticos no llevan a ejecutar políticas concretas, no sirven para nada.

Entre las estrategias, por supuesto, debe estar incluir la educación sexual y reproductiva en los programas curriculares de educación primaria y secundaria para prevenir embarazos no deseados. La educación sexual temprana es especialmente necesaria para generar conciencia sobre potenciales situaciones de abuso físico o sexual y poder detectarlas. Complementariamente, el sistema debe poder proteger a quien realiza la denuncia —de poco sirve generar conciencia si se carece de herramientas para resguardar a la persona agredida y castigar al agresor—.

Todo lo anterior solo será posible capacitando a los profesores en sexualidad desde un enfoque de género y derechos humanos.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Ilustración: Rolando Pinillos / Diario El Comercio

The post #EmbarazoAdolescente first appeared on Videnza Consultores.

The post #EmbarazoAdolescente appeared first on Videnza Consultores.