El incremento de estos impactos en el planeta resulta cada vez más obvio. De acuerdo con el Financial Times, la fuerte sequía que vivió el hemisferio norte a mitad de este año fue 20 veces más probable de ocurrir debido al cambio climático. Según reporta el World Economic Forum, este fenómeno trajo consigo efectos desiguales, al crear “islas de calor” en vecindarios con menos espacios verdes, usualmente de bajos recursos.

Asimismo, como informa el New York Times, estudios confirman que, a pesar de que se esperaban fuertes lluvias este año, el cambio climático jugó un rol decisivo en el grave impacto generado por las inundaciones en Pakistán en agosto. Las intensas precipitaciones, combinadas con la alta vulnerabilidad de esta región, dieron pie a un evento mucho mayor de lo previsto que tuvo su desenlace en el desplazamiento de millones de personas.

En el caso de Lima, se pudo observar impactos análogos durante el Fenómeno El Niño del 2017. También se evidenció la magnitud de los daños dada la poca preparación para enfrentar estos eventos: 34 distritos fueron declarados en emergencia, con Chosica, Lurigancho-Chosica y Huarochirí con los casos más apremiantes.

La mayoría de los distritos de la capital se vieron afectados por la falta de suministro de agua, a raíz del cierre de una planta de tratamiento de agua potable para evitar daños por los desbordes de ríos. El balance final: 16,000 damnificados, 41,000 afectados, 17 fallecidos, 139 puentes destruidos, 181 puentes afectados y 962 kilómetros de carretera destruidos.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, en 2021 se presentó el “Plan local de cambio climático de la provincia de Lima 2021-2030”. De manera general, plantea acciones para asegurar la gobernanza climática, así como para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Una de sus tres estrategias aborda la adaptación. Esta apunta a incrementar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático mejorando continuamente las capacidades de adaptación ante peligros climáticos.

A pesar del optimismo resultante de contar con un plan como este, para que pueda ser llevado a la realidad es necesario contar con iniciativa política desde la nueva gestión de la alcaldía. Sin embargo, no se ha encontrado mucho énfasis en ello, visto desde los planes electorales.

En las elecciones, varias propuestas electorales contemplaron el incremento de áreas verdes mediante forestación y reforestación en zonas estratégicas de la ciudad. La mayoría consideró acciones de control e infraestructura para prevenir los riesgos del cambio climático e iniciar una recuperación ecológica de espacios naturales, especialmente en defensas ribereñas en los ríos más representativos de la ciudad.

Fueron menos del 50% los partidos que consideraron implementar programas o proyectos para incrementar la capacidad de respuesta frente a peligros climáticos. En tal sentido, a pesar de haber identificado medidas vinculadas moderadamente a la adaptación, ninguna cumplía con atender el alcance de la problemática relacionada a ella, el cual sí es contemplado por el plan local mediante múltiples acciones.

De acuerdo con el plan, alcanzar el objetivo final de resiliencia y reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático, no solo requiere incrementar la proyección de infraestructura, sino además implementar sistemas de alerta temprana ante peligros climáticos. Además, integrar principios de sostenibilidad en la propuesta urbanística y de vivienda, fortalecer la infraestructura natural, entre otras acciones.

Asimismo, el plan busca impulsar medidas de forestación y reforestación como las propuestas, pero además contempla una Red de Vigilancia Ambiental de Ecosistemas e Infraestructura Natural que abarque de manera integral la promoción y conservación del ecosistema limeño. Finalmente, propone reducir los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria y la salud de la población, con prioridad en los grupos vulnerables.

El candidato elegido tendrá la tarea de preparar a la ciudad ante los futuros eventos climatológicos. Desde este espacio, esperamos que las pueda abordar con mayor profundidad que en su plan electoral. Lima y su población lo necesitan.

Realizado por: Verónica Tello y Claudia Alvarado, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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Hoy escribo como ciudadana que ve con estupefacción lo que está pasando en el país. Y también escribo con la mirada de economista dedicada al trabajo de políticas públicas en salud. Ambas, en esta oportunidad, convergen en una enorme preocupación por la salud mental de los peruanos.

Así como nuestras instituciones están cada día más débiles, los ciudadanos, testigos de este descalabro político, estamos siendo llevados al extremo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este nivel de incertidumbre, de nula empatía hacia quienes los políticos dicen representar? El nivel de confrontación y deterioro que estamos viviendo ya fue mucho más allá de un juego de intereses partidarios.

La salud mental de la población está extremadamente vulnerable. Hemos pasado dos olas de contagios y, aunque el número de enfermos está disminuyendo, no estamos libres de una tercera ola —ahora mismo Arequipa vive una situación dramática—.

Tres millones de peruanos han caído en la pobreza, cerca de dos millones han perdido sus empleos y, para poder conseguir trabajo, la economía debe reactivarse. Vemos esto distante por la incertidumbre terrible en la que estamos inmersos. A todo lo acumulado se le une ahora este escenario político enloquecido.

Todo tiene un límite. Hay que saber perder. Keiko Fujimori y sus aliados, blandiendo un supuesto fraude que siguen sin poder probar, continúan llevándonos al despeñadero. Mientras tanto, instituciones como la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los EE.UU., y organizaciones locales como Transparencia —por citar solo algunas— consideran que hubo elecciones libres y democráticas en el Perú.

Pero, también hay que saber ganar. Pedro Castillo tiene que dar tranquilidad a la población y ponerse a la altura del reto. Ningún flanco debe quedar sin resolverse prontamente. Todo lo que dé certidumbre y señales que puedan darnos confianza: por ejemplo, empezar por anunciar quiénes liderarán el BCR, la SBS, el MEF y la PCM. Dar mensajes que muestren que se avanzará en la reactivación sin cambios abruptos de las reglas de juego, pero con un Estado que efectivamente llegará con más y mejores servicios a los ciudadanos. Hasta ahora lo que vemos es mucha improvisación y aliados preocupantes.

¿Cómo seguir avanzando si se persiste en destruir lo poco que tenemos en institucionalidad y, en el camino, se atenta contra la salud mental de la población? Un contexto que no solo afecta a los adultos, sino también a los niños. Somos de los pocos países del mundo donde los chicos no han vuelto a clases ni una sola vez en 15 meses. Esta situación está teniendo un enorme impacto en ellos.

Prioricemos la vacunación de maestros y jóvenes entre 12 y 17 años para que puedan volver a clases de manera segura. Será de enorme ayuda para su salud mental y para la de sus padres, que hacemos denodados esfuerzos para monitorearlos y sostener su equilibrio emocional en estas circunstancias.

Lo mínimo que uno le pide a sus autoridades es predictibilidad para poder vislumbrar el futuro. Pretender justificar un golpe de Estado o desconocer a las autoridades electorales es sencillamente inaceptable.

¿La dictadura para salvar la democracia? ¿La locura para preservar la cordura? ¡Basta ya!

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 27 de junio del 2021 en el diario La República.

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De confirmarse la elección de Pedro Castillo, toda la atención en el corto plazo estará centrada en la designación de los principales cargos para darle credibilidad a los anuncios de moderación. Hace una década, los nombramientos del entonces presidente electo claramente surtieron efecto al descartarse un manejo heterodoxo de la economía. Esta ocasión es distinta por que la izquierda rechaza reeditar una versión de la hoja de ruta y las bases partidarias de Perú Libre son mucho más radicales y rupturistas que en el pasado. La situación del país ahora es muy distinta. El contexto pospandémico es uno de mayor precariedad social, polarización, radicalismo y rechazo del statu quo.

Sin embargo, es inevitable que algo de pragmatismo se imponga por las enormes complejidades de gobernar un país como el Perú, incluyendo lidiar con los focos de conflictividad social y las múltiples contingencias que atender. Además, hay un número significativo de puestos de confianza que tendrán que ser llenados y el consiguiente proceso de aprendizaje tomará algún tiempo. El hecho que un gran segmento de la población esté urgido de soluciones inmediatas y con expectativas al tope hacen prever que el próximo Gobierno no tendrá tregua alguna. Al margen de quien gane las elecciones, el mayor riesgo es que se dé una mayor convulsión social, especialmente en las regiones que votaron abrumadoramente a favor del cambio radical, con una administración pública en transición e inexperta.

En las seis semanas que restan hasta el 28 de julio, además de la puesta en marcha de las comisiones de transferencia, hay dos frentes que no se pueden soslayar y exigirán la atención prioritaria del próximo gobernante: el legado del Congreso saliente y la probabilidad de una tercera ola de la pandemia.

El Parlamento saliente no solo deja un legado de leyes inconstitucionales por contener iniciativa de gasto (4% del PBI según el Consejo Fiscal), sino que también ha introducido regulaciones distorsionantes y ha debilitado el sistema de pensiones. Es probable que el Tribunal Constitucional, que está en proceso de dirimir la constitucionalidad de muchas leyes, cambie su conformación antes que termine la legislatura. Además, se esperaría un festival de nuevas leyes durante el periodo de “pato rengo” entre la segunda vuelta y la toma de mando que ha sido tradicionalmente aprovechado por el Congreso para culminar su agenda legislativa. Hay 1,072 proyectos de ley o dictámenes en la Comisión de Economía y más de mil en la Comisión de Constitución pendientes de aprobación. El incentivo a aprobar leyes estaría agravado por la renovación total de los legisladores, situación que ciertamente dejará significativas contingencias al nuevo Ejecutivo.

El activismo legislativo se aprecia también en la decisión de aprobar cambios constitucionales de manera apresurada en la cuarta legislatura a punto de empezar. Por un lado, resulta evidente la intención de limitar las cuestiones de confianza a futuro (y reducir el riesgo de futuras disoluciones del Parlamento); por el otro, el deseo de modificar la Carta Magna para habilitar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. En cualquier caso, la legitimidad de cambios tan trascendentales para poner “candados” o “generar válvulas de escape” introduciría precedentes delicados. Las decisiones que tome el Parlamento darán pie a las negociaciones políticas que pronto vendrán para la conformación de una nueva mesa directiva y las coaliciones que se logren armar. Estas negociaciones políticas determinarán en gran medida la estabilidad política del país.

De otro lado, es altamente probable que en las próximas 6 semanas tengamos una tercera ola de la pandemia. El período fue más corto entre el pico de la segunda y tercera ola en países como Alemania y el Reino Unido y, a diferencia del Perú, ya tenían una tasa de vacunación superior al 30%. Los mítines de segunda vuelta y las aglomeraciones (especialmente en Arequipa, Cusco y Puno), la potencial entrada de nuevas variantes y el riesgo de discontinuidad en el plan de vacunación nacional con el nuevo Gobierno, alimentan la probabilidad de una nueva ola, cuya contención tendrá necesariamente que ser una prioridad para las nuevas autoridades.

Materializar los cambios prometidos por el Gobierno entrante no solo requiere de acuerdos mínimos con el nuevo Congreso, sino que su margen de acción (al menos inicialmente) estará condicionado por la primacía de la realidad, al tener que confrontar con un periodo de transición que probablemente no esté exento de urgencias. Lo más razonable será que se prioricen los cambios que logren los mayores consensos políticos y no insistir con recetas improvisadas sin medir bien las consecuencias que podrían traer. La población exige empleo y vacunación rápida y efectiva; no promesas que desatiendan su bienestar.

Realizado por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 11 de junio del 2021 en el diario Gestión.

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Si nos ceñimos a los resultados de la ONPE, Pedro Castillo suma más votos que Keiko Fujimori. Hasta que el JNE pueda oficialmente determinar al ganador, Castillo debe darle calma a la población. Hace bien Pedro Francke en salir a asegurar que se respetará la propiedad privada, los ahorros, la autonomía del Banco Central de Reserva… Pero con tantos anuncios que durante la campaña tuvieron idas y vueltas, los ciudadanos y el mercado necesitamos mayores precisiones. Más aún en este contexto de bombardeo de noticias falsas, intolerancia generalizada, incitación a la violencia de uno y otro lado, irresponsables gritos de fraude y con un Congreso que pretende desestabilizar todavía más este escenario político tan complejo.

¿Alguien se ha puesto a pensar en cómo será el proceso de transferencia en estas condiciones donde, además, no puede haber el menor bache posible en el avance de la vacunación? El coordinador de salud del plan de gobierno de Perú Libre, Hernando Cevallos, ha declarado que están abiertos a escuchar al ministro de Salud, Óscar Ugarte. Eso no debería siquiera estar en discusión. Tiene el deber de escucharlo, y cuanto antes.

En el 2016, tras la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, asumí el encargo de liderar al equipo de transferencia del sector salud. Durante poco más de tres semanas, las comisiones de transferencia de los 19 ministerios recibimos de la autoridad saliente la documentación de la situación administrativa, operativa y económico-financiera de cada sector, así como informes sobre los resultados alcanzados y los asuntos urgentes en los que debería enfocarse la nueva gestión. Dada la coyuntura actual, los equipos de transferencia de funciones deberían plantearse trabajar juntos unas semanas. Superponerse para que haya realmente una transferencia de capacidades, no solo administrativa.

Esa experiencia del 2016 me permitió, también, confirmar que los Gobiernos estaban entendiendo la importancia de continuar aquellas políticas de Estado que mostraban resultados positivos concretos. En el caso del sector salud, por ejemplo, eran entonces –y lo son ahora con mayor razón– aquellas medidas que permitieron avanzar en el aseguramiento universal y que priorizaban la atención primaria en salud. Ese darle continuidad a lo bueno no puede cambiar.

En plena pandemia, con la posibilidad latente de una tercera ola de contagios y tratando de remontar el severo deterioro político e institucional de los últimos cinco años, debemos ya considerar cómo se dará este proceso de cambio de mando.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 13 de junio del 2021 en el diario La República.

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Improvisación. Idas y venidas. Contradicciones. Enmendaduras de plana entre integrantes de una misma agrupación política. Los electores escuchamos propuestas que cambian constantemente; que se van lanzando sobre la marcha. No sabemos a quién creer y dudamos que incluso se vaya a cumplir aquello que se promete. En el “mejor” de los casos, son anuncios con ánimo político y sin visión técnica. En otros, son engaños abiertos —o los sentimos como tales, que para efectos prácticos es lo mismo—.

Si bien la pandemiaes el marco fundamental para comprender estas elecciones, la polarización que estamos viviendo se viene gestando desde mucho atrás. En este contexto de crisis económica y sanitaria, con unas redes sociales que añaden toxicidad y zozobra, vemos amistades rotas, familias divididas, colegas acusándose de vendidos unos a otros, ataques hacia y desde los medios de comunicación. Un daño al tejido social y a la confianza interpersonal que no se recuperará en el corto plazo.

Lograr una mayor cohesión social implica avanzar en una agenda ineludible: concluir un proceso de descentralización que sigue trunco; mejorar la eficiencia en el uso del canon; avanzar en una profunda reforma fiscal; implementar en el Estado un verdadero servicio civil centrado en el ciudadano; aumentar la protección social… Estas reformas no requieren cambiar el modelo económico, pero sí demandan el fortalecimiento institucional y la mejora urgente de la gestión pública para que más y mejores servicios lleguen a la población.

Sabemos que el grueso de las instituciones —públicas y privadas— están desprestigiadas. Pero, a la ausencia de una estructura organizacional sólida, se suma ahora la pérdida del valor de la palabra. Qué mayor demostración de nuestra precariedad institucional que los dos candidatos firmen públicamente la “Proclama ciudadana”. En cualquier sistema político medianamente funcional, este documento con doce compromisos de respeto a la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos sería una obviedad.

En el debate de esta noche, Pedro Castillo y Keiko Fujimori tienen el deber de dar respuestas claras a la ciudadanía. Y de hacerse responsables de sus dichos. El primero debe transparentar su relación con el condenado Vladimir Cerrón, garantizar que respetará la propiedad privada, los contratos firmados, el orden legal, los derechos de las minorías, la libertad de expresión. La segunda debe explicar por qué la destrucción sistemática de la institucionalidad democrática que lideró en 2016 no se repetirá, aclarar que las esterilizaciones forzadas no fueron “planificación familiar”, esclarecer qué rol tendrían en su eventual gobierno cuestionables personajes del pasado fujimorista.

La palabra sin valor llega vacía. Su autor no asume compromisos y su interlocutor no le otorga su confianza. ¿Qué motivación fiscalizadora puede tener quien da por hecho que sus autoridades no cumplirán sus promesas? Bien sabemos adónde nos lleva esa desidia cívica. Y si algo requerimos hoy es una ciudadanía vigilante y comprometida.

Necesitamos recuperar el valor de la palabra. No la del maestro o la de la política; la palabra del peruano, sin distinción.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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La enormidad de los desafíos que el Perú tiene por delante parece ser tan grande como la incertidumbre que generan los dos candidatos en carrera presidencial. Quien sea que llegue a Palacio de Gobierno deberá, forzosamente, empujar una agenda que logre un equilibrio económico responsable con redistribución y mirada regional. El problema es que aún no sabemos si los candidatos tienen las capacidades técnicas y de diálogo requeridas para tamaña tarea.

Esta semana fue interesante escuchar a dos jóvenes analistas políticos con una visión nacional, pero sin el filtro limeño. El periodista Marco Sifuentes entrevistó al arequipeño Gonzalo Banda, profesor de la Universidad Católica Santa María y San Pablo de Arequipa, y a la piurana Zaraí Toledo, socióloga y PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de British Columbia.

Banda se preguntó: ¿qué razones habría para que las regiones no reclamen? ¿Qué ha cambiado estructuralmente tras las grandes reformas aplicadas que hacían pensar que, después de una crisis sanitaria y económica como la actual, las regiones despertarían y dirían: “Oye, ¡qué maravilloso esto de vivir en el Perú y de tener que perseguir camas UCI y oxígeno!”? Cuando este reclamo se manifiesta en elecciones, desde Lima se titula: “El Perú profundo ha hablado”, “Las regiones reclaman ser oídas”. Lima no puede seguir indiferente.

Con un proceso de descentralización donde se transfirió competencias, pero no capacidades, toda decisión política sigue sometida al visto bueno del Ejecutivo. No se confía en el criterio regional, y la estabilidad nacional no está asociada al diálogo con las regiones ni con los sectores populares.

Lo que caracteriza al Perú es su completa desarticulación. Por eso, lo que se reclama al próximo Gobierno no son solo ajustes al sistema económico, sino sobre todo al sistema político: incorporar a las regiones dentro del debate nacional y la agenda pública.

Según los entrevistados, el referente en el sur es Evo Morales, y en el norte es Rafael Correa. ¿Por qué? Toledo señala que, en el norte, el fenómeno El Niño sigue marcando la agenda. Son regiones que viven en perpetuo estado de reconstrucción y que miran cómo las acciones de prevención implementadas en Ecuador mitigaron los daños que sufrieron los ecuatorianos en el 2017.

En el sur, Banda explica que Bolivia ha avanzado en su matriz energética y que el gas barato llega a casa de todos, mientras que en el Perú sigue siendo una promesa incumplida —pagamos 50 soles por balón—. Entonces, cuando un candidato promete nacionalizar los recursos estratégicos, desde Lima gritan: “¡Pero qué le pasa!”. El punto no es, por supuesto, defender a Morales o Correa ni copiar sus modelos, en absoluto. Sería un despropósito. Pero sí debemos abordar nuestros temas con una mirada comparada para entender qué mensaje se está reivindicando y qué necesidades prioritarias siguen insatisfechas. Es decir, que el Estado haga su trabajo.

Si el próximo Gobierno no empuja una agenda redistributiva, en cinco años estaremos enfrentando las mismas (justas) exigencias, pero con mayor polarización.

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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Ahora que sabemos quiénes disputarán la segunda vuelta electoral, muchos tenemos más dudas que certezas. Por ello, conviene mirar con atención sus planes de gobierno. Me centraré en sus propuestas en salud.

Empecemos por los principios y enfoques que anota cada contendor. Mientras Fuerza Popular (FP) destaca la defensa y consolidación del sistema democrático y el Estado de derecho, Perú Libre (PL) defiende un modelo democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antimperialista.

Para FP, los principales problemas del sector salud son su fragmentación y desarticulación; el déficit de recursos humanos, infraestructura, equipamiento e insumos; su insuficiente financiamiento y las deficiencias en la ejecución del gasto. Para PL, el problema está en el porcentaje del presupuesto público que se asigna a la salud, pues existe la preocupación de la inequidad en el sistema.

Veamos sus objetivos y principales resultados propuestos. Para FP serán mejorar el primer nivel de atención mediante una red interconectada de centros; construir y equipar hospitales de baja, media y alta complejidad; fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa) y mejorar su financiamiento; y hacer arreglos institucionales para avanzar hacia la seguridad social universal.

PL plantea una salud pública orientada a los intereses del pueblo; la declaratoria de emergencia del sector; un sistema universal, único, gratuito y de calidad; un tarifario único para clínicas privadas; impedir la concentración y el monopolio; una brigada médica internacionalista, y la despenalización del aborto. Además, para cada región anuncia hospitales especializados y de salud bucal; universidades estatales de ciencias médicas; programas de residentado regionales para médicos; programas de médicos de familia, y odontólogos y psicólogos para colegios.

FP promete destinar el 7% del PBI al sector, con un aumento gradual hasta llegar al 10%; mejorar la capacidad de compra y gestión del gasto; aumentar el número de centros de salud construidos y equipados; reducir al 10% las atenciones de bajo riesgo en los hospitales de alta complejidad; realizar 80.000 pruebas moleculares diarias; y avanzar hacia un sistema de salud articulado e interoperable. PL propone aumentar el presupuesto público al 10%; que las regiones, por ley, tengan cuatro hospitales especializados para asistencia, docencia e investigación; y un médico de familia para cada 2.500 habitantes con consultorio-vivienda. Queda la interrogante de cómo harán viables estos incrementos.

En cuanto al control de la pandemia, FP propone un plan de vacunación apelando a brigadas comandadas por los Gobiernos locales, bajo la rectoría del Minsa y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los Gobiernos regionales, la empresa privada y sus gremios, organizaciones de la sociedad civil y las iglesias. PL no hace mención a la pandemia en su plan de gobierno.

¿Cuánto de lo que anuncian podrá ser concretado? Quizá lo principal esta vez sea entender la estrategia que plantea cada candidato. ¿Proponen alianzas Estado-empresa-ciudadanía, con roles y reglas claramente definidos? ¿Apelan a consensos, liderazgo y continuidad? ¿Podemos partir de ahí?

Realizado por: Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores

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