La ausencia de conectividad y su deficiente calidad han generado una brecha digital entre las áreas urbanas y rurales. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares al tercer trimestre del 2022, solo el 21% de los hogares rurales accede a internet, lo que representa alrededor de la mitad de la cifra registrada en zonas urbanas. Esta situación se agrava en términos de calidad, pues la mayoría de los hogares rurales solo dispone de internet móvil, una alternativa más lenta y menos confiable que el internet fijo. Alrededor del 6% de la población en el ámbito rural cuenta con acceso a esta última alternativa, mientras que la cobertura urbana supera el 90%, de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

La falta de acceso a internet de calidad limita disponer de servicios básicos en línea, como educación y atención médica. Asimismo, es una barrera importante para el desarrollo de las funciones del Estado, en particular para la implementación de políticas públicas en todo el país. ¿Cómo mejorar esta situación?

El 30 de abril del 2023, Starlink quedó habilitado para brindar servicios en Perú a través de una resolución ministerial emitida por el MTC. La llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, puede ser de gran ayuda para aumentar la conectividad en áreas rurales y reducir la brecha digital. Gracias a su red de satélites, Starlink ofrece una conexión de alta velocidad y calidad en lugares donde actualmente es difícil obtener dicho servicio. Esta red, que funciona como una torre de internet en el espacio, brinda acceso a internet sin importar las condiciones geográficas de sus usuarios.

En el actual contexto de fuertes lluvias que afectan al país, el acceso a información y a servicios básicos en línea —como poder recibir alertas tempranas y coordinar acciones de ayuda y rescate— se vuelve aún más crucial. Además, Starlink lleva ventaja como alternativa de conectividad porque no se ve afectado por la destrucción de infraestructura de telecomunicaciones y la consecuente la interrupción del servicio.

No obstante, la llegada de Starlink también plantea desafíos. El elevado costo del servicio de internet satelital puede ser prohibitivo para muchos. Además, la falta de capacitación y educación en tecnología podría limitar el uso efectivo del servicio. Convendría explorar formas de reducir el costo del servicio para los hogares y las empresas, especialmente en áreas rurales, donde hay una mayor brecha por cerrar. Además, invertir en programas de capacitación y alfabetización digital para garantizar que todas las personas posean las habilidades necesarias para aprovechar al máximo la conectividad que ofrece Starlink. Solo así se podrá garantizar que esta tecnología sea una herramienta para la inclusión y el desarrollo en el Perú.

Realizado por: Verónica Tello y Daniela Santander, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente

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En las últimas décadas, las trayectorias de crecimiento de los países de la región han sido divergentes. Los países que han logrado tasas de crecimiento sostenidas a través del tiempo han sido capaces de mejorar las condiciones de vida de su población y reducir la pobreza, mientras que en aquellos con menores tasas de crecimiento los niveles de pobreza se mantuvieron o redujeron a menor velocidad. 

¿Cómo alcanzar tasas de crecimiento sostenidas? De acuerdo con diversas teorías económicas, el crecimiento es el resultado de la acumulación de capital físico, capital humano y el nivel tecnológico asociado a ese capital humano. En el caso de este último, más allá del volumen de trabajadores activos, lo fundamental en el largo plazo es elevar el nivel de productividad. Un trabajador más productivo accederá a mayores niveles remunerativos, mejorará su calidad de vida y contribuirá al crecimiento de su país. Por consiguiente, las habilidades profesionales de una persona, tales como la experiencia laboral y su formación, son factores clave para el desarrollo económico.

La calidad educativa de la población y los conocimientos obtenidos son determinantes, ya que gracias a ellos se desarrollan las competencias. Hoy, los procesos de capacitación de gran parte de las empresas están destinados a aumentar la competencia y la productividad de los colaboradores, pues dependen de su talento y capacidad. Una empresa es tan buena como lo son sus colaboradores. Por eso, los departamentos de recursos humanos ponen especial atención a la gestión, selección y optimización del personal.

Tal como se menciona en el “Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación” del Banco Mundial, la educación y la formación mejoran la capacidad del individuo de asimilar y utilizar información, le ayudan a conocerse a sí mismo y a conocer el mundo que le rodea, enriquecen su mente al ampliar su experiencia y le permiten tomar decisiones más acertadas como consumidor, productor y ciudadano. Al aumentar su confianza en sí mismo y su capacidad creadora y de innovación, se multiplican sus oportunidades de adelanto personal y social. Todo ello se trasluce en términos macroeconómicos.

Es así como el capital humano, la educación y la economía se entrelazan y orientan a la formación no solo de personas más capacitadas, sino de ciudadanos más competitivos. Esto, finalmente, se traduce en un país con mayores oportunidades para todos de manera equitativa. Desde los programas de formación profesional en gestión y habilidades directivas que ofrecemos en Videnza Escuela de Gestores confiamos en que lograremos convertirnos en un aliado estratégico para el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia en el Perú.

Realizado por: Joaquín Rey y Katherine Campos, investigador principal y coordinadora de Comunicaciones y Capacitaciones de Videnza Consultores, respectivamente

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Esta baja productividad se asocia, en parte, a la calidad del capital humano. Y esta, a su vez está ligada a la baja calidad de educación. En este punto, los datos van de mal a peor. Es altamente conocido que nos situamos entre los peores países en la prueba Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes). En 2018, Perú ocupó el puesto 64 de 77 países; los resultados en comprensión lectora, matemática y ciencia se ubican por debajo de Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil.

La educación superior sigue el mismo patrón, a pesar de que se conoce que una educación superior de calidad es un requisito indispensable para generar desarrollo en un país. Un estudio de la Universidad del Pacífico encuentra que los trabajadores egresados de universidades de mayor calidad tienen ingresos salariales que, en promedio, son 80% mayores a los de sus contrapartes que asistieron a instituciones de menor calidad.

Asimismo, antes de la pandemia, el subempleo profesional afectaba a cuatro de cada diez egresados universitarios, y 47% de las empresas tenían vacantes difíciles de llenar. De estas, el 76% se explicaba por falta de habilidades de los candidatos.

Queda claro que existe un problema en la calidad de la educación superior. En ese contexto es que, con la Ley Universitaria (Ley 30220), se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), organismo responsable del licenciamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario. En concreto, la Sunedu busca asegurar las “condiciones básicas de calidad”, un conjunto de estándares mínimos con los que las universidades deben contar para obtener el licenciamiento.

Estas condiciones abarcan desde la adecuada estructuración académica —oferta educativa, infraestructura, líneas de investigación, personal docente calificado, entre otros— hasta la existencia de mecanismos de inserción laboral, de manera que operen como un mecanismo de protección para los estudiantes, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Bajo este enfoque de mejora en la calidad educativa, la Sunedu otorga licencias a aquellas universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad. A la fecha, se ha denegado el licenciamiento a 48 universidades y dos escuelas de posgrado. De ellas, el 96% eran instituciones de gestión privada y el 38% estaban en Lima.

La denegación de licenciamiento generó incentivos a algunos centros educativos para mejorar la calidad de su educación. Ejemplo de ello es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Unica) que, aunque su primera solicitud de licenciamiento institucional fue denegada, luego consiguió licenciarse tras verificarse su cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

Un elemento fundamental para el éxito de la reforma fue la independencia del Consejo Directivo de la Sunedu. No obstante, a inicios de mayo, el pleno del Congreso aprobó la ley que propone “restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Propone cambiar el Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría de ser integrado por profesionales independientes elegidos por concurso público, a tener tres representantes de las universidades públicas y privadas del país.

Esto desnaturaliza la independencia que debe tener un organismo regulador con aquellas instituciones a las que supervisa. Además, la Sunedu pierde la posibilidad de actualizar las condiciones básicas de calidad hoy exigidas a las universidades.

Dadas la baja productividad y la latente necesidad de reformas que fomenten la calidad de la educación en el país, es necesario cuestionar las políticas públicas que no están relacionadas con uno de los objetivos fundamentales de la educación: el crecimiento y desarrollo de los peruanos.

Por el contrario, ponen en riesgo la continuidad de políticas públicas que han demostrado ser exitosas.

Realizado por: Joaquín Rey y María Alejandra Ormeño, investigador principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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Muchos de los datos necesarios para responder a las preguntas anteriores eran recogidos y sistematizados por Semáforo Escuela, una herramienta del Ministerio de Educación cuyo objetivo era “brindar información confiable, periódica y oportuna sobre la entrega del servicio educativo”. Se buscaba que el Minedu y las instancias de gestión descentralizada —direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local (UGEL)—, cuenten con información oportuna para tomar acciones rápidas de gestión que permitan ofrecer un mejor servicio educativo al estudiante.

Durante la pandemia, Semáforo Escuela fue la herramienta que más rápido se adaptó a la nueva realidad. Implementó operativos de encuestas telefónicas para identificar información valiosa, ya no solo de las escuelas (directores y docentes), sino también de los estudiantes y sus familias. Fue así como se pudo conocer el porcentaje de estudiantes que estaban accediendo a “Aprendo en casa” y por qué medio (internet, televisión o radio). También permitió  evidenciar las brechas de conectividad tanto de los estudiantes como de los docentes. Esta información sirvió, en parte, como fundamento para tomar medidas como adquirir tabletas o dotar de planes de datos a los docentes. Y, en general, Semáforo Escuela hizo posible conocer mejor cómo se venía prestando y gestionando el servicio educativo en las condiciones tan difíciles que la pandemia generó.

Quizás más que nunca antes, para este año escolar 2022 era crucial contar con información sobre el estado de las escuelas antes del inicio de clases (siempre Semáforo Escuela realizaba un operativo previo al inicio de clases para conocer la situación de las escuelas). Además, para hacer seguimiento a cómo se va dando el servicio educativo y qué contingencias deben ser enfrentadas tras dos años de cierre. Sin embargo, el titular de Educación, Rosendo Serna, decidió que no haya Semáforo Escuela este año. Ante el Congreso de la República, el ministro señaló: “En el marco de utilizar adecuadamente los recursos, estamos planteando cerrar el tema de Semáforo Escuela y dedicar ese presupuesto para mejorar las instituciones educativas”.

¿Había cosas por mejorar en Semáforo Escuela? Por supuesto que sí. Quizás la más urgente —aunque se avanzó durante la pandemia—, era la capacidad de convertir todos los valiosos datos recogidos en información útil para las direcciones del Minedu, las DRE, UGEL y, por qué no, para  los directores, docentes y padres de familia. Lamentablemente, no todos los actores del sector vieron a Semáforo Escuela como una herramienta de ayuda para su gestión. Por el contrario, la sintieron como una carga administrativa más, y como una herramienta de fiscalización. 

Un segundo aspecto por mejorar era articulación con otros sistemas de recojo de información del propio Minedu e de algunas DRE o UGEL. Esta articulación era necesaria para no duplicar esfuerzos ni recargar la ya intensa agenda de especialistas de las UGEL, directores y docentes.  

Sin embargo, creo que el ministro se equivoca profundamente al considerar que utilizar con eficiencia los recursos pasa por eliminar una fuente de información valiosa para la gestión escolar y por hacer anuncios populistas sobre que esos recursos se destinarán a mejorar las instituciones educativas. Solo el año pasado se dejó sin ejecutar el 27% del presupuesto destinado a mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones en el sector educación. Hablamos de S/ 68.5 millones sin utilizar: más de cinco veces lo que Semáforo Escuela puede costar. Como hace unos días indicaba la economista Mónica Muñoz-Najar, “¡Aún estamos a tiempo para medir, no sigamos a ciegas!”.

Realizado por: Nicolás Besich*, investigador principal de Videnza Consultores

^{*Nota: el autor trabajó en la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación durante el 2020.} 

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El video del encuentro podrá verse desde este miércoles a través de las redes de Care Perú y de Perú21, pero en este espacio quisiera adelantar algunas de las ideas que más se me han quedado dando vueltas de la conversación.

Lo primero es lo crítico de la situación de nuestra educación básica. Parece inverosímil, pero a Perú le ha tomado más tiempo volver a la presencialidad que a Venezuela. En la mayor parte del mundo los colegios reabrieron en 2021, mientras que en Perú los casos de retorno fueron aislados y con horarios sumamente restringidos en áreas privilegiadas.

Es también muy llamativo lo poco que hemos hablado de esto. La factura para nuestros niños y jóvenes será enorme; difícilmente se les podrá devolver estos dos años tan duros. Sin embargo, los espacios en los que se ha abordado este problema son mínimos. En 2021 tuvimos una campaña presidencial y el tema estuvo casi ausente de la discusión política. Esto explica en buena medida el porqué de nuestra demora: hemos fallado en crear sentido de urgencia. Esto debería interpelarnos a todos como miembros de una misma sociedad.

Otro tema que surgió en la discusión es el impacto que estos dos años tendrán en términos de inequidad. Antes de la pandemia, las brechas de aprendizaje entre un alumno de una provincia de la sierra sur y un alumno de Lima eran ya abismales. Luego de los últimos dos años, las brechas son hoy aún más pronunciadas, puesto que las regiones con menores niveles de desarrollo son también aquellas donde la educación remota ha sido menos efectiva y donde las tasas de deserción han sido más altas. Esto redundará en una profundización de las fracturas de nuestra sociedad.

Otro elemento de suma urgencia que fue relevado tiene que ver con la preparación de la infraestructura y equipamiento escolar para el retorno a clases. Entre 2020 y hoy, unos 250,000 alumnos se trasladaron de la educación privada a la pública como consecuencia del deterioro de la economía de las familias. Es decir, hoy nuestras escuelas públicas deben estar preparadas para recibir un número significativamente mayor de alumnos del que asistía en marzo de 2020. Sin embargo, durante este periodo no ha habido un trabajo para ampliar la capacidad instalada de los planteles. Esto implicará que en las próximas semanas muchos alumnos se encuentren con ambientes y equipamiento inadecuados para su aprendizaje.

Para cerrar en una nota más positiva, un último tema que surgió está vinculado a la valoración del rol de nuestros docentes. Durante los últimos dos años, a cientos de miles de padres les tocó intentar reemplazar al rol de los maestros. Desde sus casas, mamás y papás tuvieron que acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos y estuvieron expuestos a los retos y desafíos propios de este encargo. Ojalá esta experiencia nos lleve a otorgar un mayor valor al papel que cumplen los docentes en nuestra sociedad.

Y ojalá que de una vez por todas nos demos cuenta de que un país que no da un lugar central a la educación de sus niños estará condenado al subdesarrollo.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 27 de febrero de 2022 en el diario Perú21.

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Este hecho es importante por dos motivos. Primero, da un ejemplo de cuál debería ser el camino a seguir por las universidades denegadas. Mientras que diversos mercachifles de la educación han tenido como única estrategia el petardeo de la reforma y de la Sunedu a través de operadores políticos y campañas mediáticas, lo que la San Luis Gonzaga ha hecho es más bien destinar esfuerzos y recursos a elevar su nivel. Es decir, mejorar su juego en lugar de irse contra el árbitro.

Lo segundo es que este hecho nos recuerda el verdadero sentido de la reforma universitaria aprobada en 2014. Esta política nunca ha tenido como objetivo cerrar universidades, sino más bien mejorar la calidad de la educación superior en el Perú. Hoy no hay duda de que se ha avanzado en ese objetivo, a través de incentivos para la mejora de la plana docente, oferta pedagógica, infraestructura y tecnología.

Lejos de lo que quieren hacernos creer los enemigos de la reforma, las exigencias de la Sunedu en ningún modo han sido leoninas o desmedidas. Basta revisar el detalle de las Condiciones Básicas de Calidad para constatar que lo establecido es un piso mínimo, todavía muy lejano del ideal. También es de notar que las universidades recibieron plazos holgados, extensiones y segundas oportunidades para asegurar una implementación gradual y razonable. Por ello no debe sorprender que las instituciones licenciadas casi dupliquen en número a las no licenciadas. Hoy queda claro que las universidades denegadas llegaron a ese punto por la sencilla razón de que nunca estuvieron dispuestas a sacrificar un sol de su renta para elevar su calidad.

Este hito llega en un momento particularmente duro para la reforma universitaria. Como hemos alertado, la próxima semana el Pleno del Congreso debatirá dos peligrosos proyectos de ley vinculados a la Sunedu. Particularmente preocupante es el que busca volver al modelo de la nefasta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en la que las universidades eran al mismo tiempo reguladores y reguladas. Su aprobación sería un misil contra la calidad de la educación superior en el Perú.

Espero que el licenciamiento de la San Luis Gonzaga recuerde a nuestros legisladores el verdadero sentido de la reforma universitaria, y espero que el compromiso con nuestros jóvenes pese más que los vínculos clientelares con grupos económicos inescrupulosos.

CODA: En esta semana en que se ha discutido tanto sobre el valor de la libertad de prensa a raíz de la absurda sentencia contra el periodista Christopher Acosta, cabe recordar –otro– compromiso no honrado de Pedro Castillo. En su reunión con un grupo de periodistas en Palacio el pasado diciembre, el presidente ofreció que empezaría a ofrecer entrevistas a inicios de 2022. ¿Por qué la demora? La lista de materias sobre las que los ciudadanos esperamos respuestas es extensa.

Si todos nos indignamos por la afrenta al periodismo libre vista esta semana, también deberíamos hacerlo por un presidente incapaz de responder a la prensa.

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 16 de enero de 2022 en el diario Perú21.

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Esto es lo que sucede hoy con la educación en Perú. Tanto en el nivel básico como en el superior, grupos de interés específico usan recursos y poder e influyen en el Ejecutivo y Legislativo para movilizar contrarreformas que van en claro detrimento del interés público.

En el caso de la educación básica, las presiones del gremio magisterial llevaron a que el viernes el Congreso anulara la prueba única nacional para el nombramiento docente, pieza clave de la reforma educativa que busca introducir principios fundamentales de meritocracia en la carrera pública magisterial. Su anulación podrá ser un alivio para algunos de los 250,000 docentes involucrados, pero va en directo perjuicio de los millones de menores peruanos y sus familias, que anhelan una educación pública de mayor calidad.

En el caso de la educación superior, la semana pasada, la Comisión de Educación del Congreso aprobó dos dictámenes que petardean la reforma universitaria: uno que da una nueva oportunidad a universidades privadas no licenciadas, y otro que plantea un cambio en la composición del Consejo Directivo de la Sunedu para retomar el modelo de la nefasta Asamblea Nacional de Rectores. En este caso, son los intereses económicos de un grupo de mercaderes de la educación los que se ven afectados, y son estos los que, a través de operadores políticos, boicotean a la Sunedu. Nuevamente en este caso los beneficiarios de la reforma universitaria son muchos más que sus perjudicados, pero estos últimos ejercen un poder tal que es capaz de hacer tambalear a una de las políticas públicas más significativas de los últimos años.

Una democracia representativa en teoría debería conducir a resultados que privilegien el interés de mayorías. Pero la realidad es que nuestras democracias son imperfectas y, a menudo, los vínculos clientelares o la corrupción influyen decisivamente en los resultados. Es por ello fundamental que los ciudadanos nos manifestemos cuando el interés general se ve tan groseramente afectado. Así sucedió el miércoles en una movilización convocada para la defensa de la reforma universitaria que, aunque significativa, resulta insuficiente.

Sabemos ya que el presidente Castillo es un enemigo de cualquier reforma que afecte intereses gremiales, como lo demostró a lo largo de su vida sindical. Estamos también comprobando que, salvo honrosas excepciones, el Congreso va en la misma dirección. Así las cosas, nos toca a los ciudadanos alzar nuestra voz hasta que a ambos poderes no les quede otra que escuchar. ¡Con la educación de nuestros niños y jóvenes no se juega!

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 19 de diciembre de 2021 en el diario Perú21.

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En este contexto de absoluto caos, es muy poco lo que hemos podido avanzar en materia de crecimiento económico, reducción de la pobreza, o Estado de derecho. No obstante, existe un ámbito en el que, contra viento y marea, el Perú ha alcanzado importantes logros: el de la educación universitaria.

Desde la dación de la Ley Universitaria y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) en 2014, se han dado pasos decisivos para la mejora de la calidad de la educación superior. Esto se ha logrado mediante el establecimiento de condiciones básicas de calidad y la implementación de un proceso de licenciamiento que permitió iniciar el cierre gradual de 49 universidades de paupérrima calidad. Estas perjudicaban a más de 250,000 estudiantes, cuyas familias hacían un enorme esfuerzo en busca de un mejor futuro, pero eran descaradamente estafadas.

La reforma universitaria encontró la feroz oposición de diversos mercachifles de la educación y sus operadores políticos, quienes durante los últimos cinco años boicotearon a la Sunedu, buscando restarle atribuciones, desprestigiándola, e intentando brindar nuevas oportunidades a universidades que tuvieron el tiempo para mejorar su calidad, pero, en lugar de destinar recursos a este fin, optaron por petardear la reforma.

El tema ha vuelto a la discusión ya que en las últimas semanas ha surgido una serie de iniciativas y personajes con un fin común: buscar un retroceso en lo avanzado. Así, durante la presente legislatura se han presentado hasta cuatro proyectos de ley que pretenden revertir el cierre de las universidades no licenciadas. Los autores de estas iniciativas tienen estudios de universidades denegadas: Darwin Espinoza de la Garcilaso de la Vega, Wilson Quispe de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, y Édgar Tello y Esdras Medina de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez.

Por si esto fuera poco, esta semana la Comisión de Educación recibió a los rectores de 10 universidades con licencia denegada. La discusión giró en torno a una nueva oportunidad de licenciamiento para las casas de estudio en proceso de cierre.

Un día antes de que esto suceda en el Congreso, el pasado domingo el presidente Pedro Castillo realizaba una incursión playera a Agua Dulce, en la que su invitado principal fue el Sr. Luis Hurtado Valencia, exrector de la Universidad Peruana de las Américas, también con licencia denegada por la Sunedu. Una cercanía que no debería sorprender, pues el auditorio de esta universidad ha sido sede de congresos y eventos del partido Perú Libre desde la campaña presidencial.

Como es evidente, estamos frente a una nueva arremetida de inescrupulosos empresarios educativos, quienes, desde diversos frentes, están dando un último manotazo de ahogado para salvar su negocio.

Ante este intento, los ciudadanos y los actores políticos comprometidos con la educación debemos ponernos firmes. El Estado no existe para favorecer intereses económicos privados, sino para perseguir el interés público. El futuro de cientos de miles de jóvenes está en juego. ¡Ni un paso atrás con la reforma universitaria!

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 28 de noviembre de 2021 en el diario Perú 21.

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En otras latitudes, la virtualidad permitió suplir en buena medida los aprendizajes en clase. No obstante, en el caso peruano, en el que 6 de cada 10 hogares rurales no acceden a Internet, y con docentes y padres de familia poco o nada familiarizados con herramientas tecnológicas, la virtualidad ha sido un sustituto paupérrimo. Esta situación se vio agravada por la incapacidad del gobierno de proveer oportunamente el esperado millón de tabletas, que serían entregadas en julio de 2020, pero terminaron en manos de estudiantes recién entre marzo y mayo de 2021.

Además de perjudicar a nuestros menores en su conjunto, este resultado ha agravado las brechas de aprendizaje existentes entre quienes nacieron en situaciones más y menos privilegiadas. La transición a la virtualidad ha sido mucho más llevadera para familias de ingresos medios y altos, que cuentan con mejor conectividad y cuyos centros educativos ya utilizaban herramientas tecnológicas.

En el extremo opuesto están los hogares en situación de pobreza, cuyos menores, en el mejor de los casos, siguieron a duras penas el Aprendo en Casa vía televisión o radio, y en el peor de los casos, dejaron totalmente la escuela. Aunque resulta complejo tener una cifra exacta, se calcula que unos 200,000 menores dejaron totalmente las clases como consecuencia de la pandemia. Esto se ha traducido en un notable incremento en el número de trabajadores de entre 14 y 18 años en el ámbito rural, que se elevó de 388,000 a inicios de 2020 a 485,000 a inicios de 2021, según estimaciones del INEI.

¿Cuál será el efecto de esta situación sobre los aprendizajes de nuestros jóvenes? De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial hace algunos meses, si las escuelas permanecieran cerradas por un periodo de un año (plazo que se terminará duplicando en el caso peruano), la porción de estudiantes que se situaría por debajo del nivel mínimo en razonamiento matemático y comprensión lectora de la prueba PISA se incrementaría de 54% a 76%.

Esto implica una pérdida monumental en términos de capital humano, oportunidades económicas y desarrollo hacia el futuro. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el cierre de escuelas por un plazo de 10 meses equivale a una pérdida de ingresos anuales por 1,313 dólares al ingresar al mercado laboral.

Con toda esta evidencia, resulta desconcertante la falta de liderazgo en el Ejecutivo para apurar el retorno a clases presenciales. De acuerdo con Unicef, a la fecha solo el 4.4% de estudiantes escolares del Perú ha regresado a la presencialidad. Como referencia, los porcentajes son de 94% en Argentina, 88% en Chile, 77% en Bolivia y 60% en Colombia. Hasta Venezuela inició este lunes un retorno masivo a las aulas. Pero en Perú el plan es iniciar gradualmente recién en marzo de 2022, para llegar al 99% en junio de 2022. Pareciera que entre nuestros líderes políticos y gestores públicos no existiera el más mínimo sentido de urgencia.

El costo de esta indiferencia será altísimo para futuras generaciones de peruanos. Hoy nos toca a todos exigir acción. ¡Retorno a las clases presenciales ya!

Realizado por: Joaquín Rey, investigador principal de Videnza Consultores

Columna de opinión publicada el 31 de octubre de 2021 en el diario Perú 21.

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Emergencias sanitarias recientes como del ébola, con once mil fallecidos en África del Este entre los años 2014 y 2015, forzaron a tomar medidas similares. Según el Banco Mundial, en Sierra Leona se cerraron las escuelas durante ocho meses y, aunque los alumnos mantuvieron su relación con ellas mediante programas radiales, cuando las actividades se reiniciaron fue evidente que habían perdido gran parte de lo avanzado hasta antes del cierre. Debieron, entonces, empezar de cero y simplificar la malla curricular para brindar los principales contenidos de dos años en uno solo. Si bien el impacto en resultados educativos fue magro, esta oferta resultó siendo mucho mejor que la alternativa: no hacer nada.

En el Perú, la respuesta del Ministerio de Educación (Minedu) ha sido oportuna y rápida: iniciar el año escolar bajo una modalidad no presencial diversa. Desde el 6 de abril se empezó a implementar la estrategia de educación a distancia “Aprendo en casa”, en alianza con el sector privado, empresas de radio y televisión, y organismos multilaterales. La propuesta pretende poner las experiencias de aprendizaje a disposición de los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas de educación básica a nivel nacional. Los contenidos y recursos pedagógicos, disponibles en diez lenguas originarias y en lenguaje de señas, son difundidos a través de diversas plataformas como páginas web, radio y televisión.

Se sabe que transitar hacia un esquema de esta naturaleza exacerba las preocupaciones en torno a la equidad, y basta con mirar los datos relativos a infraestructura. Según el Censo 2017, solo el 28.04% de hogares peruanos tiene conexión a internet. Incluso en Lima, la región con el mayor índice de acceso, menos de la mitad (47.23%) cuenta con este servicio. Además, por lo general el uso de internet se realiza desde celulares, pero en regiones como Loreto o Huancavelica alrededor del 30% de hogares no cuenta con dispositivo móvil alguno.

Si bien la alternativa de transmisión por radio y televisión tiene un mayor alcance, también presenta limitaciones. Existen regiones donde cerca del 60% de hogares no tiene televisión y donde solo entre el 13% y 19% de esos mismos hogares posee una radio.

Evidentemente, estos problemas son estructurales y no atribuibles a la respuesta del Minedu. Será tarea del Gobierno y de todos los agentes involucrados afinar estrategias de Estado de corto y mediano plazo para cada entorno particular. Más aún considerando que las clases probablemente se reanudarán bajo un esquema semipresencial.

Más allá de las limitaciones de infraestructura, es evidente que los niños más pequeños y los estudiantes con problemas de atención u otras necesidades especiales serán los menos favorecidos en este contexto. En cuanto a los niños de menores recursos, la problemática puede extenderse al ámbito de la alimentación, puesto que esta era provista por las escuelas públicas.

En el espectro opuesto, algunos grupos se pueden ver favorecidos por cuanto el aprendizaje online puede, en algunos casos, dar mejores resultados que el presencial. En un estudio que analiza de manera global diversos aportes previos sobre el efecto del aprendizaje vía web en comparación al presencial para estudiantes de secundaria y educación superior (Means, Toyama, Murphy, & Baki, 2013), se encontró que el aprendizaje vía web da mejores resultados para la adquisición de conocimientos declarativos (conozco que), pero no para conocimientos sobre procedimientos (conozco el cómo). Por su parte, el Banco Mundial resalta que son los alumnos más motivados, y típicamente los que responden mejor a la educación presencial, los que aprovechan mejor la educación no presencial. Sin embargo, desde el punto de vista de equidad, las diferencias que ya existían en la educación presencial se acrecientan al pasar a esquemas no presenciales.

El contexto actual debe ser visto como una gran oportunidad. Recordemos que, si bien no se puede estar del todo preparado para afrontar una crisis de esta magnitud, hay contingencias que son recurrentes. Por ejemplo, el Fenómeno El Niño nos azota cada dos a siete años con diferentes niveles de intensidad. Esta experiencia debe sentar las bases para potenciar los métodos de enseñanza existentes, concentrar esfuerzos en alternativas innovadoras y buscar cerrar brechas para responder mejor en el futuro.

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En el 2018 el Ministerio de Educación (Minedu) aplicó la Evaluación Censal de Estudiantes para medir niveles de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas y privadas del Perú en segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria. Comparados sus resultados con los del 2016, vemos que en segundo de primaria el número de alumnos con aprendizaje satisfactorio en Matemática bajó de 34,1% a 14,7%; es decir, registró una caída de casi 20 puntos porcentuales. En cuanto a Lectura, la baja fue de 8,6 puntos porcentuales en el mismo período.

Según explicó el Minedu, este desplome respondería a “causas externas” del 2017 como El Niño costero y la huelga docente, que llevaron a perder entre 214 y 500 horas lectivas en algunas regiones. Otro hecho de importancia es que en el 2018 se redujo considerablemente el presupuesto para las intervenciones de acompañamiento en educación rural, y se eliminaron por completo en zonas urbanas. Pero fuentes del propio Minedu confirman que no tienen claro por qué se ha dado esta caída tan dramática en segundo de primaria. Ni siquiera las variables descritas combinadas llegarían a explicarlo.

En segundo de secundaria, en lo que respecta a lectura, un 18,5% se ubica en el nivel “previo al inicio” (dificultades para resolver las preguntas más sencillas), 37,5% en “inicio” (identifican información explícita y podrían comprender solo algunas partes del texto) y el 27,7% está “en proceso” (deducen ideas y pueden entender el texto en partes o en su conjunto). Además, en Ciencias Sociales, el promedio nacional registra una caída de 3,4 puntos porcentuales en el nivel “satisfactorio” y en Ciencia, Tecnología y Ambiente solo el 8,5% logró los aprendizajes esperados.

Este escenario nos revela, en primer lugar, que los conocimientos adquiridos son tan frágiles en segundo de primaria que cualquier hecho extraordinario los afecta. Pero en secundaria los resultados absolutos son tan malos que, aunque los indicadores suban o bajen un poco, el panorama sigue siendo lamentable. Es decir, a medida que avanzan en la escuela nuestros estudiantes aprenden, proporcionalmente, menos. Los resultados son prueba, además, de la debilidad de nuestro Estado, incapaz de reponerse rápido frente a eventualidades.

Así las cosas, llega la reciente decisión de Fuerza Popular de designar a la parlamentaria Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso. El mensaje es claro: la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo no menguará, aunque eso implique poner en jaque el futuro de millones de niños y jóvenes. La prioridad de la mayoría parlamentaria seguirá siendo aferrarse a sus cuotas de poder –cada día más exiguas– y seguir obstaculizando las actuales políticas de Estado. Porque si bien el Minedu es el ente rector de la educación en el Perú –para Arimborgo, el equivalente a Sodoma y Gomorra–, el Legislativo cumple un papel fundamental para darle viabilidad a las políticas que este plantea.

En cuanto al Ejecutivo, las decisiones continúan ancladas a la visión de cada nuevo titular del Minedu, cuando lo que necesitamos son políticas de Estado con norte claro. Por ejemplo, la respuesta de la ministra frente a los resultados de rendimiento escolar fue anunciar que ya no se aplicará la Evaluación Censal de Estudiantes a los alumnos de segundo de primaria y será reemplazada por una evaluación que rompe la continuidad para medir avances o retrocesos.
Más aun, nada sobre temas de fondo. Si a esto le sumamos que el Perú invierte en sus estudiantes de primaria menos de la mitad que sus pares en la región, el camino hacia el desarrollo pinta complicado.

La agitada coyuntura política nacional y el enloquecido nivel de rotación de funcionarios en carteras tan importantes como Educación nos están impidiendo enfocarnos en temas fundamentales y de largo plazo. Los resultados de las evaluaciones más recientes son claras señales de alerta que no estamos escuchando. O que quienes toman las decisiones no están queriendo ver.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

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Ventajas

1.Comparación entre grupos y focalización de políticas

Las pruebas estandarizadas permiten tener una medida homogénea de los logros de aprendizaje de los estudiantes, visualizar cómo ha avanzado el país con respecto a los objetivos planteados y comparar entre grupos heterogéneos de manera objetiva.

2.Rendición de cuentas

Los ciudadanos pueden conocer los niveles de logro y medidas promedio de las áreas y grados evaluados. Asimismo, pueden plantearse estrategias pedagógicas con énfasis en las áreas en las que los estudiantes presentaron mayores problemas.

3.Evaluaciones de impacto

Los resultados de las pruebas estandarizadas permiten ser utilizadas en distintas evaluaciones de impacto para entender qué factores están asociados a un determinado puntaje.

Desventajas

1.Ausencia de una evaluación integral

Falk (2002) y Koretz (2002) sostienen que las pruebas estandarizadas ofrecen una visión limitada e inexacta de las habilidades y logros de los estudiantes, pues solo miden un conjunto acotado de competencias y áreas curriculares.

2. Imprecisión en las atribuciones

El aumento en los puntajes de la prueba no se debe necesariamente a mejoras en la oferta educativa, sino puede darse por el lado de la demanda. Coleman (1966) y Willms (2006) encuentran una alta relación entre los resultados educativos de pruebas estandarizadas y el contexto familiar del alumno.

3.Incentivos perversos

Las pruebas con altas consecuencias suelen tener incentivos económicos para los directores y docentes de las instituciones educativas, lo que puede desencadenar incentivos perversos como entrenamiento específico para la prueba, priorización de docentes con buenos desempeños en los grados evaluados y exclusión de estudiantes de bajo rendimiento el día de la prueba, priorización de áreas curriculares a evaluar durante clases, e incentivos a modificar las respuestas. Esto último se refiere a que existe evidencia internacional de docentes que han alterado las respuestas de sus estudiantes o les han dicho la respuesta correcta durante la prueba con el fin de tener una mejor puntuación y, por consiguiente, obtener una recompensa económica.

En conclusión, las ventajas de estas pruebas estandarizadas radican, principalmente, en sus distintos usos. No obstante, también presentan limitaciones que podrían no reflejar el logro de aprendizajes de manera integral, lo que cuestiona su uso para la medición de políticas educativas. Por ello, son un second-best: a pesar de sus limitaciones, resultan siendo la mejor opción factible y menos costosa para medir resultados.

Realizado por: Gisele León, analista senior de Videnza Consultores

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Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Realizado por: Janice Seinfeld, presidenta de Videnza

Columna de opinión publicada el 09 de julio del 2018 en el diario El Comercio.

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De acuerdo con la misma encuesta, del total de mujeres con hijos de entre 1 y 5 años de edad que experimentaron maltrato físico y/o sexual por parte de sus parejas, el 36,9% manifestó que sus hijos estuvieron presentes durante la agresión. Este dato es relevante porque los estudios muestran que los menores que han sido testigos de violencia tendrán mayores probabilidades de ser abusadores o de ser víctimas de nuevos abusos. Según lo precisa la encuesta, “los niños tienden a copiar la conducta de sus padres y aprenden de ellos a ser violentos. Las niñas aprenden de su madre que la violencia es inevitable y es algo con lo que tienen que vivir”.

¿Cómo prevenir la violencia de género? La educación destaca como una de las principales herramientas. Introducir la educación sexual en las aulas no solo contribuiría a reducir la violencia de género, sino que traería efectos colaterales positivos como consolidar el vínculo entre los sectores educación y salud para fortalecer los contenidos proporcionados en las aulas y garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva a niños, niñas y jóvenes. Asimismo, permitiría incorporar contenidos pedagógicos asociados al desarrollo de habilidades de autocuidado y de protección desde la primera infancia, así como reducir la incidencia de embarazo juvenil y el contagio de enfermedades transmitidas sexualmente.

Si bien abordar temas de sexualidad en el aula puede colisionar con creencias religiosas de los padres, debemos entender que la violencia de género abarca mucho más que sexualidad. Implica trabajar en superar la división sexista del mundo para que hombres y mujeres apunten a objetivos compartidos. Para ello, debemos fomentar igualdad de oportunidades para que las mujeres alcancen puestos de poder, e incluir a los hombres en el cuidado de otras personas y en el cultivo de la empatía.

Para llevar estos temas a la escuela deben incluirse en el currículo cursos de igualdad de género y violencia de género para los distintos niveles educativos. Por ejemplo, se podría aplicar programas de prevención de la violencia con adolescentes donde se analice críticamente el contenido televisivo, o explicarles cómo empieza y evoluciona la violencia de género en la pareja para, justamente, prevenirla: la violencia no tarda mucho en aparecer; suele existir un fuerte vínculo afectivo, y cuando este no es suficiente surgen las amenazas, que pueden pasar de violencia psicológica a agresiones físicas y/o sexuales. Al mismo tiempo, es necesario que esta tarea se refuerce formando a los profesores sobre cómo tratar esta problemática en el aula.

Además, para complementar la tarea de la escuela y prevenir, detectar y afrontar la violencia de género es fundamental involucrar a los padres, y trabajar con los niños y jóvenes para que sean conscientes de sus roles machistas y puedan erradicarlos, rompiendo así la trasmisión intergeneracional de violencia.

La educación es una herramienta que puede llevar a perpetuar las desigualdades o que puede contribuir a combatirlas. Debemos todos situarnos en el segundo escenario.

Realizado por: María del Pilar Pinto de la Sota, investigadora principal de Videnza Consultores

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Veinte jóvenes de Argentina, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Perú fuimos seleccionados para participar en el evento, que estuvo orientado a liderazgo y emprendimientos educativos.

Un acierto de los organizadores fue dejar mucho espacio para intercambiar ideas sobre las perspectivas de la educación en la región, así como relacionarnos con importantes actores latinoamericanos del sector educativo. Compartir evidencia sobre qué funciona y qué no es un ejercicio que deberíamos fomentar con mayor frecuencia, especialmente quienes diseñamos políticas públicas.

El primer día se destacó la necesidad de formar coaliciones para generar cambios en el sector. Agustina Catone, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica (Argentina); Fernanda Guliak, directora de ReachingU (Uruguay), y Antonio Caparrós, director ejecutivo de la Fundación Inicia (República Dominicana) resaltaron la importancia de tender puentes entre los sectores privado y público y las asociaciones sin fines de lucro para mejorar el sistema educativo. Así, por ejemplo, la Fundación Inicia es un fondo de inversión enfocado en proyectos con alto impacto educativo que luego traslada los factores de éxito al Gobierno.

Por su parte, Manuel Vidal, subsecretario de Enlace y Cooperación Intersectorial e Interinstitucional del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina, compartió su experiencia liderando las negociaciones con el sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires. No solo se centró en exponer los acuerdos establecidos entre los gremios y el Gobierno, sino profundizó en los aciertos y las lecciones aprendidas: conocer de antemano las demandas de los docentes, contar con un equipo sólido de trabajo, capacitarse en negociación, entre otros.

Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó los retos que enfrenta el sistema educativo y la importancia de implementar políticas innovadoras para abordarlos. De esta manera, espera migrar de una metodología donde el profesor tiene un papel protagónico a una donde más bien es un facilitador de la información. Esto va en línea con distintas políticas ya aplicadas en la ciudad: en el 2014 se inició un programa llamado “Red de Escuelas de Innovación Pedagógica” basado en cuatro modelos educativos: escuelas de Finlandia, escuelas Vittra, Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional, y la Academia de Artes de Boston. La iniciativa cuenta con una plataforma virtual donde se capacita a docentes y se brinda materiales educativos, a la vez que busca desarrollar un sistema de aulas virtuales.

El segundo día jóvenes latinoamericanos presentaron sus emprendimientos educativos exitosos en la región: Ricardo Pineda, cofundador de EduEMPLEA (Colombia); Jorge Chrestia, fundador de Grupo Logos (Argentina), y José Daniel Espinosa, cofundador de la Corporación Aleph (Ecuador). Los dos primeros emprendimientos realizan capacitaciones —presenciales y semipresenciales, respectivamente— con el objetivo de mejorar la productividad de las personas. El tercero, es una plataforma online que ayuda a que los estudiantes se preparen para rendir el examen de evaluación que el Gobierno ecuatoriano aplica cada año.

El último panel, titulado “Liderazgo educativo multisectorial”, estuvo a cargo de Andrea Bergamaschi, especialista de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien enfatizó que los grandes elementos a potenciar en la región son garantizar la formación docente y adoptar innovadores procesos de enseñanza-aprendizaje, algunos de los cuales han sido recogidos por el BID en una publicación este año.

Estos espacios son fundamentales para discutir ideas, compartir desafíos y plantear políticas efectivas necesarias para mejorar la calidad educativa. Aplaudo la iniciativa y estoy segura de que más jóvenes líderes podrán participar de encuentros similares.

Para más información sobre las próximas conferencias pueden revisar https://twitter.com/FormarF

Realizado por: Gisele León, analista senior de Videnza Consultores

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